Abriendo la norma
Tribunal del Trabajo N.º 2 de Quilmes · Causa 38561
En la Ciudad de Quilmes, en la fecha en que se suscribe con firma digital (Ac. SCBA. 3975/20), se reúnen los señores Jueces que integran el Tribunal de Trabajo N° 2 de esta ciudad, doctores Marcela Silvia Vodeb, Marcelo Sebastián Amodio y Gustavo Francisco Ginocchio, a efectos de dictar SENTENCIA en la causa N° 38561 caratulada: " FRIAS LUCAS MARTIN C/ PROVINCIA ART S.A S/ ACCIDENTE IN-ITINERE " Practicada la desinsaculación que determina el art. 263 del Código Procesal Civil y Comercial (Art. 89 ley 15.057), resultó el siguiente orden de votación: AMODIO*VODEB*GINOCCHIO
El Tribunal resuelve guardar el orden de votación establecido y plantear las siguientes CUESTIONES:
1. ¿Qué hechos, inherentes a la litis, han sido acreditados?
2. ¿Es procedente la acción instaurada en autos?
3. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. AMODIO DIJO:
Se presenta la actora la Dra. LAURA MORELLI en su carácter de apoderada de FRIAS LUCAS MARTIN promoviendo demanda contra PROVINCIA ART S.A reclamando indemnización por ACCIDENTE IN ITINERE en el marco de las Leyes 24.557, 26.773 y 27.348.
Refiere que el actor ingresó a trabajar en el año 2016 bajo las órdenes de su empleador TRANSPORTES SAN JUAN BAUTISTA SA con una jornada de trabajo de seis días semanales con franco rotativo de 5.30am a 13.00 horas, en el puesto de conductor de colectivo.
Relata que el día 20/05/2022, cerca de las 5.15 horas de la mañana cuando el actor se dirigía de su casa al domicilio laboral, de camino a la remiseria tropieza con un desnivel de la vereda, cae al suelo y se dobla tobillo y rodilla izquierda.
Manifiesta que dicha circunstancia fue puesta en conocimiento del empleador y fue atendido por los prestadores de la ART siendo derivado a RIO VARADERO SA, Medicina Laboral, donde le realizan las primeras curaciones y le realizan RMN de rodilla y tobillo que diagnosticaron: Esguinces y torceduras del tobillo izquierdo (Ligamento): calcáneo peroneal colateral interno deltoideo peroneo astragalino. Esguince y torcedura de rodilla izquierda con incremento de líquido intra-articular. Luego del seguimiento médico le otorgan el alta médica con incapacidad el día 10/06/2022.
Declara haber dado cumplimiento con el tránsito administrativo ante la SRT mediante expediente SRT N°: 258503/22 VALORACIÓN DE DAÑO, en la que establece una indemnización a favor del trabajador por Esguince y torcedura de tobillo izquierdo, incapacidad 5.41 % y un monto indemnizatorio de $ 1.024.389.41 y el órgano administrativo no homologa el acuerdo por considerar que el trabajador no posee incapacidad según el baremo de ley. Procede a iniciar expediente de Determinación de la Incapacidad, N°: 282812/22, en el que se determina que el actor no posee incapacidad.
Reclama una incapacidad Fisica del 15 % y Psíquica 10 % lo que totaliza un 25% de la T.O.
Ofrece prueba, plantea diversas inconstitucionalidades de la ley de riesgos de trabajo, funda su derecho, efectúa liquidación, solicitando la eventual actualización mediante índice RIPTE, plantea inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 y peticiona se haga lugar a la demanda con costas.
Corrido el pertinente traslado a la contraria, comparece en representación de la demandada PROVINCIA ART SA, el Dr. PABLO MANUEL PADILLA, quien previo a efectuar una negativa general y particular de los hechos de la demanda, solicita el rechazo de la acción con costas.
Reconoce haber recibido una denuncia del actor en fecha 20/05/2022 que ingresa con los números 02185888/001/00, 02185888/001/01, 02185888/001/02 y precedieron a procedió a realizarle los estudios médicos de rigor, asistencia médica, farmacológica, RMN, FKT y controles posteriores y habiendo brindado todas las prestaciones médicas necesarias para su correcta evolución, procedieron a otorgarle el ALTA MÉDICA SIN INCAPACIDAD en fecha 10/06/2022.
Indica que el actor inició un expediente administrativo ante la SRT N° 282812/22, en la Comisión Médica N° 373 - QUILMES, con motivo de Determinación de Incapacidad y en 26/01/2023 emitió el correspondiente dictamen médico, el cual concluyó que el actor no presenta secuelas generadoras de incapacidad laboral, lo que fue homologado el 2/2/2023.
Denuncia que el actor es poseedor de una incapacidad preexistente del 5.41% de la T.O. Así como también, debido a un infortunio anterior inició un proceso judicial bajo el expediente Nº 48373/13 ante la justicia laboral de nación, donde el perito determinó que el actor era poseedor de una incapacidad física del 20,8%.
