Abriendo la norma
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-147934866-APN-VOCVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 12 de Diciembre de 2023 En el día de la fecha, se reúnen los miembros de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudio Esteban Luis (Vocal Titular de la 8° Nominación y Viviana Marmillon (Vocal Titular de la 7° Nominación) para resolver el expediente 46.621-I caratulado “FO-EX S.R.L. s/ apelación”:
El Dr. Luis dijo:
I. Que a fs. 74/103 se interpuso recurso de apelación contra las Res. 60/2016 y 61/2016 que determinaron impuesto al valor agregado (en adelante IVA) de los períodos fiscales 1 a 12/2011, e impuesto a las ganancias (en adelante IG) del ejercicio fiscal 2011, respectivamente, intimaron su pago con más los intereses correspondientes; y aplicaron dos multas graduadas en tres veces los impuestos presuntamente defraudados (cfme. arts. 46 y 47 incs. “a”, “b” y “c”, ley 11.683).
II. Que el ajuste fiscal se funda en la impugnación de ciertos aportes de capital efectuados a la sociedad aquí apelante, considerándolos un incremento patrimonial no justificado, con origen en ingresos omitidos. En este sentido, la recurrente recordó que se trata de una sociedad de familia cuyos socios están unidos por vínculos familiares indudables.
Con relación a Horacio Roberto Siringo (integrante de la sociedad apelante) sostuvo que, tal como le consta al fisco, realiza actividades y se encuentra inscripto en el IG desde 1980. La actora señaló que el propio fisco reconoció que presentó sus DDJJ en tiempo y forma, habiendo registrado deudas/pasivos tanto con Guillermina Siringo (su hija); como con Julio Roberto Siringo (su padre) por un total de $440.000 y que también declaró tenencias en efectivo, lo que le permite tener por justificado el aporte realizado por $443.700.
La actora hizo hincapié en que el aporte y los préstamos fueron realizados a una sociedad de familia, lo cual -a su criterio- justifica la informalidad.
En cuanto a Juan Horacio Siringo recordó que el fisco reconoció que cumplió con la presentación de las DDJJ del IG y del Impuesto Sobre los Bienes Personales (en adelante ISBP), en las que declaró una tenencia de efectivo de $418.080, informando un mutuo familiar otorgado por su abuelo, lo que justificaría el aporte a la sociedad por $252.300.
En cuanto a María Guillermina Siringo observó que declaró una tenencia de dinero de $243.630, importe más que suficiente para cubrir el aporte cuestionado de $87.000.
Con relación a Graciela Susana Bettoli manifestó que ésta recibió un préstamo de la firma IAM S.R.L. por $87.000 -reconocido mediante certificación-, importe que coincide con el aporte posterior a FO-EX S.R.L. Remarcó que cada uno de los aportantes reconoció espontánea y voluntariamente la existencia de los aportes y los justificó.
Hizo hincapié en que los aportantes declararon mucho más dinero que el aportado, el fisco cobró el tributo y a la fecha del recurso no fue impugnado.
Resaltó en los mutuos la ausencia de garantías, intereses, como también la inexistencia de cláusulas por incumplimientos contractuales, tal como es de la práctica normal en materia de mutuos que se celebran entre familiares.
Planteó que en el período en cuestión, FO-EX SRL aún no había comenzado sus actividades comerciales de venta, tratándose del período en el cual fue puesta en marcha mediante la compra de provisiones. Agregó que en razón de ello, no pudo haber existido ventas omitidas/ingresos omitidos, cuando a tal fecha no había realizado venta alguna. Destacó que los aportes realizados por los socios fueron destinados al pago de los proveedores de materias primas y la compra de bienes de uso, quedando el remanente en caja. Manifestó que la primera venta se realizó el 26/06/2012, circunstancia que ameritó inscribirse con anterioridad al “Régimen de Seguridad Social Empleador” y contratar empleados.
Respecto de las operaciones impugnadas con Resinas Argentinas S.A. y Ravago Argentina S.R.L., planteó que si bien las facturas fueron emitidas a nombre de Horacio Roberto Siringo, ambos proveedores reconocieron haber emitido las facturas por operaciones realizadas, tratándose de un mero error de facturación. Agregó que el Sr. Siringo no tomó los créditos fiscales de tales facturas.
