Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2024-42638419-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad del auto de apertura de sumario en los términos dispuestos en el considerando VI.- de la presente.
2Declarar PRESCRIPTAS las acciones del Fisco para perseguir el cobro de tributos e imponer sanciones, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, respecto de la DIT N° 12073 IT14 002454 J, de la firma FPT ARGENTINA S.A. con costas a cargo del Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-109340980-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 1 de Octubre de 2025 Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de resolver en el Expediente N° EX-2024-42638419- -APN- SGASAD#TFN, caratulado “FPT ARGENTINA S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”, El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del Proceso:
Determinar si la Resolución RESOL-2024-955-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA dictada con fecha 26 de marzo de 2024 por la Jefa del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en el marco del sumario Actuación SIGEA N° 17124-9610-2015, resulta ajustada a derecho, en cuanto condena a la firma FPT INDUSTRIAL ARGENTINA S.A. (aquí actora), al pago de una multa de $ 10.377,11 y se le formula cargo a la misma por los tributos adeudados en la suma U$S 1.598,69 e intima al pago de dicho concepto con más los intereses del art. 794 del Código Aduanero (en adelante C.A.). Todo ello, en relación a la presunta infracción prevista y penada por el art. 970 el C.A. correspondiente a la DIT N° 12073 IT14 002454 J, cuyo vencimiento operó el 28/12/2013.
II. Fundamentos de la apelación:
Que con fecha 25 de abril de 2024 se presenta la actora mediante apoderado e interpone recurso de apelación (RE-2024-42634978-APN-SGASAD#TFN) contra la resolución mencionada en el apartado precedente. En primer término plantea la nulidad el acto de apertura de sumario toda vez que el mismo no ha sido dictado conforme a derecho, por cuanto no cumple si quiera los requisitos esenciales de validez exigidos por el art. 1094 del C.A., lo cual priva de toda eficacia a los fines de interrumpir y/o suspender los plazos de prescripción de la acción del Fisco para imponer penas por las infracciones aduaneras, como para exigir tributos aduaneros. Manifiesta que dicho acto no describe los hechos en los cuales se funda la imputación, no valora la mercadería y no práctica liquidación de tributos, lo cual constituye una violación al art. 1094 del CA y al derecho de defensa de mi representada que provoca la nulidad del acto. Advierte que poco tiempo antes de la corrida de vista y cuando la acción ya se encontraba prescripta, se practicó la liquidación de tributos, por lo cual recién en esa fecha se dio cumplimiento con los inc. b) y d) del mencionado artículo. Cita normativa y jurisprudencia que entiende aplicable al caso. Explica que en la misma instrucción de sumario, el Juez Administrativo ordenó agregar la carpeta completa de la destinación de importación correspondiente a la imputación, lo cual nunca se cumplió. A continuación, advierte que el procedimiento excede los plazos razonables en la sustanciación del sumario, todo lo cual redunda en una seria afectación al derecho de defensa violándose de esa manera el derecho constitucional. Finalmente, ofrece prueba, formula reserva de Caso Federal y solicita se revoque la resolución aduanera apelada, con costas al servicio aduanero.
III. Contestación del traslado:
Que con fecha 30 de julio de 2024 la representación fiscal contesta el traslado del recurso (IF-2024- 79997150-APN-DTD#JGM), cumple con la negativa genérica de todos los hechos y el derecho invocados por la actora que no fueran objeto de su expreso reconocimiento, acompaña las actuaciones administrativas SIGEA N° 17124-9610-2015 y realiza un breve relato de los antecedentes que dieron origen a la causa. Inicialmente, respecto a los planteos efectuados por la actora, trata sobre la pretendida nulidad de la resolución recaída en el sumario contencioso entendiendo que la misma resulta ajustada a derecho y destaca la validez del auto de apertura de sumario. Afirma que carece de asidero pretender que la instrucción de sumario reúna todos y cada uno los elementos estipulados por la norma, por una simple cuestión de sentido común. Cita jurisprudencia. Agrega que la actora claramente pudo defenderse y aportar prueba al contestar la vista oportunamente conferida, quedando garantizado de tal forma el debido proceso y el derecho de defensa. Advierte que el acto de apertura de sumario para que sea válido no requiere cumplir inexorablemente con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el art. 1094 del C.A. Se opone al planteo de prescripción opuesto por la actora, explicando que la acción en cabeza del Fisco para perseguir el cobro de los tributos se encuentra plenamente vigente. Finalmente, trata la cuestión de fondo, ofrece como prueba el expediente administrativo, hace reserva del Caso Federal y peticiona que se dicte sentencia rechazando la apelación interpuesta por la contraria, con expresa imposición de costas.
