Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa 2139
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto a fs. 372/379 por la firma José Narciso Alessandrelli e Hijo S.C.
2Hacer lugar al recurso de apelación deducido a fs. 351/358 por la parte actora y, en consecuencia, revocar el pronunciamiento apelado y hacer lugar a la demanda articulada por Frigorífico Paloni S.A., declarando expropiado por la Provincia de Buenos Aires el inmueble Matrícula N° 17.819 del partido de Bahía Blanca (007) -identificado catastralmente como Circunscripción II, Sección C, Fracción II, Chacra 247, Parcela 1 [Partida Inmobiliaria 007-615]- con todo lo que sobre él se encuentre edificado, plantado, clavado y adherido al suelo, las instalaciones allí existentes, marca comercial, maquinarias y demás elementos detallados en los inventarios anexos a las leyes 13.567 y 14.404. Las costas de Alzada se imponen a la demandada vencida [arts. 68 del C.P.C.C. y 52 de la ley 5708].
3Ordenar la remisión de las presentes actuaciones al Juez de grado a fin de que éste determine la indemnización correspondiente y se pronuncie, asimismo, sobre la intervención reclamada en autos por José Narciso Alessandrelli e Hijo S.C. a fs. 131/132 y resuelva lo que por derecho corresponda en punto a la pretensión articulada por dicho tercero.
4Dejar sin efecto la atribución de costas decidida por el inferior, las que deberán ser impuestas por el a quo en oportunidad de fijar la indemnización expropiatoria y en función del temperamento que sobre tal materia …
En la ciudad de Mar del Plata, a los 09 días del mes de octubre del año dos mil catorce, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en dicha ciudad, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa C-2139-BB1 “FRIGORÍFICO PALONI S.A. c. FISCALÍA DE ESTADO s. EXPROPIACIÓN INVERSA”, con arreglo al sorteo de ley cuyo orden de votación resulta: señores Jueces doctores Mora, Riccitelli y Sardo, y considerando los siguientes:
I. Mediante sentencia dictada con fecha 10-12-2012, el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nro. 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca rechazó la demanda de expropiación inversa entablada por Frigorífico Paloni S.A. contra la Provincia de Buenos Aires. Impuso las costas en el orden causado y aplazó la regulación de honorarios profesionales hasta tanto el fallo quede firme (cfr. fs. 335/341).
II. Dicho pronunciamiento fue notificado a la parte actora mediante cédula obrante a fs. 343 -dirigida al síndico designado en los autos caratulados “Frigorífico Paloni S.A. s. concurso preventivo (Hoy quiebra)”- con fecha 13-12-2012. En la misma fecha, mediante cédulas glosadas a fs. 342 y 344, la sentencia fue notificada, respectivamente, a la firma José Narciso Alessandrelli e Hijo S.C. -interviniente en autos en su calidad de titular de un crédito contra la accionante garantizado con derecho real de hipoteca sobre el inmueble objeto de expropiación [cfr. presentación a fs. 131/132]- y a la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires.
III.1. A fs. 345 el Dr. Guillermo Carlos Paronetto - letrado patrocinante del síndico designado en la quiebra de Frigorífico Paloni S.A.- solicitó se dicte aclaratoria de la sentencia de fecha 10-12-2012 “…en punto a quién o quiénes son los obligados al pago de [sus] honorarios…” -es decir, “…si es la sociedad quebrada, o quienes se desempeñaran como síndicos, o ambos…”-. Adujo asimismo que “…la indefinición apuntada…” le causaría gravamen, por lo que interpuso, en el mismo acto, recurso de apelación contra la mentada sentencia (v. fs. 345vta., punto “II”).
2. A fs. 347 -primera parte-, el a quo -proveyendo a dicha presentación- desestimó el mentado pedido de aclaratoria. Sin perjuicio de ello, tuvo por interpuesto en tiempo y forma el recurso de apelación deducido en el punto “II” del escrito en proveimiento contra la sentencia de fs. 335/341, concediéndolo en los términos de los arts. 32 y 33 de la ley 5.708.
IV. El representante de la Fiscalía de Estado, por su parte, también interpuso recurso de apelación -con fecha 17- 12-2012 [v. fs. 346]- contra la referida sentencia, remedio que el magistrado tuvo por interpuesto en tiempo y forma y concedió conforme lo normado por los citados artículos 32 y 33 de la ley provincial de expropiaciones [v. fs. 347, 2° parte].
V. Mediante cédulas obrantes a fs. 408/413, suscriptas por el letrado apoderado de José Narciso Alessandrelli e Hijo S.C., se notificó a la parte demandada, al síndico de la quiebra de Frigorífico Paloni S.A. y al Dr. Guillermo C. Paronetto de la concesión de los recursos articulados por este último -a fs. 345- y por la Fiscalía de Estado -a fs. 346-.
VI.1. A través de su presentación de fs. 351/358, el síndico de la quiebra de Frigorífico Paloni S.A. también apeló la sentencia de fs. 335/341, expresando agravios en el mismo acto y denunciando asimismo como “hecho nuevo” la sanción -con fecha 18-10-2012- de una nueva ley que declararía la utilidad pública de los bienes cuya expropiación se persigue en autos [v. fs. 356, punto “III”].
2. Mediante proveído de fs. 380 (1° parte), el magistrado de grado tuvo por interpuesto dicho recurso en tiempo y forma, corriendo traslado a las partes de sus fundamentos y del “hecho nuevo” denunciado, por el término de 10 (diez) días.
VII.1. A fs. 372/379, la firma José Narciso Alessandrelli S.C. -representada por el Dr. Efraín O. Videlainterpuso recurso de apelación contra la sentencia de fs. 335/341, fundándolo en el mismo acto.
2. Dicho remedio fue concedido por el magistrado de grado a fs. 380 (2° parte), corriendo traslado a las partes por el término de diez (10) días.
VIII. A fs. 380vta. la actora se notificó personalmente de los traslados corridos a fs. 380, retirando copias del recurso articulado por José Narciso Alessandrelli e Hijo S.C. Asimismo, mediante cédula suscripta por el apoderado de este último obrante a fs. 390/391, la parte demandada fue notificada el día 21-03-2013 de los referidos traslados con entrega de las copias correspondientes.
IX. A fs. 392/395 el apoderado de la Fiscalía de Estado presentó su réplica ante el recurso deducido a fs. 372/379 por José Narciso Alessandrelli e Hijo S.C. Por otro lado, mediante escrito obrante a fs. 396/400, contestó el traslado del recurso interpuesto por la sindicatura de la quiebra de Frigorífico Paloni S.A. y del “hecho nuevo” planteado por esta última.
