Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2022-61975845-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el planteo de nulidad opuesto por Frigorífico Los Tres S.A., con costas.
2Confirmar la Resolución N°124/2022, con costas.
3Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por la representación procesal la suma de $ 1.907.875, equivalente a 38,88 UMA, y por el patrocinio letrado $ 4.769.688, equivalente a 97,19 UMA, los que quedan a cargo de Frigorífico Los Tres S.A., teniendo para ello en consideración la naturaleza de la causa, el monto del litigio, las dos etapas procesales cumplidas, y demás pautas establecidas en la ley 27.423.
4Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por la representación procesal la suma de $190.788, equivalente a 3,88 UMA y $476.969 por el patrocinio letrado, equivalente a 9,71 UMA, los que quedan a cargo de Frigorífico Los Tres S.A, en atención a lo resuelto en el punto 1), teniendo en consideración las pautas establecidas por la ley 27.423.
5Regular los honorarios del CP. Guillermo García Fuster en la suma de $17.176,25, equivalente a 0,35 UMA, por la aceptación del cargo de perito designado a propuesta del Fisco Nacional, los que quedan a cargo de Frigorífico Los Tres S.A., teniendo en consideración las pautas establecidas por la ley 27.423. Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe firma conjunta Número: IF-2024-54154544-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 24 de Mayo de 2024 de apelación”
En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación) y la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) para resolver el Expediente EX-2022-61975845- -APN-SGAI#TFN caratulado “Frigorífico Los Tres S.A. s/ recurso de apelación”.
La Dra. O’Donnell dijo:
I. Frigorífico Los Tres S.A. interpone el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra la Resolución N°124/2022, dictada el 3 de junio de 2022, por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Oeste de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en la que se impugnaron las declaraciones juradas presentadas en el impuesto al valor agregado, se determinaron de oficio sus obligaciones en los períodos fiscales abril 2016 a junio 2018 y se lo intimó a ingresar $5.115.623,15, más intereses resarcitorios (art. 37, ley). Allí también se le aplicó una multa de defraudación por los periodos fiscales abril 2018 a junio 2018 de $424.718,00 (arts. 46 y 47 incs. a), b) y c), ley) y se hizo reserva de juzgar su conducta infraccional de los periodos fiscales abril 2016 a marzo 2018 por aplicación del art. 20 de la ley 24.769 (t.v.).
En su presentación ante este Tribunal, Frigorífico Los Tres S.A. solicita como cuestión previa que se declare la nulidad de la Resolución por considerar que en su dictado se omitieron formas esenciales del procedimiento, en violación a las normas al debido proceso y la garantía de defensa en juicio. En particular, en cuanto a la prueba dice que le asiste el derecho a “…que ella se produzca…”, e invoca un perjuicio irreparable, al estar sujeto a un proceso que podría haberse obviado, evitando de esta manera los costos y el dispenso administrativo que conlleva cargar con casos ante este Tribunal y el riesgo de quedar sometido a un proceso penal.
Explica que la actividad de la empresa es la fabricación y salazón de cortes de cerdo, así como la adquisición de pernil de cerdo para la elaboración de jamón crudo y otros.
A renglón seguido expresa que hizo compras a proveedores habituales, concretamente trozados de cerdos a Norberto García y Agroganadera Sudamericana S.A., y que a la fecha de las operaciones no tenían irregularidades, fiscal material, formal, temporal, o subjetiva. Explica que las compras se cancelaron en efectivo o con cheques de terceros y que la operatoria se hizo en las instalaciones de la sociedad en la Ciudad de Buenos Aires, y que las compras fueron reales a proveedores reales, al igual que las ventas, prueba de lo cual es que éstas últimas no se impugnaron y por ello no se objetó la deducción del gasto en el impuesto a las ganancias en la misma inspección.
Agrega que los proveedores fueron calificados de apócrifos e incluidos en la base Apoc con fecha posterior a la realización de las operaciones; entiende que al ser las facturas impugnadas emitidas en forma electrónica el Fisco Nacional ejerce un control en tiempo real, permitiéndole en caso de irregularidades no autorizar la emisión de nuevas facturas, situación que no se da en el caso. Menciona que en virtud del secreto fiscal, reglado en el art. 101 de la ley 11.683, él no puede acceder a información de los proveedores, más que la que pone a disposición la propia Administración.
