Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 30.088-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución N.º 171/2011 dictada por el Administrador de la Aduana de Paso de los Libres, en las actuaciones SIGEA N.º 12315-2557-2006 y 12314-2797-2006, declarando que el importe del cargo N° 414/06 asciende a la suma de PESOS CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($127.496, 65) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, todo ello con más los intereses del art. 794 del C.A., desde el vencimiento del plazo de diez días desde la fecha de notificación del respectivo cargo hasta la fecha del total y efectivo pago, con costas.
2Revocar la resolución apelada, en cuanto a la exigencia del IVA adicional e impuesto a las ganancias, con costas al Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2024-56820879-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 30 de Mayo de 2024 OTRO (Sentencia)
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados “FRUTABRAS COMERCIO E TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA Y OTRO c/ D.G.A. s/recurso de apelación”, expediente N.º 30.088-A:
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. En el caso de autos se discute si resulta ajustada a derecho la Resolución N.º 171/2011, de fecha 18/03/2011, dictada por el Administrador de la Aduana de Paso de los Libres, en las actuaciones SIGEA N.º 12315-2557-2006 y 12314-2797-2006, en cuanto rechaza la impugnación deducida contra el Cargo N.º 414/06, mediante la cual se intima a la firma FRUTABRAS COMERCIO E TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA y al agente de transporte MARCELO GABRIEL MAYULI a ingresar la suma de $219.031,82.- en concepto de tributos en los términos de los arts. 311, 312, 315, 780 y 794 del C.A.
II. A fs. 18/19/vta el agente de transporte MARCELO GABRIEL MAYULI, interpone recurso de apelación contra la resolución referida. En prieta síntesis, sostiene que el incumplimiento de la destinación suspensiva de tránsito de importación obedeció al robo de la mercadería. Entiende que la denuncia de robo y la comunicación del siniestro -en tiempo y forma- resultan suficientes para eximirlo del pago de los tributos reclamados. Por otro lado, considera que la exigencia impositiva es irrazonable, puesto que el Estado -quien tiene a su cargo la seguridad de las rutas- no puede alegar ineficiencia y además pretender cobrar derechos. Agrega, que, en todo caso, la responsabilidad tributaria debe recaer sobre quien realizo el hecho imponible (el autor, participe y/o beneficiario de contrabando), y no, sobre quien fue víctima de un ilícito. Por todo lo anterior, concluye que la resolución recurrida transgrede las garantías del debido proceso, la defensa en juicio y la inviolabilidad de la propiedad privada, garantizada por los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional. Ofrece prueba y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
III. A fs. 47/52 la representación fiscal contesta el traslado conferido. Niega todos y cada uno de los hechos que no fueren objeto de su expreso reconocimiento. En primer lugar, hace hincapié que los argumentos del fallo Tevelam no se aplican al caso en virtud de existir diferencias de hecho y de derecho. En ese marco señala que el criterio utilizado en sede administrativa es correcto y esta fundado por aplicación de los arts. 638 inc. f; 310; 311; 312; 315 y 780 del C.A. En dicho contexto arguye que, se configuró el hecho gravado previsto en el art. 638 inc. f), operando la presunción legal "iure et de iure” y al solo efecto tributario, que la mercadería fue importada a consumo (cf. art. 311). Manifiesta que, si bien el interesado formuló ante la policía la denuncia de robo y comunicó el siniestro, en los términos del art. 308 del C.A., ello no resulta suficiente para eximir del pago de los tributos que gravan la importación para consumo de las mercaderías sustraídas, toda vez que la manda legal exige que la misma no pueda ser utilizada por un tercero. En esa línea, expresa que la mercadería no se encuentra irremediablemente perdida por lo que conforme a los arts. 311 y 312 se ha colocado en cabeza del transportista o su agente, como deudor principal de las obligaciones tributarias y como responsables subsidiarios del pago -en forma solidaria- a los cargadores, a los que tuvieren derecho a disponer de la mercadería y a los beneficiarios del régimen de tránsito de importación, quienes podrán invocar el beneficio de excusión. Añade que si la empresa transportista y su agente pretendían no verse afectados por las consecuencias de la responsabilidad de naturaleza tributaria del régimen, debieron cumplir con su deber de previsión, concerniente al exclusivo giro de sus negocios empresariales y tramitar la destinación por el régimen previsto en la resolución 244/97 (ex ANA) o por resolución 2336/1991 (ex ANA) y contratar una póliza de seguros contra robo por el valor en plaza de la mercadería, para así evitar los riesgos y limitar su responsabilidad. Reseña jurisprudencia. Ofrece prueba y hace reserva de plantear el caso federal. Solicita se rechace el recurso y confirme la resolución con costas.