X. El a quo tuvo por presentadas en debido tiempo y forma las referidas contestaciones de la parte demandada [cfr. fs. 401, 1° parte y 2° parte, párr. 1°; fs. 417, párr. 2°]. Asimismo, advirtiendo que tanto la actora como el referido tercero interviniente en autos habrían omitido contestar los respectivos traslados corridos a fs. 380, les dio por perdido el derecho que en tal sentido dejaran de usar [cfr. fs. 401, 2° parte, párr. 3° y sgte.].
XI. A fs. 421, el Juez de grado ordenó la elevación del expediente a esta Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, manda que fue cumplida a fs. 420, siendo recibida la causa en este Tribunal el 23-09-2013 (cfr. constancia a fs. 420 in fine).
XII. Puestos los autos al Acuerdo para examen de admisibilidad de los recursos deducidos -y, en su caso, para dictar sentencia- [cfr. fs. 421] y teniendo en vista las manifestaciones vertidas ante esta Alzada por el Dr. Guillermo Carlos Paronetto en torno a que la quiebra de Frigorífico Paloni S.A. habría concluido por avenimiento [v. fs. 422], así como la documental traída por éste a fs. 424/425 en respaldo de tal alegación, esta Cámara citó a la ex fallida para que en el término de quince (15) días tome intervención en estos autos y formule las consideraciones que estime corresponder bajo apercibimiento de continuar con el trámite de las presentes actuaciones y resolver lo que por derecho corresponda [cfr. fs. 427].
XIII. A fs. 428/431 tomó intervención la firma Frigorífico Paloni S.A., también representada por el Dr. Efraín Orlando Videla, ratificando el recurso de apelación oportunamente deducido por José Narciso Alessandrelli e Hijo S.C. contra la sentencia de fs. 335/341.
XIV. Reanudado el llamado de autos al Acuerdo suspendido a fs. 427vta ap. “II” [cfr. fs. 432, punto “3”], corresponde plantear las siguientes
1. ¿Es admisible el recurso interpuesto a fs. 372/379 por la firma José Narciso Alessandrelli e Hijo S.C.?
2. ¿Es fundado el recurso articulado a fs. 351/358 por la parte actora?
De responder afirmativamente al segundo de dichos interrogantes, 3. ¿Corresponde declarar abstracto el tratamiento del los recursos deducidos por la parte demandada a fs. 346 y por el Dr. Guillermo Carlos Paronetto a fs. 345vta. punto “II”? A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Mora dijo:
I.1. La acción que tramita en autos fue promovida el 02-03-2007 (cfr. constancia de receptoría a fs. 8vta.) por Frigorífico Paloni S.A. -representada a tal fin por la sindicatura designada en su quiebra de trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 3 del Departamento Judicial Bahía Blanca- demandando la expropiación inversa (cfr. art. 41 incs. “a” y “c” de la ley 5708) tanto del inmueble Matrícula N° 17.819 del partido de Bahía Blanca (007) -identificado catastralmente como Circ. II, Secc. C, Fracción II, Chacra 247, Pa. 1 [Partida Inmobiliaria 007-615]- donde se encuentran emplazadas las instalaciones del “Frigorífico Paloni”, como de todas las maquinarias, marcas comerciales y demás bienes consignados en el inventario anexo a la ley 13.567 (modif. por ley 13.711). Al fundar su pretensión explicó que, por un lado, a través de esta última norma se habría declarado la utilidad pública del referido establecimiento a fin de ser expropiado por la provincia de Buenos Aires para luego trasmitirlo a la Cooperativa de Trabajo INCOB Ltda. y, por otro lado, la desposesión de los bienes en cuestión se verificaría en el hecho de que el complejo fabril se encontraba ocupado desde antes de declararse su utilidad pública por los ex dependientes de la firma titular integrantes de la referida sociedad cooperativa (v. fs. 4/8).
2. A fs. 131/132 se presentó en autos el Dr. Efraín Orlando Videla en representación de la firma José Narciso Alessandrelli e Hijo S.C. manifestando que su mandante resultaría titular de un crédito contra Frigorífico Paloni S.A. cuyo monto ascendería a $ 249.857,30 (doscientos cuarenta y nueve mil ochocientos cincuenta y siete pesos con 30/100), verificado y categorizado como “privilegiado especial” en el concurso de la deudora y garantizado con derecho real de hipoteca sobre el inmueble cuya expropiación irregular se persigue en autos.
En ese orden señaló que, “…al haberse generado la mutación del dominio privado en público provincial, habiéndose extinguido la hipoteca […], la indemnización debida por el sujeto expropiante no debe ser incorporada al patrimonio del deudor, sino que debe ser percibida por el acreedor hipotecario al existir una subrogación real…”. En sustento de tal planteo refirió a lo normado por el art. 48 de la ley 5708, solicitando -finalmente- se tenga a su parte por presentada en calidad de “…tercero interesado…”.
3. Rechazada la pretensión actora, la firma José Narciso Alessandrelli e Hijo S.C. apela la sentencia que así lo decide, fundando su queja en una serie de argumentos encaminados a demostrar la procedencia de la acción intentada por Frigorífico Paloni S.A. (v. fs. 372/379).
II. Cabe señalar que si bien la concesión del mentado remedio fue decidida en la instancia inferior, en tanto dicha faena corresponde liminarmente al Juez de grado (cfr. arts. 32, 33 y ccs. ley 5708), no es menos cierto que tal labor debe ser luego complementada con el más exhaustivo examen de admisibilidad que le corresponde practicar a la Alzada conforme las normas en juego (argto. esta Cámara, causas P- 335-BB1 “Asociación Médica de Bahía Blanca”, res. del 22-V- 2008; R-361-MP1 “Sosa”, res. del 03-VI-2008; P-940-DO1 “Vidal”, res. de 16-VI-2009, entre otras), desde que el Tribunal ad quem es el juez del recurso y entre sus innegables facultades está la de constatar, por ejemplo, si éste fue interpuesto en término, si la resolución es apelable, la legitimación o el interés de quien recurra - entre otras cuestiones-, sin estar atado ni por lo resuelto por el a quo ni por lo acordado por las partes (conf. doctr. S.C.B.A. causa C 89.863 “Bunge”, sent. del 28-V-2008; esta Cámara causas P-877-DO1 “Victorio Américo Gualtieri S.A.”, res. del 9-IX-2008; C-3910-MP2 “Centro Médico Mar del Plata”, sent. del 30-IV-2013).
