Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 47880-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar desierta la apelación de la parte actora, por no haber presentado la correspondiente fundamentación, conforme fuera expresado en el considerando IV.- del presente;
2Hacer lugar al recurso del Fisco Nacional y, en consecuencia, revocar el pronunciamiento del T.F.N., en cuanto a la admisión de la defensa de prescripción respecto de los poderes del Fisco para aplicar multa por el período fiscal 2007;
3Hacer lugar a la apelación del demandado con relación al reencuadre de la multa impuesta, de acuerdo a lo expuesto en el considerando IX.- que antecede y
4Las costas de ambas instancias se imponen a la actora quien resultó vencida.
Expte. N° 71785/2022.-
///nos Aires, 5 de septiembre de 2023.- JMVC Y VISTOS, estos autos caratulados: “Fran Salta S.A. (TF 47880-I) c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, y
I. Que con fecha 3 de junio de 2022 (ver fs. 25/34 del documento digitalizado), y aclaratoria de fecha 10/08/2022 (ver fs. 61/63 del documento digitalizado), el Tribunal Fiscal de la Nación -en cuanto aquí importa- resolvió hacer lugar a la defensa de prescripción de las facultades del Fisco Nacional para aplicar sanción por el período fiscal 2007 y rechazarla respecto del período fiscal 2008; reencuadrar la sanción impuesta por el período fiscal 2008 en el mínimo legal previsto en el art. 45 de en la ley 11.683, con la reducción a un tercio prevista en el art. 49 de la citada ley y distribuir las costas en proporción a sus respectivos vencimientos.
II. Que, para decidir del modo indicado, el Tribunal Jurisdiccional Administrativo sostuvo que, en primer lugar, correspondía tratar la defensa opuesta por la contribuyente vinculada con la prescripción de las acciones del Fisco Nacional para aplicar la sanción apelada.
Al respecto, recordó lo establecido en los arts. 56 y 58 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y modif.) y concluyó que, de acuerdo a dicho marco normativo y teniendo en cuenta la fecha de cierre del ejercicio de la actora, el término de prescripción del período fiscal 2007 comenzó a correr el 1° de enero de 2008 y, en el caso del período fiscal 2008, comenzó a correr el 1° de enero de 2009. De allí que, concluyó, corresponde acoger el planteo efectuado por la contribuyente con respecto al período fiscal 2007.
En tal sentido, agregó que no resultan aplicables en la especie, las disposiciones contenidas en los arts. 44 de la ley 26.476 y 17 de la ley 26.860 en tanto implican la aplicación retroactiva de una norma que coloca al contribuyente en una situación más gravosa, violatoria por ello de la garantía contenida en el art. 2° del Código Penal de la Nación.
En efecto, prosiguió, reconocido el carácter punitivo de las multas tributarias, cabe recurrir a las normas del Código Penal, en la medida que la propia ley no disponga lo contrario o exista una derogación implícita de dicho código, por ser incompatible la norma penal fiscal o la finalidad del objeto tutelado por ella, con los principios generales de aquella rama del derecho (citó: Fallos: 211:1567; 267:74, entre muchos otros).
De allí que, en su concepción, resulte de aplicación el principio que impide la aplicación retroactiva de leyes que impliquen empeorar las condiciones de los infractores, en cuyo concepto claramente deben incluirse las que establezcan un mayor tiempo de prescripción.
Agregó que, debe tenerse presente que las leyes penales no son sólo aquellas que contienen precepto y sanción, sino también las que se relacionan con el derecho penal de fondo y que, por ello, la complementan, como son por ejemplo las disposiciones relativas a la extinción de las acciones penales, la probation, etc. Así, concluyó que las facultades del Fisco Nacional para aplicar sanción por el período fiscal 2007 prescribieron el 31/12/2012.
