Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 35237-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1.
Desestimar los agravios y confirmar la sentencia apelada, con costas (artículo 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). 2. Fijar los honorarios en la forma establecida en el considerando IX.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
25283/2023 FRIGORIFICO PALADINI SA (TF 35237-I) c/ DGI (TF 35237-I) s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 28 de septiembre de 2023.- AA Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Que el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió confirmar, con costas, la resolución nº 88/2011 dictada el 11 de agosto de 2011 por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Rosario II de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que determinó de oficio la obligación tributaria frente al impuesto al valor agregado (IVA) de la firma Frigorífico Paladini SA, correspondiente a los períodos fiscales 11 /05, 12/05 y 7/06, más los intereses resarcitorios, y aplicó una multa en los términos del artículo 45 de la ley 11.683.
Para así decidir, expuso diversos fundamentos:
(i) El Fisco Nacional fiscalizó al frigorífico actor y encontró créditos fiscales provenientes de operaciones efectuadas con dos proveedores — "Establecimientos Bedan SRL" y "Agrícola Flores del Oeste SA"—, que habían sido declarados apócrifos "por falta de capacidad económica y operativa para realizar las operaciones liquidadas".
En ese contexto, detectó una serie de irregularidades sobre aquéllos, a saber: (a) no poseían una estructura básica comercial, ni tenían la capacidad patrimonial para ejercer la actividad de "compraventa de granos y legumbres secas"; (b) se encontraban incluidos en la base eApoc; (c) los domicilios que denunciaron no existían; (d) no poseían inmuebles rurales ni los arrendaban; (e) no habían presentado las declaraciones juradas; y (f) en los comprobantes de pago no figuraban como destinatarios.
(ii) La defensa del frigorífico actor no puede "limitarse a afirmar que no se encontraba obligado a conocer o verificar la situación fiscal de aquéllos con quienes contrata" y tampoco puede "convalidarse la existencia de las operaciones discutidas únicamente porque las mismas se encuentran registradas en la contabilidad de la firma y las facturas que las respaldan cumplen con los requisitos exigidos por la normativa fiscal".
(iii) La firma actora no aportó elementos que pudieran invalidar los hechos probados por el fisco.
(iv) No procede el planteo dirigido a obtener "la devolución de las retenciones practicadas a los proveedores impugnados", toda vez que "el derecho a repetir previsto en la ley procesal confiere legitimidad a los contribuyentes y responsables del gravamen que hubieren soportado el tributo, circunstancia que no se da en la especie, pues la recurrente actuó como agente de retención, ingresando el impuesto de otro".
(v) Los intereses liquidados deben ser confirmados ya que "no se verifica en la especie una cuestión que revista una complejidad tal que habilite eximir [al frigorífico actor] de responsabilidad".
(vi) La sanción prevista en el artículo 45 de la ley 11.683 se encuentra configurada, pues "como consecuencia de las tareas de verificación llevadas a cabo por el ente fiscal, se detectó que el recurrente presentó declaraciones juradas inexactas, lo que originó el ingreso del impuesto menor al correspondiente" y no acreditó la presencia de un error excusable.
Asimismo, dicho tribunal reguló los honorarios a favor de la dirección letrada y representación procesal de la AFIP, que fueron apelados "por altos" por el frigorífico actor y contestados por los beneficiarios (fs. 245/246, fs. 270 y fs. 278/279).
II. Que contra dicho pronunciamiento, el frigorífico actor apeló y expresó los siguientes agravios, que fueron contestados:
(i) La sentencia "no es una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas en la causa […] deviniendo de tal modo en arbitraria".
(ii) Probó que los proveedores impugnados se encontraban inscriptos en el organismo fiscal y en el Registro Fiscal de Operadores de Granos, que practicó las retenciones de IVA y que abonó "los cereales adquiridos" con cheques emitido a nombre de aquéllos.
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25283/2023 FRIGORIFICO PALADINI SA (TF 35237-I) c/ DGI (TF 35237-I) s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO (iii) "El Fisco nunca probó la presunta falta de capacidad operativa de los proveedores impugnados".
(iv) Debe aplicarse la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que surge del fallo "Bildown".
(v) No corresponde liquidar los intereses resarcitorios cuando "circunstancias ajenas al deudor han impedido a éste el oportuno cumplimiento de la obligación tributaria".
(vi) La multa aplicada es ilegítima "por cuanto no se da el elemento subjetivo requerido desde la óptica infraccional para la aplicación de las penas de naturaleza tributaria, en la medida que […] no fue negligente ni descuidado al momento de contratar a los proveedores".
Subsidiariamente, solicitó que se “reconozca las retenciones efectuadas y, por ende, se ordene su efectiva devolución a mi poderdante”, pues "[f]rente al desconocimiento de las operaciones y la supuesta ausencia de ingreso de débito fiscal por parte de los proveedores cuestionados, procede reconocerle a PALADINI su utilización como pago a cuenta".
