Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa F-2027/15-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la rebeldía de Silvia Susana Villarroel y José Luis Villarroel.-
2Tener por ineficaces las renuncias a la herencia esgrimidas por los Sres. Jorge Alberto Villarroel y Alberto Ariel Villarroel.-
3Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la parte demandada y el Dr. Horacio Daniel García, a fs. 398/408 vta., y, en consecuencia, casar parcialmente la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 370/372, y revocando el punto 4° de la parte dispositiva, conforme los considerandos.-
4Confirmar la resolución recurrida en todo lo demás que fuera materia de agravios.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: F-2027/15-TSJ Interlocutorio N°: 716 Actor: FRIGORÍFICO Y MATADERO GAIMAN S.R.L Demandada: VILLARROEL NAVARRO ALBERTO Objeto: SUMARIO - INCIDENTE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Fecha: 05-07-2022 Texto: TOMO XXII -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 716 FOLIO Nº 4303/4311 PROT. ELECT. TSS1 017 S.221
Río Gallegos, 5 de julio de 2022.-
Los presentes autos caratulados: “FRIGORÍFICO Y MATADERO GAIMAN S.R.L c/ VILLARROEL NAVARRO ALBERTO s/ SUMARIO - INCIDENTE EJECUCIÓN DE SENTENCIA”, Expte. Nº F-24.522/06 (F-2027-15-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso de casación articulado por la parte demandada, a fs. 398/408 vta., con el patrocinio letrado del Dr. Horacio Daniel García, quien también actúa por sí, contra el interlocutorio del 16 de junio de 2014 dictado por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 370/372. Esta resolución confirma la de Primera Instancia, de fs. 334/335, que había aprobado la liquidación presentada por la actora, con costas al demandado; además, la resolución de Cámara, impone una multa del 20% del valor del pleito a la parte demandada conjuntamente con su letrado por estimarlos incursos en un supuesto de temeridad y malicia.- En su presentación, los recurrentes plantean que en dicho resolutorio existió una grosera inobservancia o errónea aplicación de la ley (cfr. foja 398).-
Afirman, en tal sentido, que el interlocutorio se torna totalmente arbitrario al desconocer: “...la resolución XXII Registro 3032 Folio 127/128 dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de fecha 18-03-2012.” (cfr foja 398 vta.), y que utiliza antecedentes inexistentes y consideraciones falsas para aplicar una sanción y calificar una conducta de manera totalmente arbitraria (cfr. foja 400 vta.).-
Expresan que: “...además de desprolija es extremadamente arbitraria la actitud de la Excma. Cámara, ordena (sic) notificar una sanción utilizada como antecedente directo de la declaración de temeridad y malicia que a la fecha está revocada por el Excmo. Tribunal de Justicia donde se la advierte incluso, de su mal proceder procesal. Que, realmente constituye una arbitrariedad manifiesta tener como antecedente un (sic) sanción que fue revocada.” (cfr. foja 402).-
Señalan que no se ha configurado una actitud procesal con entidad suficiente para considerarla obstructiva en los términos del artículo 18 de la Ley Nº Uno (t.o. Ley 1.600) (cfr. foja 402 vta.).-
Dicen que: “...de lo dictaminado por el máximo Tribunal de Justicia surge que son falsos, lógicamente arbitrarios y nos agravian los conceptos vertidos en el fallo atacado en cuanto expresa que el actor intenta ejecutar una sentencia desde octubre de 1996, cuando ya se estableció que estuvo casi diez años para iniciar su ejecución.” (cfr. fs. 402 vta./403).-
Manifiestan que ninguna de sus presentaciones fueron estériles, aunque luego precisan que: “...la única presentación que se considera estéril fue cometida por un error al que pedimos disculpas incluso en forma expresa como en el anterior planteo de casación ...‘Que mi parte apela el resolutorio y equivocadamente envía desde Puerto San Julián los agravios que correspondían a una anterior resolución, con lo cual acertadamente la Excma. Cámara, declara desierto el recurso...’” (cfr. foja 403).-
Sostienen que no se puede concluir que dilataron el proceso o lo obstruyeron cuando el artículo 482 del CPCyC establece un procedimiento -vía incidental- que impide demoras (cfr. foja 403). Y que no entienden qué finalidad tiene la Alzada al beneficiarla con tamaña cantidad de dinero producto de una multa que nunca pidió cuando la actora no se vio agraviada con su presentación (cfr. foja 404).-
Postulan al respecto que: “...con el monto de la sanción para intentar a (sic) reprimir una inconducta procesal no puede justificar una eventual desproporción con el monto del crédito, apreciado en origen. No cabría tolerar que un supuesto propósito represivo se traduzca en una fuente injustificada de enriquecimiento (V. Fallos: 316:1972 Ver Texto), ni que se quiebre toda norma de razonabilidad (sic) violente los principios establecidos en los arts. 953 y 1071 del C.C. como ya se efectuó al condenar al pago de indemnizaciones que provenían de hechos ilícitos.” (cfr. foja 405).- Observan que: “...de la lectura del fallo atacado no surge que la actora pidiera sanciones para esta parte con lo cual llama poderosamente la atención que la Excma. Cámara se pronunciarse (sic) en torno a aquellas cuestiones no planteadas de forma tan arbitraria transgrediendo los límites de la competencia apelada lo que comporta agravio de las garantías constitucionales de propiedad y de la defensa en juicio…” (cfr. foja 404).-
Entienden así que su conducta jamás podría ser considerada como temeraria, pues no violaron el deber genérico de buena fe o moralidad (cfr. foja 405 vta.).-
