Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2024-98103043-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N° RESOL-2024-3443-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, dictada por el Sr. Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en las Actuaciones N° 13657-106-2019/1.
2Costas a la vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-138712744-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 15 de Diciembre de 2025 SGASAD#TFN En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala "G", Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados: "FRESNO OLIVAR ANATILDE ISABEL BARBARA c/ D.G.A. s/recurso de apelación", Expediente Electrónico N° EX- 2024-98103043- -APN-SGASAD#TFN, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. En el caso que se trae a consideración de este tribunal se condenó a la Sra. Bárbara Isabel Anatilde Fresno Olivar al pago de $1.123.908 en concepto de multa y al comiso de USD 19.656 y € 5.340 por encontrarse incursa en la infracción al régimen de equipaje prevista y reprimida por el art. 979 del Código Aduanero (CA).
II. Contra dicho pronunciamiento, la recurrente presenta un recurso de apelación mediante el cual solicita como primera medida que se declare la inconstitucionalidad del Decreto 258/99. Explica que posee problemas importantes de salud que derivaron en demencia, por lo que debe considerársela inimputable tanto penal como administrativamente. Señala que el motivo por el cual llevaba el dinero era para afrontar posibles contingencias médicas. Finalmente ofrece prueba, formula reserva de caso federal y solicita se revoque la resolución apelada.
III. Por su parte, la representación fiscal defiende la validez del acto administrativo. Sostiene que la actora intentó egresar del país una suma de dinero en moneda extranjera superior a los USD 10.000 mediante el régimen de equipaje, conducta expresamente prohibida por el Decreto 1570/2001 y sus modificatorios. Señala que el dinero constituye “mercadería” en los términos del artículo 10 del CA, y que su exportación en tales condiciones configura la infracción prevista en el artículo 979 del mismo cuerpo legal, sancionada con multa y comiso. Argumenta que no se cuestiona el derecho de la actora a disponer de sus fondos, sino el medio irregular elegido, pues debió canalizar la operación a través de entidades financieras autorizadas. Añade que el desconocimiento de la norma no exime de responsabilidad, dado el deber de conocimiento y diligencia que pesa sobre todo ciudadano. Cita jurisprudencia que presume finalidad comercial prohibida cuando se exceden los límites de divisas permitidos, configurándose una exportación ilícita. Finalmente ofrece prueba, formula reserva de caso federal y solicita se confirme el fallo aduanero, con costas.
IV. En esos términos, el primer agravio de la actora se refiere a la supuesta inconstitucionalidad del Decreto 258/99, norma que regula la distribución del producido proveniente de la venta de mercaderías objeto de comiso y de la aplicación de multas.
No obstante, la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación para pronunciarse sobre la constitucionalidad de normas fue expresamente analizada en el Acuerdo Plenario de la competencia aduanera de fecha 26 de abril de 2022, dictado en la causa “PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. c/DGA s/recurso de apelación” (EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN). En dicho precedente, los Vocales establecieron como doctrina legal que “el Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente”. En virtud de ello, y conforme a la doctrina plenaria citada, el planteo efectuado por la actora en torno a la inconstitucionalidad del Decreto 258/99 resulta improcedente y debe ser desestimado.
