Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia21
I. Rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa de Humberto Gustavo Fontana, sin costas en la instancia (Arts. 530 y 531 in fine del CPPN).
II. Tener presente la reserva del caso federal.
// la ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de agosto del año 2022, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor Mariano Hernán Borinsky como Presidente y los doctores Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos, asistidos por el secretario actuante, para decidir acerca del recurso de casación interpuesto en la presente causa CPE 1379/2015/TO1/8/1/CFC1 del registro de este Tribunal, caratulada “FONTANA, Humberto Gustavo s/recurso de casación” de la que RESULTA:
I. El Tribunal Oral en lo Penal Económico Nro. 2 de la ciudad de Buenos Aires, con fecha 6 de abril de 2022, resolvió “…NO HACER LUGAR al planteo de excepción de falta de acción en los términos del art. 59 inc. 6º, que fuera formulado por la defensa de Humberto Gustavo FONTANA”.
II. Contra dicho pronunciamiento, el Defensor Público Oficial, doctor Alan Swanston, en representación de Humberto Gustavo Fontana interpuso recurso de casación, el que fue concedido por el a quo el 26 de abril de 2022.
La parte recurrente expuso que la resolución impugnada resulta arbitraria en tanto, según dijo, impuso una limitación al instituto de la reparación integral que no se encuentra reglamentada en normativa alguna.
La defensa alegó que el a quo efectuó una interpretación in malam parte de lo normado en el art. 30 del C.P.P.F., toda vez que la exclusión de la aplicación de criterios a funcionarios públicos es aplicable a la conciliación, instituto distinto a la reparación integral del daño por su finalidad. El impugnante sostuvo que la imprevisión del legislador no puede ser suplida por la actuación de los tribunales cuando de ello se deriva una restricción, cercenamiento o limitación de los derechos del imputado.
1 Registro N° 1072/2022 Mencionó que la opinión esbozada por el Ministerio Público Fiscal no debe resultar dirimente para la solución final del caso y señaló que se omitieron ponderar en la decisión cuestionada aquellas circunstancias que “podrían haber demostrado el total cumplimiento de los objetivos perseguidos por el instituto de la reparación integral del perjuicio como forma de extinción de la acción -reparación patrimonial integral y cese de la función pública desempeñada oportunamente-”.
Solicitó se revoque la resolución puesta en crisis y que se haga lugar a la extinción de la acción penal por reparación integral instada a favor de Fontana, a raíz de lo normado en el art. 59 inc. 6 del CP. Hizo reserva del caso federal.
III. En la etapa prevista por el art. 465 bis -en función de los arts. 454 y 455 del CPPN (Ley 26.374)-, la defensa del imputado presentó las breves notas sustitutivas en las que se remitió a los argumentos expuestos oportunamente en el recurso de casación. Superada dicha etapa, quedaron las actuaciones en condiciones de ser resueltas.
IV. Efectuado el sorteo de estilo para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos. Quedaron, en consecuencia, las actuaciones en condiciones de ser resueltas.
El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:
Con carácter liminar, resulta oportuno recordar los antecedentes relevantes del caso traído a estudio.
Conforme se desprende de la resolución aquí impugnada, Humberto Gustavo Fontana se encuentra requerido a juicio “…por el hecho consistente en el delito de cohecho pasivo, en carácter de autor arts. 256 y 45 del CP. Particularmente (…) se le imputó haber brindado protección policial para que Sergio 2 Emanuel BERURENA pudiera realizar en forma habitual -al menos entre el 23/10/2015 y el 31/03/2016 operaciones de cambio ilegal de moneda extranjera en el local comercial nº4 de la ´Galería del Este´ (sito en calle Florida 948 de esta ciudad). Señalando que ambos compartían las ganancias producidas por esa actividad; toda vez que FONTANA (que era agente de la Brigada de Investigaciones de la Comisaria 15º de la P.F.A., con jurisdicción de esa zona), en cumplimiento del plan común previamente concertado con BERURENA, le brindaba protección policial al permitirle desarrollar esa actividad ilegal sin ser denunciado ni puesto a disposición de la autoridad de control de la actividad…” (cfr. resolución impugnada, Sistema de Gestión Judicial Lex 100).
En el marco de estas actuaciones, la defensa de Humberto Gustavo Fontana instó la excepción de falta de acción en los términos del art. 59, inc. 6 del C.P. Para ello, propuso el pago de U$S 10.000 -o su equivalente en pesos argentinos- en concepto de reparación integral por el hecho que fuera imputado su asistido.
