Abriendo la norma
Cámara Civil de la 1º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazando el recurso de apelación interpuesto por la demandada, MV Seguridad y Servicios S.A.-
2Confirmando la sentencia en lo que ha sido materia de agravios.-
TOMO CVI - SENTENCIA REGISTRO N° 3522 FOLIO N° 13/23 PROT. ELECT. A10177S.221
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, a los veinte días del mes de octubre del año dos mil veintidós se reúne la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, integrada por el señor Juez Dr. Eduardo Gabriel López con la Presidencia del Dr. Carlos E. Arenillas, para dictar sentencia en los autos caratulados: "Franco Victor Daniel c/M.V. Seguridad y Servicios S.A. s/amparo s/incidente de apelacion", Expte. 20.111/20/IA (19.091/21), venidos del Juzgado de Primera Instancia Número Dos en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, Secretaría N° Dos, con asiento en la ciudad de Río Gallegos en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada al PE91210-2021 (C.V.: gm13p8), contra la sentencia obrante al PE87344-2021 (C.V.: volrmy) de los autos principales. Se fija el siguiente orden de consideración: 1º) Dr. Carlos E. Arenillas, 2º) Dr. Eduardo Gabriel López y las siguientes cuestiones a tratar: Primera cuestión: ¿Es justa la sentencia apelada?, Segunda cuestión: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A la primera cuestión el Dr. Arenillas dijo:
I. Contra la sentencia definitiva obrante al PE87344-2021 (C.V.: volrmy) que hace lugar a la demanda instaurada por el Sr. Victor Daniel Franco contra MV Seguridad y Servicios S.A. (en adelante MV), interpone recurso de apelación y expresa agravios la accionada al PE91210-2021 (C.V.: gm13p8), los que son contestados por la parte actora al PE233752-2021 (C.V.: oesr4l) (todos los escritos citados pertenecen a los autos principales).-
II. El caso: El actor dedujo acción de amparo solicitando la nulidad de la modificación de tareas realizada por su empleadora y que se lo restituya en la prestación de tareas ante la minera Santa Cruz -en cuya sede cumplía funciones de vigilador-chofer- y la intimación a su empleadora para que cese con las amenazas de despido incausado encubierto por violación a los derechos al trabajo y al decreto de necesidad y urgencia N° 329/20, prorrogado por el artículo 2 del decreto de necesidad y urgencia N° 761/20.- Refiere que ingresó a trabajar para MV el 28/12/2017, siempre prestando servicios en empresas mineras o petroleras que se encuentran en el interior provincial y que la última campaña estaba prestando servicios ante la Minera Santa Cruz en la zona aledaña a la localidad de Perito Moreno.-
Agrega que la modalidad de trabajo se compone de una cierta cantidad de días seguidos prestando servicios y luego días de descanso en su residencia, en la ciudad de Río Gallegos, situación que se mantuvo hasta el 07/07/20.-
Memora que al regresar de este período laboral, la empleadora le dejó de dar respuesta, a pesar de estar habilitada a trabajar por la normativa de emergencia sanitaria.-
Indica que ante sus reiterados reclamos para que le indiquen cuáles eran los protocolos para volver a trabajar -una vez producido el rebrote del coronavirus Covid-19 en la ciudad de Río Gallegos- no obtuvo respuesta y se le ofreció “subir al campo” con la condición de que se tenía que ir a vivir a la localidad de Caleta Olivia y hacerse cargo del pago de los hisopados que exigía la autoridad sanitaria.-
Explica que frente a su negativa de tener que pagar para poder trabajar, lo compelieron a cubrir faltante de personal en el Supermercado Carrefour S.A. de forma esporádica.-
Alude al intercambio epistolar habido entre las partes destacando que intimó a aclarar su situación laboral y la asignación de tareas, denunciando que la pretensión de que preste servicios en el hipermercado “Carrefour” sito en la Ciudad de Río Gallegos constituía un ejercicio abusivo del ius variandi en los términos del artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo.-
Relata que MV rechazó su misiva justificando que la reubicación para prestar servicios en el Hipermercado Carrefour de Río Gallegos no le causaba perjuicio ya que era un destino más cercano a su domicilio y que su remuneración mensual, normal y habitual no había sido modificada, intimándolo a prestar servicios en el "nuevo objetivo" bajo apercibimiento de considerarlo incurso en abandono de trabajo.-