Contesta los planteos de inconstitucionalidad de la ley 24.557 que fueran formulados por el actor.
La parte actora contesta el traslado, se procede a la apertura a prueba. Se reciben digitalmente los oficios diligenciados por las partes. Se agrega la prueba médica el 27/5/2024 contestando el perito actuante las impugnaciones efectuadas por la parte demandada. En fecha 20/10/2025 se realiza el cálculo de IBM por Secretaría. Que no habiendo prueba pendiente de producción. Pasan los autos para alegar, ejerciendo tal derecho la parte ACTORA. Quedando la causa en estado de dictar Sentencia definitiva.
2. Hechos acreditados:
De los escritos constitutivos del proceso, las pruebas colectadas, y tal como ha quedado trabada la litis ( art. 375 CPCC) analizaré en conformidad a las reglas de la sana crítica ( art. 57 inc. d. ley 15.057) las probanzas arrimadas a la causa.
a. No se encuentra controvertido en autos que el actor prestaba servicios a favor de TRANSPORTES SAN JUAN BAUTISTA SA y que existía entre esta y PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. un contrato de afiliación bajo el Nº 204830, sometido a las disposiciones de la Ley 24.557 para la cobertura de riesgos del trabajo.
b. Con la constancia del expediente administrativo tengo por probada la existencia del siniestro y su ocurrencia con fecha 20/5/2022 , mientras el actor se dirigía a su trabajo. La aceptación del siniestro y el otorgamiento de las prestaciones correspondientes por parte de la ART, sin haber mediado rechazo oportuno, a la luz de lo dispuesto en el artículo 6º del Dec. 717/96 (texto según Dec. 491/97), torna innecesaria cualquier otra prueba sobre este punto. En cuanto a la fecha de la PMI, entiendo que resulta coincidente con la fecha del accidente. No existiendo prueba que lo contradiga, conforme lo ha repetido la SCBA, "en el supuesto de accidentes de trabajo la fecha en que el trabajador toma conocimiento de su incapacidad, generalmente coincide el acaecimiento del infortunio" (SCBA, L 67678 "Banegas", del 13/08/2023).
c. Con la pericia médica agregada en fecha 27/5/2024 el Dr. JOSE LUIS IANNUCCILLI desinsaculado en autos concluye que de los elementos obrantes en autos, escrito de demanda y anamnesis concluye que el actor padeció un accidente de trabajo con, esguince de rodilla y tobillo izquierdo, conforme el examen semiológico y con los resultados de los estudios complementarios solicitados el actora es portador de secuela de limitaciones funcionales de la rodilla y tobillo izquierdo que mensura en 12% de la Total Obrera de carácter parcial y permanente en el examen de la movilidad conforme Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales. Baremo de la Ley 24.557.
Conforme el examen psiquiátrico practicado por el galeno y resultado de las técnicas implementadas en el Psicodiagnóstico expresamente solicitado como estudio complementario es criterio del perito presenta un cuadro que se define como Reacción Vivencial Anormal Neurótica Grado I-II. El galeno aplicando la fórmula de la capacidad restante o de Balthazard para patologías asociadas y adicionando los factores de ponderación.
No se advierten elementos que justifiquen el apartamiento del dictamen pericial médico respecto de estas conclusiones, puesto que se sustentan en criterios técnicos específicos, en consonancia con la especialidad del profesional interviniente y la objetividad evidenciada en su elaboración.
Diferente tratamiento debe darse, sin embargo, a la dolencia psicológica. Partiendo de considerar que es el magistrado el que decide si el baremo escogido por el perito e incapacidad atribuida se adapta y ajusta al caso, y también quien decide -de ser necesario- apartarse de los mismos en atención a las particularidades de la causa y siempre con bases objetivas (características del hecho dañoso, estado general del paciente, profesión, edad, sexo, situación familiar, etc), teniendo en cuenta el material probatorio producido en autos, no encuentro razones para considerar valida en este aspecto la pericia.
Contrariamente a lo expuesto respecto de la dolencia física, el perito médico no funda debidamente sus argumentos en este punto. No fundamenta bien si la lesión psicológica es resultado directo del accidente o una concausa respecto de las patologías físicas. Por otra parte, la patología médico legal utilizada por el perito; "Reacción Vivencial Anormal Neurótica de grado I-II" no existe como diagnóstico conforme el Baremo de la ley. El RVAN grado I no tiene entidad para configurar una incapacidad y el RVAN grado II hace referencia al resultado de una reacción vivencial severa. En este aspecto, la ausencia de factores traumáticos asociados es determinante, ya que el evento denunciado no implicó un riesgo grave para la vida ni una experiencia cercana a la muerte o circunstancias especialmente traumáticas, -que son hechos que podría provocan una patología indemnizable- por el contrario, la naturaleza de la lesión física, al tratarse de una leve lesión en el tobillo y la rodilla, es generalmente tratable con medidas médicas convencionales, y no suele implicar un impacto traumático severo o incapacitante, siendo una regla máxima de experiencia el hecho que las lesiones de menor gravedad no suelen tener el nivel de intensidad necesario para desencadenar respuestas emocionales o psicológicas significativas. Lo expuesto me lleva a considerar que no se encuentra probada la afección psicológica como consecuencia del accidente en debate.
