Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa F-2539/19-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 988/998 vta. por quebrantamiento de formas sustanciales, y en consecuencia, declarar la nulidad de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 964/980, reenviando las presentes actuaciones a la misma para que, con nuevos jueces hábiles, dicte sentencia conforme a derecho y según corresponda, debiendo tener presente las consideraciones desarrolladas precedentemente.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: F-2539/19-TSJ Sentencia Nº: 730 Actor:
Demandada:
Objeto:
Fecha: 08-05-2023 Texto: TOMO XXIII -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 730 FOLIO Nº 4417/4422 PROT. ELECT. TSS1005S.231
Río Gallegos, 8 de mayo de 2023.-
Los presentes autos caratulados: “FONSECA PABLO BENIGNO c/ SEAVE S.A. s/ DEMANDA LABORAL”, Expte. Nº F-13.688/12 (F-2359/19-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte demandada (cfr. fs. 988/998 vta.) contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial (cfr. fs. 964/980) que admitió parcialmente la demanda promovida por Pablo Benigno Fonseca en contra de SEAVE S.A. “…respecto de la acción por pago de la indemnización del art. 52 de la ley 23.551 consistente en una suma equivalente al importe de las remuneraciones durante el tiempo transcurrido en el caso, durante el año de estabilidad posterior restante de tutela, es decir entre el despido ocurrido el día 21 de mayo de 2011 hasta el 16 de noviembre de 2012…”, con más intereses computados a la tasa activa promedio mensual que emplea el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento comerciales, desde que la indemnización debió abonarse y hasta el efectivo pago (cfr. fs. 979 vta./980).-
II. En la especie, el actor promovió demanda laboral con el objeto de que se condene a la empresa Seave S.A. a cesar un acto discriminatorio contra su persona, instrumentado mediante su despido sin justa causa, solicitando que se lo reintegre en su puesto de trabajo -bajo apercibimiento de aplicar astreintes-, con más los salarios caídos hasta su efectivo reintegro en razón de la nulidad de dicho distracto. Además, hizo expresa reserva de accionar por los daños que esa conducta discriminatoria le provocó (cfr. fs. 101/110).-
Para sustentar sus pretensiones acudió a un doble orden de fundamentación.-
Por un lado, adujo que el despido obedeció a su condición de trabajador y a su actuación como activista gremial e invocó como argumento de derecho lo dispuesto por los artículos 17 y 81 de la Ley de Contrato de Trabajo y el artículo 1º de la Ley Nº 23.592 (cfr. foja 105 vta.). En este contexto, alegó la existencia de represalias de parte de la Intervención en el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de la Provincia de Santa Cruz contra un grupo de trabajadores que impulsaban la convocatoria a elecciones y la pronta normalización de la organización gremial.-
Por el otro, sostuvo que el despido violó la tutela sindical y el ejercicio de funciones gremiales. Señaló que entre la fecha de notificación del cese de sus funciones como Secretario de Actas, Prensa y Propaganda del Sindicato Petrolero y Gas Privado Santa Cruz y la de extensión del vínculo laboral no había transcurrido el plazo legal de un año establecido por el artículo 48 de la Ley Nº 23.551. En este marco, apoyó su reclamo en lo dispuesto por el artículo 52 y expuso que se produjo una violación flagrante a un derecho y garantía de raigambre constitucional, cuya tutela es reglamentada por el Título XII de la precitada ley, lo que conlleva la nulidad del distracto y, como corolario de ello, a la reinstalación a su puesto de trabajo y al pago de los salarios caídos durante el trámite judicial (cfr. fs. 107 vta./108).- En su réplica de la demanda, la empleadora postuló la improcedencia de la acción de reinstalación, en tanto a la época de ingreso a la empresa el trabajador carecía de derechos sindicales y, por lo tanto, resultaba inaplicable el artículo 52 de la Ley Nº 23.551. Dijo, asimismo, que la pretensión enderezada a calificar de discriminatorio al despido con apoyo en la Ley Nº 23.592 era antojadiza (cfr. fs. 123/124).-
La demanda fue desestimada en la instancia de origen (fs. 933/937), lo que fue apelado por el actor (cfr. fs. 939/949).-
El tribunal de alzada acogió parcialmente el recurso de apelación entablado por el accionante. En consecuencia, admitió de modo parcial la demanda entablada, ordenando el pago de la indemnización prevista en el artículo 52 de la Ley Nº 23.551 (cfr. foja 979 vta.).-
Inicialmente circunscribió el objeto de la demanda. Expuso que en autos se ha recurrido a una acumulación objetiva de acciones, en tanto se pretende la reinstalación mediante dos vertientes: (i) al tildarse de discriminatorio al despido de conformidad con el artículo 1º de la Ley Nº 23.592, por su actuación como activista gremial en un paro general de actividades votado en asamblea y (ii) por violar la tutela sindical del artículo 52 de la ley citada (cfr. foja 971).-
Descalificó las aseveraciones vertidas por el actor, en punto a que su ingreso a la empresa se produjo con motivo del traspaso de una serie de trabajadores de Skanska S.A. a Seave S.A., como resultado de acuerdos celebrados ante la autoridad administrativa con la participación de Pan American Energy. Precisó que no hay constancias que acrediten una transferencia de personal y que lo único claro era que el actor no se habría reintegrado a Skanska S.A. al cesar como dirigente gremial y que, en cambio, ingresó a laborar para la demandada el 3 de agosto de 2011. Dijo, asimismo, que para aquel entonces su desempeño sindical había cesado por decisión de la intervención del sindicato, en hecho ajeno a la accionada (cfr. fs. 971 vta./972).- Al examinar el despido discriminatorio alegado, la Excma.