III. Esta cámara, por sus diversas salas, ha dicho invariablemente que no corresponde apartarse de la apreciación efectuada por el Tribunal Fiscal de las circunstancias fácticas de la causa, dado los límites del recurso que prevé el artículo 86, inciso ‘b’, de la ley 11.683, a menos que se pruebe que aquel tribunal haya incurrido en un error en la apreciación de los hechos (esta sala, causa “ABC Maderas SA (TF 16870-I) c/ DGI” y “ Junquera, Marta Aurora”, pronunciamientos del 6 de diciembre de 2011 y del 4 de agosto de 2015, respectivamente; en igual sentido, Sala III, causa “Ambulancias Privadas Argentinas SA”, pronunciamiento del 23 de febrero de 2011, Sala IV, causa “Banco de Italia y Río de La Plata SA”, pronunciamiento del 24 de septiembre de 1996, y Sala V, causas “Devez, Manuel Rodolfo” y “Del Buono, Jorge”, pronunciamientos del 13 de febrero de 2002 y del 15 de marzo de 2007, respectivamente).
IV. Desde esa perspectiva, los agravios ofrecidos por la firma recurrente no pueden prosperar, pues se limitan a disentir con la valoración de los hechos y de las pruebas que hizo el Tribunal Fiscal.
Resulta claro que el Fisco Nacional no ponderó exclusivamente el incumplimiento de los deberes fiscales de los proveedores para efectuar el ajuste fiscal. Por el contrario, sobre la base de las tareas de fiscalización, reunió indicios serios que le permitieron aseverar que aquéllos carecían de la estructura necesaria para vender granos al frigorífico recurrente. En efecto, de la lectura del informe final de inspección surgen diversos datos relevantes:
—El proveedor "Establecimientos Bedan SRL": (i) si bien fue incluido en el "Registro Fiscal de Operadores en la Compraventa de Granos y Legumbres Secas" fue dado de baja "[en] menos de 4 meses después de su incorporación" y se encuentra incluido en la base eAPOC; (ii) no poseía una estructura comercial, ni siquiera para recibir llamados telefónicos, tampoco tenía empleados registrados; (iii) no poseía inmuebles rurales ni los arrendaban; (iv) los domicilios denunciados son inexistentes o se encontraron sin actividad; (v) su socio minoritario es gerente de otra sociedad ("Cereales Mini SRL") que también se encuentra incluida en la base eAPOC; y (vi) con relación al circuito financiero, se advirtió la existencia de algunos comprobantes en los que no se aclaraba quién había percibido los pagos (teniendo en cuenta que se trataba de importes más que significativos), y otros que fueron entregados a su socio mayoritario "que al momento de operar con la fiscalizada, se encontraba incorporado en la base APOC […] por falta de capacidad patrimonial" para ejercer como productor de granos.
—El proveedor "Agrícola Flores del Oeste SA": (i) si bien fue incluido en el "Registro Fiscal de Operadores en la Compraventa de Granos y Legumbres Secas" fue dado de baja "apenas 4 meses después de su incorporación" y se encuentra incluido en la base eApoc; (ii) no poseía una estructura comercial, ni siquiera para recibir llamados telefónicos, tampoco tenía empleados registrados; (iii) los domicilios denunciados son inexistentes o se encontraron sin actividad; (iv) el presidente de dicha CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 25283/2023 FRIGORIFICO PALADINI SA (TF 35237-I) c/ DGI (TF 35237-I) s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO sociedad se encontraba incluido en la base eApoc, ya que se lo consideraba "prestanombres"; (v) no presentó declaraciones juradas respecto del impuesto a las ganancias y se lo dio de baja de oficio; (vi) con relación al circuito financiero, se advirtió la existencia de algunos comprobantes en los que no se aclara quién percibió los pagos (teniendo en cuenta que se trata de importes más que significativos). A su vez, se indicó que "un cheque es enviado por correo" y "otro es entregado en mano a alguien no identificado […] no encontrándose motivo para esa diferenciación".
Además, en el seguimiento del circuito económico se encontró que "los pagos se diluyen en gestiones de cobro por parte de una mutual o cobros por ventanilla, modalidades que no responden a una operatoria habitual y que no permite constar que el destinatario final de los cobros" sean los proveedores impugnados.
La reseña efectuada permite apreciar, en un sentido contrario al que sostiene en su memorial de agravios, que el Tribunal Fiscal realizó un acabado examen de los elementos probatorios acompañados a la causa. Por tanto, sus críticas, en última instancia, sólo exhiben su discrepancia respecto del criterio de selección y de valoración sobre los medios probatorios.
Ciertamente, la Corte Suprema sostuvo que "a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley del IVA), como respecto de su reintegro en casos de vinculación con operaciones de exportación (art. 43 de la ley del IVA), resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. En ambos casos ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de los bienes (confr. causa CSJ 685 /2013 (49-F)/CSI 'Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-1) c/ DGI', sentencia del 10 de marzo de 2015) o, en otras palabras, mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. causa CSJ 119 /2013 (49-A) 'ADM Argentina S.A. c/ EN - AFIP - DGI - Resol. 24/08 25 /08 DV DyR2 s/ Dirección General Impositiva', fallada en la misma fecha), extremo que no se cumple en el caso de autos, pues como surge de lo antes expuesto, el tributo cuyo reintegro pretende la actora, no proviene de operaciones genuinas realizadas con los proveedores indicados en las respectivas facturas" (causa "Molinos Río de la Plata SA c/ENAFIP-DGI Resol. 68/10 (GC) y otros s/DGI", pronunciamiento del 25 de agosto de 2015).