III. En el marco de tal análisis, adelanto desde ahora mi respuesta negativa al interrogante aquí planteado, toda vez que, teniendo en vista los términos en que la firma José Narciso Alessandrelli e Hijo S.C. postuló su intervención en autos (v. fs. 131/132) y sin perjuicio de advertir la omisión del inferior de pronunciarse -a la luz de lo normado por los arts. 27, 28, 48 y ccs. de la ley 5.708- sobre esta última, considero que, a todo evento, el referido tercero carecería de interés para apelar la sentencia atacada, por cuanto no llega a vislumbrarse el agravio que ésta pudiera causar a su parte (argto. esta Cámara causa C-1690-MP1 “Cufré”, res. del 12-II-2010).
1. Cabe recordar que la circunstancia que legitima al recurso es el interés de quien lo interpone, es decir, el gravamen sufrido como consecuencia de un pronunciamiento, y que –asimismo- corresponde entender por agravio la insatisfacción –total o parcial- de cualquiera de las pretensiones planteadas en el litigio -o el rechazo de las defensas opuestas-, de modo que la apelación no procede sino por la lesión a aquel interés patentizada en el perjuicio que la parte dispositiva de la sentencia o auto recurrido cause al apelante (cfr. doct. S.C.B.A. causa C. 92.745 “Stoichevich”, sent. de 17-XII-2008). No debe olvidarse que la existencia de interés o gravamen constituye presupuesto de admisibilidad de todo recurso de apelación, pauta ineludible que viabiliza la apertura del vestíbulo de la impugnación (cfr. doct. esta Cámara causa Q-4475-MP1 “Marzoli”, sent. del 04-II-2014 y sus citas).
Así, el ejercicio de un camino recursivo -como toda acción en justicia-, no se reconoce sino a quienes justifiquen una afectación que legitime el acceso a la vía judicial ordinaria, pues a falta de aquélla, no hay petición audible ante la instancia revisora (argto. doct. S.C.B.A. causa Ac. 103.741 "Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires c/ Sosa”, res. del 17-IX-2008).
2. Luego de una detenida lectura del citado escrito de fs. 131/132 observo que la firma recurrente intentó justificar su intervención en autos como “tercero interesado” alegando, con sustento en lo normado por el art. 48 de la ley 5708, su derecho a percibir la indemnización expropiatoria que eventualmente se fijara en autos a fin de satisfacer con ello un crédito garantizado con hipoteca sobre el bien objeto de expropiación. En ese orden y en consonancia con lo normado por los arts. 27 y 28 de la citada Ley General de Expropiaciones, acompañó a su presentación los instrumentos justificativos del crédito cuya titularidad alega y del monto al cual éste ascendería.
Así, más allá del juicio que pudiera efectuarse -a la luz de los recaudos formales impuestos por los arts. 27 y 28 de la ley 5708- en torno a la procedencia o no de la intervención intentada por José Narciso Alessandrelli e Hijo S.C. -cuestión sobre la cual, como lo adelanté, debía expedirse el magistrado de grado-, lo cierto es que la pretensión insinuada por dicha firma al justificar su presentación en autos quedó ceñida -en fin- a que, en caso de perfeccionarse la expropiación y abonarse la indemnización correspondiente, se consideren transferidos a esta última -en los términos del art. 48 de la mencionada ley provincial- los derechos que en su calidad de acreedor hipotecario detentaría sobre el inmueble declarado de utilidad pública por ley 13.567.
Queda claro entonces que la intervención del tercero recurrente se encaminó exclusivamente a asegurar la satisfacción de su crédito ante una eventual extinción de la garantía real -como consecuencia de la transmisión “…libre de todo gravamen…” del bien sobre el cual ella se asienta [cfr. art. 48 in fine, ley 5.708]- constituida en su resguardo. Ahora bien, aquella hipótesis frente a la cual cobraría vigencia el puntual interés en pos de cuya tutela actuó el apelante, quedó descartada, justamente, a partir del rechazo de la demanda de expropiación irregular decidido en la sentencia en crisis. Consecuentemente, no advierto que tal pronunciamiento pudiera causar gravamen alguno al mencionado tercero.
3. Así las cosas, no vislumbrándose en el fallo en crisis una afectación al interés del apelante que justifique la apertura de la vía recursiva por él instada, entiendo que el remedio articulado resulta inadmisible (doct. esta Cámara causa C-1690-MP1 “Cufré”, citada).
Cabe destacar que no obsta a tal conclusión lo expuesto por la firma actora fs. 435 vta. “ratificando” el recurso de apelación en cuestión, toda vez que tal manifestación en manera alguna suple la comprobada ausencia de agravio en cabeza del recurrente, máxime cuando mal podría Frigorífico Paloni S.A. “ratificar” un acto procesal que no ha sido cumplido en su nombre ni interés, sino -por el contrario- por un tercero cuya intervención en autos perseguiría la satisfacción de una pretensión que, si bien planteada de modo eventual, luciría prima facie antagónica respecto de la posición asumida por la demandante en punto a la percepción de una posible indemnización expropiatoria.
IV. Con todo, propongo al Acuerdo declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto a fs. 372/379 por la firma José Narciso Alessandrelli e Hijo S.C.
Voto a la primera cuestión planteada por la negativa. El señor Juez doctor Riccitelli, con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Mora, vota a la primera cuestión planteada también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Mora dijo:
I.1. Cabe recordar que el a quo, al fundar el rechazo de la pretensión actora, señaló -ante todo- que la procedencia de la expropiación inversa estaría condicionada a la concurrencia de cuatro requisitos, a saber: [i] declaración de utilidad pública del bien objeto de litis; [ii] desapoderamiento o vulneración definitiva del derecho de propiedad; [iii] inobservancia de los procedimientos expropiatorios regulares; [iv] ausencia de consentimiento del titular del bien.
En torno al primero de dichos recaudos, consideró el magistrado que aquél se encontraría abastecido con la declaración de utilidad pública contenida en la ley 13.567 (publicada en el Boletín Oficial el 07-11-2006).
