Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de La Matanza, Sala I · Causa 34.040
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el pedido de deserción de los recursos;
2Modificar la sentencia de la siguiente manera: a) revocar la parte resolutiva del fallo apelado, en cuanto rechazan las defensas de falta de legitimación activa y pasiva; y en su consecuencia: 1. a.-) hacer lugar a la excepción de fondo de falta de legitimación activa o en la causa; 1.b.-) hacer lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva o “ad-causan” articulada por la demandada por cuanto la misma no está obligada a restituir o entregar dicha plaza, por encontrarse afectada al uso y dominio público; b) imponer las costas generadas en ambas instancias en el orden causado, atento a la forma en que se resuelve y los fundamentos brindados (art. 68 2° párr. del C.P.C.C.).
3Confirmar el resto de la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de agravios, por los fundamentos expuestos en este voto.
4Diferir la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.
FRAN CONSTRUCTORA SA (75) C/ MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA S/REIVINDICACION * LM-34040-2013 JUZ. CIV. Y COM. N° 5
En la ciudad de San Justo, en la fecha de firma digital del presente, los Sres. Jueces de la Excelentísima Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de la Matanza - Sala Primera- celebran Acuerdo Ordinario para dictar pronunciamiento en los autos caratulados “FRAN CONSTRUCTORA SA (75) C/ MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA S/REIVINDICACION *” LM-34040-2013 habiéndose practicado el sorteo pertinente –art.168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía ser observado el siguiente orden de votación: TARABORRELLI - POSCA - PEREZ CATELLA resolviéndose plantear y votar las siguientes:
1. Cuestión: ¿Corresponde declarar la deserción del recurso de apelación de la parte actora y/o de la parte demandada?
A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JOSÉ
NICOLÁS TARABORRELLI, dijo:
I. Antecedentes del caso Con fecha 15/04/2021, el sentenciante de origen resolvió: “Rechazar la excepción de falta de legitimación activa y pasiva interpuesta por la Municipalidad de La Matanza, con costas a la incidentista que resulta perdidosa. Rechazar la demanda por reivindicación del predio sito en Avenida Don Bosco nro. 1608, de la localidad de Ramos Mejía, partido de La Matanza, Nomenclatura catastral Circunscripción II, Sección K, Manzana 12, interpuesta por “Fran Constructora S.A.” contra la Municipalidad de La Matanza, sin perjuicio e independientemente, de lo que resuelva el Juez del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Departamental respecto a la indemnización solicitada. Imponer las costas del juicio al actor vencido, conforme el principio objetivo de la derrota. (arts. 68 y 77 del C.P.C.C.). Diferir la regulación de honorarios de los letrados y demás profesionales intervinientes para el momento procesal oportuno. (art. 51 de la Ley 14.967)”.
Contra dicha forma de resolver, apeló la parte actora mediante la presentación electrónica de fecha 19/09/2021 y la parte demandada el día 22/04/2021, recursos que fueron concedido libremente en fecha 20/04/2021 y 23/04/2021 respectivamente.
Con fecha 27/04/2021 se ordenó la elevación a esta Alzada, siendo radicados ante esta Sala Primera el día 29/04/2021. En consecuencia, mediante despacho del día 13/05/2021 se llamó a expresar agravios, cumpliendo la parte actora y la parte demandada a través de las presentaciones realizadas con fecha 31/05/2021. Es así que a través de la resolución dictada el día 10/06/2021 se corrió traslado de los fundamentos expuestos por ambas partes y de la documental acompañada por la parte actora, siendo desestimado el agregado de ésta última en fecha 13/07/2021.
Firme ello, se corrió vista de las actuaciones a la Fiscalía de Cámara Departamental, contestando en fecha 30/09/2021 el Dr. Marcos Jesús Borghi: “…si bien asiste a la actora el derecho de accionar, entiendo que al no existir entre las partes una relación jurídica vinculante, la acción no puede estar dirigida contra la Municipalidad de La Matanza, ya que la misma no detenta la posesión del inmueble que se pretende reivindicar (conf. Art. 2758). En consecuencia, opino que la acción intentada no puede prosperar por la falta de legitimación pasiva”.
Que habiendo pasado los autos para resolver el día 13/10/2021 y practicado el sorteo de vocalía el día 17/11/2021, mediante la resolución dictada con fecha 14/12/2021 se suspendió el plazo para dictar sentencia y se ordenó – como medida para mejor proveer- la realización de una inspección ocular en el predio objeto de este pleito, la cual se llevó adelante el día 16/02/2022 (v. acta y fotografías agregadas a la causa en fecha 18/02/2022). Asimismo, en dicha oportunidad, se ordenó la realización de una audiencia con las partes, la cual se celebró de manera presencial ante esta Alzada el día 4/03/2022 y en el marco de cuya convocatoria las partes acordaron continuar con la suspensión del proceso por el plazo de 40 días hábiles a los fines conciliatorios (v. acta digitalizada en misma fecha). Por otra parte, con fecha 16/02/2022 se solicitó al Juzgado Contencioso Administrativo N°1 Departamental tenga a bien remitir a esta Sala los autos caratulados: "Fran 4Constructora SA c/ Municipalidad de La Matanza s/ Pretensión Indemnizatoria" (LM - 30901 - 2014), siendo recibidas las constancias en formato papel de dichos obrados el día 21/02/2022.
Que, así las cosas, no habiendo manifestado las partes haber arribado a acuerdo alguno, con fecha 17/05/2022 se resolvió reanudar el plazo para dictar sentencia.
II.a. – Los agravios de la parte actora De la atenta lectura de los fundamentos expuestos se desprende que, en primer lugar, la parte accionante se agravió “…por la omisión y la contradicción efectuada por el a quo respecto de la sentencia anterior que tiene carácter de cosa juzgada en instancia penal, en cuanto a muchos puntos debatidos introducidos por la demandada y otros, incluso novedosos, que no han sido expuestos en la traba de litis. Dicha omisión resulta contraria a derecho en sus normas más elementales agrietando fuertemente el principio de la seguridad jurídica”.
A ello agregó: “Concretamente [el sentenciante] sostiene que, desde los años 80´ el predio es una plaza pública y, como más adelante lo indica, afectado al dominio público, por ende, fuera del comercio. Ahora bien, el análisis efectuado por el a quo resulta contrario a una sentencia precedente donde se analizó la naturaleza jurídica del bien […] La introducción de la afirmación que desde los años 80´ en el predio se había construido una plaza pública no surge ni de la propia parte demandada y solo resulta de una interpretación forzada en la sentencia, haciendo decir a un testigo lo que aquél no dijo”.
En este sentido, la actora relató: “…la presente acción surge de un conflicto suscitado en el año 2007, donde mi mandante como propietario del predio fue despojado por parte de "vecinos", cuestión que llevó a la formación de una causa penal que tuvo sentencia en el año 2009, ordenando la inmediata restitución del predio conforme se tuvo por acreditado el delito de USURPACIÓN (art. 181 inc 3 del C.P.) donde, de su texto, surge la pérdida de la posesión del inmueble”.
Con lo cual, entendió que: “Dicha sentencia precedente con carácter de cosa juzgada no puede, mediante la presente resolución, modificarse toda vez que, la existencia del hecho principal que derivó en el delito investigado en conjunto con la orden de restitución del inmueble ha marcado los antecedentes inalterables de la cuestión debatida en autos conforme el principio de legalidad consagrado en el art. 19 C.N.”
Asimismo, la parte actora se agravió considerando: “Aquí una resolución judicial posterior modifica una sentencia firme de otro fuero, cambiando el sentido de la propia naturaleza jurídica del bien pasándolo del dominio privado al público en atención a la relevancia otorgada a la prueba testimonial de la propia demandada (donde sus testigos, a su vez, eran los mismos "vecinos" y empleados de la propia Municipalidad, - ejemplo: el señor Acuña - quienes se encargaron de desposeer a Fran Constructora del predio)” Por otro lado, la apelante expuso: “Probado el delito de usurpación, lo que constituye un acto ilícito, el origen de la posesión por parte de la Municipalidad resulta ilegítimo”. A la vez, –bajo su óptica- destacó: “De confirmarse la sentencia, se establece la adjudicación judicial por vía de hecho de inmuebles, vulnerando con ello desde la C.N. hasta leyes especiales que regulan específicamente la materia”.
En segundo lugar, con relación a la prueba testimonial, la actora formuló: “Analizando los testimonios invocados (Acuña producida a fs. 1940/1941, Rodríguez producida a fs. 1949/1951 VTA y Agoste producida a fs. 1951 vta/1952) resultan sorprendentes que éstos son sólo los aportados por la demandada, lo que demuestra claramente la elección discrecional del sentenciante. Al mismo tiempo, los vecinos que hace referencia son las mismas personas que fueran investigadas en la causa penal que derivó en la orden de restitución incumplida. Por tanto, tenían pleno interés en el pleito. Note que, el primer testimonio utilizado es del señor Néstor Horacio Acuña (delegado municipal de Ramos Mejía y secretario adjunto de la Unión Obrera Metalúrgica de La Matanza - UOM -). Siendo empleado del municipio, resulta claro que tenía interés en el pleito. Además, pertenecía a la fracción ‘sindicalista’ que luchó con la fracción de la organización ‘Libres del Sur’ para quedarse con el predio y explotarlo económicamente, donde claramente ha ‘ganado’”.
En tercer lugar, con respecto al consentimiento de la colocación de la plaza en el predio por parte del anterior titular dominial, la apelante manifestó: “Existiendo la causa penal iniciada en 2007, donde se acreditó con la escritura N° 58 la "compraventa" a "La Fraternidad Sociedad de Personal Ferroviario de Locomotoras" el 27/04/2007 (fs. 6 a 9 causa penal), huelga reseñar que desde ésa fecha existía título donde se acreditaba la calidad de dueño del predio de mi mandante. De la misma causa se desprende que, ante tareas realizadas en el predio, un grupo de vecinos lo despojaron de la posesión. Además, si siempre fue una plaza pública la propia Municipalidad no hubiese aprobado los planos del proyecto por el cual el bien fue adquirido. Dichos planos, visados por todas las áreas de la Municipalidad, fueron presentados el 15/05/2007 ante las autoridades respectivas (agregado como Anexo 6.- de la demanda). La actuación administrativa fue la N° 46.425/2007 donde se llevó a cabo el proceso de aprobación de obra (agregado como Anexo 7.- de la demanda). Asimismo, paradójicamente, si el propio fisco cobra los impuestos contra mi mandante, se demuestra a las claras que el Estado no tiene a dicho predio como plaza pública afectado al dominio público”.
En cuarto lugar, la parte actora mencionó: “El razonamiento de la sentencia sostiene que, el predio al ser utilizado por la Municipalidad se encuentra sometido a la afectación pública. Ahora bien, siguiendo tal razonamiento (introducido solo por el a quo) corresponde puntualizar si tal afectación es competencia del Municipio o de una ley provincial […] Resulta un hecho consolidado que el predio tiene orden de restitución desde 2009, demostrando que no es cierto que desde hace 40 años es una plaza, manteniendo indemne el carácter de dominio privado en tanto no se ha declarado a la fecha ley alguna que, individualice el bien y lo traspase al dominio público […] solo existe una solicitud por parte de la Municipalidad de La Matanza para que se gestione la declaración de utilidad pública (fs. 1829). Dicha afectación a la fecha no existe. El proyecto nunca se convirtió en ley y el último movimiento del expediente data de fecha 04/05/2016 donde fue receptado por la Subsecretaria de Gobierno y Asuntos Municipales”.
Así, la actora entendió: “Sin perjuicio que el expediente administrativo se encuentra sin movimientos desde hace 5 años, con las consecuencias jurídicas que ello implica, se demuestra en contraposición a la sentencia que el predio no cuenta con la declaración de utilidad pública, no tiene el carácter de plaza pública y, por tanto, el bien continúa siendo de dominio privado […] A su vez, como vemos, la calificación de utilidad pública es una facultad constitucionalmente atribuida al Poder Legislativo ya que dicha declaración debe efectuarse a través del dictado de una ley. En autos, con la resolución de primera instancia el poder judicial se arroga una competencia que la propia constitución, tanto nacional como provincial, pone en cabeza del legislativo”. Y acto seguido, la accionante expresó: “En cuanto al modo, éste entendido como la tradición de la cosa, la posesión que ostenta la Municipalidad surge de un hecho ilícito civil, siendo ilegítima de origen por cuanto la obtiene de personas que cometieron el delito de usurpación. Dicha posesión, al ser contraria a la ley, no surte efectos jurídicos”.
Respecto a la anotación preventiva de expropiación, la actora se agravió en los siguientes términos: “Dicha anotación en el término fijado por ley no se encuentra reinscrita, caducando aquella de pleno derecho conforme el art. 5, Ley 5708 […] A su vez, el fallo citado por el a quo en su sentencia de la C.S.J.N. contradice su propia posición y se encuentra en línea de lo que venimos sosteniendo […] con la sentencia a la Municipalidad de La Matanza se le "adjudica" un inmueble de más de 11.000 mts. cuadrados por su carácter de "intermediario" en la resolución del conflicto entre particulares. Configurando un acto claramente confiscatorio y fuera del amparo legal constitucional. Con ello, no habría distinción alguna entre los bienes de dominio privado y los de dominio público. Lo cual vulnera manifiestamente normas elementales relativas a la seguridad jurídica como son las normas de orden público del derecho real”.
Por todo ello, la parte actora solicitó se revoque la sentencia apelada, haciéndose lugar a la demanda en todas sus partes, con costas.
II.b. La contestación de los agravios esgrimidos por la parte actora Con fecha 17/06/2021, al contestar el traslado de los agravios, la parte demandada primeramente solicitó se declare desierto el remedio en cuestión, pues -a su entender- no resultaría una crítica de los supuestos errores en que (desde el punto de vista de la actora) habría incurrido el a quo. Acto seguido, la demandada contestó el agravio referente a la causa penal manifestando: “Olvida quien ha promovido esta acción civil, que la instancia penal ha sido originada por ella misma, al iniciar la causa 05-00- 351002-07 contra un grupo de vecinos que utilizaban el predio para su esparcimiento, los cuales fueran identificados en el Juzgado de Garantías N° 1 donde se debatió la cuestión que refiere, y si probo el delito de usurpación, no dirigió la acción en sede civil contra los verdaderos usurpadores, ya que como relata en enero de 2009 se dictó la sentencia condenatoria. La relación jurídica que se estableció en la causa penal fue entre particulares, de la cual el Municipio no participo pues el mismo nunca fue poseedor del predio en cuestión”.
Seguidamente, la parte demandada expuso: “En su escaso relato imparcial de los hechos, no destaca que el predio en cuestión, pertenecía a La Fraternidad Sociedad de Personal Ferroviario de Locomotoras desde el año 1975, y que en abril de 2007 cuando compra el inmueble, sabía que su antecesora había establecido un acuerdo con los vecinos, quienes ya eran los poseedores de dicho predio, dejando que los mismos lo utilizaran la posesión para su esparcimiento […] La Comuna se presenta sólo con el fin de contribuir a una solución conciliatoria y pacífica entre esos particulares, asumiendo según lo determinado por la Constitución Nacional, las atribuciones y los deberes indelegables que debe llevar en su cometido ‘la paz social entre los vecinos’”. Luego, mencionó: “Si a la parte actora le asistiera razón en cuanto a que la decisión dictada en sede penal ha pasado en autoridad de cosa juzgada, éstas actuaciones no serían las que deberían llevarse adelante para la ejecución de la misma. Al haberlas iniciado (las presentes actuaciones) y pretender lo que pretende respecto de la causa penal, no cabe otra que considerar a la conducta de Fran Constructora S.A. de una clara violación a la teoría de los actos propios”.
A la vez, la demandada refirió: “Yerra también la recurrente al indicar que las partes no han señalado la existencia de una plaza pública, no advirtiendo que ello resulta de la prueba testimonial recolectada y no cuestionada en tiempo oportuno, siendo ello argumento más que sólido para sostener dicha expresión por parte del Sr. Juez de instancia originaria. Es más, de la propia prueba documental que aportara la sociedad actora, surge que los vecinos habían presuntamente suscripto un contrato con la vendedora del predio para cuidar del lugar y convertirlo en un espacio público […] La parte actora en forma tardía pretende cuestionar las declaraciones testimoniales recolectadas en autos, lo cual no puede ni debe ser valorado por V.E., ya que si ello ocurriese nos encontraríamos en presencia de una inadecuada interpretación del principio de preclusión…”
Siguiendo con la contestación de los agravios, la demandada sostuvo: “Por otra parte, que, el Fisco Provincial le reclame los impuestos a la parte actora, nada quiere decir, ya que, ni siquiera la anotación de litis de la futura expropiación y/o asiento registral de utilidad pública, impiden que el estado perciba de su titular registral los impuestos que pesan sobre el inmueble, siendo su recupero (en el supuesto de corresponder) materia extraña a este proceso, pero que en modo alguno pueden sustentar los señalamientos errados de la accionante”.
Así, concluyó: “Se ha demostrado, y ha sido tenido en cuenta por el juzgador al dictar su sentencia que Fran Constructora S.A. adquirió, el día 24 de abril de 2.007 la titularidad registral del predio ubicado en avenida Don Bosco 1.680, de la localidad de Ramos Mejía, partido de La Matanza, de “La Fraternidad Sociedad de Personal Ferroviario de Locomotoras”, pero nunca pudieron cumplir con el requisito establecido en el Art. 2758 CCCN, ES DECIR HABER TOMADO LA POSESIÓN DEL MISMO. Si, Fran Constructora S.A.
contaba con un título imperfecto, pero nunca tuvo la plena posesión del inmueble, y nunca fue despojado, de algo que nunca pudo ocupar. V.E., sírvanse recordar V.E. que La Fraternidad tampoco tuvo la plena posesión. A partir de allí, y lo que reproduce en este apartado de su libelo, hasta el año 2021 no es más que aseverar que el predio se encuentra ocupado por vecinos quienes convirtieron un terreno baldío y abandonado en un lugar de esparcimiento recreativo y deportivo para los jóvenes del lugar, que fue con el espíritu que fue construido por sus fundadores. Ello por cuanto sus titulares dominiales la abandonaron y lamentablemente no existen leyes que permitan a los vecinos usucapir ya que éstos han demostrado por más de 40 años ser los verdaderos dueños del lugar. Como bien señala, el delito de usurpación y la orden de restitución emanada por el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial de La Matanza es contra quienes ocuparon el predio y no contra mi poderdante. La Municipalidad de la Matanza no estuvo presente, ni fue requerida por ninguna de las partes, No lo fue pues no formaba ni tenía que formar parte en la relación privada que conformaron esos sujetos de derecho, haciendo uso de las normas que regulan la propiedad privada, y formalizando también acuerdos con compromisos entre civiles, utilizando conceptos, juicios y principios comunes de las normas y relaciones de tal materia”.
II.c. Los agravios de la parte demandada Ahora bien, pasando ahora a la lectura de los agravios esgrimidos por la parte accionada, en primer lugar, observo que la misma se agravió por haberse rechazado la excepción de falta de legitimación activa interpuesta al contestar demandada. En miras a que se revoque dicha parcela de la sentencia apelada, mencionó: “…como se hubo sostenido desde el primer comparendo, Fran Constructora S.A. intenta con su pretensión obtener, a partir de una decisión jurisdiccional, la atribución de un derecho que nunca poseyó, es decir el de posesión del predio que se pretende reinvindicar”.
En este sentido, relató: “La Relación jurídica que denuncia la actora se constituyó en el marco exclusivo del derecho privado, por ende, fue exclusivamente entre particulares, de la cual el Municipio no participara pues el mismo nunca ha tenido posesión, extremo que desarrollaremos en el agravio pertinente, pues la misma y desde sus orígenes (titularidad del Estado Nacional) siempre la detentaron los vecinos. Como primer punto debemos dejar en claro que el día 31 de diciembre de 1.975, La Fraternidad Sociedad de Personal Ferroviario de Locomotoras (en adelante La Fraternidad) adquirió el predio mediante escritura nro. 552, según consta a través de la prueba instrumental rendida y aportada por la parte actora, quien sólo ha ejercido su derecho como titular de una propiedad privada, pues basado en el título que ostentaba dijo haber formalizado y no acreditado un acuerdo con los vecinos, quienes ya eran los poseedores de dicho predio, dejando que los mismos utilizaran el predio para su esparcimiento […] Es decir que el contrato de compraventa nunca fue formalizado en favor de la entidad ferroviaria pues como determinaba la vieja codificación en TITULO III CAPITULO V DE LAS OBLIGACIONES DEL VENDEDOR Art. 1409, el vendedor debe entregar el inmueble sin ninguna otra posesión, ya que esta última la detentaban los vecinos del lugar, para luego continuar con dicha falta transmitiendo la titularidad para su sucesora en su carácter de cesionaria, a través de la compraventa por FRAN CONSTRUCTORA S.A., quién entabla la demanda, no sólo sin un título perfecto sino que a sabiendas de quienes eran los ocupantes del predio y frente a quienes, en su caso, debía dirigir la acción de reivindicación”. Asimismo, la parte demandada postuló: “…nunca pudo La Fraternidad haber transmitido la posesión de algo que nunca poseyó, ya que, como antes dije, siempre han sido los vecinos quienes ocuparon y se ocuparon del lugar objeto de litis, manteniéndolo en condiciones de ser usado por la totalidad de los vecinos del lugar […] cuando el accionante adquiere el terreno, también conocía su utilización por la Comunidad, ya que referenció haberlo visitado anteriormente y consentía el estado en el que se encontraba, acontecimiento no considerado por la magistratura de menor grado, provocando ello el yerro cuestionado en el presente”.
A lo cual agregó: “sin perjuicio de que esta parte no puede ni debe reconocer la existencia y/o validez del pretendido ‘contrato de comodato’ ponderado en su sentencia por el a quo, por los motivos expuestos anteriormente y utilizado erradamente como base para rechazar la defensa en tratamiento de manera errada. Por ello, y frente al hipotético supuesto que la Alzada compartiera el criterio del inferior, cabe resaltar que, dicho instrumento, reconocido por La Fraternidad y aportado por FRAN CONTRUCTORA S.A., no haría más que plasmar una situación de hecho que era de larga data, cual es la posesión en cabeza de los vecinos del predio, tolerado por décadas por LA FRATERNIDAD”
Y finalizó este agravio esgrimiendo: “De esta manera, ni el actor ni su antecesor tienen legitimación para reclamar por desposesión, ni exigir indemnización alguna al respecto, ya que la misma nunca existió, no hubo privación de la posesión sino, en todo caso, desprendimiento voluntario de la misma. No existió oposición a la utilización por parte de los vecinos de un espacio privado que, por inacción de su titular dominial, se transformó de uso público”.
En segundo lugar, la demandada apelante se agravió por haberse rechazado la excepción de falta de legitimación pasiva. Al respecto, postuló: “La Municipalidad de la Matanza no estuvo presente, ni fue requerida por ninguna de las partes, ni en el año 1975, ni al suscribirse el acuerdo entre los vecinos, o al ser el bien adquirido en el año 2007 por Fran Constructora S.A. No lo fue pues no formaba ni tenía que formar parte en la relación privada que conformaron esos sujetos de derecho, haciendo uso de las normas que regulan la propiedad privada, y formalizando también acuerdos con compromisos entre civiles, utilizando conceptos, juicios y principios comunes de las normas y relaciones de tal materia. Es allí donde el Juzgador yerra, al interpretar los sujetos que integran la relación, y luego la norma, involucrando en forma equivoca a mi representada, ya que su participación en sede penal, solo hubo sido a los fines de evitar un mal mayor y no generarse obligaciones impropias como resulta de la decisión en crisis en cuanto es objeto de la presente queja”. A la par, mencionó: “…tampoco se requirió la presencia por los titulares de la relación jurídica, es decir a la presunta "Asociación Bouchard" y/o a los vecinos presuntamente intrusos, como hubo ocurrido por ante el Juzgado de Garantías N° 1, en el cual mi representada solo hubo intervenido para apaciguar los ánimos. El municipio resulta totalmente ajeno a los hechos investigados en sede penal, ya que los ocupantes son personas físicas identificadas en el expediente inquisitorio, sin tener la Comuna participación alguna en el ilícito investigado, de más está en aclarar que las instituciones y/o las asociaciones y/o sociedades no son sujetos plausibles de reproche penal, principio que rige a esta rama del derecho evidentemente desconocida por al juez de grado”.
Asimismo, con respecto a este agravio, la demandada señaló: “La Municipalidad de la Matanza NO hizo las obras en el predio en cuestión, fueron los vecinos, y las hicieron en principio por motus propio y quizás luego en razón de las obligaciones que nacieron de un supuesto ‘contrato de comodato’ que les permitía o más bien ratificaba la ocupación que ostentaban desde tiempo inmemorial. Las obras realizadas fueron principalmente ejecutadas por ellos, y con materiales donados por empresas privadas gestionadas por el sujeto pasivo de la relación. Los vecinos […] Lo que se destaca de los testimonios obrantes en la causa, es que la Municipalidad sí donó 20 árboles, y que respondió -como está obligada a hacerlo en su rol social, cuando se presentan los vecinos y cuando se presenta también- ante ella el Presidente de la Constructora, con el único fin de desligarse de responsabilidad por posibles daños y perjuicios, que pudieran llegar a producirse sin que esto implique estar legitimada para ser demandada por la aquí reclamante Fran Constructora S.A, la cual adquirió -a sabiendas- un predio, que había sido entregado por su antecesora para esparcimiento y fines recreativos, sin que en el transcurso de esas 4 décadas se interpusiera acción alguna de restitución. No era la Comuna quien hacía uso del predio sino los vecinos a sabiendas del propietario”.
Y finalizó este agravio resaltando: “Respecto a la declaración de utilidad pública del predio, cabe aclarar que, tal como surge de la prueba rendida en autos, su uso público data de décadas atrás, no siendo ni siquiera necesario su declaración ya que, ello es de público y notorio conocimiento, bastando preguntar a cualquier vecino al respecto. Los propios vecinos eran (con conocimiento y aprobación de los titulares dominiales originarios y actual) quienes lo usaron, construyeron y modificaron para esparcimiento propio. En tal caso el pedido de utilidad pública sería una consecuencia de una situación de hecho que venía ocurriendo de antigua data y sin participación de la Comuna, quien ha limitado su participación a los fines de resguardar la paz social ante la conflictividad presentada, lo que no significa que pueda válidamente ser considerado sujeto pasivo de la relación”.
En tercer lugar, la parte demandada se agravió respecto a la imposición de costas. Al respecto puntualizó: “…mi mandante pudo razonablemente creerse con derecho a plantear las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva, atento a que sólo pudo obtenerse con certeza (en la especie) su procedencia, una vez rendidas y analizadas las pruebas reunidas en la causa”.
II.d. La contestación de los agravios esgrimidos por la parte demandada A los agravios ut supra enumerados, en fecha 18/06/2021 la parte actora contestó: “…la demandada al expresar su agravio lo hace en repitiendo los mismos términos de su contestación de demanda, no rebate en parte alguna las consideraciones efectuadas por el a quo. Simplemente expresa una mera discrepancia con el criterio del juzgador y, en materia recursiva, ello no cumple con los requisitos mínimos exigidos por la ley.” Con lo cual, solicitó la deserción del remedio procesal interpuesto.
Con relación a los dichos de la demandada respecto a que la parte actora no habría tenido nunca la posesión del predio, contestó que ello se encontraría acreditado con: “1º La sentencia dictada del 23/01/2009 en los autos: AMATO PABLO DANIEL S/USURPACIÓN DE LA PROPIEDAD. Causa Nº 9375 […] 2º Si de la sentencia indicada, que se encuentra firme, se ordena la restitución del predio por encontrarse acreditada la turbación de la posesión; es que claramente existió posesión anterior y acreditada por parte de mi mandante en su predio. La sentencia es precedente y se encuentra firme. 3º Uno de los actos posesorios realizados por Fran Constructora fue el cercado del predio, en tanto su despojo se produjo en el tramo final de dicho cercado. Ello ha quedado acreditado a fs. 112 de la causa penal agregada, en función de los carteles con mensajes intimidatorios del famoso "grupo de personas" (que entre los cuales se encontraba el testigo Acuña). El texto decía con palabras textuales: "AMATO: Cortenla con la Plaza Etcheverry!!!! No al alambrado!!!! Si vuelven vos o cualquiera de tu empresa lo van a pasar mal. Los Pibes coparon la plaza y aguantan!!!!!". 4º Otro acto posesorio fue la contratación y ejecución de obras realizadas por el Agrimensor Jorge Vicente Bron que realizó un estado parcelario y cédula catastral”.