V. En consecuencia, el examen de las consideraciones efectuadas por el Tribunal Fiscal sobre la apreciación de los hechos y de las pruebas no permite advertir que haya mediado ningún error que justifique apartarse de la aplicación del principio legal reseñado, por lo que cabe tener por válidas sus conclusiones.
Por tanto, los agravios no pueden ser admitidos.
VI. Los intereses resarcitorios en la determinación de oficio son procedentes, en tanto su liquidación se ajusta al artículo 37 de la ley 11.683 y el frigorífico actor no acreditó la existencia de causales que permitan eximirlo de la responsabilidad por la mora en el ingreso íntegro y oportuno del gravamen, en los términos de la doctrina delineada por la Corte Suprema en los precedentes “IKA Renault SAICyF” y “Citibank NA” (Fallos: 304:203; 323:1315), que fue seguida por esta sala (causas “Las Tres Mulitas SRL c/ DGI s/ recurso directo de organismo externo”, “ Agrocentro Santa Fe SA c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo” y “Tropini y Salcedo SA (TF 37717-i) c/ Direccion General Impositiva” pronunciamientos del 9 de diciembre de 2015, del 19 de febrero de 2019, y del 19 de agosto de 2021, entre otros).
VII. La multa impuesta debe ser confirmada, si se tiene en cuenta la forma en que quedó probado el elemento objetivo de la infracción aplicada y que la firma recurrente no demostró la existencia de una causal eximente de responsabilidad que permita modificar el encuadramiento realizado por el Fisco Nacional con relación a la conducta atribuida.
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25283/2023 FRIGORIFICO PALADINI SA (TF 35237-I) c/ DGI (TF 35237-I) s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO VIII. La petición expuesta por la firma actora en su expresión de agravios en el sentido de que se “reconozca las retenciones efectuadas y, por ende, se ordene su efectiva devolución” no puede ser admitida, ya que no controvierte el argumento exteriorizado por el Tribunal Fiscal en cuanto a que "el derecho a repetir previsto por la ley procesal confiere legitimidad procesal a los contribuyentes y responsables del gravamen que hubieren soportado el tributo", situación que —tal como resaltó ese tribunal— no alcanza a la recurrente ya que "actuó como agente de retención, ingresando el impuesto de otro".
IX. Resta expedirse acerca del recurso de apelación interpuesto por la firma recurrente al considerar "por altos" los honorarios fijados en la resolución dictada por el Tribunal Fiscal el 19 de diciembre de 2022. En función de la naturaleza del proceso, su monto —para el que debe tomarse las sumas objeto de cuestionamiento ante el Tribunal Fiscal ($ 32.487,72, $ 22.741,40 y $ 41.867,66; ver asimismo el monto de juicio denunciado a efectos del pago de la tasa de actuación: $ 97.096,78, fs. 93)––, de las etapas procesales cumplidas, del mérito, de la calidad y de la extensión de la labor desarrollada a luz del resultado obtenido, SE CONFIRMA en las sumas de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000) y de QUINCE MIL PESOS ($ 15.000) los honorarios a favor de las Dras. Laura Cecilia Strehar y Silvia Josefina Pepe, y SE FIJA en 0,30 UMA y en 0,70 UMA —equivalentes a las sumas de $ 8.578,5 y de $ 20.002,5, de conformidad con los valores establecidos en la acordada nº 29/2023 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación— los honorarios a favor de la Dra. Carolina Andrea Dallochio y del Dr. Tomas Ciminieri, respectivamente, por la dirección letrada y representación procesal de la parte demandada en la instancia anterior (artículos 6, 7, 9, 37, 38 y demás concordantes de la ley 21.839 y artículos 16, 20, 21 y demás concordantes de la ley 27.423). Sobre pautas análogas, en lo pertinente, a las precedentemente enunciadas, SE ESTABLECE en 0,20 UMA y 0,50 UMA —equivalentes a las sumas de $ 5.719 y de $ 14.297,5, de conformidad con los valores establecidos en la acordada nº 29/2023 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación— los honorarios a favor de la Dra. Carolina Andrea Dallochio y del Dr. Tomas Ciminieri, respectivamente, por la dirección letrada y representación procesal de la parte demandada en esta instancia (artículos 30 y demás concordantes de la ley 27.423).
En mérito de las razones expuestas, el tribunal RESUELVE: 1.
Desestimar los agravios y confirmar la sentencia apelada, con costas (artículo 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). 2. Fijar los honorarios en la forma establecida en el considerando IX.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Fin de la sentencia