En punto al segundo requisito, el judicante remarcó que, por un lado, no habría controversia respecto de que el establecimiento en cuestión se encontraba ocupado por la Cooperativa de Trabajo INCOB Ltda. y, por otro lado, no se habría probado que la accionada hubiera avalado o dado lugar a dicha ocupación llevada a cabo por quienes, en fin, resultaban terceros en la relación expropiatoria “…que en nada condicionan la voluntad del expropiante…” -no obstando a tal apreciación el hecho de que “…la ley 13.567 haya previsto adjudicar el inmueble sujeto a expropiación a los actuales ocupantes…”-.
Sin perjuicio de que la ausencia del mentado requisito impondría per se el rechazo la pretensión actora, el a quo señaló que, a todo evento, a la fecha de dictar sentencia (v. gr. 10 de diciembre de 2012) habrían transcurrido más de cinco (5) años desde la entrada en vigor de la ley 13.567 sin que en dicho lapso temporal el Poder Ejecutivo hubiera promovido juicio o realizado algún otro acto que exteriorice su “voluntad expropiatoria”, por lo que, a tenor de lo normado en el citado precepto, cabría tener por “abandonada” la expropiación.
Finalmente, el a quo impuso las costas en el orden causado con sustento en lo normado por los arts. 68 del C.P.C.C. y 52 de la ley 5.708.
3. La actora se agravia frente al referido pronunciamiento cuestionando la valoración que el a quo efectuara en torno a los requisitos contemplados por el art. 41 de la ley 5708. Señala que mal pudo desconocer el judicante la existencia de un despojo o una turbación de la propiedad de Frigorífico Paloni S.A. atribuible al Estado provincial cuando, si bien su parte se habría visto impedida de “…disponer libremente de los bienes afectados a la expropiación…” a partir de la toma de la planta frigorífica por sus ex dependientes agrupados en la referida Cooperativa de Trabajo, dicha ocupación habría sido “legitimada en sus orígenes” a través de la declaración de utilidad pública contenida en la ley 13.567. Destaca asimismo que la referencia a “documentación incautada” expresada en el anexo de la citada ley permitiría colegir que si la autoridad provincial “…tomó posesión de documentación que se encontraba dentro del inmueble, evidentemente se ejercieron actos posesorios en el todo…”. Arguye, finalmente, que el dictado de la ley 14.404 “…ratificaría la voluntad de expropiar los bienes que formaban parte del activo falencial del frigorífico…”, impidiendo sostener -tal como lo hizo el a quo- la inexistencia de un obrar estatal “…en donde claramente haya expresado su decisión de concretar la expropiación…” o el “abandono” de esta última.
II. El recurso prospera.
1. Cabe recordar que a tenor de lo normado por el art. 41 de la ley 5708 en sus incs. “a” y “c” -preceptos invocados por la accionante al delinear su pretensión [v. fs. 4vta., ap. “II”]-, el propietario de un bien que ha sido objeto de declaración de utilidad pública puede promover el juicio de expropiación inversa cuando el expropiante haya tomado posesión de aquél sin el consentimiento del propietario (inc. “a”), o bien cuando la autoridad provincial o municipal turbe o restrinja, por acción u omisión, los derechos del propietario (inc. “b”).
En línea con ello, el Superior Tribunal provincial ha sostenido -como bien lo recordó el a quo- que para la procedencia de la acción expropiatoria inversa se requiere: [i] declaración de utilidad pública; [ii] desapoderamiento o vulneración definitiva del derecho de propiedad; [iii] inobservancia de los procedimientos expropiatorios regulares; [iv] ausencia de consentimiento por parte del titular del dominio (art. 41 de la ley 5708; S.C.B.A., causas C. 97.551 “Michat”, sent. del 10-VI-2009; C. 96.758 “Postizzi”, sent. del 25-XI-2009; esta Cámara causa C-3126-MP1 “Ventura”, 21-
III-2013).
A la luz de tales pautas cabe determinar entonces si en el sub lite se verifican o no aquéllos extremos a cuya concurrencia se encuentra condicionada la admisibilidad de la acción.
2. En tal faena debo destacar, ante todo, que no medió controversia entre las partes en torno a la existencia de una declaración de utilidad pública, contenida en la ley 13.567, que alcanzaría tanto al inmueble de titularidad de Frigorífico Paloni S.A. registrado en la Matrícula N° 17.819 del partido de Bahía Blanca (007) [cfr. art. 1° ley 13.567;
v. informe de dominio a fs. 14/19] como a las instalaciones, marca comercial, maquinarias y demás elementos pertenecientes al establecimiento frigorífico allí explotado por la mencionada firma y enumerados en el inventario anexo a la propia ley 13.567 (cfr. escrito de demanda a fs. 4/8 y contestación a fs. 43/48).
3. La cuestión sub lite impondría entonces determinar si se encuentra presente -o no- aquel segundo recaudo referido a la existencia de un acto de desposesión del bien no consentido por el propietario o de una turbación o restricción al derecho de propiedad de éste último atribuible al Estado provincial.
a. No existe discusión -como bien lo señaló el a quo en su sentencia [v. considerando “II.2.a.”]- en torno a que las instalaciones de la planta frigorífica en cuestión se encontrarían ocupadas, aun desde antes de la declaración de utilidad pública contenida en la ley 13.567, por la Cooperativa de Trabajo INCOB Ltda. -entidad integrada por ex dependientes de Frigorífico Paloni S.A. que, conforme surge de la exposición de fundamentos de la citada ley provincial, se habría constituido con el objetivo de “…reabrir y poner en pleno funcionamiento…” el mencionado establecimiento fabril-. Puede advertirse asimismo que los empleados de la referida firma, cuyo proceso falencial se inició el 06-11- 2001 -conforme surge de los registros de la “Mesa de Entradas Virtual” correspondientes a la causa N° 54.867 de trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 3 del Depto. Judicial Bahía Blanca, disponible en el sitio de Internet de la Suprema Corte de Justicia provincial (www.scba.gov.ar)-, habrían procedido a ocupar el establecimiento frigorífico a fin de asegurarse, en ese contexto crítico, el mantenimiento de su fuente de trabajo. Repárese, en tal sentido, en que ya con fecha 09-11- 2005 el escribano Ariel Moreno –a requerimiento del Sr. Jorge Guillermo Paloni, presidente del directorio de la firma concursada- dejó constancia a través de su actuación notarial obrante a fs. 262/263 de que al constituirse –en la mencionada fecha- en las instalaciones de la empresa, observó pintadas en los muros del frente frases como “frigorífico sin patrones bajo control obrero” u “ocupar, resistir y producir” y, asimismo, que el portón de acceso se encontraba cerrado con candado y custodiado desde una garita por empleados de la firma que, pese a los requerimientos del Sr. Paloni para acceder al lugar, le impidieron hacerlo.