En torno al agravio expuesto sobre la testimonial rendida en autos, la accionante contestó: “…el referido testigo no resulta ser empleado de la municipalidad, cuestión vital para discernir sobre la imparcialidad del mismo. En contraposición a ello, es el testigo que alega la demandada (Acuña) que es el delegado regional de la Municipalidad y ha sido parte en el proceso penal”. Por otro lado, la parte actora sostuvo: “…que nunca existió un ‘contrato de comodato precario’, en razón que de la nota citada (fs. 86 de la causa penal) surge textualmente que: ‘en aquella oportunidad ante el cercado de la propiedad y a pedido de los vecinos se efectuó una de ‘membrecía de paso debidamente alambrada’ y con la presencia de autoridades Municipales de La Matanza se acordó la firma de un Comodato para establecer una placita en los fondos de la propiedad, el que finalmente no prosperó por falta de personería jurídica representativa de los vecinos, pero procediéndose de hecho y de buena voluntad sin que La Fraternidad deslindara ninguna de sus responsabilidades’. Nótese en primer término que la nota resulta ser un instrumento particular (no tiene rubricada ninguna firma), tampoco se produjo prueba informativa al respecto y la propia demandada no lo reconoce en el escrito en conteste”.
Asimismo, en torno al agravio formulado por el rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva, la parte actora contestó: “…independientemente de toda la prueba aportada y de lo que resulta escandalosamente notorio respecto de la posesión ilegítima que ostenta la Municipalidad, no se entiende verdaderamente la afirmación de la ‘no realización de obras en el predio’. Véase el informe del actuario que se encuentra a fs. 2031 del expediente digital donde se ha subido 67 fotos que demuestran todo lo contrario. Hasta un mástil con la bandera de la Municipalidad se ha puesto, mas gráfico que dicha circunstancia resulta imposible. El propio Juez llevó adelante la referida inspección ocular, la misma fue efectuada el 27 de septiembre de 2019. El acta por tanto un instrumento público no fue sujeto de impugnación alguna. Falta a la verdad manifiestamente en este punto la demandada, teniendo a la vista las constancias del expediente, la propia realidad y su propia actuación ejecutando obras que luego manifiesta no haberlas realizado”.
A ello, la parte actora agregó: “Entre el año 2009 y el 2013 se han llevado a cabo audiencias en las cuales la Municipalidad se encontraba en tratativas para adquirir una fracción del predio. Se encuentra agregado también el expediente administrativo iniciado en 2010 por el municipio donde eleva una solicitud a la legislatura provincial para que se declare de utilidad púbica la totalidad del predio. El expediente administrativo no alcanzó al dictado de la ley que declara la utilidad pública, por tanto, el inmueble nunca ha pasado de la esfera del dominio privado al público. Ello también lo sostiene la propia demandada al decir que es un conflicto entre particulares […] Debe confirmarse legitimación para estar demandada en tanto resulta manifiestamente notorio que al momento de la interposición de la demanda la Municipalidad se encontraba ocupando el predio, cuestión que hasta el día de hoy lo sigue haciendo. ¿Si no es contra ella, contra quien se hubiera accionado entonces?”
Por último, respecto al agravio sobre la imposición de costas, la parte actora contestó: “Las excepciones han sido opuestas aun conociendo una sentencia precedente que reconocía la posesión de mi mandante - en de la falta de legitimación activa - y a su vez negando obras realizadas por la propia Municipalidad en el predio, cuestión que resulta sorprendente porque solamente basta con ir al predio, tal cual lo hiciera el a quo, para confirmar la vasta prueba producida respecto de la ocupación ilegítima del municipio sobre el predio. Por lo expuesto, debe rechazarse el agravio de la demandada y confirmarse la resolución del juez de grado con costas de alzada”.
LA SOLUCION
III. Los pedidos de deserción de los recursos de apelación interpuestos Previamente, por una cuestión metodológica, corresponde resolver el planteo que formuló tanto la parte actora como la parte demandada al contestar los agravios, solicitando la deserción del recurso de apelación interpuesto por la contraria, toda vez que –según sus opiniones- los fundamentos expresados no se ajustarían a las prescripciones legales del artículo 260 y 261 del Cód. Proc. Corresponde al respecto recordar que en atención a la necesidad de salvaguardar el principio de defensa en juicio (art. 18 CN), la facultad que acuerda el art. 266 del Cód. Procesal Civ. y Com. de la Nación (arts. 260 y 261 del CPCC de la provincia de Buenos Aires) debe ser utilizada con un criterio restrictivo; vale decir, acudir a ella cuando de una manera clara y acabada se opera una trasgresión a la citada preceptiva legal. En este sentido, en la sustanciación del recurso de apelación el cumplimiento de sus requisitos debe ponderarse con tolerancia, mediante una interpretación amplia que los tenga por cumplidos aun ante la precariedad de la crítica del fallo apelado. En otras palabras, si la fundamentación cumple en cierta medida con las exigencias del art. 265 del Cód. Procesal Civ. y Com. de la Nación, según un criterio de amplia flexibilidad, cabe estimar que se ha satisfecho con la mentada carga procesal (conf. CNCiv. Sala B, in re “Hinckelmann c. Gutiérrez Guido Spano s/liq. de sociedad conyugal”, del 28/10/2005; íd., en autos “Menéndez v. Alberto Sargo S.R.L s/daños y perjuicios”, del 23/11/2005; id. CNCiv. Sala H, del 15/06/2005; esta Sala expte. N° 78.929/05).
En efecto, de la atenta lectura de las piezas de agravios que fueran presentadas electrónicamente con fecha 31/05/2021 surge a todas luces y prima facie, desde la óptica puramente formal que dichos escritos que impugnan el pronunciamiento de Primera Instancia, constituyen una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que las apelantes –desde su ángulo de visión subjetivo- consideran equivocado. Por lo tanto, corresponde decretar el rechazo del pedido de deserción de los recursos, por ajustarse las piezas cuestionadas, desde la óptica técnico-formal y “prima facie” a las prescripciones legales del art. 260 y 261 del C.P.C.C. Máxime, el criterio en el que se encuentra enrolado esta Sala Primera del mínimo agravio.
Por las consideraciones legales expuestas, VOTO POR LA NEGATIVA.
Por análogos fundamentos, el Doctor Posca y el Doctor Pérez Catella también VOTAN POR LA NEGATIVA.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JOSE NICOLAS
TARABORRELLI, dijo:
Centrados los agravios que constituyen el marco cognoscitivo de esta Alzada, comenzaré a dar tratamiento a los mismos, dejando constancia que, salvo disposición legal en contrario, los Jueces han de formar convicción respecto de la prueba haciendo mérito de las reglas de la sana crítica. No tendrán obligación de valorar expresamente en la sentencia cada medio de prueba producido, sino únicamente aquellos que fueron esenciales y decisivos para el fallo de la causa. (Art. 384 CPCC).
Del mismo modo, he de dejar aclarado que en el estudio y análisis de los agravios los jueces no están obligados a analizar todos y cada uno de los argumentos de las partes sino tan solo los que considere suficientes y decisivos para decidir el caso (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225).
IV. Introducción. Cuestión preliminar como adelanto del presente voto. El orden público de la comunidad El presente “Sub-judice” debe ser considerado y resuelto bajo la óptica del “orden público” que ilumina jurídicamente los derechos subjetivos y colectivos de la comunidad, representada por el Municipio demandado (art. 22 C.N. “sistema representativo” y arts. 190 y 192 inc., 4º de la Const. Pcia. de Bs. As.), y como beneficiaria la comunidad del uso y goce público de una plaza, considerada del dominio público, -destinada al bien común- que garantiza nuestra Constitución Nacional.
A propósito de ello, vale recordar que: “El orden público es el conjunto de condiciones fundamentales de vida social instituida en una comunidad jurídica las cuales por afectar centralmente la organización de estos no pueden ser alteradas por la voluntad de los individuos ni, en su caso, por la aplicación de normas extranjeras. Ello permitió aseverar que "las leyes de orden público son aquellas que receptan los principios sociales, políticos, económicos, morales y religiosos cardinales de una comunidad jurídica cuya existencia prima sobre los intereses individuales o sectoriales. La Suprema Corte de Justicia precisó que el legislador, al disponer que es de orden público ha definido a la ley como contenedora de un conjunto de principios de orden superior estrechamente vinculados a la existencia y conservación de la organización social establecida y limitadora de la autonomía de la voluntad”. (SUMARIO DE FALLO: 6 de marzo de 2009, Id SAIJ: SU50007494-. TEXTO. Fuente del sumario: OFICIAL. BANCO DE SAN JUAN S.A. c/ Minuzzi, Luis Darío y Otro s/ Sumario - Cobro de Pesos. SENTENCIA.CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA., 6/3/2009).
Formulada la cuestión preliminar enunciada “ut supra”, me avocaré al estudio y resolución de los agravios expuestos por las partes en este expediente judicial, a saber, de las siguientes consideraciones.
1. Medida cautelar decretada en sede penal.
Cosa juzgada en sentido formal En torno al primer agravio ensayado por el quejoso apelante en cuanto afirma el carácter de cosa juzgada en la instancia penal, adelanto que dicho agravio no ha de prosperar, en base a las siguientes razones jurídicas que paso a exponer.
Que en los autos caratulados “Usurpación de propiedad, Amato, Pablo Daniel”, causa n° 9375, que tengo ante mí vista a los efectos probatorios, se decretó una medida cautelar “provisoria”, en la cual se dispuso: “Librar orden de lanzamiento para que con expresa habilitación de días y horas inhábiles proceda a la desocupación del predio ubicado en la Av. Don Bosco n° 1680, esquina Nicaragua, de Ramos Mejía”. Que la figura jurídica del art. 231 bis (incorporado por la ley 13.418, art. 1°) del CPPBA, estatuye en su parte pertinente que en la solicitud se podrá disponer provisionalmente la inmediata restitución de la posesión o tenencia del inmueble, cuando el derecho invocado por el peticionante fuera verosímil.
Siendo los caracteres jurídicos de las medidas cautelares los siguientes: 1) Carácter provisorio: las notas de provisionalidad y variabilidad de caracterizan las medidas cautelares -dado que las circunstancias concretas valoradas al momento de dictarlas pueden alterarse o cambiar- permiten que en todo proceso sea factible peticionar y decretar su modificación. Por ello, el Código Procesal establece que las medidas cautelares subsistirán mientras duren las circunstancias que las determinaron. La provisionalidad es una de las características esenciales de las medidas precautorias, de allí que las decisiones que recaen sobre éstas no causan instancia, pudiendo ser modificadas si han variado las circunstancias que las determinaron y dejarlas sin efecto, cuando se ha justificado debidamente el cambio de motivos que fundaron su adopción. 2) Otro de los caracteres específicos de las medidas cautelares es su mutabilidad y flexibilidad. 3) Dichas medidas son siempre accesorias de una acción principal y las primeras tienen existencia de vida mientras persista la vida de la acción principal. (López Mesa- Cuello, CPCC, comentado, T° II, La Ley, año 2014, págs. 930/932).
No hay dudas de que la resolución decretada por el Juez de garantías en dicha causa penal, ha sido una simple medida cautelar, accesoria de una causa penal principal, por el delito de usurpación.
En cuanto al carácter de la restitución nos enseña Bertolino que: “La restitución es provisional, es decir, sujeta a modificación en caso de cambio de las circunstancias que la motivaron.” (Bertolino, Pedro J. “C.P.P. Pcia. Bs. As., comentado, Abeledo Perrot, año 2017, pág. 501); agregando este juzgador que para que tenga virtualidad y efectos jurídicos, esa medida cautelar, es necesario e imprescindible que se haya dictado sentencia condenatoria en el juicio penal de usurpación, confirmando y convalidando de ese modo la medida cautelar anticipativa.
Si no hubo sentencia condenatoria en el juicio principal de usurpación, firme y consentida por las partes, la medida cautelar anticipativa objeto de estudio en este voto carece de virtualidad y efectos jurídicos, pues según establece el art. 207 del CPCC se producirá la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares que se hubieren ordenado, si tratándose de obligación exigible no se interpusiese la demanda del juicio principal dentro de los diez días siguientes al de su traba. Norma procesal de aplicación analógica (arts 171 Const. Pcia. de Bs. As. y 2 del C.C. y C.). en este supuesto que se resuelve. Vale decir, que la vida de la medida cautelar subsiste mientras esté viva la acción principal, ya sea penal o civil.
Los autores Palacio-Alvarado Velloso señalan que uno de los rasgos comunes a todo proceso cautelar –emergente del carácter instrumental que reviste-, estriba en su provisionalidad, lo cual implica que los efectos de la resolución que en él recaen tienen inevitablemente, un dies ad quem, representado por el momento en que adquiere carácter firme la resolución o sentencia dictada en el proceso principal o definitivo. Vale decir, que cuando alcanza autoridad de cosa juzgada el pronunciamiento sobre el fondo del asunto se extingue, ipso iure, la eficacia de la resolución cautelar, porque a partir de ese instante pierde su razón de ser y agota, por lo tanto, su ciclo vital. (Carnelutti, Sistema de Derecho Procesal Civil, Trad., Alcalá-Zamora y Sentís Melendo, T° I, pág. 390; Calamandrei, op. cit., pág 15 y 83) (cits. por Palacio- Alvarado Velloso, CPCCN, Rubinzal- Culzoni, año 1990, págs. 84/85). Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, en esta parcela del voto, juzgo, sin hesitación, que surge de dichas actuaciones penales que nunca se llevó a cabo ni se ejecutó la medida cautelar decretada por el Juez de garantías, objeto de consideración en este acápite. En su consecuencia y a mayor abundamiento u “Obiter dicta” estimo que valorando la conducta omisiva desplegada por el denunciante en la causa penal, de no llevar adelante la ejecución de la medida cautelar, importa e implica que desistió tácitamente de la ejecución de la misma, habiéndose decretado el archivo de las actuaciones de conformidad a lo que surge en fs. 275 por el delito de amenazas y a fs. 287 obra en copia un oficio en la cual se informa al juez Dr. Sohaner que la causa por usurpación se encuentra archivada desde el 24/10/2013.
