Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa particular de Raúl Fragueiro, sin costas en la instancia (arts. 530 y cctes. del C.P.P.N.).
II. Tener presente la reserva del caso federal.
En la ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de diciembre de dos mil veinticinco, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por el doctor Mariano Hernán Borinsky como Presidente y los doctores Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos, asistidos por la secretaria actuante, para decidir acerca del recurso de casación interpuesto en la causa FCB 40323/2019/2/CFC1, caratulada: “FRAGUEIRO, Raúl s/recurso de casación”; de la que RESULTA:
I. Que la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, con fecha 1 de octubre de 2025, resolvió CONFIRMAR la resolución dictada con fecha 25 de febrero de 2025 por el Juez Federal subrogante N° 1 de Córdoba, por la cual no se hizo lugar al ofrecimiento de reparación integral acompañado por la defensa a fs. 382/384 vta. II. Contra dicha decisión, interpusieron recurso de casación los abogados defensores de Raúl Fragueiro, Ariel Mohammad Navarro y Cristian Ayan, el que fue concedido por el tribunal de procedencia, en cuanto a su admisibilidad formal, el 5 de noviembre de 2025.
III. La defensa fundó su recurso en ambos incisos del art. 456 del CPPN por considerar que la resolución dictada resulta arbitraria, violatoria del debido proceso y del principio de legalidad, e importa una errónea interpretación del art. 59, inc. 6, del Código Penal.
En primer término, sostuvo que la decisión recurrida es equiparable a sentencia definitiva, pues priva al imputado de un instituto que extinguiría la acción penal y evitaría la aplicación de pena; y que carece de fundamentación legal 1 REGISTRO N° 1537/25.4 válida, lo que vulnera el art. 18 de la Constitución Nacional y el art. 123 del CPPN.
En tal sentido, alegó que el tribunal se limitó a reproducir los fundamentos del juez de instrucción y del fiscal, sin examinar críticamente sus errores jurídicos. Desarrolló su postura argumentando que el artículo 59 del Código Penal distingue con claridad las vías de extinción de la acción penal, entre las cuales se encuentran la conciliación y la reparación integral (inc. 6), que son dos institutos diferentes.
Afirmó que la conciliación es un mecanismo consensual, dependiente de la voluntad de la víctima; mientras que la reparación integral, en cambio, es objetiva, basada en la efectiva restitución o indemnización plena del daño y no requiere el consentimiento de la víctima. Y que trasladar a la reparación integral las condiciones propias de la conciliación equivale a anular una causa autónoma de extinción de la acción penal expresamente prevista por la ley. Que el error central del razonamiento judicial criticado —según la parte recurrente— reside en haber fundado el rechazo del beneficio en la Resolución 92/2023 de la Procuración General de la Nación, la cual regula exclusivamente la conciliación y no la reparación integral. Esa resolución, sostuvo, no resulta jurídicamente aplicable al caso, porque no existe norma del Ministerio Público que regule el rol fiscal en los supuestos de reparación integral; y porque aplicar analógicamente las reglas sobre conciliación al instituto de la reparación constituye una analogía in malam partem, prohibida por el principio de legalidad.
La defensa argumentó, además, que en el caso existe una laguna normativa, ya que el Código Penal prevé la reparación integral como vía autónoma de extinción, pero el ordenamiento procesal carece de directrices fiscales específicas para su tramitación.
A su vez, cuestionó la afirmación del tribunal según la cual “no corresponde analizar el acierto o no del dictamen fiscal, bastando con afirmar que se encuentra fundado, pues resolver en contra violaría los principios del sistema acusatorio”. Sostuvo que dicha postura desconoce la función del juez de controlar la legalidad y corrección del razonamiento del Ministerio Público, aun dentro del sistema acusatorio.
En consecuencia, la defensa del encausado solicitó que esta Cámara declare la nulidad de la resolución recurrida remitiendo el proceso al tribunal de origen para que dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad a derecho. Y formuló expresa reserva del caso federal.
IV. En la oportunidad prevista en el artículo 465 bis, en función de los arts. 454 y 455 del Código Procesal Penal de la Nación, se presentó el fiscal general ante esta instancia, doctor Mario E. Villar y solicitó el rechazo del recurso de casación interpuesto.
Luego de analizar los hechos objeto del presente proceso, sostuvo que en el caso no se dan los requisitos legales para conceder la reparación integral y que el tribunal logró demostrar las razones por las cuales no la otorgó. Precisó que la calidad de funcionario público del acusado no solamente agrava el contendido material del injusto, sino que también contribuye con la eliminación del ámbito privado de la posibilidad de disponer de la acción penal. Advirtió que la decisión impugnada resultó adecuada y coherente con los compromisos que en materia de corrupción ha suscripto la República Argentina, cuyo incumplimiento puede acarrear responsabilidad ante la comunidad internacional. En particular, recordó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción aprobada por la Ley nº 26.097 (B.O.: 09/06/06) y ratificada el 28/08/2006 y la Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada mediante la Ley nº 24.759 (B.O.: 17/01/97) y ratificada el 08/08/1997. Por consiguiente, destacó que el Estado ha adoptado un compromiso ante la comunidad internacional de prevenir, investigar, enjuiciar y sancionar a las personas encontradas culpables de estos delitos, con el objeto de erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los vinculados con tal ejercicio (arts. 2º y 3º inc. 9 de la Convención Interamericana contra la Corrupción y en similar sentido, art. 1º de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción). Y que esta es la línea interpretativa que debe primar en casos como los que ahora se estudia, ya que como bien plantea el Preámbulo de la citada Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, los actos de corrupción –receptados por nuestro legislador al tiempo de sancionar la Ley 24.316- plantean serios problemas para “la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley”; a la par que resalta “los principios de debida gestión de los asuntos y los bienes públicos, equidad, responsabilidad e igualdad ante la ley, así como la necesidad de salvaguardar la integridad y fomentar una cultura de rechazo de la corrupción”.