La defensa recordó que en el requerimiento de elevación a juicio no se hicieron apreciaciones económicas respecto de la conducta atribuida por lo cual “…el valor se deriva de una evaluación propia de la defensa, sobre el cual se postula el traslado a quien se constituye como víctima…” (cfr. presentación del 9/3/22, Sistema de Gestión Judicial Lex 100). A su turno, el representante del Ministerio Público Fiscal, dr. Marcelo Vera, se opuso a la pretensión defensista. Recordó que se le imputa a Fontana el hecho subsumido en el art. 256 del CP -cohecho pasivo- en calidad de autor.
En primer lugar, el fiscal destacó que “…no se encuentra discutido en autos que a la fecha de los hechos el imputado Fontana revestía la condición de funcionario público ya que era agente de la Comisaria 15 de la PFA y tampoco que el delito de cohecho que se 3 le imputa lo habría cometido en ejercicio de sus funciones. Estos extremos forman parte de la imputación que afronta el encartado sin perjuicio de que deberán merituarse en el ámbito del debate oral y público”.
Ante dicho escenario señaló que no resulta aplicable la reparación integral del perjuicio como causal extintiva de la acción penal respecto de aquellos delitos por los cuales existe compromiso internacional de prevenir, investigar y juzgar, como sucede en el presente incidente.
El acusador manifestó que el instituto tampoco es aplicable en los casos donde se investigan hechos ilícitos cometidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones.
En el dictamen se recordó que “…el delito investigado excede el daño a una víctima concreta que pueda ver satisfechas sus pretensiones a través de una reparación económica…”.
En ese orden, el señor fiscal expuso que el marco legal y constitucional desestima la posibilidad de aplicar medios alternativos de resolución de conflictos para los delitos cometidos por funcionarios en ejercicio de sus funciones en perjuicio de la administración pública ya que “…la política criminal delineada por el legislador presupone un trato penal con menos concesiones de alternativas no punitivas para quienes revisten dicha calidad, toda vez que existe una expectativa de la sociedad de sentirse resguardada frente a eventuales abusos”.
Por último, el representante del Ministerio Público Fiscal recordó que el art. 30 del CPPF “…aún no ha sido puesto en vigencia por la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal razón por la cual no ha sido invocado por esta parte como impedimento legal que condicione el consentimiento o que justifique su oposición. Sin embargo, resulta procedente acudir también a el como pauta interpretativa en conjunción con todas las 4 anteriormente explicadas en el dictamen…” (cfr. dictamen fiscal del 11/3/22, Sistema de Gestión Judicial Lex 100).
Llegado el momento de resolver, con fecha 6 de abril de 2022, el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nro. 2 de la ciudad de Buenos Aires rechazó la solicitud efectuada por la defensa de Humberto Gustavo Fontana.
Para así decidir, los magistrados que votaron en coincidencia en sus fundamentos, doctores Luis Gustavo Losada y Diego García Berro, en lo medular valoraron que las conductas atribuidas a Fontana deben ser consideradas como actos de corrupción contra la administración pública y que, por su propia naturaleza, no pueden ser objeto de beneficio alguno de excepción.
Los jueces recordaron el deber internacional del Estado argentino para prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada mediante ley nro. 26.097 y de la Convención Interamericana contra la Corrupción aprobada mediante ley nro. 24.759.
El tribunal a quo concluyó que a raíz de las conductas imputadas “…no cabe la consideración de beneficio de excepción alguno en su alrededor correspondiendo el efectivo juzgamiento de las mismas”.
Por su parte, la magistrada doctora Karina Perilli también ponderó que se debía rechazar la pretensión de la defensa.
Para sustentar su posición, la jueza indicó que la evaluación de la aplicación del instituto en trato debe efectuarse en virtud de un acuerdo entre las partes; extremo no verificado en el presente caso pues el señor Fiscal se opuso a raíz de impedimentos convencionales y de política criminal por la calidad de funcionario público de Fontana al momento de los hechos.
5 Reseñado cuanto precede, se advierte que la parte impugnante no ha logrado demostrar los vicios jurídicos invocados, los que manifiestan una discrepancia con la decisión del caso, la que resulta insuficiente para descalificar el fallo recurrido como acto judicial válido.
En tal sentido, y en las particulares circunstancias del caso, se observa que el señor fiscal se opuso a la pretensión defensista —no hay querella ni víctima constituida en autos—, argumentos que fueron compartidos por el tribunal de la instancia precedente y que, la defensa no ha logrado refutar en su impugnación donde se limita a exponer sus propias convicciones respecto del modo en que debió ser resuelto el planteo, pero sin demostrar la arbitrariedad alegada.
La parte recurrente no se ha hecho cargo de efectuar una crítica concreta y razonada sobre los argumentos expuestos en la resolución del a quo, lo que sella en forma negativa la suerte de su recurso. Por los fundamentos que anteceden, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa de Humberto Gustavo Fontana, sin costas en la instancia (Arts. 530 y 531 in fine del CPPN). Tener presente la reserva del caso federal.