Por otro lado, solicitan se declare la nulidad parcial de la sentencia dictada el 21 de mayo de 1996 en la parcela que condena al pago de los salarios caídos del empleado no registrado de la actora, Sr. Beroiza, que se encontraba manejando un camión de la actora. Refieren que las afirmaciones del juzgador no resisten el menor análisis, convalidan un hecho ilícito, le dan forma de acto jurídico y benefician a los autores con una indemnización que tiene origen ilícito (cfr. fs. 398 vta./399). En tal contexto, manifiestan que: “...es más que obvio que el actor al ver que su empleado en ‘negro’ dependiente sufrió un accidente de trabajo, lo registro (sic) y la justicia no solo (sic) convalida la falta sino que le reembolsa al patrón que evade -no al empleado- los salarios que supuestamente pago (sic).” (cfr. foja 399).- Argumentan que: “...mínimamente el Dr. Monelos debió dar intervención a la justicia, deber que no solo (sic) omite sino que como dijimos, agrava la situación condenando al pago de una indemnización que deriva de este hecho ilícito para que la perciba el autor del delito -ni siquiera el trabajador perjudicado-.” (cfr. foja 399 vta.) y evalúan que el fallo en esa parte viola el artículo 953 del CC, por lo que solicitan se lo declare nulo en esa sección (cfr. fs. 399 y vta.).-
Respecto de la aprobación de la liquidación, indican que: “...el razonamiento seguido por los sentenciantes se aparta incluso de su decisión de manera obvia, imponen una actualización conforme la tasa pasiva del Banco Nación, para después aceptar una liquidación efectuada conforme a la tasa pasiva del Banco Central de la República.” (cfr. foja 400 vta.).-
Plantean que es imposible que con cuatro fletes se obtenga más del 40 % del valor del camión (cfr. foja 400 vta.) y consideran que la liquidación practicada se apartó de los lineamientos del fallo en forma evidente (cfr. foja 401 vta.).-
Destacan, en este sentido, que jamás el sesenta por ciento (60%) de un flete puede ascender a $111.163,15.- (ciento once mil ciento sesenta y tres pesos con quince centavos), ni que un flete pueda tener un costo total de ciento ochenta mil pesos ($180.000.-) (conf. foja cit.).-
Hacen reserva del caso federal (cfr. foja 408).-
A foja 410/411 la Excma. Cámara de Apelaciones declaró formalmente inadmisible el recurso de casación interpuesto, lo que motivó el recurso de queja, resolviendo este Tribunal declarar mal denegada la casación a fs. 483 y vta..-
A fs. 490 se ponen los autos a disposición de las partes de conformidad con el artículo 8º de la entonces vigente ley 1687, presentando memoriales los recurrentes a fs. 495/500 vta. y la actora a fs. 502/508.-
A fs. 495/500 vta. los recurrentes reproducen de manera sintética los agravios esgrimidos en el escrito de casación. Asimismo puntualizan que el beneficiario de la multa es una persona jurídica cuya liquidación se inscribió en el año 1987 (cfr. foja 497 vta.); y evalúan que resulta indispensable que se solicite la causa: “Frigorífico y Matadero Gaiman S.R.L. c/ Villarroel Navarro, Alberto s/ Sumario’, Incidente de Ejecución de Sentencia -Incidente de Nulidad” (Expte. N° F-34.470/2014), donde, según sus dichos, lograron probar con nueva documentación que no se trataba de una sociedad en liquidación sino liquidada en el año 1997 y que el liquidador -quien ratifica el poder de los letrados en 2009- cesó en sus funciones el 8 de septiembre de 1997.” (cfr. foja cit.).- Detallan que la cancelación de la inscripción de la sociedad se efectuó el 8 de septiembre de 1997 en el Expte. N° 267-GB-97, Número 5313- Folio 329- Libro I- Tomo IV (cfr. foja 498), asegurando que la ex sociedad aquí actora “murió” en julio de 1997 y los terceros debieron tomar conocimiento el 8 de septiembre de ese mismo año (cfr. foja 498 vta.).-
Agregan entonces que: “...el Juez de Primera Instancia de oficio con buen criterio suspende la ejecución, la contraria apela y lo llamativo es que la Excma. Cámara nuevamente con fundamentos del Dr. Monelos y a pesar de no ser una decisión sujeta a este recurso la revoca, posibilitando a los letrados continuar una ejecución en representación de una persona jurídica privada inexistente.” (cfr. foja cit.).-
Finalmente, los casacionistas manifiestan que en “…el presente caso se liquidó la sociedad, no se tuvo en cuenta el juicio, cesó la actividad del liquidador y se dividieron las utilidades en 1997, con lo cual a partir de esa fecha la actora feneció siendo imposible iniciar en 2006 una ejecución de sentencia.” (cfr. foja 499 vta.).-
Por su parte, el Dr. Ignacio Ferreyra de las Casas, en representación de la actora, también presenta memorial a fs. 502/508. Allí expone que el recurso que se intenta carece de todo asidero lógico y jurídico (cfr. foja 502 vta.).-
Afirma que el pedido de nulidad parcial de la sentencia del 21 de mayo de 1996 demuestra la sinrazón de la contraria y desconoce los principios de cosa juzgada y preclusión procesal. Observa, además, que al no haberse planteado esas cuestiones en las instancias anteriores, su inclusión en esta vía recursiva vulnera el principio de congruencia, encontrándose vedado el análisis por parte de este Tribunal (cfr. 502 vta.).-
Sostiene que las impugnaciones formuladas a la liquidación deben ser rechazadas pues los cálculos en los que ellas se asientan son erróneos (cfr. foja 506).-
Por otro lado, resalta que la temeridad y malicia del demandado y su letrado surgen claramente de los autos (cfr. foja 507 vta.).-
Ratifica reserva del caso federal (cfr. fs. 507 vta./508).-
A fs. 529/531 dictamina el Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, quien, por las razones que esgrime concluye que no se debe hacer lugar al recurso de casación intentado y a las que nos remitimos para ser más breve.-
A foja 564 se llaman a autos para sentencia y a foja 565 pasan a estudio.-