Asimismo, señaló que no ocurre lo mismo con el período fiscal 2008 toda vez que resulta de aplicación la suspensión al término de prescripción establecida en el inciso d) del art. 65 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y modif.). Por lo tanto, indicó que habiéndose formulado denuncia penal con fecha 18 de diciembre de 2013 y habiendo recaído sentencia el 12 de diciembre de 2016, el acto sancionatorio fue emitido antes de que prescribieran las facultades del Fisco Nacional. Por ser ello así, resolvió que corresponde hacer lugar a la excepción de prescripción articulada con respecto al período fiscal 2007 y rechazarla con respecto al período fiscal 2008, imponiendo las costas en proporción a los respectivos vencimientos.
Acto seguido analizó la procedencia de la sanción aplicada, que el ente fiscal subsumió en la conducta que reprocha el art. 46 de la L.P.T. Remarcó que en materia de ilícitos materiales por defraudación tipificados en dicha norma, se deberá respetar la secuencia en orden a determinar si se verificaron sus elementos tipificantes.
Tras algunas consideraciones teóricas, manifestó que de la lectura de los antecedentes de la causa y del acto administrativo en crisis, surge que el “juez administrativo” tuvo como fundamento para encuadrar la conducta como dolosa una serie de circunstancias que enumeró pero que, sin embargo, resaltó que no surge de la resolución que instruyó el sumario, ni de la que aplicó la multa, cuál fue la maniobra fraudulenta desplegada por la parte actora. Es decir, no se describió, a partir de la norma tributaria aplicable, cómo la conducta del responsable tiene encuadramiento en la figura dolosa tipificada en el art. 46 de la L.P.T.
En función de tales circunstancias, consideró que la falta de presentación de las declaraciones juradas no puede considerarse como una maniobra fraudulenta per se, máxime en el presente caso, en que el contribuyente se encontraba inscripto ante la A.F.I.P. y no se detectaron operaciones en el circuito marginal, sino que, por el contrario, las impugnaciones realizadas tuvieron origen en los propios datos con que contaba la administración fiscal y los aportados por la contribuyente.
A continuación, resaltó que teniendo en cuenta los hechos relatados, los elementos que obran en los antecedentes administrativos, y si bien no se comparten las conclusiones del Fisco Nacional acerca de la configuración de la conducta dolosa, lo cierto es que el recurrente omitió declarar el impuesto en su justa medida. Si bien el Fisco Nacional no pudo probar en forma fehaciente y directa la conducta dolosa que le atribuye, la misma debe reputarse como cometida con culpa y, por ello, encuadrarse en la figura que tipifica el artículo 45, salvo que se acredite la presencia de error excusable, situación que no se produjo en autos.
Por tal razón, consideró pertinente reencuadrar la conducta de la contribuyente en los términos de aquella norma, que prevé la omisión fiscal mediante la falta de presentación de declaraciones juradas para el período en cuestión, por errores imputables a la actora, los que no resultan excusables. Por último, con base en el cambio de calificación, la graduación de la sanción impuesta por el período 2008 fue reducida al mínimo legal previsto en el artículo 45 de la L.P.T., con la reducción prevista en el primer párrafo del artículo 49 de la citada ley y distribuir las costas en proporción a los respectivos vencimientos.
III. Que, contra lo así decidido, tanto la parte actora como el Fisco Nacional interpusieron apelación (ver fs. 57 y fs. 5, respectivamente, de los documentos digitalizados).
La parte actora no presentó el correspondiente memorial de agravios, conforme surge de la constancia de elevación de la causa emitida por el Tribunal Fiscal de la Nación (ver fs. 19 del documento digitalizado).
El Fisco Nacional presentó la fundamentación de la apelación en forma tempestiva, habiendo presentado su memorial de igual modo (ver fs. 23/44 del documento digitalizado).
La parte actora contestó el traslado oportunamente conferido respecto de la apelación de la contraria (ver fs. 1/16 del documento digitalizado). El Señor Fiscal Federal produjo el dictamen que le fuera requerido en fecha 24/04/2023.
