Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala I · Causa 177.847
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaReceptar el recurso de apelación para dejar sin efecto lo resuelto y hacer lugar a los créditos oportunamente insinuados y aquí en revisión, declarándolos admisibles en el concurso preventivo del incidentado por la suma total de capital en pesos doscientos ochenta y cinco mil novecientos once con 69/100 ($ 285.911,69), con carácter privilegiado de los arts. 214 inc. 4to, 242 y 243 LCQ por la suma de pesos treinta y cinco mil novecientos once con 75/100 ($ 35.911,75) y el saldo con carácter quirografario, más los intereses correspondientes a determinarse y las costas de ambas instancias al demandado vencido, debiendo oportunamente el Sr. Síndico interviniente recalcular los mismos en la quiebra indirecta del aquí demandado, por los motivos dados (arg. arts. 68, 242, 243, 245, 260, 261, 266, 272, 274 y concordantes del CPCyCPBA).
Sala Primera de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mar del Plata Expte. Nº 177847.
Autos: "FO GA BA S.A.P.E.M. C/ ALTAMIRANO HUGO ALBERTO S/ INCIDENTE DE REVISION". Habiéndose practicado oportunamente en esta Sala Primera de la Cámara de Apelación Civil y Comercial el sorteo prescripto por el artículo 263 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, del cual resultó el siguiente orden de votación: 1º) Dr. Rodrigo Hernán Cataldo y 2º) Dr. Alfredo Eduardo Méndez, se reúnen los Señores Magistrados en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos "FOGABA SAPEM C/ ALTAMIRANO, HUGO ALBERTO S/ INCIDENTE DE REVISION”
La Señora Jueza de Primera Instancia rechazó el incidente de revisión promovido por FOMABA SAPEM por los rubros declarados inadmisibles en la resolución verificatoria de créditos dictada el día 30/12/2015 en el marco del concurso preventivo del Sr. Hugo Alberto Altamirano, impuso las costas a la parte actora vencida y difirió para su momento la regulación de honorarios correspondientes.-
La decisión de la “a quo” hizo pie en distintas consideraciones.- Que la incidentista pretendió la revisión de diversos créditos por pesos doscientos noventa y tres mil cuatrocientos sesenta y uno con 99/100 ($293.461,99), los que tienen por causa distintos contratos de garantía oportunamente conferidos por la sociedad que reclama, ante los Bancos de la Provincia de Buenos Aires y el Credicoop Coop. Ltdo., que atendió las fianzas prestadas frente a diversos incumplimientos del cesante, a saber: A) Un préstamo de fecha 13/07/2010 por pesos ciento ochenta mil ($180.000) con el Banco Credicoop Coop. Ltdo., garantizado el día 27/07/2010 y con una posterior prenda con registro, el que fuera cancelado el día 28/07/2015 por la suma de pesos treinta y cinco mil novecientos once con 75/100 ($35.911,75) según recibo pertinente.-
B) Otro préstamo de fecha 30/07/2014 por pesos trescientos mil ($300.000) con la misma entidad, garantizado el 05/09/2014 por el 75 %, el que fuera cancelado el día 28/07/2015 por la suma de pesos doscientos veinticinco mil ($225.000) según recibo pertinente.-
C) Un préstamo de fecha 04/09/2013 por pesos cien mil ($100.000) con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, garantizado el 05/09/2013 por el 75%, el que fuera cancelado el día 10/06/2015 por la suma de pesos veinticuatro mil novecientos noventa y nueve con 94/100 ($24.999,94), según recibo pertinente.
