Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa F-895/24-IMC-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No hacer lugar a la medida cautelar peticionada por los Sres. Mateo Gabriel Flores, Iohan Cormack, Blanca Mariana Pérez, Paulina Cormack Pérez y Carla Evelyn Fernández.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: F-895/24-IMC-TSJ Sentencia N°: 1173 Actor: FLORES MATEO GABRIEL Y OTROS Demandado: CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR- Fecha: 07/05/25 TOMO XX -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 1173 FOLIO Nº 3864/3867 PROT. ELECT. TSS1 030 C.251
Río Gallegos, 7 de mayo de 2025.-
Los presentes autos caratulados: “FLORES MATEO GABRIEL Y OTROS C/ CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR-”, Expte. Nº F-895/24-IMC-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que en los autos principales se presentan los Sres. Mateo Gabriel Flores, Iohan Cormack, Blanca Mariana Pérez, Paulina Cormack Pérez y Carla Evelyn Fernández, con el patrocinio letrado del Dr. Matías E. Solano y de la Dra. Giannella Asenjo Ibarra, interponiendo demanda contencioso administrativa contra el Consejo Provincial de Educación (en adelante también CPE), con el objeto que se deje sin efecto el Acuerdo 069/24 y, en consecuencia se les restituya su puesto de trabajo con el 100% de los ítems que componen el salario, con más los salarios caídos a la fecha de inicio de la demanda (cfr. PE1655759-2024 de los autos principales, pág. 1).- En el acápite IX de su demanda solicitan el dictado de una medida cautelar de innovar tendiente a que se ordene al Consejo Provincial de Educación restablecer en su puesto de trabajo a los actores, como así también, el pago de los salarios hasta el dictado de la sentencia definitiva (cfr. PE cit., págs. 12/13).-
En cuanto a la verosimilitud del derecho que invocan, expresan que surge de la propia lectura del acto administrativo que impugnan. Dicen que la Administración Pública no tiene autorización para revocar per se sus propios actos administrativos cuando estos han generados derechos subjetivos (cfr. PE cit., pág. 13).-
Aducen que la demandada les ha privado de su trabajo y salario en violación de la Ley Nº 1260; y de los artículos 14, 17 y cctes. de la Constitución Nacional. Añaden que se ha afectando de manera gravísima su sustento familiar y personal, despojándolos de su propiedad y sus más elementales derechos, como el de trabajar y alimentarse (cfr. PE y pág. cits.).-
Manifiestan que la pretensión cautelar es de carácter alimentaria, indispensable para su subsistencia, lo que lo hace esperar al dictado de un pronunciamiento definitivo de manera inexorable los arrojará a una situación de indigencia y vulnerabilidad económica y social, generando un perjuicio irreparable. Así también, siguen con su relato, se verían impedidos de cumplir con sus obligaciones con vencimiento (cfr. PE cit., págs. 14/15).- Agregan que la demora en la concesión del recurso los forzará a endeudarse (cfr. PE cit., pág. 15).-
Afirman que es mejor, tanto para ellos como para el Estado Provincial, que presten servicios mientras transcurre el proceso (cfr. PE y pág. cits.).-
Ofrecen caución juratoria (cfr. PE y pág. cits.).-
El presente incidente se forma en cumplimiento a lo ordenado en la providencia PE1005338-2024 de los autos principales (cfr. PE1672699-2024).-
Corrido el traslado a la demandada, es contestado por su letrada apoderada, Dra. María Beltrán Bavera. Allí sostiene que el planteo debe rechazarse (cfr. PE1720017-2025, pág. 1).-
Para sustentar su oposición, indica que la medida cautelar no reúne los requisitos para su procedencia (cfr. PE y pág. cits.).-
Se pregunta por qué la parte actora refiere que existe peligro en la demora luego de aproximadamente ocho (8) meses desde que conocían el acto administrativo. Añade que ello demuestra la falta de interés que tuvo la contraria, resultando a todas luces injustificado el dictado de la medida cautelar (cfr. cit., pág. 2).-
Afirma que la verosimilitud en el derecho está ausente ya que en la totalidad de las resoluciones y acuerdos que tratan y/o regulan los programas se establecen expresamente su carácter temporal. Anuda a ello que en ninguna normativa se le atribuye titularidad o se le asigna estabilidad a los cargos de los actores, por lo que claramente falta la verosimilitud en el derecho (cfr. PE y pág. cits.).-
Argumenta que el Acuerdo atacado goza de la presunción de legitimidad que le otorga el artículo 12 de la Ley 1.260 (cfr. PE y pág. cits.).-
Advera que los actos impugnados han sido dictados ajustándose a la normativa vigente en la materia (cfr. PE cit., pág. 3).-
Observa que la medida cautelar coincide con la pretensión de fondo, circunstancia que obliga al juzgador a evaluar con un criterio restrictivo la procedencia de la medida, pues de concederla significaría el adelantamiento del criterio (cfr. PE y pág. cits.).-
Señala que si se obliga al Consejo Provincial de Educación a reincorporar a la contraria mientras dure el juicio implicaría desviar recursos destinados a atender necesidades colectivas hacia un fin no previsto en el Presupuesto Provincial (cfr. PE y págs. cits.).-
El Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo dictamina que no debe hacerse lugar a la medida cautelar peticionada (cfr. PE1731594-2025).-
Pasan las presentes actuaciones al Acuerdo para resolver en PE1041415-2025.-
II. A los fines de resolver la cuestión planteada, debe analizarse si se encuentran acreditados los presupuestos genéricos para la procedencia de toda medida cautelar, en orden a lo normado por el artículo 25 y s.s. del CPCA, Ley Nº 2600, esto es, verosimilitud del derecho y peligro en la demora.-
Para ello conviene precisar que el juzgamiento de este tipo de pretensiones se despacha con una cognición mucho más expeditiva y superficial que la ordinaria, de modo tal que puede ser modificado en la sentencia definitiva, por lo que ni el otorgamiento de la medida prejuzga sobre el mérito de la causa, ni el consentimiento de aquélla implica aceptación de la procedencia del derecho a juzgar en la sentencia definitiva (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XVIII, Reg. 1079, Folio 3445/3447).- Todo razonamiento a efectuarse en la materia que nos ocupa debe hacerse teniendo especialmente en cuenta que los actos administrativos se presumen legítimos (cfr. art. 12 de la Ley Nº 1260).-
En este terreno también debe observarse una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión porque la decisión es netamente excepcional, habida cuenta que configura un anticipo de jurisdicción favorable (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XV, Reg. 937, Folio 2811/2813, entre otros).-
Conforme se ha manifestado en doctrina, debemos destacar que la medida cautelar innovativa también es de carácter extraordinaria pues, además de los recaudos propios de toda pretensión cautelar, exige uno que le es específico y característico: la irreparabilidad del daño infligido por la situación de hecho o de derecho que se pretende innovar (cfr. Gallegos Fedriani Pablo O., “Las Medidas Cautelares contra la Administración Pública”, 2° Edición actualizada, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, 2006, pág. 135).- Teniendo en cuenta las pautas reseñadas, se puede adelantar que en el caso bajo examen no aparecen cumplidos los extremos que tornarían procedente la medida cautelar requerida.-
III. En cuanto al primero de los presupuestos, es decir, el de la verosimilitud del derecho, resulta oportuno considerar que para derrumbar la presunción de legitimidad de la actuación administrativa, aquella debe emerger con indiscutible nitidez (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XVII, Reg. 1058, Folio 3332/3335). Es indispensable que el derecho sobre el que se pretende la cognición cautelar aparezca como probable, con una probabilidad cualificada, lo cual no se avizora -en principio- en el caso de autos.- En esta línea, se ha dicho reiteradamente que la procedencia de toda medida precautoria cuyo objeto sea obtener la suspensión de la ejecución de un acto administrativo exige un severo examen en cuanto a la verosimilitud del derecho y la existencia de peligro en la demora, en atención a la presunción de legitimidad y ejecutividad de la que aquéllos gozan (CSJN, Fallos: 319:1069 y 323:3326; SCBA “Ale, Alejandro Ahmed c/ Instituto de Loterías y Casinos de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa”, Causa B. 65.312, 19/10/2011).- La referida presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria de los actos administrativos se encuentra consagrada en el precitado artículo 12 de la Ley N° 1260, en cuanto dispone que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios…e impide que los recursos que interpongan los administrados suspendan su ejecución y efectos, salvo que una norma expresa establezca lo contrario…”.- Si el acto se presume legítimo, quien lo está impugnando y, además, peticionando que se suspenda su ejecución, debe destruir la apariencia de aquella legitimidad.
Ergo, debe alegar y dar a entender, con cierta verosimilitud, que el acto no es legítimo. No debe examinarse, para acreditar la “apariencia de buen derecho”, la mera probabilidad de que asista razón al demandante, sino que también deben examinarse las razones de la Administración, las que, por lo común, surgirán de la motivación del acto administrativo (cfr. Hutchinson, Tomás “Derecho Procesal Administrativo”, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2009, Tomo III, págs. 572 y 574).- Es decir, si bien para la procedencia de una medida cautelar no se requiere un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida, sino tan solo uno periférico o superficial encaminado a obtener un pronunciamiento de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido, es necesario comprobar al menos la apariencia o verosimilitud del derecho invocado por el actor de forma tal que, de conformidad con un cálculo de probabilidades, sea factible prever que en la cuestión principal pueda declararse la certeza de ese derecho (cfr.