Funda en derecho, solicita cautelar innovativa, ofrece prueba y requiere se haga lugar a la acción. (ver PE14820-2020, C.V.: 6h9x5s).-
Al contestar, MV realiza una pormenorizada negativa de los hechos invocados por el actor.-
Explica que como empresa de seguridad y vigilancia tiene que poner a disposición de sus contratantes el personal que le requieran y que no "...existe personal dependiente de la firma que posea tareas exclusivamente en un sector o se le asigne funciones específicas, sino que sus labores pueden estar destinados a distintos objetivos que MV requiere cumplir, conforme a la demanda de los clientes que posee y son meramente de vigilancia, tales como prestar funciones en Yacimientos Mineros y Petroleros, como así también en sectores privados y Organismos Públicos de la Provincia.".- Aduce que no puede pretender el actor mantener sus funciones en la Minera Santa Cruz si éstas "...no son requeridas por el TERCERO CONTRATANTE,..." y que no tiene obligación de mantener esa función del trabajador en el yacimiento, ya que ante un supuesto de extinción contractual de prestación de servicios con el cliente MINERO, obligaría a MV a desvincular al trabajador de la empresa por no tener otras funciones para asignar, situación está que vulneraria los derechos del trabajador.- Agrega que los trabajadores de MV no tienen tareas específicas asignadas en un solo lugar, sino que van rotando conforme a los objetivos que asigne la firma ante los requerimientos de servicios de empresas contratantes, y que desde el comienzo de la relación laboral firman una constancia de conformidad de prestación de servicios en distintos objetivos y diferentes horarios, conforme a las facultades de organización y dirección, consagrados en los arts. 64, 65 y 66 de la L.C.T.- Afirma que su parte no ha modificado las tareas del trabajador, sino simplemente ha efectuado un cambio de objetivo que en nada afecta a sus derechos laborales, sino que resulta ser propia de la función asignada desde el comienzo de la relación.-
Con referencia al “perjuicio material” que aduce haber sufrido el actor, explica que las variaciones de los recibos de haberes del trabajador se deben -exclusivamente- a las horas extras.-
En tal sentido refiere que -al Sr. Franco- al realizar tareas en la minera Santa Cruz, le asignaban horas extras, horas nocturnas, de viaje, etc. y que estos items "...son emolumentos extraordinarios y que se pueden originar en cualquier puesto u objetivo de trabajo y no precisamente en el yacimiento.".-
Agrega -respecto al rubro adicional de yacimiento- que nunca lo dejó de abonar "...a fin de evitar cualquier perjuicio que pudiera ocasionarle al trabajador, ya que entendiendo que no es culpa de él ni de la patronal la realidad sanitaria y epidemiológica que nos toca vivir."; medida que fue consensuada con el gremio.-
Refiere que, a raiz de la transmisión comuntaria en Río Gallegos, las empresas mineras han tomado la decisión de no requerir personal dependiente de MV que resida allí, por lo que la firma, ante esa circunstancia excepcional, envía personal radicado en otras localidades de la provincia.-
Insiste en que el no subir al yacimiento no implica una variación o impacto en sus haberes, porque las diferencias salariales se deben a la realización de horas extras, las que se abonan de la misma manera a todos sus trabajadores. Aclara que -de todos modos- éstas bajo ningún escenario, fueron pactadas desde inicio de la relación laboral como condición esencial del trabajo, pero insiste en que su parte "...no suprimió las horas extras del actor, sino que fue el propio trabajador que al negarse a cumplir las tareas asignadas por la firma, esto es, prestar funciones de vigilancia en el supermercado Carrefour, su actuar provoco que se quitara [é]l mismo, por su propio accionar, la posibilidad de generar horas extras.".- Insiste en que: "...la acción intentada no tiene asidero fáctico ni jurídico, la situación y condiciones laborales del amparista no se ha visto vulnerada, no ha sufrido ningún tipo de perjuicio o daño directo atribuible a mi mandante, ni antes, ni después de la interposición de la presente, y tampoco sucederá, motivo por el cual, debe estarse al pleno rechazo de la acción impetrada contra MV., todo ello con expresa imposición de costas a la contraria perdidosa.".- Impugna la vía elegida para plantear la cuestión y peticiona que el magistrado disponga la prestación efectiva del actor en los objetivos que su parte disponga.-