IV. Que, dado que no surge que la parte actora haya presentado la fundamentación del recurso de apelación, corresponde declararla desierta. Al respecto, cabe recordar que el art. 195 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y modif.), establece expresamente que: “El escrito de apelación se limitará a la mera interposición del recurso. Dentro de los quince (15) días subsiguientes a la fecha de su presentación, el apelante expresará agravios por escrito ante el Tribunal Fiscal de la Nación, el que dará traslado a la otra parte para que la conteste por escrito en el mismo término, vencido el cual, haya o no contestación, se elevarán los autos a la Cámara Nacional competente, sin más sustanciación, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes.”.
A su vez, el art. 197 del mismo cuerpo normativo indica que: “Será de aplicación supletoria en los casos no previstos en este Título y en el Reglamento Procesal del Tribunal Fiscal, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación…”. Por ser ello así, y toda vez que la parte actora no ha cumplido oportunamente con la carga impuesta por la norma citada en primer término, en punto a presentar la fundamentación de la apelación dentro de los plazos establecidos, corresponde declarar desierto el recurso interpuesto contra la sentencia de fecha 26/11/2013 (cfr. arts. 195, 197 de la L.P.T. y art. 266 del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria).
V. Que, el Fisco Nacional sostuvo que, con relación a la prescripción articulada respecto de sus facultades para aplicar sanciones por el período fiscal 2007 resultan aplicables en la especie las disposiciones contenidas en los artículos 44 de la ley 26.476 y 17 de la ley 26.860, normas que transcribió, para concluir que con ello resulta indemne la facultad del Fisco para aplicar la multa a la actora por el período en cuestión.
Ello por cuanto, en autos resultan aplicables las suspensiones allí dispuestas, ya que -según su comprensión- no corresponde aplicar sin más el principio de la ley penal más benigna al caso que nos ocupa sin hacer un análisis integral y armónico de todas las normas involucradas, contrariando la manda según la cual el intérprete debe armonizar los institutos del texto normativo cuidando que no entren en pugna sus disposiciones, destruyéndose unas con otras, adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (cfr. Fallos: 301:993, entre otros).
Agregó que, en efecto, mediante las leyes 26.476 y 26.860 se estableció la suspensión del curso de la prescripción con carácter general a todos los contribuyentes, y no sólo a quienes se hubieran acogido a sus beneficios, pues perseguía la finalidad de incentivar la regularización de obligaciones fiscales. Como contrapartida el Fisco vio limitadas temporal y materialmente algunas de sus facultades, que se traducían en "beneficios” para quienes regularizaran su situación a través del acogimiento a las previsiones de las mencionadas normas. De esta forma, consideró que resultó errado el criterio del Tribunal Fiscal, al no admitir la procedencia de la aplicación de las suspensiones previstas en los citados artículos 44 y 17 respecto de la multa del período fiscal 2007, toda vez que éstas expresan literalmente que el plazo de suspensiones allí establecidas abarca también a la facultad del Fisco para aplicar multas.
Por otra parte, prosiguió, no colocó a la contribuyente en una situación más gravosa toda vez que dicha expresión se refiere a una norma que retroactivamente cambie las consecuencias jurídicas de un acto cometido, o el status legal de hechos o relaciones existentes con anterioridad a la vigencia de la ley, hecho que claramente no es el aquí se verifica.
Indicó que, en materia penal, se busca evitar que una ley dictada con posterioridad al hecho imponga penas por actos que eran lícitos al momento de cometerse, o agrave la pena respecto de un determinado delito luego de cometido, etc. pero ello no sucede en autos, toda vez que aquí el curso de prescripción se hallaba en curso, y no se alteran elementos del hecho o sus consecuencias en el plano represivo.
Puso de relieve que la suspensión de la prescripción consiste en la detención del tiempo útil para prescribir por causas concomitantes o sobrevinientes al nacimiento de la acción en curso de prescripción, y dado que la entrada en vigencia de las mentadas leyes fue durante el curso del plazo de la prescripción y no cuando tal término se había agotado, al no tratarse de un derecho adquirido por la contribuyente, no se advierte afectación alguna a su derecho por la aplicación de tales leyes.
