Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 2-76332-2026
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar , por los argumentos dados el auto apelado (art. 338 del Cód. Fiscal).
2Imponer las costas al apelante vencido (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.).
3Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad del art.31 de la Ley 14.967.
Nro. Expte: 2-76332-2026
" FRANCO CHRISTIAN MARCELO C/ ANTÁRTIDA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SA S/ EJECUCION HONORARIOS "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 - AZUL
I. Arriban los autos a esta instancia en virtud del recurso de apelación interpuesto con fecha 02/07/26 contra el auto de fecha 25/06/26, mediante el cual se hizo saber a la parte actora que debía integrar la tasa de justicia correspondiente.
Al fundar el recurso, el apelante sostiene que el objeto de la ejecución se circunscribe al cobro de honorarios profesionales, los que no constituyen una pretensión patrimonial autónoma. Sobre esa base, desarrolla diversos argumentos tendientes a demostrar que razones de equidad, justicia y protección del crédito profesional justifican que la percepción de la tasa de justicia sea diferida hasta la efectiva satisfacción del crédito ejecutado, a fin de evitar que el acreedor deba afrontar una carga económica con carácter previo al cobro de sus emolumentos.
Corrido el traslado al Departamento de Cobro de Honorarios de Peritos Oficiales y Ejecución de Tasa de Justicia de la S.C.B.A., éste fue contestado con fecha 09/10/26. En dicha oportunidad, el organismo sostuvo que no existe normativa que exima a los expertos del pago de la gabela fiscal al promover la ejecución de sus honorarios.
Con fecha 15/10/26, el Juzgado de origen rechazó el recurso de revocatoria interpuesto.
II. Delimitada de ese modo la cuestión sometida a consideración de este Tribunal, corresponde señalar que, tal como lo expuso el organismo de la S.C.B.A. al contestar el traslado del recurso, no existe disposición normativa que exima del pago de la tasa de justicia a los peritos que promueven la ejecución de sus honorarios profesionales.
En efecto, el régimen de exenciones en materia de tasa de justicia se encuentra expresamente contemplado en la normativa fiscal, sin que resulte admisible extender sus alcances a supuestos no previstos por el legislador.
En tal sentido, se ha sostenido: "El Código Fiscal establece con claridad las exenciones objetivas y subjetivas en materia de tasa de justicia, fuera de las cuales no corresponde establecer otras por analogía, desde que los supuestos no comprendidos pueden ser resueltos por las demás disposiciones de la normativa fiscal (art. 6 del Código Fiscal). Así, no habiendo omisión del legislador que permita aplicar por analogía la previsión del art. 58 del Dec. Ley 8904/77 que releva al abogado de pagar al inicio de la ejecución tasa o gravamen fiscal alguno, procede ordenar al perito que promueve la ejecución de sus honorarios el abono de la tasa de justicia pertinente..." (CC0003 LZ, causa n° 490, "Comez..." del 02/05/2009, en juba sum. B3750041; en el mismo sentido CC0101 MP 116775, del 07/06/2001 "Benassi...", sum B1400129).
La doctrina jurisprudencial citada resulta plenamente aplicable al caso, en tanto descarta la posibilidad de extender, por vía analógica, los beneficios fiscales previstos para determinados sujetos a otros que no han sido expresamente contemplados por la norma.
Así, la circunstancia de que la ejecución tenga por objeto el cobro de honorarios profesionales no resulta suficiente para fundar la exención pretendida. Tampoco las razones de equidad invocadas por el recurrente permiten prescindir de la aplicación de las disposiciones fiscales vigentes, cuyo alcance no puede ser ampliado por interpretación judicial cuando no existe previsión normativa que así lo autorice.
En particular, no corresponde aplicar por analogía el supuesto regulado en el art. 58 de la ley 14967 a la ejecución de los honorarios de los peritos intervinientes, pues ello importaría extender una exención fiscal más allá de los límites establecidos por el legislador.
En consecuencia, no habiéndose demostrado la existencia de fundamento normativo que justifique el diferimiento o la exención del pago de la tasa de justicia, corresponde confirmar el auto apelado.
III. Por todo lo expuesto, SE RESUELVE : 1) CONFIRMAR , por los argumentos dados el auto apelado (art. 338 del Cód. Fiscal). 2) IMPONER las costas al apelante vencido (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.). 3) DIFERIR la regulación de honorarios para la oportunidad del art.31 de la Ley 14.967. REGÍSTRESE . NOTIFÍQUESE en forma electrónica por Secretaría y DEVUÉLVASE .
Firmas
Funcionario firmante: PERALTA REYES Victor Mario - JUEZ
Funcionario firmante: GARCIA ETCHEGOYEN Marcos Federico - JUEZ
Funcionario firmante: LONGOBARDI María Inés - JUEZ
Funcionario firmante: CAMINO Claudio Marcelo - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 671-2026
Fin de la sentencia