Agregó a todo ello que la parte diferenció en su momento la porción del capital que contaba con privilegio, reclamó los intereses que a su entender le correspondían, las costas y el arancel del caso. Especificó luego las particularidades del incidente de revisión y aquella regla que pone en cabeza del revisor la carga de acreditar la causa válida del crédito y la real existencia del mismo. Meritó, finalmente, que de la documental acompañada a fs. 12/171 y del dictamen del perito contable del día 29/06/2022 resultaban acreditados los préstamos, las garantías otorgadas y las sumas pagadas.- No obstante tales premisas, la juzgadora dejó sentado que el fiador del insolvente se subroga en los derechos del acreedor al que paga, pero no puede pretender un mejor derecho que aquel que tenía el acreedor subrogado. Distinguió las diferentes acciones con que cuenta al efecto de recuperar lo pagado y concluyó que siendo los pagos de fecha posterior a la presentación en concurso del deudor, los créditos en revisión resultaban ser post concursales, por lo que rechazó la revisión dejando a salvo que aquellos debían ser verificados en la hoy quiebra indirecta del Sr. Altamirano, la que fuera decretada el día 07/08/2020.-
Contra tal pronunciamiento, se alzó la parte actora a través de su apoderado Dr. Eugenio Mario Zurita, que dedujó recurso de apelación el día 09/05/2023, remedio que fuera concedido el día 16/05/2023, dio los fundamentos del caso el día 31/05/2023, y los términos dados no fueron replicados por la contraria.-
A juicio del apelante, tres son los motivos por los cuales corresponde revocar lo resuelto. Alega que los créditos que se pretenden son concursales, no nacen con el pago efectuado sino con los contratos de fianza. Invoca la clara norma del art. 32 LCQ de la que sigue el deber de insinuar verificación al garante por su crédito condicional. Cita jurisprudencia en su apoyo. Agrega, que la remisión a una verificación tardía dentro de la quiebra indirecta del Sr. Altamirano, le ocasiona un claro perjuicio a los derechos que detenta a tenor del CCC. Por último, cuestiona la imposición de costas.-
En base a ello, los Señores Jueces resolvieron plantear y votar las siguientes:
1ra.) ¿Es justa la sentencia dictada para el 28/04/2023?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. RODRIGO HERNAN CATALDO DIJO:
I. Antes de ingresar en aquello que es materia de agravio, dejo constancia que de todas las alegaciones dadas por el apelante, las que fueron brevemente reseñadas en los antecedentes de este acuerdo, solo trataré aquellas que estimo atinentes para decidir este conflicto, puesto que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo las que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (CSJN Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225, etc.); como tampoco tienen el deber de ponderar todas las pruebas agregadas, sino aquellas que estiman apropiadas (CSJN Fallos 274:113; 280:3201; 144:611).-
Tampoco resulta ocioso rememorar que la jurisdicción de los tribunales de segunda instancia está limitada por el alcance de los recursos concedidos que determinan el ámbito de su competencia decisoria y que la prescindencia de tal limitación afecta la garantía constitucional de la defensa en juicio (CSJN Fallos 235:171 y 512; 237:328; 281:300; 301:925; 304:355; 311:1601; 313:983; 319:2933; 339:1308, 1567 y 1801, entre muchos otros).- Así las cosas, corresponde dejar debida constancia que la presente apelación se da en el marco de un incidente de revisión promovido por un acreedor cuyo crédito fue declarado inadmisible y, en consecuencia, este debía alegar y probar el crédito cuya admisión pretende.-
Me permito reiterarlo, el acreedor no solo debe invocar (como en la verificación tempestiva), sino acreditar y probar la existencia y causa del crédito en revisión, ya que pende en su cabeza tal carga procesal y en consecuencia, de no cumplir con la misma, se sigue el rechazo de la revisión (ver al respecto de esta Cámara, Sala II, sentencia del 16/09/2003 in re “Charlie SRL”, JA 2005-III-49, nro. 24; criterio que se reitera en muchísimos casos, valga como ejemplo “CNCom., Sala B, sentencia del 29/12/2003 in re “Correo Argentino SA”, Ja 2004-IV-55, nro. 50; y todos aquellos citados en GUILLERMO PESARESI “Ley de Concursos y Quiebras, anotada con jurisprudencia, Ed. Abeledo Perrot, pág. 299, notas 1515 y sgtes).-