Ofrece prueba, realiza reserva del caso federal y solicita se rechace la demanda. (ver PE26076-2020, C.V.: xw4gse).-
III. La sentencia: Al PE87344-2021 (C.V.: volrmy) obra la sentencia de fondo que admite la demanda instaurada, declarando la nulidad de la decisión adoptada por la patronal de modificar el lugar de trabajo del actor, ordenando su restitución a su objetivo de trabajo en la Minera Santa Cruz, en tareas que venía efectuando al momento en que se produjo la modificación anulada.-
Asimismo hace lugar a la medida cautelar solicitada con el mismo alcance que el descripto en el punto anterior, a cumplirse dentro de los cinco días hábiles de notificada la sentencia. Por otra parte, declara cuestión abstracta las peticiones relacionadas con la orden a la patronal para cesar con amenazas de despido y para que se ordene la confección de un protocolo para el tema Covid imponiendo las costas a la demandada perdidosa y difiriendo la regulación de honorarios.- Para así decidir sopesa varias aristas.-
Sostiene que, en este caso, el lugar de trabajo no es una condición esencial del contrato tanto por la naturaleza de las tareas realizadas (servicios de seguridad prestados a terceros) como por el consentimento expreso dado por el trabajador desde el momento de inicio del vínculo.-
Entiende que más dificil es determinar si en este caso existió perjuicio material o moral para el actor "...aunque la estructura del salario podría indicar que existe un pérdida económica dificil de reemplazar con horas extras que se presten en un supermercado. La estructura de la jornada laboral es tan diferente que ello mismo podría considerarse una causa de afectación moral, en el sentido de que el trabajador puede tener organizados aspectos importantes de su vida en relación con una rutina laboral que se mantuvo durante años.".- No obstante, le resulta dirimente la falta de motivación absoluta de la decisión patronal al momento de comunicar el cambio de lugar de trabajo y la inexistencia de prueba en relación a los argumentos desplegados en la contestación de demanda.-
Ante la falta de expresión de las causas que determinaron la decisión que permitan evaluar su razonabilidad e incumpliendo de este modo con la manda del art. 66 de la L.C.T., admite la acción.-
IV. Los agravios: MV presenta su escrito de apelación al PE91210-2021 (C.V.: gm13p8).-
Como primer agravio cuestiona que el a quo considere que su parte no acreditó la razonabilidad del cambio de las condiciones laborales impuestas al trabajador y declare la nulidad de la decisión tomada en ejercicio de su poder de dirección.-
Acusa al magistrado de aplicar indebidamente el derecho y realizar un inadecuado análisis de las pruebas que dan cuenta que su obrar en todo momento se ajustó a derecho ya que en definitiva no existió ejercicio abusivo del ius variandi.-
Discurre en relación a que la actividad desarrollada por MV encuadra dentro de las consideradas esenciales por el art. 6 inciso 22 del DNU N° 297/20 y decisiones administrativas dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional en el marco de la emergencia sanitaria.-
Hace hincapié en lo dispuesto en el art. 4 de la Resolución Nº 279/20 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en tanto estableció que: “La reorganización de la jornada de trabajo a efectos de garantizar la continuidad de la producción de las actividades declaradas esenciales en condiciones adecuadas de salubridad en consonancia con los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria, será considerado un ejercicio razonable de las facultades del empleador.”, lo que -entiende- relativiza el límite impuesto por el art. 66 de la L.C.T.- Afirma que la razonabilidad de la medida está establecida por la Resolución antes mencionada, es legal por lo que se presume y no necesita ser probada.-
Argumenta que el quiebre lógico de la decisión se produce cuando el a quo considera que: 'lo relevante es que el empleador no ha motivado en absoluto su decisión de ejercer el ius variandi' y de allí arriba a la conclusión de que la medida sería 'irrazonable'.-