De todo ello se colige que la resolución que decreta una medida cautelar como la de marras, objeto de análisis no causa cosa juzgada en sentido sustancial, sino que es una cosa juzgada en sentido formal y decretada –a mi juicio- en cuanto a lugar por derecho. En efecto, se entiende por cosa juzgada cuando se manifiesta como un atributo de las sentencias judiciales que siendo insusceptibles de ser atacadas o alteradas, dentro del proceso o fuera de él, otorgan la certeza definitiva de la verdad legal.
La cosa juzgada material es precisamente el efecto propio de la resolución que pone fin al proceso, previo juicio llevado adelante en modo y forma contradictorio y bilateral, en el cual se han garantizado el debido proceso y la defensa en juicio.
En cambio, la cosa juzgada formal, es el efecto de la resolución procesal dentro del propio proceso. La gran diferencia entre ambas instituciones y que hace a nuestra temática especifica es la siguiente, la cosa juzgada formal se ataca a través de los medios impugnativos llamados ordinarios, mientras que la “res iudicatia” material se retracta por vía de los denominados medios impugnativos excepcionales o extraordinarios. La cosa juzgada formal hace inimpugnable la sentencia, mientras que la material, la hace indiscutible. En síntesis, la cosa juzgada formal (como las medidas cautelares) que no causan instancia, se resuelven en cuanto a lugar por derecho, y precisamente al reunir los caracteres de provisionalidad y accesoriedad, subsisten –como ya dijemientras dure la existencia de la acción principal.
Las medidas cautelares hacen cosa juzgada en sentido formal, siendo sus caracteres jurídicos los siguientes: a) se dictan “in audita parte”, b) son provisionales, c) son accesorias, no tienen un fin en sí, sino que sirven a un proceso principal, en su consecuencia su existencia depende de las contingencias del proceso principal.
En suma y teniendo en consideración todo lo desarrollado precedentemente, la medida cautelar decretada por el juez de garantías en lo penal, no lo ata ni lo obliga imperativamente al juez con competencia en el fuero civil, a condenar o absolver en el momento de pronunciar su sentencia en dicha sede. Pues no existe ninguna relación ni interdependencia entre la acción de reivindicación y la medida cautelar dictada en sede penal.
A mayor abundamiento, según la norma del art. 1776 del CCC (aplicable analógicamente, art. 2 del CCC) y su concordante art. 1102 CC, se requiere que haya sentencia penal condenatoria del delito que se investiga y que ésta produce efecto de cosa juzgada en el proceso civil, respecto de la existencia del hecho principal que constituye el delito y de la culpa del condenado.
Resulta obvio que al no haberse dictado sentencia penal condenatoria alguna en el proceso penal de marras, va de suyo que la mera resolución que decreta la medida cautelar, que hace cosa juzgada en sentido formal, no produce efectos de cosa juzgada en el proceso civil. Por lo tanto, la acción civil y la acción penal de naturaleza cautelar resultantes del mismo hecho no producen ningún efecto entre sí.
Finalmente, y sin perjuicio de todo lo expuesto y desarrollado precedentemente, siendo el Municipio una persona de existencia ideal, resulta obvio –desde el punto de vista jurídico- que no puede ser objeto de enjuiciamiento penal. De este modo, demás está decir, que la medida cautelar dictada en el Fuero Penal no le produce efecto alguno, a pesar de que se encuentra caduca de pleno derecho.
2. Bienes del dominio público Ahora bien, con respecto al agravio que gira en torno a la calificación del bien como del dominio público y su afectación al uso público, esgrimido por el actor apelante, paso a resolver dicho agravio en base a las siguientes consideraciones.
Parafraseando al Dr. Rafael Bielsa el mismo argumentaba que la afectación o destino al uso público puede tener su origen en la ley o en el uso mismo; la práctica es formal; la segunda es meramente real. Debe haber una manifestación de voluntad del poder público (Fallos de la CSJN, Tº 182 p. 375). Además, agregaba que para que una cosa se considera afectada al uso público es necesario, desde luego, que ella sea apta para ese destino. El uso común genera una afectación al dominio público. Y así, puede una cosa pasar del dominio privado al público, por el uso que de ella hagan los habitantes. Con mayor razón son públicas las cosas usadas desde tiempo inmemorial (Fallos de la CSJN, Tº 141, p. 307). (Bielsa, Rafael, en Principios de Derecho Administrativo, Ed. Depalma, 1963, p. 791/2).
“Cabe considerar del dominio público provincial el camino cuestionado a los efectos de la acción reivindicatoria, toda vez que la provincia accionada admitió antes de la promoción del juicio y al contestar la demanda que su conservación –típico acto posesorio- estaba a cargo de la Dirección de Vialidad, por estar librado al uso público en un centro de atracción turística –en el caso, el Cerro Catedral- que importa un destacado recurso de la provincia”. (CS, 05/09/2002, Bergadá Mujica, Héctor c. Provincia de Río Negro, LA LEY, 2003-A, 274; citado por Leiva Fernández, Luis, Código Civil Anotado, LA LEY, 2006, p. 705).
2. a) Caracteres jurídicos del dominio público del Estado Los caracteres jurídicos de los bienes del dominio público del Estado son los siguientes: 1º.- Son inajenables o inalienables. 2º.- Son imprescriptibles. 3º.- Se hallan sujetos al poder de policía.
La Municipalidad como persona jurídica de existencia ideal y como poder administrador cumple funciones de seguridad, higiene, salubridad, moralidad pública, etc. Las principales funciones son: a) Policía y b) Servicios públicos. Las comunas ejercen y proveen la gestión de intereses locales, es decir los intereses que conciernen directa e inmediatamente a todos los habitantes del municipio y/o de la comunidad. Así organiza los servicios de higiene pública, de vialidad urbana, mantenimiento y conservación de espacios públicos, paseos y plazas, etc.
Poder de Policía Comunal. Es propio de su entidad territorial el ejercicio del Poder de Policía en su jurisdicción, e importa una función administrativa primaria, por lo demás la vía pública, los lugares de uso público, plazas, paseos, etc., constituyen precisamente el dominio natural de la policía. El Poder de Policía Municipal consiste en la atribución de dictar ordenanzas, reglamentos, decretos y resoluciones administrativas y de ejecutar sus decisiones, puesto que se trata de actos legislativos o administrativos “ejecutorios” por excelencia.
2. b) Utilización de las cosas del dominio público Por su destino al uso público o colectivo las cosas que constituyen el dominio público están sustraídas de lo jurídicamente comerciable, pero estarán sujetas a las disposiciones de este Código y a las ordenanzas generales o locales, dice el art. 2341 del Cód. Civ. Por principio general el régimen del dominio público es de derecho público. El uso y goce del dominio público en cuanto a derecho, no es propio del Código Civil. A la autoridad administrativa, se confía la protección jurídica de esos derechos, los que se aseguran mediante el ejercicio del poder de policía (Policía del Dominio Público). (Bielsa Rafael, op. cit., p. 796/798). Véase por nuestra parte el art. 237 del C. C. y C. como concordante externo del precepto legal citado por el Dr. Bielsa.
El autor Rafael Bielsa nos enseña, que, con respecto a la composición del dominio público terrestre, se encuentran las calles, plazas y demás dependencia de la vía pública urbana. Y al efecto dice que el dominio público terrestre lo forman esas calles, los caminos, las plazas, los parques, paseos, etc. y en general las dependencias de superficie afectadas a la vialidad. Los bienes de esta clase afectados al uso público local, forman el dominio público municipal o comunal. (Bielsa Rafael, op. cit., p. 802/803).
En efecto, dispone el art. 2340 del Cód. Civ., y su concordante externo art. 235 Cód. Civ. Com., que quedan comprendidos entre los bienes públicos, inc. 7: “las calles, las plazas, caminos, puentes y cualquier otra obra pública construida para utilidad o comodidad común”. Y por su parte el art. 2341 del mismo Código establece que las personas particulares tienen el uso y goce de los bienes públicos del Estado, o de los Estados, pero estarán sujetas a las disposiciones de este código y a las ordenanzas generales o locales.
En tal sentido, se ha calificado a las plazas, caminos, etc. como bienes del dominio público artificial, y en tal sentido ha resuelto la jurisprudencia que: “Tratándose de bienes del dominio público artificial, como son los parques y paseos públicos su afectación puede ser expresa o tácita; resultando ya de la ley o de actos administrativos que declaren la afectación y destinen la cosa al fin público, o bien de hechos de la administración que importen el libramiento actual y efectivo de la cosa al uso público (1), pero es necesario que el bien esté efectivamente afectado al uso público en forma real y actual (2); (Fallos: 1) C1ª BB1., 29/9/65, JA 1966-II-410, f. 11.753; CCiv. 2ª, 15/6/50, JA 1951-I-23. 2) CSN, 11/6/62, LL109-429, f. 49.637; SCBA, 13/3/62, DJBA 66-41; CCiv.D, 31/12/65, LL 123-49-S-13.748 (Cits. por Salas-Trigo-Represas, Cód. Civil Anotado, T° II, Ed. Depalma, año 1990, pág. 590).
Puede existir una restricción administrativa que, en los hechos, ostente un carácter y extensión que desnaturalice el ejercicio del derecho de propiedad, en el sentido del art. 17 de la CN.
El dominio público del Estado, es su potestad jurídica sobre las cosas cuyo uso y goce ejercitan los particulares (arts. 2340 y 2341 del Código Civil). En realidad, con la denominación de dominio público se identifica una de las diversas exteriorizaciones del poder político del Estado, que constituye uno de sus elementos y que comporta una de las manifestaciones de la soberanía interna del Estado, designada con discutible precisión como dominio eminente. Esa soberanía interna – o dominio eminente- es calificada por Vélez Sarsfield en la nota al art. 2507 como “un poder, un derecho superior de legislación, de jurisdicción y de contribución”. Las cosas del dominio público son inalienables, inembargables, inejecutables e imprescriptibles (Llambías- Alterini, Código Civil Anotado, T° IV-A, Abeledo-Perrot, año 1988, pág. 43).
Generalmente se clasifican los bienes del dominio público, en dominio público natural y artificial. Los bienes del domino público natural son los catalogados como públicos en atención al estado en que se encuentran en la naturaleza (así supuestos de los inc. 1 a 6 del art. 2340, ríos, lagos, etc.) y bienes del domino público artificial son aquellos en que intermedia un hecho del hombre (casos de obras públicas, construidas para utilidad o comodidad común, del inc. 7 del art. 2340) (op. cit., pág. 43).
“Los bienes del dominio público quedan sustraídos del ‘comercio jurídico’ (T.S.J. Sta. Cruz, J 1-1969-972)”, citado por Llambías- Alterini, (op. cit.). Para que un bien del dominio privado quede afectado al dominio público, es menester: a) que el bien, por su naturaleza, pueda ser de utilidad común; b) que el bien se encuentre en una situación que se considere que pertenece a éste, de acuerdo al uso común; c) la resolución administrativa de afectar la cosa al dominio público, representada por actos tendientes a colocar la cosa en condiciones de servir al uso público o de la comunidad.
“Un bien se incorpora al dominio público del Estado cuando se encuentra afectado al uso público en forma real y actual” (SCBA, La Ley, Rep. XXIII-536, sum. 3, cit. por Llambías- Alternini, op. cit., pág. 44).
“A los efectos de que un bien o cosa se incorpore al dominio público, es necesario que se haya librado al servicio o uso público en forma efectiva y actual, porque cuando no pertenecen al dominio público por causas ‘naturales’, la dominialidad de los ‘artificiales’ deriva justamente del uso público que realmente tienen. La afectación debe estar completada con la existencia de un estado exterior que corresponda a ese destino de utilidad pública (C. Civ., Sala D, ED 21-150, JA 1966-II-455, LL 123-947, 13.748-S) (Op. cit., pág. 44). “La ocupación de tierras privadas y su plantación por la autoridad administrativa son hechos inequívocos, que se tornan demostrativos del ‘animus rem sibi habendi’ de la ocupante, en tanto esta libra el inmueble al uso público, exteriorizando así una conducta que refleja su voluntad de someterse al régimen propio de las cosas públicas. Tratándose de bienes del dominio público artificial, como lo son los parques y paseos públicos, la afectación puede resultar de la ley, de actos administrativos o de hechos de la administración que importen el libramiento actual y efectivo de la cosa al uso público (C. 1ª Bahía Blanca, JA 1966-II-409) (Op. cit., pág. 44).
Las calles, plazas, caminos, etc. que enuncia el inc. 7 del art. 2340 son bienes del dominio público artificial pues dependen del hecho del hombre. No sería menester que las obras hayan sido construidas por el Estado, sino que pueden haberlas concretado terceros. La cosa del dominio público, supone el uso directo por la población.
“Las obras públicas son los bienes muebles o inmuebles, que se ejecutan con un fin de utilidad general sea por el Estado, directa o indirectamente, sea por un particular. Tres son los elementos de la obra pública: el subjetivo, o sea, la realización de la obra por parte de la colectividad pública; el objetivo, que es la realización para satisfacer una finalidad de interés general; y el mobiliario o inmobiliario, que es el objeto sobre el que se realiza la obra (C. Fed., Sala Civ. y Com., JA 1968-III-184, LL 130-661)” (Op. cit, pág. 56).
“Realizada una obra pública sobre la propiedad privada, es imposible su reivindicación y procede la acción de expropiación inversa (C. 4ª Córdoba, LL Rep. XXVII-1690, sum. 2)” (Op. cit., pág. 56).
“Para que una calle pueda denominarse pública, es necesaria la previa determinación nacida de un acto de carácter administrativo, cual es la afectación del inmueble al uso y goce común, mediante las ordenanzas municipales pertinentes (S. C. Tucumán, LL 12-1079)” (Op. cit., pág 56). “Tratándose de bienes del dominio público artificial, como lo son los parques o paseos públicos (art. 2340, inc. 7), la afectación puede resultar de la ley, de actos administrativos, o de ‘hechos’ de la administración que importen el libramiento actual y efectivo de la cosa al uso público (C. 1ª Bahía Blanca, JA 1966-II-410)” (Op. cit., pág. 56).
El artículo 2341 disponía: “Las personas particulares tienen el uso y goce de los bienes públicos del Estado o de los Estados, pero estarán sujetas a las disposiciones de este código, y a las ordenanzas generales o locales”.
2. c) Uso y goce de bienes públicos “Para los alcances del ‘uso y goce’ de los bienes públicos por los particulares, se reproduce la cuestión estudiada en supra, art. 2340, A-7, sobre si el uso por la población que se tiene en cuenta es el directo, o también el indirecto derivado de la utilización de los servicios públicos” (Op. cit., pág. 57).
