Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 11837330-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaA) confirmar la decisión del Tribunal Fiscal en cuanto fue materia de agravio, con costas a la vencida (art. 68, CPCCN); y b) fijar los honorarios correspondientes a las tareas desarrolladas ante esta Alzada en los términos dispuestos en el considerando 5º supra.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
47283/2023 FRIGORIFICO RYDHANS SA (TF 11837330-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, abril de 2024.
Estos autos caratulados: “Frigorífico Rydhans SA (TF 11837330-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, venidos en recurso del Tribunal Fiscal; y
1. Que, el 16/08/23, el organismo jurisdiccional: (i) confirmó la resolución n° 2091/2022 que aplicó una multa de $1.253.588,62 a la actora por la omisión de declarar en término el Impuesto sobre los Bienes Personales –Acciones o Participaciones-, del período fiscal 2021, con costas; y (ii) reguló los honorarios de los profesionales intervinientes por el fisco nacional.
Para así resolver, destacó que la falta de presentación en tiempo y forma USO OFICIAL de la declaración jurada por parte de la actora comportaba un hecho no controvertido que permitía tener por configurado el elemento objetivo del ilícito reprochado a la recurrente.
Puntualizó que, de acuerdo al informe final de inspección, el procedimiento de fiscalización fue iniciado el 5/07/22 mientras que la declaración jurada fue presentada el 24/08/22 con un saldo a ingresar de $5.014.354,49. Ello así, advirtió que “el cumplimiento de la obligación fue a instancias y con motivo de la fiscalización”. Precisó que Frigorífico Rydhans S.A. no ofreció prueba destinada a demostrar la falta de la culpa o de la negligencia exigida por el art. 45 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificatorias), por lo que cabía tener por verificado el segundo elemento requerido por la acción típica. Máxime cuando la recurrente “no dice nada concreto en relación a su conducta, solo invoca la aplicación de la causal de error excusable, cuya configuración en los hechos tampoco acredita”.
Añadió que la falta de antecedentes sumariales había sido tenida en cuenta por el juez administrativo al momento de la graduación de la multa ya que fue impuesta en su mínimo legal, con la correspondiente reducción a un cuarto de acuerdo con lo previsto por el art. 49 de la ley 11.683.
2. Que, disconforme con la decisión, la parte actora dedujo y fundó su recurso de apelación ante esta Cámara (conf. presentaciones del 27/09/23 y del 18/10/23, respectivamente)
Esgrimió que el procedimiento de fiscalización se inició el 5/07/22 y la declaración jurada fue presentada “inmediatamente, el 24 de agosto de 2022, es decir a tan sólo unos días después -34 hábiles/50 corridos-”; circunstancia que “no puede acarrear en absoluto una multa material toda vez que en el caso no existió una rectificativa que amerite una sanción del art. 45 de la Ley 11.683, se trata de una declaración jurada original que si bien fue presentada a instancias de la Administración, existió en todo caso una mera intimación administrativa previa”. Afirmó que el a quo tuvo por configurada la culpa a partir de la comprobación de la mera demora en el pago del gravamen. Sin embargo, -a su entender- “para el retraso, existen intereses, pero no una infracción”.
Reiteró su falta de antecedentes y sostuvo que el bien jurídico tutelado, esto es, la renta fiscal, no se encuentra afectado por cuanto el tributo adeudado había sido efectivamente ingresado.
3. Que, según surge de la resolución apelada, la infracción endilgada quedó configurada en el momento de vencimiento del impuesto “al no encontrarse ingresada la suma que realmente correspondía conforme a la normativa vigente”. Asimismo, la demandada expuso que era indudable la existencia de una conducta fiscal deficiente pasible de ser sancionada en los términos del art. 45 de la ley de rito, atento a la falta de comprobación de un error de hecho o de derecho (conf. páginas 12/14 de las actuaciones administrativas digitalizadas el 14/12/23).
4. Que, la infracción prevista en el art. 45 de la ley 11.683 es de carácter prevalentemente objetivo, por lo cual, en principio, basta el hecho externo de la falta de pago en término para que se la tenga por configurada. Sin embargo, en el supuesto de que la culpabilidad esté excluida, no puede considerarse cometido el ilícito ya que la finalidad de la norma represiva es castigar a quien -por su culpa o negligenciano paga, pudiéndolo hacer. De allí es que puedan existir circunstancias que atenúen o, inclusive, eliminen la imputación, tales como el error excusable [conf. esta Sala, “Frigorífico San Jorge Patagonia S.A.”; sent. del 9/03/95, “Ledersa S.A. (TF 27.309-I) contra D.G.I.”, sent. del 18/10/11; “Liberson Sergio Rafael (TF 33.889-I) contra D.G.I.”, sent. del 19/11/13, entre muchas otras].
Asimismo, este Tribunal ha afirmado, si bien para otro tipo de infracciones administrativas, que nada impide que a través de los datos de la experiencia pueda naturalmente inferirse, de los hechos producidos, la ocurrencia de culpa en el acto juzgado. Para ello basta comprobar que el hecho sea consecuencia normal de negligencia o de falta de previsión por parte de sus responsables. No se trata de una presunción de culpa; es la inferencia de negligencia o imprevisión resultante del hecho mismo, recayendo -entonces- en el presunto infractor la demostración de la concurrencia, como factor determinante en la configuración de la infracción, de otras circunstancias ajenas a su voluntad y que él no pudo controlar (conf. esta Sala, “Hansung Arg. S.A.”, sent. del CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 27/12/96 y “General Textiles SACIFI c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 27/02/20).
En el caso, ante la falta de prueba de la existencia de un error excusable que la eximiera de sanción, se considera que la parte actora ha actuado con negligencia en el cumplimiento correcto de sus obligaciones fiscales, por lo que corresponde confirmar la resolución del Tribunal Fiscal.
En nada modifica lo expuesto, el hecho de que la recurrente haya presentado la declaración jurada original en lugar de una rectificativa puesto que la letra del segundo párrafo del artículo 49 de la ley 11.683, basta para desestimar el agravio deducido.
Por último, cabe aclarar que el tiempo transcurrido entre el inicio de la fiscalización y la presentación y pago del impuesto debido no alcanza a desvirtuar la comprobación objetiva de que la parte actora ingresó el gravamen adeudado con posterioridad a la notificación de la orden de intervención y con anterioridad a la notificación de la vista previa (conf. páginas 172/176 de las actuaciones administrativas digitalizadas el 14/12/23 y art. 49, ley 11.683).
5. Que, en atención a lo dispuesto en los artículos 30 y concordantes de la ley 27.423, y teniendo en cuenta la trascendencia de la cuestión resuelta y la calidad y USO OFICIAL eficacia de las tareas realizadas ante la Alzada, SE FIJAN los honorarios de la dirección letrada y representación del fisco nacional en la suma de 3,75 UMA ($152.141,25), a cargo de la parte actora (arts. 16, 19, 30, 51 y concordantes de la ley 27.423; resol. SGA 176/24).
Se deja constancia de que la totalidad de los montos regulados no incluyen el IVA, los que, en su caso, deberán adicionarse según la particular situación de los beneficiarios respecto del tributo.
Por lo expuesto, se RESUELVE: a) confirmar la decisión del Tribunal Fiscal en cuanto fue materia de agravio, con costas a la vencida (art. 68, CPCCN); y b) fijar los honorarios correspondientes a las tareas desarrolladas ante esta Alzada en los términos dispuestos en el considerando 5º supra.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia