Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa EX-2019-54603716-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar las resoluciones apeladas en autos. Con costas.
I. Que mediante los IF-2019-54599732-APN-SGAI#TFN; IF-2019-57752169-APN-SGAI#TFN; RE-2021-
106325589-APN-SGAI#TFN; RE-2021-106354748-APN-SGAI#TFN y el RE-2021-106372387-APN- SGAI#TFN, se presentan los actores e interponen recurso de apelación contra las resoluciones N° 49/2019 (DV RRES), N° 50/2019 (DV RRES), ambas de fecha 30/04/2019, N° 073/2021 (DV RRES), N° 074/2021 (DV RRES) y N° 076/2021 (DV RRES), estas últimas del 13/10/2021, suscriptas por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Resistencia de la DGI de la ex AFIP, hoy ARCA.
Que por medio de la resolución N° 049/2019 (DV RRES) se le determinó de oficio a Frigorífico Pete S.R.L., el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por los periodos fiscales 01/2017 a 04/2017 por la suma de $3.320.374,74 con más el importe de $2.698.883,30 en concepto de intereses resarcitorios.
A través de la Resolución N° 50/2019 (DV RRES), se le determinó de oficio a Frigorífico Pete S.R.L., el IVA por los periodos fiscales 05/2017 a 12/2017 por la suma de $ 6.067.888,64 con más $3.754.689,84 en concepto de intereses resarcitorios.
Por su parte, a través de la resolución N° 073/2021 (DV RRES) se le determinó de oficio a la Sra. Cintia Lilian Arriola, la responsabilidad solidaria respecto por el IVA de los periodos fiscales 01/2017 a 04/2017 por la suma de $3.320.374,74 con más el importe de $6.081.600,68 en concepto de intereses resarcitorios.
Por medio de la resolución N° 074/2021 (DV RRES), se le determinó de oficio a la Sra. Cintia Lilian Arriola, la responsabilidad solidaria con relación al IVA de los periodos fiscales 05/2017 a 12/2017 en la suma $ 6.067.888,64 con más el total de $10.271.085,72 en concepto de intereses resarcitorios.
Finalmente, a través de la resolución N° 076/2021 (DV RRES) se le determinó de oficio al Sr. Leonardo Ariel Augusto la responsabilidad solidaria respecto del IVA por los periodos fiscales 05/2017 a 12/2017 en la suma $ 6.067.888,64 con más $10.271.085,72 en concepto de intereses resarcitorios.
Cabe destacar que, en todos los casos, se resolvió diferir el tratamiento de las sanciones que pudieran corresponder hasta tanto el área penal se expida respecto de la procedencia de la radicación de la denuncia penal, conforme a lo establecido en el artículo 20 del Régimen Penal Tributario.
En primer lugar, se exponen los antecedentes de hecho y de derecho que motivaron los ajustes practicados por el Fisco Nacional.
En lo que hace a los agravios formulados por Frigorífico Pete S.R.L., en primer lugar, se plantea la nulidad de las resoluciones apeladas, con sustento en la afectación del requisito esencial de causa, en los términos del art. 7 inciso b) de la Ley 19.549.
Seguidamente manifiesta que el Fisco Nacional exige arbitrariamente una coincidencia exacta entre los kilos de carne registrados en el Sistema Integral de Faena (SIF) y los kilos facturados en cada uno de los períodos objeto de ajuste, soslayándose que las reses, luego de su faena, son sometidas a un proceso de enfriamiento que genera una merma de hasta el 6% de su peso. Remarca que, los “kilogramos aptos” difieren de los “kilogramos destinados al abasto o consumo”, en tanto la reducción del peso propio del proceso de faena genera diferencias hasta el momento en que la res es autorizada para consumo.
Aduce que la coincidencia requerida se ve afectada por la imposibilidad de comercializar las reses en el mismo mes de su faena, dado que el proceso de enfriamiento, cuando esta se realiza en las últimas jornadas del período, demora su venta hasta los primeros días del mes siguiente. A ello sumado las eventuales demoras del estacionamiento de las carnes en las cámaras frigoríficas, a la espera de una oportunidad más favorable de comercialización.