II. Que conforme ha quedado planteada la cuestión extraordinaria provincial y la nulidad de la sentencia del 21 de mayo de 1996 por la parte demandada y por el Dr. Horacio Daniel García, éstas se desarrollan en el ámbito del carril impugnativo previsto en el artículo 3, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-. Por cuanto los recurrentes fundamentan su recurso en violación de la ley y arbitrariedad.-
Previo a ingresar al tratamiento de los agravios corresponde señalar que a fs. 525 y vta., el Dr. Horacio Daniel García informa el fallecimiento de su patrocinado, Sr. Alberto Navarro Villarroel, acompañando fotocopia del acta de defunción (cfr. fs. 527 y vta.).-
Este Alto Tribunal tiene por acreditado el deceso del demandado y en atención a lo dispuesto en los artículos 43 y 53 inc. 5° del CPCyC, se suspende la tramitación del proceso y se intima al Dr. García que denuncie el nombre y domicilio de los herederos de aquél (cfr. foja 532).-
A foja 534 el Dr. García informa que los herederos que conoce son: Jorge Alberto Villarroel, Silvia Susana Villarroel, José Luis Villarroel y Alberto Ariel Villarroel. También indica el domicilio de los mismos.-
A foja 535 se resuelve notificar por cédula a los denunciados herederos para que en el plazo de doce (12) días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley (cfr. arts. 43 y 53 inc. 5° del CPCyC). Se notifica a los mencionados con el alcance señalado (cfr. fs. 540 y vta.; 541 y vta.; 559 y vta.; y 561 y vta.).-
En atención al cuadro fáctico descripto corresponde, en primer término, hacer efectivo el apercibimiento de ley dispuesto a foja 535 respecto de quienes no han comparecido: Sres. Silvia Susana Villarroel y José Luis Villarroel. En consecuencia, debe declararse su rebeldía en atención a la solución que imponen la interpretación armónica de los artículos 43 y 53, inciso 5°, del CPCyC.-
En concordancia con la solución propuesta se ha afirmado en doctrina: “Como ya hemos anticipado, si los herederos citados por cédula o por los otros modos de notificación admitidos por el art. 136, no comparecieren a estar a derecho, corresponde que el juez decrete la rebeldía, la que podrá cesar si se presentaran más tarde...Se ha dicho en tal sentido que, si no obstante el fallecimiento de uno de los litigantes, se ha comprobado que el sucesor procesal estaba anoticiado de la existencia del juicio, de modo que podía concurrir al pleito sin inconveniente alguno, y no lo hizo dentro del plazo de la perención, ésta debe ser decretada. (CNCiv., Sala F, 4/10/99, el Dial-AE133F).” (cfr. Highton, Elena I. y Arán, Beatriz A. Dirección: “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Concordado con los códigos provinciales. Análisis doctrinal y jurisprudencial”, Hammurabi, Buenos Aires, 2004, Tomo 1, pág. 731).- La situación de Jorge Alberto Villarroel y Alberto Ariel Villarroel es distinta.-
El Sr. Jorge Alberto Villarroel compareció en autos y solicitó que se lo releve de la obligación de presentarse en estos actuados acompañando un acta suscripta sólo por el presentante y con firma certificada por la Jueza de Paz Subrogante de Puerto San Julián, manifestando su renuncia a la herencia de su padre Alberto Villarroel Navarro, DNI N° 7.324.250, en los términos de los artículos 2298 y 2299 del CCyCN. (cfr. fs. 537/538).-
Por su parte, a fs. 546 y vta., la Dra. Silvana del C. Castillo comparece como gestora procesal del Sr. Alberto Ariel Villarroel quien expone que el antedicho ha renunciado a la herencia del accionado y peticiona se deje sin efecto su obligación de presentarse en autos. Esta actuación es ratificada a foja 556 por el Sr. Alberto Ariel Villarroel, que acompaña acta suscripta por él, con firma certificada por ante la Jueza de Paz Subrogante de Puerto San Julián, expresando también su renuncia a la herencia de su padre, Alberto Villarroel Navarro, DNI N° 7.324.250, en los términos de los artículos 2298 y 2299 del CCyCN.- Así las cosas, se debe señalar que el artículo 2299 del CCyCN determina la forma que debe revestir la renuncia de la herencia. Esta norma expresamente dispone: “La renuncia de la herencia debe ser expresada en escritura pública; también puede ser hecha en acta judicial incorporada al expediente judicial, siempre que el sistema informático asegure la inalterabilidad del instrumento.”.-
El artículo 299 del CCyCN califica lo que es escritura pública, a saber: “La escritura pública es el instrumento matriz extendido en el protocolo de un escribano público o de otro funcionario autorizado para ejercer las mismas funciones, que contienen uno o más actos jurídicos. La copia o testimonio de las escrituras públicas que expiden los escribanos es instrumento público y hace plena fe como la escritura matriz. Si hay alguna variación entre ésta y la copia o testimonio, se debe estar al contenido de la escritura matriz.”.- El acta judicial es “...la exteriorización y registro de un acto, expresado de manera literal. Se trata de un acto cumplido en la sede del tribunal, que debe tener, como todo acto jurídico y especialmente público, lugar y fecha...y demás elementos previstos en los reglamentos...Constituye un elemento formal indispensable y necesario para la validez del acto.
Su ausencia importa, más que la nulidad, la inexistencia, debiendo encontrarse suscripta por el secretario o el juez, si asiste a él.” (cfr. Falcón, Enrique: “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”. Comentado - Concordado - Anotado, LexisNexis, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2007, Segunda Edición, Tomo II, pág. 235).- El acta judicial da fe pública de una audiencia llevada a cabo en sede tribunalicia. El artículo 125 del CPCyC determina los requisitos que deberán cumplir las audiencias judiciales, salvo disposición en contrario, a saber: “1º. Serán públicas a menos que los jueces o tribunales, atendiendo a las circunstancias del caso, dispusieran lo contrario mediante resolución fundada.
