Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 27.703-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar parcialmente la Resolución Nº 131/2010 en cuanto rechaza la impugnación deducida contra el Cargo Nº 243/2005, mediante el cual se intima al Agente de Transporte Aduanero VICTOR DARIO FRANCIA al pago de la suma PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 60/100 CVOS.
($ 44.643,60.-) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA (Conf. lo expuesto en el Cons.
XV. “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01”). Asimismo adeuda, al 06/12/2021, la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS DIECINUEVE CON 62/100 CVOS. ($ 240.719,62.-) en concepto de intereses, sin perjuicio de aquellos que se devenguen hasta la fecha en que se efectúe el pago total de lo adeudado, en razón de lo establecido por los arts. 794, 1094 inc. d., 1101 y 1103 del C.A. Con costas a cargo de la actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2021-127005550-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 30 de Diciembre de 2021 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Miguel Nathan Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados: “FRANCIA, VÍCTOR DARIO c/ DGA s/ recurso de apelación”; Expediente N° 27.703-A.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Que se trata de resolver en autos si resultan ajustadas a derecho Resolución Nº 131/2010, de fecha 22/02/2010, dictadas por el Administrador de la Aduana de Paso de los Libres, en el expediente 13289- 20984-2005, en cuanto rechaza la impugnación deducidas contra el Cargo Nº 243/2005, mediante la cual se intima a la firma TIM CARGO S.A y al Sr. VICTOR DARIO FRANCIA, por la suma de $ 82.817.11.- en concepto de tributos en los términos de los arts. 310, 312, 315, 780 y 794 del C.A.
II. Fundamentos del recurso: A fs. 7/10vta., se presenta, por medio de apoderado, VICTOR DARIO FRANCIA A.T.A., e interpone recurso de apelación contra la mencionada resolución. Hace una breve reseña de los hechos. Se agravia por cuanto afirma que el caso de autos no se trata de un simple faltante, sino de un hecho que tuvo carácter de caso fortuito o fuerza mayor que desplazó las consecuencias del incumplimiento de los deberes.
En tal sentido entiende que no fue el transportista quien dispuso de la mercadería dentro del mercado interno, sino que fue el autor del robo, y que la existencia de dicho delito no fue desconocido por el servicio aduanero, ni tampoco ha alegado que los hechos se hayan sucedido de una manera diferente a la denunciada. Cita jurisprudencia y doctrina.
Asimismo, se agravia en cuanto a la resolución apelada y plantea que en sede administrativa se ordenó la producción de la prueba, sin embargo el servicio aduanero procedió a dictar sentencia sin dar la posibilidad a la actora de reiterar prueba ofrecida, ni poner oportunamente las actuaciones administrativas para alegar impidiéndole así ejercer correctamente su derecho de defensa.
Se agravia en cuanto a la resolución aduanera cuestionada, en atención a la interpretación literal que se hace de los arts. 311, 312 y 315 del C.A. Cita normativa.
Por último, impugna subsidiariamente los montos del cargo, solicita se ejecute la garantía constituida por la empresa de transporte, ofrece prueba que hace a su derecho, plantea caso federal y solicita que se revoque la resolución apelada en autos.
III. Contestación del traslado: A fs. 20/26vta. la representación fiscal contesta el traslado del recurso interpuesto por la actora en autos, y acompaña las actuaciones administrativas de la presente causa. Niega todos y cada uno de los hechos y derecho invocados por la importadora que no fueran objeto de su expreso reconocimiento.
Sostiene que las manifestaciones de la actora no logran conmover los sólidos fundamentos fácticos y jurídicos tenidos en cuenta en los actos apelados. Manifiesta que la recurrente sólo esgrime meras afirmaciones dogmáticas no habiendo aportado en la etapa procesal oportuna las defensas que ameriten una eximición como la que pretende.
Manifiesta que la normativa aplicable crea una ficción legal que no admite prueba en contrario, y supone que ante la falta de arribo de la mercadería sometida a tránsito a destino, la misma se tiene por importada para consumo. Por lo que corresponde el pago de los tributos.
Específica que los arts. 312 y 780 a su vez se refieren a la responsabilidad por dichos hechos, colocándola en cabeza del transportista o su agente, previendo, asimismo, que dicha responsabilidad resulta solidaria. Manifiesta que la recurrente no logró acreditar que efectivamente se produjo el arribo, en legal tiempo y forma, de la mercadería sometida a tránsito de importación.