Afirma que, en todos los casos, la facturación, venta y cobro recayeron exclusivamente sobre el concepto “carne”, quedando excluidos los huesos y desperdicios —que representan alrededor del 60% del peso de las reses faenadas—, cuyo valor comercial no puede equipararse al de los cortes de primera, tales como el lomito y la pulpa. En consecuencia, explica que se le determinó un margen de utilidad bruta del 120% sobre el costo, apartándose notoriamente del margen normal de rentabilidad de los frigoríficos, que según estudios del Sindicato Gremial del Personal de la Industria de la Carne del Chaco ronda entre el 7% y el 10%.
Señalan que el Fisco Nacional, respecto de la determinación a los responsables solidarios, desconoció el efecto suspensivo previsto en los artículos 65 y 167 de la Ley N° 11.683, que impide exigir al deudor principal el pago del tributo mientras la cuestión se encuentra en trámite ante este Tribunal, máxime cuando aún no ha adquirido el carácter de “intimación incumplida”.
Sostienen que los actos administrativos de los responsables solidarios se fundan en presuntos incumplimientos de la deudora principal que, hasta la fecha, resultan inexistentes; por lo que deviene improcedente promover acciones de cobro de créditos fiscales en expectativa contra quienes solo ostentan la calidad de socios gerentes, resultando nulos los actos respectivos.
Ofrecen prueba documental, pericial contable e informativa. Hacen reserva de Caso Federal. Finalmente, requieren se haga lugar a lo solicitado, en todas sus partes.
II. Que a través de los IF-2019-78456619-APN-DNTEID#JGM; RE-2019-94229140-APN-DTD#JGM; IF-2022- 21983331-APN-DTD#JGM; IF-2022-18115919-APN-DTD#JGM y el IF-2022-18801849-APN-DTD#JGM, se presenta el Fisco Nacional contestando los recursos de apelación interpuestos, negando todos y cada uno de los hechos y derechos allí expuestos. Cita jurisprudencia en respaldo de su criterio y acompaña los antecedentes administrativos. Se opone a la prueba ofrecida por los recurrentes. Hace reserva del caso federal y solicita que se rechacen los recursos intentados confirmando las resoluciones recurridas en todas sus partes, con expresa imposición de costas a los recurrentes.
III. Que mediante el RE-2023-101669426-APN-DTD#JGM, la parte actora alega hecho nuevo, informando que, en el marco del Expte. N° FRE N° 6072/2022, caratulado “FRIGORÍFICO PETE S.R.L., (EXPTE. F.F. N° 90/22) Y OTROS S/INFRACCIÓN LEY 27.430.”, se ha dictado el sobreseimiento total y definitivo de los responsables solidarios de las obligaciones tributarias que se discuten en las presentes actuaciones (vide IF-2023-101670083-
APN-DTD#JGM)
Del traslado conferido (vide PV-2023-108983723-APN-VOCVI#TFN), a través del IF-2023-118748846-APN- DTD#JGM la representación fiscal manifestó que no resulta competencia del Juez penal pronunciarse con relación a la procedencia del ajuste tributario debatido en las presentes actuaciones.
Por otro lado, requeridas las partes mediante la PV-2026-57869615-APN-VOCVI#TFN, para que informen si el pronunciamiento de la mencionada causa judicial se encuentra firme; a través del IF-2026-58887364-APN- DTD#JGM, la parte actora indicó que la misma se encuentra firme y consentida, toda vez que ello le permitió al Fisco Nacional instruir sumario y se le aplicó una multa, la cual ha sido cuestionada a través de un recurso de reconsideración, en los términos del art. 76 inc. a) de la Ley N° 11.683. Mientras que el Fisco Nacional cumplimenta el requerimiento a través del IF-2026-59812122-APN-DTD#JGM.
IV. A través del IF-2021-99631283-APN-VOCV#TFN, se acumuló el EX-2019-57752318-APN-SGAI#TFN y por medio del IF-2023-51944226-APN-VOCV#TFN se acumularon a las presentes actuaciones los EX-2021- 113717653-APN-SGAI#TFN, EX-2021-113723552-APN-SGAI#TFN y EX-2021-113730256-APN-SGAI#TFN.
Que mediante la PV-2025-91828729-APN-VOCVI#TFN se abrió la presente causa a prueba, ordenándose la prueba informativa y pericial contable ofrecida por los recurrentes.
