Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 33.444-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la Resolución nro. 598 (AD ROSA), de fecha 16/05/13, recaída en el expediente SIGEA N° 12550- 390-2012. Costas a la actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-28817540-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 19 de Marzo de 2024 Reunidos los Sres. Vocales de la Sala F, Dres. Pablo A Garbarino y Christian M González Palazzo, para resolver el expediente Nº 33.444-A caratulado “FRUTÍCOLA SAVEIRO SRL c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”
El Dr. Garbarino dijo:
I. Que, a fs. 13/16 y vta., se presenta por apoderado la firma del epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución 598, de fecha 16/05/13, dictada por la Administradora de la Aduana de Rosario, en la Actuación SIGEA nro. 12550-390-2012, por la que se la condena el pago de una multa que asciende a la suma de $ 26.061,74, por la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el artículo 969 del Código Aduanero. Manifiesta que registró una venta de 100 toneladas de la mercadería clasificada bajo la posición arancelaria 0713.33.29.111 Z, en los términos de la Ley 21.453, el día 2/09/09. Agrega que, contra dicha registración, el organismo regulador emitió el correspondiente ROE Verde (DJVE). Manifiesta que, por diversas circunstancias, que fueron oportunamente puestas en conocimiento del órgano de aplicación, constató que no podría cumplir con la obligación de exportar, razón por la cual, en fecha 21/12/2009, procedió a presentar una nota formal ante la ONCCA, Delegación Rosario, solicitando se procediera a “otorgar el cumplido sin sanción”. Explica que desde septiembre de 2008 y hasta el 15 de septiembre de 2010, la anulación de DJVEs y ROEs no requirió por parte de la Administración ningún tipo de justificación ni de soporte documental. Advierte que ello implicaba, para el exportador, la obligación de informar el pedido de anulación, pero el derecho de no presentar ningún tipo de documentación de soporte ni de respaldo de dicho pedido. Sostiene que presentó el respectivo pedido de “cumplido sin sanción” en fecha 22/12/2009, es decir, mucho antes de que se dejara sin aplicación el criterio más benévolo de interpretación arriba mencionado. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Considera que solicitó las anulaciones correspondientes, en los términos y con las formalidades exigidas, en dicho momento histórico, mucho antes de que cambiara la interpretación general del régimen dada por la propia autoridad de aplicación. Ofrece prueba y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que a fs. 41/48 vta., la representación fiscal contesta el traslado conferido y acompaña las actuaciones administrativas antecedentes de esta causa. Manifiesta que la única verdad material, que hace a la figura infraccional en cuestión, es el incumplimiento de la obligación de exportar el 90% de la mercadería, circunstancia esta que ha sido reconocida expresamente por la encartada, en su escrito de contestación de vista y en el escrito de demanda. Afirma que no existen pruebas aportadas al sumario de que se haya exportado en término la mercadería en infracción habiéndose incurrido en la infracción que tipifica el artículo 969 del Código Aduanero. Entiende que en materia internacional rige la responsabilidad objetiva y que es la recurrente quien debe demostrar en forma fehaciente y con la documentación aduanera pertinente que ha cumplido total y acabadamente con sus obligaciones dentro del plazo legal otorgado. Al respecto, cita jurisprudencia de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y de este Tribunal Fiscal. Menciona que el único intento defensivo de la contraria se basa en una nota presentada por ante la ONCCA solicitando el “cumplido sin sanción”. En este sentido, agrega que a fojas 44/45 de las actuaciones administrativas luce agregada una contestación de oficio de dicho organismo por medio del cual se informa que la solicitud de la exportadora fue denegada por haber resultado extemporánea. Considera que el pedido de cumplido sin sanción basándose en circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor son absolutamente inatendibles. Concluye que se han reunido los elementos configurativos del tipo infracción penal previsto en el artículo 969 del Código Aduanero surgiendo la responsabilidad por la multa impuesta a la firma actora. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se confirme la resolución recurrida, con costas.
III. Que las actuaciones administrativas SIGEA nº 12550-390-2012 se inician con el informe N° 258/12 por el cual la División Aduana de Rosario requiere explicaciones a la despachante de aduana, Sra. Fabiana Perez Boidi, en representación de la firma “Fruticola Saveiro SRL” respecto de la Declaración Jurada de Venta al Exterior 09052DJVE000561C, pues se habría cargado solo 11,42 toneladas (09052EC01010767Z) no cumpliendo con el mínimo exigido del 90% de la normativa vigente. A fs. 8 y 10/13 obran impresiones de pantalla de la 09052 DJVE 000561C y de la destinación nro. 09 052 EC01 010767Z, respectivamente. A fs. 14 obra acta de denuncia nro. 73-2012/5 contra la firma “Fruticola Saveiro SRL”, por la presunta comisión de la infracción al artículo 969 del Código Aduanero. A fs. 16 se liquida la multa minima del 10% respecto de la mercadería que no se habría exportado. A fs. 17/18 el servicio aduanero apertura sumario, en fecha 30/05/2012 y, en el mismo acto, dispone correr vista de todo lo actuado a la firma exportadora, de la cual resulta notificada el 07/06/12 (véase el aviso de recibo que luce a fs. 20). A fs. 24/31 la firma “Fruticola Saveiro SRL” presenta su descargo. A fs. 38 se abre la causa a prueba, ordenándose librar oficio a la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario o a quien la sustituya. A fs. 44/45 luce la actuación SIGEA nro. 12542-3706-2012 en la que se adjunta la contestación del oficio diligenciado por la firma imputada. A fs. 50/51 se acompaña alegato. A fs. 53/55 se emite el dictamen jurídico y, a continuacion, en fecha 16/05/13 se dicta la Resolución (AD ROSA) nro. 598/13, aquí apelada.