Serán registradas en actas escritas y/o por medios electrónicos y/o audiovisuales conforme lo establezca el Tribunal Superior de Justicia, poniéndose una copia a disposición de las partes; 2º. Serán señaladas con anticipación no menor de tres (3) días, salvo por razones especiales que exigieren mayor brevedad, lo que deberá expresarse en la resolución. Si la presencia del Juez no estuviese expresamente dispuesta en forma inexcusable, se podrá requerirla con anticipación no menor de dos (2) días o hasta el acto de la audiencia si ésta hubiese sido señalada con una anticipación menor; 3º. Las convocatorias se considerarán hechas bajo apercibimiento de celebrarse con cualquiera de las partes que concurra; 4º.
Empezarán a la hora designada. Los citados sólo tendrán obligación de esperar treinta (30) minutos; transcurridos los cuales podrán retirarse dejando constancia en el libro de asistencia; 5º. El secretario levantará acta haciendo una relación abreviada de lo ocurrido y de lo expresado por las partes; en caso de que la registración se hubiese efectuado por medios electrónicos y/o audiovisuales, en el acta sólo se dejará constancia de tal circunstancia. El acta será firmada por el secretario y las partes, salvo cuando alguna de ellas no hubiese querido o podido firmar; en este caso deberá consignarse esa circunstancia).”.- Sobre esta cuestión nos alecciona la doctrina al comentar el artículo 2299 del CCyCN: “La renuncia a la herencia es un acto eminentemente formal.
Establece la norma en análisis que la renuncia debe ser formalizada mediante escritura pública refiriéndose a la escritura notarial. Con la particularidad prevista en la segunda parte del citado precepto, que predica que ‘'también puede ser hecha en acta judicial incorporada al expediente judicial.’ [...] La necesidad de que la renuncia cuente con determinadas formalidades está basada en la importancia que significa que el documento sea indubitado y que tenga sólo fecha cierta sino también publicidad.” (cfr. Clusellas, Eduardo Gabriel (Coordinador), “Código Civil y Comercial. Comentado, anotado y concordado”, Astrea FEN, Buenos Aires, 2015, Tomo 7, pág. 959/960); y “1. Introducción. En lo relativo a la forma de renuncia, el artículo en análisis plantea dos supuestos.
La primera opción, reiterada en el CCyC, es la exigencia de escritura pública para la renuncia de herencia. Era el criterio de los arts. 1184, inc. 6, y 3345 CC. La segunda opción es el acta judicial -en determinadas condiciones-, que ya era reconocida por la doctrina y la jurisprudencia y fuera recepcionada en el art. 2248 del Proyecto de 1998. 2. Interpretación. La renuncia de la herencia debe ser expresada en escritura pública, como primer supuesto (art. 299 CCyC y ss.). Se admite, además, que sea realizada en acta judicial, glosada al expediente sucesorio, siempre que el sistema informático asegure la inalterabilidad del instrumento (ver art. 286 CCyC). Como se expresara en los ‘Fundamentos del Anteproyecto’ de CCyC, en este tema ‘Se mantiene la regla de que la renuncia debe ser expresa u realizada por escritura pública, pero se acepta también el acta judicial siempre que el sistema informático asegure la inalterabilidad del instrumento, en consonancia con lo dispuesto en materia de prueba de los actos jurídicos’.
La renuncia que se realizara sin la forma exigible no es válida.” (cfr. Herrera Marisa, Caramelo, Gustavo, Picasso, Sebastián: “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Infojus, 2015, Tomo VI, pág. 33). En el mismo sentido se ha afirmado que: “La renuncia de la herencia sólo puede ser efectuada por acta judicial o escritura pública. No se trata de un simple acto de administración: es la abdicación de un derecho, una clase de enajenación, y por esto son necesarias las formalidades. La antigua legislación aprobaba distintas formas como eficaces frente a la existencia de diferentes interesados. La norma vigente unificó el criterio de manera tal que los mismos instrumentos son eficaces frente a todos.” (cfr.
Lorenzetti, Ricardo Luis -Director-: “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado”, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2015, Tomo X, pág. 482).- Más concretamente vinculado al sub lite, se ha dicho -al comentar el art. 2299 CCyC- que: “Es clara la disposición al precisar que la forma alternativa para hacer la renuncia de la herencia es el acta judicial, la que a su vez debe estar incorporada al expediente judicial respectivo. De acuerdo con la letra del precepto, no basta con una renuncia elaborada fuera del ámbito de los estrados judiciales formalizada por instrumento privado y que luego sea presentada al expediente judicial. El legislador ha querido que el acto en el que la persona arriba a una decisión de estas características, cuente con la participación activa de un oficial público, en el caso de un funcionario judicial.” (cfr.