En el RE-2025-101875132-APN-DTD#JGM, luce la contestación del oficio dirigido a la Cooperativa de Trabajo y Consumo de Puerto Vilelas Ltda., y en el IF-2026-23488726-APN-DTD#JGM el informe pericial contable. Que por medio de la PV-2026-45842234-APN-VOCVI#TFN se clausuró el periodo probatorio y se elevaron las presentes actuaciones a consideración de la Sala “B”.
A través del IF-2026-54217932-APN-DTD#JGM y del IF-2026-54620018-APN-DTD#JGM, lucen los alegatos producidos por los recurrentes y el Fisco Nacional, respectivamente.
Finalmente, por medio del IF-2026-82382344-APN-VOCVI#TFN pasan los autos a sentencia.
V. Que, corresponde a este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo a los términos en que ha quedado trabada la litis.
En principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/ Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. C/ Universidad de Buenos Aires s/ Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
VI. Que, de conformidad con las actuaciones administrativas, Frigorífico Pete S.R.L. se encuentra inscripta en la actividad de matanza de ganado bovino nativo, habiendo sido iniciada la fiscalización que derivó en los actos aquí apelados mediante las Órdenes de Intervención N° 1.617.582 y N° 1.661.693.
Formulados los requerimientos de rutina, de la documentación aportada por la contribuyente, se detectaron diferencias entre los kilogramos de carne informados por el “Sistema Integral de Faena” (SIF), del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca dependiente de Secretaria de Presidencia de la Nación y los facturados por la recurrente, por lo que se procedió a analizar las ventas en cada uno de los periodos fiscales en cuestión (vide fs. 155/200 y fs. 201/239 del Cpo. N° 1 y N° 2 IVA de los antecedentes administrativos, respectivamente). El Sistema Integral de Faena (SIF) es la plataforma digital única y obligatoria regulada por la Resolución MECON 40/2026 —continuadora de la Resolución MAGyP 586/2015— que unifica, digitaliza y transparenta el control de la cadena de ganados y carnes en Argentina bajo el marco de la Ley de Carnes N° 21.740. Esta herramienta obliga a frigoríficos y matarifes a registrar de forma electrónica y en tiempo real el ingreso de animales (cierre de DT-e), la asignación de corrales, el romaneo de las reses y el stock diario en cámaras frigoríficas, utilizando la lectura electrónica individual para asegurar la trazabilidad comercial y sanitaria de la producción tanto para el consumo interno como para la exportación. El romaneo incluye el peso neto de la res al gancho (kilogramos aptos de las medias reses medidos en la balanza oficial de la línea de faena), la tipificación de calidad y categoría del animal, el número único de garrón para su trazabilidad, y los datos del productor, la tropa y el documento de tránsito (DT-e) de origen.
En base a los datos proporcionados por el Libro IVA Ventas, las facturas electrónicas de ventas “A” y “B” junto con las impresiones suministradas por el SIF, se confeccionaron los papeles de trabajo detallando de manera mensual: fecha de emisión de factura, tipo y número de comprobante, punto de venta, CUIT del comprador y su denominación, importe total de cada factura de venta, el IVA liquidado en cada uno de los comprobantes y los kilos de carne vendidos junto con su precio respectivo (vide fs. 167/174 del Cpo. IVA N° 1 y fs. 240/271 del Cpo. IVA N° 2 de los antecedentes administrativos).
Ello así, de la comparación entre los kilogramos de carne faenados informados en el SIF y el total de kilogramos facturados, surgió una diferencia de 550.829 kilogramos de carne no facturados correspondiente a los períodos fiscales 01/2017 a 04/2017. En tanto que, para los períodos fiscales 05/2017 a 12/2017, dicha diferencia ascendió a 833.730,64 kilogramos. Dichas diferencias fueron consideradas como ventas omitidas (vide fs. 175 del Cpo. N° 1 IVA y fs. 274 del Cpo. N° 2 IVA de los antecedentes administrativos).