Finalmente por Síndrome meniscal con manifestaciones objetivas 8.00%, por Limitaciones funcionales del tobillo izquierdo 4.00% , capacidad restante 88%. Por FACTORES DE PONDERACIÓN: dificultad para las tareas Intermedia un 10% 1.20%, No amerita Recalificación laboral, por edad, 1.00%, lo que totaliza un 14.20% de incapacidad.
e. En lo que respecta a la determinación del Ingreso Base Mensual (IMB), conforme liquidación efectuada por Secretaría en fecha 20/10/2025 , tengo por acreditado que el IMB actualizado mediante el índice RIPTE (Art. 12 de la Ley 24.557, modif. por el artículo 11 de la Ley 27.348) ascendía a la suma de $157.336,09 al momento del accidente.
f. Respecto de la edad del trabajador al momento del accidente, con el DNI obrante en autos, doy por acreditado que habiendo nacido el 15/5/1993 al momento del siniestro contaba con 28 años
ASI VOTO (art. 57 inc.4 ley 15.057)
A la cuestión planteada, los Dres. VODEB y GINOCCHIO, por compartir fundamentos, votan en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SR. JUEZ DR. AMODIO DIJO:
1. Procedencia del reclamo.
Acreditados, como quedaron, tanto el infortunio denunciado por el actor como fundamento de su pretensión cuanto las secuelas incapacitantes que de él se derivaron, corresponde ingresar al examen de la procedencia sustancial del reclamo.
El artículo 6º, apartado 1, de la Ley 24.557 define el accidente de trabajo como todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo.
Encontrándose acreditados los extremos de la ley, la demandada, en su condición de aseguradora de riesgos del trabajo de la empleadora en los términos de la Ley 24.557, debe responder por las consecuencias del accidente del que fue víctima el actor. Corresponde en consecuencia declarar la procedencia del reclamo por la incapacidad física acreditada.
2. Cálculo Indemnizatorio.
a. Respecto del alcance de la reparación, el artículo 14º de la Ley 24.557 establece los parámetros para el cálculo y la extensión del resarcimiento correspondiente a los trabajadores o a sus derecho-habientes. Según lo dispuesto, el monto reparatorio se determina aplicando una fórmula específica que incluye el cálculo del Ingreso Base Mensual (IBM), que se multiplica por 53, por el porcentaje de incapacidad y por un coeficiente (65/edad), diseñado para ajustar el resarcimiento de acuerdo con la expectativa de vida laboral restante del trabajador.
b. Conforme lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en la causa "Muzychuk" (Expte. L 120.800 del 14/VII/2025), corresponde declarar la inconstitucionalidad del Decreto N° 669/19. En consecuencia, el valor del Ingreso Base Mensual (IBM) para el cálculo indemnizatorio será el valor histórico vigente al momento del hecho dañoso, actualizado exclusivamente conforme los parámetros establecidos en el artículo 12, inciso 1° de la Ley N° 24.557, (Art. 11 Ley 27.348) sin que proceda actualización posterior al evento lesivo. Por razones metodológicas, la aplicación de la actualización o interés previsto en el Art. 2 Ley 26.773 (Art. 12 inc. 2 Ley 24557 conf. Art. 11 Ley 27.348) se efectuará sobre el total histórico en el apartado pertinente.
c. Respecto de la aplicación de lo dispuesto en el Art. 3 de la Ley 26.773, vale aclarar que dicha norma, otorga una compensación adicional del 20% para los casos en que el daño se produzca en el lugar de trabajo o mientras el trabajador se encuentre a disposición del empleador, pero no es aplicable al caso en análisis, dado que se excluye a los accidentes "in itinere". La inaplicabilidad de esta norma para supuestos como el presente, ha sido analizado y rechazado por los tribunales superiores. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en los autos "Carabajal, María Isabel c/ Provincia ART S.A. y otro s/ Accidente in itinere" (L. 119.002), y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en "Páez Alfonzo, Matilde c/ Asociart ART S.A. y otros s/ indemnización por fallecimiento" (Fallos: 341:1268), han ratificado la constitucionalidad de dicha norma, dejando en claro que su aplicación queda excluida en los casos de accidentes ocurridos en el trayecto directo entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa
d. En el caso particular el cálculo entonces, es el siguiente:
Fórmula:
Valor de IBM ($ 157.336,09) x 53 x 65/edad(28) x Incapacidad (14.2%)
Capital calculado: $ 2.748.830,07
Dicho monto supera el piso mínimo determinado por la Res. S.R.T. 15/2022, que multiplicado por el porcentaje de incapacidad (14.2%) alcanza la suma de $ 869.514,00.
