Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución apelada en todos sus términos, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-110522114-APN-VOCII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 17 de Octubre de 2022 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN En la Ciudad de Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Laura Amalia GUZMÁN (Vocal Titular de la Segunda Nominación) y Pablo Alejandro PORPORATTO (Vocal Subrogante de la Tercera Nominación) a fin de resolver el Expediente N° 35.237- I, caratulado: “FRIGORIFICO PALADINI S.A. s/ apelación -impuesto al valor aregado”. La Dra. Guzmán dijo:
I. Que a fojas 49/65 la recurrente interpone recurso de apelación contra la Resolución de AFIP-DGI, fechada el 11 de agosto de 2011, mediante la cual se determina su obligación tributaria frente al impuesto al Valor Agregado, períodos fiscales 11/2005, 12/2005 y 07/2006, se liquidan intereses resarcitorios y se aplica multa con sustento en el art. 45 LPT. En primer término, se remite a los argumentos que esbozara al efectuar el descargo en la instancia administrativa.-
Explica que el ajuste reposa en la impugnación de sus operaciones con dos de sus proveedores, a saber, Agrícola Flores del Oeste S.A. y Establecimiento Bedan S.R.L., los que en oportunidad de concertar sus operaciones lucían regularmente inscriptos, con autorización de CAI vigentes y además contaban con inscripción aprobada en el Registro Fiscal de Operadores en la compraventa de granos y legumbres secas.
Sostiene que según la normativa vigente, el Fisco debe realizar una serie de controles de los sujetos que solicitan el alta en el mencionado registro a efectos de otorgar el alta. De allí que los proveedores cuestionados al contar con esa inscripción, gozan –entiende- de cierta “confianza legítima”. Expresa que los mencionados proveedores no se encontraban en la Base Apoc al momento de realizar sus operaciones, año 2006 y año 2007. Arguye que de la investigación que realizó el fisco nacional surge que aquellos presentaron sus declaraciones juradas impositivas y comparecieron en la agencia de AFIP, por lo que se verificó que fueron ubicados.
De esta manera sostiene que el Ente Fiscal utilizó un mecanismo de sustitución tributaria que no está autorizado por ninguna norma.
Dice que las operaciones fueron canceladas con cheques propios cruzados y con la cláusula no a la orden a nombre de sus proveedores.
Enfatiza que no existe duda alguna de la existencia de los bienes transmitidos por los proveedores a Frigorífico Paladini S.A. ya que no se observa ni cuestiona la realidad de las operaciones de compras así como no se impugnó la deducción del gasto en el impuesto a las ganancias, ni se cuestionó la efectiva salida de dinero para el pago. Sin embargo, pese a ello, el fisco sustenta la impugnación aduciendo que los proveedores no pudieron ser localizados y/o no cuentan con capacidad económica en los períodos fiscales posteriores a aquellos en los que se concertó la operación.
Manifiesta que la impugnación se basó en operaciones de ciertas firmas cuestionadas por adquisición de cereales, sin tener en cuenta las retenciones que la actora le practicó a sus proveedores, por lo que solicita que de quedar firme el acto que apela se proceda a realizar una nueva liquidación, que considere en sus cálculos las retenciones practicadas que comprende créditos fiscales originados por dichas compras.
Cuestiona la liquidación de intereses resarcitorios.
Por último, se agravia de la sanción aplicada considerando que la misma es improcedente. Fundamenta sus agravios con cita jurisprudencial. Ofrece prueba y hace reserva del caso federal II.- Que a fojas 73/91 contesta la representación fiscal, que por las razones de hecho y de derecho que expone, solicita se confirme la resolución apelada. Acompaña como prueba los antecedentes administrativos de la causa y hace reserva del caso federal.
III. Que a fojas 103 se abre la causa a prueba. Habiéndose producido la ordenada a fs. 189 se clausura la instrucción. A fs. 211 se elevan los autos a conocimiento de la Sala A.
A fs. 217 pasan para alegar, obrando a fs. 222/223 vta. y 225/231 vta. los alegatos del Fisco Nacional y de la recurrente, respectivamente.