A continuación, hace consideraciones sobre los proveedores y se refiere a la teoría de los actos propios en relación a las facultades de la Administración Federal de Ingresos Públicos para autorizar la emisión de facturas; invoca el control de convencionalidad y menciona una variedad de normas y tratados internacionales.
Se agravia asimismo de los intereses resarcitorios intimados al ser una consecuencia de una obligación tributaria que – a su entender- contiene vicios notorios, cuya nulidad absoluta e insanable hace insostenible la misma y, por lo tanto, al ser un accesorio del principal debe seguir la suerte de la pretensión fiscal, es decir, su revocación.
Por último, respecto a la multa aplicada en la Resolución, se refiere a su buena fe al contratar con los proveedores, lo que imposibilita el encuadre doloso de su conducta, y manifiesta que si hay un sujeto que obró de mala fe fue el Fisco Nacional, a través del engaño, al hacerle creer que podía operar con los proveedores porque convalidó que emitieran facturas.
Cita jurisprudencia y doctrina, aporta prueba documental y ofrece la producción de prueba informativa y pericial contable y solicita, en consecuencia, que se declare la nulidad y/o la revocación de la Resolución, con costas.
II. A través del IF-2022-114100609-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso, solicitando que se confirme dicho acto, también con costas.
III. Mediante la PV-2023-19725848-APN-VOCXI#TFN se dispuso diferir el tratamiento de la excepción de nulidad opuesta por Frigorífico Los Tres S.A. para el momento de resolver la cuestión de fondo. En la PV-2023-29764194-APN-VOCXI#TFN obra el auto de apertura a prueba en el que se hace lugar - parcialmente- a la prueba informativa y a la prueba pericial contable. A través de la PV-2023-105827086- APN-VOCXI#TFN, ante la inacción del recurrente, se da por decaído el derecho a producirlas y se declara el cierre del período probatorio.
En la PV-2023-153709979-APN-VOCXI#TFN se elevaron las actuaciones a su consideración. Por último, en el IF-2024-53641862-APN-VOCXI#TFN quedan en estado para dictar sentencia.
IV. Corresponde resolver entonces sobre la validez y legitimidad de la Resolución.
Debe analizarse, en primer término, el planteo de nulidad, el que, cabe ya adelantarlo, no puede prosperar, por cuanto la Resolución se encuentra debida y suficientemente motivada en los antecedentes de hecho y de derecho descriptos en sus Considerandos y que surge de las actuaciones sumariales, por lo que no se advierte violación alguna a ninguna de las disposiciones de la ley 11.683, ni tampoco al procedimiento administrativo reglado en la ley 19.549.
Sin perjuicio de lo señalado, cabe recordar que la nulidad de un acto no puede invocarse en forma abstracta, sino que es indispensable acreditar la existencia de afectación en algún derecho de quien la pide y un perjuicio concreto, requisitos que en el caso no se han cumplido, ya que Frigorífico Los Tres S.A. ha tenido oportunidad de hacer valer sus defensas tanto en la instancia administrativa previamente sustanciada, como ante este Tribunal.
Así lo ha manifestado en forma reiterada y constante la Cámara que ejerce como alzada de este tribunal al decir que “…cuando se plantea la nulidad de un acto administrativo debe señalarse, concretamente, cuáles son los vicios que exhibe y qué perjuicio ha provocado (causa “Cooperativa de Trabajo AEI “Colonia Barraquero” LTDA c/ INAES – Resol. 806/08 (Expte. 137/03)”, pronunciamiento del 3 de febrero de 2012). También ha sostenido que el interesado debe acreditar la violación de una forma procesal, o la omisión de un acto, que origine el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a su indefensión, por lo que las nulidades son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se vio privado de oponer el impugnante (causa “EDI Fumigaciones SRL (TF 27564-I) c/ DGI”, “Cachape SRL c/ DGI”y “Ángel Russo Combustibles SRL (TF 24979-I) c/ DGI”, pronunciamientos del 2 de febrero de 2012, del 12 de julio de 2012 y del 20 de mayo de 2015, respectivamente)” -conf. ”Bringas Raul”, sentencia del 1.10.2020, entre otros-.
Por ello, corresponde rechazar el planteo de nulidad, con costas.
