Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 26.201-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las resoluciones en las presentes actuaciones, con costas.
2Regular los honorarios por todo concepto, correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, en su conjunto, en la suma de pesos veintiún mil ($21.000.-) por el apoderamiento, y en la suma de pesos cincuenta y dos mil ($52.000.-), por el patrocinio letrado, haciendo constar que quedan a cargo de la recurrente y que dicho monto no incluye el Impuesto al Valor Agregado y que a efectos de dicha regulación, se tuvo en cuenta la ley vigente al momento en que se cumplió la labor desarrollada en autos.
I. Que, a fs. 7/23 y a fs. 89/104, la actora interpone sendos recursos de apelación en los términos del artículo 76, inciso b) de la Ley N° 11.683, contra la Resolución N° 181/2005 (DV MRRI) y la Resolución N° 182/2005 (DV MRRI), ambas de fecha 11/10/2005, dictadas por el Jefe de la División Revisión y Recursos I de la Dirección Regional Microcentro de la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
En virtud de la Resolución N° 181/2005 (DV MRRI), por el período fiscal 2002, se determina la obligación tributaria de la actora en la suma de pesos doscientos ochenta y siete mil con ochocientos ocho con cincuenta y siete centavos ($287.808,57) en relación al Impuesto a las Ganancias, con más el monto de pesos doscientos veinticinco mil seiscientos cuarenta y uno con noventa y un centavos ($225.641,91) en concepto de intereses resarcitorios conforme lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley Nº 11.683, a la fecha del auto de quiebra (22/08/05). En virtud de lo dispuesto en el art. 20 de la ley penal tributaria difiere la aplicación de sanción.
En el marco del expediente acumulado N° 26.201-I, la Resolución N° 182/2005 (DV MRRI), en concepto de Salidas no Documentadas en el Impuesto a las Ganancias por los pagos realizados en los períodos fiscales 03/2000 a 07/2001 y 09/2001, se determina que la recurrente deberá ingresar la suma de pesos trescientos cincuenta y dos mil setecientos cuarenta y ocho con cuarenta y siete centavos ($352.748,47) y el monto de pesos quinientos cuarenta y seis mil seiscientos veinticuatro con dieciocho centavos ($546.624,18) con respecto a los intereses resarcitorios conforme lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley Nº 11.683, a la fecha de auto de quiebra (22/08/05). En virtud de lo dispuesto en el art. 20 de la ley penal tributaria difiere la aplicación de sanción.
La actora declara que, las actuaciones administrativas se originaron con la O.I. N° 807.150/0 al Sr. César Franzoni quien, en ese momento, revestía el carácter de presidente de la sociedad. Asegura que, la auditoría fiscal efectuada, recabó documentación e impugnó las operaciones que se atribuyó a los proveedores detallados en las resoluciones recurridas las cuales el Fisco Nacional entendió que fueron instrumentadas presumiblemente con el propósito de disminuir el monto imponible en el Impuesto a las Ganancias.
Asimismo, asevera que la totalidad de la documentación contable y societaria necesaria para contestar la vista conferida se hallaba depositada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción N° 9, en los autos caratulados: "Franzoni, César s/ Defraudación" (Expte. N° 22.552/03) razón por la cual esa imposibilidad fáctica de constatar la documentación observada convertía en ilusoria la oportunidad de ejercer su derecho de defensa. Alega que, efectuó una denuncia contra el Sr. Franzoni por presunta defraudación en su ejercicio como administrador, señala que esas facturas apócrifas que la AFIP dijo hallar en su auditoría serían las mismas por las cuales el ex presidente de la sociedad fue denunciado oportunamente. En tal sentido, confirma que la citada causa penal contra el ex presidente de la sociedad tuvo su origen en irregularidades y anomalías tales que provocaron una situación de irreversible deterioro económico-financiero. Al respecto, cita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a que: “los hechos de terceros, inclusive los delictuosos son susceptibles de constituir fuerza mayor…” (301:970)
Explica que la Administración dictó una medida para mejor proveer que tuvo como objeto disponer que personal fiscalizador se presente en la sede del Juzgado a fin de tomar vista del expediente, lo que permitió a la representación fiscal ratificar lo actuado oportunamente. En esta línea, asegura que la AFIP le otorgó la posibilidad de efectuar observaciones a las 37 fojas del cuerpo elaborado por los funcionarios fiscales en oportunidad de la actuación en sede judicial.