CNCiv., Sala A: “Barrese, Carlos A. c/ Bacone, Daniel A y otros” 1/06/1998 citado por Aurelio Ammirato y Pablo A. Temponi en “Medidas Cautelares contra el Estado” en la obra de Claudio M. Kiper -Director- “Medidas Cautelares”, 2da. edición actualizada y ampliada, Tomo II, CABA, La Ley, 2014, nota al pie Nº 32, pág. 15).- Este Alto Cuerpo ha sostenido que: “Cuando se trata de actos emanados de la Administración Pública, se acentúa el criterio restrictivo a partir de la presunción de legitimidad de que gozan sus actos y de la que deriva su ejecutoriedad. ‘...De allí que el primer requisito condicionante de la medida cautelar respecto de aquellos consista en la acreditación de su manifiesta arbitrariedad o ilegalidad, pues sólo concurriendo esta circunstancia resulta quebrada la mencionada presunción…’” (cfr.
Contencioso Administrativo, Tomo XV, Reg. 946, Folio 2845/2847).- Este supuesto se configura cuando el vicio que afecta al acto administrativo surge palmariamente del propio acto, sin necesidad de efectuar una investigación de hecho. En este caso, la ilegitimidad o la arbitrariedad aparecen de la mera confrontación con el orden jurídico positivo.-
En el caso en estudio se observa que el acto administrativo que se pretende se deje sin efecto (Acuerdo Nº 069/24 del CPE) deroga la Resolución Nº 3364/23 y el Acuerdo Nº 467/23 del CPE; y procedió a dar de baja las designaciones que aún existiesen en las horas de “Escuela y Redes”, a partir del 1º de abril de 2024 (cfr. PE1672331-2024 de los autos principales, págs. 1/3). En efecto, el acto atacado emanado del Consejo Provincial de Educación goza -en principio- de la presunción de legitimidad, sin vislumbrarse prima facie arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. Además de aparecer -al menos en un examen inicial- como suficientemente motivado. Ello, sin perjuicio del oportuno mérito que pueda realizar este Alto Cuerpo al momento de dictar sentencia definitiva en el proceso principal (cfr.
TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XV, Reg. 937, Folio 2811/2813 citado, entre otros).- En situaciones similares en donde la acción promovida por el actor como la defensa de quien ha sido demandado se fundan respectivamente en dos actos que en esencia son Actos Administrativos, cuyo contenido es incompatible uno con otro, se ha sostenido que: “...en principio, por tratarse en definitiva de actos Administrativos ambos; como tales gozan de la presunción de legitimidad, pese a los respectivos cuestionamientos sobre la regularidad de cada uno…” (CNApel. Lab. de Posadas, Sala I, “León Ramos, Gabriel A. c/ Municipalidad de Apóstoles”, 23/05/2008, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/4301/2008).- Es que la verosimilitud del derecho de uno, se halla contrastado y enervado por la presunción de legitimidad del derecho del otro, cuyos alcances son opuestos, al tratarse de un acto revocatorio del primero.
En esta disyuntiva, resulta inoportuno y violentaría al principio de igualdad en juicio, inclinarse en esta circunstancia, por asignar mayor verosimilitud o validez a cualquiera de ambos actos administrativos respectivamente cuestionados, ya que ambos se encuentran directamente correlacionados (cfr. CNApel. Lab. de Posadas, Sala I, fallo cit.).- Continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia, podemos decir que otro aspecto que obsta a la procedencia de la medida solicitada es que en autos se encuentra controvertida la garantía de estabilidad en el empleo público que aducen los actores. Ello es así, toda vez que la demandada entiende que los accionantes no gozaban de estabilidad en su cargo, por no haber sido titularizados en su cargo.