Que en igual sentido, memoró, se expresa el Preámbulo de la Convención Interamericana contra la Corrupción, en el que se sostiene que “la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos”; que “la democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, por su naturaleza, exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio”; que la persecución de los hechos enmarcados dentro del concepto de “corrupción” “fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social”, circunstancia que implica la “importancia de generar conciencia entre la población de los países de la región sobre la existencia y gravedad de este problema, así como de la necesidad de fortalecer la participación de la sociedad civil en la prevención y lucha contra la corrupción”; y que para combatir la corrupción, y todo lo que ella trae aparejada, “es responsabilidad de los Estados la erradicación de la impunidad” (citó la sentencia dictada por esta sala IV en la causa “Cossio, Ricardo Juan Alfredo y otros s/ recurso de casación”, Reg. n° 1075/18, rta. 29/08/2018).
Agregó que si la participación de funcionarios públicos obsta a una salida alternativa del proceso como es la suspensión del proceso a prueba es dable considerar que tal calidad especial (garante institucional) obsta a otras formas de salida del proceso, o cuanto menos las somete a un escrutinio argumental fuerte frente a “la conveniencia del debate oral para el control de los actos de gobierno por parte de la ciudadanía” (cf. Resolución PGN 97/09), argumento que se ve reforzado por las obligaciones asumidas por el Estado en los instrumentos internacionales antes citados.
Señaló que en el presente proceso se investigan hechos de corrupción que afectan a la sociedad toda, y que es por ello que la inserción del titular de la acción penal pública reviste particular relevancia, por cuanto se encuentra dentro de su específica competencia constitucional la representación de todos los posibles perjudicados, pues sería la defensa de la sociedad la que lo constituye en garante de esa representación (art. 120 C.N.). Y que, entonces, en este tipo de casos en donde se encuentran comprometidos intereses difusos o bienes supraindividuales, la representación de la defensa de los intereses de la sociedad, por manda constitucional, le corresponde al fiscal, mientras que, en los casos de bienes jurídicos personalísimos se afecta la dignidad misma del individuo que resulta víctima y justifica salirse de esa representación general única que le cabe al Ministerio Público Fiscal.
Remarcó que el debido proceso no se nutre, en estos casos, con aportes que ameriten apartarse de la representación específica que da la Constitución Nacional al representante institucional de la legalidad y de los intereses de la sociedad, por lo que su consentimiento resulta relevante, no pudiendo ser soslayado por la actividad jurisdiccional que no detenta constitucionalmente la representación de tales intereses. Que sólo si existe consentimiento fiscal el tribunal puede homologar el acuerdo, especialmente, en supuestos de bienes jurídicos supraindividuales como el presente, no sólo porque lo establece la ley (arts. 30 y 31 del C.P.P.F. y normas contenidas en los tratados internacionales suscriptos por la República Argentina), sino porque la prescindencia del consentimiento o el desconocimiento del carácter vinculante de la oposición fiscal importa la arrogación de funciones ajenas al Poder Judicial, con la consecuente lesión constitucional que de ello deriva. Ello así por cuanto la conciliación y/o la reparación integral suponen la extinción de dicha acción luego de verificado el cumplimiento del acuerdo (art. 34 último párrafo del C.P.P.F.); siendo que le corresponde en forma exclusiva al Ministerio Público Fiscal la promoción y ejercicio de la acción penal pública en causas criminales y correccionales (cf. art. 120 CN, 71 CP, 25 CPPF y 29 y 3 de la LOMP —según Leyes n° 24.946 y 27.148—).
Razonó el fiscal general que en ningún acto en que la acción penal se defina puede estar ausente su titular y que la conciliación y/o reparación integral no son otra cosa que la suspensión del ejercicio de la acción penal, es decir, con la finalidad de su extinción. Que, dado que al tribunal no le compete la promoción y ejercicio de esa acción penal, tampoco tiene poder autónomo de decisión sobre la suspensión de ese ejercicio y, por ello, depende del consentimiento del representante del Ministerio Público Fiscal.
Explicó que esa exigencia impide que la jurisdicción bloquee el progreso de la acción si no hay de parte de su titular un pronunciamiento expreso favorable a la petición del imputado, máxime cuando en el caso ha intervenido un funcionario público, cuya presencia obstaba claramente a la posibilidad de disponer de la acción penal por parte del representante del Ministerio Público Fiscal. Y que, por otra parte, insistió, la conciliación y/o reparación integral es una excepción prevista por la ley al principio de legalidad (art. 71 del CP) e importa la aplicación del criterio de oportunidad por parte del titular de la acción penal pública, quien por razones de política criminal —entre otras— dispone de la acción penal. De ahí que, reiteró, el protagonismo del representante del Ministerio Público Fiscal en un caso como el presente resulta ostensiblemente evidente.
Refirió que, además, en los casos de corrupción prevalece la necesidad del debate por razones de publicidad, transparencia y control de los actos de gobierno por parte de la ciudadanía; y que se impone la necesidad de debatir las circunstancias fácticas y jurídicas relevantes para el caso como mecanismo idóneo para producir los efectos preventivos generales de la pena (cf. Res. PGN 97/2009 y las previsiones contenidas en los arts. 76 bis del CP y 30 del CPPF). Destacó que, entonces, el debate oral posee una significación comunicativa que no sólo podía operar como un medio de conciliación social, sino como una expresión necesaria del conflicto, separadamente de la censura propia del castigo penal.
Consideró que resulta útil la idea de equivalentes funcionales de la pena; es decir, que otras formas de expresión del sistema penal y procesal deben cumplir una función comunicativa con prestaciones similares a las de la pena (con cita de Luhmann, Niklas: “La moral de la sociedad”, 2013, p. 44 y ss.). Y evaluó que, en este caso, no puede considerarse que exista un equivalente funcional en la aplicación del instituto de la reparación integral, pues no se puede argumentar que el caso no trasciende de la esfera de los intervinientes (autor/víctima); que ni siquiera puede sostenerse que el acto imputado tenga una reducida trascendencia para la paz social o para los intereses de la sociedad, ni que la calidad de funcionario fuera de aquellas que se aproximan más al ámbito de empleados públicos de poca jerarquía de tal forma que se atenuara su lesividad al bien jurídico protegido por la norma penal.