Por su parte, y en lo tocante a las sanciones impuestas, destacó que no pudo haber existido un obrar engañoso o ánimo de defraudar cuando todo lo advertido por los agentes fiscales surgió nítidamente de la documentación que el propio contribuyente aportó. Sostuvo que de las constancias de autos no surge el elemento subjetivo imprescindible para la configuración del tipo descripto y no acreditó la conducta engañosa o maliciosa mediante hechos externos y concretos, ni se probó el soporte fáctico de la presunción de dolo; por lo que solicitó que se revoquen las sanciones impuestas.
Citó jurisprudencia en apoyo de su postura, ofreció prueba y peticionó que se revoquen las resoluciones apeladas, con costas.
III. Que a fs. 127/142 se presentó el fisco nacional y contestó el traslado del recurso, acompañando los antecedentes administrativos (en adelante aa). Solicitó que se confirmen las resoluciones apeladas, con costas.
IV. Que a fs. 154/155 se abrió la causa a prueba, a fs. 352 se clausuró el período probatorio y se elevaron los autos a consideración de la Sala “C”. A fs. 360 se pusieron para alegar, haciendo uso de su derecho el fisco a fs. 366/370 y la actora a fs. 371/373. Finalmente, a fs. 374 se llamaron autos para dictar sentencia.
V. Que primeramente debo señalar que este Tribunal no se encuentra obligado a tratar todos y cada uno de los argumentos brindados por las partes sino sólo aquellos que resultan necesarios para emitir un pronunciamiento válido (Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 297:140; 301:970, entre otros), ni tampoco a ponderar exhaustivamente todas y cada una de las pruebas producidas en la causa, sino sólo aquellas que se estimen conducentes para fundar las conclusiones a las que se arriba (Fallos 321:1776 entre otros).
VI. Que corresponde mencionar que del informe final de inspección (en adelante IFI) y de los antecedentes administrativos de la causa (aa), como así también de las resoluciones apeladas, surge que la actora se encuentra inscripta como “Fabricación de productos plásticos en formas básicas y artículos de plástico n.c.p.” (v. fs. 66/75, cpo. IVA, aa).
Las presentes actuaciones tuvieron origen a raíz de la verificación efectuada al contribuyente Juan Horacio Siringo -bajo la OI 804445-, por aportes efectuados en el período 2011 a la firma FO-EX S.R.L., sociedad que integra. La fiscalización actuante impugnó el aporte efectuado a la sociedad, por no poseer el Sr. Siringo capacidad económica y/o financiera para efectuarlo. A pedido de la fiscalización, el 29/08/2013 el contribuyente acompañó la siguiente información: ddjj de acciones y participaciones del ejercicio 2011; ddjj del impuesto a la ganancia mínima presunta (en adelante IGMP) del ejercicio 2011; ddjj del IG del ejercicio 2011; ddjj de IVA de los períodos 1 a 12/2011; contrato de comodato; extractos de cuenta informativos del Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO); contrato social; estados contables por los ejercicios 2010, 2011 y 2012; Diario General del ejercicio 2011 y subdiario de IVA Ventas y Compras por el ejercicio 2011 (v. fs. 105/187, Cpo. IG, aa).
En el IG, se constató la presentación de la ddjj del ejercicio 2011 donde se declaró un activo de $1.118.812,38 y un pasivo de $0,00. El resultado impositivo declarado coincide con el expuesto en el Balance cerrado al 31/12/2011. La sociedad no declaró ingresos para el período fiscal 2011 (v. fs. 109 y 146/151, Cpo. IG, aa).
Según el Diario General el 05/01/2011 se registraron los siguientes aportes en efectivo: Horacio Siringo por $443.700, Juan Horacio Siringo por $252.300, María Guillermina Siringo por $87.000 y Graciela Bettoli por $87.000. Los mismos totalizan $870.000 (v. fs. 158/163 y fs. 346, Cpo. IG, aa). La firma no exhibió ni aportó constancias documentales de que dichos aportes se hayan efectuado a la sociedad a través de una cuenta bancaria.