2. d) Usos comunes o especiales “Cualquiera sea la línea de ideas que se siga, lo cierto es que solamente los llamados ‘usos comunes’, o sea aquellos que pueden efectuar los distintos integrantes de la comunidad son los referenciados por el art. 2341, como la posibilidad de beber o de sumergirse en las aguas públicas, de transitar por calles y caminos públicos, etc. Paralelamente, existen los denominados ‘usos especiales’, en los cuales la facultad de usar es otorgada exclusivamente a persona o personas determinadas, a través de un ‘permiso de uso’ o de una ‘concesión de uso’. Como lo puntualiza Marienhoff, a quien seguimos especialmente en las reflexiones posteriores, generalmente el uso ‘común’ es gratuito, aunque excepcionalmente se lo condiciona al pago de cierta suma de dinero, para el peaje de caminos o puentes, o para el acceso a museos o jardines públicos. En cambio, el uso ‘especial’ otorgado por permiso o concesión es generalmente oneroso” (Op. cit., pág. 57).
2. e) Afectación al uso público “Para que los particulares puedan usar de los bienes, es menester que ellos estén afectados al uso público. En cuanto a los requisitos de la afectación es gravitante la condición de bien del dominio público ‘natural’ o ‘artificial’ que revista la cosa (ver anotación al art. 2339). Las cosas del dominio público natural sólo pueden ser afectadas al uso público por ‘ley’, afectación legal que nace automáticamente de la misma ubicación por ley de esos bienes dentro del dominio público. Por el contrario, en los bienes del dominio público artificial, además de su caracterización legal como públicos, para hacer efectiva la afectación se exige que se los libre al uso público, así, por ejemplo, una obra pública para quedar afectada al uso público requiere de previas leyes, actos o hechos administrativos, como la inauguración de la obra, o el retiro de los carteles o de los obstáculos que impedían el acceso del público, etc.” (Op. cit., pág. 57).
“Los particulares sólo tienen el uso y goce de los bienes del dominio público conforme a los reglamentos y no pueden adquirir derecho alguno, fuera de lo que éstos permitan, por más que hubiera desidia o error de los funcionarios encargados de mantenerlos en su destino propio (C. Civ. 1ª, LL 15-984)” (Op. cit., pág. 58).
2. f) Afectación al dominio público “ipso facto”
Finalmente se ha sentenciado que: “El traspasamiento y afectación al dominio público de un bien de un particular se puede producir por el uso inmemorial o vetustas. Puede ocurrir que el Estado, aun sin mediar una ley que declare el bien de utilidad pública haya tomado posesión de él, incorporándolo al dominio público del Estado. (CNCiv. D, 17/11/75, ED 67-551). Cuando una cosa se haya afectada de hecho al dominio público municipal, porque de ella usa y goza la comunidad, no interesa ya qué título de dominio civil o dominio privado ostenta por cuanto ha cesado “ipso facto” desde el momento en que su real afectación al dominio público comenzó. (CNCiv., B, 16/08/185, ED 116-230). Para que un bien sea considerado como perteneciente al dominio público del Estado es necesario que él se encuentre afectado al uso específico de intereses públicos en forma real y actual”. (SCBA, 27/12/88, A.S. 1988-IV-760, citados por Salas- Trigo Represas- López Mesa, Código Civil anotado, T° IV-B, Ed. Depalma, 1999, p. 7/8).
3. Reseña y desarrollo de la plataforma fáctica de los hechos y actos jurídicos sucesivos y continuos que convirtieron al predio en una plaza del dominio y del uso público, acreditados por los elementos probatorios que seguidamente se consideran, a saber:
De los autos caratulados “Fran Constructora SA c/ Municipalidad de La Matanza s/ Pretensión indemnizatoria”, venidos a esta instancia judicial, a los efectos probatorios se acreditan debidamente los siguientes hechos y actos jurídicos, que paso a considerar.
Que a fs. 166/7 La Fraternidad en fecha 31/7/2007 comunica, en su parte pertinente que a nosotros nos interesa en este pleito, el siguiente texto: “Ante la imposibilidad económica de mantener en condiciones la propiedad, se alcanzó un acuerdo con los vecinos organizados en el Ateneo Buchardo, destacándose la colaboración del Sr. Acuña, por cuyo intermedio se consiguieron 800 Mts. de alambre de acero que donó la empresa ACINDAR para la cerca perimetral del predio, que frenó por un tiempo los volcados de basura y el ingreso de vehículos abandonados y/o quemados; en aquella oportunidad ante el cercado de la propiedad y a pedido de los vecinos se efectuó una de “membresía de paso de carácter provisoria” y con la presencia de autoridades Municipales de La Matanza se alentó la firma de un Comodato para establecer una placita en los fondos de la propiedad, el que no fue firmado por falta de personería jurídica representativa de los vecinos, pero procediéndose de hecho y de buena voluntad, sin que La Fraternidad deslindara ninguna de sus responsabilidades”. (Dicho comunicado de La Fraternidad también con idéntico texto se encuentra glosado a fs. 256/7).
Que de conformidad a lo estatuido por la norma de los artículos (1.198 del Código Civil y su concordante externo artículo 961 del Código Civil y Comercial), los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión.
Estimo que, sobre la base de este comunicado transcripto, entre los vecinos y el sindicato de La Fraternidad suscribieron verbalmente un contrato de comodato precario para establecer en dicho predio una placita en los fondos de la propiedad, pero procediéndose de hecho y de buena voluntad sin que La Fraternidad deslindara ninguna de las responsabilidades. De este modo, como se aprecia judicialmente, este contrato de comodato tiene un contenido altamente social, por cuanto los destinatarios del uso público de la plaza son los vecinos de la zona. (arts. 2255, 2256, 2263, 2285, ss. y concs. del Cód. Civ. y sus concordantes externos arts. 1533 y 1540 del Cód. Civ. y Com.).
Decía el Dr. Guillermo Borda, que: “El vocablo “causa – final” significa el fin que las partes se propusieron al contratar (en este sentido art. 500, 501, 502, 792 y 926, etc., del Código Civil. La tutela jurídica no se brinda a una voluntad cualquiera, vacía e incolora, sino a aquella que tiene un contenido socialmente valioso. La sola voluntad escindida de un poder que la determine no es justificación suficiente de la validez de acto jurídico, puesto que no es un fin en sí misma. Quien promete, dispone, acepta, no tiene pura y simplemente a despojarse, de un bien, transmitirlo, sino que mira a alcanzar uno de las finalidades prácticas, típicas, que rigen la circulación de los bienes y la prestación de los servicios, en la vida de relación. El acto volitivo para ser fuente de derechos y obligaciones, debe estar ordenado a una finalidad útil desde el punto de vista social, en otras palabras, debe tener una causa o razón de ser suficiente. La idea de justicia toma así el lugar que le corresponde en las relaciones contractuales. Confirma diciendo el parafraseado autor, que la causa es el fin inmediato y determinante que han tenido en mira las partes al contratar, es la razón directa y concreta de la celebración de un acto y precisamente por ello resulta para la contraparte que no puede ignorarlo. En los actos gratuitos, la causa será el propósito de beneficiar a un amigo o pariente, a alguien con quien se mantiene una deuda de gratitud, o simplemente a un extraño, o bien al deseo de crear una Institución Benéfica o de ayudar a las existentes. Se trata de los motivos que inspiraron, la liberalidad (Borda Guillermo, Manual de Obligaciones, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1966, paginas 25/30).
Además, Borda explicaba que el art. 953 del Código Civil, no aludiría tan solo a la materia del acto, considerada en sí misma, sino también al fin individual perseguido por las partes y al fin social del acto, que se confunde con el de causa – final (Spota, Llambias, Barcia, López, según Borda Guillermo, Opus. Cit. página 30).
En los actos gratuitos (como el presente contrato de comodato) la causa final será el ánimo de beneficiar a la sociedad, y además la razón inmediata por la cual esa concesión de uso y goce de la cosa, se hace por cortesía o como se lo llama, deseo de ayudar a otros, de contribuir a una obra benéfica o de bien público, tal está categorizada por el ayuntamiento municipal. La causa–fin está en la naturaleza del acto y puede considerarse como causa final determinante, totalmente aprehensible en la vida del derecho. La doctrina moderna considera a la causa como el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico, que ha sido determinante de la voluntad, también integran la causa–fin los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma y modo expreso o tácitamente si son esenciales para las partes que celebraron el acto jurídico.
La causa se presume, aunque no esté expresada en el acto, mientras no se pruebe lo contrario (art .500 del CC y su ccdte. la doctrina del art. 282 del C.C. y C.).
El interés de las partes del acto, integra la estructura interna del objeto, y debe concluirse que la prestación que es el objeto de la obligación, no es solo la conducta del deudor y del acreedor, sino la conducta de estos “orientada” a satisfacer el interés del acreedor. En definitiva: conducta e interés constituyen la prestación.
Considero que ese contrato de comodato precario (verbal), fue suscripto entre La Fraternidad y los vecinos aproximadamente en los años setenta, según declaración testimonial del señor Acuña a fs. 1940/1941 (rendida en el juicio de reivindicación), quien relata que: “En la década del sesenta vecinos armaron una quinta de flores. Ya en los setenta y pico un grupo de vecinos organizaron, entre ellos, Rodríguez Etcheverry, Agosta, y conformaron, no institución, sino un espacio que se llamaba Ateneo Buchardo, una calle que cruza la plaza, ahí uno de ellos Alberto Etcheverry, jubilado ferroviario con una distinción le faltaban los dedos de la mano derecha, organizó durante muchos años campeonatos infantiles de futbol porque ya se había construido una cancha de futbol.
Una cuestión notable él repartía unas medallas que compraba con su jubilación e iba casa por casa. Buscaba a los chicos para que jugaran esos torneos. Yo era uno de esos chicos al igual que quien fue intendente de La Matanza Fernando Espinoza. Los vecinos siguieron manteniendo el predio (…) En la década del noventa los vecinos trabajaron y ya ampliaron lo que era la cancha de futbol y construyeron una plaza con juegos, con un mástil, todo donaciones de vecinos, comercios y la participación de la asociación Villa Colombo, eso fue en el año 1995. En el `97 o `98 conseguimos una donación de la empresa Acindar que donó 600 metros perimetrales de malla alámbrica. Ahí la empresa mandó gente idónea para la colocación y el mismo quedó más asegurado el lugar porque había momentos que había camiones que ingresaban a tirar basura y demás (…)”.
A su vez, a fs. 1950/1952 de éstos autos presta declaración el señor Rodríguez quien expone: “Que defendió la Plaza Etcheverry Alberto en todo momento, aclara que fue uno de los que limpiaba la plaza”. Además, expone que: “Antes del año 1970 ese predio era una quinta de flores y floricultores y en 1970 La Fraternidad se presenta en la zona porque iba a construir monobloques…” Expone que: “Se dirigieron (…) solicitando un permiso para acceder a ese predio, limpiarlo y hacer canchas de futbol”. Dicho pedido fue realizado a La Fraternidad. “La respuesta fue positiva ya que ellos por el momento no iban a hacer nada en ese terreno ya que el crédito inmobiliario todavía no había sido asignado. Los vecinos con sus hijos comenzaron a hacer la limpieza del cañaveral y viendo el entusiasmo de toda la gente se acerca el señor Alberto Etcheverry un entusiasta de la juventud y muy hábil para entusiasmar deportivamente a los chicos.
En función a ello, entre los vecinos más arraigados de la zona, se formó una agrupación que la bautizamos, en el año 1975 aproximadamente, Ateneo Buchardo”. Más adelante expone que solicitaron: “Si podían donar juegos infantiles y en la Municipalidad de La Matanza accedieron en aquel momento con el intendente Calioni si le donaban árboles y alguna colaboración para alizar el terreno. La respuesta fue positiva. Coordinó y envió de una motoniveladora y que retiraran 20 árboles del vivero de la Municipalidad. Un vecino con su camión y mi presencia retiraron los 20 árboles que fueron plantados en distintos espacios para dar sombra al predio. De las empresas que menciono al principio le donaron: tablones para armar un arenero, juegos de hamacas de seis columpios, un tobogán, una calesita y un vecino proveyó un mástil y los materiales necesarios para instalarlo, Obras Sanitarias nos instaló una canilla de agua que existe a la fecha.
Segba obsequió 12 postes en desuso que permitieron armar los arcos para las dos canchas de futbol y una cacha de vóley, las redes de los arcos fueron tejidas por dos madres que sabían hacer redes de pesca (…) “Con el señor Etcheverry se coordinaron y se empezaron a formar campeonatos de futbol con fixture invitando a los padres que tenían hijos en edades de 6 a 9 años a armar los equipos pertinentes…” La inauguración del predio participó un cura (…) hicieron una misa de campaña donde estuvo presente el dirigente gremial de La Fraternidad Horacio Caminos quien fue invitado para que observara las obras que se estaban haciendo, quedando satisfecho con lo que él veía porque se había cuidado el predio sin fines de lucro (…) Aclara que los campeonatos duraban dos meses y se desarrollaban todo el año”.
“En la actualidad se usa como pista de patinaje de noche y cancha de futbol diurno y nocturna porque cuenta con dos arcos fijos. Al paredón lo acondicionó de forma tal que se utiliza como anfiteatro. Los juegos están instalados en un espacio, la Municipalidad los desplazó a otro espacio mucho más agradable y a su vez instaló aparatos de gimnasia y proveyó 30 mesas de cemento y 120 bancos de cemento para ser instalados en lugares donde se hace recreación”. A fs. 1951 vta./1952 (de éstos autos) declara el señor Agosta: “Que los vecinos habían hecho una sociedad para juntar plata para limpiar el terreno. Los vecinos se juntaron para conseguir unos pesos y comprar máquinas para cortar el pasto y tener todo limpio”.
“Se juntaron unos pesos para comprar juegos para chicos y hacer una plaza”. “Aclara que también existieron donaciones de una ferretería, que pusieron hamacas, toboganes y unas cuantas cosas más trajeron”. “Hacíamos partidos de futbol para recaudar dinero para mantener la plaza y la cancha de futbol”. “Limpiábamos, cortaban el pasto y hacíamos campeonatos de futbol para los pibes chiquitos”. A fs. 1952/1952vta. de autos luce agregado el testimonio del señor Aprile quien declara: “Que existen juegos, una canchita de futbol para chicos”. A la pregunta cuánto tiempo vive ahí, contestó: “Que desde el año 2000 o 2002 pero no recuerda”. “En el predio había una canchita, algunos vecinos que trabajaban limpiando manteniendo el predio”.