Finalmente a fs. 233, pasan a sentencia.
IV. Que sentado lo que antecede, corresponde establecer si la resolución apelada se ajusta a derecho.
De las actuaciones acompañadas por la representación fiscal se desprende que la actividad principal declarada por la actora es la elaboración de fiambres y embutidos y su actividad secundaria es el procesamiento de carne de ganado bovino, con fecha de cierre de ejercicio en julio de cada año. Del informe final de inspección obrante a fs. 295/310 del cuerpo principal II de las actuaciones administrativas acompañadas surge que el cargo se origina en los antecedentes remitidos por la Dirección Regional Rosario II sobre diferencias determinadas para el Impuesto al Valor Agregado debido a la impugnación de créditos fiscales proveniente de operaciones con los proveedores AGRICOLA FLORES DEL OESTE S.A. y ESTABLECIMIENTO BEDAN S.R.L., que fueron declarados apócrifos por el Fisco por falta de capacidad económica y operativa para realizar las operaciones liquidadas.
V. Que ello así, corresponde referirse a la actuación del Fisco y a los elementos que colectó a fin de impugnar la materialidad de las operaciones con los citados proveedores, y al detalle de las irregularidades observadas, a saber:
a) ESTABLECIMIENTO BEDAN S.R.L.: Se detectaron inconsistencias con respecto al domicilio fiscal. La investigación observó que el socio minoritario se ve involucrado en otras empresas de este tipo ya que es gerente de una sociedad denominada “CEREALES MINI S.R.L.” que también está incorporada en la Base Apoc, además esta se observa como contratante del flete y remitente del 50% del cereal facturado a la actora según cartas de porte aportadas por la recurrente (obrantes a fs. 146 a 173 del cuerpo de IVA). En consecuencia CEREALES MINI S.R.L. se encontraba publicada en las Base Apoc del ente fiscal en el momento de las transacciones y la actora contrató con ella. Además el socio gerente mayoritario también se encontraba incorporado en la base APOC por falta de capacidad patrimonial para ejercer la actividad pretendida como productor y se encontraba dado de baja del Registro Fiscal de Operadores de Granos.
Analizadas las liquidaciones, cartas de porte y recibos de pago de sus operaciones con el proveedor “ESTABLECIMIENTO BEDAN S.R.L.”, se observó que los cheques emitidos por estas operaciones fueron retirados –en general- por personas que no se identificaron.
Asimismo se observa que no es titular de inmuebles ni automotores. No posee empleados registrados y además no registra pago alguno a AFIP.
Con sustento en las inconsistencias observadas la inspección arribó a la conclusión que la firma se encuentra sin actividad, por lo que no estaría en condiciones de haber efectuado en junio de 2006 las ventas en cuestión a la actora. En ese sentido tampoco justifica el origen de los supuestos granos entregados. Además considerando que la firma investigada no posee inmuebles rurales y que no declara empleados en relación de dependencia, debió haber recurrido al alquiler o arrendamiento de campos y a la contratación de servicios de laboreo para poder producir los granos entregados, hechos que no se verificaron en la inspección realizada.
En virtud de lo expuesto, los actuantes concluyeron que la firma es un contribuyente que no cuenta con capacidad operativa, patrimonial, económica y/o financiera necesaria para operar en los niveles declarados por la actora, por lo que se la considera un eslabón más en la cadena de blanqueo de cereal adquirido en forma marginal.
b) AGRICOLA FLORES DEL OESTE S.A.: Con motivo de las tareas realizadas, y de las consultas efectuadas, se verificó que este proveedor no poseía empleados registrados. Sus domicilios fiscal y comercial no existían. En ninguno de éstos, en oportunidad en que fueron visitados por funcionarios de AFIP-DGI se encontró al responsable ni persona a cargo de una básica estructura comercial para recepcionar llamados comerciales. De allí que no se pudo constatar –y tampoco fue suministrado por la actora a pesar de haberle sido requerida- la forma en que la recurrente se contactó y relacionó con esta empresa. Así, se verificó que el domicilio fiscal sito en Av. Gral. Las Heras 2489, piso 5, dpto. C, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es inexistente.