Clusellas, Eduardo Gabriel -Coordinador-: “Código Civil y Comercial. Comentado, anotado y concordado”, Astrea, FEN Editorial Notarial, Buenos Aires, 2015, Tomo 7, pág 953).- En resumidas cuentas, los escritos por los cuales Jorge Alberto Villarroel y Alberto Ariel Villarroel pretenden tener por renunciada la herencia del extinto demandado no revisten las formalidades que exige la ley, pues los escritos acompañados a fs. 537 y 555 no son ni escrituras públicas (conforme las define el art. 299 del CCyCN), ni actas judiciales (de acuerdo a lo preceptuado en el art. 125 del CPCyC). Ergo, las renuncias formuladas no son eficaces a los fines pretendidos.-
Desde otro cuadrante, vale puntualizar que el fallecimiento de quienes se ven involucrados en un proceso judicial en que se debaten cuestiones patrimoniales impone la continuación del trámite con quienes revisten la calidad de herederos o sucesores (art. 43 del CPCyC). Ahora bien, frente al repudio de la herencia se juzga al renunciante como si nunca hubiere sido heredero (cfr. Nora B. Lloveras - Olga E. Orlandi y Fabián E. Faraoni, glosa al art. 2299 del CCyCN en Marisa Herrera, Gustavo Caramelo y Sebastián Picasso -Directores-: “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado”, 1ª edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Infojus, 2015, Tomo VI, pág. 32). “…Al quedar como extraño no recibe los bienes hereditarios, ni está obligado a responder por las deudas.” (cfr. Pérez Lasala, José Luis: “Tratado de Sucesiones” Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994, Tomo 1, Parte General, Rubinzal Culzoni Editores, pág. 518).- En efecto, el artículo 2301 del Código Civil y Comercial de la Nación dispone que: “El heredero renunciante es considerado como si nunca hubiese sido llamado a la herencia...”. Su renuncia tiene efecto retroactivo al día de la apertura de la sucesión (muerte del causante).-
Por lo tanto, si la renuncia hubiese sido formulada de acuerdo a las exigencias formales que prescribe el artículo 2299 del Código Civil y Comercial de la Nación no existirían motivos válidos que hagan operativo el desplazamiento de la legitimación procesal del causante al renunciante. Por lo tanto, no podría tenerse a los Sres. Jorge Alberto Villarroel y Alberto Ariel Villaroel como parte. Pero, como se indicó, tal no es el caso de autos.-
III. Que ingresando al tratamiento de los agravios, específicamente en lo relativo al planteo de nulidad parcial de la sentencia de Cámara del 21 de mayo de 1996 que luce agregada en fotocopia certificada a fs. 5/20 vta., se debe recordar que la misma resuelve sobre el fondo de la cuestión debatida en el principal. Este acto procesal es la base por la cual la actora inicia ejecución de sentencia (cfr. fs. 30/33).-
Con fecha 22 de octubre de 2007, el demandado opone excepción de prescripción de la ejecutoria y subsidiariamente impugna liquidación; pero no plantea ninguna nulidad de la sentencia que se pretende ejecutar (cfr. fs. 47/49 vta.).-
El 18 de marzo de 2008, la Jueza de Primera Instancia manda llevar adelante la ejecución (cfr. fs. 67/68). En dicho resolutorio dice que la sentencia que se pretende ejecutar adquirió firmeza (ver segundo párrafo de fs. 67 vta.). Es más, el mismo ejecutado reconoce que la sentencia principal quedó firme el 26 de julio de 1996 (cfr. fs. 47 vta. y 73).-
El ejecutado apela la resolución que manda llevar adelante la ejecución (cfr. fs. 72/76). Pero en Segunda Instancia -el 23 de abril de 2009- se confirma esa sentencia (cfr. fs. 120/122 vta.).-
Recién el 1° de junio de 2014, el demandado solicita la nulidad parcial de la sentencia de Cámara dictada el 21 de mayo de 1996 (cfr. fs. 398/408 vta.). Es decir, más de 18 años después. Ello, a raíz de un alegado vicio que surgía del mismo texto de la sentencia de 1996. Considera que la Cámara -específicamente el voto del Dr. Monelos- convalida un hecho ilícito (que la actora habría tenido un empleado “en negro”) y ordena pagarle al actor los salarios supuestamente abonados al chofer Beroiza. (cfr. fs. 398/399). Los párrafos de la sentencia de 1996 a raíz de los cuales el recurrente peticiona la nulidad parcial de la sentencia se pueden observar a foja 390.- Se advierte, a todas luces, lo totalmente extemporáneo del planteo. Pues no se puede declarar la nulidad de un acto procesal, como es una sentencia cuando éste se encuentre consentido (cfr. art. 171 del CPCyC). Resolver en sentido contrario implicaría retrotraer el proceso a instancias ya superadas, vulnerando el principio de preclusión consagrado en el artículo 156 del CPCyC; y la garantía de la cosa juzgada (cfr. art. 18 de la CN).-
Sobre el instituto de la preclusión procesal, se ha dicho: “Que tanto el principio de progresividad como el de preclusión reconocen su fundamento en motivos de seguridad jurídica y en la necesidad de lograr una administración de justicia rápida dentro de lo razonable, evitando así que los procesos se retrotraigan a etapas ya superadas, o que se reabran los plazos procesales transcurridos, o se rehabiliten facultades procesales después de vencidos los límites legales para su ejercicio (Fallos: 320:1670, entre muchos otros).” (cfr. CSJN, “Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD) c/ Salta, Provincia de s/ ejecución fiscal”, del 11-08-2015). En la misma línea de pensamiento la Suprema Corte de Justicia Bonaerense ha sostenido que: “Debe tenerse presente que la preclusión procesal es un instituto que garantiza uno de los principios que debe privar en toda causa judicial, esto es, la seguridad y consiste en la pérdida de una facultad procesal por haberse llegado a los límites fijados por la ley para su ejercicio (conf. doctr.
C. 115.000, ‘Complejo Edilicio Habitacional’ sent. de 26-VI-2013; C. 119.585, ‘Ciocchini’ sent. de 15-VI-2016), lo que se pone en evidencia en esta causa.” (cfr. “Cooperativa de Provisión de Servicios Termales de Lago Epecuén c/ Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación inversa”, causa C. 110.618, del 20-09-2017).- Declarar la nulidad parcial de la sentencia también implicaría, como ya se adelantó, la vulneración injustificada del instituto de la cosa juzgada. Sobre esta cuestión el Cimero Tribunal Federal ha dicho: “...el respeto a la cosa juzgada es uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro régimen constitucional, y por ello no es susceptible de alteración ni aún por vía de la invocación de leyes de orden público, toda vez que la estabilidad de las sentencias, en la medida en que constituyen un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica, es también exigencia del orden público con jerarquía superior (Fallos: 299:373; 301:762; 302:143).” (Fallos: 317-161).- En síntesis, el demandado tuvo a disposición los instrumentos procesales para impugnar la sentencia desde el momento en que conoció la existencia del alegado vicio, pero no lo hizo, por lo tanto perdió la oportunidad procesal para hacerlo.