IV. Que, en lo que aquí interesa, las actuaciones administrativas SIGEA N° 17124-9610-2015 (archivo embebido al IF-2024-83470249-APN-DTD#JGM) se inician a fs. 1/30 con la Multinota del Despachante solicitando la cancelación de la DIT N° 12073 IT14 002454 J adjuntando los certificados de tipificación (C.T.I.T.) como documental. A fs. 32 la División Control Operativa procede a elevar la pertinente acta de denuncia por presunta infracción al Régimen de Destinación Suspensiva prevista en el art. 970 en relación a la mercadería amparada en la mencionada DIT. A fs. 33 y 34 se encuentra el aforo de la mercadería y la base imponible. A fs. 36/37 obra el acta de denuncia con fecha 15/03/2018. A fs. 36 y 37 se encuentra el aforo de la mercadería y la liquidación de tributos. Con fecha 28/12/2018 se dispone la instrucción de sumario (fs. 40). A fs. 42 se agrega impresión de pantalla de la consulta de la garantía afectada a la operación y a fs. 43 se agrega la liquidación de tributos y multa. A fs. 44/44vta., con fecha 30/01/2024, se dispone correr vista de lo actuado a la importadora a efectos de que ejerza su derecho de defensa (Notificada el 05/02/2024, -fs. 45-). En fecha 20/02/2024, a fs. 47/59vta., se presenta la firma y contesta vista. A fs. 78/79 obra la póliza de seguros de caución. Con fecha 21/03/2024 se provee la presentación de la actora y a fs. 81/86, en fecha 26/03/2024, se encuentra la resolución apelada en autos y la constancia de su notificación con fecha 08/04/2024 (a fs. 87). A fs. 89 y 90 la actora comunica la apelación ante este Tribunal y adjunta formulario F4, respectivamente.
V. Que mediante PV-2024-85114920-APN-VOCXXI#TFN se dispone tratar la nulidad y la excepción de prescripción opuesta por la actora como de previo y especial pronunciamiento. Con fecha 02/09/2015 (PV- 2025-97114548-APN-VOCXXI#TFN) se elevan los autos a la Sala “G” y finalmente, en la misma fecha conforme IF-2025-97136384-APN-VOCXXI#TFN pasan a sentencia.
VI. Que en primer lugar, corresponde tratar la nulidad y excepción de prescripción planteadas por la actora en el escrito inicial.
Que, en este punto, cabe dar favorable acogida al agravio de la actora en tanto plantea que el auto de apertura carece de los requisitos exigidos para su validez [cfr. Apartado IV – Acápite A) del recurso de apelación]. Ello así, toda vez que, tal como a continuación se analizará, dicho acto carecía de la liquidación de tributos y de la multa, la que fue efectuada con posterioridad al vencimiento de los plazos prescriptivos.
Que no es ocioso destacar la insistencia puesta por el legislador en el detalle de los incisos del 1094 del C.A., la cual se explica en que consiste en el primer paso procesal completo en el que al contribuyente se le enrostra la realización de un acto ilícito.
Que consentir su cumplimiento parcial implica postergar los plazos prescriptivos más allá de lo dispuesto en el mismo C.A. que, en su diseño no puede desmembrase o deformar para sostener una imputación que no fue hecha en tiempo y forma. Consecuentemente, es una falla en el procedimiento que conculca el principio constitucional del debido proceso y de defensa en juicio.