Cámara de Apelaciones, sostuvo que el trabajador tiene en este tipo de casos la carga de aportar un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona un derecho fundamental y con ello poner de manifiesto el motivo oculto del despido. Puntualizó que recién con el aporte de este indicio recae sobre el empleador la carga de acreditar que el despido obedece a razones extrañas a cualquier discriminación. Bajo esta premisa, advirtió que en la presente causa faltaba el aporte probatorio de indicios sobre las causales de discriminación aducidas. Recalcó que al contestar la comunicación del distracto, el actor lo califico de discriminatorio sin aludir a un motivo específico (v.gr. políticos, de sexo, religión o gremiales) y que fue recién en su demanda que invocó su condición de activista gremial y el ejercicio de funciones sindicales.
Restó relevancia al argumento introducido en la apelación, relativo a la que se le habría denegado la asignación de tareas para que no mantenga contacto diario con sus compañeros (cfr. fs. 972 vta./ 974 vta.).- No obstante, consideró que el empleado gozaba de estabilidad sindical, la que debía comenzar a computarse desde el 16 de noviembre de 2011, fecha en la cual fue ratificada la intervención del sindicato. Teniendo en cuenta que en la absolución de posiciones, el presidente de la empresa demandada reconoció la condición de integrante de la Comisión Directiva del Sindicato y que fue incorporado durante el año posterior a su cese en que gozaba de tutela, consideró pertinente admitir la acción por pago de la indemnización del artículo 52 de la Ley Nº 23.551, la que estimó: “…en una suma equivalente al importe de las remuneraciones durante el tiempo, en el caso, del año de estabilidad posterior restante, es decir desde el 21 de mayo de 2012 hasta el 16 de noviembre de 2012.” (cfr. foja 975 y vta.).
Determinó que esa suma debería ser establecida en la etapa de ejecución de sentencia y estableció, por mayoría, que a ese resultado se le adicionarían intereses computados a la tasa activa promedio que emplea el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento comerciales, desde que la indemnización debió abonarse y hasta el efectivo pago (cfr. foja 975 vta. y 978 vta.).-
III. Contra este pronunciamiento, la demandada interpone recurso de casación, aduciendo quebrantamiento de forma y violación de la ley (cfr. fs. 990/998).-
En su agravio inaugural alega la infracción al principio de congruencia. Dice que la sentencia en crisis se apartó del debate propuesto por las partes, saltando el perímetro que le imponen la demanda y su contestación, dado que el actor no reclamó el pago de la indemnización contemplada en el artículo 52 de la Ley Nº 23.551 (cfr. fs. 990 y vta. ).-
En segundo término, plantea un supuesto de autocontradicción. Destaca que en los fundamentos del acto decisorio, los créditos laborales se fijaron por el lapso comprendido entre el 21 de mayo y el 16 de noviembre de 2012, mientras que en su parte dispositiva se los determinó por el período que va desde el 21 de mayo de 2011 hasta el 16 de noviembre del año siguiente. En este contexto, señala que ambas partes reconocieron en sus escritos postulatorios que el inicio del vínculo laboral se concretó el 3 de agosto de 2011, por lo que resulta imposible condenar a su parte por un tiempo anterior. En su opinión, la deficiencia que acusa igualmente importa un supuesto de incongruencia (cfr. fs. 991 y vta.).- En tercer lugar, denuncia la violación de la Ley Nº 23.511 y nuevamente hace hincapié en la incongruencia en la que incurre el tribunal de grado. Manifiesta que basta con observar detenidamente el objeto de la demanda para advertir que el actor jamás reclamó el crédito previsto en el artículo 52 de la precitada ley. Igualmente, asevera que se pasó por alto que el actor, con motivo de la intervención decretada el 24 de abril de 2011, cesó en sus funciones gremiales, quien fuera notificado de la cesación de sus derechos sindicales el 26 de junio y que ingresó a trabajar para su empresa el 3 de agosto del mismo año (cfr. fs. 992 vta./994).- En otro orden, critica la valoración realizada en torno a la prueba confesional concretada por el presidente de la empresa y la hermenéutica que el fallo de grado atribuye a los artículos 47 a 52 de la ley citada. Resalta la inexistencia de constancias en la causa que demuestren que el actor o el sindicato hayan efectuado las comunicaciones previstas en texto legal de referencia para que opere la garantía gremial (cfr. fs. 994 vta../ 996).-