Indicó que, no puede perderse de vista que la norma referida dispuso que la suspensión del plazo se fijaba con carácter general, es decir que resulta comprensiva de la totalidad de los contribuyentes y responsables.
Además, enfatizó que las leyes involucradas -26.476 y 26.860- no solo tuvieron por fin otorgar a los contribuyentes la posibilidad de acogerse a determinados beneficios, sino que también su propósito fue evitar que durante su periodo de vigencia el organismo fiscal realice determinaciones de impuestos y/o imponga multas que se encuentren vinculados con conceptos que en definitiva podrían resultar regularizados por aquéllos mediante el pertinente acogimiento. Adicionó que la prescripción se rige por las leyes en vigor al momento en que se cumple por lo que, si no se ha consumido el lapso con anterioridad, el legislador está facultado a modificar las condiciones en las cuales la prescripción puede generar un derecho adquirido.
Por lo tanto, la aplicación de las suspensiones de la prescripción previstas en las leyes en estudio no importa retroactividad alguna, sino que, tratándose de normas de carácter procesal, surten efecto inmediato respecto de un plazo de prescripción en curso, por aplicación de la regla general del artículo 7 del Código Civil vigente, el cual transcribió.
En conclusión, sostuvo que respecto de lo establecido en los arts. 44 de la ley 26.476 y 17 de la ley 26.860, la sentencia reviste carácter de arbitraria. A todo evento, advirtió que se omitió considerar que en autos corresponde sin más la aplicación del artículo 68 inc. a) de la ley 11.683, el cual establece que la prescripción de la acción para aplicar multa y clausura o para hacerla efectiva se interrumpirá por la comisión de nuevas infracciones, en cuyo caso el nuevo término de la prescripción comenzará a correr el 1º de enero siguiente al año en que tuvo lugar el hecho o la omisión punible.
Por ser ello así, en relación al período fiscal 2007, el plazo de prescripción comenzó a correr el 1/01/2009, a tenor de la aplicación del inc. a) del artículo 68 citado, tal como lo debió aplicar el Tribunal a quo, en atención a la correcta y armónica aplicación de las normas.
En conclusión, entendió que el pronunciamiento dictado en esta causa, reviste arbitrariedad ya que, en primer lugar, correspondería la aplicación de las suspensiones previstas en los artículos 17 de la ley 26.860 y 44 de la ley 26.476 por los motivos ya expuestos y, además, resulta aplicable la interrupción estipulada en el artículo 68 inc. a) de la L.P.T.
Con relación al reencuadre de la sanción impuesta por el período fiscal 2008, consideró que resulta arbitrario, por cuanto se omitió considerar -como fundamento del elemento dolo- que existió ocultación de las rentas obtenidas por su parte de forma deliberada e intencional. De ello da cuenta el Informe Final de Inspección, de donde surge que al inicio de la fiscalización (12/04/2010) se había verificado que la última declaración jurada presentada por la contribuyente en el Impuesto a las Ganancias, correspondía al periodo fiscal 2002.
Se señaló además que, en las actuaciones iniciales de la fiscalización, la firma no colaboró presentando la documentación correspondiente. Ante reiteradas visitas al domicilio fiscal los empleados manifestaron no poseer documentación, ni Información alguna, como así tampoco se encontró a persona responsable y/o apoderado para actuar ante la A.F.I.P. -D.G.I. Atento lo cual, y con el objeto de verificar los gastos y compras computables, la inspección procedió a efectuar circularizaciones a los proveedores y clientes informados en el régimen de información “Citi Ventas”, es decir, el Fisco Nacional tuvo que activar los medios necesarios para proceder a liquidar el impuesto deliberadamente omitido por la actora.