IV. Actuación N.º 12315-2557-2006 y 12314-2797-2006: A fs. 16 obra la planilla de aforo en donde consta la liquidación de los tributos. A fs. 34/37 se agrega el recurso de impugnación del cargo 414/06, mediante el cual el A.T.A. y la firma FRUTABRAS COMERCIO E TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA, informan el robo del camión que transportaba la mercadería objeto de la destinación, acompañando el MIC/DTA correspondiente y la denuncia policial realizada por el chófer del camión. A fs. 67/88 obra el dictamen 1528/2010 y a fs. 89/93 se dicta la Resolución 171/2011 (AD PASO), por medio del cual rechaza la impugnación incoada, confirmando el cargo impuesto.
V. A fs. 60 se resuelve tener por no presentada a la firma FRUTABRAS COMERCIO E TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA, continuar el trámite en relación al Agente de Transporte Aduanero MARCELO GABRIEL MAYULI y declarar la causa de puro derecho. A fs. x se elevan los autos a esta Sala G, la que los pasa a sentencia.
VI. En las condiciones indicadas cabe recordar que el art. 315 del C.A. dispone: “La mercadería irremediablemente perdida por algún siniestro ocurrido durante su transporte bajo el régimen de tránsito de importación y que hubiere sido comunicado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 308 no está sujeta a los tributos que gravaren su importación para consumo, excepto las tasas devengadas por servicios, siempre que la causal invocada se acreditare debidamente a satisfacción del servicio aduanero. La mercadería no se considerará irremediablemente perdida cuando pese a no poder ser recuperada por su propietario pudiere ser empleada por un tercero”.
VII. Sentado lo que antecede corresponde expedirse acerca de si el robo, que la aduana tuvo por acreditado en la resolución recurrida, puede eximir del pago de los tributos a la importación para consumo. Al respecto, cabe recordar que el art. 261 del C.A. expresamente dispone que: “La mercadería totalmente destruida o irremediablemente perdida por caso fortuito o fuerza mayor durante su permanencia bajo el régimen de importación temporaria no está sujeta a los tributos que gravaren su importación para consumo, excepto las tasas devengadas por servicios, siempre que la causal invocada se acreditare debidamente a satisfacción del servicio aduanero. La mercadería no se considerará irremediablemente perdida cuando, pese a no poder ser recuperada por su propietario, pudiere ser empleada por un tercero.”
VIII. Respecto de la sustracción de mercaderías, la Corte Suprema no exime sin más el pago del tributo a los responsables que son víctimas de un siniestro. En el caso “Tevelam” (11/12/2012), la Corte Suprema, luego de describir el régimen, transcribiendo la normativa aplicable al caso (Capítulo VI, Título II, Sección III del C.A.) afirmó que: "...el sistema descripto no puede conducir a que, sin más ni más, se concluya que en todo caso en que la mercadería se hallare irremediablemente perdida porque ha mediado una sustracción -y por el solo hecho de que aquélla pudiera ser utilizada por un tercero- no existe posibilidad alguna de dispensa del pago de los tributos por parte de los responsables de la obligación tributaria, cuando pese a cumplir con todos los deberes inherentes al régimen de tránsito de importación, han padecido aquella clase de siniestro", agregando (ya en el Considerando 11) que "...una interpretación prudente y respetuosa de los principios precedentemente referidos -acorde, por lo demás, con el criterio fijado por el Tribunal en materia de presunciones iuris et de iure (Fallos: 333:993)-, aconseja distinguir la situación de quien descuida el control de la carga [...]; se aparta del itinerario fijado [...], o bien, incurre en alguna conducta que pudiere indicar connivencia con el hecho de la sustracción, en cuyo caso no podría alegar razón eximente de su responsabilidad tributaria fundada en un hecho imprevisible e irresistible...". Y concluye: "...si no se probó un incumplimiento de los deberes de custodia, ni ha sido desacreditado el hecho del robo con armas [...], no corresponde responsabilizar a la actora por el pago de los tributos en los términos del art. 315, segunda parte, de aquel ordenamiento".