IV. Que el artículo 969 del Código Aduanero dispone: 'Cuando el exportador que hubiere optado por el régimen previsto en el artículo 729 no cumpliere con la exportación en los plazos, forma y condiciones contempladas en el artículo 730 sin mediar las causales previstas en el artículo 731 será sancionado con una multa del DIEZ (10%) al VEINTE (20%) por ciento del valor en Aduana de la cantidad, peso o volumen de la mercadería no exportada". Que, por su parte, el artículo 9° de la ley 21.453 preceptúa: "Las ventas declaradas se darán por cumplidas cuando, dentro del plazo estipulado para la declaración jurada, el exportador hubiese registrado la declaración aduanera de exportación para consumo de por lo menos el noventa por ciento (90%) de la cantidad (peso o volumen) declarada. La Autoridad de Aplicación podrá dar por cumplidas las operaciones o extender los plazos de cumplimiento de las mismas cuando existan causas de incumplimiento no imputables al exportador. El incumplimiento o la anulación de operaciones correspondientes a las declaraciones de ventas registradas, será sancionado con una multa equivalente al quince por ciento (15%) del valor FOB de venta de la parte incumplida de la declaración, como máximo hasta el noventa por ciento (90%) de la cantidad declarada. Para la conversión de divisas a moneda nacional de curso legal a fin de calcular las multas referidas se tomará el tipo de cambio comprador más alto vigente el día del vencimiento de la declaración jurada”.
Que si bien la autoridad de aplicación de la Ley 21.453 era la Junta Nacional de Granos, este organismo fue disuelto por el artículo 36, Anexo 1 del decreto 2284/91, por lo cual mediante la resolución de la ex ANA N° 1791/92 se creó en el ámbito de la Administración "el registro de las declaraciones juradas de venta al exterior (DJVE) a que hace referencia la citada ley y que el mismo actúe como descentralizado para lograr un mejor control de las operaciones e ingreso de los tributos que genere la exportación de los bienes involucrados en dichas declaraciones" (ver primer párrafo, Considerando de la Res, n° 1791/92).
Que, para llevarse a cabo el cumplimiento de las operaciones por cualquier circunstancia que implicase una demora, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, como organismo de aplicación debía otorgar las prórrogas que solicitaran los interesados previo al vencimiento del plazo estipulado en la declaración jurada (véase art. 18 de la Resolución referida en el párrafo anterior).
Que en su art. 20 inc. b) dispuso que "En aquellos casos fortuitos o de fuerza mayor registrados con anterioridad al vencimiento del plazo de la DJVE (el destacado me pertenece), se otorgará, a pedido de parte y por acto expreso de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca una prórroga extraordinaria de (60) sesenta días corridos. Esta última constancia deberá asentarse en el correspondiente sector que contempla a tal fin el formulario OM-2098 por la Aduana de Registro".
V. Que corresponde analizar la Declaración Jurada de Venta al Exterior involucrada en las actuaciones y resolver si se ajusta a derecho la multa impuesta, en los términos del artículo 969 del Código Aduanero. Que mediante la Declaración Jurada de Venta al Exterior nro. 09052 DJVE 000561C, oficializada ante la Aduana de Rosario el 02/9/09, la actora comprometió, en los términos de la Ley 21453, la exportación de 100 toneladas de la mercadería clasificada bajo la posición arancelaria 0713.33.29.111 Z, operando su vencimiento el 18/10/09. Que, en el presente caso, no se encuentra discutida la falta de cumplimiento de al menos el 90% de la referida exportación comprometida.
De hecho con relación a la Declaración Jurada de Venta al Exterior nro. 09052 DJVE 000561C, la actora reconoce, en su escrito de contestación de vista y en el escrito de demanda, que quedaron 88,58 toneladas sin exportar, tal como lo señaló la Sección “R” de la División Aduana de Rosario en su informe de fs. 1 de las actuaciones administrativas.