Agregó que si se toma como referencia normativa al Código Procesal Penal Federal no puede olvidarse que explícitamente pone en cabeza del MPF el impulso de la conciliación (art. 30) e indica que no se puede prescindir de la acción penal si se tratare de un funcionario público. Siendo esta última restricción acorde con los tratados en materia de corrupción antes citados, puesto que los Estados partes deben adoptar las medidas, de carácter legislativo, necesarias para prevenir, detectar y castigar la corrupción de funcionarios públicos (art. 9 de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional). Reiteró que la obligación convencional adoptada por la República Argentina ha sido cristalizada en la sanción del Código Procesal Penal Federal que explícitamente pone en cabeza del Ministerio Público Fiscal el impulso de medidas de solución alternativas al juicio oral y público e indica que no se puede prescindir de la acción penal si se tratare de un funcionario público (art. 30 CPPF, compatible con las disposiciones del art. 76 bis del CP y resoluciones de política criminal de la PGN). Que a ello debe añadirse que el CPPF tampoco autoriza al Ministerio Público Fiscal a prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción pública cuando se encuentren gravemente afectados intereses públicos (cf. art. 31 vigente a nivel nacional). Y que así es que la restricción con relación a funcionarios públicos y a la afectación grave al interés público, resultan acordes con los tratados en materia de corrupción antes citados.
Valoró que en el caso no puede sostenerse que la conducta del funcionario público haya ocurrido en el marco de una afectación leve o intrascendente del interés público afectado o incapaz de afectar la paz social (art. 22 del CPPF), en cuanto al correcto funcionamiento de la administración pública y la expectativa normativa contenida en la norma que prohíbe realizar las conductas reprochadas. Argumentó que, aun si se partiera de que el Código Penal en su art. 59 no establece limitación a la conciliación, dejando de lado que sólo se refiere a su carácter extintivo de la acción, la interpretación de incluir funcionarios púbicos es contraria a las convenciones citadas que son ley vigente; y, consecuentemente, su aplicación a casos en los que se encuentran comprometidos intereses públicos supraindividuales, como el presente, está excluida por ser antinormativa y, por ende, arbitraria en los términos de la doctrina de la CSJN. Insistió en que la naturaleza de los delitos objeto de imputación, donde el derecho de la sociedad se halla comprometido, impide declinar la exigencia dirigida al operador del derecho de esclarecer este tipo de sucesos por fuera de la realización del debate y apelando a medidas alternativas, por cuanto, como se ha dicho, la impunidad de hechos como el presente no sólo pone en riesgo la estabilidad de las sociedades democráticas, sino que implica un incumplimiento de una manda convencional que pone en riesgo la responsabilidad de la República Argentina ante la comunidad internacional.
Por lo expuesto, solicitó que se rechace el recurso de casación interpuesto por la defensa.
Por su parte, la defensa presentó breves notas en las que reiteró en lo sustancial los argumentos expuestos en el recurso de casación interpuesto; y solicitó, que, para el supuesto en que esta Sala IV lo considere necesario, se pidieran a los tribunal oral federales de la Provincia de Córdoba las sentencias por medio de las cuales, según el recurrente, se resolvió favorablemente la aplicación del instituto en cuestión en favor de funcionarios públicos. También citó en apoyo de su postura un precedente de esta sala IV (dictado en la causa Nº 25020/2015: "VGP y otro", Reg. Nº 1119/17, del 29/8/2017).
Mantuvo la reserva del caso federal.
V. Que superada dicha etapa procesal, quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas y practicado el sorteo de estilo para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Gustavo M. Hornos, Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky.
El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:
I. Admisibilidad:
La resolución que rechaza la aplicación de la reparación integral prevista en el artículo 59, inciso 6, del CP resulta en este caso equiparable a sentencia definitiva en los términos del art. 457 CPPN, por cuanto impide la aplicación de un instituto alternativo que, de prosperar, extinguiría la acción penal y evitaría la imposición de una pena; a la vez que la defensa ha sustentado la impugnación presentada en los términos del artículo 456 del CPPN y de conformidad a la manda del artículo 463 del CPPN. De allí que se configure un agravio de imposible o tardía reparación ulterior (CSJN, Fallos: 320:2451, “Padula” y Fallos: 328:1108, “Di Nunzio”).
Asimismo, el recurso fue interpuesto en término por la parte legitimada (art. 459 del CPPN), por lo que corresponde su tratamiento.
II. Antecedentes del caso:
En el presente proceso, según surge del requerimiento fiscal de instrucción, se le imputa a Raúl Fragueiro la comisión en calidad de autor de diversos hechos delictivos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173, inc. 7 y 174 inc. 5° del C.P.) en concurso ideal con estafa (art. 172 y 54 del C.P.) – hechos nominados primero, tercero, quinto, séptimo, octavo, noveno y décimo-; y de administración fraudulenta (art. 173, inc. 7 del C.P.) –hechos nominados segundo, cuarto y sexto-. Diez hechos en concurso real (art. 55 del C. Penal). Esas conductas habrían sido perpetradas por el nombrado en el marco de su actuación en su calidad de agente fiscal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP -DGI, hoy ARCA) y en perjuicio de ese organismo, dado que se habría apropiado de diversas sumas de dinero entregadas por distintos contribuyentes en lugar de ingresarlas al fisco mediante el VEP correspondiente; y, en otras ocasiones, en perjuicio de distintos contribuyentes a quienes habría inducido en error para que le abonaran en efectivo sumas de dinero de las que se habría apropiado en concepto de “honorarios profesionales” que los agentes fiscales no están habilitados a percibir.
Que, en lo ahora pertinente, el 1 de octubre de 2024, la defensa solicitó la aplicación de los medios alternativos a la solución del conflicto previstos en el artículo 59, inciso 6, del CP; solución alternativa a la que se opuso la ARCA, entonces parte querellante, en el entendimiento de que al momento de los hechos el imputado se desempeñaba como funcionario público y los delitos supuestamente cometidos lo fueron en ejercicio de esa función y en perjuicio de la administración pública, por lo que resultaban inaplicables los institutos invocados de conformidad al pleno normativo constitucional y supralegal delineado para los delitos cometidos por funcionarios públicos que se valen de su función para delinquir en perjuicio de la administración pública.