20% Art. 3 Ley 26.773: no corresponde
Total: $ 2.748.830,07
SON PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON 07/100
3. Actualización. Intereses.
Establecido el resultado del cálculo que antecede, corresponde determinar el método con el que se actualizará el crédito. (art. 2, Ley 26.773).
a. La parte actora solicita algún método de recomposición del crédito en tanto el mismo, evidentemente ha quedado desfasado por el paso del tiempo.
En su escrito de inicio solicita aplicación de las tasas de actualización vigentes del fuero desde el momento del accidente hasta el momento del dictado de la sentencia definitiva y solicita la declaración de inconstitucionalidad del Art. 12 de la ley 24557.
En fecha 7/8/2025 solicita la aplicación de la doctrina de la SCBA del fallo "BARRIOS".
b. La prestación dineraria derivada de un infortunio laboral reviste naturaleza de deuda de valor en los términos del artículo 772 del Código Civil y Comercial de la Nación. En consecuencia, su cuantificación debe efectuarse preservando la equivalencia económica de la prestación debida, de modo tal que la depreciación monetaria ocurrida durante el período de mora no recaiga sobre el trabajador damnificado.
Desde esa perspectiva, corresponde analizar si el mecanismo previsto por el artículo 12 de la Ley 24.557 -texto según ley 27.348- resulta idóneo, en el caso concreto, para mantener incólume el contenido económico del crédito.
Existe un principio elemental de justicia que informa toda obligación resarcitoria: quien se vio privado del uso de una suma de dinero durante un proceso de intensa depreciación monetaria tiene derecho a percibir una prestación que conserve el mismo poder adquisitivo que poseía al momento en que el crédito debió ser satisfecho. La determinación de esa pérdida de valor requiere acudir a indicadores objetivos elaborados precisamente para medir la evolución del nivel general de precios, tales como el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC o el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).
En consecuencia, cuando el mecanismo legal de actualización arroja resultados inferiores a la depreciación monetaria efectivamente verificada, el acreedor no recupera íntegramente el valor económico del crédito, trasladándose sobre su patrimonio las consecuencias de la mora del deudor.
La confrontación entre la tasa activa del Banco de la Nación Argentina prevista en el artículo 12 de la LRT y la variación del IPC correspondiente al período comprendido entre mayo de 2022 y la fecha evidencia, en el caso, la insuficiencia del mecanismo legal para preservar el contenido económico de la prestación. En efecto, mientras la tasa activa acumuló aproximadamente un 293,51%, el IPC registrado por el INDEC para idéntico período alcanzó el 1597,25%. Los resultados concretos en el expediente son los siguientes: importe histórico al 20/05/2022, $ 2.748.830,07; con aplicación de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina (art. 12 inc. 2, LRT), $ 10.817.015,79; actualizado por IPC con más un tres por ciento (3%) anual, $ 52.958.672,74. El mecanismo legal alcanza así sólo el 20,43% del valor actualizado, lo que importa una merma del 79,57%.
c. Ello demuestra que la aplicación estricta de la norma conduce a que el trabajador perciba una suma sustancialmente inferior al deterioro real sufrido por la moneda durante el período de mora, produciéndo una significativa licuación del crédito indemnizatorio.
Tal resultado deviene constitucionalmente inadmisible.
En primer lugar, por violación del artículo 28 de la Constitución Nacional. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que los mecanismos de actualización e intereses constituyen instrumentos destinados a reflejar objetivamente la realidad económica y asegurar un resarcimiento legítimo, correspondiendo a los jueces corregir los resultados que conduzcan a soluciones objetivamente injustas (Fallos: 315:2558; 316:1972; 319:351; 323:2562; 326:2569).
Desde esa óptica, una norma que, frente a un proceso inflacionario extraordinario, establece un mecanismo incapaz de preservar el contenido económico del crédito, no supera el test de razonabilidad constitucional, pues existe una evidente desproporción entre el medio escogido y la finalidad perseguida por el propio sistema reparador.
Asimismo, la aplicación del artículo 12 de la LRT en las condiciones verificadas en autos vulnera el derecho de propiedad garantizado por el artículo 17 de la Constitución Nacional, en tanto provoca la pérdida de una parte sustancial del crédito incorporado al patrimonio del trabajador. La Corte Suprema ha señalado que la utilización de mecanismos insuficientes de actualización puede traducirse en una -pulverización- del contenido económico del crédito indemnizatorio, con afectación constitucional del derecho de propiedad (CSJN, Fallos: 316:3104, "Vega, Humberto Atilio c/ Consorcio de Propietarios del Edificio Loma Verde y otro s/ accidente - ley 9688", sentencia del 16/12/1993).
Similares problematicas ha tratado nuestra SCBA en los autos "Monchiero" (L. 120.521, 30/08/2021) y "Amaya" (L. 120.648, 31/08/2021), entre otros donde se ha declarado concretamente la inconstitucionalidad del Art. 12 LRT estableciendo que el módulo que utiliza esa norma para cuantificar las prestaciones dinerarias no atempera satisfactoriamente el daño padecido por el trabajador cuando su aplicación conduce a resultados irrazonables que desconocen la realidad económica y desnaturalizan la reparación, vulnerando los arts. 14 bis y 17 de la CN.
