Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 32.229-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente el artículo 1 de la Resolución DE PRLA N°1659/2011, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la Actuación N°12039-3-2008, declarando que el monto de la multa asciende a $7.350,89.
2Confirmar parcialmente el artículo 3 de la citada resolución, declarando que el monto de los tributos adeudados asciende a $7.350,89 con más CER con más intereses. Revocar en cuanto a la exigencia de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
3Costas al fisco en los términos expuestos en el considerando XII.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-41246696-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 23 de Abril de 2026 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados: “FLOWTEX HDD SA c/ D.G.A. s/recurso de apelación”, expediente Nº 32.229-A, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Mediante la Resolución DE PRLA N°1659/11, la autoridad aduanera impuso a la encartada una sanción consistente en una multa y emitió el cargo correspondiente en forma solidaria con la aseguradora al determinar que incurrió en la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero (“CA”). La imputación se basa en el presunto incumplimiento del régimen de importación temporal, en tanto la firma BROCHIER FLOWTEX SERVICIOS URBANOS habría omitido cancelar en su totalidad la mercadería importada temporariamente mediante la destinación de importación temporaria N°98001IT06000057M.
II. Contra dicho pronunciamiento, BROCHIER FLOWTEX SERVICIOS URBANOS interpone recurso de apelación en el que, en prieta síntesis, alega el cumplimiento parcial del régimen de importación temporaria y, adicionalmente, se agravia por la improcedencia de aplicar intereses sobre el CER. Finalmente, ofrece prueba, formula reserva del caso federal y solicita que se revoque la resolución apelada, con costas.
III. De su lado, el representante del fisco sostiene la validez del acto administrativo. Luego de efectuar una breve síntesis de los hechos, manifiesta que en autos se ha configurado la infracción que se le imputa a la actora, toda vez que esta no cumplió con las obligaciones asumidas al momento de operar aduaneramente en el marco de la destinación denunciada. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se rechace la apelación interpuesta por la contraria, con costas.
IV. En esas condiciones, la cuestión de autos radica en determinar si se ha configurado la infracción prevista y penada por el artículo 970 del CA, con respecto a la mercadería importada temporariamente mediante la Destinación de Importación Temporaria N° 98001IT06000057M.
V. Para ello, es imperioso recordar que el artículo 250 del CA establece: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Esto significa que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Asimismo, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del CA incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del CA, es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
VI. En ese sentido, resulta dable mencionar que, al tratarse de una importación temporaria, la carga de la prueba que acredite el cumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrará en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
VII. Sentado lo anterior, se advierte una manifiesta contradicción entre el encuadre normativo declarado por la actora y oportunamente convalidado por el servicio aduanero para el ingreso de la mercadería —esto es, el previsto en el art. 131, apartado 1, inciso a), del Decreto N° 1001/82— y aquel que ulteriormente pretende asignarle la aduana. En efecto, conforme surge del despacho de importación temporaria N° 98001IT06000057M (conf. campo: “Motivo 131.1A / N° Autorización 407973/98”), así como de la Nota N° 1471/98 (DE TEIM), obrante a fs. 4, mediante la cual se hizo lugar a la solicitud de la firma actora por el plazo de tres (3) años en los términos del Decreto 1001/82, la operatoria fue expresamente autorizada bajo un régimen que no contempla la realización de procesos de perfeccionamiento industrial, sino la utilización de bienes de capital con obligación de reexportación.
En ese contexto, corresponde destacar que la exigencia del Certificado de Tipificación y Clasificación resulta propia y exclusiva del régimen de perfeccionamiento industrial instituido por el Decreto N° 1439/96, en tanto dicho instrumento constituye el presupuesto técnico indispensable para verificar la correspondencia entre la mercadería ingresada y la resultante del proceso productivo. De ello se sigue que la imposición de tal requisito en el marco de una destinación autorizada bajo un régimen distinto importa trasladar indebidamente exigencias normativas ajenas a la operatoria efectivamente aprobada.