V. Sentado lo anterior, corresponde analizar si en el presente caso se ha configurado la infracción tipificada en el art. 979 del CA, que en su apartado 1 dispone que: “El viajero de cualquier categoría, el tripulante o cualquier persona que extrajere o pretendiere extraer del territorio aduanero por vía de equipaje o de pacotilla, según el caso, mercadería que no fuere de la admitida en tal carácter por las respectivas reglamentaciones, será sancionado con una multa de UNO (1) a TRES (3)veces el valor en aduana de la mercadería en infracción. 2. En el supuesto previsto en el apartado 1, si la exportación para consumo de la mercadería en infracción estuviere prohibida se aplicará además su comiso”. Del análisis del caso en cuestión, se desprende que la Sra. Anatilde Isabel Bárbara Fresno Olivar fue detenida por la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva Ezeiza de la Policía de Seguridad Aeroportuaria como consecuencia de un procedimiento efectuado el 22.04.2019, donde se advirtió que la misma pretendía exportar una suma de dinero que excedía lo permitido por la normativa vigente (llevaba USD 29.656 y € 5.340, siendo que solo se permite la exportación sin declaración de USD 10.000, lo que deja un remanente de USD 19.656 € 5.340 en infracción). En consecuencia, la pasajera fue imputada por la comisión del delito de contrabando previsto en el art. 863 del CA, siendo la causa remitida a la justicia en lo Penal Económico donde, luego de la investigación pertinente de los hechos, se resolvió absolver a la imputada por el citado delito. En atención a las resultas del procedimiento judicial, la Aduana desestimó la denuncia por contrabando y, en consecuencia, instruyó sumario por la infracción prevista en el art. 979 del CA. Posteriormente, la recurrente fue condenada por la Aduana, decisión que fue objeto de apelación, y es dicha apelación la que motiva los presentes actuados, a fin de analizar su procedencia y resolver conforme a derecho.
VI. En las condiciones expuestas, es importante aclarar que lo que se debate en esta instancia es si las divisas por el monto de USD 29.656 y € 5.340 que llevaba la Sra. Anatilde Isabel Bárbara Fresno Olivar constituían o no efectos admitidos o admisibles como equipaje.
Sobre este punto, no se encuentra controvertido en el caso de marras que la apelante pretendió egresar de la República Argentina con una cantidad de dólares estadounidenses y euros que excedían los límites permitidos por la normativa vigente. Al respecto, el art. 491 del CA establece que: “El Poder Ejecutivo podrá, por motivos fundados, restringir la aplicación del régimen previsto en este Capítulo con relación a determinados efectos”. A su vez, el art. 59 del Decreto 1001/82 dispone que: “A los fines de lo previsto en el art. 491 del Código Aduanero, exclúyese del régimen de equipaje: (…) c) toda mercadería cuya importación o exportación estuviere prohibida por razones no económicas”. El art. 7 del Decreto N° 1570/01, modificado por el decreto N° 1609/01, vigente al tiempo de los hechos investigados en la presente causa, expresa: “Prohíbese la exportación de billetes y monedas extranjeras y metales preciosos amonedados, salvo que se realice a través de entidades sujetas a la SUPERINTENDENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS y previamente autorizadas por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, o sea inferior a DÓLARES ESTADOUNIDENSES DIEZ MIL (U$S 10.000) o su equivalente en otras monedas, al tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA” (el resaltado me pertenece).
De una lectura armónica de las normas en juego, surge claramente que se sanciona a aquellos que pretendieren extraer del territorio aduanero por vía de equipaje billetes o monedas extranjeras por una suma superior a USD 10.000, siendo totalmente irrelevante si la obtención de los mismos fue legítima o si los mismos fuesen destinados a una actividad lícita.
VII. Finalmente, y con relación a la falta de actitud dolosa señalada por la recurrente, he hablado en precedentes anteriores acerca de que la responsabilidad en materia sancionatoria administrativa no se basa en la intención o culpa del sujeto, sino en el hecho de no cumplir con las obligaciones establecidas por la normativa. La imputación no requiere una evaluación moral del sujeto, sino una evaluación de su cumplimiento de las obligaciones. Además, la magnitud de la sanción no debe estar relacionada con la culpa, sino con el cumplimiento de las obligaciones. En este sentido, se diferencia de la teoría del delito y su enfoque en la acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. El principio de culpabilidad no se aplica en la misma forma en la materia sancionatoria administrativa.
Por todo lo expuesto, corresponde confirmar el decisorio aduanero, con costas.
Por ello, VOTO POR:
1. Confirmar la Resolución N° RESOL-2024-3443-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, dictada por el Sr. Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en las Actuaciones N° 13657-106-
2019/1.
2. Costas a la vencida.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero al Voto que antecede.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución N° RESOL-2024-3443-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, dictada por el Sr. Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en las Actuaciones N° 13657-106-
2019/1.
2. Costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2025.12.15 10:14:20 ART Date: 2025.12.15 16:17:49 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.12.15 20:37:49 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.12.15 20:38:25 -03:00
Fin de la sentencia