Que, sin embargo, la recurrente sostuvo que desde septiembre de 2008 y hasta el 15 de septiembre de 2010, la anulación de DJVEs y ROEs no requirió, por parte de la Administración, ningún tipo de justificación ni de soporte documental. Agrega que dicha conducta fue pública y pacífica y se reflejó en distintos ámbitos pero que quedó plasmada en la Nota FAIM 12/2008, emitida el 10 de septiembre de 2008, en la que intervino el Sr. Presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera. Y que, con posterioridad, mediante Nota FAIM 22/10, la mencionada autoridad, procedió a comunicar a sus asociados el cambio de criterio a partir del 15 de septiembre de 2010.
Que cabe destacar que, en contestación al oficio librado en autos, el Gerente de la Federación Argentina de la Industria Molinera sostuvo que las notas (FAIM 12/08 y 22/10) fueron, en efecto, emitidas por dicha entidad. Sin perjuicio de ello, aclara que “...la finalidad de las mismas es informar relatos de posturas que tomaría el organismo de contralor en la materia en base a comentarios que habrían efectuado sus autoridades, todo esto sin respaldo alguno en reglamentación, no siendo vinculantes las notas por tal motivo (el destacado me pertenece)” (véase fs. 68 de autos).
Que cabe aclarar que, el acogimiento al régimen de la Ley 21453, que resulta de la DJVE en cuestión, fue voluntario, motivo por el cual la recurrente debía cumplir ciertas obligaciones (exportar al menos el 90% de la mercadería declarada en el plazo reglado a tal fin), teniendo como contrapartida los beneficios otorgados por la normativa (tipo de cambio aplicable al momento de la fecha de cierre de la venta).
Que incumbía a la apelante cumplir con la normativa vigente, por lo que correspondía dirigirse al organismo de aplicación a efectos de tener por configuradas —en su caso- las causales que excluyeran su culpabilidad respecto de la infracción endilgada.
Que, aclarado que la recurrente debía cumplir con la normativa vigente, su argumento defensivo estriba en una nota formal presentada en fecha 21/12/09 por ante la ONCCA solicitando se procediera a otorgar “el cumplido sin sanción” toda vez que no podría cumplir con la obligación de exportar en tiempo y forma. No obstante, dicha presentación se produjo una vez operado el vencimiento del plazo de la Declaración Jurada de Venta al Exterior por lo que fue rechazada por la autoridad de aplicación. En este sentido, a fojas 44/45 de las actuaciones administrativas luce agregada una contestación de oficio de dicho organismo -UCESCI- por medio del cual se informa que la solicitud de la exportadora fue denegada por haber resultado extemporánea.
Que, en ese orden de ideas, resulta claro que habría sido conveniente que la actora en tiempo y forma (con anterioridad al vencimiento de las DJVE), hubiese solicitado el cumplido sin sanción, a fin de evitar el incumplimiento que se le imputa. Sin embargo, es evidente que el exportador realizó esa gestión de manera extemporánea, por lo que, de ese modo, el tiempo transcurrió y acaeció el vencimiento de la DJVE, configurándose la infracción denunciada en autos.
Que cabe recordar que es doctrina de nuestro Alto Tribunal que el acogimiento a un régimen de excepción importa con idéntico alcance el sometimiento al cumplimiento de los requisitos exigidos a tal efecto y obsta a su imputación ulterior (Fallos 255:216, 285:410, 229:221, 307:1582, entre otros; CSJN, en autos “Medefin SA”, sentencia del 01/10/91).
Que, por otro lado, cabe destacar que tratándose de beneficios tributarios se debe ser cuidadoso en la interpretación de modo tal de que, por vía interpretativa, no se consagren las excepciones como regla general y, por lo demás, debe tenerse en cuenta el contexto general de las leyes y de los fines que las informan (Fallos 264:152, 265:256, entre otros).
VI. Que, en consecuencia, resulta ajustado a derecho confirmar la infracción endilgada por la Aduana, dejando a salvo el criterio asumido por el suscripto – por razones de celeridad y economía procesal, y en atención a la inveterada posición adoptada por la mayoría de esta Sala – en relación a la potestad sancionatoria de la Administración, esbozado ya en numerosos precedentes (“Aluar Aluminio Argentino SACI y Otro c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.840, del 02/12/13; “Blanco, Eduardo Jorge c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.553-A, del 03/12/13 y “Nutribras SA c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 36.507-A, del 06/03/12, entre otros). Que, en razón de lo expuesto, VOTO por:
Confirmar la Resolución nro. 598 (AD ROSA), de fecha 16/05/13, recaída en el expediente SIGEA N° 12550- 390-2012. Costas a la actora.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Garbarino.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar la Resolución nro. 598 (AD ROSA), de fecha 16/05/13, recaída en el expediente SIGEA N° 12550- 390-2012. Costas a la actora.
Regístrese. Notifíquese al Dr. Ignacio Andrés González (20-39167985-2) y Dr. Adrián Marcelo Míguez (20- 14223510-3). Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Garbarino y González Palazzo, por encontrarse vacante la Vocalía de la 18º Nominación.
Date: 2024.03.19 11:55:08 -03:00 Date: 2024.03.19 12:04:52 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.03.19 12:04:53 -03:00
Fin de la sentencia