Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Martín, Sala II · Causa 73453
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el pronunciamiento recurrido, aunque por los fundamentos expuestos.
2Imponer las costas de Alzada al recurrente vencido.
3Diferir la regulación de honorarios para la etapa procesal oportuna.
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A la cuestión propuesta, la señora juez Dra. Scarpati dijo:
I. La sentencia dictada en autos, en lo pertinente, decide: 1º) hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por Adriana Constantino, y 2º) imponer las costas al demandante.
Este último apela el pronunciamiento y funda su recurso en la memoria de fojas 247/249, replicada a fojas 250/251.
II. El agraviado cuestiona la admisión de la defensa de prescripción.
En lo sustancial, alega que: 1º) no tomó conocimiento del fraude perpetrado en contra de sus derechos al otorgarse la compraventa inmobiliaria simulada (21/11/1991), sino recién en la audiencia preliminar que tuvo lugar en el proceso por liquidación de la sociedad conyugal, que se realizó en septiembre de 2014; 2º) su parte reclamó por fraude a la sociedad conyugal y no por simulación; 3º) el fraude se produjo al momento de negarle sus derechos sobre el inmueble su ex cónyuge en la apuntada audiencia, al manifestar allí que el bien pertenecía a su madre; 4º) efectivamente conoció el carácter simulado de la compraventa en el momento mismo de su celebración; 5º) su ex esposa y él se comportaron como dueños del bien hasta que, ya divorciados, ella pretendió negarle sus derechos; 6º) el fraude queda consumado con esa negativa a reconocerle carácter ganancial y no con el otorgamiento del acto simulado, en tanto todos estaban contestes en realizarlo de la manera en que se perfeccionó.
III. La codemandada Ana Adriana Constantino solicita la confirmación del fallo al contestar el traslado de la memoria.
Alega que: 1º) el plazo prescriptivo aplicable debe computarse desde que el actor tuvo conocimiento del carácter simulado o fraudulento del acto; 2º) el demandante reconoció que supo que la venta a favor de su madre no era real desde de que ella se celebró, y 3º) su parte resulta totalmente ajena a las contingencias que pueda presentar la liquidación de la sociedad conyugal entre él y la restante litisconsorte pasiva.
IV. El recurso no debe prosperar.
IV.1. Conviene, ante todo, una sucinta referencia a los rasgos característicos de la pretensión del actor.
En su escrito introductorio, reclamó que se declare nula por simulada la compraventa inmobiliaria instrumentada en la escritura referida en el considerando V de la sentencia. Mediante ella, la madre de las demandadas (hoy fallecida) adquirió el respectivo inmueble que, según estima, pertenecería a la comunidad conyugal que conformara, a la sazón, con su ex esposa.
Esa escritura, como se ha señalado, fue otorgada el 21/11/1991 y el actor admite que tuvo conocimiento del pregonado carácter simulado de ese acto jurídico desde su otorgamiento.
IV.2. La sentencia recurrida decide someter el plazo prescriptivo aplicable al régimen del Código Civil derogado, por entender que el término se hallaba totalmente finiquitado al cesar su vigencia, el 31/7/2015 (artículos 7º y 2537 primer párrafo, Código Civil y Comercial, y 3º del Código derogado).
La memoria no contiene objeciones sobre ese punto, más allá del acierto de la conclusión deslizada en el considerando V último párrafo de la sentencia recurrida, en cuanto a la inaplicablidad del nuevo régimen a un plazo transcurrido íntegramente antes de entrar él en vigor, que se deduce claramente del primer párrafo el citado artículo 2537, que habla de una “prescripción en curso”.
IV.3. Concluido ese prólogo, corresponde analizar las cuestiones planteadas.
a) La acción promovida es claramente de simulación. El acto simulado, según lo argüido por el agraviado, no fue otorgado con el fin de defraudar sus derechos sobre la comunidad ganancial. Tal propósito o designio es esencial para que se configure el fraude que se invoca.
