Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2026-51341656-APN-VOCVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 22 de Mayo de 2026 En el día de la fecha, se reúnen los miembros de la Sala "C" del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudio Esteban Luis (Vocal Titular de la 8° Nominación) y Viviana Marmillon (Vocal Titular de la 7° Nominación), para resolver el expte. 40.001-I, caratulado: "FOXTROT S.A. s/ recurso de apelación", El Dr. Luis dijo:
I. Que a fs. 69/89vta. se interpuso recurso de apelación contra la Res. 63/2014 que estableció nuevos saldos a favor en el impuesto a las ganancias (en adelante IG) de los períodos 2009 a 2011 –ambos inclusive-; intimó el impuesto determinado de oficio respecto de este último; liquidó los intereses resarcitorios correspondientes y aplicó una sanción equivalente al 70% del impuesto omitido (cfrme. art. 45, párr. 1ro, ley 11.683, vigente al momento de los hechos).
La actora relató que su objeto principal es la realización de actividades inmobiliarias y que sus acciones están distribuidas entre el Sr. Pablo Hernán Miguens (Presidente y socio controlante con el 99,99% del paquete accionario) y la sociedad anónima cerrada "Miguens Pérez Iturraspe S.A." (titular del 0,01% restante).
Sostuvo la improcedencia de la aplicación del art. 73 de la ley del IG (en adelante LIG) al entender que no se materializan los presupuestos legales que habilitan la aplicación de la presunción allí establecida. En primer lugar, afirmó que las disposiciones de fondos que efectuó a favor de su accionista controlante –Sr. Miguens- se llevaron a cabo a través de una cuenta corriente creada a tal fin, contabilizada bajo la denominación "accionistas". En este sentido, relató que resultaba más beneficioso para sus propios intereses que los fondos permanecieran en su activo como crédito contra el accionista y que posteriormente regresaran a ella, como asevera que ocurrió, a que tales sumas escaparan de su patrimonio mediante una distribución de dividendos.
Agregó que existió una situación objetiva en la que el Sr. Pablo Hernán Miguens hubiera podido votar favorablemente un dividendo que lo hubiese habilitado a retirar los fondos, no ya como cuenta corriente, sino en forma definitiva y que esta alternativa —votación del dividendo y retiro definitivo de fondos—la hubiera dejado en una situación de menor capacidad económica y financiera de cara a los negocios que iba a realizar, junto con una menor capacidad crediticia.
Explicó que el mecanismo que empleó de crear la cuenta corriente "accionistas" le permitió contabilizar en su activo el crédito y también exigir la cancelación de su saldo cuando las circunstancias lo requiriesen, conforme a sus necesidades. Manifestó que esta alternativa no persiguió ninguna finalidad elusiva, por cuanto los dividendos no se encontraban gravados en cabeza de los accionistas durante los períodos en que los retiros en cuenta corriente tuvieron lugar. Agregó que, por el contrario, se trató de una decisión estratégica tendiente a preservar su capacidad económica y operativa para que pudiese afrontar una serie de negocios propios de su giro social y generadores de beneficios gravados. Explicó que, si hubiera establecido el cobro de intereses en la cuenta corriente, el accionista mayoritario habría tenido la opción de votar y retirar las sumas en concepto de dividendos.
Reiteró que su interés en los retiros mediante este mecanismo de cuenta corriente radicó en la posibilidad de mantener los fondos dentro de su patrimonio y no perderlos al haber tenido que distribuir dividendos. Añadió que si bien ello no le reportó un ingreso económico directo —como lo hubiera sido el cobro de intereses sobre el saldo deudor de la cuenta corriente—, sí obtuvo un beneficio al poder mantener los fondos como crédito dentro de su patrimonio y luego recuperarlos, como aseveró que sucedió. Destacó que el accionista receptor de los fondos —titular del 99,99% de las acciones—fue, a su vez, quien conformó la voluntad social de no distribuir dividendos y de destinarlos a reserva, de implementar con ellos una cuenta corriente y de aprobar todos estos actos en las asambleas respectivas.