Por último, ofrece prueba documental, hace reserva del caso federal y solicita que se confirme la resolución que se apela en autos.
IV. Que a fs. 1/3vta., de la Actuación Nº 13289-20984-2005 obra recurso de impugnación contra en Cargo Nº 243/05. A fs. 4 obra presentación efectuada por el A.T.A. Francia Víctor Darío mediante la cual informó que la mercadería detallada en la Destinación Suspensiva de Tránsito Nº 58105 T fue robada junto con el medio de transporte. A fs. 10 obra copia Conocimiento de Embarque Nº BR-145405066. A fs. 12 obra cargo Nº 243/05, notificado al ATA con fecha 30/06/2005 (ver fs. 13) y a la empresa transportista con fecha 04/07/2005 (ver fs. 15). A fs. 18 se agregó copia de constancia policial. A fs. 22 Se presenta la empresa transportista TIM CARGO S.A., y adhiere defensa del A.T.A. A fs. 42 se abre la causa a prueba. A fs. 55/63 se emitió Dictamen Jurídico Nº 163/2010. Finalmente, a fs. 64/66 el Administrador de la Aduana de Paso de los Libres emitió la Disposición Nº 131/2010, notificada al Transportista en fecha 26/03/2010 (ver fs. 67).
Que a fs. 1 de la Actuación SIGEA Nº 12313-246-2008 obra Acta de Interdicción Nº 342/2008. A fs. 4 Obra copia de Manifiesto de Carga. A fs 8/13 Obra disposición 93/2009.
V. Que a fs. 106 se cierra el periodo probatorio. A fs. 110 pasan los autos alegar, los cuales obran a fs. 117/120 alegato de la parte actora Sr. Víctor Darío FRANCIA, y a fs. 123/125 alegato representación fiscal. A fs. 126 se elevan los autos a la Sala “G” y a fs. 127 pasan a sentencia.
VI. Que el cargo Nº 243/05 se originó en virtud de los tributos que se devengaron de la mercadería amparada en el Conocimiento de embarque Nº BR-145405066 (TRANS Nº 058105T), embarque que no arribo a la Aduana de destino, por el robo que sufriera tanto la mercadería, como el medio transportador -dominio IHL0952, semirremolque ICO5507, hecho que fue informado oportunamente por la recurrente (ver fs. 17/18 de las act. adm.
Nº 13289-20984-2005)
Que a los efectos de determinar la cuestión debatida en autos, corresponde destacar que no se controvierten los hechos en sí, es decir, el incumplimiento del referido tránsito de importación, así como tampoco que ello fue consecuencia del robo de la carga de los camiones mencionados, siniestros que fueran denunciados ante la autoridad competente. Encontrándose la discusión circunscripta a la procedencia o no de la exigencia tributaria que formula el servicio aduanero en el presente.
VII. Que respecto a los agravios sobre la restricción de su derecho de defensa, corresponde hacer aplicación de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto señala que cuando la restricción de la defensa en juicio se invoca respecto del procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la C.N., no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior (Fallos 205-549, 247-50 cons. 1º, 267-393 cons. 12 y otros), porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio “ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia” (Fallos 205-549 cons. 5º y sus citas).
Que, por otro lado, también resulta aplicable la doctrina de la Corte Suprema en relación a que la tacha de arbitrariedad no es aplicable a una resolución o sentencia fundada, cualquiera fuera su acierto o error (Fallos, 243:560; 246:266; 248:584; 249:648), excepto ciertos supuestos que no se dan en la especie como v.gr., la contradicción entre considerandos y parte dispositiva (cfr., entre otros, “Scicolone, Manuel S. c/Prantera, Omar Alberto y otros”, del 26/11/91).
Que, por lo demás, siendo la decisión aduanera suficientemente fundada (entre otros, Fallos, 251:39) y teniendo la posibilidad la recurrente de defenderse ante esta instancia, no corresponde hacer lugar a los agravios tratados en este punto.
VIII. Que corresponde analizar en autos si el art. 315 del Código Aduanero exime de responsabilidad tributaria cuando la mercadería fuere robada, o si, por el contrario, corresponde confirmar el reclamo tributario formulado en dicho concepto a la actora y no hacer lugar a la impugnación efectuada contra el mismo.