El señor juez Javier Carbajo dijo:
I. Si bien como principio, las decisiones que consideran subsistente la vigencia de la acción penal y cuya consecuencia sea el mantenimiento de la obligación de sujeción al proceso criminal no se encuentran dentro de aquellas contempladas por los arts. 457 y 459 del C.P.P.N., cabe hacer excepción a dicha regla ya que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha equiparado a sentencias definitivas por sus efectos a aquellos resolutorios que deniegan la extinción de la acción penal (Fallos 329:526), pudiendo generar un perjuicio de imposible o tardía reparación ulterior (Fallos 324:1152, 320:2451), como 6 en el caso, en la medida en que se ha invocado la existencia de cuestión federal con sustento en la doctrina de la arbitrariedad y la afectación de garantías constitucionales.
II.a. De acuerdo a las constancias del expediente principal CPE 1379/2015/TO1, Humberto Gustavo Fontana se encuentra sujeto al presente proceso penal en calidad de imputado, elevado a juicio, por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo (art. 256 del C.P.).
Al describir sobre el accionar que motivó la acusación, en lo medular, el representante del Ministerio Público Fiscal indicó que “…corresponde precisar en primer lugar que Sergio Emanuel Berurena realizó en forma habitual -al menos entre el 23/10/15 y el 31/03/2016- operaciones de cambio ilegal de moneda extranjera en el local comercial nº 4 de la ‘Galería (…) (sita en (…) de esta ciudad), en connivencia con Humberto Gustavo Fontana, con quien compartía las ganancias producidas por esa actividad a cambio de que el nombrado Fontana (que era agente de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría (…) de la P.F.A., con jurisdicción en esa zona), en cumplimiento del plan común previamente acordado con Berurena le brindara proyección policial al permitirle desarrollar esa actividad ilegal sin ser denunciado ni puesto a disposición de la autoridad de control…”. b) La defensa de Fontana inició ante el tribunal de juicio un incidente de falta de acción, con base en las previsiones del art. 59 inc. 6 del C.P., proponiendo el imputado el pago de diez mil dólares estadounidenses, o su equivalente en pesos argentinos, como reparación integral de los perjuicios derivados de los hechos que se le imputaron.
En relación a cómo se delimitaba la cifra ofrecida, se indicó que se trataba de una postulación que partía de la propia evaluación de la defensa, pues en el requerimiento de elevación no se habían efectuado apreciaciones económicas, pero que se 7 solicitaba que se diera traslado a quien fuera tenido como víctima y que la razonabilidad de la suma fuera evaluada jurisdiccionalmente.
Destacó que, de acuerdo a los arts. 22 del C.P.P.F. y 9 inc. “e” de la ley 27.148, existía una obligación para los jueces y fiscales de resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuaran al restablecimiento de la armonía entre los protagonistas y a la paz social.
Detalló que no existía normativa que, a partir de la condición de funcionario público de Fontana, obstara a la aplicación del instituto de la reparación integral y solicitó la sustanciación del incidente de acuerdo al art. 340 del C.P.P.N. El tribunal corrió vista al representante del Ministerio Público Fiscal, quien se opuso al pedido de la defensa, argumentando en primer término que la pretensión se veía obstaculizada por la circunstancia de que los hechos atribuidos se refirieran a un delito contra la administración pública, en el que Fontana habría actuado en calidad de funcionario y en ejercicio de su competencia.
Indicó que “…por principio…”, este mecanismo de extinción de la acción penal era inaplicable respecto de aquellos delitos por los cuales existían compromisos internacionales de investigación y juzgamiento.
Resaltó que, en relación a otras causales de extinción o suspensión de la acción, el Código Penal excluía a los delitos cometidos por funcionarios públicos y citó como ejemplos los arts. 67 segundo párrafo –prescripción- y 76 bis séptimo párrafo – suspensión de juicio a prueba-.
Alegó que el bien jurídico afectado era supraindividual y que, frente a ello, los fines del proceso penal no se veían plenamente satisfechos con la devolución del dinero.
8 Manifestó que el marco legal y constitucional, para delitos cometidos por funcionarios en ejercicio de su competencia, descartaba la posibilidad de aplicar métodos alternativos de solución de conflictos, pues existía una política criminal que contemplaba menos alternativas no punitivas, frente a la expectativa de la sociedad de sentirse resguardada ante abusos de autoridad.
Memoró que, “…[c]on respecto a la postura de la PGN, si bien no se dictó una Instrucción General respecto de las causales de extinción introducidas por la reforma de la ley 27147, sí se cuenta con varias Instrucciones en relación al instituto de la suspensión de juicio a prueba…”. Citó la resolución PGN 97/09 y expresó que los criterios allí vertidos eran aplicables a la extinción de la acción por reparación integral.
