Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 34654-I
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
27803/2014 FRIGORIFICO LA COLORADA SA (TF 34654-I) c/ DGI- s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de de 2019.- ID Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. A fs. 345/355 el Tribunal Fiscal de la Nación —por mayoría— resolvió: 1) confirmar la resolución nº 26/2011, emitida por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional La Plata de la AFIP – DGI, que determinó de oficio el IVA por los períodos fiscales 08/2005 a 05/2006 y liquidó intereses resarcitorios, con costas a la vencida, 2) hacer lugar parcialmente a la excepción opuesta por la actora y declarar prescriptas las acciones y poderes del Fisco Nacional para aplicar multa por el IVA respecto de los períodos 08/2005 a 11/2005, con costas, y 3) confirmar parcialmente la resolución nº 85/2013 en cuanto aplicó multa por la presunta evasión del IVA por los ejercicios 12/2005 a 05/2006 y reducir su quantum al mínimo legal, con costas, salvo en la parte en que se reduce su monto, aspecto en el que se imponen por su orden.
II. Para así decidir señaló las siguientes consideraciones:
(i) El acto administrativo impugnado satisface los requisitos exigidos en el art. 7º de la ley 19.549, el accionar del organismo recaudador se ciñe al procedimiento reglado en las normas vigentes y la actora no indica cuales fueron las defensas que se vio privada de oponer.
(ii) La impugnación del proveedor fue adecuadamente ponderada por el organismo fiscal. Se demostró la existencia concomitante de una serie de indicios graves y precisos que llevan a presentar un cuadro serio de reparos sobre la validez de las facturas que respaldan las operaciones cuestionadas.
Alta en sistema: 22/08/2019 (iii) La prueba colectada en la auditoría realizada permite concluir que se trata de un proveedor ficticio, dado que carece de la capacidad económica y operativa para poner a disposición los bienes que reflejan las facturas observadas. (iv) Tampoco se pudo comprobar el circuito financiero de cancelación de las operaciones.
(v) A los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el gravamen resulta indispensable que el mismo resulte legítimo, mediante el perfeccionamiento del hecho imponible en cabeza de sus proveedores mediante la verificación de la operación generadora del débito correspondiente, extremo que no se cumple en autos. (vi) No habiendo agravios con relación a la liquidación de los intereses resarcitorios, corresponde su confirmación.
(vii) Las acciones y poderes del Fisco Nacional para aplicar multas prescriben por el transcurso de cinco (5) años. Ese plazo comienza a correr desde el 1º de enero siguiente al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales legalmente considerada como hecho u omisión punible, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 56 y 58 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y modif.).
(viii) La comisión de nuevas infracciones como causal interruptiva de la prescripción de las acciones y poderes para aplicar multas, consagrada en el art. 68, inc. a), de la ley 11.683, resulta procedente cuando dicha infracción es declarada como tal por un pronunciamiento firme, situación que no se observa en la especie.
(ix) La aplicación de las suspensiones previstas en el art. 65, inc. d), de la ley 11.683 —suspensión desde la formulación de la denuncia penal por comisión Alta en sistema: 22/08/2019 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 27803/2014 FRIGORIFICO LA COLORADA SA (TF 34654-I) c/ DGI- s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO de alguno de los ilícitos descriptos en la ley 24.769 y hasta los 180 días posteriores a que se encuentre firme la sentencia judicial— y en el art. 44 de la ley 26.476 —suspensión con carácter general por el plazo de un (1) año de la acciones para aplicar multas— no importan retroactividad alguna, “en tanto se trata del denominado efecto inmediato de la ley que rige respecto de un plazo de prescripción en curso según la regla general del artículo 3º del Código Civil.” (x) Las acciones y poderes del Fisco Nacional se encontraban prescriptas para aplicar multas por la presunta evasión del IVA por los períodos fiscales 08/2005 a 11/2005. El plazo de prescripción comenzó a computarse el 1º de enero de 2006 y a la fecha de emisión de la resolución nº 85/2013, esto es, el 29 de mayo de 2013, se encontraba fenecida dicha facultad.
(xi) Con relación a los ejercicios 12/2005 a 05/2006, el plazo de prescripción comenzó a operar el 1º de enero de 2007. Por ello, en virtud de lo dispuesto en el art. 58 de la ley 11.683, las causales de suspensión y la fecha de emisión de la resolución, no operó la prescripción de las acciones para aplicar multas por la presunta comisión de infracciones en los ejercicios indicados.
(xii) Se encuentran acreditados el elemento fáctico y la conducta dolosa desplegada por la responsable merecedora del reproche fiscal descripto en el art. 46 de ley 11.683. (xiii) No constando la existencia de antecedentes sumariales de la encartada corresponde reducir el quantum de la multa a su mínimo legal.