A mayor abundamiento y en coincidencia con esta afirmación se ha dicho en lo relativo a la pretensión nulificatoria de una sentencia firme que: "Conforme a los lineamientos básicos en materia de preclusión, parece evidente que si el afectado por el entuerto no ha utilizado (pudiendo hacerlo) los remedios legales ordinarios (por ej., la interposición del recurso de apelación) aptos para removerlo, no puede luego deducir la pretensión que nos ocupa.” (cfr. Peyrano, Jorge -Director- y Carbone, Carlos -Coordinador-: “La impugnación de la sentencia firme”, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2006, Tomo I, pág. 24).- Desde otro punto de vista, debo señalar que la falencia que se le enrostra a la sentencia no es un defecto in procedendo, que justificaría hipotéticamente la declaración de nulidad de la misma, sino un alegado error in iudicando, por la invocada improcedencia de un rubro indemnizatorio (salarios abonados a un empleado no registrado) que no posibilita tal declaración.
Al respecto se ha dicho: “a) El juez puede incurrir en error al desviarse de los medios señalados por la ley procesal para la dirección del juicio. Se trata en este supuesto de error in procedendo, es decir, de error judicial referente a las formalidades procesales. b) Pero también puede desviarse del derecho sustancial en litigio (v.gr., al aplicar mal una ley, o no aplicar una ley vigente). Este defecto se llama error in iudicando, es decir, error judicial de fondo. Este último constituye el agravio y se repara con el recurso de apelación. El primero configura la nulidad, y es objeto del recurso que estudiamos [nulidad de sentencia]. Consecuente con ello, la jurisprudencia se ha pronunciado unánimemente de la siguiente manera: 1) El recurso de nulidad debe aludir a vicios de construcción del proceso o de la resolución en su forma y no supuestos errores de juicio. 2) El desacierto intrínseco del fallo que puede alegarse, no hace al objeto del recurso nulificante. 3) Si el vicio que se alega es in iudicando y no constituye falta de fundamentación, no procede el recurso de nulidad.” (cfr.
Maurino, Alberto Luis: “Nulidades procesales”, Astrea, Buenos Aires, 1999, págs. 233/234).- Por lo expuesto, el planteo de nulidad parcial debe ser rechazado.-
IV. Que también estimo debe rechazarse la impugnación que se dirige a cuestionar la liquidación practicada. Esto es así ya que las incidencias que pudieran plantearse en el trámite de liquidación con motivo de la ejecución de sentencia deben finiquitarse en la instancia de grado, en atención a que las resoluciones de tales cuestiones no son definitivas a los fines casatorios (cfr. SCBA, “Rojas López, A. M. y otros c/ A. Levin e Hijos S.A. s/ Despido y diferencias”, causa L49536, del 30-06-1992 DJBA 143,135, AyS 1992-II, 516) y por lo tanto insusceptibles de ser atacadas por esta vía en virtud de lo dispuesto en el art. 1° del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, a saber: “Resoluciones susceptibles del recurso.
Improcedencia. El recurso de casación procede ante el Tribunal Superior de Justicia por quebrantamiento de forma y violación de la ley o doctrina legal contra las sentencias definitivas dictadas por las Cámaras de Apelaciones o Tribunales de última o única instancia. Para los efectos de este recurso se entiende por sentencia definitiva la que aún cuando haya recaído sobre un incidente, termine la litis o haga imposible su continuación. No procederá el recurso de casación contra la sentencia recaída en aquellos juicios que después de terminados, no obsten a la promoción de otro sobre el mismo objeto.”.- Si bien el requisito examinado hace a la admisibilidad del recurso, no obsta a su consideración en la etapa de procedibilidad, toda vez que el análisis de los recaudos formales de la casación puede encararse al momento de dictar sentencia e inclusive de oficio.
Régimen éste propio de los recursos extraordinarios, ya que, como ha dicho este Alto Cuerpo: “…‘los requisitos de admisibilidad y procedencia deben subsistir en el momento de la decisión. La ausencia de estos requisitos jurisdiccionales (así denominados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación) puede y debe ser comprobada de oficio…’ (confr. SCBA, Ac. 24.135, ‘Rodrigo de D.L.M. c/Provincia de Bs. As. s/Desalojo’, 21-II-978; D.J.B.A., v. 114, nº 8304; Morello, Augusto Mario, ‘Prueba, Incongruencia, Defensa en juicio (El respeto por los hechos)’, ed. 1977, pág. 32).” (cfr. Sentencia, Tomo X, Reg. 355, Folio 1914/1916).- En efecto, la liquidación atacada es presentada por el ejecutante con anterioridad a efectuarse la subasta del inmueble que fuera propiedad del extinto Sr.
Villarroel (cfr. fs. 311/315), por lo tanto es provisoria. En cambio la liquidación definitiva es la que se practica con posterioridad a la subasta. Sobre el particular, ha dicho caracterizada doctrina: “El artículo que comenzamos a analizar [art. 591 CPCCN, coincidente con el art. 571 CPCCSC] contempla la hipótesis de la existencia de fondos depositados en la causa a raíz de la ejecución forzada sobre el patrimonio del deudor, provenientes de una subasta de bienes muebles o inmuebles o del pago que intentare el deudor con motivo del sobreseimiento de la ejecución…Si bien la oportunidad prevista por el Código es coherente en el sentido de que sólo corresponde presentar liquidación en el momento en que existe ese cometido práctico de percibir el crédito, no podemos obviar que en innumerables ocasiones suelen presentarse liquidaciones durante el transcurso de las actuaciones…anteriores o posteriores a la realización de un bien.
