Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa F-462/04-TSJ
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: F-462/04-TSJ Sentencia N°: 980 Actor: FONSECA SEBASTIÁN ESTEBAN Demandado: MUNICIPALIDAD DE RÍO GALLEGOS Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 10/03/15 Texto:
TOMO XV -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J..-
REGISTRO Nº: 980 FOLIO Nº 2990/2992 PROT. ELECT. TSS1 005 C.151
Río Gallegos, 10 de marzo de 2015.-
Los presentes autos caratulados: “FONSECA SEBASTIÁN ESTEBAN c/ MUNICIPALIDAD DE RÍO GALLEGOS s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº F-462/04-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que a fs. 8/10 se presenta el Sr. Sebastián Esteban Fonseca, por derecho propio, promoviendo formal demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Río Gallegos, “...solicitando se declare nulo y de nulidad absoluta, ilegítimo, arbitrario, irrazonable, e inconstitucional el Decreto Nº 1498 de fecha 22 de Abril de 2004, por atentar derechos adquiridos consagrados constitucionalmente, y por dictarse en exceso de la facultad discrecional...” (confr. fs. 8).- Relata que en virtud del Decreto Municipal Nº 4686/04, se le adjudicó en venta la parcela Nº 4 de la Manzana 598-E, con destino a vivienda familiar, habiendo abonado la totalidad del valor del terreno. Posteriormente, afirma el actor, que el intendente, conjuntamente con el secretario de Obras Públicas y Urbanismo, suscribieron sin competencia alguna, el Decreto Nº 1498/04 (confr. fs. 8vta.). Contra dicho decreto, presentó un recurso de reconsideración, el cual fue rechazado.- Expresa que “...esta parte posee derechos adquiridos que no pueden ser vulnerados con la liviandad con la que lo pretende hacer la Municipalidad de Río Gallegos...” (confr. fs. 9vta.).-
Finalmente alega que la comuna local le adjudicó un terreno conforme a derecho y que cumplió con la totalidad de sus obligaciones, “...en razón de ello solicito se declare nulo y de nulidad absoluta el Decreto Nº 1498/04 dictado en un exceso de la facultad discrecional, (ya que en última instancia era competencia del Honorable Consejo Deliberante tal derogación) y se retrotraiga al Decreto Nº 4686/93 (sic)...” (confr. fs. 9vta.).- Que corrido el pertinente traslado de la demanda instaurada, la Municipalidad de Río Gallegos contesta demanda a fs. 33/37vta. Argumenta que el terreno en cuestión carece de “...las condiciones mínimas indispensables tales como: nivelación del terreno, apertura de calles, extensión de redes cloacales, de energía eléctrica, de agua corriente, de gas natural, estudio de desagües pluviales y alcantarillado...” (confr. fs. 34), por lo que entiende que sería físicamente imposible asignarlo con destino a vivienda familiar. Afirma que “...un rápido estudio costo-beneficio, hacen aconsejable que esas tierras permanezcan como reservorio verde para actividades recreativas, evitando la realización de obras que alteran el suelo y obstaculice el escurrimiento natural que el espacio permite... Lo hasta aquí expuesto permite concluir que el Decreto Nro. 4686/03 constituyó un acto administrativo insanablemente nulo por estar viciado su objeto, causa y finalidad...” (confr. fs. 34vta./35). Expresa que la potestad anulatoria de la administración es una facultad inherente a sus funciones, en tanto está dirigida a la preservación del interés público y no encuentra valladar por la supuesta existencia de derechos subjetivos, en aquellos casos como el presente, en el que los vicios del acto administrativo anulado presenten grave entidad (confr. fs. 36).- A fs. 44 se ordena la apertura a prueba, disponiéndose su clausura a fs. 91, ordenándose se pongan los autos para alegar, habiendo hecho uso de este derecho la demandada a fs. 97/98vta..-
A fs. 101 se llaman autos para sentencia.-
Que a fs. 134 se presentan el actor y el representante de la demandada a los fines de “...poner en conocimiento de V.E. que Las Partes hemos arribado a un acuerdo conciliatorio para poner fin al presente juicio, en los términos y condiciones que a continuación se detallan... PRIMERA: La DEMANDADA, al solo efecto conciliatorio y sin que ello implique reconocer hechos o derechos, ofrece al ACTOR, y éste acepta, la entrega de una tierra fiscal... SEGUNDA: La DEMANDADA procederá a otorgar la adjudicación en venta del inmueble detallado en la cláusula primera, a favor del ACTOR una vez homologado el presente acuerdo.- TERCERA: El ACTOR presta conformidad con la propuesta efectuada por la DEMANDADA, por lo que, una vez homologado el acuerdo pactado en la cláusula primera, nada más tendrá que reclamarle a la demandada... y que consecuentemente renuncia a cualquier acción o derecho que por los motivos, causas y/o reclamos que generaron esta acción, le pudieran corresponder... QUINTA: Las Partes acuerdan que los honorarios de los letrados son por el orden causado...” (confr. fs. 134 y vta.). Seguidamente solicitan que este Tribunal homologue el mencionado acuerdo.- Que a fs. 137 se corre vista al Sr. Agente Fiscal a los fines de que se expida respecto de la presentación mencionada precedentemente, quien dictamina a fs. 138/139vta.. Expresa que “...En el caso en estudio y atento a las cuestiones de validez nombradas precedentemente y que deben ser merituadas por el Tribunal al homologar la transacción, se puede observar que si bien obra poder general para juicios y asunto[s] administrativos de la Municipalidad de Río Gallegos a favor del Dr. Dante Alexis Churín que es quién suscribe el acuerdo (v. fs. 134 vta.), no surge agregado al mismo el acto administrativo por el cual se resuelve la celebración de este acto bilateral... En función de lo expuesto considero que no se encuentran dados los presupuestos legales que exige la normativa vigente para la homologación del acuerdo conciliatorio referido, atento las observaciones expuestas precedentemente...” (confr. fs. 139 y vta.).- A fs. 140 se reanuda el llamado de autos y vuelven los presentes a estudio.-