Señaló que su objeto social es la realización de operaciones inmobiliarias. Aseguró que cualquier compra o inversión de carácter inmobiliario que lleve adelante se corresponde en forma directa e inmediata con el cumplimiento de ese objeto social. En consecuencia, relató que, gracias a la implementación de esa cuenta corriente, se benefició de la compra de una fracción de campo en el partido de Lobos, Pcia. de Bs As. (escritura N°441 del 27/10/2011); en la compra del 30% de un departamento ubicado en la calle Bulnes de la Ciudad de Buenos Aires (según boleto de compraventa del 13/9/2012) y en el otorgamiento de una garantía hipotecaria a favor del Banco Macro S.A. por las obligaciones que contrajera la firma "LOS CAUQUENES USHUAIA S.A", lo cual, aseguró, redundó en un beneficio económico del 1,5% sobre el crédito autorizado (de acuerdo a su acta de directorio N° 89 del 10/5/2013 y asamblea ratificatoria del 13/5/2013).
Por lo tanto, arguyó que su interés en la compra de ese departamento y de ese terreno hace al cumplimiento de su objeto social.
Respecto de la compra del terreno en el partido de Lobos hizo hincapié en que su compra se efectivizó con un anticipo de U$S 55.000 y un pago del mismo monto al escriturar el 27/11/2011, mientras que en el libro mayor, la cuenta "accionistas", consta una devolución de $ 232.375 (el 26/9/2011) y otra de $ 234.300 (el 27/10/2011). Expresó que el boleto de compraventa no pierde validez por el hecho de no estar certificado por escribano público —como lo afirma el fisco— al no existir ninguna norma que imponga ad solemnitatem tal recaudo formal. Agregó que esa operación se encuentra debidamente registrada en su contabilidad y que el 13/9/2012 realizó la comunicación a ese organismo de la compra realizada en los términos de la Res. Gral. 2140/2006, por ejercer la opción de reemplazo de bienes prevista en el art. 67 de la LIG.
Interpretó que ninguna norma legal establece que el principio de la realidad económica no resulte aplicable a las disposiciones de fondos efectuadas por sociedades anónimas a favor de sus socios. Agregó que el ordenamiento vigente tampoco establece que los socios de las sociedades anónimas deben reputarse "terceros" a los fines del art. 73 de la LIG en todos los casos, pues, entendió que, en determinadas situaciones particulares —como en el caso de autos—, resulta absurdo e irrazonable. Entendió que tal suposición no se deriva del mero hecho de que sociedad y socio sean entes jurídicamente independientes —como lo afirma el juez administrativo—, pues puntualizó que tal interpretación resulta irrazonable, toda vez que, en ningún caso, podría una sociedad anónima efectuar disposiciones de fondos a ningún sujeto sin caer en la presunción legal allí dispuesta. Ello supondría un sinsentido del legislador que no cabe presumir, pues, de ser así, la norma hubiera dispuesto que todas las disposiciones de fondos realizadas por los sujetos del apartado 1, inc. "a" del art. 69 de la LIG estarían alcanzadas por tal presunción, sin exigir el requisito legal de que se trate de "terceros".
Resaltó que su decisión de crear la cuenta corriente "accionistas" respondió a un genuino interés social, no elusivo, que fue tomado en los hechos por el accionista controlante y receptor de los fondos. Plantea que ello así, no cabe la posibilidad que desde el punto de vista de la realidad económica se considere a ese mismo accionista un "tercero" frente a ella, a los fines del art. 73 de la LIG.
Citó el fallo de la CSJN "Fiat Concord" en cuanto a que el sentido y la finalidad de la presunción dispuesta en el art. 73 de la LIG estuvo dirigida a evitar la elusión del impuesto que suponía el retiro de fondos disponibles por parte de los accionistas, por conceptos distintos a la distribución regular de dividendos, entonces gravados al momento de introducirse ese artículo por la ley 23.260. Con base en esto, expuso que, durante los períodos fiscalizados, los dividendos no estaban gravados en cabeza de los accionistas, motivo por el cual, entendió, que resulta imposible pensar que los movimientos de la cuenta "accionistas" fueron concebidos para eludir el pago de algún tributo a cargo, sea de la sociedad o del accionista, cosa que, por otra parte, agregó, el fisco no invocó en la resolución recurrida ante este Tribunal.
Planteó la inconstitucionalidad del art. 73 de la LIG tras entender que establece la capitalización de los intereses presuntos y que esto contradice al principio general establecido por el art. 623 del Código Civil (vigente al momento de los hechos).