Posteriormente, con fecha 15 de noviembre de 2024, la defensa de Raúl Fragueiro ofreció, concretamente, abonarle a la ARCA en concepto de reparación integral de daños la suma de pesos dos millones ochocientos noventa y un mil quinientos cinco con 10 centavos ($ 2.891.505,10); equivalente, según esa parte, a todas las sumas expresadas en el requerimiento de instrucción fiscal, actualizadas al día trece de noviembre de ese año, más la tasa pasiva del BCRA, más el 3% mensual. Y, asimismo, otro monto igual en concepto de donación a una entidad de bien público y con la finalidad de reparar el daño que habría causado a la sociedad.
El 19 de febrero de 2025 la Agencia de Recaudación y Control Aduanero desistió del rol de querellante con sustento en que mediante la Instrucción General N° IG-2024-3-E-AFIP- AFIP -del 15 de mayo de 2024- se estableció un procedimiento interno para el desistimiento del rol de querellante en aquellas causas cuyo objeto resulte ajeno a delitos tributarios, aduaneros y de los recursos de la seguridad social y/o conexos con ellos, instruyéndose a las unidades de estructura que tengan a su cargo su tramitación a solicitar el desistimiento, siempre que se verifique el impulso de la acción penal a través del Ministerio Público Fiscal y/o de un acusador particular y que la causa no se encuentre elevada a juicio oral.
Circunstancias que se daban en el caso. El 20 de noviembre de 2024 el fiscal interviniente se opuso a la procedencia del instituto de la reparación integral propuesto y solicitó el procesamiento del encausado. Consideró que Fragueiro habría cometido los hechos endilgados mientras revestía la calidad de funcionario público, en ejercicio de su función y en perjuicio de la administración pública que representaba, por lo que consideraba improcedente la aplicación del instituto por los motivos invocados en su oportunidad por la parte querellante. A la par, argumentó que el Procurador General de la Nación, mediante Resolución PGN 92/23, al referirse a la intervención necesaria del MPF en acuerdos conciliatorios, instruyó para que, al momento de disponer de la acción penal, los fiscales federales se opusieran a cualquier acuerdo que desconozca los precisos mandatos normativos y reglamentarios derivados de la obligaciones que la República Argentina ha asumido en materia de corrupción, mediante criterios de política criminal dirigidos a reforzar la debida diligencia en la intervención fiscal respecto de los delitos cometidos por funcionarios públicos -Resoluciones PGN N° 6/1991, 4/1992, 6/1992, y 97/2009-; esto es en cuanto se dispone que los y las fiscales se abstengan de utilizar este mecanismo en dichos casos.
Situación que, evaluó, podía traspolarse al instituto esgrimido en la presente por la defensa del imputado. El 24 de febrero de 2025 el juez del proceso rechazó la solicitud de reparación integral presentada por la defensa de Raúl Fragueiro, por considerar adecuadas las razones invocadas en su oportunidad por la querella, relativas a la improcedencia de medidas alternativas de solución de conflictos para casos como el presente; y también aquellas que dieron sustento al dictamen fiscal que rechazó el ofrecimiento de la defensa por entender que los hechos atribuidos al imputado habrían sido cometidos cuando éste revestía calidad de funcionario público en ejercicio de su función (y en virtud de la Resolución PGN 92/23, por medio de la cual el Procurador General de la Nación, instruyó a los Fiscales Federales para que se opusieran a acuerdos que desconozcan los mandatos normativos y reglamentarios en materia de corrupción).
La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó la resolución que rechazó el ofrecimiento de reparación integral efectuado por la defensa de Raúl Fragueiro, al considerar que el dictamen fiscal que se opuso a su procedencia —fundado en la Resolución PGN 92/23 y en criterios de política criminal en materia de corrupción— resultaba debidamente motivado y, por tanto, vinculante para el órgano jurisdiccional, en virtud del principio de disponibilidad de la acción penal y la estructura acusatoria del sistema procesal que rige.
El tribunal razonó que la reparación integral constituye un supuesto de disponibilidad de la acción penal (criterio de oportunidad) que exige el consentimiento fiscal; que si el dictamen del Ministerio Público Fiscal es negativo y se encuentra fundado, vincula al juez, conforme al art. 69 del CPPN y a la estructura acusatoria del proceso penal; y que el control judicial se limita a verificar la logicidad y fundamentación del dictamen, sin sustituir el rol del acusador.
Concretamente, se valoró que el dictamen del fiscal de oposición a la reparación ofrecida por la defensa invocó la Resolución PGN 92/23 que instruye a los fiscales a abstenerse de acordar soluciones alternativas en casos de corrupción o delitos cometidos por funcionarios públicos, en línea con las obligaciones internacionales asumidas por la República Argentina en la materia; y que ese sustento bastaba para tener por fundado el dictamen, aun cuando la defensa no compartiera su criterio.
Asimismo, se citó jurisprudencia de esta Cámara Federal de Casación Penal en la que se sostuvo que la oposición fiscal basada en lineamientos de política criminal fijados por la Procuración General de la Nación constituye un acto procesal válido y vinculante, siempre que esté debidamente motivado.
Para más, los jueces destacaron el rol esencial del Ministerio Público Fiscal en materia de disponibilidad de la acción penal, conforme a los arts. 31 CPPF, 30 CPPF (aun no vigente), 76 bis CP y la normativa comparada (art. 13 bis del CPP de Córdoba). Señalaron que cuando el fiscal cumple su función de manera fundada, el juez no puede resolver en sentido contrario sin afectar la división de roles para acusar y juzgar.
III. Análisis de las cuestiones planteadas en el recurso de casación interpuesto por la defensa:
1. A modo introductorio, viene al caso recordar que la Ley 27.147, sancionada en el año 2015, modificó sustancialmente el artículo 59 del Código Penal, incorporando en su inciso 6 una nueva causal de extinción de la acción penal: "Por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes". Esta reforma no fue un acto legislativo aislado, sino que formó parte de un conjunto de leyes destinadas a adecuar la legislación de fondo a los principios de un sistema procesal de corte acusatorio, que privilegia la gestión y solución del conflicto por sobre la mera imposición de una pena.