En tales condiciones, y a fin de preservar la equivalencia económica de la prestación y las garantías constitucionales comprometidas, corresponde declarar, para este caso concreto, la inconstitucionalidad del artículo 12 inciso b de la Ley 24.557 -texto según artículo 11 de la ley 27.348- en cuanto dispone un mecanismo de actualización que, en las particulares circunstancias verificadas en autos, resulta manifiestamente insuficiente para mantener el contenido económico del crédito indemnizatorio. (Conf. SCBA, causas L. 120.521, "Monchiero", sent. del 30/08/2021, y L. 120.648, "Amaya", sent. del 31/08/2021).
d. Declarada la invalidez constitucional del mecanismo previsto en el artículo 12 inciso b de la Ley 24.557 para el caso concreto, corresponde determinar la pauta sustitutiva aplicable.
La declaración de inconstitucionalidad de una norma no releva al órgano jurisdiccional del deber de resolver el conflicto sometido a decisión, debiendo el juez integrar el ordenamiento mediante las pautas que surgen de los artículos 1, 2 y 3 del Código Civil y Comercial de la Nación, recurriendo a las normas análogas y a los principios jurídicos que informan el sistema.
En esa tarea de integración, el primer ámbito de referencia debe extraerse del propio ordenamiento laboral, habida cuenta de que el principio de especialidad impone acudir prioritariamente a las disposiciones que regulan situaciones pertenecientes a la misma rama jurídica( arts. 1, 2 y 3 CCyC; arts. 41 y ccds. Ley 24.557; art. 11 LCT,SCBA C. 124.096 "Barrios, Héctor Francisco y otra contra Lascano, Sandra Beatriz y otra s Daños y perjuicios"
En ese contexto, adquiere singular relevancia la modificación introducida por la Ley 27.802 al artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo, vigente desde el 6 de marzo de 2026, mediante la cual el legislador nacional estableció que los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo serán actualizados por la variación que resulte del Índice de Precios al Consumidor (IPC) -Nivel General- elaborado por el INDEC, con más una tasa de interés del tres por ciento (3 %) anual, desde que cada suma sea debida y hasta el momento del efectivo pago.
La norma mencionada constituye actualmente la pauta legislativa general fijada por el Congreso de la Nación para preservar el contenido económico de los créditos laborales frente a procesos de depreciación monetaria, mediante un mecanismo que distingue adecuadamente entre recomposición del capital e interés puro por la privación temporal de su uso.
Tal solución resulta plenamente trasladable al presente supuesto, pues el crédito derivado de una contingencia laboral participa de la misma naturaleza alimentaria y de la misma tutela constitucional reforzada que el resto de los créditos emergentes de relaciones individuales de trabajo.
Desde esa perspectiva, excluir al trabajador accidentado del estándar de actualización que el propio legislador reconoce para los restantes acreedores laborales importaría consagrar una diferencia de trato carente de justificación objetiva y, por ello, incompatible con el principio de igualdad consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha señalado que las particularidades de los regímenes especiales en materia laboral sólo se justifican constitucionalmente cuando operan en beneficio del trabajador y en consonancia con el principio protectorio que informa toda la disciplina (SCBA, causas L. 77.503, Cardelli, sent. del 6/6/2001; L. 75.583, Romero, sent. del 19/2/2002).
En consecuencia, corresponde disponer que el crédito reconocido en autos sea actualizado conforme la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC)- Nivel General- elaborado por el INDEC, con más una tasa de interés pura del tres por ciento (3 %) anual, desde que cada suma fue debida y hasta su efectivo pago.
e. En caso de incumplimiento, salvo que se demuestre la insuficiencia para el caso concreto, a la suma total resultante se le aplicará el régimen previsto en el artículo 12, inciso 3 de la Ley 24.557 (texto según artículo 11 de la Ley 27.348), esto es, el promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina desde la firmeza de la sentencia hasta su efectivo pago, con capitalización semestral conforme al artículo 770 del Código Civil y Comercial de la Nación.
4.Costas: Las costas se imponen a la parte demandada por resultar vencida. (Art. 24 Ley 15057). Todos los honorarios, con los límites impuestos por los Arts 730º del CCyC y del Art.277º LCT y Art. 1 y 8 Ley 24432. (Conf. SCBA Duarte Irma María c/Provincia de Buenos Aires s/Accidente de Trabajo-Acción Especial de fecha 14/08/2019).
ASI LO VOTO.
A la cuestión planteada, la Sra. Jueza Dra. Vodeb por compartir fundamento vota en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, EL SR. JUEZ DR. GINOCCHIO, DIJO:
Adhiero al reconocimiento de las prestaciones dinerarias, más disiento en el método de actualización propuesto por la mayoría.