Bajo tales premisas, el yerro en el encuadre normativo no constituye una mera divergencia interpretativa, sino que incide directamente sobre la configuración misma de la imputación, en tanto ésta se sustenta —de modo expreso o implícito— en el incumplimiento de obligaciones que no resultaban exigibles en el caso. En otras palabras, la ausencia del referido certificado, erigida como fundamento de reproche por el servicio aduanero, carece de aptitud jurídica para sustentar la infracción atribuida, desde que dicho recaudo no integraba el régimen aplicable a la destinación de autos. Asimismo, no puede soslayarse que fue la propia Administración la que autorizó el ingreso de la mercadería bajo el régimen indicado —con los alcances que surgen de las constancias documentales referidas—, generando en el administrado una legítima expectativa respecto del marco normativo aplicable y de las obligaciones a su cargo, lo que torna inadmisible que, con posterioridad, se pretenda subsumir la operatoria en un régimen distinto a los fines de fundar una imputación sancionatoria.
En tales condiciones, la imputación formulada y la consecuente condena dispuesta por el servicio aduanero evidencian una errónea subsunción normativa y una inadecuada determinación de los presupuestos de hecho, lo que priva de sustento jurídico suficiente al temperamento adoptado.
VIII. En otro orden, cabe destacar que la actora reconoció, en su contestación de vista obrante a fs. 29/30 de las actuaciones administrativas, haber incurrido en un incumplimiento parcial del régimen de importación temporaria en relación con el ítem 5, subítem 8 de la DIT N° 98001IT06000057M. En consecuencia, del análisis de los permisos de embarque acompañados surge la corroboración de lo manifestado por aquélla, conforme se desprende de la verificación de la descarga de insumos efectuada con sustento en la documentación incorporada a autos:
UNIDADES EN IT A CANCELAR ÍTEM SUBITEM CANTIDAD CANCELADO INFRACCIÓN 98001IT06000057M 1 - 2 2 -
2 - 1 1 - 3 - 1 1 - 4 1 3 3 - 2 1 1 - 3 1 1 - 5 1 2 2 - 2 2 2 - 3 1 1 - 4 2 2 - 5 2 2 - 6 1 1 - 7 2 2 - 8 60 - 60 6 - 1 1 - 7 - 1 1 - 8 - 2 2 - 9 - 1 1 - 10 - 2 2 - 11 - 1 1 - 12 - 1 1 - 13 - 1 1 - TOTAL 91 31 60 PERMISOS QUE DESCARGAN LA DIT
Ítem que Subitem que PE CANTIDAD cancela cancela 01001EC02000700M 11 - 1 12 - 1 1 - 2 6 - 1 8 - 2 9 - 1 3 - 1 10 - 2 13 - 1 5 4 2 5 6 1 5 5 2 5 1 2 7 - 1 5 7 2 00001EC02002734U 2 - 1 4 1 3 4 2 1 4 3 1 01001EC02000997H 5 2 2 5 3 1 TOTAL 31 Conforme surge del análisis realizado, de las 91 unidades correspondientes a los insumos importados temporalmente mediante la Destinación de Importación N°98001IT06000057M se desprende que solo se han reexportado 31 unidades mediante los Permisos de Embarque detallados en la descarga efectuada, quedando pendientes de cancelación 60 unidades. El saldo remanente no ha sido acreditado con la documentación analizada por este Tribunal, ni ha sido debidamente justificado por la actora. En consecuencia, no se ha demostrado el cumplimiento íntegro del régimen en relación con una parte de la mercadería importada temporalmente, lo que da lugar a los efectos tributarios e infraccionales previstos por la normativa aplicable (arts. 274 y 970 del CA).
IX. En lo que respecta a los conceptos IVA Adicional y percepción de Impuesto a las Ganancias, debe recordarse la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”. En el citado precedente, sobre esa base, se concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”. En tal inteligencia del asunto, la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
X. En el mismo sentido, corresponde determinar si en el caso procede la aplicación del CER, con respecto a los tributos adeudados. Para ello, cabe poner en manifiesto que, atento a que la deuda tributaria fue expresada en pesos con posterioridad a la entrada en vigor del Decreto 214/02, habiendo además dejado sentado que correspondía la aplicación del CER a la fecha de pago (ver fs. 17 de las Actuaciones Administrativas), resulta aplicable lo dispuesto por los artículos 4 y 8 del mismo.
Así las cosas, la conversión de la deuda a razón de UN PESO ($1) con más el CER correspondiente a la fecha de pago, viene impuesta legalmente de conformidad con el criterio sentado por la CSJN en el caso “Sociedad Anónima Cinematográfica” (17/4/07), en el sentido de que para las deudas pesificadas con posterioridad a la vigencia del Decreto 214/02, el CER es inescindible del capital adeudado.