Sin embargo, dice que impugnó las Resoluciones al persistir las razones por las cuales no efectuó una defensa coherente, al no poder acceder a la misma documentación a la cual había tenido acceso la repartición fiscal.
Ratifica que, en igual sentido, los funcionarios comisionados ante el Juzgado de Instrucción resaltaran que, en la ocasión de prestar declaración indagatoria, el propio Sr. Franzoni reconoció haber utilizado facturas apócrifas, dato que no puede confrontar con documentación alguna.
Asegura que, como clara y obvia consecuencia de ello, se solicitó la suspensión del procedimiento a fin de impedir el dictado de resolución alguna que pudiere afectar su derecho de defensa, hasta tanto el Juzgado le permitiera recuperar su documentación contable.
Reconoce que nunca cuestionó el procedimiento seguido ni la medida probatoria arbitrada, sino que alegó fundadamente la imposibilidad material de hacerse de los instrumentos documentales necesarios a fin de rebatir o cuanto menos cotejar, todo lo actuado de oficio por la Administración, lo cual no podría haber sido realizado sin contar con los elementos contables obrantes en el Juzgado de Instrucción N°9.
Opina que, en aquellas actuaciones judiciales, los peritos contadores del fuero penal elaboraron la pertinente pericia del caso cuyas conclusiones resultan por demás demostrativas de las anomalías denunciadas oportunamente al iniciarse el mentado proceso penal. Además, informa que el Sr. Franzoni se encuentra procesado y embargado a título personal por un monto equivalente a pesos dos millones ($2.000.000).
Asevera que, el accionar administrativo se encuentra viciado de nulidad y de imposible reparación posterior, es decir, atravesado por una irregularidad tal que lo asimila a las características y efectos propios del acto nulo. En este sentido, recuerda que los funcionarios de la Administración analizaron en sede judicial 3892 fojas y que el cuerpo en traslado no tuvo más que 37 fojas, con un par de mínimas afirmaciones significantes de las cuales nada pudo decir por carecer de aquellos documentos a los cuales los funcionarios tuvieron acceso. Por un lado, insiste con la idea de que los agentes intervinientes no pueden haber cotejado tamaña cifra de documentación en tan sólo un par de horas y, por el otro, que le requerían que formule un descargo sobre una síntesis de 3892 fojas expuestas en 37 páginas. Indica que mal podría la Administración resguardar la garantía constitucional del debido proceso y el derecho de defensa si conocía la imposibilidad legal y fáctica de acceder a la documentación que pudiera avalar su descargo.
Explica que no tuvo en cuenta el organismo fiscalizador que se encuentra en el estado de “quebranto” financiero y económico, por haber sido afectada por las irregularidades seguidas por quien tuvo a cargo la administración de la sociedad. Asimismo, describe que solicitó sin respuesta a la autoridad administrativa la suspensión del procedimiento hasta tanto se resuelva la causa penal iniciada contra su administrador, en razón de que las Salidas No Documentadas, y que dieron origen a la determinación de oficio llevada a cabo por ese organismo de los Impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado, tuvo su fuente en las facturas apócrifas que el mismo imputado de esa causa penal reconoció haber utilizado.
Formula planteo del caso federal para el supuesto improbable de que las instancias ordinarias no acogieran la acción deducida formal o sustancialmente. En definitiva, por todo lo expuesto, expone los argumentos de hecho y de derecho en que funda su pretensión y solicita se revoquen las resoluciones apeladas, con costas.
