Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 46621-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso intentado por la parte actora, con costas (cfr. artículo 68, 1ra parte, del C.P.C.C.N. de aplicación supletoria en los términos del artículo 197 de la ley 11.683), y
2Reducir los honorarios y fijar los de alzada de conformidad a lo expresado en el Considerando X.
18700/2024.-
“FO EX S.R.L. (TF 46621-I) c/DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”.
///nos Aires, 11 de abril de 2025.- AMD Y VISTOS, CONSIDERANDO:
I. Que, por medio del pronunciamiento del 12/12/2023, la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación resolvió confirmar las Resoluciones N.º 60/16 y 61/16 (que determinaron de oficio los Impuestos al Valor Agregado -períodos fiscales 1 a 12/11- y a las Ganancias -período fiscal 2011- con intereses y aplicaron dos multas), con costas (páginas 218/226 de las actuaciones digitalizadas). Para decidir de tal modo, inicialmente se reseñaron las constancias del caso, destacándose que la actora se encontraba inscripta ante el Fisco por la actividad: “fabricación de productos plásticos en formas básicas y artículos de plástico n.c.p.” y que las actuaciones: “[t]uvieron origen a raíz de la verificación efectuada al contribuyente Juan Horacio Siringo -bajo la OI 804445-, por aportes efectuados en el período 2011 a la firma FO-EX S.R.L., sociedad que integra. La fiscalización actuante impugnó el aporte efectuado a la sociedad, por no poseer el Sr. Siringo capacidad económica y/o financiera para efectuarlo […]”.
Luego, fueron analizados en particular los resultados obtenidos por la fiscalización acerca de la situación económica y/o financiera de los socios y, en esas circunstancias, se trató el ajuste relativo a los aportes de capital en efectivo realizados por los socios de FO-EX S.R.L., quienes habían reconocido, a excepción de la Sra. Bettoli, que los fondos provenían de préstamos de parientes. Se invocó jurisprudencia de la C.S.J.N. y los artículos 1034, 1035 y 2246 del Código Civil (vigente al momento de los hechos y relacionados con la prueba del contrato de mutuo) y, además, los vocales expresaron que ante la falta de instrumentos que acrediten de forma indubitable el préstamo, la prueba tendiente a comprobar la realidad de la operatoria debía ser fehaciente y completa, circunstancia que aparejaba la necesidad de “[a]creditar la titularidad de los fondos en cabeza de quien prestó, su entrega al deudor, la aplicación por parte de éste y, si fuera del caso, su posterior restitución […]”.
Así, manifestaron que, en la especie y “[d]e acuerdo con las declaraciones testimoniales y pruebas obrantes en los antecedentes, no existen contratos ni documentación que prueben los aportes, ni acreditaciones bancarias, por lo que es necesario analizar el elenco probatorio ofrecido y producido en el expte., a fin de observar lo acontecido, para evaluar si la actora logró acreditar la veracidad de los mutuos origen de los aportes […]”.
En ese contexto, indicaron que la única prueba producida en la causa había sido aquella de carácter testimonial conectada con los Sres. Juan Horacio Siringo, Horacio Siringo y César Luis Arriagada y la Sra. Graciela Bettoli. Además, remarcaron que se dio por decaído el derecho a producir prueba pericial contable. Describieron las declaraciones referidas y concluyeron que el circuito de los mutuos invocados no podía ser confirmado a través de ellas, circunstancia que se agravaba al reparar en la ausencia de movimientos bancarios o recibos que instrumentaran la entrega del dinero.
A su vez, expresaron que: “[l]a recurrente no acreditó la capacidad de los mutuantes/aportantes para realizar los préstamos/aportes invocados, ni la titularidad de los fondos en cabeza de tales aportantes, ni la aplicación efectiva de los mismos por parte de FO-EX SRL, ni su posterior devolución […]”.
Por ello entendieron que debía confirmarse el ajuste relacionado con los aportes de capital a la firma FO-EX S.R.L.