Ahora bien, a los efectos del cálculo de las ventas omitidas, las diferencias de kilos de carne determinadas se multiplicaron por el precio promedio mensual que surge de las facturas de venta aportadas por la recurrente, a cuyo resultado se le aplicó la alícuota del 10,5%, obteniéndose un débito fiscal en el IVA de $3.707.851,95 para los periodos fiscales 01/2017 a 04/2017 y de $6.067.888,64 para los periodos fiscales 05/2017 a 12/2017. En lo que respecta al crédito fiscal, del análisis de la documentación acompañada por la recurrente, se observó que en el periodo fiscal 01/2017 no fueron computadas ni registradas las operaciones de compra que se detallaron a fs. 91 del Cpo. Inspección N° 1 de IVA de los antecedentes administrativos, procediéndose a su consideración. Por lo que se procedió a determinar un nuevo saldo a favor del Fisco Nacional en el IVA para los periodos fiscales 01/2017 a 04/2017 de $3.320.374,74 y de $6.067.888,64 para los periodos fiscales 05/2017 a 12/2017. Cabe destacar que los ajustes efectuados se sustentaron en los artículos 11 y 12 de la Ley del IVA. En lo que respecta a la determinación de la responsabilidad solidaria de los de Sres. Cintia Lilian Arriola y Leonardo Ariel Augusto, la misma se fundamentó en que ambos revestían el carácter de socios gerentes, conforme surge del contrato social. A ello sumado que, de dicho instrumento, surgió que poseen una participación y resultaban cada uno titulares de las cuotas sociales del 50% (fs. 01/24 del Cpo. Responsabilidad solidaria de los antecedentes administrativos).
Por otro lado, se corroboró que Leonardo Ariel Augusto, es apoderado y cotitular de la Cuenta Corriente sin interés N° 00010529303del Banco ICBC S.A.
También, se constató que las actas labradas y la documentación que fue aportada en el marco de la fiscalización a Frigorífico Pete S.R.L., fueron suscriptas por la Sra. Arriola, en su carácter de socio gerente (vide fs. 02/05, 25/45, 48/55, 58/87 del Cpo. Ppal. De IVA).
A su vez, se comprobó que la Sra. Arriola poseía el manejo efectivo de los fondos de la sociedad, siendo firmante de la Caja de Ahorros N° 3605406 del Nuevo Banco del Chaco y cotitular autorizada de la cuenta corriente N° 517/0210529303 del banco ICBC (vide fs. 96/98 y fs. 53/95 del Cpo. Responsabilidad Solidaria Enero a Abril 2017 de los antecedentes administrativos).
VII. Que, corresponde a este Tribunal analizar la cuestión traída a decisión, a los efectos de otorgar un adecuado tratamiento a los distintos agravios formulados por los recurrentes contra los actos apelados y el accionar fiscal. En primer lugar, aun cuando no haya sido planteada como una excepción previa, por una cuestión de lógica precedencia, corresponde que este Tribunal se pronuncie con relación a los planteos de nulidad efectuados por los recurrentes.
Tal como se indicó precedentemente, Frigorífico Pete S.R.L. funda su pretensión de nulidad en la afectación del requisito esencial de causa al considerar que los actos apelados se sustentan en hechos y antecedentes erróneos, conforme lo previsto en el artículo 7 inciso b) de la Ley N° 19.549; mientras que los Sres. Augusto Leonardo Ariel y Arriola Cintia Lilian la sustentan por la supuesta falta de causa de los respectivos actos ante la inexistencia de incumplimiento por parte del principal.
Cabe señalar, que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otros/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED., SALA II , 9/10/96, entre otros).
Sin perjuicio de ello, respecto de lo estrictamente formal, las resoluciones determinativas de autos, en cuanto actos administrativos, aparecen satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se haya apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo. Los recurrentes conocieron perfectamente y en su totalidad los cargos formulados, tuvieron pleno acceso al trabajo realizado por los funcionarios fiscales y la información colectada en la inspección, tuvieron derecho a ser oídos y a ofrecer las pruebas que estimaron conducentes y obtuvieron una resolución debidamente fundada.
Los actos impugnados consignaron el impuesto y los periodos fiscales implicados y se expusieron en forma detallada los cargos formulados, los hechos y el derecho que motivaron la imputación formulada. No se observa que haya existido agravio al derecho del debido proceso adjetivo, ya que para ello es necesario que el vicio haya colocado a la parte en estado de indefensión, situación que no se verifica en estas actuaciones. En todo caso la recurrente pudo hacer ejercicio de su derecho de defensa incluso ante este Tribunal Fiscal.