Que la operación de tránsito de importación se encuentra regulada en los arts. 296 y sgtes. del C.A., y constituye un régimen en virtud del cual se autoriza que la mercadería importada, es decir, aquella ingresada al territorio aduanero pero que carece aún de libre circulación en el mismo, sea transportada desde la Aduana por la que hubiere arribado hasta otra aduana para ser sometida a otra destinación aduanera, previéndose al efecto la no sujeción a la imposición de tributos, con excepción de las tasas retributivas de servicios (art. 304 C.A.). Que la principal obligación que el régimen impone recae en el transportista, que asume su propia responsabilidad frente al servicio aduanero por la operación que se documenta, teniendo a su cargo el deber de transportar la mercadería a la aduana de destino (de salida o interior), dentro de un plazo estipulado, cuidando que arribe la misma mercadería (art. 317) y en su totalidad (art. 310), sin haber sufrido ninguna modificación ni haber sido utilizada.
Que el art. 315 exime de responsabilidad tributaria en caso de incumplimiento del tránsito, cuando las mercaderías se pierden “irremediablemente”, no habiendo entrado al circuito económico, y si se efectúa la comunicación prevista en el art. 308 del C.A.
Que a continuación, el mismo artículo no exime del pago de tributos si la mercadería en cuestión puede potencialmente ser utilizada por un tercero.
Que no quedan dudas de que la segunda parte del art. 315 funciona como excepción a la situación planteada en la primera parte, y que el sentido de esa excepción (la posibilidad de empleo de la cosa por un tercero) comprende especialmente a la mercadería hurtada o robada. Trata los supuestos de siniestros en que por su naturaleza (como en el caso de autos, el robo a mano armada), pese a no poder ser recuperada por su propietario, la mercadería ingresa a plaza de forma irregular.
Que, según la interpretación literal de la citada norma, basta al respecto la mera posibilidad del empleo de la mercadería por un tercero, sin que sea necesario, en manera alguna, demostrar su empleo efectivo o económico de manera real, ya que la norma no requiere esa prueba o demostración. Es más, presume su importación a consumo sin admitir prueba en contrario.
Que, en tal sentido, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo ha sostenido en numerosos fallos que la finalidad de la exigencia de pago de tributos de la mercadería perdida para el documentante como consecuencia del robo, es la de proteger la renta aduanera, previendo los perjuicios al erario público por su posible utilización en razón de un ingreso que ha resultado ilegítimo.
Que en conclusión, el siniestro que afectó a la mercadería objeto de los tránsitos de importación (en el caso, el robo), a luz de la normativa expuesta, no puede ser considerado como un supuesto de pérdida irremediable de la misma -excepción para la que se previó la no sujeción al régimen tributario aduanero (art. 315 del C.A.)- y en consecuencia la misma se presume irregularmente importada para consumo.
IX. Que, a su turno, nuestro Máximo Tribunal efectuó una interpretación del mencionado régimen, aconsejando distinguir, para un caso análogo al de autos, “la situación de quien descuida el control de la carga que conduce hacia la aduana de destino; se aparta por el itinerario fijado por la autoridad aduanera (art. 319), o bien, incurre en alguna conducta que pudiere indicar la connivencia con el hecho de la sustracción (...) de la de quien ha cumplido con los deberes de custodia de la mercadería durante su itinerario y padece un robo agravado por el uso de armas” (CSJN, “Tevelam S.R.L.”, de 11/12/12, T.317. XLVI).
Que por tanto, autorizó en ese orden de ideas -en una interpretación extensiva del plexo normativo- la posibilidad de la presentación de prueba en contrario, más allá de aquélla que se encuentra dirigida a derribar el presupuesto que la condiciona -esto es, que pueda ser (al menos) potencialmente utilizada por un tercero-.
X. Que, sentado ello, debe entenderse que el robo o hurto de la mercadería constituyen contingencias que no son ajenas a la operatoria de transporte, y si bien pueden considerarse como caso fortuito o fuerza mayor, en el caso que la mercadería pueda ser utilizada por un tercero, dicho hecho no opera per se como eximente de la responsabilidad tributaria, sino que tal como surge de la ley ritual y a la sazón de los criterios establecidos por nuestra Alzada en “Tevelam S.R.L.”, debe probarse en la especie otros extremos -en especial el haber cumplido con los deberes de custodia de modo significativamente ostensible- a fin de derribar el presupuesto que implica la presunción en trato, es decir, considerarla importada para consumo.