Asimismo, el carácter doloso de su comportamiento resulta acreditado, pues no se trata de escasos días de demora en la presentación de las declaraciones juradas sino, por el contrario, han transcurrido varios años desde la fecha de vencimiento, y fue por la intervención del Fisco que la responsable procedió a su presentación. Entendió que surge así evidente que la finalidad perseguida por la actora era la de no declarar el correspondiente impuesto a ingresar, lo que lleva a considerar su actuación como voluntaria e intencional y, en consecuencia, dolosa y defraudatoria, máxime cuando la sumariada no aportó prueba en contrario que desvirtué estas acusaciones.
Luego de transcribir exhaustivamente la información obrante en el Informe Final de Inspección, sostuvo que surge con claridad que la actora fue constituida con la finalidad de evadir impuestos, maquinándose un sistema complejo con el fin de ocultar su real situación tributaria, por lo que se equivoca el T.F.N. en cuanto manifiesta que tan solo existió una omisión de presentar declaraciones juradas. Por el contrario, remarcó que la A.F.I.P. detectó una serie de maniobras tendientes a ocultar al Fisco la magnitud de las obligaciones tributarias de la empresa que se suman a la omisión de presentación de las correspondientes declaraciones juradas, situación que lleva a considerar dicho accionar como intencional y doloso.
En resumen, subrayó que teniendo en cuenta los elementos objetivos del ajuste conformado, se verifica en el caso que ha quedado acreditada la existencia del elemento subjetivo previsto en el tipo infraccional del art. 46 de la ley 11.683, resultando entonces arbitraria la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación, pues la resolución administrativa recurrida se encuentra debidamente motivada y en ella se explicitan pormenorizadamente todos los elementos tenidos en cuenta por el “juez administrativo” para encuadrar la sanción en dicha norma.
En razón de lo expuesto, solicitó que se deje sin efecto la sentencia apelada con costas a la contribuyente actora.
VI. Que, sentado lo anterior, cabe recordar que en autos se discute la regularidad de la resolución N° 375/2017 (DV JSAL), de fecha 22 de febrero de 2017, por conducto de la cual se resolvió aplicar a la contribuyente actora una multa de pesos un millón doscientos ochenta y siete mil ciento ochenta y uno con veinticuatro centavos ($ 1.287.181,24), equivalente a cuatro veces el importe del tributo evadido por el Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2007 y 2008, en virtud del art. 46 con la reducción del art. 49 (primer párrafo) de la ley 11.683 -t.o. 1998 y sus modificatorias- (ver fs. 13/21 del documento digitalizado).
VII. Que, con relación a la prescripción de la multa impuesta respecto del Impuesto a las Ganancias, correspondiente al período fiscal 2007 -aspecto sobre el cual el Tribunal Fiscal de la Nación hizo lugar a la defensa opuesta por la contribuyente y declaró operada la prescripción de las facultades del Fisco Nacional para aplicar sanción por dicho período-, cabe adelantar que el criterio discernido por el Tribunal a quo habrá de ser revocado.
En efecto, tal como lo señala el Fisco Nacional en su memorial de agravios, el Tribunal a quo omitió toda consideración respecto a lo establecido en el art. 68, inc. a) de la ley 11.683 (t.o. 1998 y modif.), el cual dispone expresamente que: “La prescripción de la acción para aplicar multa y clausura o para hacerla efectiva se interrumpirá: a) Por la comisión de nuevas infracciones, en cuyo caso el nuevo término de la prescripción comenzará a correr el 1º de enero siguiente al año en que tuvo lugar el hecho o la omisión punible.”.