El fundamento subyacente de la reparación integral se encuentra en el principio general del derecho de no dañar a otro (alterum non laedere), consagrado implícitamente en el artículo 19 de la Constitución Nacional. La violación de este deber genera la obligación de reparar el menoscabo causado, concepto que, en su origen civilista, abarca "todo perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria que afecte en forma cierta a otro en su persona, en su patrimonio y/o en sus derechos o facultades". Esta génesis evidencia la orientación eminentemente patrimonial del instituto y su diseño para resolver conflictos de naturaleza interpersonal donde el daño es concreto, individualizable y, en última instancia, mensurable económicamente.
El propósito de la norma, en consecuencia, es el de dar una solución más eficiente y satisfactoria para la víctima en ciertos casos, al tiempo que se ofrece una vía de escape al proceso penal para el imputado, siempre que el conflicto subyacente pueda ser efectivamente resuelto por esta vía. Afirmé en múltiples precedentes la operatividad directa de la norma, aun en ausencia de reglamentación procesal específica (cfr. “Villalobos” -CCC 25020/2015/TO1/CFC1, reg. 1119/17-; “Toller” -FPA 851/2020/TO1/CFC1, reg. 643/24.4-; “Matisic” -CPE 1119/2013/TO1/CFC3, reg. 1337/24.4., rta. el 5/11/2024-; entre muchas otras). El argumento central es que se trata de una norma de derecho penal sustantivo que, al establecer una nueva causal de extinción de la acción, resulta más benigna para el imputado y que, por aplicación del artículo 2 del CP y principios constitucionales, debe ser aplicada retroactivamente sin que la falta de reglamentación procesal pueda constituir un obstáculo.
En efecto, me pronuncié ya en cuanto a que los modos alternativos de resolución del conflicto que el delito importa, previstos en el artículo 59, inciso 6, del Código Penal, proceden cuando, con su concreción, se logren materializar los fines del proceso penal; y que es de ese modo que se trata de un medio alternativo de conclusión del proceso que traslada la gestión del conflicto a las propias partes para que éstas, en forma asistida, alcancen la satisfacción de sus intereses (cfr. las sentencias antes citadas). Y que sólo en esos casos podrán considerarse cumplidos los objetivos de la norma y contribuir a la paz social.
2. Formuladas las precedentes consideraciones generales, corresponde resaltar ahora que la aplicación del instituto no es irrestricta.
La propia lógica del sistema y las regulaciones de rango constitucional y procesal que se han ido dictando establecen límites claros. Y esto muestra que la reparación no es un derecho absoluto del imputado, sino una herramienta de política criminal cuya aplicación debe ponderarse en cada caso concreto, atendiendo no solo a los intereses de las partes directamente involucradas, sino también al interés general de la sociedad en la persecución de ciertos delitos y al marco normativo integral de nuestro ordenamiento legal.
Por ello, señalé límites precisos: la reparación integral exige que se satisfagan los intereses de la víctima, que no se halle comprometido un interés público prevalente y que el Ministerio Público Fiscal ejerza su rol de control de legalidad (arts. 120 CN, 22 y 25 CPPF).
En consecuencia, al igual que la conciliación, su procedencia como método alternativo de extinción de la acción no puede surgir como producto de un análisis discrecional y aislado.
Concretamente, y en lo ahora pertinente, ya he sostenido también que, en principio, no resultan objeto de reparación ni de acuerdo conciliatorio los supuestos en los que el daño exceda el interés de la víctima, como es el caso de los delitos que afectan bienes jurídicos supraindividuales, como aquellos cometidos contra la administración pública, el erario público, la seguridad social, la salud pública, en tanto exceden el daño a una víctima concreta que pueda ver satisfechas sus pretensiones a través de una conciliación o reparación económica, pues afectan bienes jurídicos supraindividuales (cfr.: mis votos en las causas de esta Sala IV: CCC 25020/2015/TO1/CFC1: “VILLALOBOS, Gabriela Paola y otro s/ defraudación”, rta. el 29/8/2017; CFP 7245/2013/TO1/2/CFC1: “BOBBIO, Gerardo Andres y ZIEMBA, Ulises Aldemar por averiguación del delito”, Reg. Nro. 1731/18.4, rta. el 14/11/18; CPE 438/2017/1/CFC1: “ACOSTA, Fernando Luis y otros s/ recurso de casación”, Reg. Nro. 1380/19.4, rta. el 4/7/19; CFP 7986/2018/TO1/CFC3: “CURIEN, Horacio Justo s/recurso de casación”, Reg. Nro. 293/22.4, rta. el 18/3/2022; FCB 87818/2018/TO1/1/CFC1: “FERREYRA, Héctor Daniel s/ recurso de casación”, Reg. Nro. 565/2023, rta. 8/05/2023; CPF 14221/2015/TO1/CFC2: “GALDO, Carlos Alberto y otros s/ recurso de casación”, Reg. Nro. 719/24, rta. el 1/07/2024; CPE 1119/2013/TO1/CFC3: “MATISIC, Ricardo s/ recurso de casación”, Reg. Nro. 1337/24.4., rta. el 5/11/2024 y CFP 12298/2018/PL1/4/CFC4: “MÓRTOLA, Gonzalo Osvaldo s/ recurso de casación”, rta. el 12/09/2025; entre muchas otras).
Esta improcedencia no deriva de un mero obstáculo procesal o de una interpretación restrictiva de la norma, sino de una imposibilidad dogmática fundamental: la naturaleza del bien jurídico protegido impide, en general, la existencia de una víctima individualizada y de un perjuicio susceptible de ser "reparado" en los términos y con la finalidad que el legislador previó para el instituto.