Que, así, cabe predicar que el razonamiento presuncional comporta en su estructura lógica como en su validez la existencia de un hecho inferente -comprobado o fundante- sobre cuya existencia no existen dudas (esto es, en la especie, el incumplimiento de las obligaciones inherentes del régimen de importación de tránsito, debido a la existencia de un siniestro, sumado a ello, la potencial utilización por un tercero). A partir de él -el hecho inferente- se elabora una regla de experiencia para, finalmente, derivar de ello la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho inferido -presumido, fundado- (es decir, sobre el particular, que la mercadería se encuentra circulando irregularmente dentro del territorio aduanero y que por tanto, debe ser considerada como importada para consumo).
Que dichas presunciones admiten una división entre hominis y legales. Éstas últimas (aquí en trato), en la medida en que admitan prueba en contrario (aunque inviertan la carga de la prueba), serán absolutas o relativas. En las primeras es el legislador quien impone cierto razonamiento, pero para el caso de ser relativas (y es así como debe entenderse, en la especie analizada, a raíz de la interpretación jurisprudencial), dichas presunciones ayudan al juez con cierto razonamiento en virtud del cual se indica una regla de experiencia considerada normal, todo sin perjuicio del requerimiento de razonabilidad como garantía constitucional.
Que la consecuencia práctica de tales consideraciones preliminares es a los efectos de analizar la correcta concurrencia de una serie de circunstancias correlativas y concordantes, que analizadas en una articulación coherente del plexo normativo y la doctrina de nuestra CSJN, evidencien que el hecho presumido guarda una razonable correspondencia con los hechos verificados.
XI. Que, entonces, a fin de determinar en el caso de autos a quién corresponde la carga de la prueba, cabe señalar que, genéricamente, ésta es correlativa a la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377 del Código Procesal Civil Comercial de la Nación, cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción.
Que, para ello, debe tenerse presente que se trata de mercaderías de origen extranjero sujeta al pago de tributos, y que teleológicamente la presunción establecida en el art. 315 in fine del CA, encuentra su fundamento en la necesidad de evitar que con el régimen de importación de tránsito se perpetren maniobras que afecten la renta fiscal.
Por lo que, pretender que debe ser la Aduana quien debe demostrar el no cumplimiento de las obligaciones de los sujetos responsables por la existencia de caso fortuito o fuerza mayor o la acreditación del no cumplimiento de sus deberes de custodia respecto de la mercadería introducida, poniendo en su cabeza la carga negativa de la prueba, implicaría en razón de la cantidad y magnitud de las operaciones que se realizan en el ámbito del país, imponerle una obligación de cumplimiento extremadamente dificultosa y la inexistencia de la presunción misma dispuesta por el legislador para todo aquél que acreditase un robo.
Siendo, por lo demás, la recurrente aquélla que está en mejores condiciones de probarlo. Es por ello, que las normas vigentes, de la manera más adecuada a la lógica y a la razón, imponen esa carga -onus probandi-, de demostrar el cumplimiento de las obligaciones, a los propios beneficiarios de los regímenes de importación o de exportación.
Y que si bien la CSJN en “Tevelam S.R.L.” estableció que “si no se probó un incumplimiento de los deberes de custodia, ni ha sido desacreditado el hecho del robo con armas que fue comunicado a las autoridades (...) no cabe responsabilizar a la actora por el pago de los tributos...”, cabe destacar que dicha premisa lógica procedía, justamente, de diversas aristas fácticas del caso, como fue, en especial, la demostración por la parte actora en las instancias previas (debiendo destacarse la prueba en sede aduanera) del contundente cumplimiento de sus deberes de cuidado y custodia de la mercadería proveniente de zona extranjera, que implicó, sobre el caso particular y a partir de allí, naturalmente, la inversión de la carga de la prueba hacia el Fisco a fin de desvirtuar ello último.
XII. Que, sentado ello, corresponde ahora analizar los hechos en razón de las probanzas que fueron arrimadas a estos autos.
Que los esfuerzos probatorios de la actora se encontraron limitados a demostrar el robo en autos, hecho que - como se dijo- no se encontraba cuestionado por el servicio aduanero.