Adujo, finalmente, que las previsiones del art. 30 del C.P.P.F. vedaban prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal si el imputado fuera funcionario público y que, aun cuando esa norma no había sido puesta en vigencia, “…[u]na mera cuestión de tiempos en cuanto a la implementación de la norma no puede erigirse como argumento válido que desvirtúe la clara intención del legislador de no aplicar los métodos alternativos de resolución de conflictos en casos como el que nos ocupa; es decir, la circunstancia de que aún no se encuentre vigente impide considerarla inexistente…”.
Al resolver, el tribunal rechazó el pedido de la defensa.
La jueza que emitió su voto en primer orden, señaló que, ante la ausencia de normativa procesal que regulara sobre la reparación integral, debía evaluarse su aplicación en virtud de lo que acordaran las partes.
Meritó que el representante del Ministerio Público Fiscal, como titular de la acción penal, había 9 negado su consentimiento por entender que existían impedimentos convencionales y de política criminal que, dada la condición de funcionario público de Fontana, no permitían hacer lugar a lo pretendido. Concluyó que la reparación integral no era aplicable al caso, por falta de acuerdo entre las partes.
Los jueces que emitieron sus votos en segundo y tercer lugar señalaron que las conductas atribuidas a Humberto Gustavo Fontana eran actos de corrupción, de acuerdo con las convenciones Interamericana y de Naciones Unidas sobre dicho flagelo y que esa especie de acciones “…por su propia naturaleza, no pueden ser objeto de beneficio alguno de excepción”.
Sopesaron que un proceder contrario no se adecuaría a las finalidades de ambos tratados, relativas a que los Estados realizaran acciones para combatir eficaz y eficientemente la corrupción y cumplieran con su juzgamiento.
Concluyeron que, “…por ser las conductas imputadas susceptibles de ser encuadradas en actos de corrupción en la administración pública, no cabe la consideración de beneficio de excepción alguno en su alrededor correspondiendo el efectivo juzgamiento de las mismas”.
III. Delimitados los antecedentes del caso, habré de señalar que, al emitir mi voto en la causa CFP 5471/2011/TO1/CFC3 “GUARINO, Gustavo Adrián s/ estafa”, Reg. 1960/19, del 1/10/2019, sostuve que las causales extintivas de la acción penal previstas en el artículo 59 inciso 6 del C.P. resultan plenamente operativas y aplicables aun cuando la regulación procesal en vigencia no haya adoptado las previsiones tendientes a encauzar tales vías de resolución del conflicto y extinción de la acción penal de modo concreto y pormenorizado.
Corresponde también indicar que los institutos se encarnan en el nuevo paradigma de justicia restaurativa ordenado a la búsqueda de 10 soluciones al conflicto que representa el suceso delictivo con activa participación de la víctima y el acusado propugnando la reparación del daño, la reconciliación de las partes, el reforzamiento de los vínculos y el orden comunitario.
Ahora bien, abocado al estudio del presente caso, es necesario destacar que las causales extintivas como la aquí discutida deben ser analizadas como pautas concretas que racionalizan la potestad punitiva estatal.
Vale evocar que “… el principio de ultima ratio es un principio organizador de todo el proceso penal. El proceso penal no se utiliza sólo para generar las condiciones de certeza de seguridad jurídica para que se descubra la verdad en el proceso y se aplique una sentencia lo menos arbitraria posible. No es ésa la única función del proceso penal sino lo es también evitar la violencia en tanto sea evitable y minimizarla en tanto sea minimizable. El principio de ultima ratio se convierte en un principio rector de todas las actuaciones procesales, cuyo carácter es preeminentemente reductor de la violencia y cuya función es empujar el caso, en tanto sea posible -y esto nunca en una consideración abstracta o ex ante- hacia otras formas de solución con menor o nulo contenido de violencia…” (BINDER, Alberto M., Legalidad y Oportunidad en Estudios sobre Justicia Penal Homenaje al Profesor Julio B. J. Maier, 1ra ed., Editorial Del Puerto, Buenos Aires, 2005, p. 212). En esta intelección, observo que las razones dadas por el tribunal no resultan suficientes para sustentar el rechazo a la solicitud de reparación integral iniciada por la defensa.
En efecto, tal como fuera puesto de manifiesto al emitir mi voto en la causa FMZ 35336/2015/TO1/CFC1, “RABASA, Liliana Noemí y SAAVEDRA, Fabián Eduardo s/recurso de casación”, Reg. 413/21, del 14/4/2021, el art. 59 inc. 6 del C.P., a diferencia del art. 76 bis del mismo cuerpo legal, no 11 establece como impedimento para su procedencia la calidad de funcionario público del imputado.