Del análisis efectuado por la fiscalización de la situación económica y/o financiera de los socios, a efectos de determinar el origen de los fondos aportados, surge que:
-El Sr. Horacio Siringo recibió en concepto de préstamos de Roberto Siringo $40.000 en el período 2006 y $100.000 en el período 2009 y de María Guillermina Siringo $60.000 en el 2006 y $240.000 en el 2010 (v. fs. 24/29 y 34/40 Cpo. IG, aa).
-El Sr. Juan Horacio Siringo recibió en concepto de préstamo $80.000 de Roberto Siringo en el período 2010 (v. fs. 28/29, Cpo. IG, aa).
-La Sra. María Guillermina Siringo recibió en concepto de préstamo $80.000 de Roberto Siringo en el período 2010 (v. fs. 28/29, Cpo. IG, aa).
Los préstamos mencionados surgen de las ddjj del ISBP, en el rubro créditos, presentadas por Roberto Siringo y María Guillermina Siringo (v. fs. 23/43, Cpo. IG, aa).
Por otro lado, se observó que el Sr. Roberto Siringo no presentó la ddjj del IG y María Guillermina Siringo presentó la de los ejercicios 2010 y 2011 sin declarar ingresos, lo que indicaría -a criterio de la fiscalización- que los mismos no tendrían capacidad económica para haber efectuado los préstamos mencionados (v. fs. 23 y 43/44, Cpo. IG, aa).
Asimismo, teniendo en cuenta la información que surge de sus DDJJ del IG presentadas, la fiscalización observó que Horacio Siringo no tendría capacidad económica para efectuar los aportes realizados, mientras que Juan Horacio Siringo no declaró ingresos propios (v. fs. 20/22, cpo. IG, aa).
A su vez, durante el período fiscalizado, la sociedad compró mercadería -de acuerdo al libro IVA Compras- por un total de $655.460,63 incrementando la existencia final en $589.920,25 (v. fs. 176/187 y 146, Cpo. IG, aa). Y dichas compras fueron abonadas en su totalidad, ya que la firma no registra pasivos al cierre del ejercicio 2011 (fs. 146, cpo. IG, aa), lo que hace presumir –ante el desconocimiento por parte del fisco de los aportes cuestionados- que fueron abonadas con los ingresos omitidos origen del incremento patrimonial ajustado en autos.
La sociedad no registra retenciones en el período fiscalizado.
A criterio de la fiscalización, esta circunstancia habilitó la impugnación de los aportes societarios, dando lugar a un incremento patrimonial no justificado por ingresos omitidos por las sumas impugnadas de $870.000, más el 10% en concepto de renta consumida en gastos no deducibles, tal como lo dispone el inc. “f” del art. 18 de la ley 11.683.
Por su parte, en el IVA se verificó la presentación de las DDJJ de los períodos 1 a 12/2011 y las pantallas correspondientes a componentes técnicos de cada posición. También los agentes fiscales analizaron los libros IVA Ventas y Compras de acuerdo con la documentación aportada, de la que se desprende que la empresa no declaró ventas en los períodos fiscalizados (v. fs. 164/175, Cpo. IG, aa).
Asimismo, en el libro IVA Compras se observaron gastos realizados que corresponden a la adquisición de materias primas, por un monto total de $655.460,63 (v. fs. 1/51, Cpo. IVA, aa).
Se verificó que para el período fiscalizado la sociedad no registró movimientos bancarios informados. Respecto de los créditos fiscales computados, la contribuyente exhibió copia de los comprobantes respaldatorios siendo los mismos coincidentes con la información que surge del libro IVA Compras (v. fs. 207/345, Cpo. IG, aa). Se circularizaron a los proveedores con facturas superiores a $2.500 –entre ellos Ravago Argentina S.R.L. y Resinas Argentinas S.A.- (v. fs. 1/74, Cpo. circularización proveedores, aa). De la contestación de Ravago Argentina S.R.L. no surge una operación por $67.237 del 25/07/2011, computada en el libro IVA Compras con un crédito fiscal de $14.119,88 (v. fs. 212, Cpo. IG y fs. 6, Cpo. circularización proveedores, aa). Por su parte, la firma SM Resinas Argentinas S.A. tampoco informó una operación computada en el libro IVA Compras por $20.982,50 del 31/05/2011 que generó un crédito fiscal de $4.406,33 (v. fs. 293, Cpo. IG y fs. 11/12, Cpo. circularización proveedores, aa).