En cuanto al planteo de la inexistencia de incumplimiento del deudor principal a la intimación administrativa de pago, por estar suspendidos los plazos conforme a las prescripciones de los artículos 65 y 167 de la ley N° 11.683, cabe traer a colación la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia -precedente “Bozzano, Raúl José (TF 33.056-I) c/ DGI” de fecha 11/02/2014- respecto del requisito previsto en el artículo 8°, inciso a), de la Ley 11.683.
La Corte expresó allí que “...la norma transcripta no requiere el carácter firme del acto de determinación del tributo al deudor principal, sino únicamente que se haya cursado a éste la intimación administrativa de pago y que haya transcurrido el plazo de quince días previsto en el segundo párrafo del art. 17 sin que tal intimación haya sido cumplida. La conclusión expuesta resulta acorde con la doctrina establecida por el Tribunal en el precedente “Brutti” (Fallos: 327:769). En efecto, allí se señaló que la resolución mediante la cual se hace efectiva la responsabilidad solidaria sólo puede ser dictada por el organismo recaudador “una vez vencido el plazo de la intimación de pago cursada al deudor principal. Sólo a su expiración podrá tenerse por configurado el incumplimiento del deudor principal, que habilita -en forma subsidiaria- la extensión de la responsabilidad a los demás responsables por deuda ajena”.
Si bien el Máximo Tribunal no se refiere expresamente al efecto suspensivo del recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal, del análisis de su doctrina a la luz de los hechos de la causa surge que su posición es clara en cuanto a que más allá de que el deudor principal apele la determinación de oficio -que contiene la intimación de pago- ante el Tribunal Fiscal con goce del efecto suspensivo que otorga el recurso -no estando obligado a integrar el pago-, cumplido el plazo legal de 15 días el Fisco Nacional se encuentra habilitado para notificar la determinación de oficio al responsable solidario cumpliendo con la normativa, por lo que el agravio resulta inadmisible.
Por lo expuesto, los planteos de nulidad efectuados por los recurrentes, no pueden prosperar, toda vez que son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo en los actos apelados, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada.
Corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por el actor como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal, razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
VIII. Que finalmente, corresponde adentrarse en el tratamiento de la cuestión de fondo discutida en autos. Ahora bien, conforme se indicó precedentemente, el 29/06/2023 el Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, resolvió el sobreseimiento de los Sres. Leonardo Ariel Augusto y Cintia Lilian Arriola del delito de evasión simple (Régimen Penal Tributario –art. 279 Ley 27.430- art. 1) con relación al IVA de los periodos fiscales 01/2017 a 12/2017.
A continuación, se enumeran los hechos y cuestiones que el magistrado consideró para descartar las pretensiones del Fisco Nacional:
A) Diferencia conceptual entre carne y media res:
A partir de la documentación aportada, el Magistrado pone de relieve la distinción que el Fisco Nacional no consideró entre res (carcasa o canal), media res y carne, concluyendo que, si bien el método utilizado por el Fisco Nacional puede arrojar diferencias significativas en su resultado, ello no implica necesariamente la omisión de declarar ventas.
Señaló que la evaluación debe integrarse con otros elementos que hacen al contexto y a la práctica comercial, los cuales pueden —o no— brindar una explicación razonable a tal discordancia, considerando el proceso que atraviesa el producto, según las particularidades del sector.
Destaca que la media res es despostada y de ello se obtiene la carne para consumo, desestimando los desperdicios de grasa, hueso, entre otros. Así también, se debe tener en consideración que existe una merma de kilaje por enfriamiento que es de carácter obligatorio hasta que el animal llegue a una temperatura determinada (7°C), conforme los parámetros establecidos para que el producto sea considerado sanitariamente apto.
Advierte el magistrado penal que comparar los kilos aptos (es decir, los kilogramos de una media res faenada) conforme surge del SIF, con los kilos facturados de carne puede trasladar errores conceptuales con gran incidencia en el caso que se examina, más aún si es la base argumental para determinar ventas no declaradas. En esta línea insiste el juez en que el descargo realizado por la defensa técnica del imputado es razonable, pues fueron considerados como conceptos idénticos carne y media res, y por lo tanto no se contempló adecuadamente la merma del producto ni se realizó una correcta distinción a los efectos económico-tributarios. Al respecto, expresó que conforme los informes técnicos aportados, de la media res se puede estimar una media porcentual de rendimiento final de carne que oscila entre el 40% y el 42%, los cuales, aplicados al caso en particular, “se muestra de mayor consistencia sostener que las diferencias advertidas por AFIP podrían obedecer a la propia merma del producto cuyo rendimiento final no es del 100% del animal”.