Se trata de ocasiones en las que la cuestión numérica hace a una orientación útil respecto de la decisión a tomarse en cada caso, mas no genera una resolución concreta en punto al crédito, de ahí que la única liquidación definitiva es la que el art. 591 [o art. 571 CPCC en el ámbito provincial] prevé. Es sólo ésta la que adquiere relevancia jurídica e importa en cuanto precede precisamente a la percepción del derecho creditorio consagrado en la sentencia y realiza el objeto de toda la tramitación del pleito, y que no consiste en otra cosa que la satisfacción del crédito perseguido; de ahí, también, que sea ésta y no otra la oportunidad en que adquiere relevancia la impugnación que el deudor ejecutado pudiera efectuar...Jurisprudencia […] Corresponde distinguir entre la liquidación que se practica en el proceso ejecutivo para fijar la base de la subasta y la que se efectúa para establecer la deuda que debe pagar el ejecutado, conforme al art. 591 del Cód.
Procesal, ya que aquélla tiene ese único objeto y es, por lo tanto, provisoria, en tanto que ésta, en cambio, es definitiva. (Cám. Apel. Civ. y Com. Junín, 30/9/97, LLBA, 1997-1390).” (cfr. Highton, Elena I. y Areán, Beatriz A. -Dirección-: “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Concordado con los códigos provinciales. Análisis doctrinal y jurisprudencial”, Ed. hammurabi, Buenos Aires, 2008, Tomo 11, págs. 708/711).- Con el mismo criterio que el aquí esgrimido ha dicho la Suprema Corte de Justicia bonaerense que: “?respecto de las observaciones a la liquidación practicada por el actuario, esta Corte ha sostenido que los extraordinarios sólo resultan viables contra las sentencias definitivas, es decir, aquéllas que ponen fin a la litis que motivó el pleito, pero no frente a las resoluciones que puedan plantearse durante su ejecución, las que, en principio, deben quedar concluidas en la instancia ordinaria (conf. doct.
Ac. 88.630, 27-X-2004; Ac. 91.919, 9-II-2005; Ac. 93.191, 8-VI-2005; Ac. 98.513, 8-XI-2006; Ac. 98.079, 7-III-2007; Ac. 101.303, 7-V-2008). Así, en el caso, el pronunciamiento del tribunal de grado que, con posterioridad al fallo de condena, rechazó los ataques formulados contra la liquidación realizada, no reviste carácter definitivo conforme lo instaurado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, sin que se observen motivos de excepción que permitan apartarse del criterio señalado (conf. doct. Ac. 90.104, 23-XII-2003; Ac. 92.263, 17-XII-2004; Ac. 93.191, 8-VI-2005; Ac. 95.429, 8-II-2006; Ac. 95.896, 31-VIII-2007).” (cfr. “Domeq Héctor M. c/ Hornos Hnos. Soc. de hecho y ot. s/ Indemnización.
Rec. de queja”, causa Ac 99509, I, del 13-8-2008).-
V. Que, asimismo, es menester analizar lo vinculado con la multa por temeridad y malicia. Sobre el particular se debe decir liminarmente que establecer si la conducta procesal de los profesionales y/o las partes es pasible de una sanción “...remite al estudio de cuestiones de hecho, privativas de los jueces de grado (conf. SCBA: ‘Biagi, Mónica P. c/ Televisora Privada del Oeste S.A. s/Despido’ L 67749 S, del 26 de octubre de 1999), y sabido es que estas cuestiones no son abordables, en principio, en esta instancia extraordinaria salvo el caso de absurdo...” (cfr. TSJ Santa Cruz, Tomo XXVIII, Reg. 3279, Folio 5441/5444). En la misma inteligencia el Cimero Tribunal bonaerense ha entendido que: “...establecer la existencia o no de temeridad o malicia es facultad privativa del juzgador de grado (confr.
L. 59.054, sent. de 25-III-1997 y Ac. 88.502 citado), por tratarse de una mera cuestión de hecho. Así, su tratamiento en casación sólo es atendible si se denuncia y demuestra absurdidad en el pronunciamiento atacado.” (cfr. “Manuel Aguirre S.A. c/ Subsecretaría Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires s/ Amparo s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley”, causa causa A. 68.826, del 5-11-2008). No obstante lo antedicho, en el sub lite se presentan circunstancias extraordinarias que habilitan la revisión de la multa de marras.- Es que para imponer la misma, la Cámara estima y valora que: 1) el demandado debe dar cumplimiento a una sentencia desde hace aproximadamente 17 años; 2) en el transcurso del proceso el ejecutado “…ha realizado numerosas presentaciones estériles, meramente dilatorias y sin razones suficientes (fs. 120/122, 163/164, 242/247), habiendo inclusive llegado al Tribunal Superior de Justicia donde fue desestimado su recurso (fs. 275/279)…”; y 3) el recurso de apelación de la parte demandada, obrante a fs. 336/346, es otro planteo más de carácter reiterativo y carente de solidez jurídica (cfr. foja 371).
La Cámara dice, al hacer referencia a estos antecedentes, que: “…todo lo cual se traduce en una evidente conducta maliciosa del demandado.” (cfr. foja cit.). Es decir que valoró todas estas circunstancias para imponer la multa. Sin embargo, aquí la Cámara incurrió en un error ya que este Alto Tribunal descartó como motivos de sanción procesal (relacionado con la sanción de prevención impuesta por la Cámara a fs. 242/247 del incidente de ejecución) a la demora en el proceso, en consideración a que casi diez (10) años de ese retraso se produce por la inacción de la actora en iniciar la ejecución de la sentencia (cfr. foja 442).- Asimismo este Alto Cuerpo estimó que no se encontraba configurada una actitud procesal con entidad suficiente para ser considerada como obstructiva por parte del demandado, por lo que dejó sin efecto la sanción de prevención impuesta por la Cámara (cfr. fs. 441/442 vta.).