A juicio de la “a quo”, de la documental acompañada a fs. 12/171 y del dictamen del perito contable del día 29/06/2022, resultan acreditados los préstamos, las garantías otorgadas y las sumas pagadas.-
Amén de ello, la juzgadora consideró que los créditos en revisión en tanto fueron pagados en fecha posterior a la presentación en concurso del deudor, son post concursales, por lo que rechazó la revisión dejando a salvo que aquellos debían ser verificados en la hoy quiebra indirecta del Sr. Altamirano, la que fuera decretada el día 07/08/2020.-
En consecuencia mi ponencia se circunscribe a determinar si los créditos del caso son o no concursales.-
II. Adelanto que el recurso prospera puesto que le asiste la razón al apelante por los tres motivos que alega.-
En primer lugar, se impone rememorar lo dispuesto en el art. 32 LCQ, en su parte pertinente, “Todos los acreedores por causa o título anterior a la presentación y sus garantes, deben formular al síndico el pedido de verificación de sus créditos, indicando monto, causa y privilegios”.- Al que se le adiciona el art. 125 LCQ en lo pertinente “Quedan comprendidos los acreedores condicionales, incluso aquellos cuya acción respecto del fallido queda expedita luego de excusión o cualquier otro acto previo contra el deudor principal”.-
Como enseñaba el maestro Maffia, cuando la ley dice “deben”
establece un requisito de viabilidad o en otras palabras, si un acreedor desea que su crédito sea reconocido, ha de cumplir con los siguientes requisitos:
a) Su crédito ha de ser anterior a la presentación, léase anterior a la fecha en se presentó la demanda de concurso preventivo, y b) Esa anterioridad se requiere de la causa o del título, ello equivale al negocio fundante, como documento, prueba y comprobante de aquel.- Y esta última, en la explicitada acepción de la causa, es la razón por la cual los garantes deben pedir verificación, pues solo así, si el acreedor del concursado les cobra a ellos, podrán repetir del deudor original en el concurso y en la medida que les toque (ver de Osvaldo MAFFIA “La Ley de Concursal Comentada”, Ed. Depalma, Tomo I, pág. 98).-
Ello obedece a que los garantes de las obligaciones del concursado resultan ser acreedores eventuales o condicionales (RIVERA, CASADIO MARTINEZ, DI TULLIO, GRAZIABILE, RIVERA y ROUILLON, ver los primeros en “Derecho Concursal” Ed. La Ley, Tomo II, pág. 194 y el último en “Codigo de Comercio, comentado y anotado, Tomo IV-A, pág. 406).- La LCQ impone la carga apuntada a las obligaciones condicionales strictu sensu (arts. 528 del CC Ley 340, hoy 343 CCC) como a cualquier otra obligación cuyo nacimiento o cuyo ejercicio estuviera subordinado al acaecimiento de un hecho o al cumplimiento de alguna actividad, aunque estos no fuesen futuros o inciertos. Por ello lo de acreedores eventuales, que comprende los condicionales.-
Sirva a título de ejemplo, dentro de los eventuales (que incluyen los condicionales), se encuentran básicamente tres supuestos: i) las acreencias cuyo nacimiento, determinación o exigibilidad estan condicionadas a una sentencia a dictarse en sede extraconcursal ii) las obligaciones de repetición y de reembolso a cargo del concursado o fallido y en favor de garante, fiador, codeudor o principal pagador del concursado o fallido, siempre bajo condición del efectivo pago por parte de quien invoca el rol o la posición de garante del pago; iii) los créditos cuyo nacimiento o exigibilidad estuviesen diferidos hasta el efectivo cumplimiento de un requisito o de una carga todavía no satisfechos; y iv) las obligaciones sujetas a condición suspensiva o resolutoria propiamente dicha (arts. 528 del CC Ley 340, hoy 343 CCC).- Reitero, los garantes deben verificar puesto que son concursales. En ello radica el yerro de la sentenciante. El garante como acreedor eventual se le impone la carga de insinuarse por ser justamente garante del concursado y como tal, concursal, pues ha garantizado las deudas de aquel y solo podrá repetir lo que eventualmente pague a los acreedores del concursado o fallido.-
Todo lo dicho se ratifica en la jurisprudencia (ver en tal sentido la que apunta Guillermo Mario Pesaresi “Ley de Concursos y Quiebras” Ed. Abeledo Perrot, bajo el art. 32, págs. 272 y siguientes, en las notas 1385 a 1396).-