Conforme a lo expuesto, la actora no acredito ante esta instancia, ni en sede aduanera, probanza alguna relativa al cumplimiento de los deberes de custodia sobre la mercadería ingresada del extranjero u alguna otra que -en su magnitud e indubitabilidad- pudiese llevar a este juzgador a una razonable convicción de eximirla de la responsabilidad tributaria.
A mayor abundamiento, resulta importante destacar que la norma tiene como fin primario evitar que simples maniobras desnaturalicen la excepcionalidad del régimen en trato del que goza el importador, colocándose dinámicamente la carga de la prueba sobre los responsables tributarios a fin de que puedan derribar el presupuesto legal que ofrece la norma como condicionante -esto es, la utilización de la mercadería por un tercero-, sumando a ella -según la doctrina de “Tevelam S.R.L.”- la posibilidad de instar otras pruebas dirigidas a demostrar de modo fundado su ajenidad al incumplimiento.
Que es jurisprudencia de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal que si bien el robo a mano armada puede tener el alcance de caso fortuito o fuerza mayor, para ello es necesario que se trate de un hecho imprevisible, insuperable o inevitable. Nótese que el caso fortuito o fuerza mayor está expresamente contemplado en el C.A pero en la especie -robo de mercadería en tránsito (art. 315)- no excluye la obligación del pago de los tributos (salvo, como se dijo, la demostración exacerbada del cumplimiento de los deberes de custodia o cuidado). Que, ello así, en razón de que el extremo de los cuidados con relación al transporte de la mercadería a través de rastreos satelitales, vehículos de custodia o cualquier otro medio, no deviene exigible conforme la normativa aplicable, no puede dejar de señalarse que la frecuencia de los robos de mercadería transportada por vía terrestre impide considerarlos como hechos imprevisibles y aconseja a los transportistas arbitrar los medios para disuadir y desalentar tales acontecimientos. Tal y como sucedió en el antecedente ya mencionado (in re “Tevelam S.R.L.”, de 11/12/12, T.317. XLVI CSJN).
Que, en dicha línea, debe tenerse presente que, genéricamente, las situaciones que contempla el C.A. y la jurisprudencia que pueden operar como eximente de responsabilidad por el pago de los tributos, deben ser analizadas con criterio estricto y razonable en la ponderación de los hechos.
XIII. Que, en otro orden de ideas, al tratar la cuestión tributaria que nos ocupa, nada tiene que ver la cuestión penal en la que se investigue el delito de contrabando porque, por disposición de ley, se ha puesto a los beneficiarios del régimen del tránsito como responsables de la exigencia tributaria, y esos son los sujetos pasivos de dicha obligación (art. 312).
XIV. Que en relación a los sujetos que deben responder por los tributos adeudados, el art. 312 del C.A. considera al transportista y a su agente de trasporte aduanero como deudores principales de las obligaciones tributarias, mientras que considera al cargador, al que tuviere derecho a disponer de la mercadería y a los beneficiarios del régimen como responsables subsidiarios de esas obligaciones, con independencia de la situación de quienes realizaron los actos ilícitos que originaron el caso fortuito o la fuerza mayor, es decir, sin perjuicio de que el hecho gravado haya sido realizado por otro. De esta forma el Código los hace responsables por deuda ajena, con la finalidad de proteger los intereses fiscales.
Que, en consecuencia, y en lo que aquí interesa, corresponde confirmar el decisorio apelado en cuanto íntima a la firma TIM CARGO S.A y al Agente de Transporte VICTOR DARIO FRANCIA al pago de los tributos adeudados por el incumplimiento del tránsito en cuestión, con costas.
XV. En cuanto a la exigencia tributaria en cuestión, la aduana, en el caso, ha liquidado por la mercadería en tránsito (ver CARGO Nº 243/05- fs. 12 de las act. adm.), como tributos que gravan la importación para consumo - IVA, derechos, tasa de estadística y percepciones de IVA y Ganancias, por la suma total de $82.817,11y por ese importe se intimó su pago a la aquí actora.
Que, debe señalarse la reciente doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos.
Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”.