II. Que, a fs. 59/73 y a fs. 142/456 el Fisco Nacional contesta los recursos deducidos en autos solicitando que se confirmen las resoluciones recurridas, con costas.
Arguye que corresponde rechazar categóricamente lo manifestado por la actora en torno al planteo de nulidad de lo actuado durante la sustanciación del procedimiento determinativo, por cuanto se ha respetado su derecho de defensa, circunstancia que se verifica con la vista corrida, y mediante la notificación de las resoluciones apeladas en las que se describieron los cargos administrativos imputados.
Afirma que, en sede administrativa, la recurrente pudo ejercer su derecho de defensa como también ante el Tribunal Fiscal de la Nación, pero sin embargo no arrimó prueba que desvirtuara la pretensión del ente fiscalizador. Por lo tanto, indica que si la recurrente discrepa con el Organismo fiscalizador acerca de la metodología seguida a los fines de la determinación administrativa no es una cuestión que afecta la validez del acto, sino que integra el fondo mismo de la cuestión.
Describe que, desde el inicio de la inspección y durante todo el procedimiento, la recurrente en ningún momento solicitó vista de las actuaciones administrativas, razón por lo cual surge evidentemente que no puede alegar como defensa la falta de oportunidad para tomar vista de la documentación dado que la documental que fundamentó los cargos formulados se encuentra agregada a los presentes autos y estuvieron siempre a su disposición. Por otra parte, sostiene que en las resoluciones atacadas se exponen, en forma clara e indubitable, la totalidad de los hechos acontecidos en las actuaciones. Describe que en relación a las erogaciones de fondos atribuidas a los proveedores observados, correspondió otorgarles el carácter de Salidas No documentadas conforme a lo previsto por el artículo 37 de la Ley de impuesto a las ganancias y al artículo 55 de su Decreto reglamentario N° 344/98. Recalca que al ajustar sus declaraciones juradas del impuesto a las ganancias por los períodos fiscales 2000 y 2001, se incrementó la base imponible con el monto que surge de las facturas correspondientes a las operaciones, razón por la cual las erogaciones de fondos atribuidos a los proveedores no se pudieron correlacionar con la documental por ella exhibida. Relata que, a fin de determinar el importe adeudado en dicho concepto, se aplicó sobre el valor de cada pago -total o parcial- la alícuota vigente al monto de la fecha de pago de las facturas cuestionadas.
Describe que, en efecto, cuando la accionante transcribe parte de la resolución atacada lo hace en forma parcial ya que la fiscalización no solo observó que la única documentación secuestrada en el Juzgado corresponde a comprobantes varios de caja y órdenes de pago sino que también se dejó constancia de que de la Pericia Contable obrante en el expediente judicial, surge que la única documentación relevada corresponde a Libros Diario, Inventario y Balances, IVA Compras, IVA Ventas y Balance contable de los ejercicios fiscales 2000 y 2001, destacando que los ajustes por los cuales se le corrió vista corresponden al ejercicio fiscal 2002.
Alega que la documentación que obra en el Juzgado no resulta conducente para dirimir la cuestión debatida y así fue expuesto en las resoluciones recurridas. Además, puntualiza que los cargos efectuados en la Vista corrida se encuentran identificados en forma clara, precisa y detallada con el único fin de garantizar el debido derecho de defensa que le asiste a la contribuyente.
Dice que se cumplimentaron todos los requisitos esenciales y sustanciales exigidos por las normas que reglan la sustanciación del procedimiento previsto en el ordenamiento jurídico, como así también aquellos que resultan implícitos cumpliéndose con la finalidad que resulta de la normativa que otorga las facultades pertinentes al Órgano emisor. Agrega que el juez administrativo competente, ordenó con fecha 19/10/2004 una medida para mejor proveer teniendo en cuenta los hechos controvertidos por la contribuyente en su descargo a la vista corrida de fecha 23/07/2004 al sólo efecto de garantizar el derecho de defensa que le asiste a la administrada, con el objeto de que personal del organismo se constituyera en el Juzgado Nacional de primera Instancia en lo Criminal N° 9, Secretaría N° 108, en donde se tramita la causa N° 22.552/03 caratulada: "Franzoni, César s/ Defraudación" a fin de tomar vista de la totalidad de las actuaciones allí obrantes.