Objeta la tasa de interés que aplicó el órgano de alzada, sustentando su cuestionamiento en la doctrina forjada por este Tribunal Superior de Justicia en la causa “Díaz c/ Provincia de Santa Cruz s/ laboral” y también se queja por la imposición de las costas a su cargo, procurando que sean distribuidas de conformidad al artículo 71 del CPCyC (cfr. fs. 997/998).-
Hace reserva del caso federal (cfr. foja 998).-
Declarado formalmente admisible por la Excma. Cámara de Apelaciones (cfr. fs. 1000 y vta.), este Alto Cuerpo lo declara bien concedido (cfr. fs. 1016 y vta.), poniendo los autos a disposición de las partes a los fines dispuestos en el artículo 8º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, sin que ninguna de las partes haya hecho uso de esta facultad (cfr. certificación que luce a foja 1019).-
El Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Alto Cuerpo dictamina, por los fundamentos que allí invoca y a los cuales nos remitimos en honor a la brevedad, señalando que únicamente ha de prosperar el agravio vinculado con la tasa de interés, debiéndose hacer lugar parcialmente al recurso de casación incoado (cfr. PE66987-2021).-
En PE77598-2021 se llaman autos para dictar sentencia y pasan los presentes a estudio en PE87921-2021.-
IV. Conforme ha quedado planteada la cuestión extraordinaria provincial articulada por la demandada, ésta se desarrolla en el ámbito de los carriles impugnativos previstos en los artículos 2º y 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, por cuanto su impugnación se fundamenta en el quebrantamiento de forma y violación de la ley.-
Por una cuestión de orden metodológico se abordará, en primer término, el recurso desde el prisma del artículo 2º de la citada norma, ya que de existir quebrantamiento de forma, resultaría inoficioso analizar el resto de los agravios planteados.-
En efecto, este Excmo. Tribunal Superior de Justicia tiene dicho que todo tratamiento de la forma de juzgar requiere como base previa una sentencia válida en cuanto a las formas estructurales que le fija la ley procesal (cfr. Sentencia, Tomo XVIII, Reg. 624, Folio 3591/3596, entre otros), por lo que de verificarse que la decisión judicial bajo estudio carece de los requisitos establecidos en la ley ritual, se tornaría estéril el examen de las restantes objeciones formuladas.-
V. De acuerdo al programa recursivo trazado resulta imperativo, entonces, revisar la estructura formal del pronunciamiento de Segunda Instancia a efectos de verificar si se ha transgredido el principio de congruencia.-
Este postulado exige una real correspondencia entre la sentencia y lo peticionado o planteado por las partes. Ha sido conceptualizado por este Alto Cuerpo como: “…la correlación que debe haber entre la pretensión y la decisión, aspecto éste que fluye naturalmente en nuestra normativa procesal, incorporada por el art. 34, inc. 4º y desarrollado conceptualmente en el art. 164 inc. 6°, ambas disposiciones del Cód. Proc. Civ. y Comercial, sin perjuicio de otras normas concordantes y correlativas…” (cfr. Sentencia, Tomo I, Reg. 24, Folio 95/102; Tomo II, Reg. 84, Folio 369/374; Tomo IV, Reg. 144, Folio 699/705; Tomo VII, Reg. 237, Folio 1280/1287; Tomo XII, Reg. 414, Folio 2257/2260, entre otros). Este último mandato adjetivo resulta extensible también a las sentencias de Segunda Instancia, según lo preceptuado por el artículo 165 del mismo cuerpo normativo. A su vez, estas disposiciones resultan de aplicación a los procesos laborales, en virtud de la remisión normativa contenida en el artículo 121 de la Ley Nº 1444.- Este principio adquiere en el marco de los procedimientos laborales confines más laxos, al punto de que se autoriza a los jueces a resolver ultra petita (cfr. art. 40 de la Ley Nº 1444). Empero, “…les está vedada la posibilidad de resolver extra petita ('por fuera de lo pedido'), hipótesis que se configura cuando el sentenciante decide sobre lo que no está en juicio -materia de debate-, conteniendo el fallo algo distinto a lo que fue objeto de la pretensión y de la oposición” (cfr. Sentencia, Tomo XX, Reg. 684, Folio 3984/3991).-