En efecto, en las figuras delictivas que protegen bienes jurídicos colectivos o supraindividuales la víctima es la sociedad en su conjunto. El titular del bien jurídico es la comunidad, y su representación en el proceso penal es ejercida por el Estado a través del Ministerio Público Fiscal. No existe un particular que pueda arrogarse la condición de ofendido directo y, por ende, de acreedor de una reparación. Ahora bien, aplicando esta doctrina al caso de autos se advierte que los delitos investigados han sido cometidos en contra de la administración pública, afectando entonces bienes jurídicos supraindividuales. Son hechos, entonces, que lesionan un bien colectivo abstracto concebido para satisfacer las necesidades básicas de los habitantes para su autorrealización personal.́ Y si bien en ciertos casos puede establecerse una reparación por un daño ocasionado a un bien supraindividual (por ejemplo, los delitos ecológicos), lo cierto es que al tratarse de un daño a la administración pública y cometido por un funcionario público sancionado con una pena de prisión, los fines del proceso penal no se ven plenamente satisfechos con la devolución del dinero sustraído a la administración pública (cfr. mi voto en la causa CFP 7245/2013/TO1/2/CFC1 del registro de esta Sala IV, caratulada: “BOBBIO, Gerardo Andrés y ZIEMBA, Ulises Aldemar por averiguación del delito”, Reg. Nro.́1731/18.4, ya citado; y “CURIEN”, ya citado; entre muchos otros).
De allí, pues, la importancia de la intervención del Ministerio Público Fiscal como encargado de “promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad” y “representar y defender el interés público en todas las causas y asuntos que conforme a la ley se requiera” (arts. 120 de la C.N. y 1º y 25 “b” de la ley 24.946 –Ley Orgánica del Ministerio Público-), para tener por extinguida la acción penal en los términos del inciso 6° del art. 59 del Código Penal. Parte que, en el presente proceso, ha desarrollado bastamente los argumentos en los que sustentó su oposición a la solicitud de extinción de la acción penal presentada por la defensa del imputado. En efecto, la doctrina expuesta, que ha sido expresamente evaluada en sustento de la resolución recurrida y también invocada en apoyo del fundado dictamen de oposición presentado por el fiscal de la instancia anterior, autoriza a resolver la cuestión planteada y a descartar la procedencia del modo de extinción de la acción penal solicitado y que ha sido fundadamente rechazado.
Aun así, también recordaré que, en el precedente “Bobbio” -citado-, sostuve que dicha interpretación procedía más aun cuando los que ocasionaron el daño a la administración pública fueron funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Ello es así teniendo en cuenta que el programa constitucional y legal delineado para los delitos cometidos por funcionarios públicos que se valen de su función pública para delinquir en perjuicio de la administración pública, descarta la aplicación a estos casos de los medios alternativos de solución del conflicto (así, por ejemplo, expresamente respecto de la suspensión del juicio a prueba, artículo 76 bis párrafo 6to. del Código Penal, sobre lo cual he tenido oportunidad de expedirme en la causa “FEIJÓO, Ariel y otro s/ recurso de casación”, Reg. Nro. 12.551, rta. el 4/11/09; causa Nro. 542/2013: “MINAZZOLI, Alberto s/recurso de casación”, Reg. Nro. 2098/13 de esta Sala IV, rta. el 28/10/13 y causa Nro. 16.185: “BONOMI, Raul Carlos s/ recurso de casación”, Reg. Nro. 826/14).
Es que, la política criminal delineada por el legislador parte de la conculcación del mayor compromiso del funcionario público que el ejercicio de sus facultades conlleva, y, como contracara, un trato penal más riguroso o con menos concesiones de alternativas no punitivas, toda vez que existe una expectativa de toda la sociedad de sentirse resguardada frente a tales abusos (Convención Interamericana contra la Corrupción –arts. VI, VIII,IX y XI-, aprobada por la Ley Nro. 24.759; Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada por la Ley Nro. 26.097; y Ley de Ética Pública, Nro. 25.188).
Nótese al respecto que el Estado Argentino se comprometió internacionalmente a investigar, y, en su caso, sancionar debidamente estos delitos, teniendo en cuenta su gravedad.
No puede olvidarse que el Preámbulo de la Convención Interamericana contra la Corrupción impone a los Estados la responsabilidad de erradicar la impunidad y prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y en los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio.
Otra vez recordaré que he sostenido reiteradamente la tesis de que en el procedimiento penal el concepto de ley vigente no se limita al Código Procesal Penal sino que abarca a la Constitución Nacional y a los Pactos Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (C.N.C.P. Sala IV: causa Nro. 335: “SANTILLÁN, Francisco”, Reg. Nro. 585.4, del 15/5/96; causa Nro. 1619: “GALVÁN, Sergio Daniel s/recusación”, Reg. Nro. 2031.4, del 31/8/99 y Causa Nro. 2509: “MEDINA, Daniel Jorge s/recusación”, Reg. 3456.4, rta. el 20/6/01; y mi voto en el Plenario Nro. 11 de esta Cámara: “ZICHY THYSSEN”, rto. el 23/6/06; entre varias otras). Tal como lo he mantenido en diversos pronunciamientos de esta Sala IV, estimo que una interpretación desde la Constitución, exige del órgano jurisdiccional la toma de recaudos para asegurar el debido respeto de dicha normativa.
De manera que estando en cuestión el legal cumplimiento de las funciones de la Administración Pública no se puede renunciar a conocer la verdad de lo sucedido (derecho de toda la ciudadanía), pues se trata en estos casos de verdaderos delitos de quebrantamiento de la Ley de Ética Pública, donde el Estado argentino se encuentra obligado a perseguir, juzgar y, si corresponde, castigar conforme a la citada convención; resultando imperativo resolver también, en su caso, no sólo el recupero de los fondos públicos afectados, sino también las inhabilitaciones que correspondan.
Es por ello que, es útil señalar, el artículo 30 del C.P.P.F., aunque no ha sido todavía objeto de implementación por la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal Federal indica, en primer orden, y como supuesto donde no es posible prescindir del impulso de la persecución penal a los delitos atribuidos a funcionarios públicos que hubieran sido cometidos en el ejercicio u ocasión de sus funciones.
En este escenario, insisto, la solución que corresponde adoptar como consecuencia de la interpretación armónica de la normativa vigente desde la Constitución Nacional, a la luz de la normativa internacional de rango constitucional que sí se encuentra vigente, es la que se corresponde con el adecuado compromiso asumido por nuestra Nación Argentina en pos de prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas.