De este modo la fiscalización impugnó ese crédito fiscal y a efectos de determinar el débito fiscal presuntamente no declarado en cada período, realizó una proporción de las compras, aplicando dicho porcentaje al monto de aportes impugnados (v. fs. 52/53, Cpo. IVA, aa). Es decir, la fiscalización le dio el carácter de ventas omitidas de la SRL a los aportes de capital cuestionados.
VII. Que corresponde en primer lugar tratar el ajuste relativo a los aportes de capital en efectivo realizados por los socios de FO-EX S.R.L., quienes reconocieron -salvo Graciela Bettoli- que los fondos provinieron de préstamos de parientes. En este sentido, resulta válido mencionar que tal como lo ha sentenciado la CSJN en Fallos 334:249, debieron observarse los arts. 1034, 1035 y 2246 del Código Civil –vigentes al momento de los hechos-. El último disponía que “el mutuo puede ser contratado verbalmente, pero no podrá probarse sino por instrumento público, o por instrumento privado de fecha cierta, si el empréstito pasa el valor de diez mil pesos”. Así, en los términos del Código Civil, de no existir instrumento público o privado de fecha cierta, el contrato será inoponible a terceros por no reunir ninguno de los supuestos dispuestos por el art. 1035 de dicho cuerpo legal. Ahora bien, ante la ausencia de instrumentos que acrediten en forma indubitable el préstamo, la prueba tendiente a comprobar la realidad de la operación debe ser fehaciente, es decir, debe acreditarse la secuencia completa de la operatoria, lo que implica también acreditar la titularidad de los fondos en cabeza de quien prestó, su entrega al deudor, la aplicación por parte de éste y, si fuera del caso, su posterior restitución.
En el caso de autos, de acuerdo con las declaraciones testimoniales y pruebas obrantes en los antecedentes, no existen contratos ni documentación que prueben los aportes, ni acreditaciones bancarias, por lo que es necesario analizar el elenco probatorio ofrecido y producido en el expte. a fin de observar lo acontecido, para evaluar si la actora logró acreditar la veracidad de los mutuos origen de los aportes. Así, corresponde señalar que la única prueba producida en autos fue la testimonial de los Sres. Juan Horacio Siringo, Graciela Bettoli, Horacio Siringo y César Luis Arriagada, en atención a que se dio por decaído el derecho a la producción de la prueba pericial contable, por no haber sido instada su producción por la actora. A fs. 297/297vta. luce la testimonial al Sr. Juan Horacio Siringo quien afirmó que aportó aproximadamente $400.000 a la firma, que no se documentó, que no existió devolución en atención a que no se trató de un préstamo sino de un aporte de capital, que lo realizó con dinero propio y ahorrado, y un préstamo de $80.000 que le efectuó su abuelo Roberto Julio Siringo. A fs. 299/299vta. declaró la Sra. Graciela Susana Bettoli quien sostuvo que su marido y sus hijos forman parte de la empresa FO-EX S.R.L., que aportó aproximadamente $87.000 con un préstamo que le otorgó el colegio IAM S.R.L., no recordando cómo se documentó, ni cómo se devolvió. Afirmó que el origen de los fondos provino del pago de cuotas de alumnos de dicho colegio. A fs. 304/304vta. obra la declaración del Sr. César Luis Arriagada quien afirmó ser empleado de la actora desde fines de 04/2012 (posterior a los períodos discutidos en autos), que instaló máquinas con las que se fabrican bolsas de polietileno, que aprendió a usarlas y que no sabe cuándo se efectuó la primera venta de la empresa.