Explica que los funcionarios ratificaron lo actuado oportunamente por la fiscalización, ya que los elementos observados, no modificaron ni aportaron elementos de interés fiscal. Todo ello fue debidamente notificado a la contribuyente - conjuntamente con las actuaciones de 37 fojas llevadas a cabo ante el citado Juzgado-, otorgándole un nuevo plazo de 15 días para que ejerciera su derecho de defensa, que así lo hizo. En definitiva, la recurrente no ha acreditado cuál es su interés en plantear la nulidad de las resoluciones.
Aduce que ante todo corresponde destacar, que la recurrente rectificó las declaraciones juradas del Impuesto a las ganancias por los ejercicios 2000 y 2001, reconociendo como inexistentes las operaciones que atribuyó a diversos proveedores que fueron observados por la fiscalización. Asimismo, describe que, efectivamente de la auditoría fiscal efectuada, las operaciones rectificadas por la sociedad, corresponden a proveedores observados, tal como dan cuenta las diligencias practicadas por el personal actuante y que integran los antecedentes administrativos. Confirma que la contribuyente presentó respecto del período fiscal 2002 la declaración jurada del Impuesto a las ganancias en cero, razón por lo cual la fiscalización actuante procedió a reconstruir la verdadera carga tributaria de la contribuyente teniendo en cuenta los ingresos, costos y gastos del ejercicio fiscal 2002, determinando de oficio el tributo dejado de ingresar. Informa que si bien la firma Mandar S.A. se encuentra incluida en la causa penal N° 2012/02 caratulada: "Goffredo, Rubén Guillermo y Otros s/ Infracción de la Ley N° 24.769", la determinación de oficio practicada en la resolución recurrida, se refieren a otros conceptos de ajustes.
Reitera que las actuaciones cuentan con todos los elementos fundantes de los ajustes tales como: copias de registros contables, facturación realizada, libros utilizados, todas debidamente certificadas por el responsable de la firma. Indica que, en virtud de lo expuesto, se desprende que la actora rectificó las DDJJ del impuesto a las ganancias, incrementando la base imponible del tributo en el monto que atribuyó originariamente a proveedores observados. Como consecuencia de las tareas de auditoría fiscal, destaca registros respaldados con documentación apócrifa proveniente de distintos proveedores instrumentada presumiblemente con el propósito de disminuir el monto imponible en el impuesto a las Ganancias. Afirma que, al conocer las observaciones, el contribuyente rectificó las declaraciones juradas en dicho impuesto por los periodos 2000 y 2001 incluyendo como ajuste el monto neto que surge de las facturas correspondientes a los proveedores apócrifos.
Con respecto a la declaración jurada correspondiente al impuesto a las ganancias por el ejercicio 2002 detalla que fue presentada en cero y que se procedió a determinar la carga tributaria teniendo en cuenta los ingresos por ventas, los costos, los gastos, las facturas impugnadas y las retenciones. En igual sentido, manifiesta que se puede constatar en los Antecedente Administrativos todas las tareas efectuadas por la fiscalización a los efectos de determinar la materia imponible correspondiente al impuesto a las ganancias por el ejercicio 2002 (circularización al PAMI, libro IVA Ventas, libro IVA Compras, etc.).