Dos circunstancias presentes en supuestos como el de autos pueden llevar a la confusión; con el ánimo de aventarlas, me permito explicitarlas.- Cualquiera sea el evento que condiciona el crédito (en el caso bajo análisis, el efectivo pago), corresponde precisar que aun cuando el garante obtenga verificación no ejercerá ningún derecho en el concurso o la quiebra sino desaparece la eventualidad. Pero ello no obsta al derecho de obtener verificación.-
Lo segundo, la sola posibilidad de que eventualmente puedan pagar, coloca a los garantes en situación de peticionar la verificación del monto respectivo, para que si ese pago se concreta, exijan al concurso o quiebra. La ley impone la insinuación de este acreedor futuro para protegerlo en el caso de que se produzca el hecho que determina su derecho (ver Pablo HEREDIA “Tratado exegético de derecho concursal”, Ed. Abaco, Tomo I, pág. 670; y del mismo autor “Verificaciones de créditos concursales de características o en situaciones atípicas”, RDCO 255-1).-
III. No es del caso que me explaye sobre la fianza en sí, sino sobre las opciones que se le presentan al fiador que paga (para el primero ver LEIVA FERNANDEZ, Luis, "Consideraciones sobre el contrato de fianza en el Código Civil y Comercial", JA 2015-III-1071; LORENZETTI, Ricardo, "Teoría de los Contratos", Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, 2000, T III, pág. 490; DI CHIAZZA, Iván, "Fianza y principal pagador", LA LEY 2018-A-471; ANAYA, Jaime Luis y TRIGO REPRESAS, Félix A., "El "principal pagador" en el derecho civil y en el derecho comercial", LA LEY 2006-A-1153; entre muchísimos).-
Así las cosas, quien atiende la deuda, por imperio de la ley, queda subrogado en los derechos del acreedor, pudiendo exigir el reembolso de lo que ha pagado, con sus intereses desde el momento del pago, y los daños que haya sufrido como consecuencia de la fianza (arts. 915 y 1592 del CCC).-
Ahora, relacionando esto último con lo anterior, para el caso de dictarse sentencia de apertura del concurso preventivo del deudor, y como ya lo he explicitado, el fiador deberá presentarse y verificar su crédito con la finalidad de participar del dividendo, por el monto al que pudiera tener derecho a repetir si debiera hacer frente a la obligación. Claro está, que el derecho al cobro dependerá de la efectiva cancelación de la deuda a la que estaba obligado (arts. 915, 918 y 1592 del CCC y arts. 21, 32 y 56 de la LCQ, asimismo, ver de ROJO VIVOT, Rómulo y Emilio “El fiador solidario y principal pagador, su situación frente al concurso preventivo del obligado al pago”, RCCyC Noviembre de 2021, pág. 213).-
Sentado ello, en mi opinión, resulta de la documental acompañada a fs. 12/171, que en este acto tengo a la vista; y del dictamen del día 29/06/2022 dado perito contable CPN Maximiliano José Ramacciotti (sobre todo en los puntos a/f y 2), que los préstamos, las garantías otorgadas y las sumas pagadas por la entidad revisionista, se encuentran debida y suficientemente acreditados, según el siguiente detalle:
Fecha Importe 28/07/2015 $35.911,75 28/07/2015 $225.000,00 10/08/2015 $24.999,94 Total $285.911,69 Por el mentado informe, del que no encuentro razones para apartarme (arg. arts. 330, 375, 384, 457, 474 y concordantes del CPCyCPBA, y arts. 1, 32, 36, 37, 77, 88, 125, 280 y concordantes LCQ), corresponde receptar los créditos oportunamente insinuados y aquí en revisión, declarándolos admisibles en el concurso preventivo del incidentado por la suma total de capital en pesos doscientos ochenta y cinco mil novecientos once con 69/100 ($ 285.911,69), con carácter privilegiado de los arts. 214 inc. 4to, 242 y 243 LCQ por la suma de pesos treinta y cinco mil novecientos once con 75/100 ($ 35.911,75) y el saldo con carácter quirografario, más los intereses correspondientes a determinarse oportunamente.-