En segundo término, analizaron la situación vinculada a las facturas de compras bajo los membretes “SM Resinas Argentinas S.A.” y “Ravago Argentina S.R.L.”. Sobre el punto, indicaron que el Fisco fundó su impugnación en el hecho de que no coincidieran los datos aportados en la circularización a proveedores con los plasmados en el libro “IVA Compras”. Sostuvieron que: “[d]e la respuesta al oficio librado en autos a SM Resinas Argentina S.A. obrante a fs. 163/169 surge que ésta reconoció que la operación correspondiente a la factura 0015-00000320 fue facturada/vendida y abonada por Horacio Roberto Siringo y no por FO-EX S.R.L., dato que coincide con la factura que aquella firma aportó, de donde surge no sólo el nombre y apellido mencionado, sino también su CUIT 20-08707679-3, que evidentemente difiere de la CUIT de la empresa recurrente. Estos hechos son ratificados con los recibos aportados, de donde surge también el nombre del Sr. Horacio Roberto Siringo. A idéntica conclusión debe arribarse con relación a la respuesta al oficio dirigido a Ravago Argentina S.R.L obrante a fs. 171/172 en la que si bien informó que la factura 0011-00001426 se efectuó a FO-EX S.R.L., del encabezado de la misma surge la CUIT del Sr. Horacio R. Siringo […]”. De este modo, manifestaron que de las dos facturas aportadas por la contribuyente durante la fiscalización (presuntamente emitidas por las firmas referidas) se encontraban emitidas a nombre de FO-EX S.R.L. y no del Sr. Siringo, circunstancia que comprobaba la irregularidad detectada por el Fisco Nacional. Recordaron las exigencias vinculadas a la carga de la prueba y sostuvieron que: “[c]on la prueba mencionada en párrafos anteriores, la actora no logró acreditar que los créditos fiscales impugnados se relacionen con la actividad gravada de la empresa apelante, sino más bien de la desarrollada por el Sr. Horacio Roberto Siringo. En esta línea, dada la naturaleza de las operaciones, el contribuyente tampoco aportó datos del circuito financiero de las mismas […]”.
Así las cosas, consideraron que debía confirmarse la posición del Fisco respecto de la impugnación de los créditos fiscales del Impuesto al Valor Agregado. En tercer lugar, confirmaron los intereses resarcitorios liquidados en las resoluciones apeladas, remitiéndose a la doctrina del precedente “Ika Renault” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Finalmente, respecto de las multas aplicadas, estimaron configurados en el caso los elementos objetivo y subjetivo (este último, por aplicación de métodos presuntivos) contenidos en el artículo 46 de la ley 11.683.
Particularmente, destacaron que en la especie había sido comprobado el falseo de registraciones de la contribuyente y que, en consecuencia, se generó una grave contradicción entre las constancias documentales y demás antecedentes conectados con las declaraciones juradas de la actora.
II. Que, asimismo, el Tribunal reguló los honorarios correspondientes a los Dres. Ezequiel Silvio Katz y Víctor Ariel Roccatagliata (en las sumas de $324.568 y $129.827, respectivamente) y a la Dra. Evangelina Natalia Urondo (en la suma de $454.395) (fs. 394/395).
III. Que, disconforme con lo resuelto, los días 20/02/24 y 05/04/24 apeló la parte actora, quien se agravió del fondo de la cuestión involucrada y de la regulación efectuada (por considerar elevado el monto reconocido). El 24/06/24 Fisco Nacional contestó traslado.
Inicialmente la apelante señaló, por un lado, que todos los aportes fueron justificados e integrados para la puesta en marcha del negocio (incluso manifestando que “[E]l a-quo funda de manera exclusiva en la falta de instrumentación de los préstamos, omitiendo de manera deliberada tener en cuenta que se trata de préstamos entre familiares cercanos, y todo lo que ello implica, e incluso convalidando un ajuste técnicamente improcedente […]”) y, por el otro, que su parte no poseía obligación alguna de indagar acerca del origen de los fondos de los aportantes.