VI. En el caso bajo juzgamiento, al designar la cosa demandada (art. 45, inc. 3º de la Ley Nº 1444), el accionante solicitó que se condenara a la empresa accionada a cesar el acto discriminatorio en su contra, instrumentado mediante un despido sin justa causa, dado su condición de trabajador gremialista. En razón de ello, peticionó: (i) su reintegro, bajo apercibimiento de aplicar astreintes y (ii) el pago de los salarios dejados de percibir desde el mes de mayo de 2012 hasta su efectivo reintegro (cfr. foja 101).-
Al explicitar los fundamentos de hecho y de derecho sobre los cuales apontocaba su demanda, dejó en claro que exigía la “declaración de nulidad” (cfr. foja 108) del distracto, al reputarlo violatorio del artículo 52 de la Ley Nº 23.551. Luego de rememorar que se había desempeñado como miembro de la Comisión Directiva del Sindicato Petrolero y Gas Privado Santa Cruz (en calidad de Secretario de Actas, Prensa y Propaganda) y describir la manera en la cual cesó en ese cargo, tras la intervención de la referida organización sindical (cfr. foja 107 y vta.), afirmó que esa vulneración “…nos lleva, al ser un acto prohibido, a su nulidad y consecuentemente a la sanción que dicha norma prevé…que es de (sic) la reinstalación a mi puesto de trabajo y el pago de los salarios caídos durante todo el trámite judicial…” (cfr. foja 108).- De ello, emerge con claridad que el trabajador ha instado una acción de reinstalación.-
VII. La Constitución Nacional establece que: “…Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.” (cfr. art. 14 bis, segundo párrafo). Esta protección específica implica que aún cuando un empleador entienda que exista justa causa, deberá solicitar autorización judicial para adoptar medidas que impidan o restrinjan la libertad sindical de aquellos sujetos que ocupan cargos de representación sindical. La Ley Nº 23.551 es la encargada de instituir un sistema de cobertura para preservar la vigencia de este derecho fundamental. Concretamente, el primer párrafo de su artículo 52, al regular la acción de exclusión de tutela sindical, estipula -en su parte pertinente- que: “Los trabajadores amparados por las garantías previstas en los artículos 40, 48 y 50 de la presente ley, no podrán ser…despedidos…si no mediare resolución judicial previa que los excluya de la garantía…”.- La violación de esta garantía habilita una modalidad de acción de cumplimiento en natura, cuya finalidad tiende a reponer la situación alterada al estado anterior a la violación.
En tal sentido, los párrafos segundos y tercero del artículo 52 de la ley mencionada, prescriben que: “La violación por parte del empleador de las garantías establecidas en los artículos citados en el párrafo anterior, dará derecho al afectado a demandar judicialmente, por vía sumarísima, la reinstalación de su puesto, con más los salarios caídos durante la tramitación judicial…Si se decidiere la reinstalación, el juez podrá aplicar al empleador que no cumpliere con la decisión firme, las disposiciones del artículo 666 bis del Código Civil (actual art. 804 del CCyCN), durante el período de vigencia de su estabilidad”.- Al explicar el alcance de la sentencia en este tipo de acciones, Carlos Alberto Etala dice que: “…en el caso de que la acción de reinstalación prospere, debe ordenar al empleador demandado a reinstalar al trabajador afectado en su puesto de trabajo… y, además, al pago de los salarios caídos…” y agrega que: “Es evidente, entonces, que la condena impone una obligación de hacer y no de dar.” (cfr. autor cit., “Derecho colectivo del trabajo”, Asociaciones sindicales.