Las consideraciones realizadas conducen a concluir que el sustento de la decisión recurrida, así como el del dictamen de oposición del representante del Ministerio Público Fiscal a la procedencia de la reparación ofrecida por la defensa, resulta en una razonable aplicación de la normativa vigente que autoriza a descartar la procedencia de este modo de extinción de la acción penal para los delitos cometidos en perjuicio de la administración pública, y, en este caso, además, cometidos por un funcionario público en ejercicio de sus funciones.
La defensa no logra demostrar que esta distinción sea arbitraria. Por el contrario, las diferencias tienen un claro sustento objetivo: por un lado, en el tipo de bien jurídico lesionado y, por otro, en la función pública que cumplen los funcionarios, de conformidad con los principios y objetivos que emanan de la normativa de rango constitucional. En este marco, la reparación económica ofrecida resulta insuficiente para atender el daño social que comportan los hechos, encontrándose, como se dijo, comprometido un bien jurídico supraindividual como lo es la afectación a la administración pública provocada por un funcionario público que en el ejercicio de sus funciones delinque en defraudación de los intereses cuyo adecuado manejo y resguardo le corresponde con motivo de su función. La lesión que los delitos imputados importan, no es sólo de carácter patrimonial como lo significan los montos defraudados a la ARCA o, en su caso, a los contribuyentes estafados, sino una afectación no cuantificable en términos patrimoniales y cuya tutela responde a un interés público prevalente que no puede ser satisfecho mediante una compensación económica particular. Entonces, admitir una reparación económica en estos supuestos no solo significaría una solución dogmáticamente incorrecta, sino que contravendría los fines preventivos de la pena y la política criminal del Estado en materia de control de la corrupción. Por otra parte, permitir la extinción de la acción penal mediante una reparación, también simbólica, enviaría un mensaje de impunidad y de escasa valoración estatal hacia los hechos de corrupción; y debilitaría la política criminal creando una vía de escape para este tipo de conductas. La oposición expresa y fundada tanto de la ARCA (no ya como parte querellante sino como también damnificada por varios de los hechos objeto de proceso) como del Ministerio Público Fiscal, que en el sentido expuesto se han pronunciado, y que han sido razonablemente ponderadas por el tribunal, constituyen un obstáculo a la procedencia del instituto en cuestión.
Aceptar lo contrario equivaldría a privatizar indebidamente la acción penal pública, contrariando el mandato del art. 120 CN y los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de lucha contra la corrupción. El MPF es el garante del interés público y el principal actor legitimado para evaluar si una solución alternativa al juicio es compatible con dicho interés. Por ende, la oposición fiscal fundada en razones de política criminal vinculadas con el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y tratados internacionales suscriptos por parte del Estado argentino resulta decisiva para el rechazo del ofrecimiento de reparación económica.
En resumen, el diseño legislativo del artículo 59, inciso 6, del CP, enmarcado en la transición hacia un sistema acusatorio, revela que su finalidad es gestionar conflictos interpersonales. Intentar extrapolar este mecanismo a delitos que protegen bienes jurídicos colectivos, donde el daño excede el patrimonial directo, implica forzar el instituto más allá de su ámbito de aplicación natural y de su teleología, generando una profunda contradicción dogmática y sistémica (cfr. mi voto entre otros, en la causa CCC 28833/2020/TO1/CFC1, caratulada: “SOLARI, Gabriel Guillermo s/recurso de casación”, Reg. 1193.25.4, rta. el 21/10/2025). El instituto de reparación integral, entonces, tal como ha sido concebido por el legislador y aplicado por la jurisprudencia de esta Sala, no es procedente cuando el hecho excede la esfera patrimonial y compromete bienes supraindividuales como lo son los delitos de corrupción, con oposición expresa y motivada de la víctima institucional y del Ministerio Público Fiscal.
Finalmente, no puede olvidarse que la aplicación de la reparación integral en este contexto es incompatible con los fines de la pena; ya que, en materia de delitos contra la administración pública, la sanción penal no persigue un fin meramente retributivo, sino que cumple una función primordial de prevención general, tanto negativa (disuadir a potenciales infractores) como positiva (reafirmar la vigencia y la seriedad de la norma que protege un bien jurídico fundamental).
La extinción de la acción penal a cambio de una suma de dinero anula por completo esta función preventiva, y transmite el mensaje de que la corrupción se traduce en una conducta "monetizable". Esto no solo transgrede los compromisos internacionales asumidos por nuestro Estado sino que banaliza el delito y desatiende el elevado costo social que la corrupción irroga en la sociedad y en las estructuras mismas de un estado democrático.
IV. En virtud de todo lo expuesto, propicio que se resuelva: RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa de Raúl Fragueiro, sin costas en esta instancia por haberse efectuado un razonable ejercicio del derecho al recurso previsto en el artículo 8.2.h. de la CADH (arts. 530 y 531 del CPPN). Y TENER PRESENTE la reserva del caso federal. El señor juez Javier Carbajo dijo:
I. Si bien como principio, las decisiones que consideran subsistente la vigencia de la acción penal y cuya consecuencia sea el mantenimiento de la obligación de sujeción al proceso criminal no se encuentran dentro de aquellas contempladas por los arts. 457 y 459 del C.P.P.N., cabe hacer excepción a dicha regla ya que la Corte Suprema ha equiparado a sentencias definitivas por sus efectos a aquellos resolutorios que deniegan la extinción de la acción penal (Fallos: 327:3937 y 329:526), en la medida en que se han invocado la existencia de cuestión federal y la afectación de garantías constitucionales.
La parte se encuentra habilitada para impugnar la decisión traída a estudio (art. 459 del C.P.P.N.), los planteos efectuados se enmarcan en los motivos previstos por el art. 456 del C.P.P.N. y se han cumplido los requisitos de temporaneidad y de fundamentación exigidos por el art. 463 del citado código ritual.