V. En cuanto a la legitimidad de la pretensión fiscal notificada en la Resolución, surge de sus Considerandos que se impugnaron las operaciones con dos proveedores que luego de una exhaustiva investigación fueron calificados de apócrifos: Agroganadera Sudamericana S.A. y Norberto García. Para ello se tuvo en cuenta aspectos tales como que carecían de bienes registrables y que no contaban con personal en nómina (García); las acreditaciones bancarias eran muy inferiores a las ventas facturadas y que no se los pudo localizar en sus domicilios ni a ellos ni a sus directores; no tenían bienes, ni consumos eléctricos que se correspondieran con la actividad ejercida (García). El locador del galpón del Sr. García era Agroganadera Sudamericana S.A., sociedad en la que es informado como director suplente; es, además, presidente de la firma Mechu Hue S.A. y accionista de Lincoln Meat S.A. que también estaban incluidas en la base Apoc.
Obra acreditado en las act. adm. que el Sr. García tuvo ventas por más de $915.000.000 en el plazo de dos años, mientras que Agroganadera Sudamericana S.A. más de $127.000.000, sin correlato en las acreditaciones bancarias ni exhibir capacidad operativa y económica para realizar operaciones por dichos montos.
El juez administrativo tuvo en cuenta también que si bien el Sr. Norberto García se presentó ante la fiscalización en respuesta a los requerimientos, éstos fueron respondidos parcialmente.
Por su parte, Agroganadera Sudamericana S.A. directamente no contestó los requerimientos de la fiscalización. De la propia Resolución recurrida surgen los montos facturados por este proveedor que, vgr. en el año 2016 ascendió a mas de $13.000.000 y en el 2019 a más de $15.000.000, por lo que no es razonable que lo haya hecho sin ningún recurso humano ni material, ni cuentas bancarias, ni ninguna capacidad operativa, ni económica acorde a la operatoria.
Todo ello tuvo como resultado la impugnación de los créditos fiscales en el impuesto al valor agregado al desconocerse la efectiva existencia de las compras a los proveedores Agroganadera Sudamericana S.A. y Norberto García, por lo que recaía sobre el aquí recurrente rendir prueba en contrario. Ello así, toda vez que ante ajustes como el que aquí se analiza resulta de aplicación la interpretación realizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de las disposiciones del art. 12 de la ley del gravamen en la causa “Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/ DGI”, del 10 de marzo de 2015, entre muchas otras, al sostener: "Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. 1997 y sus modificaciones), sobre cuya el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles…".
Similares consideraciones hizo en “ADM Argentina S.A.” del 10 de marzo de 2015 y en “Molinos Río de la Plata S.A.” del 25 de agosto de 2015.
Lo explica la Cámara que ejerce como alzada de este Tribunal cuando dice que “…el contribuyente debe acreditar fehacientemente la real existencia de las operaciones realizadas y a su vez, para que se pueda computar el crédito fiscal, es necesaria la existencia de la generación de un débito fiscal en la etapa anterior por esa misma operación para el vendedor, locador o prestador, pues se supone que el contribuyente puede tomar en cuenta el crédito así constituido por haber abonado el Impuesto al Valor Agregado en la etapa anterior(conf. esta Sala, in re “Molinos Río de La Plata SA c/ EN- AFIP DGI- Resol. 227/0639/06 (GC) s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 14/08/12)” – conf. “Avital S.A.”, del 24.2.2022, entre otras-.
Resulta así claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto del prestador del servicio o del vendedor de los bienes, extremo que es el que corresponde analizar aquí, en orden a determinar si fueron realmente los proveedores impugnados los que efectivamente vendieron al aquí recurrente los cortes de cerdo, por ende, si le asiste a la recurrente el derecho a computar el crédito fiscal de los comprobantes fiscales extendidos por éstos, a pesar de las múltiples irregularidades invocadas por el juez administrativo a partir de las tareas de fiscalización llevadas a cabo a cada uno de ellos.
Queda analizar entonces la prueba en que el recurrente sustenta sus agravios. Si bien en esta instancia se hizo lugar a la prueba informativa que ofreciera a cada uno de los proveedores para que informaran si habían hecho las ventas, los oficios no fueron respondidos, ni tampoco el recurrente solicitó su reiteración. Ello, a pesar que obra en el Expediente el oficio recibido por el Sr. García en nombre propio y como representante de Agroganadera Sudamericana S.A. el día 26 de abril de 2023. Por su parte, la prueba pericial contable a la que se le hizo lugar también, nunca fue producida ni impulsada, a pesar de las intimaciones cursadas por la Vocalía Instructora para que se presentara el informe bajo apercibimiento de dar por decaído su derecho. El 28 de agosto de 2023, la representación fiscal solicitó, atento el tiempo transcurrido, que se declare la caducidad de la prueba. El 7 de septiembre de 2023 el perito designado por el Frigorífico Los Tres S.A. – Juan Manuel Vega- presenta su renuncia por razones de fuerza mayor derecho a producirlas por su propia inacción y desinterés, y se solicita la designación de un nuevo perito, Gerardo E. Vega, que es, a su vez, el profesional que patrocina al contribuyente en el recurso de apelación.