A mi juicio, no corresponde declarar la invalidez constitucional del art. 12 inc. 2° de la ley 24.557, ni aplicar el art. 276 LCT (texto ley 27.802), pues advierto que la tensión normativa identificada admite otra solución sin necesidad de acudir a ese remedio extremo que la CSJN ha calificado como "la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia" (Fallos: 260:153; 302:1149; 328:1491).
El art. 55 de la ley 27.802 (B.O. el 6-III-2026) establece un régimen de actualización de los créditos provenientes de relaciones individuales de trabajo mediante la utilización de una tasa de intereses bancaria especifica regulada por el BCRA (Tasa Pasiva), con dos bandas que funcionan de límite (techo) y garantía (piso): el equivalente a la variación del IPC más una tasa anual del 3 % y el 67% del IPC + 3% anual respectivamente. Esta norma no fue incorporada al cuerpo de Ley de Contrato de Trabajo y tampoco se advierte de su redacción como una regla limitada -solo- a los créditos estrictamente derivados de los institutos típicos de la LCT, sino como una disposición autónoma, con vocación de regular la actualización de los créditos provenientes de relaciones individuales de trabajo. En ese marco, los créditos derivados de del sistema de riesgos del trabajo tienen causa suficiente en una relación individual de trabajo y, por ello, en principio la aplicación de esa norma no puede ser excluida apriorísticamente. Máxime cuando el art. 55 de la ley 27.802 es posterior a la ley 27.348 y establece una pauta específica, sin formular salvedad o distinción que permita inferir su exclusión de las prestaciones dinerarias del sistema de riesgos del trabajo.
En efecto, el art. 12 de la ley 24.557 (texto ley 27.348) y el art. 55 de la ley 27.802 son dos normas laborales de orden público que regulan -en momentos históricos diferentes- una misma realidad. Al no existir una derogación expresa ni implícita, ambas concurren como mecanismos de actualización dineraria. La tensión normativa entre en la aplicación de una u otra norma se resuelve compatibilizando las soluciones allí previstas, con selección de aquella que resulta más favorable al trabajador (art. 9 de LCT). Desde la perspectiva del Cód. Civil y Comercial de la Nación, el art. 2 establece que la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta "sus finalidades" y "de modo coherente con todo el ordenamiento".
Entonces, la solución no importará modificar la arquitectura de la ley 24.557 texto según ley 27.348, ni de modo alguno aplicar el régimen de la ley de contrato de trabajo a la especialidad del sistema de riesgos del trabajo, sino en recurrir a una operación hermenéutica entre lo dispuesto en el art. 12 inc. 2° de la LRT citada y el art. 55 de la ley 27.802. Ello permite conservar la actualización del periodo que comprende el art. 12 inc. 1° y aplicar para el regulado en el inc. 2° el mayor valor entre la tasa activa BNA y la tasa pasiva BCRA, respetando el piso garantizado y sin exceder su techo.
La solución a la que arribo no contraviene la doctrina legal de la SCBA sentada en el caso "Galarza" (L. 132.729, cit.), ya que el thema decidendum allí no se circunscribía a la actualización con los intereses que introdujo el art. 55 de la ley 27.802.
Por lo expuesto, verificándose una divergencia superior al 33% con la Tasa Activa BNA, correspondería adicionar a las prestaciones dinerarias el equivalente al 67% de la variación del IPC+3% (Art. 12 inc. 2 LRT, según art 11 ley 27348 y Art. 55 inc. c Ley 27802).
Asi lo voto.(art. 57 inc.4 ley 15.057)
A LA TERCERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SR. JUEZ DR. AMODIO DIJO:
Dada la forma como ha sido resuelta la cuestión que antecede, corresponde: 1) Declarar la Inconstitucionalidad del Dec. 669/19 que modifica la Ley 24557 (Doc. legal SCBA "Muzychuk" Expte. L 120.800 del 14/VII/2025); 2) Declarar la Inconstitucionalidad para el caso en concreto del artículo 12 inc. b) de la LRT.; 3) Hacer lugar a la demanda incoada por FRIAS LUCAS MARTIN contra PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A por las prestaciones derivadas de la Ley de Riesgos del Trabajo por la suma PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON 07/100 (Total: $ 2.748.830,07) en concepto de indemnización por incapacidad laboral derivada del accidente padecido por el accionante el día 20/5/2022 (art. 14 ley 24.557 y sus modificatorias y complementarias 26.773, 27.348 ). e intimar a abonar al actor, en el plazo de diez (10) días de notificada ésta decisión, la suma señalada en concepto de indemnización por capital con más la actualización que surja de aplicar el IPC mas un 3% anual puro desde la fecha de PMI a la fecha de liquidaciòn(Art. 2 Ley 26.773, arts. 767, 1748 CCCN); y cuya actualización deberá ser liquidada por Secretaría (art. 59, Ley 15.057 - RC 1840/24 SCBA ) 4) En caso de incumplimiento de la sentencia en el plazo previsto, salvo se demuestre insuficiencia, a la suma condenada se le aplicará el interés previsto en el art. 12 inc. 3 de la Ley 24.557, equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina hasta su efectiva cancelación, acumulándose los intereses al capital en forma semestral; 5) Las costas del proceso serán a cargo de la accionada por resultar vencida (art. 24 de la Ley 15.057 - RC 1840/24 SCBA). 6) Oportunamente, regular los honorarios de los profesionales intervinientes de conformidad con las leyes arancelarias vigentes para los profesionales intervinientes. 7) Disponer la siguiente MODALIDAD DE PAGO Y ACREDITACIÓN: a)- CRÉDITO DEL TRABAJADOR/A: Las sumas por el CAPITAL de condena que se liquide, deberán depositarse en la "Cuenta Sueldo" de la parte actora (art. 17 de la ley 27.348; 124 y 277 inc. a de la LCT).