Dichos testimonios no permiten confirmar el circuito de los mutuos invocados, sea a través de movimientos bancarios, de recibos que instrumenten la entrega del dinero, u otro tipo de elemento atinente. Adviértase que la actora no arrimó ninguna documentación –ni siquiera un simple instrumento privadorelacionada con tales operaciones. Si bien es cierto que los mutuos entre familiares directos pueden admitirse aún desprovistos de ciertas solemnidades que se exigirían ante mutuos entre no familiares, ello no implica aceptarlos ante la ausencia total de documentación o elementos que los instrumenten, y que prueben, con cierto grado de certeza, su efectiva realización. Tampoco se ha podido acreditar el origen de los fondos supuestamente aportados por Juan Horacio Siringo. A idéntica conclusión cabe arribar cuando IAM S.R.L. reconoce la entrega de fondos a la Sra. Bettoli con fecha 31/07/2011 (v. respuesta del oficio librado en autos obrante a fs. 182), pues se trata de una simple declaración, sin ningún tipo de respaldo documental, máxime si se considera que el aporte a FO-EX S.R.L. ocurrió el 05/01/2011, mientras que IAM S.R.L. reconoce haber entregado el dinero meses después. Tampoco pudo acreditarse en forma fehaciente el destino de los fondos supuestamente prestados o aportados, pues el testigo Arriagada refiere a un período posterior al ajustado y tampoco recuerda la fecha de la primera venta de la actora. Por su parte, cabe precisar que la recurrente no acreditó la capacidad de los mutuantes/aportantes para realizar los préstamos/aportes invocados, ni la titularidad de los fondos en cabeza de tales aportantes, ni la aplicación efectiva de los mismos por parte de FO-EX SRL, ni su posterior devolución. Obsérvese que si bien Guillermina y Juan Horacio Siringo declaran la tenencia de fondos en sus DDJJ del ISBP –los cuales incrementan en posteriores-; no declaran ingresos –ni gravados, ni exentos- en sus DDJJ del IG de iguales períodos o anteriores que justifiquen la tenencia de tales fondos.
En este sentido, debo recordar que si no se logra cumplir con la carga de probar lo que se invoca, se corre el riesgo de que el reclamo sea denegado (Fallos 332:1367). En efecto, es a cargo de quien afirma un hecho la prueba de su existencia cuando pretende fundar en él un derecho (Fallos: 217:635), toda vez que la carga de la prueba es el imperativo que pesa sobre cada uno de los litigantes para que acrediten la verdad de sus afirmaciones, mediante su propia actividad, si quieren evitar la pérdida del proceso.
En relación a ello, obsérvese que se tuvo por decaída la prueba pericial contable por no haber sido instada su producción por la propia actora que la ofreció y en cuyo supuesto interés se debía realizar. Finalmente, del análisis de los elementos de la causa observo como dato interesante que tanto la sociedad FO-EX SRL -de la cual forma parte la familia Siringo- como Horacio Roberto Siringo desarrollaban durante el período cuestionado 2011 la misma actividad, y compartían el mismo lugar físico de producción, con un contrato de comodato que suscribe –por ambas partes- el Sr. Horacio Roberto Siringo como “comodante” y a la vez “comodatario” en representación de la firma FO-EX SRL de la cual es sociogerente (vide fs. 123 del Cpo. Ganancias 1, de los aa).
Por ello, debe concluirse que la recurrente prescindió de aportar elementos fehacientes que justifiquen los mutuos que permitieron efectuar los supuestos aportes de capital a la firma FO-EX S.R.L., en consecuencia, corresponde confirmar este ajuste, con costas.
VIII. Que en cuanto al segundo ajuste, esto es, el relacionado con las facturas de compras bajo el membrete SM Resinas Argentinas S.A. y Ravago Argentina S.R.L., el fisco lo fundó en la circularización a los proveedores en donde los datos que aportaron no coinciden con los plasmados en el libro IVA Compras -coincidente con el declarado en las DDJJ de la recurrente-.
En este sentido, de la respuesta al oficio librado en autos a SM Resinas Argentina S.A. obrante a fs. 163/169 surge que ésta reconoció que la operación correspondiente a la factura 0015-00000320 fue facturada/vendida y abonada por Horacio Roberto Siringo y no por FO-EX S.R.L., dato que coincide con la factura que aquella firma aportó, de donde surge no sólo el nombre y apellido mencionado, sino también su CUIT -20-08707679-3-, que evidentemente difiere de la CUIT de la empresa recurrente. Estos hechos son ratificados con los recibos aportados, de donde surge también el nombre del Sr. Horacio Roberto Siringo. A idéntica conclusión debe arribarse con relación a la respuesta al oficio dirigido a Ravago Argentina S.R.L obrante a fs. 171/172 en la que si bien informó que la factura 0011-00001426 se efectuó a FO-EX S.R.L., del encabezado de la misma surge la CUIT del Sr. Horacio R. Siringo.