Aduce que ello es inexacto y es perfectamente advertible “...con solo considerar que en el primer telegrama ley 23789 CD 951164952 que la actora le cursó a mi representada y que se encuentra trascripto en la demanda, sostuvo que rechazaba 'cualquier manifestación escrita o verbal por la cual Ud., pretende que preste servicios en el hipermercado 'Carrefour' sito en la Ciudad de Río Gallegos ni tampoco la modificación [de] mi salario, por constituir este un abuso del ius variandi'” y que en el escrito inicial el actor hace referencia a protocolos y rebrote del coronavirus, por lo cual sólo puede concluirse que conocía perfectamente que la decisión empresaria reconocía por causa razones vinculadas a la situación epidemiológica, agraviándose que al momento de resolver se haya soslayado esa innegable realidad objetiva.- Cuestiona que la sentencia no haya aplicado el principio iura novit curia, eludiendo la trascendente y definitoria disposición Ministerial específica en la materia que considera “razonable” el ejercicio de las facultades de organización y dirección de aquellos empleadores que prestan servicios esenciales, y que -por ende- la decisión de grado, amén de arbitraria, resulta improcedente.-
Agrega que: "En nada cambia que esta representación no haya aludido a la misma al evacuar su informe, toda vez que los jueces tienen el deber de dirimir los conflictos litigiosos, según el derecho vigente aplicable a cada caso, de acuerdo con la regla iura curia novit, con independencia de los fundamentos que enuncian las partes, porque esa facultad es propia de aquéllos y deriva de los principios esenciales que organizan la función jurisdiccional de la justicia.".- Argumenta que las tareas de vigilancia tienen la particularidad de que el cambio del lugar de prestación de tareas constituye una constante -tal como lo reconoce el fallo- de allí que se equivoca el juez al considerar carente de motivación la medida, toda vez que bajo una visión parcializada y sesgada de la realidad omite considerar cuestión trascendental cual es que la movilidad por los distintos establecimientos de los clientes para los cuales MV presta servicios responde a las necesidades y características propias e inherentes a la actividad.- Indica que: “...el error del fallo radica en anular una decisión empresaria adoptada en pleno ejercicio de sus facultades de dirección y organización consagradas en los arts. 64 y 65 LCT, efectuando una equivocada interpretación de la cuestión, ya que al resolver de ese modo parecería que considera que la actora poseía un 'derecho adquirido' a seguir trabajando en la empresa Minera Santa Cruz, por el solo hecho de haberlo hecho trabajado determinado lapso en allí, y que por ende tenía 'asegurado' ese puesto 'a perpetuidad', lo que no puede ser convalidado.".- Discurre en relación al trabajo de tiempo suplementario como un mero “derecho en expectativa” y concluye que el a quo -sin perjuicio que sostuvo que el cambio del puesto de trabajo no alteró modalidades esenciales del contrato ni causó perjuicio material ni moral al actor- terminó injusta y arbitrariamente admitiendo la demanda.-
Agrega que, en el fallo se soslaya lo afirmado por su parte en relación al carácter general de la medida ya que se aludió en la demanda a que un numeroso grupo de empleados se encontraban en la misma situación que el actor -circunstancia que no mereció la más mínima consideración de parte del a quo-, lo cual pretende ejemplificar con la existencia de dos expedientes más en los que se está discutiendo una situación idéntica a la presente.- Aduce que el Convenio Colectivo que rige a los vigiladores, en su art. 7 inc. c del C.C.T. N° 507/07 habilita a su mandante a realizar cambios de objetivos de sus empleados por cuestiones operativas, como el que suscitó la demanda de autos, de lo que se deriva que lo resuelto prescinde de los efectos erga omnes que dimanan de esa norma convencional, y en definitiva trasgrede lo allí normado en directo desmedro de los intereses de su parte.- Como segundo agravio, cuestiona el dictado de una medida cautelar sin que se hayan acreditado los requisitos básicos para su procedencia, solicitando su revocación.-
Señala que el fallo atacado no ha solicitado al actor la contracautela conforme lo establece el art. 200 C.P.C. y C.-
Realiza reserva del caso federal y pide se revoque la sentencia atacada.-