En cuanto al domicilio legal, sito en Hipólito Yrigoyen 615, piso 3, oficina A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si bien se encontraron elementos que vinculan a la firma, el encargado de portería del edificio manifestó que aquella no funcionaba en el lugar desde hacía tres años.
Se inscribió en impuesto a las ganancias no registrando presentación de declaraciones juradas y por tal motivo fue dado de baja de oficio. Tampoco posee pagos efectuados.
En cuanto al Impuesto al Valor Agregado registra presentación de declaraciones juradas de los períodos comprendidos entre enero 2005 y octubre 2007. Se observa un único ingreso bancario efectuado en concepto de multa por presentación fuera de término de una DDJJ. Ese constituye el único pago bancario efectuado por la empresa.
La firma poseía dos rodados como bienes registrables, que fueron vendidos al 10 de agosto de 2006. Se constató que no posee estructura física para el desarrollo de la actividad. En efecto, se detectaron serias inconsistencias que llevaron a incluirlo en la base APOC. El presidente de la sociedad, Sr. Flores Ricardo Daniel, integra además, una Sociedad de Hecho que forma parte del listado de empresas vinculadas en la causa de proveedores apócrifos. Fue dada de baja en el Registro de Operadores de Granos el 13 de diciembre de 2005 debido a la detección de inconsistencias. Se circularizaron a los directivos de la firma a los domicilios informados no obteniéndose resultados dado que los mismos eran inexistentes (fs. 45 de las aa). Con sustento en estos elementos, la inspección fiscal concluyó que el proveedor no fue localizado en el domicilio fiscal y en el resto de los domicilios visitados, incluso al intentar localizar a sus integrantes, se obtuvieron similares resultados. No posee bienes registrables. No presentó DDJJ del impuesto a las ganancias. No posee empleados registrados. Posee acreditaciones bancarias de envergadura por los períodos 2005 y 2006. No presentó Estados Contables en la Inspección General de Justicia. Sus miembros no poseen solvencia patrimonial. El presidente se halla incluido en la base Apoc ya que es considerado prestanombre de otros contribuyentes.
Por todo lo expuesto, a raíz de la investigación realizada, se concluyó que dicha empresa no encuadra dentro de una empresa en marcha, en atención a la ausencia de capacidad operativa, patrimonial y financiera para el desarrollo de las actividades en las que se encuentra inscripta.
VI. Que de acuerdo con el relato efectuado en autos, como consecuencia de las tareas que le son propias, el organismo fiscal pudo comprobar serias y concretas irregularidades de algunos proveedores de la recurrente que lo llevaron a la conclusión fundada de que se estaba frente a operaciones inexistentes e impugnables.
En atención a lo expuesto, el tema en debate queda delimitado a una cuestión de hecho y prueba a fin de establecer con un grado de certeza la realidad de los hechos tenidos en cuenta por la administración y negados por la recurrente, lo que nos lleva a analizar las probanzas arrimadas por ésta.
Resulta oportuno recordar que la carga de la prueba constituye tanto una regla de juicio para el juez, pues le indica cómo debe fallar en atención a los hechos probados y una regla de conducta para las partes, toda vez que advierte y delimita los hechos que serán objeto de prueba a fin de que el juez los considere como ciertos.
VII. Que cabe destacar que la defensa de la actora a lo largo de su escrito recursivo consiste –fundamentalmente- en sostener que las operaciones se realizaron, que se pone en cabeza de los contribuyentes controles que sólo puede ejercer la administración fiscal así como que le resultan inoponibles las pretendidas irregularidades de sus proveedores y que no pudo participar en los cuestionamientos efectuados por el ente fiscal.
Sobre el particular, si bien, de manera alguna puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto (en particular aquellas que se vinculan con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la firma emisora de las facturas y su inclusión en la base de datos del organismo de proveedores apócrifos), lo cierto es que la impugnación de las operaciones con ciertos proveedores de la recurrente se realizó sobre la base de una serie de indicios graves y concurrentes, tales como la no localización de alguno de los proveedores, falta de capacidad operativa de los mismos, la falta de acreditación del circuito financiero, etc, elementos que en su en su conjunto llevaron al organismo fiscal a concluir sobre la inexistencia de las mismas.