En concreto, el Juez penal consideró que a partir de los kilos faenados durante el año 2017 (2.739.722 kg.) y teniendo en cuenta el rinde promedio para la región (ente el 40% y 50%), se podría estimar que los kilogramos de carne obtenidos y que debería facturar Frigorífico Pete S.R.L serían de 1.369.861 (es decir, el 50% de 2.739.722 kg.), o los cuales se aproximarían a los 1.384.559 kg. que empresa habría facturado en ese periodo. Cabe indicar que, durante el proceso administrativo, diversos clientes de la firma prestaron testimonios que ratificaron la modalidad comercial de la recurrente -cuya facturación refería a carne-, afirmando que adquirían "carne" o pagaban exclusivamente por el rendimiento cárnico tras el desposte y no por la media res completa. Específicamente, los señores Lino Alejandro Giménez (representante de KEBON CATERING S.R.L.) y Oscar Roberto Morando declararon que solo compraban cortes específicos (como pulpas, lomitos o pecetos) debido a que no contaban con instalaciones para procesar animales enteros. Otros clientes, como Fernando Gustavo Abelenda, Atilio Javier Espinel, Ezequiel Luis Núñez y Javier Rovira (de NOVO S.R.L.), explicaron que, aunque recibían la media res física, la operación se pactaba abonando únicamente el kilogramo de carne limpia —que representaba aproximadamente el 50% del peso— y procediendo ellos mismos a descartar o tirar los huesos y desperdicios. Los testigos coincidieron en que las facturas describían el producto como "carne" y que el precio pagado se correspondía con el valor del músculo y no con el de la unidad de comercialización mayorista de media res. B) Diferencias en el precio de la carne y el precio de la media res:
Indicó el Juez penal que, lo señalado en el punto anterior, fue trasladado en exceso sin que sea contemplada adecuadamente su incidencia al momento de calcular el precio promedio mensual, debiéndose llevar una misma unidad de valor en caso de realizar su cálculo.
En tal sentido, sostuvo que “si se acepta la premisa de que la empresa vende “carne” (producto que involucra el proceso de merma y aplicación de mano de obra para su venta al consumidor) y que la diferencia de kilaje advertida por AFIP se explica por tales circunstancias, ello significa que el valor presuntamente omitido es un producto comercial de menor calidad (grasa, huesos, fascia, etc.) y, por ende de menor valor, e incluso comprende partes que directamente no se comercializan.
El cálculo en cuestión presenta una particularidad, ya que el precio promedio utilizado para determinar la posible evasión fue realizado sobre precio de carne, cuando corresponde en todo caso tener en cuenta que dichos kg. de diferencia no provienen solo de carne sino que contemplan mermas, huesos y derivados, los cuales tienen un precio inferior respecto del Kilo de la carne”
Que tomando como ejemplo lo informado por la Cooperativa de Trabajo y Consumo de Puerto Vilelas, con relación al precio promedio de venta de reses de vacas y novillos para los meses de enero y febrero de 2017 ($26,25 por kilogramo) contra los estimados por el Fisco Nacional ($63,63 por kilogramo), indicó que los mismos resultan disímiles entre sí, y que presentan una gran brecha, alcanzando a superar el doble del mismo, detectándose la diferencia sustancial entre ambos conceptos.
A su vez, teniendo en cuenta el cálculo realizado por el Fisco Nacional a fs. 175 del Cpo. N° 2 de los antecedentes administrativos (OI N° 1617582), concluyó que para los meses de marzo y abril de 2017 un promedio de 186 kg por cabeza, el cual valorizado al precio de $64 por kilo, arroja un ingreso bruto de $11.909. Al confrontar dicho monto con el costo promedio del animal en pie ($5.895), se obtiene una diferencia de $6.014, equivalente a un margen de rentabilidad del 102%, lo cual “evidencia que la determinación se aleja de la realidad económica empresarial del sector cárnico, cuya rentabilidad oscila entre un 7% a 10% según informes técnicos presentados por la defensa que fueron emitidos por organismos como SENASA, Universidad Nacional del Nordeste, entre otros.”