Luego, en cuanto a las operaciones facturadas por las firmas “SM Resinas Argentinas S.A.” y “Ravago Argentina S.A.”, indicó que se estaba frente a un “mero error de facturación”, destacando que: “[L]os dos proveedores reconocieron que las operaciones fueron realizadas, así como reconocieron que emitieron las facturas acompañadas así como las operaciones realizadas […] RAVAGO ARGENTINA SRL aportó copia del comprobante que se verifica "Señores FOEX de Siringo Horacio R. CUIT 20087076793". (pagina 3 DO IVA) Además de reconocer la operación, reconoce que la misma se concertó con "Señores FOEX de Siringo Horacio R." En igual sentido, SM RESINAS ARGENTINAS S.A. informa mediante nota sin respaldo que la factura fue emitida a nombre de Horacio Siringo. En sendos casos queda más que evidente que se trata de un error en la contabilidad/facturación de los proveedores, más debemos resaltar que el Sr. Siringo no tomo los créditos fiscales de tales facturas que se corresponden con operaciones concertadas con FO EX SRL y abonadas por esta […]”.
Para cuestionar las sanciones aplicadas, recordó lo normado por el artículo 46 de la L.P.T., citó jurisprudencia y expresó que de las constancias de la causa no surgía “el elemento subjetivo ni ocultación maliciosa alguna”.
IV. Que, por su parte, el 4/04/24 la Dra. Urondo apeló la regulación de honorarios por estimar exigua su cuantía.
V. Que, efectuada la reseña que antecede, resulta oportuno recordar que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las argumentaciones que se pongan a consideración del Tribunal, sino tan solo en aquellas que sean conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970, entre muchos otros y esta Sala, in re, “Massuh S.A. c/D.G.I.”, expte. N.º 38.066/2011, del 17/11/2021 y “HSBC Argentina Holdings S.A. -TF 48911-I c/D.G.I.”, expte. N.º 19.801/2021, del 1/07/22, pronunciamiento confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fecha 27/12/2024, entre muchos otros).
Y, además, tampoco es obligación de los juzgadores ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que se estimen apropiadas para resolver el conflicto (cfr. doc. Fallos: 274:113; 280:320; 291:390; 310:267; 321:1776 y esta Sala, in re, “Strazzolini, Ronaldo Emilio c/E.N. –A.F.I.P. –D.G.I.”, expte. N.º 71.973/2018, del 16/07/2021 y “EIDICO S.A. -TF 46884-I c/D.G.I.”, expte. N.º 22.019/2017, sentencia del 5/12/2022).
VI. Que, frente al escenario descripto debe señalarse que, en rigor, el recurso de la parte actora no se ajustó estrictamente a lo establecido en el artículo 265 del C.P.C.C.N., norma que resulta de aplicación al caso en atención a lo dispuesto por el artículo 91 de la ley 11.683 (t.o.1998 y modif.).
Es que la recurrente busca eximirse de sus obligaciones normativas y formales sin ofrecer fundamentos que justifiquen la falta de acreditación del circuito de los fondos involucrados o el desacierto en la valoración de la prueba realizada por el Tribunal Fiscal. Asimismo, y en cuanto a las multas impuestas, se limita a sostener, de manera genérica, la inexistencia del elemento subjetivo, sin desarrollar mayores argumentos que respalden su postura.
Debe destacarse en tal sentido, que los desarrollos contenidos en el escrito de agravios, distan de constituir una crítica concreta y razonada de los fundamentos de hecho que contiene el fallo recurrido, particularmente en cuanto concierne por un lado al supuesto empréstito recibido, desde que la simple argumentación acerca de los lazos familiares de los integrantes de la sociedad receptora, así como la omisión de todo cuestionamiento serio en lo atinente a la falta de instrumentación de la operación y ausencia de capacidad económica de los mutuantes, deja incólumes tanto las objeciones originalmente contenidas en los actos impugnados, como el análisis de tales cuestiones llevado a cabo por el Tribunal Fiscal de la Nación.