También surge de lo expuesto por el Teniente de la Policía provincial Sr. Eduardo Bernardino Vique en su declaración obrante a fs. 265 que, en oportunidad de apersonarse el dicente –con fecha 21-01-2006- en las instalaciones del mentado frigorífico, si bien encontró el portón de acceso abierto, fue recibido por un “cuidador”, quien le habría narrado que si bien al Sr. Paloni no se le permitió “ingresar solo” al lugar por temor a que éste “…retire los balances de la empresa…”, cualquier persona podría acceder al predio si lo hacía en compañía de “…uno de los trabajadores que allí se hallaban…”.
Finalmente, del informe presentado a la Juez del concurso por la sindicatura en referencia al resultado de la diligencia de incautación e inventario de bienes y papeles comerciales practicada el 14-06-2006 (v. fs. 154/157), surge que los funcionarios actuantes habrían sido recibidos en el establecimiento frigorífico por una persona que se identificó como “…presidente de la Cooperativa INCOB…”, no pudiendo tomar posesión de los bienes inventariados -con excepción de los papeles comerciales- “…por encontrarse la empresa tomada por los integrantes de la cooperativa…” que alegarían ejercer un “derecho de retención”.
b. Por otro lado, no hay dudas en punto a que, frente a la crisis del establecimiento industrial y ante la posibilidad de que éste sea liquidado en el marco del proceso falencial, la finalidad tenida en vista por el legislador al declarar su utilidad pública no fue otra que asegurar a aquellos obreros la continuidad de su fuente laboral a través de la posterior adjudicación a la mencionada cooperativa “INCOB” de los bienes expropiados, con cargo de que éstos sean destinados a “…la consecución de sus fines cooperativos…” (cfr. art. 2° ley 13.567).
En ese orden, cabe apuntar que entre los fundamentos que acompañaron al proyecto de ley declarativa de utilidad pública se expresó que “…los trabajadores asociados en la Cooperativa de Trabajo INCOB Ltda. cuentan con la necesidad imprescindible de realizar sus derechos como ciudadanos y afianzar su dignidad como agentes impulsores de un sector que produce para la mejora de nuestro país…”, siendo dicha necesidad lo que justificaría la expropiación de los bienes pertenecientes a Frigorífico Paloni S.A. para su posterior adjudicación a la mencionada cooperativa, pues con ello se aseguraría a sus miembros el mantenimiento de su fuente laboral y se los dotaría de “…una herramienta en común, […] para lograr sus objetivos de producción y empleo…”.
Advierto entonces que a través de la declaración contenida en la ley 13.567 se ha procurado, en fin, mutar la causa de aquella desposesión originariamente consumada por los trabajadores de la firma Frigorífico Paloni S.A. (argto. doct. Excma. Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás de los Arroyos, in re “Lácteos Tres S.A.”, sent. del 05-03-2013). Es que la ocupación y toma del control del establecimiento por los propios operarios a fin de salvaguardar su fuente laboral frente a una eventual liquidación del patrimonio de la firma concursada, asumiendo aquéllos -a través de la conformación de una Cooperativa de Trabajo- la gestión empresarial otrora encabezada por la fallida, ha sido erigida por el legislador en causa de utilidad pública, de modo que ya no patentizaría una mera “toma” de la planta fabril en interés del grupo de trabajadores o el pretendido ejercicio por éstos de un “derecho de retención”, sino más bien la concreta materialización de aquellos fines cooperativos cuya consecución constituiría el fin último de la referida declaración de utilidad pública (cfr. art. 2° ley 13.567). c.
Entiendo entonces que mal podría sostenerse -tal como lo hiciera el a quo [v. fs. 339vta., párr. 2° y sgtes.], convalidando con ello la propuesta defensiva de la accionada [cfr. fs. 44vta./46]- que en el sub lite no se verificaría un desapoderamiento o vulneración definitiva del derecho de propiedad que haga procedente la acción de expropiación irregular aquí promovida, con pretendido sustento en que la alegada ocupación de los bienes declarados de utilidad pública en la ley 13.567 no fue llevada a cabo por el Estado o por alguno de sus órganos, sino por “…terceros ajenos a la relación expropiatoria…”.
Aunque es un hecho indiscutido que la desposesión del establecimiento fabril no sería materialmente atribuible sino a los trabajadores asociados en la mencionada Cooperativa INCOB, no es menos cierto que -amén de haber sido expurgada dicha ocupación por la Justicia penal en orden a la comisión del delito de usurpación [cfr. fs. 264/266]-, el órgano con competencia constitucional para expresar la voluntad expropiatoria en el caso -esto es, la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires- no propició la declaración de utilidad pública de los bienes en cuestión a fin de emplearlos en el desarrollo de una obra o actividad futura cuya ejecución implique un efectivo ejercicio material de la posesión por parte del Estado, sino con el objetivo de contribuir a la regularización de una situación de hecho ya consumada, cual sería la continuación de la explotación económica del establecimiento industrial por los dependientes de la empresa fallida, asociados a tal fin a través de la Cooperativa de Trabajo INCOB Ltda.
De tal manera, la ocupación a través de la cual se concretaría aquel fin de utilidad pública tenido en mira al sancionarse la ley 13.567 y encaminado a asegurar la fuente laboral de los obreros de Frigorífico Paloni S.A., no sería otra que aquélla ejercitada de facto por la mencionada Cooperativa, estimada por el legislador a partir de la sanción de la ley, como situación merecedora de una especial tutela susceptible de ser brindada por el Estado provincial a través del ejercicio de su potestad expropiatoria (cfr. art. 31 Const. Provincial) -lo que impone descartar, a su vez, aquellos argumentos esgrimidos por la Fiscalía de Estado [v. fs. 45, párr. 2° y sgtes.] y receptados parcialmente por el a quo [cfr. fs. 339vta., párr. 3° y 4°] en torno a que, previo a instar la presente demanda, la actora debió intimar al expropiante para que manifieste “…si la ocupación por el destinatario final de los bienes objeto de expropiación era avalada…” o no por su parte-.