IX. A tenor de lo expuesto, no puedo dejar de hacer notar que el acto administrativo recurrido no ahonda en lo más mínimo en las circunstancias en que se habría producido el robo. Si bien en lo personal, disiento absolutamente con la doctrina establecida en el precedente citado, el que desnaturaliza el sentido de las obligaciones aduaneras, lo cierto es que en autos no se probó el incumplimiento de los deberes de custodia, ni ha sido desacreditado el robo, por lo que no corresponde responsabilizar a la actora por el pago de los tributos en los términos de la doctrina establecida por el alto tribunal del art. 315, segunda parte, de aquel ordenamiento.
X. De manera que, por la forma en que se resuelve la presente se torna inoficiosa la consideración del resto de las cuestiones planteadas.
Por lo expuesto, VOTO POR:
Revocar la Resolución N.º 171/2011 dictada por el Administrador de la Aduana de Paso de los Libres, en las actuaciones SIGEA N.º 12315-2557-2006 y 12314-2797-2006y, por ende, el cargo N.º 414/06, con costas.
Los Dres. Claudia B. Sarquis y Horacio J. Segura dijeron:
I. Los antecedentes de la causa, se encuentran adecuadamente reseñados en los Considerandos I.- a IV.- del voto del Dr. Licht, a cuyos términos nos remitimos por motivos de brevedad.
II. Que corresponde resolver si la resolución aduanera apelada, en cuanto confirma el cargo en cuestión, con fundamento en los arts. 310, 311, 312, 315, 780 y 794 del C.A., resulta ajustada a derecho. Que no se encuentra discutido el incumplimiento del tránsito de importación referenciado en autos. Tampoco se encuentra discutido, que la accionante aduce que ello fue consecuencia del robo de la mercadería objeto de la destinación aduanera.
Que así las cosas, la cuestión controvertida en la presente causa se circunscribe, entonces, a la procedencia o no de la exigencia tributaria que formula el servicio aduanero.
Que la operación de tránsito de importación se encuentra regulada en los arts. 296 y sgtes. del C.A., y constituye un régimen en virtud del cual se autoriza que la mercadería importada, es decir, aquella ingresada al territorio aduanero pero que carece aún de libre circulación en el mismo, sea transportada desde la Aduana por la que hubiere arribado hasta otra Aduana para ser sometida a otra destinación aduanera, previéndose al efecto la no sujeción a la imposición de tributos, con excepción de las tasas retributivas de servicios (art. 304 C.A.).
Que el art. 308 del C.A. establece “Cuando algún siniestro produjere el deterioro, destrucción o pérdida irremediable de la mercadería sometida al régimen de tránsito de importación, la persona a cuyo cargo se encontrare en ese momento el medio de transporte debe dar aviso de inmediato al servicio aduanero y adoptar las medidas necesarias para asegurar la integridad de la mercadería y las condiciones que permitieren ejercer eficazmente el control aduanero”.
Que el art. 315 del C.A. exime de responsabilidad tributaria en caso de incumplimiento del tránsito, cuando las mercaderías se pierden “irremediablemente”, no habiendo entrado al circuito económico, y si se efectúa la comunicación prevista en el art. 308 del C.A.
Que a continuación, el mismo artículo no exime del pago de tributos si la mercadería en cuestión puede potencialmente ser utilizada por un tercero.