Que, justamente, sobre esa base, concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
Que, ello así, resulta evidente que, en el presente caso, la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde modificar la exigencia tributaria, conforme se detalla a continuación:
03042TRAS058105T 03042MANI68566K CARGO Nº 243/05 D.I $18.262,34 T.E $521,78 IVA $25.859,48 IVA ADIC $0,00 IIGG $0,00 TOTAL $44.643,60
Que, por lo expuesto, corresponde confirmar parcialmente la exigencia tributaria contenida en la resolución apelada, declarando que los tributos adeudados, ascienden a PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 60/100 CVOS.($ 44.643,60.-) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, con más los intereses devengados desde el 14/07/2005 ello así en razón de lo establecido por los arts. 794, 1094 inc. d., 1101 y 1103 del C.A.
XVI. Que de conformidad con lo dispuesto en el art. 1166 del C.A., formulo liquidación de los tributos e intereses al 06/12/2021, con los intereses desde el 14/07/2005 sobre el Capital nominal total $ 44.643,60.- Se agrega a continuación la planilla de cálculo de intereses extraída de la página web:
http://www.afip.gob.ar/genericos/calculoInteres/resarcitorios_main.asp Desde Importe Tipo Tasa % Intereses 15/07/2005 44.643,60 Res 0,05 7.723,34 01/07/2006 44.643,60 Res 0,066667 48.244,85 01/01/2011 44.643,60 Res 0,1 131.162,90 01/03/2019 44.643,60 Res 0,15 2.209,86 01/04/2019 44.643,60 Res 0,125333 5.035,80 01/07/2019 44.643,60 Res 0,157667 2.182,03 01/08/2019 44.643,60 Res 0,157667 4.223,28 01/10/2019 44.643,60 Res 0,178 7.231,37 01/01/2020 44.643,60 Res 0,12 4.821,51 01/04/2020 44.643,60 Res 0,083333 3.348,27 01/07/2020 44.643,60 Res 0,092 3.696,49 01/10/2020 44.643,60 Res 0,100667 4.089,65 01/01/2021 44.643,60 Res 0,111667 4.486,68 01/04/2021 44.643,60 Res 0,111667 4.486,68 01/07/2021 44.643,60 Res 0,111667 4.486,68 01/10/2021 44.643,60 Res 0,111667 3.290,23 Total de Intereses Resarcitorios 240.719,62 Total de días 5907 Capital + Interés: $ 44.643,60 + $ 240.719,62 = $ 285.363,22.- debido por la actora al 06/12/2021 en concepto de tributos más accesorios.-
Por ello, VOTO por:
Confirmar parcialmente la Resolución Nº 131/2010 en cuanto rechaza la impugnación deducida contra el Cargo Nº 243/2005, mediante el cual se intima al Agente de Transporte Aduanero VICTOR DARIO FRANCIA al pago de la suma PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 60/100 CVOS.
($ 44.643,60.-) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA (Conf. lo expuesto en el Cons.
XV. “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01”). Asimismo adeuda, al 06/12/2021, la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS DIECINUEVE CON 62/100 CVOS. ($ 240.719,62.-) en concepto de intereses, sin perjuicio de aquellos que se devenguen hasta la fecha en que se efectúe el pago total de lo adeudado, en razón de lo establecido por los arts. 794, 1094 inc. d., 1101 y 1103 del C.A. Con costas a cargo de la actora.
El Dr. Miguel Nathan Licht dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE RESUELVE:
Confirmar parcialmente la Resolución Nº 131/2010 en cuanto rechaza la impugnación deducida contra el Cargo Nº 243/2005, mediante el cual se intima al Agente de Transporte Aduanero VICTOR DARIO FRANCIA al pago de la suma PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 60/100 CVOS.
($ 44.643,60.-) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA (Conf. lo expuesto en el Cons.
XV. “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01”). Asimismo adeuda, al 06/12/2021, la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS DIECINUEVE CON 62/100 CVOS. ($ 240.719,62.-) en concepto de intereses, sin perjuicio de aquellos que se devenguen hasta la fecha en que se efectúe el pago total de lo adeudado, en razón de lo establecido por los arts. 794, 1094 inc. d., 1101 y 1103 del C.A. Con costas a cargo de la actora.
Regístrese, notifíquese, y oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Date: 2021.12.30 10:03:13 ART Date: 2021.12.30 11:25:06 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.12.30 13:08:06 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.12.30 13:08:41 -03:00
Fin de la sentencia