Describe que la finalidad del instituto de salidas no documentadas es imponer una tasa máxima a quien efectúe erogaciones sin respaldo documental, es decir que, ante la falta de individualización de los beneficiarios, el responsable de la erogación queda obligado ante la ley a ingresar sobre ello el tributo y debe hacerlo a título propio. Indica que para que se permita la deducción de un gasto, debe probarse que el mismo fue efectivamente realizado y que, además fue incurrido con el fin de obtener, mantener y conservar ganancias gravadas correspondiendo estar toda la operatoria comercial con la que se relaciona debidamente documentada con comprobantes válidos.
Concluye que la firma no puede desconocer el accionar de ese Organismo ni la fuente de la documental entregada oportunamente, por el solo hecho de que el Ex-Presidente de la firma se encuentra investigado penalmente. En este sentido, indica que la recurrente no arbitró medios a los efectos de registrar sus operaciones comerciales de acuerdo a las normas que rigen a las sociedades comerciales invocando solamente que existe un proceso penal contra su ex presidente. Asimismo, argumenta que resulta poco diligente el comportamiento y las afirmaciones del actual Directorio de la sociedad, teniendo en cuenta que sus únicos argumentos se refieren a la falta de documentación para contestar la vista, cuando surge evidente que no llevó adelante acción alguna a los efectos de tomar vista del expediente administrativo. Apunta que la apelante no ha expresado agravios concretos sobre los intereses resarcitorios aplicados de conformidad con el artículo 37 de Ley N° 11.683. Por lo tanto, dicho concepto ha quedado firme y consentido, no pudiendo la actora introducir cuestionamiento alguno en ulterior instancia.
Por último, cita jurisprudencia en respaldo a su criterio y hace reserva del caso federal, solicitando se confirmen las resoluciones en todas sus partes.
III. Que, a fs. 171/171vta, se encuentra la resolución del Tribunal en Pleno en la cual se ordenó acumular el Expte. N° 26.201-I al Expte. N° 26.199-I, de igual carátula.
Por otro lado, a fs. 192/192vta, el pronunciamiento plenario resolvió que no resulta posible la acumulación del expediente N° 26.199-I con el expediente N° 26.200-I en el cual se apelaba la Resolución N° 183/2005 emanada por la División Revisión y Recursos I Microcentro de la AFIP – DGI en virtud de la cual se determinaba la obligación tributaria de la responsable frente al IVA por los periodos fiscales 9/00 a 7/02 (ambos inclusive) y se liquidan intereses resarcitorios discutiendo el carácter exento o gravado de las operaciones de traslado y hospedaje que habría realizado la contribuyente con el PAMI.
A fs. 273 se elevan los autos a la Sala B y seguidamente se ponen los mismos para sentencia.
IV. Que, corresponde a este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo a los términos en que ha quedado trabada la litis.
En principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/ Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. C/ Universidad de Buenos Aires s/ Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
V. Que, en primer término, por lógica precedencia, este Tribunal debe pronunciarse sobre si las resoluciones apeladas se ajustan a derecho respecto del planteo de nulidad esbozado por la recurrente a lo largo de sus escritos de inicio. Cabe señalar que para la procedencia de la nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que originen el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que puedan dar lugar a la indefensión, razón por la cual, las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría privado de oponer al impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma.
Ello así, quien la invoca debe ofrecer elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si pretende que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/daños y perjuicios”, CSJN, 5/10/95, T. 318, P. 1798; “Aguirre, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324, P.151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E) s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED., SALA II, 9/10/96, entre otros).
En relación a lo estrictamente formal, las resoluciones determinativas de autos, en cuanto acto administrativo, aparecen satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se hubiera apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo.
Según surge de los antecedentes administrativos, ante la vista de los cargos formulados, la recurrente tuvo oportunidad de presentar su descargo e incluso se le otorgaron los pedidos de prórroga. Los funcionarios fiscales como medida para mejor proveer tomaron vista de la Causa "Franzoni, César s/ Defraudación (Expte. N° 22.552/03)”, otorgándosele un plazo de quince (15) días el 17/02/2005 para contestar el corrimiento de vista efectuado, el que acaeció el 16/03/05. Finalmente el 6/05/2005 se le otorgó un último plazo para aportar las pruebas que considere, habiendo presentado la recurrente su escrito de descargo con fecha 1/06/2005.