II. En mérito a la brevedad, doy por reproducidos los antecedentes del caso como han sido reseñados por el colega que me precede en el Acuerdo, doctor Gustavo M. Hornos, y adelanto que habré de acompañar la solución que propone. Ya he tenido oportunidad de señalar que por la vía instada por la defensa se persigue la plena restauración del daño acometido en sentido patrimonial (cfr. mi voto en la causa CFP 14958/2017/CFC1 “CASTIÑEIRAS, Patricia Mariana s/recurso de casación”, Reg. 2106/20, del 23/10/2020). El carácter integral que demanda la reparación para que pueda prosperar, exige que, de resultar posible, se restituya la situación que se vio alterada por la comisión del presunto delito a su estado anterior y, de no ser así, que se abarquen todos los rubros indemnizables derivados; entre ellos, las injerencias vinculadas a la afectación de bienes jurídicos que excedan lo individual.
En el particular caso de autos y de conformidad con lo señalado por el Ministerio Público Fiscal y por las representantes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero -ARCA- en sus intervenciones ante la instancia de grado, advierto que la parte ahora recurrente no ha indicado cómo es que las sumas dinerarias ofrecidas resultarían suficientes para abastecer la exigencia de integralidad en la restauración del perjuicio que se habría causado.
En ese cuadro, la decisión jurisdiccional impugnada -y su antecedente necesario-, en cuanto recepta los motivos de oposición esgrimidos por los antedichos órganos estatales, contiene los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes, que impiden su descalificación como acto judicial válido.
III. Por ello, doy mi voto al Acuerdo para que se rechace el recurso de casación interpuesto por la defensa de Raúl Fragueiro, sin costas (arts. 530 y cctes. del C.P.P.N.) y teniendo presente la reserva del caso federal.
El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:
Sellada la admisibilidad formal del recurso por el voto concurrente de los jueces preopinantes, doy por reproducidos los antecedentes del caso reseñados en la ponencia que abre este Acuerdo y, en relación al fondo del asunto, acompaño la propuesta de rechazar la impugnación traída a estudio de esta Sala IV.
Corresponde señalar que la oposición fiscal, en tanto aparezca fundada (cfr. art. 69 del C.P.P.N.), resultará un obstáculo para la procedencia de esta modalidad extintiva de la acción penal, en virtud de que se trata de la parte encargada de “promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad”, “representar y defender el interés público en todas las causas y asuntos que conforme a la ley se requiera” y de “fijar la política de persecución penal y ejercer la acción penal pública, conforme lo establece el Código Procesal Penal de la Nación y las leyes complementarias” (art. 120 de la C.N., arts. 1º y 25 “b” de la ley 24.946 -Ley Orgánica del Ministerio Público- y arts. 1º y 3º de la ley 27.148 -Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal- (cfr. Sala IV, votos del suscripto –en lo pertinente y aplicable-, en las causas CFP 7245/2013/TO1/2/CFC1, “Bobbio, Gerardo Andrés y Ziemba, Ulises Aldemar por averiguación del delito”, reg. nº 1731/18, rta. el 14/11/2018 -delito de estafa en perjuicio de la administración pública-; causa FMZ 35336/2015/TO1/CFC1, “Rabasa, Liliana Noemí y Saavedra, Fabián Eduardo s/recurso de casación”, reg. nº 413/21.4, rta. el 14/04/2021 –delito de defraudación en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos- y causa CCC 28833/2020/TO1/CFC1, “Solari, Gabriel Guillermo s/recurso de casación”, reg. nº 1193/25.4, rta. el 21/10/2025 -delito de estafa mediante falsificación de recetas médicas- y sus citas).
Por otra parte, en cuanto a la oposición de la víctima, cabe recordar que en ocasión de emitir mi voto en el precedente “Villalobos” (causa CCC 25020/2015/TO1/CFC1, reg. nº 1119/17, rta. el 29/08/2017, de esta Sala IV de la C.F.C.P -en la cual se investigaba el delito de estafa-), hice alusión a la importancia de que en los acuerdos celebrados en los términos del inciso 6° del art. 59 del Código Penal - reparación integral del perjuicio, se cuente con la participación de la víctima del hecho, puesto que, de lo contrario, se vería privada a ejercer su derecho a expresarse y ser oída, vulnerándose, en consecuencia, la garantía de la tutela judicial efectiva a su respecto (arts. 18 y 75, inc. 22, de la C.N., art. 8.1 y 25 de la C.A.D.H. y 14.1 del P.I.D.C.y P.).
Asimismo, en el antecedente “Castiñeiras” (CFP 14958/2017/CFC1, reg. nº 2106/20, rta. el 23/10/2020) consideré -en la misma línea de análisis- que las oposiciones de la querella y el representante del MPF en dicha causa, donde se investigaba la comisión de los delitos de defraudación contra la administración pública y uso de documento público falso (arts. 172, 174 inc. 5° y 296 en función del artículo 292 del C.P.), se presentaban como un obstáculo para convalidar el sobreseimiento por aplicación del inciso 6° del art. 59 del C.P., en los términos y condiciones ofrecidos por la defensa de la imputada.
En las particulares circunstancias del caso considero que el recurso no puede prosperar por cuanto la recurrente no ha logrado rebatir los argumentos del tribunal a quo que, en concordancia sustancial con la oposición fundada y concurrente del Ministerio Público Fiscal y de la víctima constituida por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), entendió que no correspondía aplicar, en el caso en estudio, el instituto de la reparación integral del perjuicio (art. 59, inc. 6°, del C.P.) solicitado.
El impugnante expuso su propio enfoque sobre el caso y el modo en que a su juicio debió ser resuelto, pero sin demostrar que el pronunciamiento atacado resulte arbitrario. Además, cabe señalar que la resolución recurrida garantizó la doble instancia judicial o “doble conforme” sobre el temperamento adoptado por el juzgado de primer grado. Por lo expuesto, adhiero a la solución que viene propuesta de rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa particular de Raúl Fragueiro, sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 in fine del C.P.P.N.). Tener presente la reserva del caso federal.
En virtud del Acuerdo que antecede, el Tribunal
I. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa particular de Raúl Fragueiro, sin costas en la instancia (arts. 530 y cctes. del C.P.P.N.).
II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal.
Regístrese, notifíquese, comuníquese y remítase la causa al tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío.
Firmado: Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos.
Ante mí: Eliana Tali Mikiej. Prosecretaria de Cámara.
Fin de la sentencia