En esta línea, debe ponerse de resalto que las dos facturas aportadas por el contribuyente durante la fiscalización supuestamente emitidas por estas dos firmas (v. fs. 212 – Fac. A 0011-00001426 de Ravago Argentina S.R.L.- y 293 –Fac. A 0015-00000320 de SM Resinas Argentina S.A.-, Cpo. IG, aa) y a diferencia de lo informado por ellas, se encuentran emitidas a nombre de FO-EX S.R.L. y no del Sr. Siringo (v. fs. 164 y 171), lo que evidencia la irregularidad detectada por el ente fiscal. Es más, de haberse tratado de un “mero error de facturación” -como pretende la recurrente- debió haber solicitado la cancelación de la factura a través de una nota de crédito y la posterior emisión de la correcta. En este sentido, reitero, que siendo la carga de la prueba correlativa a la carga de la proposición de los hechos, cada parte deberá probar el presupuesto de hecho que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción (art. 377, CPCCN), por lo que con la prueba mencionada en párrafos anteriores, la actora no logró acreditar que los créditos fiscales impugnados se relacionen con la actividad gravada de la empresa apelante, sino más bien de la desarrollada por el Sr. Horacio Roberto Siringo. En esta línea, dada la naturaleza de las operaciones, el contribuyente tampoco aportó datos del circuito financiero de las mismas.
En tales condiciones, cabe concluir que los agravios de la actora, al no encontrar respaldo en probanza fehaciente, resultan meras consideraciones dogmáticas que no logran conmover los fundamentos expuestos por el fisco respecto de la impugnación de los créditos fiscales de IVA oportunamente computados por la actora, por lo que corresponde confirmar también este ajuste, con costas.
IX. Que con relación a los intereses resarcitorios intimados, cabe señalar que en esta materia los mismos constituyen una indemnización debida al fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias.
Al respecto, la CSJN, revisó la doctrina del precedente "Ika Renault" al exponer que: "...si bien en el precedente de Fallos 304:203 el Tribunal estableció que resulta aplicable la última parte del art. 509 del Código Civil que exime al deudor de las responsabilidades de la mora cuando ésta no le es imputable, las particularidades del derecho tributario... que indudablemente se reflejan en distintos aspectos de la regulación de los mencionados intereses (Fallos 308:283, 316:42 y 321:2093), llevan a concluir que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del Código Civil queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales ajenas al deudor que deben ser restrictivamente apreciadas han impedido a éste el oportuno cumplimiento de su obligación tributaria. Es evidente, entonces, que la conducta del contribuyente que ha dejado de pagar el impuesto o que lo ha hecho por un monto inferior al debido, en razón de sostener un criterio en la interpretación de la ley tributaria sustantiva distinto del fijado por el órgano competente para decidir la cuestión, no puede otorgar sustento a la pretendida exención de los accesorios, con prescindencia de la sencillez o complejidad que pudiese revestir la materia objeto de controversia. Ello, es así, máxime si se tiene en cuenta que, como lo prescribe la ley y lo puntualizó la Corte en otros precedentes.... se trata de la aplicación de intereses resarcitorios cuya naturaleza es ajena a la de las normas represivas" (cfrme. CSJN, "Citibank NA c/. DGI", del 01/06/2000).
Por ello, procede confirmar los intereses resarcitorios liquidados en las resoluciones apeladas, con costas, toda vez que los mismos se ajustan a lo dispuesto por el art. 37 de la Ley 11.683.
X. Que con relación a las multas por defraudación aplicadas, el art. 46 de la ley 11.683 (vigente al momento de los hechos) en su parte pertinente disponía que: “…el que mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa, sea por acción u omisión, defraudare al Fisco, será reprimido con multa de dos (2) hasta diez (10) veces el importe del tributo evadido”.
La figura se construye con un “elemento objetivo”, consistente en la falta de ingreso total o parcial del impuesto debido, y un “elemento subjetivo“, consistente en “una actividad dolosa tendiente a defraudar los intereses del fisco” (Fallos 323:2172 considerando 4).