En relación a la multa impuesta, afirmó que actuó dentro de los límites de su objeto social y de la licitud y que no omitió el ingreso de la presunción legal establecida en el art. 73 de la LIG. Reiteró que las operaciones que realizó respondieron a su necesidad y que, a su vez, el receptor de los fondos no puede considerarse "tercero" en los términos de esta norma.
Indicó que no existe ningún elemento en las actuaciones que permita calificar su conducta como culposa o negligente. Aseveró que resulta improcedente y contrario a los más elementales principios del derecho penal presumir su culpa o negligencia.
Alegó la existencia de error excusable por entender que obró conforme a derecho, y que es inculpable debido a que la diferencia de impuesto surgió como consecuencia de una disímil interpretación que el fisco efectuó de la normativa aplicable.
Finalmente, citó doctrina y jurisprudencia en apoyo de su postura y solicitó que se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que a fs. 108/135 el fisco contestó el traslado del recurso interpuesto, acompañó los antecedentes administrativos de la causa (en adelante “aa”) y solicitó por los argumentos de hecho y de derecho que expuso, que se confirmen los actos apelados, con costas.
III. Que a fs. 141 se abrió la causa a prueba. A fs. 176/177 obra la contestación del oficio diligenciado a "Los Cauquenes Ushuaia S.A." y a fs. 180/185vta. los peritos presentaron su informe pericial. A fs. 243/245 esta Sala rechazó el desistimiento peticionado por la actora con base en las disposiciones del Título I, Libro II, de la ley 27.260.
A fs. 260 se clausuró el período probatorio y se elevaron los autos a consideración de la Sala “C”. A fs. 267 se pusieron los autos para alegar, haciendo uso de su derecho el fisco a fs. 276/281 sin hacer uso de su derecho la actora. Finalmente, a fs. 283 se pusieron autos para dictar sentencia.
IV. Que primeramente debo señalar que este Tribunal no se encuentra obligado a tratar todos y cada uno de los argumentos brindados por las partes, sino solo aquellos que resultan necesarios para emitir un pronunciamiento válido (Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 297:140; 301:970, entre otros); ni tampoco a ponderar exhaustivamente todas y cada una de las pruebas producidas en la causa, sino sólo aquellas que se estimen conducentes para fundar las conclusiones a las que se arriba (Fallos 321:1776 entre otros).
V. Que, respecto del fondo del asunto, cabe puntualizar que de los antecedentes de la causa -en especial del informe final de inspección (en adelante IFI) (v. Cpo. IG. N° 1, fs. 118/122, aa)- y de la resolución apelada, surge que la actora se encuentra inscripta bajo la actividad “Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes propios o arrendados”, con cierre de ejercicio comercial el 31/12 de cada año. Las actuaciones se originaron como resultado de una inspección ordinaria rápida, bajo los lineamientos de la IG 422/1998, donde se detectó que la recurrente había omitido determinar intereses sobre los saldos deudores de la cuenta "accionistas" durante los ejercicios 2009 a 2011.
Los inspectores verificaron los movimientos de la cuenta "accionistas" de los períodos bajo análisis que surgen de los mayores contables entregados con las registraciones efectuadas en el "libro diario", sin observaciones.
Teniendo en cuenta la normativa vigente al momento de los hechos, los actuantes entendieron que en algunos casos podría interpretarse que los préstamos entregados por la empresa a sus accionistas resultan una forma de canalizar fondos de la primera hacia los segundos, sin recurrir a la distribución de utilidades; que el dinero retirado por éstos sin que exista aprobación y distribución de dividendos reviste la calidad de préstamos; y que de los argumentos esgrimidos por la responsable en la multinota que presentó, no quedó demostrado que los retiros efectuados por el accionista Pablo Hernán Miguens hayan sido realizados en interés de la empresa.
En virtud de estos motivos, los inspectores consideraron la determinación de intereses por disposición de fondos a favor de terceros sobre los saldos de la cuenta "accionistas" (cfme. art. 73 de la LIG y art. 103 de su dec. reg.).