De este modo, se comprueba que la formación y constitución original, del contrato de comodato precario, que lo califico como un contrato no formal, -cuya cosa inmueble es objeto de comodato- se transformó –sin lugar a dudas- con el acontecer del tiempo y de los distintos hechos, sucesos y actos jurídicos, realizados por los vecinos de la zona y el Municipio respectivamente, conjuntamente con la colaboración material de la Municipalidad de La Matanza y por donaciones de terceras personas destinadas a dicho predio objeto de este juicio, convirtiendo el bien, en una plaza pública, afectada al uso y dominio público y de la comunidad. Se alude así, al fin social del acto perseguido por la comunidad y la causa forma parte del fenómeno: “volición o volitivo”, siendo los beneficiarios, toda la comunidad.
Durante esos cincuenta años se cambió la “causa-fuente” y la “causa-fin” de la ocupación por parte de los vecinos (arts. 499, 500 y 944 del Cód. Civ. y sus concordantes externos los arts. 259, 281, 282, 726 y 727 del Cód. Civ. y Com.), por su afectación de la cosa inmueble, al uso y al dominio público de la comunidad en forma continua y sucesiva, lo cual se demuestra con todo lo considerado y expuesto “ut supra” y lo analizado y valorado “ut infra”. De manera pues, queda probado que la entidad Municipal realizó en el predio diversos actos posesorios, y que ejerce el Poder de Policía Municipal de la limpieza, la higiene y la conservación de dicha plaza en beneficio y para la comunidad, entre ellos se enuncian: a) Las órdenes de compras de los elementos e insumos destinados a la Plaza Etcheverry, que se describen más abajo; b) el cartel enclavado en la plaza que enuncia el trabajo conjunto entre los vecinos y el Ayuntamiento Municipal en pos de la realización de dicha plaza (Véase fs.364/370 de éstos autos); c) Las declaraciones testimoniales consideradas en este voto, que acreditan los trabajos realizados en la plaza por los vecinos, testimonios que los declaro con validez y fuerza probatoria, por ser declaraciones testimoniales necesarias, verosímiles, concordantes, creíbles, sinceras y etc., avaladas y corroboradas por las pruebas documentales anexadas en autos, valoradas a lo largo de este voto (arts. 384 y 456 del Cód.
Proc.). d) Las donaciones de elementos efectuadas por Acindar instaladas en la plaza; e) Las placas fotográficas tomadas en el acto de la inspección ocular realizada por el señor Juez de Primera Instancia anexadas en pdf de las cuales surge que el personal municipal realiza tareas de limpieza y mantenimiento de la plaza, vislumbrándose también el mástil con la bandera municipal, y con la inspección ocular llevada a cabo por este Tribunal de Alzada, que dan cuenta de la existencia de una plaza enclavada en toda la extensión del predio y que se acreditan con las fotografías tomadas en ese acto glosadas en pdf.; f) Las placas fotográficas que ilustran sobre el mantenimiento de la plaza por parte de operarios municipales, con lo cual se comprueba el ejercicio del Poder de Policía Municipal; g) La declaración del HCD frente al pedido formulado por Sr.
Intendente Municipal solicitando la declaración de interés público y sujeto a expropiación dicho predio, cuyo acompañamiento de expropiación por causa de utilidad pública fue declarado por el H.C. D., y remitido al P. E. de la Pcia. de Bs. As, para ser elevado al Poder Legislativo, con lo cual se refrenda, convalida y ratifica la voluntad de los vecinos, que afectaron el predio al uso público y de la comunidad. Resulta que los terceros beneficiarios (los vecinos) son los destinatarios del uso y goce de la plaza pública.
La declaración Universal de Derechos Humanos declara en el art. 24 que “toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre…”, agregando el art. 27 que la persona tiene derecho a tomar parte en la vida cultural de la comunidad de gozar de las artes y a participar en el progreso científico y de los beneficios que de él resulten”. De ésta declaración Universal de los Derechos Humanos, surge implícitamente el Derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre y en particular a participar en la vida cultural de las instituciones (art. 33 de la Constitución Nacional y 56 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires). En el preámbulo de la Carta Internacional Revisada de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte de la UNESCO, se pone énfasis en destacar: “Que la oferta de educación física, actividad física y deporte de calidad es esencial para realizar plenamente su potencial de promoción de valores como el juego limpio, la igualdad, la probidad, la excelencia, el compromiso, la valentía, el trabajo en equipo, el respeto de las normas y de las leyes, el espíritu comunitario y la solidaridad…”
Esta Carta Internacional asegura el derecho fundamental de acceder a la educación física, la actividad física y el deporte y que los programas de deporte en favor del desarrollo y la paz debería estar encaminados a la erradicación de la pobreza, así como el fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos, la seguridad, una cultura de paz, etc. Finalmente se indica, que la cooperación y las alianzas internacionales entre las autoridades públicas, las organizaciones deportivas y otras asociaciones no gubernamentales es decisiva para reducir las disparidades que existen actualmente entre los Estados y dentro de ellos, en el suministro de la educación física, la actividad física y el deporte.
Por otra parte, a fs. 229/30/32 (del juicio de daños y perjuicios) consta agregado un informe planimétrico realizado por la policía científica de cuya inspección ocular se observa una especie de placita, con hamacas y juegos y en la punta de dicho predio se verifica una canchita de fútbol la cual se encuentra cercada con tejido perimetral presumiblemente de antigua data por la vegetación tipo enredadera y de la parte que da a las vías, ningún cerco. Del plano elaborado por dicha entidad se aprecia la cancha de fútbol, la placita y una estructura de mampostería de pared.
3. a) Autos: “Fran Constructora SA c/ Municipalidad de La Matanza s/ Pretensión indemnizatoria”
Que de este expediente remitido a los efectos probatorios se acredita lo siguiente:
De la inspección ocular realizada por el Fiscal a fs. 407/9 se aprecia un croquis ilustrativo del predio destacando que en relación a la plaza en si misma tendría un largo de 200 metros. Y observa en el interior de la plaza, que en dicho predio se encuentran dos arcos construidos con madera y pintados de blanco, destacando que existen juegos para chicos como ser hamacas, sube y baja, tobogán y tambores, destacándose la ubicación de mesas construidas de material de construcción. Hace constar la existencia de rampas utilizadas para el uso y destreza de patinetas y bicicletas.
A fs. 415/419 obran agregadas en fotocopia actuaciones administrativas de las cuales se desprende mediante resolución 1246/09 del Honorable Consejo Deliberante, acompañar la solicitud de Sr. Intendente municipal, con el objeto de requerir a la Legislatura provincial la declaración de interés público y sujeto a expropiación del predio objeto de autos, conocido como plaza “Etcheverry”, con el objeto de afectarlo como espacio verde para aprovechamiento de la comunidad.
A fs. 439/440 luce incorporada una nota suscripta por el Sr. Intendente y dirigida al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires solicitándole que a través de los canales administrativos pertinentes se gestione ante la legislatura la declaración de interés público y sujeta a expropiación del mentado predio.
Que a fs. 456/460 constan en fotocopias fotografías certificadas notarialmente en donde se aprecia un cartel de la Municipalidad que dice: “Plaza Etcheverry, proyecto de arreglo y mejoramiento elaborado conjuntamente con el Gobierno local y los vecinos que, a través de las instituciones que componen el Consejo Consultivo Local Ramos Mejía Centro, decidieron el destino del Presupuesto Participativo” (fs. 460/461, que en fotocopias se adjuntan). Asimismo, las fotocopias de fotografías a fs. 456/457/458/459/460/461 ilustran sobre la existencia de la plaza.
Que en fs. 463/469 constan solicitudes de pedido de provisión de elementos para la plaza Etcheverry. A fs. 480 constan en fotocopias folletos bajo el título “Seguimos mejorando la plaza Etcheverry”.
A fs. 911/928 constan actuaciones administrativas de la solicitud de pedidos de insumos para la plaza Etcheverry y órdenes de compra.
A fs. 963/964 prestó declaración testimonial el Sr. Acuña y relata en la respuesta a la segunda pregunta: “El testigo manifiesta que la cuestión es por el predio sito en la calle Nicaragua y vías del ferrocarril de Ramos Mejía, donde los vecinos vienen manteniendo hace aproximadamente cincuenta años y que la empresa Fran Construcciones intentó realizar algún tipo de emprendimiento. A la tercera pregunta dice: que el predio en la actualidad es un espacio público donde se realizan distintas actividades recreativas y deportivas, agrega que hay un playón donde se practican deportes, sendas peatonales, juegos infantiles, entre otros y que se encuentra todo iluminado. El testigo manifiesta que la estructura y los elementos para las actividades fueron donaciones de distintas índoles”. A la sexta pregunta respondió: “Que al momento del ingreso de la constructora todo el predio se encontraba cercado por una malla alámbrica producto de una donación, que la misma fue violentada y cortada. Lo que produjo una confusión entre los vecinos porque anteriormente ya habían sido frustrados dos intentos de ocupación, los cuales fueron repelidos por los propios vecinos, pero con el tiempo se tomó conocimiento de que el ingreso al predio y el corte de la malla perimetral había sido hecho por Fran Constructora SA, sin haber realizado identificación alguna”.
A fs. 978/1003 obran actuaciones administrativas del Honorable Consejo Deliberante mediante las cuales declara de interés público y sujeto a expropiación el predio conocido como plaza Etcheverry, dando cuenta de las gestiones realizadas ante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. A fs. 1030 la Municipalidad informa en fecha 26/07/2007 que los proyectos de planos de obra que se presentaron para su revisión y posterior visado sobre un emprendimiento de viviendas de iniciativa privada, se encontraban en estudio en esa dependencia. De lo que se deduce que dichos planos no se encuentran aprobados por la autoridad competente.
A fs. 150/159 obran agregadas fotocopias de diarios del mes de agosto de 2007 en los cuales se observa la noticia con el anunciado: “La plaza no se vende”. En fs. 152 luce agregada una nota en la cual se observa la leyenda: “Plaza Etcheverry”. A fs. 153 consta una nota periodística, bajo el subtítulo: “Necesitamos que el Municipio intervenga para defender nuestro espacio verde”. A fs. 154/155 consta otra publicación bajo el título: “Un barrio movilizado por la defensa de su espacio verde”. A fs. 156 consta otra nota bajo el título: “Vecinos…luchan por su plaza y no quieren edificación”. A fs. 170 luce agregada una publicación en un diario bajo el título: “Los vecinos realizarán una caravana para reclamar una solución para su plaza”. A fs. 228/232 consta glosada una fotocopia de informe planimétrico, de cuya inspección ocular en el lugar escenario de los hechos se describe glosado a fs. 231 vta. que se observa una especie de placita, con hamacas y juegos y en la punta de dicho predio se verifica una canchita de futbol, la cual se encuentra cercada con tejido perimetral presumiblemente de antigua data por la vegetación de tipo enredadera. A fs. 243 luce agregada en fotocopia una placa fotográfica con la leyenda: “Plaza protegida por ley general de ambiente”. A fs. 255 costa agregada una nota bajo el título: “Vecinos autoconvocados”. A fs. 452 obra glosada una copia de la nota del diario Clarín bajo el título: “Luzuriaga: buscan evitar que la gente se quede sin su plaza Etcheverry”. A fs. 455/460 lucen fotografías (en copias) que ilustran a la Plaza Etcheverry, con un cartel (fs. 461) en el cual se lee: “Plaza Etcheverry, Consejo Consultivo Local Zona Ramos Mejía Centro”. A fs. 420 se encuentran incorporados anuncios del Municipio bajo el título: “Seguimos mejorando la Plaza Etcheverry”.
3. b) El expediente administrativo del Municipio que acredita la colaboración material de dicha entidad Que en los autos caratulados: “Fran Constructora SA c/ Municipalidad de La Matanza s/ Pretensión indemnizatoria”, venidos a esta Alzada: “ad effectum videndi et probandi” y que tengo ante mí vista, compruebo que a fs. 910/928, obra incorporado en fotocopia fiel a su original, la respuesta del Ayuntamiento Municipal al pedido de informe solicitado por la actora sobre el tema de la documentación respectiva, consistente en la disposiciones municipales de fondos y suministros sobre el predio “Plaza Etcheverry”, respecto de los ejercicios 2010 de fecha 27/28-07-2010 y 2012 de fecha 13/6/12 en la categoría programática 30.01, presupuesto participativo 1, fuente de financiamiento, etc. En tal sentido el ente municipal informó sobre los puntos requeridos detallando las órdenes de compra de elementos con destino a dicha plaza y solicitudes de pedido obrantes a fs. 915/929.
4. Iura novid curia y el principio de congruencia procesal El iura novit curia consiste en que los jueces letrados aplican el derecho que se adapta a las peticiones efectuadas por las partes, aunque éstas denominen o califiquen mal el derecho y se funda en la presunción lógica sobre el conocimiento del derecho por parte del juez a quien corresponde calificar la esencia del pleito y aplicar la norma jurídica pertinente.
Con arreglo a tales pautas, la calificación de la acción y la determinación de la norma o derecho aplicable es materia reservada al juez -iura novit curia-, quien puede y debe corregir cualquier error de las partes en punto a esta calificación o aplicar un precepto distinto al invocado.
Conforme a la regla "iura novit curia" los jueces tienen no sólo la facultad sino también el deber de discurrir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente la realidad del hecho y subsumiéndola en las normas jurídicas que la rigen, con prescindencia de los fundamentos que enuncian las partes, facultad que deriva de los principios esenciales que organizan la función jurisdiccional de la justicia.
Surge, así como misión que alcanza el nivel de deber, la de aplicar el derecho objetivo con independencia del invocado por las partes. Es decir, que si el tema planteado remite a consideraciones de orden jurídico inherentes al derecho vigente, su aplicación es deber irrenunciable de los jueces, careciendo de efectos vinculatorios la fundamentación jurídica argüida por los justiciables” (FALLO, 10 de Mayo de 2006, Id SAIJ: SUQ0021564, G., O.E. c/ C., SA s/ Cobro de pesos - laboral, SENTENCIA.CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA. , 10/5/2006).