Por auto del 8 de septiembre de 2023, se rechaza la designación del nuevo perito, por vencimiento del plazo para producir la prueba sin impulso previo, y por imposibilidad de asumir ambos roles en el mismo proceso en virtud de la imparcialidad que exige la labor pericial.
Se advierte así que, en el caso, Frigorífico Los Tres S.A. no probó las compras a los proveedores impugnados, sumado a la entidad de las irregularidades constatadas por la fiscalización que dieron cuenta que no fueron ellos los reales proveedores de la mercadería, impide considerarlos como generadores genuinos del crédito fiscal, por lo que la pretensión fiscal se encuentra debidamente fundada. Lo expuesto es suficiente para confirmar la pretensión fiscal notificada en la Res. N°124/2022.
VI. Por último, respecto de la sanción de defraudación aplicada por los periodos fiscales abril 2018 a junio 2018 con sustento en el art. 46 y valiéndose de las presunciones de dolo establecidas en el art. 47, incs. a), b), y c) de la ley 11.683, no existe dudas que se encuentran configurados los elementos objetivo y subjetivo que permiten confirmar el encuadramiento de la conducta de Frigorífico Los Tres S.A. en dicha figura infraccional. Las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado fueron presentadas en forma inexacta ya que se incluyeron en ellas créditos fiscales por operaciones cuya existencia no fue acreditada, a partir de maniobras tendientes a disminuir la obligación debida en su justa medida, conforme se expuso en los Considerandos precedentes.
En cuanto al aspecto subjetivo, no aportó tampoco elementos de prueba que permitan desvirtuar fehacientemente la intención de defraudar. Por el contrario, el recurrente se limitó a efectuar una crítica genérica sobre su improcedencia sin particularizar en las concretas imputaciones que llevaron al juez administrativo a calificar de dolosa su conducta.
A ello cabe agregar que no se han alegado, menos aún probado razones que permitan eliminar el dolo en la conducta de la aquí recurrente y así reencuadrar la multa en una figura más leve; por el contrario, las tareas de fiscalización dejaron en evidencia el rol de usuaria de facturación apócrifa que tuvo el aquí recurrente en los períodos fiscales determinados en la Resolución.
Por todo lo expuesto, debe confirmarse también la sanción aplicada.
La Dra. Gómez dijo:
Que adhiero a la solución propiciada por la Vocal Instructora.
En atención al resultado de la votación que antecede,
1. Rechazar el planteo de nulidad opuesto por Frigorífico Los Tres S.A., con costas.
2. Confirmar la Resolución N°124/2022, con costas.
3. Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por la representación procesal la suma de $ 1.907.875, equivalente a 38,88 UMA, y por el patrocinio letrado $ 4.769.688, equivalente a 97,19 UMA, los que quedan a cargo de Frigorífico Los Tres S.A., teniendo para ello en consideración la naturaleza de la causa, el monto del litigio, las dos etapas procesales cumplidas, y demás pautas establecidas en la ley 27.423.
4. Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por la representación procesal la suma de $190.788, equivalente a 3,88 UMA y $476.969 por el patrocinio letrado, equivalente a 9,71 UMA, los que quedan a cargo de Frigorífico Los Tres S.A, en atención a lo resuelto en el punto 1), teniendo en consideración las pautas establecidas por la ley 27.423.
5. Regular los honorarios del CP. Guillermo García Fuster en la suma de $17.176,25, equivalente a 0,35 UMA, por la aceptación del cargo de perito designado a propuesta del Fisco Nacional, los que quedan a cargo de Frigorífico Los Tres S.A., teniendo en consideración las pautas establecidas por la ley 27.423. Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Se hace constar que este pronunciamiento se emite con el voto coincidente de las dos Vocales Titulares de esta Sala por encontrarse en uso de licencia el Vocal Titular de la 12ª Nominación (conf. art. 184 de la ley 11.183).
Regístrese, notifíquese y archívese.
Date: 2024.05.24 10:53:30 -03:00 Date: 2024.05.24 11:00:22 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.05.24 11:00:23 -03:00
Fin de la sentencia