Al respecto, es preciso indicar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, la determinación de oficio, como especie de acto administrativo, goza de presunción de legitimidad, es decir, que se presume que ha sido emitida conforme al ordenamiento jurídico y la misma subsiste en tanto no se declare la eventual invalidez por el órgano competente, correspondiendo al contribuyente la carga de probarla, circunstancia que no se produjo en autos.
Si bien la actora afirma que se violentó su derecho de defensa por considerar que la AFIP tenía conocimiento de su imposibilidad legal y fáctica de acceder a toda la documentación necesaria para contestar la vista conferida en sede administrativa al encontrarse en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción N° 9 en el marco de la causa mencionada, lo cierto es que tal como puede observarse de los antecedentes administrativos en instancia administrativa y en las presentes actuaciones, la recurrente realizó manifestaciones sin aportar ningún elemento de prueba convincente que permita rebatir el ajuste fiscal atacado.
Asimismo, tampoco se observan agravios específicos contra los supuestos defectos de las resoluciones apeladas en autos, ni ha demostrado perjuicios concretos como consecuencia de éstas, por lo que este Tribunal no observa que se haya violentado el derecho de defensa de la actora e incluso aun cuando hubiera existido se pudo haber subsanado en esta etapa jurisdiccional.
Además, corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del artículo 171 de la ley ritual, sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal, razón por la cual no correspondería un tratamiento incidental como tampoco una imposición de costas autónoma. En este aspecto, es pertinente citar lo expresado por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia del 24/08/2007), por cuanto “…al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o especifica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco el tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial…”.
En el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y -tal como lo puso de relieve el a quo- la actora la planteó ‘como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal’ (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B- 485-XLV, “Bolland y Cia S.A”, sentencia del 21/02/2013).
En virtud de ello, se rechazan los agravios de nulidad articulados por la apelante, no correspondiendo imponer costas en forma autónoma.
V. Que, a continuación, corresponde que este Tribunal analice el fondo de la cuestión traída a decisión, de acuerdo a los términos en que ha quedado trabada la litis.
Con respecto a la determinación relativa al Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2002, el Fisco Nacional reconstruyó la misma ante la presentación original en cero por parte de la recurrente, considerando incluso la impugnación de gastos por proveedores considerados apócrifos (Multiservicios Rapid Car SRL y CITIMED - Carvajal, Hugo A y Diez, Norberto S.H).
Cabe aclarar que CITIMED - Carvajal, Hugo A y Diez, Norberto S.H. figura en la base APOC, no presenta DDJJ de ningún impuesto y no fue localizado. Por su parte, Multiservicios Rapid Car SRL, surge como uno de los proveedores de facturas apócrifas en el marco de la causa penal caratulada: “Goffredo, Ruben y otros s/Infracción Ley N° 24.769” (Causa 2012/2002) en trámite ante el Juzgado Nacional Penal Económico 1 -Secretaría 2-. Se constató que no posee empleados y presenta DDJJ siempre con saldo a favor del contribuyente en IVA y en el impuesto a las ganancias nunca presentó, no tuvo cuentas bancarias ni registra ningún tipo de registración contable.
En relación a la determinación del Impuesto a las Ganancias - Salidas No Documentadas, por los períodos 03/2000 a 7/2001 y 9/2001 corresponde a los pagos realizados a los proveedores considerados apócrifos (Analog Computer S.A., Ayersa S.A., Building Construcciones S.A., Memory Systems S.A., Mercoinsumos S.A., Multiservicios Rapid Car S.R.L., D & M Consultores en Informática S.A., Prinser S.R.L., Recoflex S.R.L., Picksaut S.R.L. y Time S.A.) respecto de estos no se ha podido demostrar la actividad económica que la recurrente dice que estos sujetos habrían realizado, dado los elementos contundentes que la fiscalización recabó (no localización en el domicilio declarado, sin empleados, DDJJ en cero o saldos a favor permanentes, imprentas no localizadas, no contestación de requerimientos, etc.). Conviene agregar que la propia recurrente ha rectificado sus declaraciones juradas por los períodos fiscales previos (2000 y 2001) reconociendo el carácter apócrifo de tales proveedores.