Que el Código Aduanero regula el instituto de la prescripción en los arts. 803 y 934 del C.A, los cuales establecen: “Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera” y “La acción para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de CINCO (5) años”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que dicho plazo, según el art. 805 inc. a) del C.A., se suspende: “...desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión;...”
Que, con respecto a la prescripción de la acción para imponer sanciones, el inc. a) del art. 937 reza: “La prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por: a) el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario…;”
Que no existe controversia en el caso respecto a que la infracción (hecho generador de la obligación tributaria) se habría cometido el 28/12/2013.Y, por ende, no está controvertido que el comienzo del plazo quinquenal de la prescripción de la que se trata ha comenzado a correr el 01/01/2014 y que el mismo vencía el 31/12/2018.
Que razonablemente, para poder tener los efectos que la legislación aduanera le confiere, el acto -en el caso, el auto de apertura del sumario- debe claramente ser válido, siendo para ello necesario que reúna todos los elementos formales y materiales que determina la normativa vigente.
Que es el art. 1094 del C.A. el que establece todas las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario, y en este sentido dispone que el mismo “...determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados.”
Que a fs. 40 del sumario administrativo antecedente de estos autos, obra el auto de apertura de la instrucción de fecha 28/12/2018. Cabe destacar que hasta ese momento habían transcurrido 4 años, 11 meses y 27 días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que de dicho plazo- restaban cumplirse tres (3) días, los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión.
Asimismo, de la compulsa del aludido auto resulta claramente que, si bien se refirió a la presunta infracción imputada a la actora, el mismo no cumple con los extremos legales exigidos por el art. 1094 del C.A. para que se constituya válidamente y surta los efectos que la legislación aduanera atribuye a dicho acto.
Que, en efecto, en el mismo auto se dispone la instrucción de sumario en los términos del 1090 inc. c) del C.A., en palmaria contradicción a lo establecido en el referido art. 1094, de cuya letra resulta evidente que el servicio aduanero, en el mismo auto de apertura de sumario, se encuentra obligado a determinar, a clasificar y valorar la mercadería y liquidar los tributos que correspondan. Que, dicha obligatoriedad ha sido querida por el legislador que dispuso que el administrador “determinará...” y “dispondrá...”, términos que no pueden sino interpretarse en el sentido de que resulta imperativo para el servicio aduanero cumplimentar con todos los requisitos allí determinados, reitero, en el mismo auto de apertura. Que, la irregularidad se desprende del mismo acto, en el que establece que -previo a todo trámite- debía agregarse la carpeta original del despacho y remitirse las actuaciones a la División Verificación a efectos de que tenga a bien informar el valor en aduana de la mercadería, su posición arancelaria y demás tributos que gravaren su importación.
Que, en este caso, el aforo de la mercadería se efectuó en fecha 08/11/2017 (conf. fs. 33) y la liquidación de tributos y multa (sin fecha) que terminaría intimándose en la resolución apelada, fue efectuada con posterioridad al auto de instrucción de sumario (fs. 43).
Que, en virtud de ello, y conforme el criterio sostenido, en mi voto en minoría, en la causa “CEARCA S.A., c/Dirección General de Aduanas, s/recurso de apelación”, Expte. Nº 25.681-A, de esta Sala, considero que, por carecer de requisitos esenciales el acto de apertura de sumario de fecha 28/12/2018 -obrante a fs. 40 de los antecedentes administrativos- es nulo de nulidad absoluta, en tanto violatorio de la ley, por estar en palmaria contradicción a lo establecido en el referido art. 1094 del C.A.
Que, en virtud de lo manifestado, al ser nulo, el acto de apertura de sumario carece de aptitud para surtir los efectos que la legislación aduanera le atribuye.