Como consecuencia de lo anterior, el fisco proyectó los ajustes correspondientes con relación al IG de los ejercicios fiscales 2009 a 2011 y determinó los resultados impositivos sumando a los resultados netos declarados los intereses presuntos calculados por la fiscalización. Cabe destacar que, a tales efectos, el fisco consideró como pagos a cuenta del impuesto determinado, los anticipos y retenciones que surgen de la base de Sistemas Tributarios.
VI. Que la cuestión de fondo se circunscribe a determinar si respecto de los fondos entregados por la actora a su socio controlante (Sr. Pablo Hernán Miguens con el 99,9% de las acciones), resulta de aplicación el art. 73 de la LIG.
Dicho artículo, en su texto vigente al momento de los hechos preveía que toda disposición de fondos o bienes efectuados a favor de terceros por parte de los sujetos comprendidos en el art. 49, inc. “a”, que no responda a operaciones realizadas en interés de la empresa, hará presumir, sin admitir prueba en contrario, una ganancia gravada equivalente a un interés con capitalización anual no menor al fijado por el BNA para descuentos comerciales o una actualización igual a la variación del índice de precios al por mayor, nivel general, con más el interés del 8% anual, el importe que resulte mayor.
De lo expuesto se desprende que, para la aplicación de la presunción contenida en el precitado artículo, se deben cumplir tres requisitos: a) que se trate de una disposición de fondos a favor de terceros, b) que sea realizado por alguno de los sujetos descriptos en el art. 49, inc. “a” de la LIG y, c) que no responda a operaciones realizadas en interés de la empresa.
Por su parte, el primer párrafo del art. 103 del DR –vigente al momento de los hechos-, en lo que aquí interesa, disponía que a los efectos de la aplicación del art. 73 de la ley, se entenderá que se configura la disposición de fondos o bienes cuando éstos sean entregados en calidad de préstamo, sin que ello constituya una consecuencia de operaciones propias del giro de la empresa o deban considerarse generadoras de beneficios gravados. Se considerará que son consecuencia de operaciones propias del giro de la empresa, las sumas anticipadas a directores, síndicos y miembros de consejos de vigilancia, en concepto de honorarios; en la medida que no excedan los importes fijados por la asamblea correspondiente al ejercicio por el cual se adelantaron y siempre que tales adelantos se encuentren individualizados y registrados contablemente. La imputación de intereses y actualizaciones presuntos dispuesta por el citado artículo, cesará cuando opere la devolución de los fondos o bienes, oportunidad en la que se considerará que ese hecho implica, en el momento en que se produzca, la cancelación del crédito respectivo con más los intereses devengados, capitalizados o no, generados por la disposición de fondos o bienes respectiva. Sin embargo, si en el mismo ejercicio en el que opera la devolución o en el inmediato siguiente, se registraran nuevos actos de disposición de fondos o bienes en favor del mismo tercero, se entenderá que la devolución no tuvo lugar en la medida dada por el monto de esas nuevas disposiciones y que los intereses y actualizaciones que proporcionalmente correspondan a dicho monto no han sido objeto de la cancelación antes aludida.
VI.1. Como ya se relató en el Considerando I, no se encuentra controvertido que la actora –S.A.- efectuó en forma habitual, salidas de fondos a favor de su presidente y accionista mayoritario, pues –tal como lo reconoció- para no distribuir dividendos instrumentó con el citado accionista una cuenta corriente que denominó "accionistas", que le permitió exigir la cancelación de su saldo cuando necesitara hacer frente a sus negocios, sin pactar intereses a su favor sobre los saldos deudores de esa cuenta.
No caben dudas entonces que existió una disposición de fondos de la recurrente –la S.A.- a favor de su presidente y accionista mayoritario –Sr. Pablo Hernán Miguens- sin estipularse renta o contraprestación alguna.