En esa inteligencia cabe traer a colación lo sostenido por la Sala B de este Tribunal, en su anterior conformación, in re “Vialbo Construcciones S.A.”, 12/2/2002, donde señaló que en la medida que el Fisco había formulado concretas y graves impugnaciones a los proveedores, el actor no podía limitarse a afirmar que no se encontraba obligado a conocer o verificar la situación fiscal de aquellos con quienes contrata. Allí, advirtió que “…no pueden considerarse las impugnaciones del Fisco Nacional en forma aislada y someterlas a un análisis singular, como pretende equivocadamente la apelante, para concluir si tenía obligación de conocerla o no, cuando la realidad indica que se trata de situaciones reiteradas, irrazonables desde el punto de vista del supuesto trato comercial (que habría abarcado más de cuatro años), que se conjugan con un racimo de otras anomalías propias de operaciones falsas...claramente, una cosa es reputar de apócrifa una factura por el mero hecho de que el proveedor no haya presentado las Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado y/o al Impuesto a las Ganancias, o que las haya presentado en forma constante con saldo a su favor, circunstancias éstas que resultan completamente ajenas al adquirente de tales bienes o servicios y que no bastan, por sí solas, para calificar de falso instrumento alguno (cfr.
Doctrina Jurisprudencial emergente de la causa “Molla, Pedro José”, TFN, Sala A, 17/3/02)...otra muy distinta es la situación que se presenta cuando se dan, concomitantemente, una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas...y como corolario una actitud de la apelante que se limita a aseverar dogmáticamente que no le compete el control de la situación fiscal de aquellos con quienes contrata, sin aportar dato adicional alguno...tendiente a profundizar la investigación en terrenos que resulten de su exclusivo interés". Asimismo, no puede dejar de señalarse que dado el grado de sofisticación cada vez mayor de las maniobras utilizadas por algunos contribuyentes destinadas a evadir el impuesto debido a través del cómputo improcedente de créditos fiscales o de gastos, no puede convalidarse la existencia de las operaciones discutidas únicamente porque las mismas se encuentran registradas en la contabilidad de la firma y las facturas que las respaldan cumplen con los recaudos exigidos por la normativa fiscal.
VIII.- - Que, puntualmente, en cuanto a la impugnación de los créditos fiscales cabe recordar la importante doctrina sentada por esta Sala, en su anterior integración, en la que explicó que “de la economía propia del impuesto al valor agregado surge la doctrina de la concurrencia de los elementos material- formales del crédito fiscal” (vid. por todos, “Impulso S.A.”, 27/3/98). En efecto, para que un crédito fiscal revista la calidad de computable, es menester la concurrencia del aspecto material (existencia de las operaciones) y formal (discriminación del impuesto, cuando correspondiere por expresa disposición legal).
Este criterio fue convalidado por Nuestro Máximo Tribunal entre otros, en las causas “ADM Argentina SA” y “Molinos Rio de la Plata S.A.” de fechas 10 de marzo de 2015 y 25 de agosto de 2015, respectivamente, en donde se estableció que “...a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), resulta indispensable que sea legítimo. Ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente”.
En esta inteligencia, corresponde al actor acreditar fehacientemente la existencia de las operaciones comerciales.
IX. Que sentado lo que antecede, debe ahora este Tribunal apreciar la prueba acompañada por la recurrente, la que se limita a la informativa que obra agregada a fojas 111/128, 153 y 160/168. Cabe adelantar que dicha probanza resulta insuficiente para acreditar la veracidad de las operaciones cuestionadas.
En efecto, las respuestas a los oficios que realiza AFIP sobre los contribuyentes impugnados dan cuenta de sujetos que presentaron cierta información al momento de su inscripción pero en modo alguno acreditan la realidad de las operaciones cuestionadas o, que los proveedores impugnados tengan la capacidad económica necesaria para realizar las operaciones cuestionadas.