Con referencia al principio de congruencia procesal la sentencia debe contener la decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por la ley (arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6 del Cód. Proc.). La congruencia es la necesaria conformidad que debe existir entre la sentencia y las pretensiones deducidas en el juicio. De este modo, demuestro que el pronunciamiento del Sr. Juez de la Instancia de origen en general es congruente, pues cumple debidamente con la necesaria conformidad que debe existir entre la sentencia y las pretensiones deducidas por las partes en el proceso.
A propósito de ello, de la atenta lectura de las pretensiones formuladas por cada una de ellas, en sus respectivos escritos de inicio y de responde y que dan cuenta los resultandos de la sentencia de Primera Instancia, observo que S. S. ha volcado en dicha parcela, la versión de los hechos denunciados por cada litigante y que constituyen la plataforma fáctica del presente juicio, y en los considerandos ha valorado debidamente los medios probatorios producidos que avalan y acreditan la plataforma fáctica y, con aplicación al caso “in-concreto” de las fuentes del derecho, llámense la doctrina de juristas, jurisprudencia, la ley y con referencia a esta última fuente aplico tanto las normas del derecho dispositivo como las normas de orden público, de modo adecuado a las especiales características que rodean al presente “sub-judicie”, en cuanto a los sujetos involucrados, al objeto, a la causa, al lugar y al tiempo, haciendo uso de esa herramienta jurídica denominada “Iura novid curia”, enunciada al inicio de este tópico.
En general el fallo recurrido es congruente, siendo parcialmente justo, como se demuestra judicialmente a lo largo del presente voto, salvo que en su parte resolutiva se rechazan las defensas de falta de legitimación activa y pasiva, toda vez que estimo, que debe hacerse lugar a las mismas, como se comprueba “utinfra” en los tópicos número 6 y 7 de este pronunciamiento.
En su consecuencia y por todo ello, corresponde desestimar el agravio que gira en torno a la violación del principio de congruencia procesal ensayado sin existo por la parte actora.
5. Valoración de la prueba testimonial Respecto a la valoración de la prueba testimonial, he sentenciado en reiteradas oportunidades que, a los efectos de evaluar la idoneidad subjetiva del testigo, debe apreciarse judicialmente los testimonios bajo la óptica de la lógica y la experiencia. Resulta que a los efectos de su credibilidad todo depende de la idoneidad, moralidad, intelectualidad, verosimilitud, efectividad, concordancia, exposición, razón de sus dichos, etc. (arts. 375, 384 y 456 del Cód. Proc.). La falsedad de las declaraciones, deben investigarse en el fuero penal (Fenocietto –Arazi, Cgo. Proc., Comentado, Tº2, Ed. Astrea, 1987, pág. 480).
Argumenta el quejoso actor, que los testigos tenían interés en el pleito porque fueron investigados en la causa penal. Estimo como sentenciante, que por esta circunstancia no deben descalificarse sus testimonios, pues son testigos necesarios y protagonistas de los hechos del desarrollo sucesivo de la plaza. Además, considero que la falsedad de los testimonios, deben investigarse en sede penal, cuestión que no se ha dado en autos.
No son descalificables los testigos por el hecho de trabajar para una de las partes, si se reconocen seriedad y credibilidad en sus dichos; tampoco si se trata de testigos necesarios por su intervención personal y directa en diversos aspectos de las vinculaciones entre partes y sus dichos son coincidentes (op. cit., pág. 481). En el caso del testigo Acuña, empleado del Municipio, está perfectamente habilitado para declarar en este juicio, quien también en su carácter de vecino de la zona donde está enclavada la plaza, fue protagonista junto a otros vecinos –que también declararon en autos- de la creación y formación de dicha plaza. Por ello estimo que es un testigo doblemente necesario. Todos los testigos propuestos por la demandada y que declararon, tuvieron una actuación protagónica en el desarrollo y consolidación de dicho especio publico ecológico y respecto de los cuales se pudiera pensar que sus dichos fueron interesados, cosa que no es así, porque ellos representan –en su carácter de testigos necesarios- el interés social de toda la comunidad beneficiaria del uso y disfrute de la plaza.
La relación de dependencia del testigo con una de las partes tampoco lo descalifica, y se estima que no disminuye la fuerza de su declaración por ser hecha ante el tribunal y en presencia de las partes, lo que reduce la posibilidad de que su imparcialidad pueda ser afectada por aquella vinculación y sus respuestas han sido precisas y coherentes (CBBlanca, Sala II, 25/6/81, cit. `por Fenochietto Carlos E. y otros, Cgo. Proc. Comentado, Ed. LaRoca, año 1986, pág. 463).
Con mayor razón cabe la admisión de los testimonios, al no haberse alegado que los hechos relatados por los mismos no correspondieran a la realidad o que fueran falsos o deforman la verdad objetiva.
Las declaraciones hay que someterlas a las normas de la “sana critica”, de modo que sean útiles para la comprobación de la verdad objetiva.
Calificada doctrina – a la cual me adhiero- sostiene afirmativamente que la idoneidad del testigo se presume (Fenochietto-Arazi, op. cit. pág. 482). Para la correcta valoración de las declaraciones testimoniales, se deben tomar en cuenta ciertos factores de cuya concurrencia dependerá la credibilidad de las mismas, tales como la idoneidad, moralidad, efectividad, intelectualidad, verosimilitud, concordancia, exposición o relato, razón de sus dichos, las circunstancias de su aserto, etc.
Tiene dicho la jurisprudencia con criterio que comparto, que “La valoración de la prueba testimonial constituye una facultad privativa de los jueces, quienes gozan de amplias atribuciones en virtud del sistema de "la sana crítica", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, así como a la confiabilidad que alguna o algunas de ellas le merezcan con relación a otras. Con arreglo al sistema de valoración probatoria de mención, el juez apreciará las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones, sopesando las condiciones individuales y genéricas del testigo, teniendo en cuenta el carácter más o menos verosímil de recordar el hecho narrado, de acuerdo con las circunstancias de tiempo y lugar.” (CC0103 MP 165308 71 S 02/05/2018). “La valoración crítica y prudente de la prueba testimonial -a la luz de las denominadas reglas de la sana crítica- motiva al juzgador a evaluar en forma conjunta una serie de extremos dentro de los que cabe concluir a la vinculación -directa, o mediata (de referencia)- que el deponente tiene con relación a los hechos sobre los cuales se le pregunta, al nivel de participación que ha tenido en tales sucesos, a la relación que puede tener con las partes, al nivel de precisión y seguridad en las respuestas y a la relación que media entre lo afirmado por el testigo y las demás pruebas obrantes en el expediente (arts. 375 y 384 del C.P.C.)”. (CC0102 MP 162070 150-S S 15/06/2017). (Fallo “Pietra”, citado de nuestra Sala).
Por lo cual, juzgo que los testimonios son creíbles y sus relatos de lo sucedido en el teatro de los hechos se encuentra corroborado y avalado por otros medios probatorios, entre ellos: las constancias y actuaciones procesales de causa penal; las fotografías (anexadas en pdf) tomadas en las dos inspecciones oculares realizadas, las placas fotográficas glosadas a fs. 1556/8, las pruebas producidas y que dan cuenta lo desarrollado y detallado en el tópico nro. 3 de este voto, etc. Además, de la narración de los hechos formulada por los testigos, se advierten las explicaciones de las distintas secuelas sucesivas, enlazadas y conectadas unas con las otras, calificadas como verosímiles, lógicas y razonables.
Por todo ello: declaro la idoneidad de los testigos, y con fuerza probatoria sus declaraciones, por las circunstancias y motivos que corroboran la fuerza de sus declaraciones (art. 456 del Cód. Proc.).
Por otra parte, al contestar la parte actora el traslado de los agravios de la demandada, argumenta sobre la declaración testimonial del agrimensor Sr. Bron que realizó un estado parcelario, la cédula catastral y la medición. Que con respecto a ello considero y estimo que es un simple hecho aislado, sin continuidad, ni efectos ni trascendencia jurídica, con entidad legal suficiente como para enervar y desplazar la posesión y el Poder de Policía que ejerce el Municipio sobre la plaza, ni tampoco desvirtúa la afectación al uso público de la comunidad de dicho espacio ecológico y especialmente por parte de los vecinos.
Finalmente, y por todo lo considerado a lo largo de este voto, estimo que resulta improcedente sostener –como lo hace en sus agravios la parte actora- que el Municipio obtuvo la posesión de modo ilegítimo y con abuso de confianza.
Por una cuestión de ordenamiento metodológico corresponde tratar, el planteo de falta de legitimación activa o “ad causan” -es decir, que el actor no estaría habilitado para demandar por reivindicación la restitución del inmueble, por cuanto es un bien perteneciente al dominio público afectado a su uso por la comunidad pues el art. 2756 estatuye que las cosas particulares de que se tiene dominio, sean muebles o raíces, pueden ser objeto de acción reivindicatoria; y lo mismo las cosas que por su carácter representativo se consideran muebles o inmuebles.
El proceso de reivindicación se ha instituido para obtener la restitución de cosas inmuebles y muebles y constituye un instrumento procesal, que sólo se acuerda contra quien está obligado a restituirlas, siempre que tal obligación sea exigible.
Por consiguiente, para estar legitimado, se debe acreditar que tiene un derecho subjetivo o personal a exigir la entrega de la cosa y que el demandado está obligado a su restitución.
Respecto a la legitimación activa, importa traer a la memoria que nos enseña el maestro Calamandrei que después de peticionar la protección jurídica del Estado a través de la jurisdicción, es decir de haber suscitado la acción, ésta debe acondicionarse con tres elementos constitutivos como son: 1) Los hechos relatados y vinculados con la norma jurídica que los fundamenta; 2) La legitimación 3) y el interés para obrar. La legitimación “ad causam” es un presupuesto de la pretensión para la sentencia de fondo, ya que determina quienes deben o pueden demandar y a quien se debe o puede demandarse. Dicho de otro modo, el proceso necesita que actúen quienes han debido hacerlo, por ser las personas físicas o jurídicas idóneas para discutir sobre el objeto concreto de la litis. (Gozaini, Osvaldo A. “La legitimación en el proceso civil, Edit. Ediar, año 1996, pág. 103).
Para que la actora goce de legitimación activa, es menester que: 1) sea titular de un derecho subjetivo; 2) Que el afectado individual o agrupado demuestre un interés jurídico relevante; 3) Que la titularidad de ese derecho subjetivo y ese interés jurídico relevante se encuentren debidamente acreditados en el proceso; siendo por ende insuficiente la subsistencia de una simple expectativa o apariencia de un interés subjetivo. (esta Sala Primera “in re” “Trinchetella Guillermo Eugenio y otros c/ Municipalidad de la Matanza y otros s/ medidas cautelares” (causa nro.: 4734/1, RSD: 37/17, folio nro.: 287, 16/03/2017). La legitimación es un requisito esencial de la acción (art. 345 Inc. 3.P.C.C). En este sentido se ha expresado: “Si bien la decisión del litigio judicial supone como presupuesto imprescindible determinar si el derecho existe, previamente a ello es necesario establecer si este corresponde a aquel que lo hace valer y si debe ser satisfecho por aquel a quien se lo esgrime, pues el poder jurídico que deriva de los derechos solo tendrá eficacia para aquel que está obligado, y más allá que se haya articulado la cuestión como excepción previa, defensa de fondo o de otro modo, ya que la legitimación es un requisito esencial de la acción (art. 345 inc. 3 del C.P.C.C., art. 499 del C.C)”.(CC0203 LP 95307 RSD-73-1 S 24-5- 2001, causa “OttaMaria Carmen y otro c/ Wengrovski, Gustavo José y otro s/ daños y perjuicios” JUBA Sumario N° B353410).
La legitimación abarca tanto la titularidad del derecho subjetivo debatido en el pleito, legitimación en la causa, como la posibilidad de actuar en juicio en nombre propio o por cuenta de otro, denominada legitimación en el proceso o personería.
En nuestro caso, nos interesa la legitimación activa o en la causa, que se traduce en una condición para que se pronuncie una sentencia de fondo o definitiva y, por lo tanto, un presupuesto necesario jurídicamente hablando de la acción. Cuando se trata de la legitimación activa en la causa o “ad-causam”, al ser un presupuesto de la acción, habrá de analizarse, ya sea a petición de parte o bien de modo y forma oficiosa, en la oportunidad de dictar sentencia. El accionante que pretende reivindicar, debe demostrar cuál es su derecho subjetivo, base de su pretensión.
Vale decir, que la legitimación activa o en la causa, se refiere a la necesidad de que la acción interpuesta por el titular de un derecho (identidad de la persona del actor con la persona en cuyo favor está la ley), sea a los efectos de que la actividad jurisdiccional se realice y se pronuncie con eficacia, para que el derecho objetivo pueda aplicarse y actuar en el caso concreto. En este sentido, en los juicios contenciosos, la legitimización en la causa, consiste respecto del demandante, en ser la persona que conforme con la ley sustancial, está en aptitud para que, por sentencia definitiva o de mérito, se resuelva si existe o no, el derecho subjetivo, o la relación jurídica sustancial pretendida en la demanda. Va de suyo entonces que los bienes del dominio público afectados al uso público por parte de la comunidad no pueden ser objeto de una acción reivindicatoria. Así lo sentenció el Superior Tribunal de Jujuy II, en fecha 11/04/84, ED 111-449, en donde se dijo: “Si la fracción reclamada forma parte del dominio público, va de suyo que no es reivindicable, ya que no se puede reivindicar, lo que pertenece al dominio público del Estado” (cit. por Salas-Trigo Represas- López Mesa, T° 4-B, Ed. Depalma, 1999, p. 100).
Como ya se expuso ut supra el Ayuntamiento Municipal le solicitó al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que declarara de utilidad pública y sujeto a expropiación el predio en donde se encuentra emplazada la plaza Etcheverry. Además, consta en fs. 1668/1669 la anotación preventiva de expropiación ante el Registro de la Propiedad Inmueble, art. 5 ley 5708. Solicitud pres. por Dirección de Servicio Técnicos-administrativos - Ministerio de Gobierno. Expte. 22600-621/210. Nº 865783/1 del 27/8/2013. A fs. 1719/1722 obra glosado en autos el proyecto de ley de expropiación del inmueble de autos y su declaración de utilidad pública, remitido por el Ministerio de Gobierno a la Legislatura Provincial.
Dentro del mismo orden de ideas, según lo prescripto por el art. 2774 del Código Civil la acción no compete al que no tenga el derecho de poseer al tiempo de la demanda ni al que no tenga al tiempo de la sentencia, derecho de poseer.
No hay dudas de que frente a lo estatuido por dicha normativa legal el reivindicante no se encuentra habilitado para exigir judicialmente la restitución o entrega de la cosa, pues no tuvo al momento de promover la demanda el derecho a poseer ni lo tiene en forma subsistente en la oportunidad de sentenciar, debido a que dicha plaza se encuentra afectada al uso y al dominio público por parte de la comunidad desde hace cincuenta años, declarada y afectada al uso de la comunidad, de acuerdo al acto administrativo dictado por el Ayuntamiento Municipal, ya que la demandada se encuentra en posesión de la misma, ejerciendo debidamente su Poder de Policía. Con lo cual, se deduce que la parte actora no está legitimada activamente para reivindicar y que tampoco la demandada está legitimada pasivamente para restituir la cosa. Que, con respecto a la cuestión esencial, de la falta de legitimación activa o ad causam, o falta de legitimación para obrar o como se decía de la falta de acción por parte del actor peticionante de autos, articulada dicha defensa de fondo por parte de la entidad demandada, se la declara procedente, sobre la base y fundamentos legales esgrimidos a lo largo de este voto. La afectación al uso público y la declaración de su afectación al interés público y pedido de expropiación por causa de utilidad pública, a mayor abundamiento u “obiter dicta” desplaza y enerva a la acción reivindicatoria. Es que el actor, se enfrenta con un interés público superior, el interés de toda la comunidad, que es titular de un derecho colectivo, que consiste en usar o gozar de un espacio público y ecológico de esparcimiento, afectado al uso y dominio público.
Sobre la base de las consideraciones expuestas precedentemente, juzgo que la parte actora no se encuentra legitimada activamente y en la causa para promover una acción reivindicatoria de un bien inmueble que está afectado al dominio público y al uso común de la sociedad.
7. De la falta de legitimación pasiva de la demandada Que a los efectos de resolver los agravios formulados por la demandada que giran en torno al rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la misma al contestar demanda y que es objeto de agravios, adelanto desde ya, que dicha critica a la parcela del fallo debe prosperar.
Existe falta de legitimización pasiva, cuando es la parte demandada la que carece de legitimación para obrar, es decir que cuando la persona que ha sido demandada, no es aquella a quien la ley sustancial habilita para discutir la cuestión de fondo planteada por el actor en el proceso.
La legitimación pasiva se vincula con la identidad entre la persona demandada y el sujeto pasivo de la relación sustancial controvertida (Fenochietto-Arazi, Cód. Proc. Civil y Com. anotado, Astrea, 1993, tª II, pág. 210/211). A través de la legitimación pasiva en la causa, el juez comprueba si el demandado está envestido de la legitimación “ad-causam”, esto es, si existe identidad entre la persona del demandado y aquella contra la cual se concede. Es la demostración judicial de la calidad de titular del derecho del actor y la calidad de obligado del demandado, la que determina o no, la admisión o aplicación de esta defensa, que es un requisito para su admisión en la sentencia de mérito.
De manera pues, que si el Sr. Intendente Municipal, con el aval y ratificación del H.C. D. realizó gestiones ante el P. E. de la Pcia. de Bs. As. para que sea declarada de interés público y sujeto a expropiación la plaza Etcheverry, por intermedio de la Legislatura Provincial, mal puede ser condenada la accionada a restituir por vía de reivindicación dicho predio, careciendo por ello –a mi juiciode legitimación pasiva o “ad causam”.
No se debe restituir aquello que se encuentra afectado al uso público de la comunidad de hace 50 años, en cuya plaza el Ayuntamiento Municipal ha realizado actos posesorios, ha ejecutado diversas obras en la mentada plaza, que se encuentran ilustradas en las placas fotográficas tomadas ya sea en las inspecciones oculares realizadas en Primera y Segunda Instancia, anexadas en formato (pdf) a las actas labradas en dicha oportunidad, dan cuenta de la existencia de una plaza pública (Véanse también las adjuntadas a fs. 49/52 y 1556/59 incorporadas a este proceso, que constituyen –estas últimas- un aporte que nos conduce a la verdad objetiva); desprendiéndose de las mismas, certificadas por escribano público, que el personal de la demandada realiza trabajos y obras en la plaza y queda demostrado que el Municipio ejerce al mismo tiempo el Poder de Policía Municipal y sostener lo contrario implica o importa ir en contra de la doctrina de los actos propios basada en el principio de la buena fe (art. 1198 del C. C: y su conc. externo el art. 961 del C. C. y C.). Además, reparo, que de conformidad a lo que se observa en la placa fotográfica tomada en la inspección ocular realizada en la instancia de origen, en el mástil enclavado en dicha plaza, flamean la bandera Argentina y la del Partido de la Matanza, lo cual denota también que la accionada se encuentra en posesión de la plaza.
La declaración de interés público y el pedido de expropiación al P.E., para que lo eleve a la Legislatura, las celebraciones de audiencias en sede penal y civil, en las cuales han participado la actora y la accionada, con la finalidad de intentar un acuerdo de partes, en las cuales –a mi juicio- la demandada ha intervenido no solo con el fin de pacificar –que desde ya es muy loable- sino mucho más allá de esta finalidad, en calidad de poseedora de la plaza y en ejercicio del Poder de Policía Municipal.
Careciendo de legitimación activa o en la causa la parte accionante, por cuanto una plaza no debe ser objeto de reivindicación –por ser una cosa afectada al uso público inmemorial-, igualmente carece de legitimación pasiva o en la causa la demandada, toda vez que no le es exigible legalmente su restitución, al no pesar obligación alguna de su entrega.
La falta de legitimación pasiva se presenta cuando el demandado no es titular de la relación jurídica sustancial en que se funda la pretensión; de modo que no está obligado a restituir o entregar la cosa, por no resultar ser exigible legalmente.
La legitimación pasiva se vincula o relaciona con la identidad que debe existir entre el sujeto demandado y la persona como sujeto pasivo de la relación que es objeto de controversia. La defensa de falta de legitimación pasiva, es el medio apto para determinar si el accionado es o no parte de la relación jurídica sustancial, de la que se funda la pretensión, que es objeto del pleito. De esta manera, no existe identidad entre el demandado en el juicio y la obligación en la relación jurídica de fondo o sustancial materia de controversia judicial. En efecto y considerando, como se ha desarrollado y expuesto a lo largo de este voto, que el Ayuntamiento Municipal tuvo una participación activa en la construcción y consolidación material de la plaza pública objeto de autos, toda vez que contribuyó materialmente en la ejecución de la misma de acuerdo a las órdenes de compra de materiales y elementos destinados a dicho espacio público, según lo que surge de las actuaciones administrativas antes referenciadas, como así también en la oportunidad de suscribirse verbalmente el contrato de comodato precario con la presencia de autoridades municipales, cuando se alentó la firma de un contrato para establecer una placita en los fondos de la propiedad.
Además, la demandada realizó en dicha plaza diversos actos posesorios entre ellos el suministro de distintos elementos, objetos e insumos que fueron instalados en dicha plaza de acuerdo a las órdenes de compra antes referenciadas, juzgándose que son actos posesorios de las cosas inmuebles: su cultura, percepción de frutos, la construcción y reparación que en ella se haga, y en general su ocupación, de cualquier modo que se tenga, bastando hacerla en cualquiera de sus partes (art. 2384 Cód. Civ. que concuerda con el art. 1928 del Cód. Civ. y Com.). Asimismo, quedó debidamente demostrado que el Municipio ejerce el Poder de Policía de mantenimiento e higiene de dicho espacio o parque público, de acuerdo a lo que surge de las placas fotográficas obrantes a fs. 1556/1558 certificadas por escribano público con su correspondiente acta notarial, de las cuales surge a todas luces que el personal dependiente de dicho Municipio está ejecutando obras en la plaza, corroborado y avalado ello con las otras placas fotográficas tomadas en ocasión de la realización de la primera inspección ocular realizada por parte del Señor Juez de la Instancia de origen, anexadas en autos electrónicamente por el sistema pdf, que demuestran la existencia de personal dependiente de la demandada y que constituyen, a mi juicio, verdaderos actos posesorios.
Por otra parte, la entidad municipal demandada, frente a la afectación del uso público y de la comunidad del predio de autos, impulsó la creación a través del tiempo de una plaza pública, esa decisión de los vecinos fue acompañada mediante el dictado de un acto administrativo por parte del ayuntamiento declarando a esa plaza como de utilidad pública y sujeto a expropiación, avalado todo ello por el Honorable Consejo Deliberante. En suma, por todas las consideraciones legales expuestas en este tópico, corresponde hacer lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva, que es objeto de crítica por parte de la accionada, sobre la base de los fundamentos expuestos en este voto, pues la accionada no está legitimada pasivamente para exigírsele la entrega o restitución de dicho predio o plaza pública, por cuanto no le es exigible legalmente ninguna obligación.
8. Agravio referente al cobro de impuestos Que la parte actora en su escrito de agravios sostiene que el Fisco pretende cobrarle los impuestos y denuncia dos expedientes caratulados “Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Fran Constructora SA s/ apremio” (Expte. N° 24509) y “Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Fran Constructora SA s/ apremio” (Expte. N° 54542) que tramitan por ante el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de La Matanza.
Este agravio no fue puesto a consideración del Sr. Juez de Primera Instancia, en consecuencia, este Tribunal no puede fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de origen (art. 272 del Cód. Proc.), declarándoselo improcedente.
Sin perjuicio de ello, “obiter dicta” y a mayor abundamiento como se observa de la carátula de dichos expedientes, son ejecuciones de apremio promovidas por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires y no por la Municipalidad de La Matanza, con lo cual dicho agravio tampoco debe prosperar.
En suma, habida cuenta y atento al modo y la forma en cómo se decide o resuelve en esta Alzada, la presente contienda judicial sometida a la consideración de este Tribunal, cuya sentencia de Primera Instancia es objeto de revisión judicial, estimo y propongo declarar inoficiosos el tratamiento del resto de los agravios expuestos tanto por la parte actora como por la demandada. Así opino se resuelva.
9. La imposición de costas En materia de costas el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, dispone en su artículo 68 que: “La parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiese solicitado. Sin embargo, el juez podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad”
El principio de que la condena es requisito esencial para el pago de las costas permite, no obstante, un apartamiento de aquella pauta cuando el juez encontrare mérito para ello, debiendo expresar las razones que lo han llevado a resolver el punto de tal modo. (López Mesa, Marcelo J. Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Ed. La Ley. T. I. art. 68, pág. 655). Es decir, el supuesto de excepción que habilita el art. 68 del C.P.C.C. hace referencia a cuestiones de mérito que hacen a la convicción del juzgador al concluir que el vencido ha tenido razonables motivos para litigar, vale decir, la existencia de circunstancias particulares de la causa que permitan inferir que el perdidoso actuó sobre la base de una convicción razonable acerca del derecho invocado (CSJN, 9/12/93, LL, 1994-A-1250, Fenochietto, Carlos E., Código Procesal Civil y Comercial de La Provincia de Buenos Aires, Comentado y Anotado, Editorial Astrea, año 2009, pág. 99).
Entiendo que el presente “sub-judice”, es un juicio que lo califico de “complejo desde el punto de vista jurídico y social”, que los planteos formulados por ambas partes salen de lo común y es un pleito con trascendencia en la comunidad. Por ello, atento a dichos caracteres jurídicos y considerando debidamente, que ambos contrincantes se creían –en apariencia- con derecho a litigar, considero con prudencia, razonabilidad, previsibilidad y equidad, fijar y distribuir la imposición de costas, ya sean las derivadas en Primera y Segunda Instancia, en el orden causado. (arg. art. 68 2° párrafo del CPCC)
Por las consideraciones legales, doctrinarias y jurisprudenciales expuestas, VOTO PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.
Por análogos fundamentos el Doctor Posca y el Doctor Pérez Catella también VOTAN PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.
A LA TERCERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR
JOSÉ NICOLÁS TARABORRELLI dijo:
Visto el Acuerdo que antecede, propongo a mis distinguidos colegas que: 1º) RECHACE el pedido de deserción de los recursos; 2°) SE MODIFIQUE la sentencia de la siguiente manera: a) SE REVOQUE la parte resolutiva del fallo apelado, en cuanto rechaza las defensas de falta de legitimación activa y pasiva; y en su consecuencia: 1. a.-) SE HAGA LUGAR a la excepción de fondo de falta de legitimación activa o en la causa; 1.b.-) SE HAGA LUGAR a la excepción de falta de legitimación pasiva o “adcausan” articulada por la demandada por cuanto la misma no está obligada a restituir o entregar dicha plaza, por encontrarse afectada al uso y dominio público; b) SE IMPONGAN las costas generadas en ambas instancias en el orden causado, atento a la forma en que se resuelve y los fundamentos brindados (art. 68 2° párr. del C.P.C.C.). 3°) SE CONFIRME el resto de la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de agravios, por los fundamentos expuestos en este voto. 4°) SE DIFIERA la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.
ASI LO VOTO. -
Por análogos fundamentos, el Doctor Posca y el Doctor Pérez Catella adhieren y VOTAN EN IGUAL SENTIDO.
Con lo que terminó el acuerdo que antecede, dictándose la siguiente:
CONSIDERANDO: Conforme la votación que instruye el Acuerdo que antecede este Tribunal
1. RECHAZAR el pedido de deserción de los recursos; 2°) MODIFICAR la sentencia de la siguiente manera: a) REVOCAR la parte resolutiva del fallo apelado, en cuanto rechazan las defensas de falta de legitimación activa y pasiva; y en su consecuencia: 1. a.-) HACER LUGAR a la excepción de fondo de falta de legitimación activa o en la causa; 1.b.-) HACER LUGAR a la excepción de falta de legitimación pasiva o “ad-causan” articulada por la demandada por cuanto la misma no está obligada a restituir o entregar dicha plaza, por encontrarse afectada al uso y dominio público; b) IMPONER las costas generadas en ambas instancias en el orden causado, atento a la forma en que se resuelve y los fundamentos brindados (art. 68 2° párr. del C.P.C.C.).
3. CONFIRMAR el resto de la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de agravios, por los fundamentos expuestos en este voto. 4°) DIFERIR la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad. REGISTRESE. NOTIFIQUESE la presente sentencia definitiva por Secretaría, en los términos del artículo 10 del Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos, Anexo I, capítulo II consignan seguidamente. Oportunamente, DEVUELVASE. -
Fin de la sentencia