A la vez, la existencia del art. 30 del C.P.P.F. tampoco conforma un motivo de impedimento, pues de acuerdo al art. 3° de la ley 27.063, “[e]l Código aprobado en el artículo 1°, entrará en vigencia en la oportunidad que establezca la ley de implementación correspondiente, la que deberá contener las previsiones orgánicas pertinentes tanto con relación a los órganos jurisdiccionales como a aquellos otros encargados de su aplicación”.
Luego, merced a la asignación de funciones realizada en el art. 2° de la ley 27.150, “[e]l Código Procesal Penal Federal aprobado por la Ley N° 27.063 entrará en vigencia de conformidad con el cronograma de implementación progresiva que establezca la COMISIÓN BICAMERAL DE MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL que funciona en el ámbito del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN, previa consulta con el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA NACIÓN”. Del marco normativo expuesto y de los avances de implementación configurados por las Resoluciones 1/2019, 2/2019/, 1/2020 y 1/2021 de la Comisión Bicameral de Implementación del Código Procesal Penal Federal, se desprende que el art. 30 del C.P.P.F, subsiste sin encontrarse vigente.
En este sentido, los motivos de oposición alegados por el representante del Ministerio Público Fiscal, no otorgan base normativa para concluir el rechazo de la reparación integral.
Por otro lado, aun cuando los actos atribuidos a Humberto Gustavo Fontana encuadrarían en las previsiones del art. VI de la Convención Interamericana contra la Corrupción, no se elucida entre los fundamentos dados por el tribunal, por qué razón proceder con la reparación integral de un caso como el presente podría suponer el incumplimiento de los deberes asumidos en dicho instrumento, o en la 12 Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ni cuáles serían las concretas normas vigentes que obstaculizarían la sustanciación del pedido de la defensa.
En esas condiciones, observo que lo decidido incurre en la ausencia de fundamentación normativa, que torna a la conclusión arribada en dogmática (Fallos 339:127).
Como se sabe, toda decisión que afecte o restrinja los derechos de los imputados debe estar suficientemente motivada, en los términos de los arts. 123 y 404, inc. 2, del código de rito.
La exigencia de que los fallos judiciales tengan adecuado sustento reconoce raíz constitucional y trae, como contenido concreto, el imperativo de que la decisión se conforme a la ley y a los principios propios de la doctrina y la jurisprudencia vinculados con la especie a decidir (cfr. Fallos: 236:27). Esa base constitucional de que las sentencias sean fundadas, encuentra apoyo en la garantía de la defensa en juicio, que exige que los fallos de los jueces sean aplicación razonada del derecho vigente, en razón de la naturaleza que les es propia, de órganos de aplicación de la ley y excluye la solución de las causas sin otro fundamento aparente que la expresión de la voluntad de los magistrados (cfr. Fallos: 240:299).
En mérito de ello, considero que la decisión recurrida no puede ser convalidada, pues no guarda correspondencia con las citadas pautas de los arts. 123 y 404 inc. 2° del C.P.P.N.
IV. Por lo expuesto, propongo al Acuerdo hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa de Humberto Gustavo Fontana, anular la decisión recurrida y reenviar las actuaciones al tribunal de procedencia, a fin de que dé sustanciación a la solicitud de la defensa (arts. 471, 530 y ccdtes. del C.P.P.N.).
Tal es mi voto.
13 El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:
I. Admisibilidad:
Si bien la resolucion que no hace lugar a la ́ extincion de la accion penal no es la sentencia ́ ́ definitiva de la causa porque no impide que continuen ́ las actuaciones (articulo 457 del CPPN); lo cierto es ́ que la sentencia le causa un gravamen al imputado que podria resultar de insuficiente y/o tardia reparacion ́ ́ ́ posterior, al impedir definitivamente la adopcion de ́ una medida alternativa a la pena de prision y culminar ́ el proceso penal, por lo que se impone su equiparacion ́ a una sentencia definitiva (conf. C.S.J.N. Fallos: 304:1817; 312:2480).
Así ha entendido la Corte Suprema de Justicia que el gravamen que se deriva de la resolucion que ́ deniega la aplicación de un instituto alternativo al proceso penal y mas benigno para el imputado “...no ́ resulta susceptible de reparacion posterior, en tanto ́ restringe el derecho del procesado a poner fin a la accion y evitar la imposicion de una pena (conf. En lo ́ ́ pertinente y aplicable, C.S.J.N., “Padula, Osvaldo Rafael y otros s/defraudacion -causa No 274”, P. 184 ́ XXXIII, rta. el 11/11/97, considerando 5)).
Esta misma situacion se verifica en el caso ́ de autos toda vez que la intencion de los encartados ́ es la de no continuar sometidos a proceso mediante la extincion de la accion penal por aplicación del ́ ́ supuesto contemplado en el articulo 59, inciso 6., del ́ Codigo Penal. Luego, la resolucion en contrario, le ́ ́ causa un gravamen cierto y de tardia reparacion ́ ́ posterior.