Queda claro entonces que la desposesión originalmente llevada a cabo por los operarios en defensa de su fuente de trabajo, al ser luego avalada por el Estado expropiante - frente al interés público manifestado por el legislador- (cfr. doct. Excma. Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo del Dto. Judicial San Martín, in re “La Baskonia S.A.C.I.F.”, sent. del 28-02-2011), patentizaría desde la sanción de la ley expropiatoria aquel “desapoderamiento o vulneración definitiva del derecho de propiedad” del Administrado al cual la Suprema Corte de Justicia provincial –en consonancia con lo normado por el art. 41 inc. “a” de la ley 5.708- (v. supra, punto “II.1”) ha erigido en requisito necesario para que, una vez declarada la utilidad pública de los bienes en cuestión –recaudo que en la especie se verificaría con la sanción de la ya citada ley 13.567-, proceda el juicio expropiatorio instado por el titular de estos últimos.
4. Enlazado a lo expuesto, estimo oportuno reparar aquí en aquella cuestión vinculada al supuesto abandono de la expropiación, extremo primitivamente insinuado por la demandada en su responde -alegando, sin más, que el Estado habría declinado su voluntad de expropiar los bienes en cuestión [v. fs. 46 in fine]- y que, a la postre, el sentenciante tuvo por consumado a partir del agotamiento del plazo previsto en el art. 5° de la citada ley 13.567 (v. fs. 340, punto “III”).
En ese orden de ideas, cabe recordar que el mentado precepto previó que “…se considerará abandonada la expropiación si el expropiante no promueve el juicio respectivo dentro del plazo de cinco (5) años desde la sanción de la presente ley…”. Así, teniendo en vista que la ley 13.567 se sancionó el 26-09-2006 -siendo publicada el 07- 11-2006 [v. Boletín Oficial N° 25.531]- puede apreciarse que, tal como lo señaló el Juez de grado, si bien a la fecha de promoción de la demanda de autos (v.gr. 02-03-2007) el mentado plazo quinquenal aún no había expirado, ello sí habría ocurrido al momento de dictarse la sentencia en crisis -esto es, el 10-12-2012-.
Observo entonces que, en la visión del magistrado de primera instancia, el solo acaecimiento de la condición contemplada en el art. 5° de la ley 13.567 con anterioridad al dictado de sentencia de mérito en el juicio de expropiación inversa ya iniciado, impondría rechazar, sin más, la pretensión encauzada a través de dicho proceso, como consecuencia de haberse configurado el “abandono” previsto en la mencionada norma.
a. No dejo de advertir, empero, la liviandad con que el a quo ha esbozado tal razonamiento, prescindiendo de toda consideración en torno a la incidencia que la demora del trámite judicial indudablemente tuvo en el hecho de que el plazo quinquenal previsto en la norma declarativa de utilidad pública feneciera antes del dictado de la sentencia definitiva, o a la particular valoración que pudiera efectuarse en punto a la omisión del Estado de promover el juicio expropiatorio dentro de dicho lapso cuando, a menos de cuatro meses de entrar en vigencia la ley 13.567, fue promovida la demanda de expropiación irregular ventilada en autos.
La construcción hermenéutica que mejor concilia las normas involucradas en este análisis [arts. 41 de la ley 5708 y 5° de la ley 13.567] impone privar de eficacia a la ficción contenida en el segundo de los preceptos si, con anterioridad a fenecer el plazo en él reglado, se articula la acción de expropiación inversa regida por el art. 41 de la ley 5708. Es que mal podría sostenerse que un particular sobre cuyo patrimonio pesa la espada de Damocles de una potencial expropiación por utilidad pública –al mediar la respectiva ley declarativa-, deba esperar impávido durante cinco (5) años para finalmente percatarse, al expirar dicho plazo, que aquella declaración legislativa no fue más que una incontinencia discursiva en torno a un supuesto interés público de nulo predicamento y materialización. Por el contrario, cualquier persona física o jurídica sobre cuyos bienes recaiga una declaración de utilidad pública para someterlos a expropiación, debe presumir que la Legislatura provincial no solo ha sopesado adecuadamente los diversos intereses en juego sino que ha adoptado aquel temperamento ajustada al principio de razonabilidad, rector de toda actuación estatal [art. 28 Const. Nacional]. Y por tal motivo, desde el mismo momento de aquella declaración de utilidad pública, el potencial expropiado podrá instar el proceso de expropiación inversa si se dan los recaudos exigidos para ello y, al hacerlo, inhabilita cualquier prerrogativa legal de abandono de la expropiación, si no media expresa declaración del Poder Ejecutivo provincial en tal sentido, mediante acto administrativo fundado y notificado a quien articulara el juicio expropiatorio inverso. Dicho escenario no se presenta en el caso. b. No obstante lo expuesto, encuentro una razón fundamental para propiciar una conclusión diversa a aquella a la que arribara el a quo en relación a la configuración del pretendido “abandono”, cual es la sanción con fecha 09-11- 2012 de la ley 14.404 (publicada en B.O. del 12-12-2012) - alegada por la actora al fundar su apelación-, norma que reproduce en su totalidad las disposiciones de la anterior ley 13.567 y de cuya exposición de fundamentos surge que fue sancionada “…habida cuenta de que [esta última] venciera en sus plazos recientemente y dado que no llegó a cumplirse con el objeto de expropiación a pesar de persistir la necesidad de los ex empleados del Frigorífico Paloni…”.
En tal sentido, recuerdo que nuestra Suprema Corte de Justicia provincial ha afirmado que el abandono de la expropiación declarado mediante un acto administrativo expreso no obstaría al progreso de la acción de expropiación irregular cuando, sin perjuicio de ello, han mediado actos positivos que desmienten una posible voluntad estatal de abandonar aquella potestad (v. causa C. 94.361 “Cabaña Santa Brígida S.A.C.I.”, sent. del 03-XII-2008).