II. Que, llegan las presentes actuaciones para resolver con referencia a la homologación solicitada del acuerdo al que han arribado las partes litigantes en el presente proceso.-
Debemos señalar primeramente que, más allá de los que las partes declaran en la presentación de fs. 134 y vta., debe dejarse establecido que el acuerdo que surge de autos no se trata, en rigor, de un acuerdo conciliatorio. Por el contrario, corresponde calificar tal convenio como la transacción a que alude el artículo 286 del CPC y C (por remisión del art. 82º del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, ley 2600) y no conciliación, pues la presentación en cuestión no reviste las características necesarias para involucrar el presupuesto contenido en el artículo 287 del mismo cuerpo legal. En efecto, el convenio presentado para su homologación traduce un acto jurídico bilateral por el que las partes haciéndose concesiones recíprocas extinguen obligaciones litigiosas o dudosas (art. 832, Código Civil). En ese sentido, no puede dudarse de que nos encontramos en presencia de esta clase de derechos u obligaciones toda vez que existe demanda y contestación. Tampoco puede hesitarse en que ha sido un acto jurídico bilateral, y por último cabe señalar que mediante el aludido convenio se ha conseguido certidumbre respecto de una relación jurídica pendiente sobre la cual no existía al trabarse la litis acuerdo de voluntades, implicando todo ello sacrificios, renunciamientos o concesiones -tal como dice el código- de manera recíproca. Como afirman Laura M. Monti y Mabel Vieito Ferreiro “...En efecto, para que pueda hablarse de acuerdo conciliatorio éste debe surgir a instancia del magistrado que entiende en la causa y no de las partes como surge en la transacción. Es decir, en la transacción son las partes que llevan su avenimiento ante el juez, mediante la presentación del convenio consumado; en la conciliación es el juez quien pretende llevar a las partes a un avenimiento, a través de la propuesta de una fórmula conciliadora...” (confr. “Tratado de Derecho Procesal Administrativo”, Juan Carlos Cassagne - Director, Ed. La Ley, 1º Ed., Buenos Aires, 2007, Tomo II, pág. 74).- Por lo que, en atención a los términos de la presentación mencionada, y en virtud a que las partes han arribado a un acuerdo por sus medios, sin intervención de este Tribunal, es que corresponde determinar que nos encontramos ante un acuerdo transaccional y no conciliatorio.-
III. Ingresando al análisis del acuerdo traído ante este Tribunal para su homologación, es oportuno recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha explicado que “...La finalidad de la homologación judicial de una transacción es permitir el examen de la capacidad y personería de las partes, como así también de la transigibilidad de los derechos en litigio...” (confr. Fallos: 313:751; 318:2657).- El artículo 83 del CPCA establece que “Los representantes del Estado, de sus entidades autárquicas y de las jurídicamente descentralizadas, así como los de los municipios, deberán… estar específicamente autorizados por la autoridad competente…”. El convenio ha sido suscripto por el actor, no siendo necesario mayor análisis al respecto.-
Sin embargo advertimos que el Dr. Dante Alexis Churin ha suscripto el acuerdo en virtud de ser apoderado de la accionada, sin acompañar acto administrativo expreso de la autoridad competente que lo faculte a este fin. Al respecto resulta necesario realizar algunas consideraciones.-
Debemos remarcar que en el proceso contencioso administrativo, los apoderados del estado para realizar una transacción, requieren autorización expresa de autoridad competente (confr. ob. cit., pág. 73). El artículo 841 del Código Civil realiza una enumeración de las personas que no pueden realizar transacciones, entre las que menciona en su inciso 1º “…Los agentes del ministerio público, tanto nacionales como provinciales, ni los procuradores de las Municipalidades…”. La norma transcripta establece que dichos funcionarios de la administración pública no pueden, en su solo carácter de tales, transigir sobre intereses del Estado nacional, provincial o municipal, pero nada impide que puedan hacerlo si son autorizados por un acto especial emanado del organismo estatal pertinente (confr. “Tratado de Derecho Civil”, Guillermo A. Borda, 9º Ed., La Ley, Buenos Aires, 2008, Obligaciones - Tomo I, págs. 663/664).- Por lo expuesto corresponde emplazar a la Municipalidad de Río Gallegos en el término de treinta (30) días a los fines de subsanar la insuficiencia mencionada, debiéndose acompañar el acto administrativo exigido por el artículo 83 del CPCA -Ley 2600-.-
Que, en virtud de las consideraciones expuestas, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Emplazar a la demandada para que en el término de treinta (30) días acompañe el acto administrativo exigido por el artículo 83 del CPCA -Ley 2600-.-
Fdo: Dra. Clara Salazar -Presidente-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-.-
Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1005C.151 Tomo: XV Sentencia: 980 Folio N°: 2990/2992 Secretaría: 1
Fin de la sentencia