IV. Respecto de las costas, esta Alzada como el Supremo Tribunal Provincial, han dejado sentado en reiteradas oportunidades que las costas en los incidentes de revisión y de verificación tardía deben ser impuestas al acreedor, salvo que: a) la demora en solicitar dicha verificación obedezca a la imposibilidad de la presentación en término; o b) cuando media oposición del concursado o la sindicatura y la controversia generada sólo puede ser resuelta mediante una decisión del juez del concurso. En estos dos supuestos cobran virtualidad las normas procesales, y en el primer caso corresponderá hacer mérito de la imposibilidad para eximir al acreedor, mientras que en el segundo, los gastos causídicos deberán ser soportados por quien resultara vencido en el pleito (arg. arts. 68, 69 y 274 del CPCyCPBA; arts. 278 y concordantes; SCJPBA en las causas Ac. 69.271 sent. del 29-II-2000, Ac. 79.998 sent. del 24-III-2004, Ac. 86.194 sent. del 9-XI-2005, y Ac.. 96.036 sent. del 10-XII-2008, entre otras).-
En virtud de lo cual, resulta atinente lo alegado en tercer término por la apelante, corresponde dejar sin efecto lo resuelto al respecto, e imponer las costas de ambas instancias al demandado vencido en razón del principio de la derrota.-
V. Para terminar, si me tesitura es apoyada, resulta claro que NO le corresponde a la parte actora acudir a verificar a la quiebra indirecta de su deudor.-
En la sentencia del día 07/08/2020 se decretó la quiebra indirecta del Sr. Hugo Alberto Altamirano por no alcanzar las conformidades suficientes a la propuesta dada en el periodo de exclusividad, disponiéndose asimismo, que los acreedores concurrentes al concurso preventivo no requerirán solicitar nueva verificación, procediendo el Sr. Síndico a recalcular sus créditos según su estado (conf. arts. 55, 202 LCQ) (ver al respecto el punto 16 en https://mev.scba.gov.ar/proveido.asp?pidJuzgado=GAM493&sCodi=741429 &nPosi=19020185&sFile=a&MT=). Ergo, arribados los presentes a Primera Instancia, deberá procederse de tal modo.-
Corresponde entonces receptar los agravios del apelante para revocar lo resuelto oportunamente y acoger el presente incidente de revisión con costas al demandado vencido, declarando admisibles los créditos insinuados con el alcance expuesto, debiendo el Sr. Síndico interviniente recalcular los mismos en la quiebra indirecta del aquí demandado.-
ASÍ LO VOTO.-
EL SEÑOR JUEZ DR. ALFREDO EDUARDO MÉNDEZ VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. RODRIGO HERNÁN CATALDO DIJO:
Corresponde, si mí tesitura ha de prosperar, receptar el recurso de apelación para dejar sin efecto lo resuelto y hacer lugar a los créditos oportunamente insinuados y aquí en revisión, declarándolos admisibles en el concurso preventivo del incidentado por la suma total de capital en pesos doscientos ochenta y cinco mil novecientos once con 69/100 ($285.911,69), con carácter privilegiado de los arts. 214 inc. 4to, 242 y 243 LCQ por la suma de pesos treinta y cinco mil novecientos once con 75/100 ($35.911,75) y el saldo con carácter quirografario, más los intereses correspondientes a determinarse y las costas de ambas instancias al demandado vencido, debiendo oportunamente el Sr. Síndico interviniente recalcular los mismos en la quiebra indirecta del aquí demandado, por los motivos dados (arg. arts. 68, 242, 243, 245, 260, 261, 266, 272, 274 y concordantes del CPCyCPBA).-
ASÍ LO VOTO.-
EL SEÑOR JUEZ DR. ALFREDO EDUARDO MÉNDEZ VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.-
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S E N T E N C I A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por los fundamentos consignados en el precedente acuerdo, se resuelve: Receptar el recurso de apelación para dejar sin efecto lo resuelto y hacer lugar a los créditos oportunamente insinuados y aquí en revisión, declarándolos admisibles en el concurso preventivo del incidentado por la suma total de capital en pesos doscientos ochenta y cinco mil novecientos once con 69/100 ($ 285.911,69), con carácter privilegiado de los arts. 214 inc. 4to, 242 y 243 LCQ por la suma de pesos treinta y cinco mil novecientos once con 75/100 ($ 35.911,75) y el saldo con carácter quirografario, más los intereses correspondientes a determinarse y las costas de ambas instancias al demandado vencido, debiendo oportunamente el Sr. Síndico interviniente recalcular los mismos en la quiebra indirecta del aquí demandado, por los motivos dados (arg. arts. 68, 242, 243, 245, 260, 261, 266, 272, 274 y concordantes del CPCyCPBA). NOTIFÍQUESE la presente por el sistema En la ciudad de Mar del Plata, se procede a continuación a la firma digital de la presente, conforme Ac. 3975 de la SCBA.
Fin de la sentencia