Aplicando tal criterio a la elucidación de la cuestión sub lite, mal podría convalidarse la propuesta del inferior en punto a que el Fisco ha hecho abandono de la expropiación -y que, por tanto, ésta no puede perfeccionarse-, infiriendo tal extremo a partir de la mera manifestación en tal sentido vertida en la contestación de demanda -tal como lo insinuó la Fiscalía de Estado en su responde [v. fs. 46, in fine]- o de la inacción por parte del sujeto expropiante durante el tiempo necesario para dar lugar a la configuración de aquella condición objetiva plasmada en el art. 5° de la ley 13.567, cuando el propio legislador local, frente al fenecimiento del plazo establecido en dicho precepto, sancionó una nueva norma de igual jerarquía en pos de sortear los efectos del supuesto “abandono” operado en consecuencia -fijando para ello un nuevo término quinquenal para la promoción del juicio expropiatorio [cfr. art. 5° ley 14.404]- y a través de la cual, en fin, vino a reafirmar la subsistencia de aquella utilidad pública que para el Estado provincial revestirían los bienes enunciados en la citada ley sancionada en el año 2006 y su consecuente voluntad de expropiarlos.
c. A todo evento, cabe recordar que -tal como esta Cámara lo ha afirmado en reiteradas oportunidades [v. causa C-2774-AZ1 “Guardia”, sent. del 13-III-2012 y sus citas]- es función de la magistratura fallar de conformidad con la realidad comprobable al momento de emitir su pronunciamiento en la causa (cfr. doct. C.S.J.N., Fallos 311:870; 314:568; 318:342; 329:5913) a fin de resguardar los principios de economía procesal y eficacia de la función jurisdiccional (cfr. doct. C.S.J.N. in re L.867 XL “Lanusse, Alberto Rómulo c/ Buenos Aires, Provincia de s/ Daños y Perjuicios”, sent. del 17-VII-2007; art. 163 inc. 7 del C.P.C.C.).
Con tales pautas como norte, lo cierto es que, en tanto la ley 14.404 porta una nueva declaración en igual sentido que se proyecta sobre las mismas situaciones de hecho que motivaron la sanción de la primera norma, razones de economía procesal impondrían concluir -al margen de cualquier consideración en punto a la etapa de la litis en que ha sido introducida la cuestión- que la declaración de utilidad pública necesaria para dar andamiento a la acción que aquí se ventila existe, al día de hoy, con la vigencia de la citada ley 14.404 (argto. Excma. Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Dto. Judicial La Plata, sala III, in re “Frigorífico Yaguané SACIF”, sent. del 26-06-2007).
5. Con lo expuesto hasta aquí, ha quedado demostrada la concurrencia de aquellos recaudos que habilitarían a hacer lugar a la demanda instada por Frigorífico Paloni S.A., convenciéndome ello de la sinrazón de la sentencia en crisis en cuanto decidió su rechazo.
He de propiciar, por tanto, la revocación del mentado pronunciamiento y el consecuentemente acogimiento de la pretensión de expropiación inversa articulada en autos, declarando expropiados por la Provincia de Buenos Aires los bienes objeto de litis y la remisión de las actuaciones al Juez de grado a fin de que éste determine la indemnización correspondiente y se pronuncie, asimismo, sobre la intervención reclamada en autos por José Narciso Alessandrelli e Hijo S.C. y resuelva lo que por derecho corresponda en punto a la pretensión articulada por dicho tercero.
III. Con todo, propongo al Acuerdo revocar el pronunciamiento apelado y, en consecuencia, hacer lugar a la demanda articulada por Frigorífico Paloni S.A., declarando expropiado por la Provincia de Buenos Aires el inmueble Matrícula N° 17.819 del partido de Bahía Blanca (007) - identificado catastralmente como Circunscripción II, Sección C, Fracción II, Chacra 247, Parcela 1 [Partida Inmobiliaria 007-615]- con todo lo que sobre él se encuentre edificado, plantado, clavado y adherido al suelo, las instalaciones allí existentes, marca comercial, maquinarias y demás elementos detallados en los inventarios anexos a las leyes 13.567 y 14.404, y disponiendo la remisión de las presentes actuaciones al Juez de grado a fin de que éste determine la indemnización correspondiente y se pronuncie, asimismo, sobre la intervención reclamada en autos por José Narciso Alessandrelli e Hijo S.C. a fs. 131/132 y resuelva lo que por derecho corresponda en punto a la pretensión articulada por dicho tercero.
En atención a la solución propuesta, correspondería dejar sin efecto la atribución de costas decidida por el inferior, las que deberán ser impuestas por el a quo en oportunidad de fijar la indemnización expropiatoria y en función del temperamento que sobre tal materia adopte según lo reglado en el art. 37 de la ley 5708.
Las costas de Alzada deberían imponerse a la demandada en su objetiva calidad de vencida (arts. 68 del C.P.C.C. y 52 de la ley 5708; doct. S.C.B.A. causas C. 101.244 “Macías”, sent. del 07-X-2009, por mayoría; C. 96.771 “Rodríguez de Cayado”, sent. del 03-III-2010, por mayoría; esta Cámara causa C-1935-DO1 “Macchi”, sent. del 09-II-2011).
Con el alcance indicado, voto a la segunda cuestión planteada por la afirmativa.
El señor Juez doctor Riccitelli, con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Mora, vota a la segunda cuestión planteada también por la afirmativa.
A la tercera cuestión planteada, el señor Juez doctor Mora dijo:
I. Adelanto desde ahora mi respuesta afirmativa a este último interrogante.
1. De la lectura del escrito recursivo presentado a fs. 346 por la parte demandada se observa que ésta no dotó a su apelación de fundamentación alguna -limitándose a exteriorizar en dicha pieza su mera voluntad de recurrir la sentencia de grado- ni presentó memorial de agravios dentro del plazo al cual refiere el art. 33 de la ley 5.708. a. En tal contexto, siguiendo los lineamientos expuestos por esta Cámara al pronunciarse en la causa C-3126- MP1 “Ventura” (v. sent. del 31-III-2013, a cuyos fundamentos y citas jurisprudenciales remito) he de señalar que, si bien a tenor de lo normado por el citado art. 33 de la Ley Genaral de Expropiaciones la circunstancia apuntada en el párrafo precedente no obstaría per se a la admisibilidad del remedio intentado –en tanto su fundamentación ha sido prevista, en dicho esquema, como una “mera prerrogativa del apelante”-, una correcta delimitación de los contornos dentro de los cuales esta Alzada habrá de llevar a cabo la labor revisora instada a través del recurso sub examine exige, empero –y a fin de conciliar esta particular regla procesal con la operatividad cierta y efectiva del principio dispositivo-, ceñir dicha faena al estudio de aquellas cuestiones planteadas en el escrito liminar que no hayan recibido auspicio, por haber sido rechazadas por el fallo de la instancia, o bien porque en ningún momento –anterior o posterior a la sentencia- fueron consentidas por su proponente.
b. Por tal sendero, cabría determinar aquéllos aspectos del pronunciamiento apelado respecto de los cuales la demandada conservaría –en esta instancia- un interés actual, cierto y definido -presupuesto de todo recurso de apelación [argto. doct. esta Cámara, causa A-625-DO1 “Sociedad de Fomento Cariló”, sent. del 24-II-2009]- en obtener su revisión por este Tribunal.