VI.2. Establecido lo anterior, se debe analizar si dicho accionista mayoritario –poseedor del 99,9% de las acciones- reviste la calidad de "tercero" frente a la actora en los términos del art. 73 de la LIG. Esta circunstancia fue tratada por la CSJN en el precedente "Fiat Concord S.A." (Fallos 335:131), cuyos fundamentos –por su pertinencia- ameritan reproducirse:
“8°) …el hecho de que la disposición de fondos se efectúe -como ha ocurrido en el caso- entre sociedades vinculadas económicamente entre sí, o en relación de sujeción económica por revestir una de ellas una condición dominante respecto de otra dependiente, no impide considerar que dicha disposición se haya efectuado a favor de terceros, en los términos del art. 73 que se examina, puesto que se trata de distintos sujetos de derecho que son considerados individualmente como sujetos pasivos de la obligación tributaria. En rigor de verdad, el ordenamiento argentino no regula los conjuntos económicos como estatutos autónomos. No lo hace la ley tributaria ni la legislación comercial, puesto que, el principio general, es considerar a las sociedades integrantes de aquellos como partes independientes en tanto se ajusten a las practicas normales del mercado, sujetándolas al deber de llevar sus registraciones contables en forma separada (ver art. 5°, ley 11.683; art. 1° de la ley del impuesto a las ganancias y su art. 14, en la redacción dada a partir del dictado de la ley 21.481 -B.O. 5/1/77- y en las sucesivas reformas, al primitivo texto de la ley 20.628 -B.0. 31/12/73-; arts. 33, 63 y 64 de la ley de sociedades comerciales), reservándose para casos de excepción la posibilidad de prescindir de la individualidad jurídica de cada sujeto, y de considerar, a los fines fiscales, a todos ellos como una unidad.
En efecto, como lo precisó este Tribunal, la " ...relación de subordinación no suprime la personalidad jurídica de la sociedad dependiente (respecto de la sociedad dominante) ni anula su capacidad jurídica tributaria" (Fallos: 286:97). En el mismo sentido afirmó que ciertas circunstancias particulares " ...autorizan el tratamiento excepcional que esta Corte ha dispensado a otros conjuntos económicos, según las argumentaciones expuestas en los ya citados precedentes de Fallos: 286:97 y 287:79, sin que ello importe reconocer a aquella vinculación el estatuto autónomo de un sujeto pasivo de la obligaci6n tributaria para los gravámenes controvertidos en esta causa ... ", pues "...para la solución del sub lite no se ha desconocido la existencia de dos sociedades de capital perfectamente delimitadas conforme al orden jurídico privado, ni tampoco la personería jurídica de la sociedad local" (Fallos: 307:118).” Bajo tales premisas, no caben dudas que el Sr. Pablo Hernán Miguens, presidente y accionista mayoritario de la actora, es un “tercero” respecto de ella, en los términos del art. 73 de la LIG.
Por otro lado, lo dicho por la actora respecto de que no existe perjuicio fiscal, al no encontrarse el accionista obligado a pagar el IG sobre los dividendos que eventualmente se le distribuyan (“III.4 Cuarto agravio” del recurso de apelación); olvida que el ajuste de autos es sobre la S.A. y no sobre el accionista. La LIG originalmente adoptó una modalidad dual de imposición, al gravar las utilidades de las sociedades por un lado y los dividendos recibidos por sus accionistas por el otro. En esa inteligencia es que el art. 73 de la LIG –presunción introducida mediante la modificación dispuesta por la ley 23.260- tuvo como propósito “impedir que las sociedades cerradas puedan facilitar sumas a sus accionistas en calidad de préstamos cuando en realidad se trataría de utilidades gravadas en cabeza de los mismos" (Antecedentes Parlamentarios, ley 23.260, Diario de Sesiones del Senado, 24 y 25/9/1985, pág. 2498). Luego, la reforma incorporada por la ley 24.073 vino a eximir a los accionistas del IG nacido de los dividendos recibidos, pero no a las sociedades por la disposición de fondos a favor de terceros. La Corte, en el ya citado precedente “Fiat Concord” lo señaló con claridad meridiana: “No puede soslayarse, sin embargo, el hecho de que a partir de la reforma que introdujo la ley 24.073, el legislador se inclinó por gravar solamente las ganancias en cabeza de las sociedades a una tasa única del 30% y desgravar los dividendos como ganancia personal de los accionistas (ver, Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, marzo 18 y 19 de 1992, pág. 6007), esquema en el que se desvanecería el propósito originario de la presunci6n de evitar que pueda eludirse el pago del tributo mediante un espurio envío de fondos de la sociedad a los accionistas, sin acudir a la distribución de dividendos. Pese a ello, dicha reforma legislativa se limitó a suprimir el segundo párrafo del art. 73, y mantuvo en los mismos términos, la presunción que resulta de su párrafo primero, para toda disposición de fondos o bienes efectuada en favor de tercero." (Considerando 6°, cuarto párrafo. El resaltado me pertenece).