V. Tratamiento de los agravios: El recurso bajo estudio trasunta una mera disconformidad con lo decidido por el magistrado pero sin atacar los argumentos basales de su decisión. En tal sentido, se advierte que la demandada pretende que una Resolución dictada por un órgano dependiente del Poder Ejecutivo Nacional acote las normas de la Ley de Contrato de Trabajo en franca violación del orden de prelación de las leyes contenido en la Constitución Nacional (cfr. art. 31).- No resulta vano recordar que los trabajadores son sujetos de preferente protección tal como lo ha sostenido nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. Fallos: 332:2043), que las emergencias no suspenden la aplicación de la Constitución, que los tratados internacionales y la Constitución Nacional contemplan regulaciones para los casos de emergencia y que la invocada por la accionada no califica dentro de las que -hipotéticamente- podrían autorizar al Poder Ejecutivo a modificar una ley del Congreso de la Nación, como lo son, los que expresamente mencionan los Tratados Internacionales de Derechos Humanos para los casos de "...guerra, peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación,..." (cfr. art 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos); el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos cuando establece que: "En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la Nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, ...".- También nuestra Constitución Nacional contiene una norma para casos de emergencia (cfr. art. 23) la que fue establecida para otros fines, que no son los que invoca la demandada para pretender la supremacía de una resolución administrativa por sobre una ley nacional.-
En efecto, la C.S.J.N. ha dicho que: "...el objeto primordial del estado de sitio, es la defensa de la Constitución y de las autoridades federales que ella crea... El estado de sitio, lejos de suspender el imperio de la Constitución, se declara para defenderla, y lejos de suprimir las funciones de los poderes públicos por ella instituidos, les sirve de escudo contra los peligros de las conmociones interiores o ataques exteriores." (cfr. "Doctor Leandro N. Alem y Doctor Mariano N. Candiotti", Fallos: 54:432).- Así, en su apelación MV introduce un extremo fáctico y jurídico no planteado en el intercambio epistolar previo ni en la contestación de demanda: que el art. 4 de la Resolución Nº 279/20 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social "relativiza" los límites impuestos por el art. 66 de la L.C.T. no pudiendo esta materia novedosa ser abordada en esta instancia por imperio del artículo 276 del C.P.C. y C. ya que claramente la cuestión excede el ámbito de aplicación del iura novit curia.-
VI. En relación a la aplicación del artículo 66 de la L.C.T., la doctrina ha fijado tres requisitos o límites a que se halla sometido el ejercicio regular del ius variandi, a saber: debe tratarse de un ejercicio razonable, no deben alterarse modalidades esenciales del contrato y debe evitarse que la modificación cause perjuicio material o moral al trabajador (cfr. Akerman, Mario E. Tosca, Diego M., Tratado del Derecho del Trabajo, Tomo II. La relación individual de trabajo, I, Ed Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2014, pág. 954).- El ejercicio legítimo del ius variandi es unilateral para el empleador, por lo que éste, por sí, no puede alterar los elementos esenciales del contrato de trabajo como la remuneración.-
Si bien es cierto que el lugar de trabajo en el caso de los vigiladores no está pautado como un elemento esencial del contrato, ya que hace a su esencia el cumplimiento del débito laborar en distintos objetivos, ello debe ser entendido en el contexto mismo que nos ocupa, ya que ese cambio puede afectar de distintos modos -y más allá de lo permitido- los derechos del obrero.-
No es lo mismo tener una jornada extensa prestando servicios en "el campo" por determinada cantidad de días seguidos de otros de descanso en su residencia, que prestar servicios diariamente por 8 o 9 horas con un franco semanal; ello constituye un elemento central al momento de evaluar cómo incide el cambio en la organización vital del trabajador y es pasible de generar un agravio moral.-