El carácter fraudulento no puede predicarse de la mera negativa a reconocer la aducida ganancialidad del bien. De tal calificación sólo puede ser pasible el acto transmisivo que sirve de sostén de ella, porque lo que se cuestiona es, precisamente, su eficacia (la de la venta). Como señala el agraviado, los móviles que habrían inducido a las partes a designar una supuesta interpósita persona (la madre de las accionadas) son equidistantes de cualquier intento de perjudicarlo o privarlo de sus derechos sobre el patrimonio ganancial (doct. artículo 961, Código Civil).
El propio demandante, por lo demás, reconoce que el acto dispositivo fue simulado y que, en última instancia, el menoscabo de sus derechos provino de una contingencia posterior, patentizada por el ulterior divorcio y la negativa de su ex esposa a reconocer: 1º) el vicio que aquí invoca, y 2º) el acto real o no ostensible que se escondería detrás del aparente (artículo 956 “in fine”, Código Civil). Tal pretensión está claramente orientada a restar eficacia a la operación ficticia para dejar al descubierto la disimulada, que es, precisamente, la que permitiría incorporar el inmueble dentro de la comunidad ganancial. Ese rasgo, propio del objeto descripto, se enmarca jurídicamente en la acción de simulación (artículo 163 inciso 6, CPCC).
Así la ha calificado la sentencia recurrida, por lo que, dadas las conclusiones precedentes, he seguir tal enfoque.
b) Dentro de ese encuadre, el pronunciamiento juzga aplicable, en principio, el plazo bienal previsto en el artículo 4030 del Código Civil. Al mismo tiempo, precisa una característica crucial para el esclarecimiento del caso, que el recurrente no atina no ya a controvertir, sino, siquiera, a identificar. Paso a explicarme.
La sentenciante indica que el “dies a quo” del plazo prescriptivo no se calcula desde “que el aparente titular del derecho hubiera intentado desconocer la simulación”, según prevé la parte final del citado artículo 4030. Destaca que el accionante agraviado “resulta ser un tercero para quien el cómputo del plazo comienza a correr desde que tomó real conocimiento del mismo” (ver considerando VI anteúltimo párrafo). En el considerando VII insiste en ese mismo enmarcamiento, al señalar que “el accionante es a los efectos del acto atacado un tercero y por lo tanto el cómputo del plazo prescriptivo nace en el mismo momento de la celebración del acto” (ambos subrayados son míos).
Esta precisión es decisiva. El artículo 4030 prevé que: 1º) “Prescribe a los dos años la acción para dejar sin efecto entre las partes un acto simulado, sea la simulación absoluta o relativa” (primer párrafo), y 2º) “El plazo se computará desde que el aparente titular del derecho hubiere intentado desconocer la simulación” (segundo párrafo incorporado por el artículo 1º de la ley 17.711). Al margen de si se aplica o no el plazo bienal de prescripción a la acción de simulación instada por quien no inviste en él la calidad de parte, lo cierto es que el “dies a quo” previsto en el punto 2º sólo tiene sentido frente a una acción de simulación entre partes. Cuando quien la articula es un tercero, el plazo prescriptivo, necesariamente, ha de computarse desde que ese afectado toma conocimiento del vicio del acto jurídico. Esta distinción surge clara, hoy día, de lo establecido en el artículo 2562 incisos “b” y “c” del Código Civil y Comercial.
En ningún fragmento de la memoria el agraviado pone en discusión la calidad de tercero que la señora juez “a quo” le endilga en el marco de la supuesta simulación relativa, por la que pretende incluir el bien dentro del acervo ganancial. Sólo de investir la calidad de parte (en el negocio disimulado u oculto, en el caso), quedaría él facultado a computar el desconocimiento de la simulación (en apariencia, expresado en la audiencia preliminar celebrada en el proceso por liquidación de la sociedad conyugal), formulado por parte de la aparente titular del derecho (en el caso, ante su fallecimiento, invocado él por sus herederas), para que pueda cobrar inicial impulso el plazo prescriptivo. Empero, insisto, la memoria no atina siquiera a referir a este punto crucial. No hay, pues, intento alguno de arrogarse la condición de parte en el negocio real y de controvertir esa calidad de tercero, de modo de poder prevalerse del hecho disparador de la prescripción liberatoria previsto para esos casos.