Así, la ley continuó presumiendo una renta con base en un interés presunto originado por cualquier disposición de fondos a favor de terceros en los que no se haya pactado un interés o contraprestación; más allá de que los dividendos en cabeza de los socios no se encuentren gravados, por lo que corresponde rechazar el planteo de la actora en este sentido.
VI.3. Finalmente, resta determinar si las operaciones realizadas durante los períodos discutidos en autos fueron en "interés de la empresa”.
En este sentido, la actora alegó que con los fondos retirados realizó tres operaciones que le fueron beneficiosas y que se corresponden con su giro empresario: la compra de una fracción de campo en el partido de Lobos, Pcia. de Buenos Aires (el 27/10/2011); la compra del 30% de un departamento en la calle Bulnes de la Ciudad de Buenos Aires (el 13/9/2012) y el otorgamiento de una garantía hipotecaria a favor del Banco Macro S.A. por obligaciones que contrajo "Los Cauquenes Ushuaia S.A." (2013).
Ahora bien, resulta aplicable la regla del “onus probandi incumbit et qui dicit” (la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos), receptada por el art. 377 del CPCCN que dispone que cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de aquello que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. En este sentido debe recordarse que, si bien este Tribunal -conforme el art. 164 de la ley 11.683- posee “...amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes...”-, es jurisprudencia pacífica que, en materia de prueba, ello no implica llegar al extremo de reemplazar o suplir a la parte remisa o descuidada en la defensa de sus derechos, en violación del principio de igualdad procesal.
En relación a la prueba producida, a fs. 180/185vta. los peritos presentaron la pericia contable. El perito designado por la actora informó que los libros cumplen con las formalidades legales, excepto el libro diario N° 2, cuya fecha de rúbrica fue el 25/1/2008 y su primera registración el 3/9/2007 y el libro compras N° 2 cuya fecha de rúbrica fue el 31/10/2012 y su primera registración el 6/6/2012. Por su parte, el perito designado por el fisco sostuvo que el libro diario N° 2 no fue exhibido en su primera compulsa (1/10/2015), a pesar de resultar –a criterio del perito- esencial para la realización de la pericia. En una segunda compulsa (9/10/2015), advirtió que poseía registros fechados con anterioridad a su rúbrica, correspondiendo las primeras registraciones al 3/9/2007, mientras que su rúbrica fue realizada el 25/1/2008; y de la compulsa realizada sobre ese mismo libro diario N° 2 en una tercera oportunidad (10/11/2015), advirtió que también se encontraba atrasado a la fecha de la compulsa, por cuanto las últimas registraciones correspondían al 31/12/2014. En el mismo orden de ideas, concordó con su colega respecto a la presencia de irregularidades en el libro compras N° 2 (poseía registros fechados con anterioridad a su rúbrica) y el libro de inventarios y balances N° 2 (poseía registros atrasados a la fecha de la compulsa). Ambos peritos estuvieron de acuerdo en que la actora estuvo en condiciones de distribuir dividendos durante los períodos fiscales impugnados; que al 31/12/2012 el saldo de la cuenta “accionistas” era $ 0; que en las asambleas ordinarias anuales la recurrente aprobó el destino de los resultados obtenidos durante el 2009, 2010 y 2011 conformando reservas legales y voluntarias en cada uno de ellos; que del cotejo que realizaron sobre los registros contables, no surgen diferencias con los montos detallados en el anexo I de la vista conferida conforme el art. 17 de la ley 11.683 (v. Cpo. IG N° 1, fs. 185, aa); que de los registros contables surge la adquisición de una fracción de campo en el partido de Lobos (el 26/9/2011) y del 30% de un departamento en la calle Bulnes, CABA (el 13/9/2012). Se puso de resalto que el período fiscal 2012 no fue materia de ajuste por parte del fisco.