Asimismo, se encuentra debidamente planteada la cuestion federal, al senalar el impugnante la ́ ̃ arbitrariedad del decisorio y las garantias ́ constitucionales que pretende transgredidas a partir de la decision alcanzada por el Tribunal (cfr. Fallos: ́ 318:2639. Por ello, se impone su tratamiento en los terminos de la doctrina sentada por la Corte Suprema ́ en Fallos: 328:1108 (“Di Nunzio, Beatriz Herminia”), 14 que ha erigido a esta Camara como tribunal intermedio ́ y la ha declarado “facultada para conocer previamente en todas las cuestiones de naturaleza federal que intenten someterse a su revision final...” (consid. ́ 11).
Por lo demas, estan reunidos los restantes ́ ́ requisitos de admisibilidad formal previstos en los arts. 432, 438, 456, 463 y ccdtes. del C.P.P.N., por lo que corresponde proceder al estudio de cuanto fuera materia de agravio por parte del recurrente.
II. Respecto a la cuestión ahora planteada a esta instancia, cabe memorar, en primer término, que se le imputa a Humberto Gustavo Fontana el delito de cohecho pasivo, en calidad de autor, de conformidad con lo dispuesto en el art. 256, del capítulo VI del Título XI llamado “Delitos contra la Administración Pública”, del C.P.
En tal sentido, y a fin de evitar una reiteración innecesaria de los antecedentes del caso que ya han sido considerados en los votos anteriores, cabe señalar que la calidad de funcionario público y el ejercicio de funciones públicas en cuyo marco Fontana habría cometido la conducta que es objeto de este proceso, no se encuentran controvertidas. En lo ahora pertinente, corresponde recordar que en el artículo 34 del C.P.P.F. se regula el instituto de la conciliación en los siguientes términos “…el imputado y la víctima pueden realizar acuerdos conciliatorios en los casos de delitos con contenido patrimonial cometidos sin grave violencia sobre las personas o en los delitos culposos si no existieran lesiones gravísimas o resultado de muerte. El acuerdo se presentará ante el juez para su homologación, si correspondiere, en audiencia con la presencia de todas las partes. La acreditación del cumplimiento del acuerdo extingue la acción penal; hasta tanto no se acredite dicho cumplimiento, el legajo debe ser reservado. Ante el incumplimiento de lo acordado, la víctima o el representante del 15 Ministerio Público Fiscal podrán solicitar la reapertura de la investigación”.
Cierto es que las cláusulas de extinción de la acción penal, entre las que se inserta la norma citada, otorgan preeminencia para su procedencia, siempre dentro de un marco de razonabilidad, al interés de la víctima, pues es sobre esta circunstancia que se irguieron las nuevas reformas. Ello, en el entendimiento de que la reparación de sus bienes jurídicamente tutelados y de sus derechos lesionados es una demanda actual y concreta de toda la sociedad, que ve en estos casos, a través de la víctima, satisfechas sus pretensiones.
En este sentido, se le ha conferido a la víctima la posibilidad de decidir sobre la acción penal persecutoria incoada en virtud de una conducta que lo ha perjudicado, mediante un acuerdo con quien lo damnificó; y que se justifica por la satisfacción de los intereses de la víctima, la voluntad del imputado y la inexistencia de un interés público que prevalezca sobre la voluntad de aquellos. Así, se trata de un medio alternativo de conclusión del proceso que traslada la gestión del conflicto a las porpias partes para que estas, en forma asistida, alcancen la satisfacción de sus intereses mediante un acuerdo.
De manera que estos modos alternativos de resolución del conflicto que el delito importa proceden cuando objetivamente aparezcan satisfechas las demandas materiales de la víctima y cuando subjetivamente se logre satisfacer a todas las personas afectadas por el hecho. Sólo en este caso podrán considerarse cumplidos los objetivos de la norma y contribuir a la paz social (cfr. mi voto en la causa CCC 25020/2015/TO1/CFC1 del registro de esta Sala IV, caratulada: “VILLALOBOS, Gabriela Paola y otro s/ defraudación”, rta. el 29/8/2017; y CFP 7986/2018/TO1/CFC3, caratulada: “CURIEN, Horacio Justo s/recurso de casacion”, rta. el 18/3/2022)
́ .
16 En consecuencia, ya lo he dicho en otros precedentes de esta Sala IV, no resultarán objeto de reparación ni de acuerdo conciliatorio los supuestos en los que el daño exceda su interés y que con su concreción no se logre materializar los fines del proceso penal.