También resulta por demás dudoso que la remuneración del empleado no se viera afectada por el cambio. En efecto, del análisis de los recibos de haberes del actor adjuntos al IND00000176.pdf del PE14820-2020 (C.V.: 6h9x5s) se advierte que -en general- contienen horas extras al 50% (56 unidades); horas nocturnas (126 unidades), horas de viaje (24 unidades), horas tranquera (8 unidades), adicional yacimiento $5.087, mientras que los recibos de haberes acompañandos con el escrito de contestación de demanda -pertenecientes a vigiladores que no prestan servicios en yacimientos- no contienen los items "horas nocturnas", "horas de viaje", "horas tranquera". Asimismo el adicional yacimiento que cobraba el actor ascendía a $5.087 y en las constancias acompañadas por la accionada figura un "adicional objetivo" que ronda los $2.300 (ver documental adjunta al COD00000076.pdf del PE26076-2020, C.V.: xw4gse).- Claramente la composición y cuantía de los haberes del actor está íntimamente ligada a la prestación de servicios en el objetivo por cuyo cambio reclama (Yacimiento minero) y excede el pago de horas extras (como pretende MV) ya que hay items que no se devengan sino con relación a la prestación de servicios en el campo.-
VII. Una digresión a los fines de aventar cualquier embate en relación a la documental que se analiza. En su contestación de demanda MV sostuvo: "...niego la autenticidad de la totalidad de la documentación agregada por la contraria al escrito de inicio, en cuanto no fuere objeto de especial reconocimiento en este responde. (...) Reconozco únicamente el contrato de vinculación con la actora bajo la modalidad de contrato a plazo fijo que fuere iniciado el día 05 de diciembre de 2019 como así también la notificación PRE-AVISO de fecha 05 de marzo del corriente, impugnando y desconociendo toda otra documentación agregada por el amparista por no con[s]tarme de su autenticidad y no pertenecer a la firma." cuando -adjunto al escrito de demanda- no existe la documental "reconocida" por la accionada.- A su vez, el artículo 61 de la Ley de Procedimiento Laboral establece que: “Las partes deberán reconocer o negar categóricamente la autenticidad de los documentos agregados que se les atribuyen y la recepción de las cartas y telegramas que se les hubieren dirigido cuyas copias se acompañen. El incumplimiento de esta norma determinará que se tengan por reconocidos o recibidos tales documentos.”, de similar redacción al art. 334 inciso 1° del C.P.C. y C.- Claramente, la "negativa" realizada en el conteste resulta inoficiosa -por haber sido realizada de modo genérico- por no haberse referido específicamente a los recibos de haberes (que son atribuidos a la patronal ya que es quien los confecciona). En similar carril se puede encuadrar la falta de referencia circunstanciada a las misivas intercambiadas por las partes. Y es éste el motivo por el cual me permito considerar esta documental acompañada con el escrito inicial.-
VIII. Asimismo, el artículo 66 de la L.C.T. establece que los cambios introducidos en la forma y modalidad de la prestación de servicios no deben importar "...un ejercicio irrazonable..." de la facultad de dirección del empleador. Va de suyo que para poder evaluar la "razonabilidad" de este ejercicio, -y dadas las particulares aristas que contiene la modalidad de prestación de servicios del actor- los motivos del cambio de objetivo ("del campo" a la ciudad) debieron explicarse de modo claro, lo que no ha sucedido ya que no ha existido una notificación en tal sentido; esta carencia tampoco se ha visto subsanada en el escrito de contestación de demanda.- Concluyendo con este agravio, se advierte que el análisis realizado por el juez de la anterior instancia resultó equilibrado, ajustado a la prueba rendida y a los argumentos puestos a su disposición en los escritos consititutivos, sopesando adecuadamente la naturaleza de los servicios prestados, la afectación producida en la organización vital del obrero y en su salario, resultando lo decidido enmarcado correctamente en el art. 66 de la L.C.T., debiendo ser rechazado.-
IX. MV cuestiona la medida cautelar dictada y que no se haya pedido contracacautela al trabajador.-
A fin de clarificar la cuestión, debo explicar cómo -a mi entender- se deben interpretar las normas de procedimiento aplicables a causas laborales. Es que éstas -y sus reglamentaciones- no se limitan a una mera técnica de organización de procesos, sino que tienen por finalidad regular el ejercicio de derechos y lograr la concreción del valor justicia, en cada caso, en salvaguarda del derecho de defensa en juicio (Fallos: 310:870; 319:1600; 321:2082). Así, se ha dicho que: "Para saber o conocer acerca de los principios del procedimiento laboral en particular y del Derecho Procesal del Trabajo en general, es siempre oportuno comenzar por dilucidar si se trata de una subrama del procedimiento común o si es una subrama instrumental del Derecho del Trabajo, o si tiene autonomía como rama del Derecho.