Al respecto, en el particular, la apelante no realiza agravios concretos contra los actos en crisis ni propone prueba para revertir lo resuelto por el juez administrativo. La parte sólo se limitó a mencionar que no logró realizar una correcta defensa, por no contar con la documentación obrante en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción N° 9, en los autos caratulados: "Franzoni, César s/ Defraudación" (Expte. N° 22.552/03), sin embargo, tal como surge de las Actuaciones Administrativas en ningún punto acompañó ni siquiera produjo prueba contra las resoluciones apeladas.
Frente a este panorama, es importante recordar que la prueba constituye la actividad procesal encargada de producir el convencimiento o certeza sobre los hechos controvertidos y supone un imperativo del propio interés del litigante quien, a su vez, corre el riesgo de obtener una decisión desfavorable en el caso de adoptar una actitud omisiva. Siendo en el caso aplicable la regla “onus probandi incumbit eu qui dicit”, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, puesto que como establece el artículo 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Al ser ello así, correspondía que la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditara la verdad de sus dichos, esto es, evidenciar la realidad de las operaciones impugnadas por la inspección actuante, toda vez que es la parte que se encuentra en mejores condiciones de hacerlo (cfr. “Molla, Pedro José”, TFN, Sala A, 27/03/2002, confirmado recientemente por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cont. Adm. Federal, Sala IV, 27/04/2007). En consecuencia, "la carga de la prueba no supone ningún derecho del adversario, sino un imperativo del propio interés de cada litigante; es una circunstancia de riesgo, que consiste en que quien no prueba los hechos que debe probar, pierde el pleito" (cfr. CNCiv., Sala C - La Ley T.117:808, 11371-S)” correspondiendo concluir, que los agravios de la recurrente, sobre quien pesaba la carga de demostrar sus afirmaciones (arg. artículo 377 del C.P.C.C.N.), al no ser sustentados por actividad probatoria idónea, resultan meras consideraciones dogmáticas, que no logran conmover las conclusiones a las que arribara el juez administrativo en las resoluciones apeladas en autos, razón por la cual corresponde confirmar las mismas, en cuanto fueron materia de agravios.
En este contexto, la evaluación de los distintos fundamentos obrantes en la presente causa y de los antecedentes administrativos, resulta suficiente para confirmar los actos apelados en cuanto a la determinación del Impuesto a las Ganancias y al Impuesto a las Salidas no Documentadas, con costas.
VI. Que, no habiendo agravios concretos respecto de los intereses resarcitorios, sólo cabe su confirmación, recordándose que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco, como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias. (cfr. CSJN, CITIBANK NA c/ DGI, 01/06/2000).
Por ello, SE RESUELVE:
1. Confirmar las resoluciones en las presentes actuaciones, con costas.
2. Regular los honorarios por todo concepto, correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, en su conjunto, en la suma de pesos veintiún mil ($21.000.-) por el apoderamiento, y en la suma de pesos cincuenta y dos mil ($52.000.-), por el patrocinio letrado, haciendo constar que quedan a cargo de la recurrente y que dicho monto no incluye el Impuesto al Valor Agregado y que a efectos de dicha regulación, se tuvo en cuenta la ley vigente al momento en que se cumplió la labor desarrollada en autos.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2022.12.07 18:35:46 ART Date: 2022.12.07 18:56:42 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.12.07 19:52:34 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.12.07 19:53:01 -03:00
Fin de la sentencia