Por último, no hubo acuerdo entre los peritos respecto a: si en las fechas en que se efectuaron los pagos correspondientes a la compra de los dos inmuebles referidos en el párrafo anterior, la actora contaba con otros fondos, además de aquellos provenientes de las devoluciones cumplidas por el accionista mayoritario al cancelar la cuenta corriente "accionistas". El perito propuesto a instancia de la actora afirmó que, en base a los registros contables de la recurrente, si el Sr. Pablo Hernán Miguens no hubiera hecho las devoluciones a la actora, no habría podido contar con los fondos suficientes para realizar esas operaciones inmobiliarias. Por su parte, el perito designado por el fisco expresó que para el ejercicio 2011 la recurrente contaba con fondos disponibles, cuyo origen no corresponde a devoluciones del Sr. Miguens, para hacer frente a más del 87% de la compra del campo en el partido de Lobos y que para el ejercicio 2012 la sociedad contaba con fondos líquidos para hacer frente al 100% de la compra del 30% del departamento en la calle Bulnes de CABA.
A fs. 189/191 el representante fiscal impugnó parcialmente las respuestas efectuadas por el perito de la actora respecto del: a. punto 1), pues en la primera compulsa del 1/10/2015 los peritos no tuvieron a disposición el libro diario N° 2, entendiendo que si en esa oportunidad no lo exhibió, es porque el mismo no contenía las registraciones materia de compulsa; b. punto 8) por haberse expedido el perito de la actora respecto de cuestiones ajenas a lo requerido en el punto pericial, en cuanto a las devoluciones efectuadas por el accionista, realizando manifestaciones conjeturales subjetivas respecto a las razones de dichas devoluciones y afirmaciones que no han sido acreditadas, como que aún con la disponibilidad de fondos, parte de las adquisiciones habrían sido con fondos propios del accionista mayoritario.
A fs. 176/177 obra la contestación al oficio diligenciado a "Los Cauquenes Ushuaia S.A." informando que desde 2007 el porcentaje accionario mayoritario de la sociedad (entre el 78% y el 95%) era de propiedad fiduciaria de "MPI-Miguens Pérez Iturraspe S.A." (antes denominada "Miguens Pérez Iturraspe Sociedad de Bolsa S.A."), fiduciaria del fideicomiso "Los Cauquenes Ushuaia S.A.", y que el capital restante fue siempre de propiedad del Sr. Pablo Hernán Miguens; que durante el 2013 inició gestiones para obtener un crédito; y que la actora aceptó otorgarle una fianza solidaria y garantía hipotecaria (sobre un inmueble de su propiedad ubicado en la calle San Martín, CABA) para tramitarlo.
Ahora bien, de la propia resolución determinativa de oficio, se advierte que los períodos fiscales 2012 y 2013 no forman parte del ajuste fiscal de estas actuaciones, motivo por el cual no corresponde ponderar la prueba arrimada sin la imprescindible acreditación de la trazabilidad de los fondos desde alguno de los períodos ajustados hasta la concreción de las operaciones en esos años (2012 o 2013); trazabilidad que no fue demostrada en autos. En efecto, la actora no demostró –ni siquiera intentó hacerlo- que las operaciones realizadas en 2012 y 2013 hayan sido efectuadas con fondos provenientes de los años materia de ajuste.
Considerando esta circunstancia como norte, la actora sólo intentó acreditar –con observaciones en sus libros contables por parte de ambos profesionales- que la disposición de fondos redundó en su propio interés respecto del ejercicio 2011, con la compra en septiembre de ese año del 30% de un departamento, no resultando concluyente el resultado al que arribaron los peritos contadores en el pto. 8 de la pericia, ya que el perito del fisco puso en cuestionamiento la afirmación del profesional de la actora relacionada con que, si el accionista mayoritario no hubiera devuelto los fondos, dicha operación no podría haberse concretado. En efecto, el perito De Luca afirmó con el cuadro que realizó a fs. 185/185vta. que la actora contaba con disponibilidad casi suficiente como para realizar en su totalidad dicha operación, afirmación que no fue oportunamente impugnada por la actora.
Por ello, corresponde confirmar el ajuste apelado.