Más que oportuno, es indispensable: porque sin ese proceso intelectual previo, jamás sabremos si el principio más importante es o no el de la igualdad procesal de las partes, o el protector, o algún otro divorciado de ambos…" (cfr. ELFFMAN, Mario y CASSINA, Jorge Luis, 'Los principios del Derecho del Trabajo en el Derecho Procesal Laboral', Revista del Derecho Laboral, 2007-1, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fé, 2007, págs. 10/11) (cfr. esta Cámara en autos caratulados "Garrido Oyarzun Rolando Cesar c/Avisor Seguridad y/o Polke Guillermo Esteban s/laboral", Expte. Nº 13.731/09 (13.757/12), sentencia registrada al T° LXXX - Sentencia - R° 2943, del 17/09/2013).- En igual sentido, el maestro Allocati ha sostenido que "El derecho del trabajo se fundamenta en principios que, en muchos aspectos, se apartan ostensiblemente de aquellos que informan el derecho civil y el derecho comercial.
Las leyes civiles que siguieron la corriente individualista y liberal del Código de Napoleón, aparecen fundadas, en materia de contratos, en el clásico principio de la autonomía de la voluntad y ello ocurre aún en el de locación de servicios… En el derecho del trabajo si bien el contrato sigue fundándose en la libre voluntad de las partes en cuanto a su nacimiento, la autonomía de la voluntad ve totalmente disminuidas sus posibilidades en lo que toca a su contenido, pues siendo la 'finalidad primera' de aquel derecho 'proteger la vida y la salud del trabajador y asegurarle un nivel decoroso de vida' para evitar que la parte económicamente más fuerte imponga su única voluntad a la parte más débil, 'el Estado mediante normas de la ley o reglamento o el grupo profesional mediante normas de contratación colectiva, determina de antemano todos los caracteres de la normatividad general y abstracta, todas aquellas condiciones fundamentales del trabajo que interesen a los trabajadores en su conjunto o a una determinada categoría profesional … El asalariado, que vive de un jornal, necesario diariamente para su sustento y el de los suyos, escribe GALLART FOLCH, no puede dedicar muchos días a trámites judiciales, ni su falta de resistencia económica le permite esperar largamente la resolución de las reclamaciones en que le asiste razón, sino que capitulará inexorablemente siempre que sean posibles recursos dilatorios.
Y COUTURE ha condensado en forma elocuente esa situación: 'Mientras el empleador puede, normalmente, esperar, el trabajador no puede esperar'…”. Es por ello, concluye Allocati que “...Las leyes de forma deben estar íntimamente vinculadas a las leyes de fondo desde que aquellas se proponen poner en movimiento los derechos reconocidos por éstas. En consecuencia, habida cuenta de la especial naturaleza de las normas sustantivas en el orden laboral, las procesales deben ineludiblemente adaptárseles pues si no los derechos que aquéllas conceden a los trabajadores correrían el riesgo de ser ilusorios… Todo lo dicho conduce a la innegable afirmación de que el principio fundamental que debe caracterizar al procedimiento laboral es su simplicidad y rapidez.
Esta se obtendrá como consecuencia necesaria de aquella…” (cfr. ALLOCATI, Amadeo, 'Derecho Procesal del Trabajo', en Tratado de Derecho del Trabajo, Dir. Mario Deveali, Ed. La Ley, Bs. As., 1966, Tomo V, págs. 25/30).- Desde este atalaya no resulta ocioso señalar que: "La jurisprudencia ha manifestado en forma ya reiterada que se trata de una medida cautelar consagrada en una norma sustancial que no requiere para su viabilidad los requisitos exigidos por las normas procesales aplicables en cada jurisdicción..., puntualizándose que ante la alegación de un ejercicio ilícito del ius variandi corresponde decretar, a pedido del trabajador en el proceso sumarísimo pertinente, la citada medida cautelar,... salvo que de la misma petición o de otras constancias de la causa surja que la decisión empresarial cuestionada sea general para el establecimeinto o sección.