A falta de esta, podrán depositarse otra cuenta bancaria de su exclusiva titularidad que se denuncie en autos, no admitiéndose a tal efecto por no reunir los requisitos legales exigidos las cuentas virtuales (CV) nacionales o extranjeras - Carga de Información: La parte actora debe acreditar en el expediente: Banco, Sucursal, N° de Cuenta, CBU/Alias, DNI y CUIL/CUIT. - Cómputo del Plazo y Mora: El plazo para el pago quedará sujeto al previo cumplimiento de la a- Carga de Información y comenzará a correr una vez que la obligada quede notificada electrónicamente del auto que tiene por denunciados los datos bancarios. El vencimiento operará la mora de pleno derecho, sin necesidad de interpelación alguna, autorizando la inmediata ejecución con más los intereses dispuestos. b- HONORARIOS PROFESIONALES.
Los HONORARIOS de letrados y peritos deberán abonarse mediante transferencia a sus cuentas personales. - Carga de Información y Facturación: Los profesionales deberán denunciar sus datos bancarios (Banco, Sucursal, N° de Cuenta, CBU/Alias, y CUIT) y acreditar su condición tributaria, además de acompañar la factura electrónica (RG ARCA 5824/26) y boleta de aportes. COMPUTO Y PLAZO DE MORA: Recién cuando se encuentren denunciados los datos bancarios, acreditada la condición fiscal y acompañada la factura electrónica y la boleta, el plazo de pago se computará a partir del día hábil siguiente a que la obligada quede notificada electrónicamente del auto que tiene por denunciados los datos bancarios y acompañados los documentos necesarios para procesar el pago.
Al vencimiento, operará la mora de pleno derecho, sin necesidad de interpelación, autorizando la inmediata ejecución con más los intereses que correspondan. Para el caso de los profesionales abogados, al momento de solicitar la ejecución de los honorarios deberá indicar si optan por perseguir el cobro según las pautas del inc. A) o del inc. B) del art. 54 de la ley 14.967. c- CARGA DE ACREDITACIÓN DEL PAGO: La parte obligada deberá acompañar el/los comprobante/s de transferencia/s al expediente digital, dentro del plazo de 5 días de efectuado, indicando los montos y conceptos imputados que dio en pago. d- CARGA DE ACREDITACIÓN DE APORTES PREVISIONALES: Los profesionales beneficiarios deberán acreditar el ingreso de los aportes a la Caja que corresponda a su profesión, dentro de los sesenta (60) días de percibido el honorario.
Los aportes sobre los honorarios del actor a cargo de la demandada (10%) podrán ser cancelados mediante el depósito directo a la cuenta de la Caja de Abogacía de la Provincia de Bs. As. o pago de las boletas pertinentes por el demandado o despositados al actor conjuntamente con los honorarios, quien deberá recibir el pago a cuenta de terceros y acreditar su ingreso en el plazo de (60) días. e)- DEPÓSITO PREVIO que exige el art. 83 de la ley 15.057 para la interposición de Recurso/s Extraordinario/s, deberá efectuarse ÚNICAMENTE en la CUENTA JUDICIAL a nombre de estos autos y a la orden de este Tribunal.
Así voto (art. 57 inc.4 ley 15057)
Los señores Jueces doctores VODEB Y GINOCCHIO por las mismas consideraciones, adhieren al voto precedente.
Con lo que terminó el Acuerdo, firmando los señores Jueces a continuación de la parte dispositiva, de lo que doy fe.
Quilmes, en la fecha en que se suscribe con firma digital (Ac. SCBA. 3975/20)
1. Declarar la Inconstitucionalidad del Dec. 669/19 que modifica la Ley 24557 (Doc. legal SCBA "Muzychuk" Expte. L 120.800 del 14/VII/2025);