Esta resolución del Excmo. Tribunal Superior de Justicia es del 13 de marzo de 2012 y tuvo en consideración todas las actuaciones que se mencionan en el inciso 1 de la enumeración consignada en el párrafo anterior (de fs. 120/122, 163/164 y 242/247 - esta última es la que impone la prevención revocada por este Excmo. Tribunal). Consecuentemente, no puede la Cámara invocar los mismos antecedentes para aplicar una nueva sanción ya que tales hechos quedan amparados bajo la figura de la cosa juzgada.- Más allá de lo antedicho, que es suficiente motivo para revocar la sanción de multa, igualmente es aplicable al sub lite el criterio restrictivo que mantiene este Alto Cuerpo sobre la imposición de sanciones por temeridad y malicia.
“Al respecto, es preciso ponderar en primer término que la sanción que prevé la mencionada norma procesal [art. 45 CPCC] debe ser interpretada con criterio restrictivo y suma prudencia tratando de evitar el más mínimo menoscabo al ejercicio del derecho de defensa de las partes. No es ello un simple criterio genérico, sino una premisa insoslayable a los fines de la valoración de la procedencia de la sanción…En tal sentido, corresponde destacar, que no basta para tener por acreditada una conducta temeraria o maliciosa que las defensas articuladas por la parte sean desestimadas por poseer esmirriados argumentos fácticos y jurídicos, debiendo por el contrario, apreciarse en forma nítida y manifiesta aquella conducta reveladora de la exclusiva intención de dilatar en forma abusiva e infundada el desarrollo del proceso.
El artículo 45 del CPCC, no tiene como fin sancionar la carencia de razones jurídicas de los litigantes, sino que ello se encuentre impulsado por una conducta evidentemente maliciosa. Es en este orden de ideas que, en mi opinión, no se observa en los recurrentes tal conducta intencionada con la claridad que debería emerger para lograr ensombrecer el derecho de defensa en juicio que nuestra Carta Magna garantiza a las partes...” (cfr. Sentencia, Tomo XI, Reg. 393, Folio 2130/2138).- Por lo expuesto estimo que debe dejarse sin efecto la sanción de multa impuesta.-
VI. Que, por último, se debe señalar que es inatendible el planteo esgrimido por los recurrentes en su memorial a fs. 495/500 vta. vinculado a que la actora, Frigorífico y Matadero Gaiman S.R.L., se encuentra liquidada y, en consecuencia, no podría ejecutar la sentencia. Esto es así, ya que tal argumentación fue expuesta extemporáneamente.-
Al respecto la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires ha sostenido que: “…la potestad revisora de este Tribunal se encuentra circunscripta al contenido del embate traído a su conocimiento (conf. causa L. 51.828, sent. del 3-VIII-1993), he de señalar que la memoria posterior no resulta apta para corregir omisiones, agregar nuevos enfoques o argumentos -como sucede en el caso, v. fs. 439/440- a fin de subsanar las eventuales deficiencias del recurso, desde que dicho memorial sólo tiene por objeto mejorar la impugnación extraordinaria con el objeto de clarificarla en cuanto a los errores o violaciones que pertinentemente se hubieran denunciado, pues la admisión de aquél (sic) proceder implicaría prorrogar el plazo que fija el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. Ac. 43.700, sent. del 10-IX-1991; Ac. 47.342, sent. del 22-X-1991; Ac. 70.655, sent. del 10-XI-1998).” (cfr. “Lapadu Rubén Eduardo c/ Santos Farace y Asociados y otros s/ Indemnización por despido”, causa causa L. 91.570, del 21-05-2008); y “...las omisiones o insuficiencias del recurso en examen no pueden salvarse en la memoria posterior (art. 284, C.P.C.C.), pues el objeto de ésta no es suplir las carencias de aquél o ampliar sus impugnaciones y sólo cobra vida frente a un recurso suficiente, por lo que si este presupuesto no se da, pasa a ser una pieza sobreabundante (Ac. 37.529, 16-VI-87; Ac. 39.074, 21-VI-88; Ac. 47.268, 10-XII-91).” (cfr. “Vanzini S.R.L. c/ Tallón de Castelli, Delia y otro s/ Daños y perjuicios”, causa Ac. 51.194, del 16-02-1993. Ver también: “Palma Parodi, Esperanto H. c/ Empresa General San Martín Transp. Línea 643 s/ Daños y perjuicios”, causa Ac. 64.753, del 18-2-1997).-
VII. Que, como corolario de lo antedicho, debe declararse la rebeldía de Silvia Susana Villarroel y José Luis Villarroel, y tener por ineficaces las renuncias a la herencia esgrimidas por los Sres. Jorge Alberto Villarroel y Alberto Ariel Villarroel. Asimismo, deberá casarse parcialmente la resolución recurrida y, en consecuencia, revocar la multa por temeridad y malicia impuesta a la parte demandada y a su letrado, Dr. Daniel Horacio García. Confirmándola en todo lo demás que fuera materia de agravios. Las costas deberán imponerse por su orden en atención a como se decide en el presente (cfr. art. 71 CPC y C), difiriéndose la regulación de honorarios de los letrados intervinientes ante esta instancia hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (conf. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las anteriores instancias. Teniendo presente la reserva del caso federal formulado a foja 408.-
Por todo ello, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Declarar la rebeldía de Silvia Susana Villarroel y José Luis Villarroel.-
2. Tener por ineficaces las renuncias a la herencia esgrimidas por los Sres. Jorge Alberto Villarroel y Alberto Ariel Villarroel.-
3. Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la parte demandada y el Dr. Horacio Daniel García, a fs. 398/408 vta., y, en consecuencia, casar parcialmente la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 370/372, y revocando el punto 4° de la parte dispositiva, conforme los considerandos.-
4. Confirmar la resolución recurrida en todo lo demás que fuera materia de agravios.-
6. Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes ante esta instancia hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las anteriores instancias.-
La presente sentencia se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso y en virtud de encontrarse vacante un cargo de Vocal (art. 27, 2º párrafo de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1017S.221 Tomo: XXII Interlocutorio: 716 Folio N°: 4303/4311 Secretaría: 1
Fin de la sentencia