En la misma línea, se expresó que en este tipo de proceso no resulta menester invocar y acreditar la existencia de 'peligro en la demora', requisito usual en los ordenamientos procesales, al tratarse de una medida consagrada en una norma sustancial que, obviamente, prevalece sobre las disposiciones rituales." (cfr. Ackerman, Mario A. (dir) - Tosca, Diego - Sureda, Alejandro (coord.) Tratado del derecho del trabajo, Ed. Rubinzal - Culzoni, Santa Fe, 2014, Tº II, pág. 930).- Es que -en rigor de verdad- el peligro en la demora está ínsito en este tipo de situaciones. Si se modifican las condiciones esenciales del contrato de trabajo, resulta obvio que de aguardarse el dictado de una sentencia definitiva para resolver la cuestión, el pronunciamiento jurisdiccional llegará tarde.-
En relación a la exigencia de contracautela, cabe señalar que la misma contradiría frontalmente el espíritu y la letra del artículo 20 de la L.C.T., en tanto establece el beneficio de gratuidad en los procedimientos judiciales "...derivados de la aplicación de esta ley...", de otro modo, "...en el momento del proceso renace la desigualdad contractual, pues el trabajador por lo común carecerá de otros medios de sustento y la mera posibilidad de poner en peligro aquello que hace a su subsistencia puede llegar a desalentar justos reclamos." (cfr. Fernandez Madrid, Juan Carlos, Ley de Contrato de Trabajo Comentada y anotada, 2ª ed. Actualizada y ampliada Ed. La Ley, Bs. As., 2012, Tº I, págs. 423/424).- Por lo tanto estos argumentos deben ser desestimados.-
X. En función de lo antedicho he de rechazar el recurso de apelación planteado por MV, confirmando la sentencia en lo que ha sido materia de agravios, con costas y difiriendo la regulación de honorarios correspondientes a esta instancia hasta tanto ocurra lo propio en la anterior (cfr. art. 68 del C.P.C. y C. por aplicación del art. 121 de la ley N° 1444 y 24 de la ley Nº 3330).-
- - - - - - - - - Por los fundamentos expuestos, Voto pues, a la primera cuestión por la AFIRMATIVA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - El Dr. López por los mismos fundamentos adhiere al voto precedente respondiendo en igual sentido a esta primera cuestión.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A la segunda cuestión el Dr. Arenillas dijo:
Atento el sentido de mi voto a la anterior cuestión propongo el siguiente pronunciamiento: 1º) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada, MV Seguridad y Servicios S.A.; 2º) Confirmar la sentencia en lo que ha sido materia de agravios; 3º) Imponer las costas de esta instancia a la accionada vencida (cfr. art. 68 del C.P.C. y C. por remisión del art. 121 de la ley N° 1444 y sus modificatorias); 4º) Diferir la regulación de honorarios correspondientes a esta instancia hasta tanto ocurra lo propio en la anterior (cfr. art. 24 de la ley Nº 3330); 5º) Regístrese, notifíquese y devuélvase.Así, lo VOTO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - El Dr. López por análogas razones adhiere al voto que antecede respondiendo del mismo modo a esta segunda cuestión.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - En virtud de lo cual se dicta el siguiente fallo:
Río Gallegos, 20 de octubre de 2022.-
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto concordante de los señores Jueces, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial,
1. Rechazando el recurso de apelación interpuesto por la demandada, MV Seguridad y Servicios S.A.-
2. Confirmando la sentencia en lo que ha sido materia de agravios.-
4. Difiriendo la regulación de honorarios correspondientes a esta instancia hasta tanto ocurra lo propio en la anterior.-
Atento existir conformidad de opiniones se suscribe la presente conforme lo establece el art. 44 de la Ley Nº Uno (texto según Ley Nº 2345).-
CARLOS E.ARENILLAS, PRESIDENTE EDUARDO GABRIEL LÓPEZ, JUEZ
Ma. CARLOTA GUTIÉRREZ MEYER, SECRETARÍA
Fin de la sentencia