Que por lo expuesto, y siendo que el vencimiento de la temporal en trato operó el 28/12/2013 (fecha de comisión de la infracción), conforme la legislación aplicable el plazo de prescripción es de 5 años tanto para perseguir el cobro de tributos como para imponer penas por parte del Fisco (conf. arts. 803 y 934 del C.A), y que dicho plazo comenzó a correr a partir del 01/01/2014, en los términos de los arts. 804 y 935 del C.A. y no mediando causales suspensivas e interruptivas de la prescripción, la misma operó el 31/12/2018, careciendo de aptitud suspensiva e interruptiva de la prescripción, el acto de instrucción de sumario de fecha 28/12/2018, por las razones ya expresadas precedentemente.
Que, a mayor abundamiento, cabe destacar que en este caso la vista conferida no pudo subsanar las irregularidades del auto de apertura sumarial atento a que ella se dispuso recién en fecha 30/01/2024 (ver fs. 44 de las act. adm.), una vez operada la prescripción.
VII. Que cabe destacar que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II, en los autos: “Agencia Marítima TAGSA S.A. c/DGA s/Recurso directo de organismo externo”. Expte. 40.306/13 (18/03/2014), señaló que para que el acto de apertura de sumario sea válido es necesario que reúna los requisitos formales y materiales que determina la normativa vigente, art. 1094 del C.A. En este sentido resolvió de acuerdo al criterio adoptado por la Sala IV, en los autos: “Agencia Marítima Tagsa S.A. (TF 27.435-A) c/ D.G.A.” del 11 de junio de 2013 (sentencia que quedó firme, por haber sido declarado inadmisible por la CSJN. el recurso extraordinario interpuesto por el Fisco, con fecha 04/02/2014)”. Sostuvo que para que el auto de apertura del sumario tuviera tal virtualidad, debía tratarse de un acto válido, siendo para ello necesario que reuniera los requisitos formales y materiales que determina la normativa vigente. Así, subrayó que el art. 1094 del C.A. identifica los enunciados obligatorios con que debe contar la resolución que dispone la apertura del sumario. Concluyó que resulta imperativo cumplir con aquellos requisitos para luego correr vista de lo actuado y posibilitar al intimado de pago ejercer correctamente su defensa; por el contrario, la falta de alguno de ellos deriva indefectiblemente en la nulidad del acto (confr. también Sala IV in re: “Boston Compañía Argentina de seguros S.A. (TF 29.422-A) y otro c/DGA” y en similar sentido, Sala I in re “Unisel SA c/AFIP DGA - Resol. 9315/99 s/ A.N.A.”, sentencia del 23/02/10)”.
Dicho criterio fue mantenido en las causas: “YPF SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 27/04/17; 39.183/17 “Gibaut Hnos. Manufacturas de Cuero SA c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, sent. del 19/12/17; y 88.231/2017 “Isamar SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 15/03/18, entre otras.
Finalmente, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, en la causa “Denso Manufacturing Argentina SA TF 28.874-A C/ DGA S/Recurso Directo de Organismo Externo”, Expte. 55478/2019, se explayó acerca de la interpretación que la Sala, le ha asignado al art. 1094 inc. d) del C.A.: “En efecto, ha sostenido que, como regla general, disponer la liquidación de los tributos al momento de abrir el sumario, reviste una importancia fundamental, dado que: (i) evidencia el interés del organismo aduanero en percibir dicho tributo, lo que justifica que el plazo sea suspendido según el art. 805, inc. a), del Código Aduanero; (ii) garantiza la defensa en juicio y el juzgamiento del particular en un plazo razonable, al exigir cierta celeridad en la liquidación del tributo y su correspondiente vista al particular —lo que no se garantizaría si, como en el caso, la vista de la liquidación se corrió 10 años después de realizado el hecho gravado—; y (iii) en el caso de diversas multas, la liquidación del tributo sirve para cuantificar el monto de las multas” (conf. in re, “Arte Radiotelevisivo Argentino SA (TF 28836- A) c/ DGA”, Expte. No. 21.830/2012, del 6/6/2013). (…) Por tal razón, la realización de la liquidación tributaria correspondiente, no se trataba de una formalidad carente de sentido sustancial, sino que era fundamental para el normal desarrollo del procedimiento aduanero (esta Sala, causa “Arte Radiotelevisivo Argentino S.A.” citada).”