Que no quedan dudas de que la segunda parte del art. 315 del C.A. funciona como excepción a la situación planteada en la primera parte, y que el sentido de esa excepción (la posibilidad de empleo de la cosa por un tercero) comprende especialmente a la mercadería hurtada o robada. Trata los supuestos de siniestros en que por su naturaleza (como en el caso de autos, el robo a mano armada), pese a no poder ser recuperada por su propietario, la mercadería ingresa a plaza de forma irregular.
Que, según la interpretación literal de la citada norma, basta al respecto la mera posibilidad del empleo de la mercadería por un tercero, sin que sea necesario, en manera alguna, demostrar su empleo efectivo o económico de manera real, ya que la norma no requiere esa prueba o demostración. Es más, presume su importación a consumo sin admitir prueba en contrario.
Que, en tal sentido, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ha sostenido en numerosos fallos que la finalidad de la exigencia de pago de tributos de la mercadería perdida para el documentante como consecuencia del robo, es la de proteger la renta aduanera, previendo los perjuicios al erario público por su posible utilización en razón de un ingreso que ha resultado ilegítimo. Que en conclusión, el siniestro que afectó a la mercadería involucrada en autos (en el caso, el robo) alegado por la actora, a luz de la normativa expuesta, no puede ser considerado como un supuesto de pérdida irremediable de la misma -excepción para la que se previó la no sujeción al régimen tributario aduanero (art. 315 del C.A.)- y en consecuencia la misma se presume irregularmente importada para consumo.
Que, a su turno, nuestro Máximo Tribunal efectuó una interpretación del mencionado régimen, aconsejando distinguir, para un caso análogo al de autos, “la situación de quien descuida el control de la carga que conduce hacia la aduana de destino; se aparta por el itinerario fijado por la autoridad aduanera (art. 319), o bien, incurre en alguna conducta que pudiere indicar la connivencia con el hecho de la sustracción (...) de la de quien ha cumplido con los deberes de custodia de la mercadería durante su itinerario y padece un robo agravado por el uso de armas” (CSJN, “Tevelam S.R.L.”, de 11/12/12, T.317.
XLVI).
Que, por lo tanto, autorizó, en ese orden de ideas -en una interpretación extensiva del plexo normativo-, la posibilidad de la presentación de prueba en contrario, más allá de aquélla que se encuentra dirigida a derribar el presupuesto que la condiciona -esto es, que pueda ser (al menos) potencialmente utilizada por un tercero-.
Que, sentado ello, debe entenderse que el robo o hurto de la mercadería constituyen contingencias que no son ajenas a la operatoria de transporte, y si bien pueden considerarse como caso fortuito o fuerza mayor, en el caso que la mercadería pueda ser utilizada por un tercero, dicho hecho no opera per se como eximente de la responsabilidad tributaria, sino que debe probarse, en la especie, el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa ritual, como así también el debido cuidado de la mercadería.
III. Que debe tenerse presente que se trata de mercaderías de origen extranjero sujeta al pago de tributos, y que la presunción establecida en el art. 315 in fine del CA, encuentra su fundamento en la necesidad de evitar que con el régimen de importación de tránsito se perpetren maniobras que afecten la renta fiscal. Que pretender que debe ser la Aduana quien debe demostrar el no cumplimiento de las obligaciones de los sujetos responsables por la existencia de caso fortuito o fuerza mayor o la acreditación del no cumplimiento de sus deberes de custodia respecto de la mercadería introducida, poniendo en su cabeza la carga negativa de la prueba, implicaría en razón de la cantidad y magnitud de las operaciones que se realizan en el ámbito del país, imponerle una obligación de cumplimiento extremadamente dificultosa y la inexistencia de la presunción misma dispuesta por el legislador para todo aquél que acreditase un robo. Que, por lo demás, la recurrente es aquella que está en mejores condiciones de probarlo. Es por ello, que las normas vigentes, de la manera más adecuada a la lógica y a la razón, imponen esa carga -onus probandi- de demostrar el cumplimiento de las obligaciones, a los propios beneficiarios de los regímenes de importación o de exportación.