Así, siguiendo la línea de análisis propuesta, he de advertir, ante todo, que si bien la Fiscalía de Estado solicitó al Juez de primera instancia -en su responde de fs. 43/48- “…se rechace la demanda contra la provincia de Buenos Aires, con costas…” (v. fs. 48, ap. “VIII”, punto 3°), aquél se inclinó por desestimar íntegramente la pretensión expropiatoria inversa incoada en autos, aunque imponiendo las costas del proceso “…por su orden…” (v. fs. 341, punto “II”). Desde tal mirador, no puedo sino concluir que, frente a los términos en que fue resuelta la litis por el sentenciante de grado, la única parcela del fallo en crisis que pudo constituir materia de agravio para la accionada sería aquella relativa a la imposición de las costas correspondientes a la instancia inferior.
Ahora bien, en la medida en que dicha parcela de la sentencia de grado ha perdido vigencia a tenor de la solución precedentemente votada al analizar la segunda cuestión, no cabe sino concluir que el tratamiento del embate dirigido hacia aquel segmento del fallo ha devenido –consecuentementeabstracto (cfr. doct. esta Cámara, causa C-3254-AZ1 “Urquiza Anchorena”, sent. del 30-X-2012).
2. A la luz de los lineamientos expuestos, observo que igual suerte ha de seguir el recurso articulado por el Dr. Paronetto a fs. 345vta. –punto “II”-.
El referido letrado perseguiría a través del remedio intentado un pronunciamiento de Alzada que supere aquella “indefinición” que, a su juicio, ostentaría la sentencia de primera instancia al no especificar quién resultaba obligado al pago de sus honorarios. Así surge de lo expuesto en su presentación ante esta Cámara obrante a fs. 422, en el que explica –reiterando los términos de su pedido de aclaratoria de fs. 346- que, habiéndose impuesto las costas en el orden causado y en tanto su labor profesional habría sido ejercida respecto del síndico de la quiebra de Frigorífico Paloni S.A., debería precisarse si aquella porción de las costas correspondiente a sus emolumentos profesionales debía ser soportada por “…la sindicatura a la que patrocinara…”, por la fallida o –entre otras posibilidades- si constituía un “gasto del concurso”.
Se advierte entonces con claridad que, en tanto el mencionado planteo sometido a consideración de este Tribunal se encaminaría a esclarecer los alcances de la imposición de costas “por su orden” decidida en la instancia inferior, el interés del apelante en su tratamiento por esta Alzada también habría desaparecido al perder vigencia dicha parcela del fallo de grado.
3. Cabe recordar, con todo, que, tal como reiteradamente lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia provincial, no es función de la judicatura emitir opiniones abstractas (cfr. doct. causas Ac. 82.248, sent. de 23-IV- 2003; Ac. 85.553, sent. de 31-III-2004, entre muchas otras), ya que los jueces no están habilitados para hacer declaraciones teóricas o generales, debiendo limitarse a resolver el “caso” que se ha sometido a su decisión, en el que el interés de quien acciona debe subsistir al momento de dictarse la sentencia (cfr. doct. B. 61.703, sent. de 14-II- 2000; esta Cámara causa C-1346-MP1 “Gregoraschuk”, res. de 11-XI-2009 -entre otras-).
A tenor de la solución adoptada al tratar la cuestión precedente, el interés de la Fiscalía de Estado y del Dr. Paronetto en obtener la revisión de aquella parcela de la sentencia de grado referida a la imposición de costas, ha de juzgarse desaparecido (cfr. doct. esta Cámara causa A-1806- AZ0 “Sosa Borderes”, sent. de 13-V-2010).
II. Como corolario de lo expuesto, he de responder afirmativamente al tercer interrogante planteado, proponiendo al Acuerdo declarar abstracto el tratamiento de los recursos articulados a fs. 345vta. punto “II” por el Dr. Guillermo Carlos Paronetto y a fs. 346 por la parte demandada. Voto a la tercera cuestión planteada por la afirmativa. El señor Juez doctor Riccitelli, con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Mora, vota a la tercera cuestión planteada también por la afirmativa.
La doctora Sardo no suscribe la presente sentencia por haber presentado su renuncia al cargo, efectiva al 01-02- 2014.
De conformidad a los votos precedentes, la Excma.
Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto a fs. 372/379 por la firma José Narciso Alessandrelli e Hijo S.C.
2. Hacer lugar al recurso de apelación deducido a fs. 351/358 por la parte actora y, en consecuencia, revocar el pronunciamiento apelado y hacer lugar a la demanda articulada por Frigorífico Paloni S.A., declarando expropiado por la Provincia de Buenos Aires el inmueble Matrícula N° 17.819 del partido de Bahía Blanca (007) -identificado catastralmente como Circunscripción II, Sección C, Fracción II, Chacra 247, Parcela 1 [Partida Inmobiliaria 007-615]- con todo lo que sobre él se encuentre edificado, plantado, clavado y adherido al suelo, las instalaciones allí existentes, marca comercial, maquinarias y demás elementos detallados en los inventarios anexos a las leyes 13.567 y 14.404. Las costas de Alzada se imponen a la demandada vencida [arts. 68 del C.P.C.C. y 52 de la ley 5708].
3. Ordenar la remisión de las presentes actuaciones al Juez de grado a fin de que éste determine la indemnización correspondiente y se pronuncie, asimismo, sobre la intervención reclamada en autos por José Narciso Alessandrelli e Hijo S.C. a fs. 131/132 y resuelva lo que por derecho corresponda en punto a la pretensión articulada por dicho tercero.
4. Dejar sin efecto la atribución de costas decidida por el inferior, las que deberán ser impuestas por el a quo en oportunidad de fijar la indemnización expropiatoria y en función del temperamento que sobre tal materia adopte, de conformidad con lo reglado en el art. 37 de la ley 5708.
5. Declarar abstracto el tratamiento de los recursos articulados a fs. 345vta. punto “II” por el Dr. Guillermo Carlos Paronetto y a fs. 346 por la parte demandada.
6. Diferir la regulación de honorarios por las labores cumplidas ante esta Alzada para su oportunidad [arts. 31 y 51 decr. ley 8.904/77].
Regístrese, notifíquese y devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen por Secretaría. Fdo: Dres. Roberto Daniel Mora – Elio Horacio Riccitelli – María Gabriela Ruffa, Secretaria.
Fin de la sentencia