Y análoga valoración cabe efectuar, de otro lado, en torno de la facturación emitida a nombre de un tercero y que la sociedad accionante ha pretendido emplear como justificativa de sus propias erogaciones a los fines de generar el correspondiente crédito fiscal; pues sobre el punto, el apelante simplemente expone un mero disenso frente a la interpretación y alcances asignados al real contenido de los referidos documentos, sin esgrimir critica o razonamiento fundado y menos aún invocar probanza alguna, que permita tener por cierta y demostrada la existencia de las operaciones en cabeza de la contribuyente.
Las circunstancias mencionadas acotan los alcances de la atribución revisora de esta Sala pues, cuando en el recurso se vuelca un discurso meramente subjetivo, que se limita a reproducir mecánica y acríticamente la postura sostenida desde la presentación inicial y traduce un cuestionamiento formal e insuficiente del pronunciamiento recurrido, terminan quedando incólumes argumentos decisivos en los que hace pie la sentencia apelada, lo que impide su revocación (cfr. C.S.J.N. en Fallos: 333:1657, y expte. A. 1003. XLIV “Alfacar S.A. s/concurso preventivo”, sentencia del 13/12/2011; asimismo, ver Fallos: 328: 645, entre otros). El defecto apuntado merece reproche, si se tiene presente que esta Cámara ha preconizado reiteradamente que la expresión de agravios debe consistir en una crítica concreta y razonada del pronunciamiento apelado. Tal exigencia no se sustituye con una mera discrepancia con el criterio del juzgador, sino que implica el estudio de los razonamientos de aquél, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas. De ahí que se haya podido sostener que el respectivo memorial constituye un acto de petición, destinado específicamente a desvirtuar la sentencia recurrida, con el fin de obtener su revocación o modificación parcial por el tribunal revisor.
A su vez, la exigencia concerniente a la crítica concreta se refiere a la precisión que implica señalar específicamente el agravio vertido, mientras que el requerimiento de que aquella sea razonada, alude a los fundamentos, bases y sustanciaciones del recurso, el cual debe demostrar en qué reside el desacierto del razonamiento contenido en la sentencia que se impugna (cfr., en sentido concordante, Fenochietto, Carlos Eduardo - Arazi, Roland, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, comentado y concordado, T.I, Astrea, Buenos Aires, 1983, págs. 834/837 y esta Sala, in re, “Falk, Gerardo F.J. c/E.N.”, Expte. Nº 1291/05, del 13/03/2012, entre otros).
Por cierto, se ha sostenido reiteradamente que la operación de criticar es muy distinta a la de disentir. En efecto, la crítica debe significar un ataque directo y pertinente a la fundamentación del fallo, con miras a demostrar los errores jurídicos y fácticos que éste pudiere contener. Por el contrario, disentir implica meramente exponer que no se está de acuerdo con la sentencia, según ha tenido oportunidad de indicar esta Sala, tanto en su anterior integración, in re, "Contreras, Hugo S. c/J.E.M.G.E.”, sentencia del 29/03/2011 y sus citas, como en la actual, en autos: “Oro, Guillermo Alberto y otros c/E.N. -D.I.E.”, del 14/02/2012, entre otros. Con una perspectiva afín a la descripta, la Corte Suprema de Justicia ha interpretado que no alcanza para descalificar una sentencia el sostenimiento de una opinión diversa o alternativa a la expresada por el juzgador, de por sí insuficiente para demostrar que ésta conduzca a un apartamiento palmario de la solución jurídica prevista para el caso, o adolezca de una decisiva carencia de fundamentación (cfr. Fallos: 305:1058; 306:598; 324:2460; 327:2168; 329:3979, entre otros en los cuales se descartó la tacha de arbitrariedad).
A la luz de estos principios, pesaba sobre la recurrente el deber de demostrar el error en el que habría incurrido el T.F.N., no pudiendo considerarse razonablemente que haya formulado una crítica seria de la resolución recurrida ante este Tribunal, por cuanto al proceder como se mencionó anteriormente no se hizo debido cargo de los fundamentos dados por el pronunciamiento apelado; por manera que el intento de reeditar argumentos ya invocados en la instancia anterior, importa un defecto de fundamentación insalvable (cfr. esta Sala, in re, “Ramón S.R.L. c/D.G.I.”, expte. Nº 28.367/2019, sentencia del 5/03/2020).