Merece especial atención los dichos de la recurrente dirigidos a que este Tribunal considere comprobada las operaciones con sustento en el circuito de pagos. Sobre el particular, cabe señalar que no produjo medida tendiente a denostar los elementos recabados por la actividad fiscalizadora. Adviértase que de la información obtenida de los bancos y que emerge de los instrumentos de pago, “si bien los pagos fueron efectuados con cheques de la fiscalizada y utilizando medios de pago habilitados según las disposiciones legales y reglamentarias vigentes a las fechas de las operaciones (extremos formales), el seguimiento de las instancias posteriores, determinan que los pagos se diluyen en gestiones de cobro por parte de una mutual o cobros por ventanilla, modalidades que no responden a una operatoria habitual y que no permite constatar que el destinatario final de los cobros sean los contribuyentes “Agrícola Flores del Oeste S.A.” y “Establecimientos Bedan S.R.L.” (Vid. Informe de inspección y cuerpo “circuito financiero)
Ello así, la actividad probatoria de la actora no persiguió la realización de medidas que acrediten las operaciones y –en definitiva- no aportó elementos que pudieran destruir los fundados y probados hechos tenidos en cuenta por el ente fiscal en el acto en crisis.
En esa dirección, la Alzada ha tenido oportunidad de expresar reiteradamente que “...ante las fundadas observaciones efectuadas por el Fisco, pesaba sobre la parte actora, la demostración de la existencia y veracidad de las operaciones cuestionadas, refutando adecuadamente el contenido de la impugnación fiscal, a lo que debe añadirse que, los documentos ofrecidos en sustento de la veracidad de las operaciones carecen de virtualidad para demostrarla y exigen de la utilización de otros medios probatorios para comprobar la existencia de las negociaciones (conf. esta Sala, Causa Nº43037/2011, in re “Lim Sur SA (TF 24762-I) C/DGI”, del 20/11/2012; Causa Nº 7795/08, in re “Molinos Rio de la Plata S.A. c/ E.N.- AFIP DGI- Resol 370/08 s/ DGI”, del 03/04/12; y Sala II, Causa Nº32.350/2012, in re “Toledo Pedro Roque (TF 29.171-I) c/ DGI”, del 29/11/2012)”.
Y, agregó, que “....no basta para contradecir las conclusiones del acto determinativo la mera demostración del cumplimiento de recaudos formales de orden documental o contable, sino que es menester que el contribuyente aporte elementos concretos y contundentes que acrediten la veracidad de tales operaciones (conf. esta Sala, in re “Molinos Río de la Plata S.A. c/ AFIP DGI (Resol 247/06) s/ proceso de conocimiento”, del 3-7-12; y “Cereales Acebal S.A. c/ AFIP (TF 30769-I) c/ DGI”, del 11-9- 12; en el mismo sentido, CNACAF, Sala I, causa “Nidera SA”, expte. nro. 41858/2005, del 20/03/2012 y Sala IV, causa “Agrocomercial Ramallo SA”, expte. nro. 5341/2015, sentencia del 11/08/2015, entre muchos otros)”.
En consecuencia, los agravios de la recurrente –sobre la que reposaba la carga probatoria- resultan a la postre meras afirmaciones dogmáticas que no logran conmover las conclusiones a las que arribara el juez administrativo en las resoluciones apeladas en autos, por lo que corresponde confirmar los ajustes efectuados por el Fisco Nacional en la resolución determinativa en cuanto impugnan el crédito fiscal computado en las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado. Con costas.