Que, si bien la CSJN en "Tevelam S.R.L." estableció que "si no se probó un incumplimiento de los deberes de custodia, ni ha sido desacreditado el hecho del robo con armas que fue comunicado a las autoridades (...) no cabe responsabilizar a la actora por el pago de los tributos...", cabe destacar que dicha premisa lógica procedía, justamente, de diversas aristas fácticas del caso, como fue, en especial, la demostración por la parte actora en las instancias previas (debiendo destacarse la prueba en sede aduanera) del contundente cumplimiento de sus deberes de cuidado y custodia de la mercadería proveniente de zona extranjera, que implicó, sobre el caso particular y a partir de allí, naturalmente, la inversión de la carga de la prueba hacia el Fisco a fin de desvirtuar ello último.
IV. Que en ese marco conceptual, corresponde ahora analizar los hechos en razón de las probanzas que fueron arrimadas a estos autos.
Que conforme surge de las actuaciones administrativas, los esfuerzos probatorios de la parte actora se limitaron al aviso efectuado a la Aduana informando el robo del medio de transporte y el agregado de la copia de la denuncia policial.
Que, el aviso a las autoridades aduaneras fue efectuado en fecha 28/02/2002 y el robo se produjo el 20/02/2005 (de conformidad con lo declarado en la denuncia), es decir, que el aviso fue 8 días con posterioridad al robo, cuando el Código Aduanero al regular el régimen en trato -y particularmente la interrupción del tránsito por un siniestro, en este caso el robo a mano armada del camión- requiere de una necesaria inmediatez en la comunicación del hecho al servicio aduanero. Por lo tanto, no fue cumplido el requisito de dar aviso inmediato a las autoridades aduaneras, tal como lo exige el art. 308 del C.A. Que en ese entendimiento, la recurrente no acreditó ante esta instancia ni en sede aduanera, probanza alguna que pudiese llevar a la suscripta a una razonable convicción de eximirla de la responsabilidad tributaria, ni se han reunido los extremos de hecho y prueba convocados en el fallo “Tevelam S.R.L.”, por lo que no corresponde al caso su aplicación. En efecto, no se encuentra debidamente acreditado que la actora haya cumplido con los deberes de guarda y de custodia de la carga que se exigen en el precedente citado, ya que no indicó qué medidas adoptó para resguardar la carga en tránsito, ni aportó prueba alguna al respecto.
Que en este sentido se ha pronunciado nuestra Alzada, en causas análogas a los presentes autos, en las que no se había acreditado debidamente que se hubiese cumplido, por parte de los sujetos comprendidos en el art. 312 del C.A., con los deberes de guarda y de custodia de la mercadería, por lo que no resultó de aplicación la doctrina sentada por nuestra CSJN en Fallos 335:2549 (ver en este aspecto, “Capovila, Abel José c/DGA s/Recurso directo de organismo externo”, Sala V, sent. de fecha 12/07/2016; “Molinos Rio de la Plata S.A. c/DGA s/Recurso directo de Organismo Externo”, Sala IV, sent. de fecha 16/6/2016; “DM Transporte e Logística Internacional S.A. c/DGA s/Recurso directo de organismo externo” Sala I, sent. de fecha 18/12/2014; entre otros).
V. Que, en otro orden de ideas, al tratar la cuestión tributaria que nos ocupa, nada tiene que ver la cuestión penal en la que se investigue el delito de contrabando porque, por disposición de ley, se ha puesto a los beneficiarios del régimen del tránsito como responsables de la exigencia tributaria, y esos son los sujetos pasivos de dicha obligación (art. 312 C.A).