VII. Que, por otra parte, el análisis de las cuestiones planteadas encuadra en la previsión contenida en el art. 86, inc. b), ap. 1º y 2º de la L.P.T., norma que exige a quien pretende la revisión en esta instancia de la plataforma fáctica y de la prueba que gira en torno a ella, acreditar la arbitrariedad en el pronunciamiento del Tribunal a quo, lo que habilitaría tal análisis por parte de esta Cámara. Al respecto, cabe recordar que constituye doctrina jurisprudencial pacífica, sólida y consolidada aquélla que caracteriza qué debe entenderse por arbitrariedad: “[s]ólo cuando se resuelve contra, o con prescindencia, de lo expresamente dispuesto por la ley respecto al caso, se prescinde de pruebas fehacientes regularmente traídas al juicio o se hace remisión a las que no constan en el ” (cfr. Fallos: 207:72 y doctrina concordante posterior; esta Sala, in re, “Sbasseiro, Oscar R. c/D.G.I.”, Expte. Nº 74.716/2018, del 3/04/2019, entre otros).
El criterio imperante en este Tribunal interpreta que de conformidad con lo establecido por el artículo 86 de la ley 11.683, respecto al análisis de las cuestiones de hecho y prueba relacionadas con la causa, se prevé una limitación en razón de la cual corresponde estar a lo decidido por el T.F.N., salvo que se demuestre que se ha incurrido en arbitrariedad manifiesta en la valoración de dichos aspectos (cfr. Sala I, en la causa: “Establecimientos Don Esteban S.A. c/D.G.I.”, del 12/05/2015; esta Sala, in re, “Xenobióticos S.R.L. c/D.G.I.”, Expte. Nº 23.132/2016, del 7/06/2016 y sus citas; Sala III, en autos: “Standard Motors Argentina S.A. c/D.G.I.”, del 12/05/2015; Sala IV, causa: “Valle Escondido c/D.G.I.”, del 17/05/2016 y Sala V, in re, “Sullair Argentina S.A. c/D.G.I.”, del 21/03/2011, entre otros).
De ello se deriva que para que se admita la posibilidad de revisión y de una nueva valoración de la prueba producida por esta instancia, ello solo puede ocurrir cuando el apelante demuestre que la ponderación de los hechos y la prueba del Tribunal Fiscal ha sido arbitraria, o ha dejado de lado elementos relevantes para acreditar los hechos.
En este aspecto se observa, además de las consideraciones ya efectuadas, que la actora formuló una serie de argumentaciones que traducen una discrepancia con el criterio de valoración de la prueba del T.F.N., pero en modo alguno pone en crisis ese razonamiento como para que pueda considerarse arbitrario, ni tampoco da cuenta de que el Tribunal anterior haya dejado de lado pruebas relevantes. Por lo expuesto, no resulta posible tener por procedentes los argumentos de la parte actora.
IX. Que, finalmente, y respecto de las costas de esta instancia, cabe destacar que, con motivo de la decisión adoptada, ellas se imponen a la recurrente, por no advertir razones que justifiquen apartarse del principio general de la derrota (cfr. artículo 68, 1ra parte, del C.P.C.C.N. de aplicación supletoria en los términos del artículo 197 de la ley 11.683).
X. Que, a fin de tratar los recursos interpuestos, cabe recordar que, mediante la regulación de honorarios se busca compensar de modo adecuado la tarea desplegada por los profesionales que se desempeñaron durante la sustanciación de la causa. Para ello debe ponderarse la magnitud del trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido, en concordancia con la complejidad de los intereses económicos en juego y la contribución que cada uno ha aportado para llegar a la solución definitiva del pleito.