X. Que finalmente, corresponde rechazar el planteo subsidiario efectuado por la recurrente dirigido a obtener la devolución de las retenciones practicadas a los proveedores impugnados. En efecto, el derecho a repetir previsto en la ley procesal confiere legitimidad a los contribuyentes y responsables del gravamen que hubieren soportado el tributo, circunstancia que no se da en la especie, pues la recurrente actuó como agente de retención, ingresando el impuesto de otro (Vid. voto de la suscripta en la causa “Cooperativa Agropecuaria Unión y Progreso Ltda”, 24/8/2018 y sus citas). Cabe reseñar que nuestro Máximo Tribunal abonó esta postura en un reciente pronunciamiento recaído in re “Compañía General de Granos S.A. c/AFIP-DGI”, de fecha 11/3/2021 en donde, en lo que aquí interesa, sostuvo: “… Corresponde también acoger los restantes agravios de la demandada y, en consecuencia, rechazar la demanda, pues este Tribunal ha sostenido con anterioridad que los agentes de retención solo se encuentran autorizados a demandar la repetición de los impuestos regidos por la ley 11.683 en los supuestos en los que el cumplimiento del deber que la legislación les impone ha derivado en un perjuicio personal (Fallos: 306:1548; 324:920), y en el caso de autos resulta claro que CAGSA no ha demostrado como correspondía la existencia y acreditación de perjuicio alguno.”
XI. Que la recurrente se agravia de los intereses liquidados con sustento en jurisprudencia que avala la aplicación de la excusación de responsabilidad en razón de las características y complejidad de las cuestiones debatidas. Cabe recordar que la falta de pago en término o en su justa medida de las obligaciones tributarias origina el nacimiento de una obligación accesoria, ingreso de intereses, que se devengan desde la fecha de vencimiento de las mismas y hasta el momento de su efectivo pago y cuyo fundamento es indemnizar al acreedor -en este caso, el Estado- por el atraso del deudor en cumplir con su obligación, que le ocasiona un perjuicio al no poder hacer uso de su derecho de crédito. Es menester tener presente que la doctrina y la jurisprudencia es conteste en exigir, para su procedencia, la presencia de mora culpable. Ello así, el retardo en el cumplimiento de la obligación debe ser imputable al deudor, razón por la cual quedará excluido el incumplimiento derivado de caso fortuito o fuerza mayor. De tal forma, si el deudor considera estar liberado de toda responsabilidad debe probarlo, lo que implica que para la constitución en mora, deben coexistir los elementos formal y subjetivo. El elemento formal está configurado por el mero acaecimiento del plazo, concepto que deriva de la obligación contenida en el artículo 37 de la ley de rito que obliga al pago de los intereses sin necesidad de interpelación alguna. En tanto, el elemento subjetivo refiere a la inimputabilidad del deudor, cuya presencia en el derecho tributario procede de la aplicación supletoria de las normas del derecho privado, conforme la autorización expresa otorgada por el artículo 1 de la ley 11.683 (t.o. En 1998 y sus modificaciones). Así, resulta en la especie de aplicación el art. 509 del CC, vigente a la sazón, que dispensa de responsabilidad a quien acredite que la mora no le es imputable. Criterio este convalidado por la C.S.J.N. In re “Citibank NA”, del 1/6/00.
En ese contexto, corresponde confirmar los intereses liquidados toda vez que no se verifica en la especie una cuestión que revista una complejidad tal que habilite eximirla de responsabilidad.
XII. Que sentado lo que antecede, corresponde expedirse sobre la procedencia de la sanción apelada, que el ente fiscal aplica con sustento en el artículo 45 de la ley 11.683 (t.o. en 1998). En primer término, corresponde tratar la defensa de nulidad articulada. Sostiene la recurrente que se vio violentado su derecho de defensa toda vez que el sumario se inició por considerárselo incurso en la conducta que reprimen los artículos 46 y 47, inc. c de la ley de rito y que culminó sancionándoselo con sustento en el artículo 45 del mismo texto legal. Dicho planteo debe ser desechado. En efecto, conforme se desprende de las actuaciones administrativas y del acto en crisis, fue justamente como consecuencia del ejercicio de defensa que el juez administrativo –con sustento en los dictámenes jurídicos del organismo- consideró que no se encontraba probado la presencia del elemento subjetivo que exige la norma citada y reencuadró la conducta en la omisión, contando en esta instancia con la posibilidad de discutir su procedencia.
