Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la excepción previa de defecto en el modo de proponer la demanda interpuesta por el CPE en la PE1805926-2025.-
TOMO XXI -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 1206 FOLIO Nº 4093/4095 PROT. ELECT. TSS1 009 C.261
Río Gallegos, 13 de agosto de 2026.-
Los presentes autos caratulados: “FLORES MATEO GABRIEL Y OTROS C/ CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº F-895/24-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Tribunal Superior de Justicia, a fin de resolver la excepción previa de defecto en el modo de proponer la demanda opuesta por el Consejo Provincial de la Provincia de Santa Cruz (CPE) en la PE1805926-2025.-
Al postular la excepción, manifiesta que la demanda debería ser rechazada “in limine”, por considerar que no se encuentra debidamente precisado el objeto procesal de la pretensión, lo cual impide el adecuado ejercicio del derecho de defensa (cfr. PE cit., pág. 4).-
En tal sentido, sostiene que del apartado “Objeto”
de la demanda no surge con claridad qué es lo que se solicita judicialmente. Señala que, en distintos pasajes del escrito inicial, la parte actora expresa pretensiones disímiles o ambiguas: por un lado, solicita dejar sin efecto el Acuerdo 069/24; por otro, afirma que el CPE habría revocado uno o dos actos administrativos que generaron derechos subjetivos; también refiere a la violación del derecho de propiedad, del derecho a trabajar y a supuestos salarios caídos, sin determinar de manera concreta cuáles serían los actos administrativos cuestionados ni el alcance objetivo y temporal de su reclamo (cfr. PE y pág. cits.).-
El CPE indica que no se identifica con precisión si lo pretendido es la nulidad del acto, la restitución de un derecho adquirido, el reconocimiento de estabilidad laboral o el pago de salarios caídos, desconociéndose incluso el período por el cual estos últimos serían reclamados (cfr. PE y pág. cits.)
Asimismo, manifiesta que los vínculos laborales invocados eran de carácter precario y temporario, consistentes en designaciones dentro de “proyectos especiales”, sujetas a la necesidad del servicio o a la finalización del ciclo lectivo, de modo que no podían generar estabilidad propia del empleado público permanente. Alega que tales designaciones no constituían cargos titulares de la Planta Orgánica Funcional ni respondían al régimen de empleo público general (cfr. PE cit. págs. 4/5).-
Con relación a la normativa aplicable, sostiene que, aun cuando se pretendiera considerar a los actores como empleados públicos, la relación se regiría por el Estatuto del Docente y demás normas especiales, lo que excluiría la aplicación del régimen general de estabilidad previsto para la administración pública. En refuerzo de tal postura, cita los artículos 32, 33 y 124 de la Constitución Provincial (cfr. PE y págs. cits.).- Finalmente, invoca que la Ley Provincial de Educación N° 3305 confiere al CPE facultades para organizar, modificar o suprimir programas educativos, incluso de carácter transitorio, por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. Afirma que dichas decisiones corresponden a la esfera de discrecionalidad del órgano educativo y no pueden ser revisadas judicialmente cuando se trata de cuestiones de política educativa general ajenas a intereses individuales concretos (cfr. PE cit. pág. 5).-
II. Corrido el traslado a la parte actora (cfr. PE1113482-2025), es contestado mediante PE1905451-2025.- Refiere que la excepción de previo y especial pronunciamiento opuesta por el CPE carece de motivación y asidero, ya que no ataca ni los requisitos subjetivos ni los objetivos de la demanda (cfr. PE cit., pág. 2).-
Expresa que lo pretendido es la declaración de nulidad total del Acuerdo N° 069/24 dictado por el CPE, por considerarlo arbitrario y carente de motivación suficiente, con la consecuente restitución de los puestos de trabajo, el pago de los salarios no percibidos y la recomposición íntegra de los ítems salariales afectados (cfr. PE y pág. cits).-
Afirma que el CPE yerra al afirmar que no puede determinarse el alcance del reclamo, dado que la demanda expone con precisión el período por el cual se reclaman los salarios caídos -esto es, desde el cese de los vínculos laborales hasta la resolución definitiva del litigio-, sin perjuicio de que su cuantificación concreta resulte de la prueba a producir y de los antecedentes administrativos que obran en poder de la demandada (cfr. PE cit., pág. 4).-
Asimismo, señala que el acto cuya nulidad se persigue incumple con el deber de motivación exigido por el artículo 7 de la Ley 1260, en tanto no explicita las razones de hecho ni de derecho que llevaron a su emisión. Agrega que la ausencia de causa y motivación no ha sido suplida ulteriormente por la Administración y que la invocada precariedad de los vínculos laborales no exime al órgano administrativo del cumplimiento del principio de legalidad ni autoriza a prescindir del debido sustento fáctico y jurídico del acto (cfr. PE cit., págs. 2/3).- El Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, dictamina que: “…no debe hacerse lugar a la excepción de defecto legal interpuesta por el Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Santa Cruz, opuesta como de previo y especial pronunciamiento…” (cfr. PE1920523-2025, pág. 3).-
Pasan los presentes al Acuerdo en PE1147749-
2025.-