Sobre estas bases el Consejo Provincial de Educación estima que los demandantes no exhiben un derecho verosímil.- Es en virtud de los antecedentes citados, las constancias de autos y de la presunción de legitimidad de la que goza el acto administrativo objeto del proceso que se entiende que no se encuentra configurado -en los presentes- la apariencia de buen derecho para el otorgamiento de la medida preventiva peticionada.-
IV. En lo que respecta al análisis del presupuesto cautelar del peligro en la demora, también se observa que no concurren en el caso bajo estudio los elementos de urgencia que habiliten el otorgamiento de una medida de este tipo. Ello es así toda vez que, en consonancia con lo expuesto por la demandada y analizadas las constancias de autos, no se evidencia con claridad suficiente un peligro inminente de magnitud tal que amerite el dictado de la cautelar que se peticiona, y mucho menos que el mismo asome como irreparable ulteriormente. (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XV, Reg. 937, Folio 2811/2813 citado). Ciertamente, no basta para ello alegar genéricamente un perjuicio económico o un proceder injusto de la Administración. Ello así, puesto que tales manifestaciones no resultan habilitantes, sin más, para acreditar el carácter irreparable de los agravios que ocasionaría a los interesados la resolución administrativa cuestionada.- Este Tribunal Superior de Justicia tiene dicho que las afirmaciones que no pasan de ser una mera opinión personal, carente de sustentación objetiva -ante la ausencia del más mínimo elemento de prueba que la respalde- resultan insuficientes para satisfacer el requisito bajo estudio (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XVII, Reg. 1031, Folio 3208/3211).-
Por otra parte y atendiendo a los perjuicios que el acto impugnado causare o pudiere causar a los actores, este Alto Cuerpo también ha expresado que: “… no debe dejar de ponderarse la necesidad de distinguir las cuestiones de naturaleza estrictamente patrimonial de aquéllas que no lo son; destacando que en las primeras, la carga de acreditación del peligro que acarrea la ejecución del acto impugnado será mayor que cuando se trate de las segundas (confr. De Lazzari, Eduardo N., ‘Medidas Cautelares’, T.2., Librería Editora Platense, ed. 2000, pág. 341)…” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XI, Reg. 743, Folio 2096/2098).- Desde este cuadrante, cabe advertir que las argumentaciones esbozadas por los peticionantes no logran demostrar con éxito una situación de peligro real de entidad inminente.
Amén de ello, nada impediría que, en caso de obtener una sentencia definitiva favorable, logren una justa reparación integral de los daños y perjuicios que les hubiere ocasionado el acto (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomos XI, Reg. 722, Folio 2036/2037; Reg. 743, Folio 2096/2098; XV, Reg. 978, Folio 2984/2986 y XVIII, Reg. 1085, Folio 3464/3467).- Sosteniendo este criterio se ha expresado que: “…La apreciación sobre la concurrencia de los extremos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora, se torna aún más rígida cuando se trata de medidas cautelares vinculadas a actos administrativos…las que en principio no proceden. Ello así, habida cuenta de la presunción de validez que los mismos ostentan; doctrina que según ha expresado el máximo Tribunal de la Nación, sólo debe ceder cuando se los impugna sobre bases prima facie verosímiles.
Es que en mérito a la presunción de legitimidad de que gozan los actos emanados de los órganos del Estado, hace que su ejecutoriedad no pueda ser detenida por la justicia, sino mediando graves circunstancias. Para tales supuestos, debe el peticionante demostrar prima facie, la arbitrariedad del acto o la violación de la ley pues mientras no se destruya tal presunción no se configura la necesaria verosimilitud del derecho que torna viable la protección cautelar, como asimismo el perjuicio irreparable que le ocasiona, requisitos que derivan tanto de la naturaleza de la institución como de la aplicación de los principios generales que imperan la materia (art. 230 del CPCC).” (cfr. SCBA: Sum. “Transportes Unidos de Merlo S.A.C.I. e I. c/Municipalidad de Morón y otros s/Amparo”, CC0002 SM 55127 RSI-158-4 I 03/05/2004).-
V. Resta indicar que el hecho que no se encuentren configurados los presupuestos a los que se hizo referencia en los considerandos III y IV, exime a este Alto Cuerpo de ponderar la afectación del interés público, puesto que tales requisitos deben hallarse siempre presentes, ya que no funcionan de forma alternativa sino complementaria (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomos XVII, Reg. 1031, Folio 3208/3211 y XVIII, Reg. 1085, Folio 3464/3467 citados).-
VI. Finalmente, cabe poner de resalto que la decisión a la que se arriba es provisoria y no implica prejuzgamiento alguno sobre el fondo de la cuestión a debatirse en el proceso principal.-
Por ello, y considerando que no se han acreditado, dentro del estrecho margen de conocimiento del presente incidente, la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, corresponde no hacer lugar a la medida cautelar peticionada, imponiendo las costas en el orden causado en virtud de lo estipulado por al artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600.-
Que, en atención a las consideraciones expuestas y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No hacer lugar a la medida cautelar peticionada por los Sres. Mateo Gabriel Flores, Iohan Cormack, Blanca Mariana Pérez, Paulina Cormack Pérez y Carla Evelyn Fernández.-
3. Regístrese y notifíquese. Oportunamente, acumúlense las presentes actuaciones al principal.-
Fdo. Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal- Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1030C.251 Tomo: XX Sentencia: 1173 Folio N°: 3864/3867 Secretaría: 1
Fin de la sentencia