Esta decisión no se ve conmovida por la impugnación por parte de la actora del método que utiliza el art. 73 de la LIG (vigente al momento de los hechos) para establecer los intereses presuntos que conforman la ganancia allí presumida. En este sentido, la apelante planteó la inconstitucionalidad de esa norma por cuanto entendió que la capitalización del interés presunto deviene irrazonable y contraria al principio general que establecía el derogado art. 623 del Código Civil; omitiendo considerar que la forma de cuantificar la renta que el legislador presume a consecuencia de una disposición de fondos a favor de terceros, es de su exclusivo resorte al momento de crear la norma. Una correcta hermenéutica de la misma, conduce a considerar que lo que realmente el legislador definió es la base imponible –ganancia presuntaque debe considerarse ante una disposición de fondos a favor de un tercero, estableciendo entonces que dicha base estará representada por los intereses que presumiblemente generaría el préstamo de tales fondos según un método de cálculo –establecido por el legislador dentro de sus atribuciones propias-; cuyo acierto o error no corresponde expedirse. Por ello, resulta errónea la invocación del art. 623 del derogado Código Civil; porque en sustancia, lo que el legislador definió fue la base imponible –consistente en una renta presumida- a considerarse en el impuesto a las ganancias ante una disposición de fondos a favor de terceros.
VII. Que en cuanto a los intereses resarcitorios intimados, habiendo sido correctamente liquidados y no habiendo la actora expresado agravio alguno al respecto, corresponde su confirmación, con costas.
VIII. Que con relación a la multa por omisión aplicada con fundamento en el art. 45, párr. 1ro, de la ley 11.683 (vigente al momento de los hechos) que disponía: "…el que omitiere el pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas, será sancionado con una multa graduable entre el 50% (cincuenta por ciento) y el 100% (ciento por ciento) del gravamen dejado de pagar, retener o percibir oportunamente, siempre que no corresponda la aplicación del artículo 46 y en tanto no exista error excusable."
A los fines de su configuración, corresponde observar el elemento material u objetivo de dicha figura, para lo cual debe verificarse un resultado disvalioso traducido en la omisión del pago del impuesto al vencimiento de la DDJJ, mediante la falta de su presentación o por ser inexactas las presentadas. Como se desprende de los considerandos que anteceden, debe tenerse por acreditado el elemento objetivo o material de la sanción impuesta.
Con relación al aspecto subjetivo, la CSJN tiene dicho que en el campo del derecho represivo tributario rige el principio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible pueda serle atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos 271:297, 303:1548, 312:149, entre tantos otros). Si bien es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona realizó una conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación vigente (Fallos 316:1313, 320:2271).
Al respecto, debe señalarse que el Máximo Tribunal admitió al error excusable como eximente de responsabilidad cuando éste resulta de los extremos fácticos del caso, cuya valoración corresponde exclusivamente a los jueces de la causa (Fallos 292:195; 327:5345, entre otros), instituto receptado por el actual art. 50.2 de la ley 11.683 (texto según ley 27.430, BO 29/12/2017).
En este sentido, si bien la recurrente alegó la existencia de “error excusable” por haber guiado su conducta en la creencia de la licitud de su obrar alegando que la diferencia de impuesto surgió como consecuencia de una disímil interpretación que el fisco y ella hicieron de la normativa vigente, no logró acreditar cuál fue la dificultad que supuestamente ocasionó el error que invoca, la que -por otra parte- tampoco fue individualizada en forma concreta. Es que, si bien la figura culposa del art. 45 de la ley 11.683 admite expresamente como eximente al “error excusable”, su existencia debe ser fehacientemente probada por el presunto infractor, lo que considero no aconteció en el caso de autos.
Ello así, y toda vez que en el caso quedó acreditada la configuración de la infracción prevista en el art. 45 de la ley 11.683, no habiendo acreditado la actora la existencia del “error excusable” que invocó para eximirse de responsabilidad, corresponde confirmar la sanción aplicada.
Por ello, corresponde confirmar la resolución apelada, en todas sus partes, con costas.
La Dra. Marmillon dijo:
Que adhiere al voto del Vocal preopinante.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
Se deja constancia que suscriben este pronunciamiento dos Vocales Titulares de la Sala “C” conforme a lo previsto por el artículo 184 de la ley 11.683, por encontrarse vacante la Vocalía de la 9° Nominación. Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos agregados y archívese.
Date: 2026.05.22 11:58:24 -03:00 Date: 2026.05.22 13:08:17 -03:00 Viviana Marmillon Claudio Esteban Luis Vocal Vocal Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.05.22 13:08:18 -03:00
Fin de la sentencia