Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 28509-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso intentado por la parte demandada, con costas (cfr. artículo 68, 1ra parte, del C.P.C.C.N.).
22.521/2025 "FRIGORIFICO PILAR SA-TF 28509-A c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO"
///nos Aires, 04 de noviembre de 2025.- AMD VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que, por medio del pronunciamiento del 12/11/24, la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación resolvió confirmar la Resolución N.º 65/10 (DI RAME) y distribuyó las costas por su orden.
En lo que aquí interesa, fundó la distribución de los accesorios en la posibilidad de que la actora se creyera con derecho a litigar. Asimismo, se remitió a lo decidido por la Sala “E” del tribunal administrativo, en los autos “Molinos Río de la Plata” (del 16/11/00), en cuanto a sus facultades para pronunciarse sobre la forma de imposición de las costas (páginas 86/90 del PDF de las actuaciones principales).
II. Que, disconforme con lo resuelto apeló el Fisco Nacional, quien fundó su recurso el 21/11/24 y cuyo traslado no fue contestado. Se agravia, esencialmente, de la distribución de los accesorios (páginas 100/104 del PDF de las actuaciones principales).
Recuerda que, en materia de costas, debe imperar el principio objetivo de la derrota. Además, sostiene que no resulta posible verificar en el caso complejidad alguna que justifique un apartamiento de ese principio.
En ese sentido, sostiene que: “[d]e la simple lectura de las constancias administrativas que la Resolución apelada por la actora y que motivara la presente acción judicial fue confirmada por el a quo en su totalidad. Es decir que el acto administrativo atacado se había expedido de acuerdo a la legislación específicamente vigente, según los hechos acreditados y los antecedentes disponibles. Asimismo, mi mandante aplicó la normativa vigente al momento de contestar el recurso de apelación rechazando la repetición interpuesta, respetando la inteligencia del Código Aduanero y desarrollando la jurisprudencia imperante en la materia […]” [y que] “[r]esulta injustificada la falta de imposición de costas a la vencida en la sentencia recaída en autos, atento que agravia a quien en todo momento se ajustó al derecho aplicable. Esta situación se ve empeorada, asimismo, toda vez que el TFN solamente justifica el apartamiento al principio general de la derrota tan solo indicando *- Las costas se decretan por su orden en virtud de la complejidad de la cuestión en trato” […]” (sic).
Cita jurisprudencia que considera favorable a su posición y peticiona la revocación de lo decidido.
III. Que, frente al escenario descripto debe señalarse que, en rigor, el recurso de la parte demandada no se ajustó estrictamente a lo establecido en el artículo 265 del C.P.C.C.N.
En efecto, la recurrente busca controvertir la decisión adoptada respecto de los accesorios involucrados sin aludir a los hechos específicos de la causa y limitándose a sostener que la resolución administrativa fue confirmada; tampoco rebate lo señalado por el tribunal administrativo en cuanto a que la actora pudo creerse con derecho a litigar y llega, incluso, a afirmar que la imposición de las costas por su orden fue fundada en “la complejidad de la cuestión en trato” expresión que ni siquiera surge del texto del decisorio (ver Consid. VIII). La circunstancia antes mencionada acota los alcances de la atribución revisora de esta Sala pues, cuando en el recurso se vuelca un discurso subjetivo, que se limita a reproducir mecánica y acríticamente la postura sostenida desde la presentación inicial y traduce un cuestionamiento formal e insuficiente del pronunciamiento recurrido, terminan quedando incólumes argumentos decisivos en los que hace pie la sentencia apelada, lo que impide su revocación (cfr. C.S.J.N. en Fallos: 333:1657, y expte. A. 1003. XLIV “Alfacar S.A. s/concurso preventivo”, sentencia del 13/12/2011; asimismo, ver Fallos: 328: 645, entre otros). El defecto apuntado merece reproche, si se tiene presente que esta Cámara ha preconizado reiteradamente que la expresión de agravios debe consistir en una crítica concreta y razonada del pronunciamiento apelado. Tal exigencia no se sustituye con una mera discrepancia con el criterio del juzgador, sino que implica el estudio de los razonamientos de aquél, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas. De ahí que se haya podido sostener que el respectivo memorial constituye un acto de petición, destinado específicamente a desvirtuar la sentencia recurrida, con el fin de obtener su revocación o modificación parcial por el tribunal revisor.
A su vez, la exigencia concerniente a la crítica concreta se refiere a la precisión que implica señalar específicamente el agravio vertido, mientras que el requerimiento de que aquella sea razonada, alude a los fundamentos, bases y sustanciaciones del recurso, el cual debe demostrar en qué reside el desacierto del razonamiento contenido en la sentencia que se impugna (cfr., en sentido concordante, Fenochietto, Carlos Eduardo - Arazi, Roland, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, comentado y concordado, T.I, Astrea, Buenos Aires, 1983, págs. 834/837 y esta Sala, in re, “Falk, Gerardo F.J. c/E.N.”, Expte. Nº 1291/05, del 13/03/2012, entre otros).
Por cierto, se ha sostenido reiteradamente que la operación de criticar es muy distinta a la de disentir. Es que, la crítica debe significar un ataque directo y pertinente a la fundamentación del fallo, con miras a demostrar los errores jurídicos y fácticos que éste pudiere contener. Por el contrario, disentir implica meramente exponer que no se está de acuerdo con la sentencia, según ha tenido oportunidad de indicar esta Sala, tanto en su anterior integración, in re "Contreras, Hugo S. c/J.E.M.G.E.”, sentencia del 29/03/2011 y sus citas, como en la actual, en autos: “Oro, Guillermo Alberto y otros c/E.N. -D.I.E.”, del 14/02/2012, entre otros. Con una perspectiva afín a la descripta, la Corte Suprema de Justicia ha interpretado que no alcanza para descalificar una sentencia el sostenimiento de una opinión diversa o alternativa a la expresada por el juzgador, de por sí insuficiente para demostrar que ésta conduzca a un apartamiento palmario de la solución jurídica prevista para el caso, o adolezca de una decisiva carencia de fundamentación (cfr. Fallos: 305:1058; 306:598; 324:2460; 327:2168; 329:3979, entre otros en los cuales se descartó la tacha de arbitrariedad).
A la luz de estos principios, pesaba sobre la recurrente el deber de demostrar el error en el que habría incurrido el T.F.N., no pudiendo considerarse razonablemente que haya formulado una crítica seria de la resolución recurrida ante este Tribunal, por cuanto al proceder como se mencionó anteriormente no se hizo debido cargo de los fundamentos dados por el pronunciamiento apelado (cfr. esta Sala, in re “Ramón S.R.L. c/D.G.I.”, expte. Nº 28.367/2019, sentencia del 5/03/2020).
IV. Que, finalmente, y respecto de las costas de esta instancia, cabe destacar que, con motivo de la decisión adoptada, las mismas se imponen a la demandada, por no advertir razones que justifiquen apartarse del principio general de la derrota (cfr. artículo 68, 1ra. parte, del C.P.C.C.N.).
Como corolario de lo expuesto, este Tribunal RESUELVE: rechazar el recurso intentado por la parte demandada, con costas (cfr. artículo 68, 1ra parte, del C.P.C.C.N.).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.-
MARÍA CLAUDIA CAPUTI JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS M. MÁRQUEZ
Fin de la sentencia