Al respecto, cabe señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho desde antaño que: “La infracción en que incurrió el contribuyente que omite indicar parte de sus réditos en la respectiva declaración jurada se perfecciona con la presentación de ésta, a partir de la cual comienza a correr la prescripción de la acción tendiente a reprimirla” (cfr. Fallos: 200:378, “Fares, Antonio c/Dirección General De Impuesto a los Réditos”); y que: “Cuando se juzgan infracciones a las normas fiscales reprimidas con multas penales, las nuevas violaciones de la misma índole que se cometieran, interrumpen el curso de la prescripción de la acción tendiente a reprimir las anteriores. Por ello, es inadmisible la argumentación fundada en el carácter anual del impuesto a los réditos y en la independencia de los resultados de los períodos fiscales, para sostener la tesis opuesta (cfr. Fallos: 214:42, autos: “Iriarte, José Domingo c/Dirección General Impositiva”).
Cabe, asimismo, tener especialmente en cuenta que, la interpretación literal de las palabras de la norma aplicable, es el primer modo de exégesis al que debe recurrirse (cfr. Vernengo, Roberto J., “La interpretación Literal de la Ley”, Abeledo Perrot, Bs.As., 1971, p. 10); a lo que cabe agregar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho, en sentido concordante, que la primera fuente de exégesis de la ley es su texto y, más aún, cuando éste no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicado directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso y, en igual sentido, no es admisible una interpretación que prescinda del texto legal (cfr. Fallos: 326:4909; 316:1247, 1319, 3043, entre muchos otros y esta Sala, in re, “Moises Gioria, Jorge Gustavo (TF 71731099-I) c/Dirección General Impositiva”, Expte. Nº 19.940/2023, sentencia del 11/07/2023, entre otros).
Desde esta perspectiva, corresponde señalar que una “nueva infracción” (según la fraseología de la norma glosada) no implica necesaria e inexorablemente la materialización de una conducta o mecanismo evasor distinto al perpetrado con anterioridad, sino una conducta infraccional desplegada que involucra un nuevo incumplimiento de los deberes fiscales, en un período tributario determinado.
Por ser ello así, y si bien la contribuyente repitió materialmente en el periodo 2008, las conductas o mecanismos por los que se la sancionó en el periodo 2007, lo cierto es que las desplegadas con posterioridad resultan independientes de las cometidas el año anterior y, por ende, constituyen un nuevo proceder infraccional, el que -por lo demás- ha sido sancionado con carácter firme. En consecuencia, en orden a la consideración armónica de la norma aplicable y de las pautas de exegética y jurisprudencia indicadas, corresponde establecer que se interrumpió la prescripción de las facultades del Fisco Nacional para aplicar sanción por el período fiscal 2007 y que, por lo tanto, el plazo de prescripción comenzó a correr el 1° de enero de 2009.
Esto sentado, corresponde indicar que el temperamento adoptado y particularmente la determinación de que el plazo extintivo -respecto del periodo 2007- comenzó a correr a partir del 1/1/2009, en forma coincidente con el periodo 2008- exime a esta Sala de formular otras consideraciones respecto de la prescripción, por resultar aplicables respecto del periodo 2007, análogos razonamientos que los vertidos por el Tribunal Fiscal para desechar el planteo de prescripción de la facultad punitiva para el periodo 2008 (v. esp. Consid. VII), decisión que se encuentra firme; por lo cual y en definitiva, manteniéndose incólume la facultad punitiva del fisco correspondiente al periodo 2007, ello conduce a desestimar la excepción bajo examen, correspondiendo revocar la decisión del Tribunal y confirmar la sanción aplicada respecto de este lapso.
VIII. Que, con relación al agravio vertido contra el reencuadre de la multa respecto al período fiscal 2008 -originariamente impuesta en los términos del art. 46 de la L.P.T- en el art. 45 de la ley 11.683 y manteniendo la reducción prevista en el primer párrafo del art. 49 de dicha norma, cabe adelantar que lo resuelto por el Tribunal Fiscal de la Nación no resulta ajustado a derecho, a la luz de las constancias indubitadas incorporadas a la causa.