2. Declarar la Inconstitucionalidad para el caso en concreto del artículo 12 inc. b) de la LRT.
3. Hacer lugar a la demanda incoada por FRIAS LUCAS MARTIN contra PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A por las prestaciones derivadas de la Ley de Riesgos del Trabajo por la suma de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON 07/100 (Total: $ 2.748.830,07) en concepto de indemnización por incapacidad laboral derivada del accidente padecido por el accionante el día 20/5/2022 (art. 14 ley 24.557 y sus modificatorias y complementarias 26.773, 27.348 ). e intimar a abonar al actor, en el plazo de diez (10) días de notificada ésta decisión, la suma señalada en concepto de indemnización por capital con más la actualización que surja de aplicar el IPC mas un 3% anual puro desde la fecha de PMI a la fecha de liquidaciòn(Art. 2 Ley 26.773, arts. 767, 1748 CCCN); y cuya actualización deberá ser liquidada por Secretaría (art. 59, Ley 15.057 - RC 1840/24 SCBA )
4. En caso de incumplimiento de la sentencia en el plazo previsto, salvo se demuestre insuficiencia, a la suma condenada se le aplicará el interés previsto en el art. 12 inc. 3 de la Ley 24.557, equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina hasta su efectiva cancelación, acumulándose los intereses al capital en forma semestral;
5. Las costas del proceso serán a cargo de la accionada por resultar vencida (art. 24 de la Ley 15.057 - RC 1840/24 SCBA).
6. Oportunamente, regular los honorarios de los profesionales intervinientes de conformidad con las leyes arancelarias vigentes para los profesionales intervinientes.
7. Disponer la siguiente MODALIDAD DE PAGO Y ACREDITACIÓN: a)- CRÉDITO DEL TRABAJADOR/A: Las sumas por el CAPITAL de condena que se liquide, deberán depositarse en la "Cuenta Sueldo" de la parte actora (art. 17 de la ley 27.348; 124 y 277 inc. a de la LCT). A falta de esta, podrán depositarse otra cuenta bancaria de su exclusiva titularidad que se denuncie en autos, no admitiéndose a tal efecto por no reunir los requisitos legales exigidos las cuentas virtuales (CV) nacionales o extranjeras - Carga de Información: La parte actora debe acreditar en el expediente: Banco, Sucursal, N° de Cuenta, CBU/Alias, DNI y CUIL/CUIT. - Cómputo del Plazo y Mora: El plazo para el pago quedará sujeto al previo cumplimiento de la "Carga de Información" y comenzará a correr una vez que la obligada quede notificada electrónicamente del auto que tiene por denunciados los datos bancarios.
El vencimiento operará la mora de pleno derecho, sin necesidad de interpelación alguna, autorizando la inmediata ejecución con más los intereses dispuestos. b- HONORARIOS PROFESIONALES. Los HONORARIOS de letrados y peritos deberán abonarse mediante transferencia a sus cuentas personales. - Carga de Información y Facturación: Los profesionales deberán denunciar sus datos bancarios (Banco, Sucursal, N° de Cuenta, CBU/Alias, y CUIT) y acreditar su condición tributaria, además de acompañar la factura electrónica (RG ARCA 5824/26) y boleta de aportes. COMPUTO Y PLAZO DE MORA: Recién cuando se encuentren denunciados los datos bancarios, acreditada la condición fiscal y acompañada la factura electrónica y la boleta, el plazo de pago se computará a partir del día hábil siguiente a que la obligada quede notificada electrónicamente del auto que tiene por denunciados los datos bancarios y acompañados los documentos necesarios para procesar el pago.
Al vencimiento, operará la mora de pleno derecho, sin necesidad de interpelación, autorizando la inmediata ejecución con más los intereses que correspondan. Para el caso de los profesionales abogados, al momento de solicitar la ejecución de los honorarios deberá indicar si optan por perseguir el cobro según las pautas del inc. A) o del inc. B) del art. 54 de la ley 14.967. c- CARGA DE ACREDITACIÓN DEL PAGO: La parte obligada deberá acompañar el/los comprobante/s de transferencia/s al expediente digital, dentro del plazo de 5 días de efectuado, indicando los montos y conceptos imputados que dio en pago. d- CARGA DE ACREDITACIÓN DE APORTES PREVISIONALES: Los profesionales beneficiarios deberán acreditar el ingreso de los aportes a la Caja que corresponda a su profesión, dentro de los sesenta (60) días de percibido el honorario.
Los aportes sobre los honorarios del actor a cargo de la demandada (10%) podrán ser cancelados mediante el depósito directo a la cuenta de la Caja de Abogacía de la Provincia de Bs. As. o pago de las boletas pertinentes por el demandado o despositados al actor conjuntamente con los honorarios, quien deberá recibir el pago a cuenta de terceros y acreditar su ingreso en el plazo de (60) días. e)- DEPÓSITO PREVIO que exige el art. 83 de la ley 15.057 para la interposición de Recurso/s Extraordinario/s, deberá efectuarse ÚNICAMENTE en la CUENTA JUDICIAL a nombre de estos autos y a la orden de este Tribunal.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA. 3975/20).-
Firmas
Funcionario firmante: AMODIO Marcelo Sebastian - JUEZ
Funcionario firmante: VODEB Marcela Silvia - JUEZA
Funcionario firmante: GINOCCHIO Gustavo Francisco - JUEZ
Funcionario firmante: CAPORALE Maria Francisca - AUXILIAR LETRADA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 867-2026
Fin de la sentencia