Según el artículo 260 primer párrafo del CPCC, “el escrito de expresión de agravios deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas”. La falta de controversia sobre ese punto medular trasluce su aceptación y su consiguiente firmeza (doct. artículo 261, CPCC).
Por lo tanto, el plazo prescriptivo inaugura su curso, en general, desde el conocimiento que tuvo el tercero del acto simulado.
c) En el caso concreto, empero, se presenta una particularidad que impide abrazar ciegamente la conclusión sentada en el punto anterior.
Al momento de perfeccionarse la venta cuestionada, el actor estaba casado con la codemandada María Elena Constantino, legitimada pasiva necesaria de la presente acción. El vínculo matrimonial cesó con la sentencia de divorcio, que data del 17/3/2004. En el ínterin, el plazo prescriptivo estuvo suspendido en virtud de los artículos 3969 y 3970 del Código Civil derogado.
Desde esa fecha (17/3/2004), el actor tuvo a su alcance la posibilidad de reclamar judicialmente que se repute simulada de la aludida venta (artículo 3956, Código Civil), para así incluir el bien dentro de la comunidad ganancial. La presente demanda fue promovida el 20/11/2014 (ver cargo de fojas 35 vuelta). Para entonces, no sólo se hallaba largamente extinguido el plazo bienal del artículo 4030 ya citado, sino, además, también lo estaba el decenal del artículo 4023 del Código Civil, que comporta el lapso genérico y más amplio de prescripción liberatoria previsto en ese ordenamiento, hoy derogado.
Por ende, cualquiera de ambos que fuere aplicable en la acción de simulación articulada por tercero (tal la calificación no controvertida puntualmente por el recurrente), el lapso de ellos quedó concluido tiempo antes inicio de la demanda e, incluso, de la intimación que la cuenta la misiva de fojas 16. Esta última no logró consumar el efecto suspensivo que le asigna el artículo 3986 segundo párrafo del Código Civil, pues la prescripción, para entonces, había dejado de estar en curso.
d) La supuesta actitud renuente a aceptar el carácter simulado del acto no comporta, como se ha señalado, el puntapié inicial del plazo prescriptivo, que precedió a ese suceso.
Llegado el caso, eventualmente, si tal comportamiento de la demandada reflejara una actitud dolosa suya tendiente a postergar el inicio de la acción y él se patentizara en oportunidad de expirar el plazo computable, el legitimado pudo aducir, en beneficio propio, el instituto de la dispensa de la prescripción cumplida (artículo 3980 segundo párrafo del Código Civil, t.o. ley 17.711). Esa figura no ha sido siquiera invocada, por lo que, a falta de petición concreta en tal sentido, no corresponde analizar si están configurados o no los extremos habilitantes de su aplicación.
V. Por lo expuesto, propongo: 1º) confirmar el pronunciamiento recurrido, aunque por los fundamentos expuestos; 2º) imponer las costas de Alzada al recurrente vencido (artículo 68, CPCC), y 3º) diferir la regulación de
honorarios para la etapa procesal oportuna (artículo 31, ley arancelaria).
Voto por la AFIRMATIVA.
La señora juez Dra. Valdi, por las mismas razones, adhiere.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente
Por los fundamentos dados en el Acuerdo precedente SE RESUELVE: 1º) CONFIRMAR el pronunciamiento recurrido, aunque por los fundamentos expuestos. 2º) IMPONER las costas de Alzada al recurrente vencido. 3º) DIFERIR la regulación de honorarios para la etapa procesal oportuna. REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE.-
Fin de la sentencia