VI. Que en relación a los sujetos que deben responder por los tributos adeudados, el art. 312 del C.A. considera al transportista y a su agente de transporte aduanero como deudores principales de las obligaciones tributarias, mientras que al cargador, al que tuviere derecho a disponer de la mercadería y a los beneficiarios del régimen como responsables subsidiarios de esas obligaciones, con independencia de la situación de quienes realizaron los actos ilícitos que originaron el caso fortuito o la fuerza mayor, es decir, sin perjuicio de que el hecho gravado haya sido realizado por otro. De esta forma el Código los hace responsables por deuda ajena, con la finalidad de proteger los intereses fiscales. Destacada jurisprudencia de este Tribunal señala que resulta obvio que el criterio interpretativo expuesto en las normas aduaneras “no resulta inequitativo para el transportista (o para su agente solidariamente responsable, arts. 312 y 780 del C.A.), en el sentido de que éste resulta responsable (tributariamente) por un hecho que en rigor le es ajeno; y no resulta inequitativo porque es obvio que, quien transporta bienes bajo su custodia y guarda, debe, razonable y previsoriamente, constituir un seguro que cubra tanto el riesgo de la destrucción total o parcial de la mercadería (esto frente al titular de la mercadería) como el riesgo del robo de la mercadería (esto último -reitero, en caso de robo- frente al titular por el valor de la mercadería, y -en la parte correspondiente- frente a la aduana por el importe de los tributos que corresponden por el juego armónico de los arts. 311 y 315 del C.A.)” (conf. “Ardoino S.A. c/Dirección General de Aduanas s/rec. de apelación”, Expte. Nº 21.775-A, Sala G, sentencia del 6/4/2009, con una composición diferente a la actual; entre otros).
VII. Que, en este estado del análisis, con relación a los rubros IVA adicional e impuesto a las ganancias que se reclaman en estos autos, debe señalarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA SA c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sentencia del 26/11/2019, se expidió, señalando que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos.
“Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”.
Que, la C.S.J.N sostuvo que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
Que, resulta de aplicación al caso el criterio sustentado por el más Alto Tribunal, y dado que en la causa el plazo al que hace referencia la CSJN ha precluido, corresponde revocar la exigencia formulada por la Aduana respecto de los rubros IVA adicional e impuesto a las ganancias, con costas al Fisco.
VIII. Que, en virtud de lo expuesto, efectuada una reliquilidación de la determinación tributaria, y excluidos los rubros IVA adicional e impuesto a las ganancias, se obtiene que la deuda tributaria asciende a PESOS CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($127.496, 65).
Que sobre el importe nominal de los tributos adeudados procede el pago de los intereses previstos en el art. 794 del Código Aduanero.
Que los intereses deben computarse desde el vencimiento del plazo de diez días desde la fecha de notificación del respectivo cargo que data del 24/08/2006, hasta la fecha de efectivo pago. Que sobre el importe de tributos que se confirma corresponde imponer las costas a la actora (art. 1163 del C.A.).
Por ello, votamos por:
1. Confirmar parcialmente la Resolución N.º 171/2011 dictada por el Administrador de la Aduana de Paso de los Libres, en las actuaciones SIGEA N.º 12315-2557-2006 y 12314-2797-2006, declarando que el importe del cargo N° 414/06 asciende a la suma de PESOS CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($127.496, 65) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, todo ello con más los intereses del art. 794 del C.A., desde el vencimiento del plazo de diez días desde la fecha de notificación del respectivo cargo hasta la fecha del total y efectivo pago, con costas.
2. Revocar la resolución apelada, en cuanto a la exigencia del IVA adicional e impuesto a las ganancias, con costas al Fisco.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente la Resolución N.º 171/2011 dictada por el Administrador de la Aduana de Paso de los Libres, en las actuaciones SIGEA N.º 12315-2557-2006 y 12314-2797-2006, declarando que el importe del cargo N° 414/06 asciende a la suma de PESOS CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($127.496, 65) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, todo ello con más los intereses del art. 794 del C.A., desde el vencimiento del plazo de diez días desde la fecha de notificación del respectivo cargo hasta la fecha del total y efectivo pago, con costas.
2. Revocar la resolución apelada, en cuanto a la exigencia del IVA adicional e impuesto a las ganancias, con costas al Fisco.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2024.05.30 11:29:31 ART Date: 2024.05.30 16:39:32 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.05.30 17:27:19 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.05.30 17:28:55 -03:00
Fin de la sentencia