Convenios colectivos. Conflictos. Conciliación y arbitraje. Huelga. 2ª edición actualizada y ampliada, Astrea, Ciudad de Buenos Aires, 2007, págs. 263 y 264).- De su lado, el cuarto párrafo del mencionado artículo 52 brinda al trabajador la opción de reclamar una indemnización. En su parte pertinente, establece: “El trabajador…podrá optar por considerar extinguido el vínculo laboral en virtud de la decisión del empleador, colocándose en situación de despido indirecto, en cuyo caso tendrá derecho a percibir, además de indemnizaciones por despido, una suma equivalente al importe de las remuneraciones que le hubieren correspondido durante el tiempo faltante del mandato y el año de estabilidad posterior…”.-
Al respecto, Carlos Alberto Toselli explica que: “La norma… tiene su fundamento en que el acto del empleador que intentó proceder a despedirlo… sin haber realizado el trámite judicial de la exclusión de la tutela sindical, configura injuria suficiente que habilita al trabajador a dar por extinguido el vínculo. Y ello es así por cuanto siendo el acto empresarial, un acto nulo, al rechazarlo el trabajador hace efectivo el despido indirecto y reclama en un juicio ordinario de conocimiento laboral las indemnizaciones pertinentes, es decir las especiales de la acción sindical y también las contractuales derivadas del despido indirecto en que se coloca…” (cfr. autor cit.: “Amparo del dirigente sindical. Doctrina y jurisprudencia al respecto”, www.informacionlegal.com.ar. Cita On line: AR/DOC/11392/2003).- Por su parte, el artículo 30 del Decreto Reglamentario Nº 467/88 de la Ley Nº 23551, en su párrafo tercero señala que: “El representante electo, en ejercicio de su mandato o, concluido éste, mientras perdure la estabilidad garantizada por el artículo 52 de la ley, podrá en caso de que el empleador lo despidiere…colocarse en situación de despido indirecto, si el empleador no hiciere efectiva la reinstalación o no restableciere las condiciones de trabajo alteradas, dentro del plazo que fije a ese efecto la decisión judicial firme que le ordene hacerlo. Podrá ejercer igual opción, dentro del quinto día de quedar notificado de la decisión firme que rechazarse (sic) la demanda articulada por el empleador para obtener la exclusión de la garantía”.-
VIII. En cuanto al momento en que el trabajador puede ejercer la opción indemnizatoria, “…Una clara mayoría en doctrina entiende que la misma esta disponible en tres oportunidades: a) Como respuesta directa del trabajador ante la comunicación del acto prohibido; b) como secuela de un pleiteo de reinstalación exitoso, siempre que el empleador demandado fuere renuente en cumplir la condena; c) como secuela de un pleito de exclusión promovido por el empleador, dentro del plazo de 5 días de quedar firme la sentencia que rechazó la demanda.” (cfr. Machado, José Daniel y Ojeda, Raúl Horacio: “Tutela de la Representación Gremial”, en Ackerman Mario E. Director - Tosca Diego M. Coordinador en: “Tratado de Derecho del Trabajo. Relaciones Colectivas de Trabajo - I”, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2007, Tomo VII, pág. 747).- Ninguno de estos supuestos se configura en el presente litigio.-
En cuanto a la primera posibilidad, es evidente que la misiva remitida por el trabajador en respuesta al despido dispuesto por su empleadora, intimando a su reincorporación (cfr. foja 2) denota la clara ausencia de voluntad tendiente a ejercitar -como respuesta directa- la opción indemnizatoria.-
Tampoco podría subsumirse el caso bajo la segunda de las hipótesis reseñadas, ante la inexistencia de una declaración judicial firme que ordene la reinstalación y la consiguiente contumacia que describe el artículo 30 del Decreto Reglamentario Nº 467/88, de la norma citada.-
Finalmente, es dable indicar que la actual contienda no guarda correspondencia alguna con el tercero de los escenarios planteados, por cuanto no surge constancia alguna que de cuenta que se ha promovido juicio de exclusión de tutela sindical.-
Al panorama descripto, cabe adicionarle otro dato más. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha precisado que “…la pretensión de reinstalación procura la nulidad del acto extintivo dispuesto por el empleador y la reincorporación de quien la promueve a su puesto de trabajo. Parece lógico considerar que, en situaciones como las de autos, durante su trámite, al trabajador no le sea dable intentar, paralela o simultáneamente, el cobro de los resarcimientos derivados de un eventual despido, sin contar todavía con una decisión judicial firme estimatoria y una eventual resistencia del principal a cumplir dicho mandato…” (cfr. “Acevedo Ramón Oscar c/ Subpfra S.A. s/ Despido”, causa LP L 95.980 S., del 12/10/2011).-