C) Calidad animal y almacenamiento del producto:
Señaló el juez penal que no todas las reses son iguales, toda vez que influye en gran medida la calidad del animal, repercutiendo solo en el peso del animal faenado, en el porcentaje de pérdida en el desposte por enfriado y finalmente en el rendimiento carnicero. A ello sumado, la existencia de un stock disponible para la venta, considerándose también el que se encuentra en proceso de enfriado.
En su conclusión, el juez penal sentenció que resulta “excesivo el cálculo aritmético de kilogramos aptos según SIF multiplicado por el precio de carne como el total de venta que se debió facturar, cuando primero se debería arribar a una misma unidad de medida (es decir, calcular sobre la base del precio de la media res o del precio de la carne).
Solo luego de subsanado lo anterior y en caso de considerar el precio de carne como unidad de medida, se deberían restar las mermas de enfriado, las mermas de desposte, distinguir lo que se vende como carne de aquello que se podría vender como subproductos y lo que directamente no puede ser comercializado y debe ser desechado.
No surgen distinciones aplicadas entre carne y media res, así como sus precios respectivos, y ello representa un impedimento central para concluir acerca de una posible maniobra consistente en la omisión de declaración de ventas conforme la imputación realizada por la fiscalía.”
Al respecto, cabe señalar que la Sala “B” -en su anterior composición- in re “ALMEIDA, NORA MABEL s/apelación-Impuesto a las Ganancias” y su acumulado Nº 19.444-I, caratulado “ALMEIDA, NORA MABEL S/Impuesto a los Bienes personales”, estableció “... una prudente exégesis del artículo 20 de la Ley 24.769 determina que no resulta jurídicamente posible que este Tribunal se aparte de los hechos probados y acreditados en la causa penal, en pos de evitar un eventual “escándalo jurídico”; pero resulta impensable pretender que el Tribunal Fiscal de la Nación acate pasivamente lo decidido respecto de la valoración jurídica atinente al acaecimiento del hecho imponible o a sus aspectos que hacen a la determinación impositiva del gravamen en sede penal. De suyo que el juez penal está facultado y debe analizar el hecho imponible del presunto delito investigado, más ello no puede hacer pensar que su opinión y su propio encuadre normativo deba tener efecto vinculante para la sede contencioso administrativa. Sostener esto supondría el menoscabo de las funciones jurisdiccionales de este Tribunal, e incluso, de su Alzada judicial, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. (En tal sentido, “EURNEKIAN, EDUARDO” -TFN – SALA A- 27/9/2010). En consecuencia y en el mejor de los casos, la resolución penal podría tener incidencia solo respecto de los hechos allí juzgados.”
Más recientemente, en el caso “COUREL, Manuel Alberto c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) con fecha 1 de julio de 2025, la mayoría de los Ministros adhirió íntegramente a los fundamentos y conclusiones del dictamen de la Procuradora Fiscal, Dra. Laura M. Monti. En dicho dictamen, citando lo resuelto por la instancia anterior, la Procuradora convalida que "...no puede desconocerse que las conclusiones arribadas en sede penal tienen incidencia sobre el pronunciamiento que corresponde dictar en materia impositiva; resultando imperiosa su consideración al expedirse en punto a la corrección del ajuste impositivo alcanzado mediante la resolución determinativa impugnada...".
Que los suscriptos, tal como surge de los precedentes “Almeida” y “Eurnekian”, hemos expresado que si bien no resulta jurídicamente posible que este Tribunal se aparte de los hechos probados y acreditados en la causa penal en pos de evitar un eventual "escándalo jurídico"; en el caso de autos, cabe señalar que no solo habrá de estarse a los hechos que el Juez penal ha tenido por probados, los que como se verá seguidamente se encuentran respaldados por la prueba producida en este instancia, sino también a la conclusión que arriba aquel sentenciante en cuanto a la valoración de fondo.
En tal sentido, ha quedado demostrado que el Fisco Nacional incurrió en graves errores conceptuales al estimar las ventas omitidas por la contribuyente, conforme se expuso previamente a partir de la sentencia penal firme. Como puede observarse del informe pericial en el IF-2026-23488726-APN-DTD#JGM, el ajuste fiscal conduce a un "absurdo económico" al proyectar márgenes de utilidad bruta totalmente ajenos a la realidad del sector frigorífico. Según el punto 1.2.7 de la pericia, de aplicarse los precios y volúmenes pretendidos por la AFIP, la recurrente habría operado con márgenes de rentabilidad del 603% en enero de 2017, 479% en febrero, 127% en marzo y 128% en abril. Estas cifras resultan inverosímiles al contrastarlas con el margen habitual de la actividad que ronda entre el 7% y el 10% -según la información recabada de distintas fuentes relacionadas con el sector cárnico (vide “Material de capacitación y divulgación para profesionales de los servicios de inspección veterinaria: Rendimientos en la faena de ganado bovino en la región chaqueña argentina”, “Rendimiento de despostada y de cortes comerciales de novillos cruza 2/3 Cebú y 2/3 Hereford en el Norte de la Provincia de Corrientes” y lo informado por el Sindicado Gremial del Personal de la Industria de la Carne del Chaco e Insuga Chaco S.A. obrante a fs. 240/253 del Cpo. IVA N° 2 OI 1617582 de los antecedentes administrativos) lo que evidencia que el Fisco no determinó sobre la base de parámetros racionalmente idóneos sino sobre una ficción aritmética que prescindió de la realidad económica empresarial y de los costos reales de explotación. La pericia también corrobora la falta de sustento en la valuación de las presuntas ventas omitidas al demostrar la brecha insalvable entre el costo de producción y el precio de venta aplicado por la inspección. Los peritos determinaron que el valor de costo promedio por kilogramo de carne en reses faenadas era de $19,17 para el periodo enero-abril 2017. Sin embargo, la AFIP pretendió valuar los kilogramos de presunta diferencia —que incluían huesos y desperdicios— utilizando el precio promedio de cortes de carne despostada, que ascendía a valores de entre $61,50 y $66,47. Esta metodología implicó otorgar a los desperdicios (que representan el 60% del animal) el mismo valor comercial que a los cortes premium, lo cual desnaturaliza la base imponible y anula la causa del acto administrativo.
Resulta crucial destacar la validez técnica de la información de compras utilizada en la pericia, la cual se sustentó en las declaraciones juradas de IVA de la propia contribuyente ante la falta de algunas liquidaciones manuales de los primeros meses de 2017. Dado que el Fisco Nacional no impugnó en su momento el crédito fiscal ni las compras declaradas en dichas DDJJ, limitándose exclusivamente a ajustar las ventas, las mismas gozan de presunción de veracidad. La pericia utiliza estos datos para demostrar que el costo de adquisición de la hacienda no guarda relación alguna con el ajuste de ventas pretendido, confirmando la arbitrariedad del método utilizado por el organismo fiscal.
Finalmente, la pericia ratifica técnicamente el error conceptual del Fisco al comparar los kilogramos "calientes" registrados en el SIF contra los kilogramos facturados de "carne" despostada. Los peritos confirmaron una faena de 849.248 kg según el SIF para el primer cuatrimestre. Al aplicar sobre esta cifra la merma por enfriado (6%) y el rendimiento por desposte (40-42%) validados por informes de SENASA, el volumen resultante guarda un correlato adecuado con los kilogramos efectivamente facturados por la empresa. Así, se demuestra que la diferencia detectada por la inspección no fue una "omisión de ventas", sino la consecuencia física y biológica de procesar la media res para su comercialización como carne limpia de desperdicios.
Refuerza esta conclusión la prueba informativa producida por la Cooperativa de Trabajo y Consumo de Puerto Vilelas Ltda. (vide RE-2025-101875132-APN-DTD#JGM), la cual arroja precios promedio para la media res de entre $30 y $41 por kilogramo. Al confrontarlos con los valores de entre $61,50 y $66,47 utilizados en la determinación de oficio, se vislumbra un grosero apartamiento de la realidad económica. Ello demuestra que el Fisco aplicó un precio de 'carne' sobre kilogramos de 'media res', validando así una base imponible ficticia que ignora los costos y rendimientos propios de la actividad frigorífica.
En base a tales premisas, cabe concluir que corresponde revocar íntegramente todos los actos apelados. Con costas.
Por ello, SE RESUELVE:
Revocar las resoluciones apeladas en autos. Con costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2026.09.07 17:46:06 ART Date: 2026.09.08 09:39:19 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.09.08 09:56:25 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.09.08 09:57:18 -03:00
Fin de la sentencia