En efecto, conforme surge de las constancias administrativas agregadas a la causa (de las que dan cuenta el Informe Final de Inspección, de fecha 9/10/2013, y la propia resolución administrativa impugnada), surge -entre otros aspectos- que: a) la última DD.JJ. presentada del Impuesto a las Ganancias correspondía al período fiscal 2002;
b) Los requerimientos de facilitación de documentación y registros contables, no fueron contestados por la firma, habiéndose constituido la inspección en el domicilio fiscal declarado por la firma a fin de constatar el cumplimiento dado a los requerimientos efectuados, no obteniendo respuesta alguna;
c) los datos de constitución de la sociedad fueron aportados por el Juzgado en lo Comercial y Minas de Registro de la Provincia de Salta, de donde surgen los datos de los socios los que, según pudo inferirse de las consultas en distintas bases de datos del Organismo (bienes registrables, movimientos bancarios, tributos declarados, etc.) no poseen capacidad económica;
d) en el lugar donde se encuentra registrado el domicilio fiscal (Peatonal J.B. Alberdi N° 110, Ciudad de Salta), la firma ya no desarrollaba sus actividades allí al momento de la inspección. En cambio, se encontraba instalada la firma Compumundo S.A., no habiendo informado la novedad dentro de los diez días subsiguientes de producida, A su vez, en el acta de constatación del domicilio sito en la ciudad de Jujuy (sucursal declarada de la firma), el empleado que atendió a la Inspección manifestó que: “los representantes legales residen en la ciudad de Mar del Plata”. Asimismo, en el Informe Final se dejó constancia que la firma presenta una conducta reprochable, ya que registra reiterados incumplimientos de sus obligaciones fiscales y actúa solo a través de apoderados y nunca se presentan los responsables legales.
e) se dejó constancia que, durante la tramitación de las actuaciones iniciales de la fiscalización, la firma no colaboro presentando la documentación correspondiente. Ante reiteradas visitas al domicilio fiscal los empleados manifestaron no poseer documentación ni información alguna como así tampoco se encontró a persona responsable y/o apoderado para actuar ante la A.F.I.P. – D.G.I.;
f) también se dejó constancia que durante el transcurso de la inspección la fiscalizada desarrollo practicas dilatorias, no cumplió en forma diligente con la carga colaborativa que le impone el Fisco con sustento en la ley 11.683 (t.o. en 1998 y modificatorias).
En la resolución administrativa, se tuvo en consideración que el carácter doloso del comportamiento de la actora resulta acreditado pues no se trata de escasos días de demora en la presentación de las declaraciones juradas, sino que, por el contrario, transcurrieron varios años desde la fecha del vencimiento y fue producto de la fiscalización que la responsable subsanó la omisión. De allí que se llegó a la convicción de que la finalidad perseguida por la contribuyente era la de no declarar el correspondiente impuesto a ingresar, por lo que se consideró que su actuación fue voluntaria e intencional y, en consecuencia, dolosa y defraudatoria; máxime cuando la contribuyente no aportó prueba alguna en contrario que desvirtúe las acusaciones.
Por ser ello así, se concluyó en la aplicación de una multa equivalente a cuatro veces el importe evadido por el Impuesto a las Ganancias, en virtud de lo establecido en el art. 46 de la L.P.T. con la reducción prevista en el art. 49 de la misma ley. En el contexto descripto, es erróneo interpretar -como lo hizo el Tribunal a quo- que la demandada no haya probado el elemento intencional para la aplicación de la figura dolosa. Ello por cuanto, conforme surge de los antecedentes que fundamentan la resolución administrativa -y cuya explicitación parcial ha sido realizada más arriba- dan cuenta de un cuadro de serios reparos respecto de la contribuyente y sus integrantes, no habiendo la misma producida prueba conducente que permita acreditar lo contrario (cfr. art. 377 del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria por vía del art. 197 de la L.P.T.).
En conclusión, habiéndose acreditado las circunstancias irregulares antes referidas, con miras a disminuir la carga tributaria, ello constituye sustento factico suficiente que permite la aplicación de la sanción prevista en el artículo 46 de la L.P.T.