Este es el caso de los delitos contra la administración pública cometidos por un funcionario público, en tanto exceden el dano a una victima ̃ ́ concreta que pueda ver satisfechas sus pretensiones a traves de una conciliación o reparacion economica, ́ ́ ́ pues afectan bienes juridicos supraindividuales. Son ́ hechos que lesionan un bien colectivo abstracto concebido para satisfacer las necesidades basicas de ́ los habitantes para su autorrealizacion personal. ́ Lo cierto entonces es que al tratarse de un dano a la administracion publica sancionado con una ̃ ́ ́ pena de prision, los fines del proceso penal no se ven ́ plenamente satisfechos, en definitiva, con un acuerdo conciliatorio: en el caso la entrega de U$S 10.000 (cfr. también mi voto en la causa CFP 7245/2013/TO1/2/CFC1 del registro de esta Sala IV, caratulada: “BOBBIO, Gerardo Andres y ZIEMBA, Ulises Aldemar por averiguacion del delito”, Reg. Nro. ́ 1731/18.4).
Y de allí pues, dije también, la sustancialidad de la intervención del Ministerio Público Fiscal, encargado de “promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad” y “representar y defender el interés público en todas las causas y asuntos que conforme a la ley se requiera” (arts. 120 de la C.N. y 1º y 25 “b” de la ley 24.946 –Ley Orgánica del Ministerio Público-), para tener por extinguida la acción penal en los términos del inciso 6° del art. 59 del Código Penal. Parte que, en el presente proceso, ha desarrollado bastamente los argumentos en los que sustentó su oposición a la 17 solicitud de extinción de la acción penal presentada por la defensa del imputado.
En el contexto descripto, la posicion del ́ fiscal que se encuentra debidamente fundada es vinculante, aun más en este caso, descripto por el artículo 34 del C.P.P.F., en el que el perjuicio ocasionado, reitero, lo fue en contra de los intereses del Estado Nacional (artículo 120 de la C.N.). En efecto, la doctrina expuesta, que ha sido expresamente invocada en apoyo del dictamen de oposición fundado presentado por el fiscal de la instancia anterior, y en los votos que dieron sustento a la decisión recurrida, como ya lo he considerado, autoriza a resolver la cuestión planteada rechazando la procedencia del modo de extinción de la acción penal solicitado.
En segundo término, es pertinente resaltar que también sostuve que dicha interpretación procedía más todavía cuando los que ocasionaron el dano a la ̃ administracion publica fueron funcionarios publicos en ́ ́ ́ ejercicio de sus funciones, como ha ocurrido en el sub examine y lo ha invocado asimismo el señor fiscal general en su dictamen de oposición y en el recurso de casación interpuesto.
Reitero ahora que ello es así teniendo en cuenta que el programa constitucional y legal delineado para los delitos cometidos por funcionarios publicos que se valen de su funcion publica para ́ ́ ́ delinquir -y en el caso además en perjuicio de la administracion publica-, descarta la aplicacion a ́ ́ ́ estos casos de los medios alternativos de solucion del ́ conflicto (cfr. mi voto en el caso “Bobbio”, y “Curien”, antes citados; y asi, por ejemplo, también ́ expresamente respecto de la suspension del juicio a ́ prueba, articulo 76 bis, parrafo sexto, del Codigo ́ ́ ́ Penal, sobre lo cual he tenido oportunidad de expedirme en las causas: “Feijoo, Ariel y otro s/ recurso de casacion”, Reg. Nro. 12.551, rta. el 4 de ́ noviembre de 2009; “Minazzoli, Alberto s/recurso de 18 casacion”, causa Nro. 542/2013, Reg. Nro. 2098/13 de ́ esta Sala IV, rta. el 28 de octubre de 2013; y “Bonomi, Raul Carlos s/ recurso de casacion”, causa ́ ́ Nro. 16.185, Reg. Nro. 826/14; entre otras).
Es que, la politica criminal delineada por el ́ legislador parte de la conculcacion del mayor ́ compromiso del funcionario publico que el ejercicio de ́ sus facultades conlleva, y, como contracara, un trato penal más riguroso o con menos concesiones de alternativas no punitivas, toda vez que existe una expectativa de toda la sociedad de sentirse resguardada frente a tales abusos (Convencion ́ Interamericana contra la Corrupcion –arts. VI, VIII, ́ IX y XI, aprobada por ley Nro. 24.759; Convencion de ́ las Naciones Unidas contra la Corrupcion, aprobada por ́ ley Nro. 26.097; y Ley de Etica Publica, no 25.188). ́ ́ Notese al respecto que el Estado Argentino se ́ comprometio internacionalmente a sancionar debidamente ́ estos delitos, teniendo en cuenta su gravedad, alcanzando tambien el objetivo de la prevencion, lo ́ ́ cual obsta a la extincion de la accion penal por ́ ́ conciliación o reparacion del dano en aquellos casos. ́ ̃ No puede desconocerse que el Preámbulo de la Convención Interamericana contra la Corrupción impone a los Estados la responsabilidad de erradicar la impunidad y prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y en los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio.