III. Corresponde analizar la excepción de defecto en el modo de proponer la demanda articulada por el CPE, a la luz de lo dispuesto en el artículo 62 inciso c) del CPCA, que establece: “Dentro de los primeros veinte (20) días del plazo para contestar la demanda o la reconvensión, el demandado podrá oponer las siguientes excepciones de previo y especial pronunciamiento: […] c) defecto en el modo de proponer la demanda o la indebida acumulación de pretensiones; …”. Este mecanismo procesal tiene por finalidad asegurar que el escrito de inicio reúna los requisitos de claridad, precisión y suficiencia que permitan a la parte demandada conocer con certeza aquello que se le reclama y ejercer debidamente su defensa.-
La excepción de defecto legal es el medio destinado a denunciar omisiones o formulaciones imprecisas o ambiguas en las enunciaciones legalmente exigibles al escrito de demanda, cuando tales carencias impiden o dificultan seriamente el ejercicio del derecho de defensa del demandado. Hutchinson destaca que solo procede cuando los defectos del escrito colocan a la parte contraria en un estado de incertidumbre incompatible con la garantía de defensa en juicio; no cualquier error o ausencia de detalle justifica su admisión, máxime si el resto de las constancias permite suplirla o comprender adecuadamente lo pretendido. Agrega que la excepción debe interpretarse restrictivamente, evitando que se convierta en instrumento de denegación de justicia, y que resulta improcedente cuando la demanda consigna lo sustancial: los hechos, el derecho invocado y el objeto perseguido con claridad y precisión, prevaleciendo en la materia un criterio favorable a la prosecución del proceso (cfr. autor cit., “Derecho Procesal Administrativo”, 1ª ed., Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2009, Tomo II, págs. 575 a 578).-
Este Tribunal ha sostenido que: “su procedencia se proclama para los supuestos en los que existan evidentes errores en el modo en que se ha redactado la demanda, o ante omisiones relativas a los aspectos sustanciales del contenido de la presentación (falta de individualización del demandado, imprecisión en la causa petendi o en el objeto reclamado); también procede cuando del escrito de promoción de la acción, resulte imposible determinar la cosa demandada…”. Y añadió: “Sin embargo, los vicios deben ser de tal magnitud que resulte difícil conocer lo que se pretende, creando en la parte contraria una incertidumbre que le impida ejercer su derecho de defensa tornando imposible la contingencia de contradecir. De modo que la defensa en tratamiento se caracteriza por presentar una visión o interpretación restrictiva, exigiéndose que la omisión o la oscuridad de la demanda coloquen a la parte contraria en un verdadero estado de indefensión que no le permita oponer las defensas adecuadas u ofrecer las pruebas conducentes…”. Finalmente, enfatizó que: “Inclusive, tampoco puede inclinar la procedencia de esta defensa la circunstancia de existir un error u oscura calificación jurídica de la pretensión, toda vez que dicha valoración corresponde en forma exclusiva al tribunal…” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XII, Reg. 845, Folio 2389/2397 y sus citas).-
Bajo tales parámetros, no se verifica en autos la existencia de defectos que habiliten la procedencia de la excepción. La demanda identifica correctamente a las partes, individualiza el acto administrativo impugnado -Acuerdo N° 069/24 del CPE-, expone los hechos que motivan la acción, precisa el derecho que se considera vulnerado e indica de manera comprensible el objeto perseguido: la declaración de nulidad de dicho acto, la restitución de los puestos de trabajo y el pago de los salarios no percibidos.-
Tampoco se advierte una imprecisión insalvable en la “causa petendi” ni una acumulación indebida de pretensiones. El hecho de que la parte actora funde su pretensión en diversos argumentos -nulidad del acto, afectación de derechos constitucionales, perjuicios económicos- no configura oscuridad, sino el desarrollo argumental propio de una acción contenciosoadministrativa de naturaleza anulatoria. En consecuencia, no se configuran los presupuestos que tornarían admisible la defensa articulada, toda vez que no se verifica impedimento alguno para que el demandado ejerza su defensa en juicio, ofrezca prueba o controvierta los hechos y el derecho invocados.-
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar la excepción de defecto en el modo de proponer la demanda interpuesta por el CPE en la PE1805926-2025. Las costas se imponen por su orden (cfr. art. 90 del CPCA, Ley N° 2600).-
Por ello, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazar la excepción previa de defecto en el modo de proponer la demanda interpuesta por el CPE en la PE1805926-2025.-
GABRIEL NOLASCO CONTRERAS AGÜERO
Presidente Tribunal Superior de Justicia DANIEL MAURICIO MARIANI Vocal Tribunal Superior de Justicia PAULA ERNESTINA LUDUEÑA CAMPOS Vocal Tribunal Superior de Justicia FERNANDO MIGUEL BASANTA Vocal Tribunal Superior de Justicia RENEÉ GUADALUPE FERNÁNDEZ Vocal Tribunal Superior de Justicia JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ NORA Vocal Tribunal Superior de Justicia SERGIO EDGARDO ACEVEDO Vocal Tribunal Superior de Justicia JUAN LUCIO R. DE LA VEGA Vocal Tribunal Superior de Justicia EDUARDO EMILIO SOSA Vocal Subrogante Tribunal Superior de Justicia MARCELA SILVIA RAMOS Secretaria Tribunal Superior de Justicia
Fin de la sentencia