Ello así, debe entonces analizarse su procedencia. Cabe recordar que el artículo 45 de la ley 11.683 –tv. a la sazón- tipifica el ilícito de omisión de impuestos, que requiere –en situaciones como la sub examine- la concurrencia de dos situaciones, a saber: a) omisión de pago de impuestos y b) la falta de presentación de declaraciones juradas o presentación de declaraciones juradas inexactas. Siempre que el juez administrativo haya descartado la existencia de “declaraciones engañosas”, además de los presupuestos de culpa o negligencia.
Ello así, el extremo objetivo que requiere la norma para su procedencia se encuentra verificado en la especie, pues como quedó explicado, como consecuencia de las tareas de verificación llevadas a cabo por el ente fiscal, se detectó que el recurrente presentó declaraciones juradas inexactas, lo que originó el ingreso de impuesto menor al correspondiente.
En ese contexto, debe este Tribunal examinar la presencia del elemento subjetivo, cuya concurrencia es necesaria para la configuración del ilícito en cuestión y cuya inexistencia alega la recurrente. Debe precisarse que para que alguien pueda ser castigado debió obrar voluntariamente, con culpa, pues entiendo que deben excluirse aquellas sanciones exigidas sólo de modo objetivo Sobre el particular, cabe recordar que nuestro Máximo Tribunal al delinear el ilícito en cuestión sostuvo que “…surge claramente del texto transcripto que no es exigible una conducta de carácter doloso del contribuyente que deba ser acreditada por el organismo recaudador. Por lo tanto, la jurisprudencia que ha tenido en cuenta el a quo no es apta para decidir la cuestión en examen.
8. Que, sentado lo que antecede, cabe destacar que esta Corte ha reconocido en numerosas oportunidades que en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquél a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos - 271:297; 303:1548; 312:149). Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación vigente (Fallos - 316:1313; causa L.269.XXXII, "Lambruschi, Pedro Jorge s/ley 23771", fallada el 31/10/1997).
9. Que por lo tanto, toda vez que en el caso ha quedado acreditada la materialidad de la infracción prevista por el art. 45 de la ley 11683 (texto citado) con la determinación de la obligación tributaria que ha quedado firme -de la que resulta la omisión del pago de impuestos y la inexactitud de las declaraciones juradas presentadas por la actora- la exención de responsabilidad sólo podría fundarse válidamente en la concurrencia de alguna de las circunstancias precedentemente aludidas” (“Elen Valmi de Claret”, del 31/3/99”
Ello así, los argumentos esgrimidos por la recurrente, que se sustentan en el error excusable, no pueden ser acogidos favorablemente. En efecto, la jurisprudencia es conteste en sostener que el error de hecho o de derecho, para ser excluyente de culpabilidad, debe ser acreditado. La ausencia de culpa debe ser probada en tanto la presencia de error exculpable exige su prueba. Así lo ha sostenido nuestro Maximo Tribunal al sostener que “quien pretenda exculparse en el campo fiscal, con fundamento en la ignorancia o error acerca del carácter ilegítimo de su conducta, deberá acreditar de modo fehaciente que, a pesar de haber actuado con la debida diligencia, no tuvo la posibilidad real y efectiva de comprender el carácter antijurídico de su conducta” (vid. F. 319:1524). Asimismo, dicho error debe ser esencial, esto es decisivo.
Estas circunstancias no han sido acreditadas en autos, limitándose la recurrente alegarlas, sin brindar las razones por las cuales entiende incurrió en error excusable.
En ese contexto, corresponde confirmar la sanción aplicada, la que –entiendo- luce correctamente encuadrada y cuantificada.
XIII. En mérito a lo expuesto, voto por confirmar la resolución apelada en todos sus términos, con costas.
El Dr. Porporatto dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. Guzmán.
Por ello, SE
Confirmar la resolución apelada en todos sus términos, con costas.
Se deja constancia que la presente resolución se dicta de conformidad con el art. 59 – tercer párrafo - del RPTFN por encontrarse vacante la vocalía de la 3era Nominación.
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Date: 2022.10.17 15:53:30 -03:00 Date: 2022.10.17 15:55:45 -03:00 Pablo Alejandro Porporatto Laura Amalia Guzman Vocal Subrogante Vocal Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.10.17 15:55:46 -03:00
Fin de la sentencia