III. Disconformes, ambas partes interpusieron recurso de apelación —fundado el de la actora a fs. 363/371 y el de la demandada a fs. 376/381 vta. y contestados a fs. 395/401 vta. y fs. 385/394 vta., respectivamente.
Alta en sistema: 22/08/2019 IV.- La queja de la demandada se encuentra dirigida, en atención al desistimiento parcial formulado (v. fs. 376/vta. y fs. 382), únicamente, en cuanto en la decisión apelada se declaró prescripta la acción del Fisco para aplicar multa en el IVA por los períodos fiscales 08/2005 a 11/2005 y su consecuente aplicación de costas.
Insistió en que no se encuentran prescriptas las acciones del Fisco Nacional para aplicar multas, dado que, en virtud de lo previsto en el art. 68 de la ley 11.683, el cómputo del plazo se interrumpe por la comisión de nuevas infracciones, en cuyo caso el nuevo término de prescripción comenzará a correr el 1º de enero siguiente al año en que tuvo lugar el hecho o la omisión punible.
Manifestó que el Tribunal Fiscal no aplicó la ley, sino que se apartó de ella al establecer en forma pretoriana un recaudo, la firmeza de las resoluciones que impongan sanciones, que su texto no contempla. En efecto —agregó—, las normas fiscales se refieren a cualquier infracción posterior, sumariada o no, recurrida o consentida.
Expuso que, como consecuencia de la causal interruptiva, el plazo quinquenal de prescripción de las acciones para aplicar multas comenzó a correr 1º de enero de 2007 —por ser la última infracción cometida la correspondiente al período 05/2006— y, en consecuencia, al momento de emitirse la resolución sancionatoria dicho acción no se encontraba prescripta.
V. A fs. 428 esta sala declaró, de oficio, la caducidad de la instancia, respecto del recurso de apelación deducido por la parte actora, con costas.
VI. Dado el modo en que quedó trabada la litis, el único agravio que subsiste es cómo debe interpretarse la causal de interrupción del plazo de prescripción de las Alta en sistema: 22/08/2019 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 27803/2014 FRIGORIFICO LA COLORADA SA (TF 34654-I) c/ DGI- s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO acciones y poderes del Fisco Nacional para aplicar multas, contenida en el art. 68, inc. a), de la ley de procedimiento fiscal.
VII. Ello así, cabe adelantar que el recurso no puede prosperar.
Ciertamente, corresponde recordar que las infracciones tributarias contenidas en la ley de procedimiento fiscal tienen naturaleza penal (Fallos: 271:297; 303:1548; 316:1190; 324:107; 327:5345, entre muchos otros), por lo que resultan aplicables todos los principios generales del derecho penal, salvo que la ley tributaria especial disponga expresamente los contrario.
Ello así, en atención al indiscutido carácter penal de las sanciones tributarias, no es posible sino concluir que por la expresión “comisión de nuevas infracciones” contenida en inciso a) del art. 68 de la ley 11683, debe entenderse en sentido técnico de una conducta posterior, típica, antijurídica y culpable; es decir que, para que surta efecto la causal interruptiva en análisis, resulta necesaria la declaración de la existencia de una ulterior infracción y de la responsabilidad del encartado mediante una resolución condenatoria firme —administrativa y/o judicial— (esta sala, causa “SOL NACIENTE SEGURO DE PERSONAS S.A.”, pronunciamiento del 14 de septiembre de 2015).
No debe soslayarse que la Corte Suprema se pronunció en este sentido al afirmar que cada hecho criminal, “entre sí no tienen carácter interruptivo, de no mediar una sentencia judicial firme que declare su realización y atribuya responsabilidad al mismo encausado” (Fallos: 312:1351; 322.717, entre otros).
Por lo tanto, es preciso que se haya determinado previamente, y también por pronunciamiento judicial y/o administrativo firme, la comisión de la infracción que se invoca como Alta en sistema: 22/08/2019 causal interruptiva (conf. doc. esta sala, causas “HENRI HIRSCHEN y CÍA S.A.” y “ESFIDA S.A.”, pronunciamientos del 20 de febrero de 1997 y 20 de septiembre de 2012, respectivamente). Antes de ello, no podrá tenerse por definitivamente probado que aquéllas se han cometido y, consecuentemente, por indudablemente acreditada la causal interruptiva.
Por lo tanto, dado que el organismo recaudador invocó como causal de interrupción la presunta comisión de infracciones que, aunque resulte obvio señalar, no se encontraban en autoridad de cosa juzgada, por integrar los sumarios que culminaron en la aplicación de las sanciones cuestionadas por la actora, corresponde desestimar los agravios y confirmar el pronunciamiento apelado, con costas (conf. art. 68, párrafo primero, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). ASÍ SE DECIDE.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Alta en sistema: 22/08/2019
Fin de la sentencia