IX. Conforme a los argumentos vertidos, se advierte que asiste razón a la recurrente, al sostener que el órgano de alzada incurrió en un supuesto de incongruencia extra petita.-
De la simple lectura del escrito postulatorio del actor se desprende que el efecto jurídico principal perseguido era su reinstalación, sustentado su reclamo en el artículo 52 de la Ley Nº 23.551. Conforme se describió en el punto anterior, no se presentó alguno de los supuestos bajo el cual el tribunal de mérito podría haber estimado que correspondía acoger la “opción indemnizatoria” contemplada en esa norma. Al juzgar de este modo, transgredió los términos en los que la litis fue enmarcada. Otorgó algo distinto a lo reclamado por el demandante, modificando indebidamente el objeto de su pretensión principal y soslayando expedirse, en concreto, sobre la viabilidad del reintegro peticionado.- Frente a ello, es relevante destacar que: “…la congruencia es un parámetro de actuación jurisdiccional que…adquiere un perfil de derecho esencial constitucionalmente protegido, por lo que reconocido expresamente en las normas positivas de procedimiento supone un necesario condicionamiento a la actividad del tribunal, quien sólo puede llegar a la verdad o justicia que el marco del proceso le puede proveer poniendo a los sujetos…al amparo de la discrecionalidad que los jueces pudieran desarrollar en orden a un sentido de justicia personal.” (cfr.
Perugini, Alejandro H.: “La traba de la litis y el principio de congruencia”, Revista de Derecho Laboral Nº 2017 - 2, Procedimiento Laboral - IV, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, pág. 69). Asimismo que: “Consecuentemente, será condición de validez de la sentencia que la misma se ajuste al contenido de las peticiones formalizadas, lo que se traduce en la congruencia del pronunciamiento judicial: sólo las pretensiones de las partes que conforman la traba de la litis deben ser consideradas por el juez al dictar la sentencia que dirima la controversia planteada.” (cfr. Livellara, Carlos Alberto: “Congruencia y traba de la litis”, Revista de Derecho Laboral Nº 2021 - 2, Procedimiento Laboral - V, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, pág. 201).- El máximo Tribunal de la Nación tiene dicho sobre este punto que el fallo judicial que desconoce o acuerda derechos no debatidos resulta incompatible con las garantías constitucionales de defensa y propiedad, y con el principio de congruencia toda vez que el juzgador no puede convertirse en intérprete de la voluntad implícita de una de las partes sin alterar, de tal modo, el equilibrio procesal de los litigantes en desmedro de la parte contraria (Fallos 342:1580 del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite).-
Bajo las condiciones descriptas, cabe concluir que el decisorio en crisis vino a modificar la pretensión originariamente deducida con mengua del derecho de defensa de la demandada.-
X. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación incoado por la parte demandada a fs. 988/998 vta. por quebrantamiento de las formas sustanciales y, en consecuencia, declarar la nulidad de la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 964/980, reenviando las presentes actuaciones a la misma para que, con nuevos Jueces hábiles, se dicte sentencia conforme a derecho y según corresponda (cfr. art. 14 del Libro I, Titulo IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-). Las costas de esta instancia se imponen en el orden causado en razón de la forma en que se resuelve (art. 68, segundo párrafo del CPCyC, aplicable al caso, de conformidad a lo prescripto por el artículo 121 de la Ley Nº 1444).- En virtud del resultado al que se arriba no corresponde pronunciarse en relación al resto de los agravios esgrimidos.-
Como consecuencia de lo aquí expresado, es necesario advertir que lo resuelto no implica pronunciamiento alguno sobre la solución que en definiti- va merezca el litigio (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVII, Reg. 589, Folio 3382).-
Por todo ello, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 988/998 vta. por quebrantamiento de formas sustanciales, y en consecuencia, declarar la nulidad de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 964/980, reenviando las presentes actuaciones a la misma para que, con nuevos jueces hábiles, dicte sentencia conforme a derecho y según corresponda, debiendo tener presente las consideraciones desarrolladas precedentemente.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1005S.231 Tomo: XXIII Sentencia: 730 Folio N°: 4417/4422 Secretaría: 1
Fin de la sentencia