A mayor abundamiento, en recientes precedentes, la Cámara antes citada ha reafirmado la importancia del auto de apertura de sumario y la necesidad de que este cumpla con todos los requisitos del régimen legal. (Sala I, “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. –TF 33.562-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, 03/11/2022, Sala I, “Federal Express Corporation (TF 30.584-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, 11/10/2022).
Que también ha puntualizado que “…las exigencias normativas no comportan…una mera referencia o arbitrio susceptible de ser soslayado a voluntad por el operador; por el contrario, los recaudos contenidos en el precepto analizado deben ser cumplidos como requisitos de validez de la apertura sumarial, pues una interpretación contraria importaría lisa y llanamente vaciar de contenido a la norma, temperamento que resulta claramente inadmisible.” (CNCAF, Sala II, “SA Marítima y Comercial JR Williams (TF 27.600-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, 12/03/2024.
Finalmente, respecto al planteo formulado por el Fisco Nacional en cuanto al art. 17 de la Ley N° 27.562, dicho artículo dispone la suspensión “(…) con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentre a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales.”, es decir del 26/08/2020 al 26/08/2021.
Cabe resaltar que, al momento de la emisión del acto cuestionado, ya había operado la prescripción de la acción en cabeza del Fisco para imponer sanciones.
Que, con fundamento en expuesto, corresponde declarar la nulidad del auto de instrucción de sumario, y, en consecuencia, la prescripción de la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos e imponer penas, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, respecto de la operación N° 12073 IT14 002454 J, con costas al Fisco.
VIII. Que atento el punto precedente, deviene abstracto el tratamiento de las restantes cuestiones invocadas.
Por todo lo expuesto, voto por:
1).- DECLARAR LA NULIDAD del auto de apertura de sumario en los términos dispuestos en el considerando VI.- de la presente.
2).- DECLARAR PRESCRIPTAS las acciones del Fisco para perseguir el cobro de tributos e imponer sanciones, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, respecto de la DIT N° 12073 IT14 002454 J, de la firma FPT ARGENTINA S.A. con costas a cargo del Fisco.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Los antecedentes de la causa, sobre el cual versa la controversia, se encuentran adecuadamente reseñados en los Considerandos I a IV del voto del Dr Segura, a los que me remito por motivos de brevedad.
II. En tal marco fáctico es pertinente considerar en primer turno si el acto administrativo cuestionado fue dictado en tiempo oportuno.
A ese respecto, cabe adelantar que, sin perjuicio de la postura mantenida en los casos EX-2019-97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación”; EX-2019-70389086-APN- SGASAD#TFN “ASEGURADO-RES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, respecto de la necesidad de notificar el acto de apertura sumarial para que opere la suspensión o interrupción del plazo de la prescripción, debo señalar que, en la especie, el procedimiento administrativo se ha llevado a cabo en manifiesta violación de la regla por la cual se exige a la administración la sustanciación de los procedimientos en tiempo diligente. En efecto, se advierte que el auto de apertura del sumario fue dictado el 28/12/2018, mientras que el auto que ordena la corrida de vista, de fecha 30/01/2024, fue notificado a la importadora el 05/02/2024 (fs. 45). En las citadas condiciones, no existe posibilidad alguna para explicar los 10 años, 1 mes y 8 días que mediaron entre el vencimiento de la destinación temporaria objeto de la presente investigación (28/12/2013) y la notificación de la corrida de vista operada el 05/02/2024.
De igual modo, resulta injustificable la demora de 5 años, 1 mes y 8 días entre el auto de apertura del sumario, dictado el 28/12/2018 (fs. 40), y la notificación efectuada a la importadora el 05/02/2024 (fs. 45), sin que surjan de las actuaciones constancias que permitan justificar tal dilación ni la excesiva extensión temporal del procedimiento.