Encontrándose acreditado el elemento objetivo de las sanciones impuestas, consistente en el ingreso en menos del impuesto correspondiente, corresponde analizar el elemento subjetivo teniendo en cuenta la figura legal imputada. A dichos fines, el fisco debe acreditar no sólo la conducta defraudatoria del contribuyente sino también que la misma fue realizada con el ardid o engaño necesario –ardid idóneo- para materializar el elemento subjetivo de la figura. Ahora bien, el legislador puso a disposición del ente fiscal una importante herramienta a los fines probatorios, como lo son las presunciones de dolo establecidas en el art. 47 de la ley 11.683, para cuya utilización debe acreditar el hecho fáctico (base) que origina la presunción y que conduce a la probable existencia del segundo hecho, esto es, el hecho presunto materializado en la existencia de voluntad defraudatoria al fisco para -de tal forma-, provocar la inversión de la carga probatoria, siendo en ese caso el contribuyente el obligado a desvirtuar dicha presunción. En esta línea, y tal como surge de las resoluciones apeladas, el fisco aplicó los incs. “a”, “b” y “c” del art. 47 que establecen que: “…se presume, salvo prueba en contrario, que existe la voluntad de producir declaraciones juradas engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas cuando: a) medie una grave contradicción entre los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que surjan de las declaraciones juradas...b) Cuando en la documentación indicada en el inciso anterior se consignen datos inexactos que pongan una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible...c) Si la inexactitud de las declaraciones juradas o de los elementos documentales que deban servirles de base proviene de su manifiesta disconformidad con las normas legales y reglamentarias que fueran aplicables al caso.”
Así, las constancias agregadas en las actuaciones y que fueron relatadas en los Considerandos anteriores, dan cuenta de que el fisco detectó un incremento patrimonial no justificado y diferencias en los créditos fiscales declarados por el contribuyente, dejando en evidencia que falseó sus registraciones. Al respecto, y tal como se concluyó ut supra, la recurrente no aportó documentación fehaciente que acredite sus dichos, lo que llevó al fisco a determinar de oficio la materia imponible.
Lo cierto es que -tal como se desprende de las actuaciones administrativas relatadas- estos hechos generaron una grave contradicción entre las constancias documentales y demás antecedentes con los que surgieron de las DDJJ presentadas por la actora. En tal sentido, la reseña efectuada relativa a la actuación del personal fiscalizador y las irregularidades detectadas, dan cuenta de la debida exteriorización de las presunciones del art. 47 de la ley 11.683 utilizada.
Como se afirmó, las presunciones que establece el art. 47 de la ley 11.683 admiten prueba en contrario, siendo la apelante quien debió demostrar la falta del elemento subjetivo requerido para tener por configurado el ilícito que se le imputa, en atención a la inversión de la carga de la prueba que la aplicación de dichas presunciones ocasiona procesalmente, lo que no hizo.
En efecto, quedó evidenciado con los elementos hasta aquí analizados que el contribuyente incurrió en irregularidades que revelan la intención de ocultar su verdadera realidad impositiva, lo que -claramente- no fue puesto en conocimiento por la actora, sino evidenciado por el fisco, sin que aquella parte haya allegado -ni en sede administrativa, ni en la presente instancia- prueba fehaciente alguna que avale sus dichos. Ello así, corresponde confirmar las sanciones impuestas en las resoluciones apeladas, con costas. La Dra. Marmillon dijo:
Que adhiere al voto del Vocal preopinante.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar las resoluciones apeladas, con costas.
Se deja constancia que suscriben este pronunciamiento dos Vocales Titulares de la Sala C, conforme a lo previsto por el artículo 184 de la ley 11.683, por encontrarse vacante la Vocalía de la 9° Nominación. Regístrese, notifíquese, devuélvanse los antecedentes administrativos acompañados y oportunamente archívese.- Date: 2023.12.12 12:39:02 -03:00 Date: 2023.12.12 18:12:12 -03:00 Viviana Marmillon Claudio Esteban Luis Vocal Vocal Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.12.12 18:12:13 -03:00
Fin de la sentencia