Ello por cuanto la contribuyente ha dejado voluntariamente de ingresar el impuesto en su justa medida, disminuyendo su carga tributaria y no ha probado lo contrario por los medios previstos en el ordenamiento al efecto.
Por lo demás, no debe soslayarse la vigencia del principio que indica que los actos administrativos gozan de la denominada presunción de legitimidad (cfr. art. 12 de la ley 19.549 y modificatorias y esta Sala, in re, “VZ BATH & BODY SA (TF 36087-I) c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, Expte. Nº 12.109/2021, del 8/04/2022, entre muchos otros). En tal sentido, corresponde señalar que la presunción implica la suposición de que el acto administrativo ha sido dictado con arreglo a las normas jurídicas que debieron condicionar su emisión. Así, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha afirmado que la presunción permite inferir que toda la actividad de la Administración guarda conformidad con el ordenamiento jurídico, lo cual subsiste en tanto no se declare lo contrario por el órgano competente (cfr. Fallos: 319:1476, in re, “Alcántara Díaz Colodrero, Pedro”, del 20/08/1997, entre otros). En palabras de Bartolomé Fiorini, el fundamento de este carácter deriva de la presunción general de validez que acompaña a los actos estatales: a toda ley se la presume constitucional, a toda sentencia se la considera válida, y a todo acto de la Administración se lo presume legítimo (cfr. autor citado, Derecho Administrativo, Bs.As., Abeledo-Perrot, 1976, 2da. edición, t. I, p. 348). A lo que cabe agregar que la revisión judicial de los actos concurre para enervar la presunción y, en todo caso, ello significa que la presunción puede ser desvirtuada ante un tribunal (cfr. Comadira, Julio R. -Monti, Laura M., colaboradora, Procedimientos Administrativos, Bs.As., La Ley, t. I, pp. 231/232 y sus citas).
Es en razón de la vigencia de la citada norma y principio, es que le correspondía a la parte actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, ofrecer y producir prueba conducente a fin de derribar la presunción de legitimidad y evidenciar los pretendidos errores que afectarían a los actos administrativos impugnados (cfr. art. 377 del C.P.C.C.N. y esta Sala, en autos: “Ostry, Silvia Beatriz c/D.G.I.”, Expte. Nº 67.852/2020, del 18/06/2020, entre otros). En tal orden de consideraciones, lo expuesto por el Tribunal de instancia anterior no resulta ajustado a derecho y no permite derribar la presunción de legitimidad de la resolución impugnada, la cual no ha sido controvertida o cuestionada al punto que permita a este Tribunal confirmar lo decidido en la instancia anterior.
En razón de lo expuesto, corresponde revocar también este pasaje del pronunciamiento recurrido.
IX. Que finalmente y con relación a las costas, cabe señalar que, en orden al resultado obtenido en la apelación del demandado, dada la revocación del decisorio apelado y confirmación del dispositivo sancionatorio impugnado, las de ambas instancias deben ser impuestas a la contribuyente actora quien resultó vencida (cfr. art. 68, 1ra. parte y 279 del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria por conducto del art. 197 de la L.P.T.).
Por lo expuesto, y oído el Sr. Fiscal Federal, el Tribunal RESUELVE: 1°) declarar desierta la apelación de la parte actora, por no haber presentado la correspondiente fundamentación, conforme fuera expresado en el considerando IV.- del presente; 2°) hacer lugar al recurso del Fisco Nacional y, en consecuencia, revocar el pronunciamiento del T.F.N., en cuanto a la admisión de la defensa de prescripción respecto de los poderes del Fisco para aplicar multa por el período fiscal 2007; 3°) hacer lugar a la apelación del demandado con relación al reencuadre de la multa impuesta, de acuerdo a lo expuesto en el considerando IX.- que antecede y 4°) las costas de ambas instancias se imponen a la actora quien resultó vencida.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS M. MÁRQUEZ
Fin de la sentencia