A tenor de esas circunstancias, se impone señalar, que el art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional, disposición que otorga jerarquía constitucional a diversos instrumentos internacionales vinculados con la protección de los derechos humanos, obliga a tener en cuenta que el art. 8, inc. 1°, del Pacto de San José de Costa Rica, referente a las garantías judiciales, prescribe no solo el derecho a ser oído, sino también el de ejercer tal derecho con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. A su vez, el art. 25 del mismo tratado internacional, al consagrar la protección judicial, asegura la tutela judicial efectiva contra cualquier acto que viole los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional, la ley o la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, aun cuando tal incumplimiento sea cometido por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
Por ende, considero importante remarcar que el derecho a ser notificado de un pronunciamiento judicial, sin dilaciones injustificadas, se manifiesta como un corolario del derecho de defensa en juicio consagrado en el art. 18 de nuestra Constitución Nacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que todos los órganos del Estado que ejerzan funciones jurisdiccionales deben respetar estas garantías judiciales, en todas las instancias del proceso (Corte IDH, caso Tribunal Constitucional vs. Perú, sentencia del 31 de enero de 2001, párr. 69; caso Baena, Ricardo y otros vs. Panamá, sentencia del 2 de febrero de 2001; y Garantías judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, párr. 27). En efecto, la exigencia de la notificación en un plazo razonable se incorpora como un objetivo de la administración, de forma tal que la eficiencia y la eficacia se logren si los tiempos que insumen resultan ser proporcionados.
Ahora bien, el referido análisis debe considerar las recientes reformas incorporadas por la ley N° 27.742 de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” (B.O. 08/07/2024) (en adelante, ley “Bases”) a la Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos (L.P.A.); y, particularmente, las incorporaciones realizadas al crear el art. 1° bis, mediante el cual se establecen los principios fundamentales del procedimiento administrativo, entre los cuales se destacan la juridicidad, razonabilidad y, crucialmente, el derecho a un plazo razonable. Este derecho implica que los procedimientos administrativos deben tramitarse y concluir en un tiempo adecuado, garantizando así una tutela administrativa efectiva. Es así que, la obligación de la Administración de dictar resoluciones y notificarlas a los administrados se refuerza en este contexto, en el que se resalta o subraya que la inacción o la dilación en los plazos administrativos puede vulnerar derechos fundamentales.
Por lo tanto, el exceso en la demora de la notificación previamente señalada no sólo contraviene el principio de razonabilidad, sino que también podría interpretarse como una violación del derecho a la tutela administrativa efectiva. La ley “Bases” no sólo refuerza la necesidad de plazos razonables y la notificación oportuna, sino que también proporciona un marco jurídico que sostiene la exigencia de un procedimiento administrativo ágil y efectivo. En este sentido, entiendo que este Tribunal tiene el deber de asegurar que estos principios se respeten, garantizando así los derechos de los contribuyentes frente a la maquinaria administrativa.
En esas condiciones, encuentro que las particulares circunstancias de la causa llevan a declarar la invalidez del procedimiento sustanciado en estos actuados por no haberse observado pautas temporales razonables. En virtud de lo expuesto, VOTO POR:
1. Revocar la Resolución N.º 955/24 dictada en la Actuación N.º 17124-9610-2015, con relación al D.I.T.
N.º 12073IT14002454J.
2. Costas a la vencida.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1).- DECLARAR LA NULIDAD del auto de apertura de sumario en los términos dispuestos en el considerando VI.- de la presente.
2).- DECLARAR PRESCRIPTAS las acciones del Fisco para perseguir el cobro de tributos e imponer sanciones, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, respecto de la DIT N° 12073 IT14 002454 J, de la firma FPT ARGENTINA S.A. con costas a cargo del Fisco.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese. -
Date: 2025.09.30 18:16:18 ART Date: 2025.09.30 20:18:53 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.10.01 18:29:19 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.10.01 18:30:15 -03:00
Fin de la sentencia