He sostenido reiteradamente la tesis de que en el procedimiento penal el concepto de ley vigente no se limita al Código Procesal Penal sino que abarca a la Constitución Nacional y a los Pactos Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (C.N.C.P. Sala IV: causa Nro. 335: “Santillán, Francisco”, Reg. Nro. 585.4, del 15/5/96; causa Nro. 1619: “Galván, Sergio Daniel s/recusación”, Reg. Nro. 2031.4, del 31/8/99 y Causa Nro. 2509: “Medina, Daniel Jorge s/recusación”, Reg. 3456.4, rta. 19 el 20/6/01; y mi voto en el Plenario Nro. 11 de esta Cámara: “Zichy Thyssen”, rto. el 23/6/06; entre varias otras).
Y que una interpretación desde la Constitución exige del órgano jurisdiccional la toma de recaudos para asegurar el debido respeto de dicha normativa.
De manera que, estando en cuestión el legal cumplimiento de las funciones de la Administración Pública no se puede renunciar a conocer la verdad de lo sucedido (derecho de toda la ciudadanía), pues se trata en estos casos de verdaderos delitos de quebrantamiento de la Ley de Ética Pública (Ley 25.188), donde el Estado argentino se encuentra obligado a perseguir, juzgar y castigar conforme a la citada convención; resultando imperativo resolver, en su caso, también las inhabilitaciones que correspondan. Es por ello que, es pertinente considerar que el artículo 30 del C.P.P.F., aunque no ha sido objeto de implementación por la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal Federal tal como el mismo fiscal y los jueces de la anterior instancia lo han resaltado, indica en primer orden, y como supuesto donde no es posible prescindir del impulso de la persecución penal, a los delitos atribuidos a funcionarios públicos que hubieran sido cometidos en el ejercicio u ocasión de sus funciones.
En este escenario, la solucion que ́ corresponde adoptar como consecuencia de la interpretacion armonica de la normativa vigente desde ́ ́ la Constitucion Nacional, a la luz de la normativa ́ internacional de rango constitucional que se encuentra vigente, es la que se corresponde con el adecuado compromiso asumido por nuestro país en pos de prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas (cfr.: mi voto en el precedente “Bobbio” y “Curien”; entre otros).
20 Es criterio de la Corte que la interpretacion ́ de las leyes debe practicarse teniendo en cuenta su contexto general y los fines que las informan (Fallos: 329:2876 y 330:4454, entre otros), regla que impone no solo armonizar sus preceptos sino tambien conectarlos ́ con las demas normas que integran el orden juridico, ́ ́ del modo que mejor concuerden con su objetivo y con los principios y garantias de la Constitucion Nacional ́ ́ (Fallos: 258:75; 329:2890; 330:4713 y 4936).
Las consideraciones realizadas conducen a concluir que un estudio conglobado y razonable de la normativa vigente autoriza a descartar la procedencia de la conciliación como modo de extinción de la acción penal respecto de los delitos cometidos en perjuicio de la administración pública, cometidos por los funcionarios publicos. Diferenciación que tiene un ́ claro sustento objetivo en el tipo de bien juridico ́ lesionado y en la funcion publica que cumplen los ́ ́ funcionarios, de conformidad con los principios y objetivos que emanan de la normativa de rango constitucional.
En virtud de todo lo expuesto, comparto la conclusión del voto que lidera el presente acuerdo en cuanto a que la parte recurrente no ha logrado demostrar los vicios jurídicos invocados, evidenciando una discrepancia con la decisión del caso que se ha apoyado en un análisis fundado de los motivos de la oposición fiscal que han sido compartidos por el tribunal a quo mediante una correcta aplicación de la normativa que rige la cuestión presentada.
III. Propicio entonces que se rechace el recurso de casación interpuesto; sin costas en esta instancia por haberse efectuado un razonable ejercicio del derecho al recurso previsto en el artículo 8.2.h.) de la C.A.D.H. (art. 530 y 531 in fine, del C.P.P.N.). Y que se tenga presente la reserva del caso federal. En mérito del Acuerdo que antecede, el Tribunal, por mayoría, RESUELVE:
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I. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa de Humberto Gustavo Fontana, sin costas en la instancia (Arts. 530 y 531 in fine del CPPN).
II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal.
Regístrese, notifíquese, comuníquese (Acordada 5/19 de la C.S.J.N.) y remítase al tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío.
Firmado: Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos.
Ante mí: Marcos Fernández Ocampo, Prosecretario de Cámara.
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Fin de la sentencia