A mayor abundamiento, cabe resaltar que el art. 1 del Decreto 214/02 dispone que, a partir de la fecha de entrada en vigencia del mismo (3.2.02) quedan transformadas a PESOS todas las obligaciones de dar sumas de dinero, de cualquier causa u origen -judiciales o extrajudiciales- expresadas en DOLARES ESTADOUNIDENSES, u otras monedas extranjeras, existentes a la sanción de la Ley N° 25.561 y que no se encontrasen ya convertidas a PESOS, estableciendo el art. 8 que las obligaciones exigibles de dar sumas de dinero, expresadas en DOLARES ESTADOUNIDENSES u otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza, se convertirán a razón de UN DOLAR ESTADOUNIDENSE (U$S 1) = UN PESO ($ 1), aplicándose a ellas lo dispuesto en el Artículo 4° del presente Decreto, esto es, el Coeficiente de Estabilización de Referencia, el que será publicado por el Banco Central de la República Argentina y que se aplicará a partir de la fecha del dictado del referido decreto.
Del hilo de las ideas esbozadas precedentemente, se concluye que el ajuste mediante el CER resulta ajustado a derecho.
XI. En consecuencia, por lo anteriormente expuesto, corresponde modificar tanto la exigencia tributaria como el cálculo de la multa, conforme se detalla a continuación:
VALOR EN ADUANA POR UNIDAD CANTIDAD VALOR EN VALOR EN ADUANA DESTINACIÓN DE ADUANA ($) POR UNIDAD UNIDADES 98001IT06000057M 25.697,84 91,00
282,39 UNIDADES EN INFRACCIÓN CANTIDAD DE BASE DE DESTINACIÓN ITEM SUBITEM UNIDADES EN CÁLCULO INFRACCIÓN (VALOR EN ADUANA)
98001IT06000057M 5 8 16.943,40
60,00 DIT 98001IT06000057M
Concepto % Importe ($)
Base Imponible 16.943,40 Derechos de Importación 18 3.049,81 Tasa de Estadística 0.50 84,72 Base IVA 20.077,93 IVA 21 4.216,36 TOTAL 7.350,89 En mérito a lo expuesto, el importe adeudado en concepto de multa asciende a $7.350,89.
Por su parte, los tributos adeudados por la mercadería en infracción ascienden a la suma de $7.350,89, en concepto de Derechos de Importación, Tasa de Estadística e IVA, con más CER. Todo ello sin perjuicio de los intereses devengados desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista, hasta la fecha de su efectivo pago en los términos del art. 794 del CA.
XII. Finalmente, en materia de costas, corresponde imponerlas al Fisco, desde que la cuestión controvertida en autos no versó sobre la existencia misma del incumplimiento parcial —admitido por la actora en sede administrativa respecto de determinadas unidades y con aceptación de la multa correspondiente— sino sobre la extensión que pretendió asignarle el servicio aduanero, cuya determinación superior no ha sido receptada en esta instancia.
Por todo ello, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente el artículo 1 de la Resolución DE PRLA N°1659/2011, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la Actuación N°12039-3-2008, declarando que el monto de la multa asciende a $7.350,89.
2. Confirmar parcialmente el artículo 3 de la citada resolución, declarando que el monto de los tributos adeudados asciende a $7.350,89 con más CER con más intereses. Revocar en cuanto a la exigencia de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
3. Costas al fisco en los términos expuestos en el considerando XII.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero al Voto que antecede.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente el artículo 1 de la Resolución DE PRLA N°1659/2011, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la Actuación N°12039-3-2008, declarando que el monto de la multa asciende a $7.350,89.
2. Confirmar parcialmente el artículo 3 de la citada resolución, declarando que el monto de los tributos adeudados asciende a $7.350,89 con más CER con más intereses. Revocar en cuanto a la exigencia de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
3. Costas al fisco en los términos expuestos en el considerando XII.
Regístrese, notifíquese, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2026.04.22 19:48:28 ART Date: 2026.04.23 00:10:17 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.04.23 16:27:04 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.04.23 16:27:14 -03:00
Fin de la sentencia