Además, a fin de lograr una retribución equitativa y justa no resulta conveniente tan sólo la aplicación automática de porcentajes previstos en los aranceles, en la medida en que las cifras a las que se arriba lleven a una evidente e injustificada desproporción con la obra realizada. Tal proceder, limita la misión del Juzgador a un trabajo mecánico sin un verdadero análisis y evaluación de la tarea encomendada a los abogados, peritos, consultores, etc. (conf. esta Sala ‘in re’ "Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina c/E.N. -M° de Salud y Acción Social- y otro s/Juicios de Conocimientos" del 30 -XII-97 y “Estado Nacional (M.O.S.P. y E.) c/Baiter S.A. “del 2-IV-98, entre otras).
Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional (C.S. Fallos: 270:388; 296:124, entre muchos más).
Y, recientemente en la causa “Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/Misiones, Provincia de s/acción declarativa”, sentencia del 4/09/2018 (Fallos:341:1063), sostuvo, en cuanto a la ley aplicable a los trabajos cumplidos con anterioridad a la entrada en vigencia la ley 27.423 y su promulgación parcial dispuesta por decreto 1077/17 que, en el caso de los trabajos profesionales, el derecho se constituye en la oportunidad en que se los realiza, por lo que el nuevo régimen legal, no es aplicable a los procesos fenecidos o en trámite, en lo que respecta a la labor desarrollada durante las etapas procesales concluidas durante la vigencia de la ley 21.839 y su modificatoria ley 24.432, o que hubieran tenido principio de ejecución y agregó que a los fines arancelarios, los intereses no integran el monto del juicio (v. Cons. 3° y 4° del voto mayoritario). Cabe señalar que el tratamiento de los recursos se lleva a cabo abordando la regulación según la ley aplicable a cada lapso de actuación profesional cumplida, siguiendo las pautas interpretativas fijadas por el Alto Tribunal en el mencionado precedente, por lo que corresponde modificar la regulación de fecha 26/03/2024. Que sobre la base de las consideraciones precedentemente expuestas, cabe tener en cuenta la naturaleza del asunto, resultado y monto involucrado -conf. Resoluciones N° 60/2016 y 61/2016 (DV RRMR), lo resuelto con fecha 12/12/2023 y precedentemente-, y atender al mérito, calidad, eficacia y extensión de los trabajos desarrollados durante las tres etapas del pleito cumplidas, con ajuste a la respectiva normativa vigente en la época de realización de los trabajos profesionales objeto de remuneración.
Por lo que corresponde modificar la regulación, reduciendo los honorarios a las sumas de PESOS CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS ($196.300), PESOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ($78.500), y de PESOS DOSCIENTOS TRECE MIL CUARENTA CON OCHENTA CENTAVOS ($213.040,80) –ésta última, equivalente a 3,15 UMA– los emolumentos de los DRES. EZEQUIEL SILVIO KATZ, VICTOR ARIEL ROCCATAGLIATA y EVANGELINA NATALIA URONDO, respectivamente, por la dirección letrada y representación de la demandada (arts. 6, 7, 19, 22, 37, 38 y ccdtes. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432; y arts. 14, 16, 21, 24, 29, 44 inc. b), 58 y ccdtes. de la ley 27.423 – Dto. 1077/17).
Por las tareas efectuadas en la alzada, atento el resultado obtenido, corresponde regular en la suma de PESOS DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS ($202.896) –equivalente a 3 UMA–; los emolumentos en favor de la DRA. EVANGELINA NATALIA URONDO, letrada apoderada, actuante en la defensa de la demandada (arts. 14, 16, 20, 21, 24, 29, 30, 44 inc. b) y ccdtes. de la ley 27.423).
El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. esta Sala in re: “Beccar Varela Emilio - Lobos Rafael Marcelo –c/Colegio Públ. de Abog." del 16 de julio de 1996). Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga.
Como corolario de lo expuesto, este Tribunal RESUELVE: 1º) rechazar el recurso intentado por la parte actora, con costas (cfr. artículo 68, 1ra parte, del C.P.C.C.N. de aplicación supletoria en los términos del artículo 197 de la ley 11.683), y 2º) reducir los honorarios y fijar los de alzada de conformidad a lo expresado en el Considerando X.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.-
MARÍA CLAUDIA CAPUTI JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS M. MÁRQUEZ
Fin de la sentencia