Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala I de la Matanza · Causa 35.096
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1º)
Rechazar el PEDIDO DE DESERCION DEL RECURSO de apelación de la citada en garantía; 2°) modificar la SENTENCIA APELADA de la siguiente manera: a) FIJAR que los intereses habrán de computarse desde la fecha en que se produjo el accidente 09/11/2015 (momento en que nace la obligación de resarcir el perjuicio causado), y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda –sentencia de cámara-, a la tasa de interés puro del 6% anual establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y de allí en más, la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos; 3º) confirmar el resto de la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravios; 4°) imponer las costas generadas en esta instancia recursiva a la parte demandada vencida y su aseguradora –en la medida de la cobertura contratada-. (arts. 68 y 274 del C.P.C.C.).5°) diferir la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.
FRUTOS ZULMA MARCELA C/ LATORRE JOSE Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
LM 35096/2016
Juz. Civ. y Com. Nro.: 3 RSD Nro.: 74 /21 Folio Nro.: 1167 En la ciudad de San Justo a los 18 días del mes de mayo de dos mil veintiuno, encontrándose los Sres. Jueces de la Excelentísima Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y de Familia del Departamento Judicial de la Matanza - Sala Primera- incluidos dentro de las previsiones de la Res. de Presidencia SCBA Nº 165/2020 (Secretaría de Personal) y atento a lo que surge de las Resoluciones Nº 10/20 (art. 1º apartado 1b - b.1.1) y Nº 14/2020 (art. 7) - (Secretaría de Planificación) y Nº 2135/18) - (Secretaría de Servicios Jurisdiccionales), sus modificatorias y prórrogas, celebran Acuerdo Ordinario Telemático para dictar pronunciamiento en los autos caratulados: “FRUTOS ZULMA MARCELA C/ LATORRE JOSE Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” LM 35096/2016 habiéndose practicado el sorteo pertinente -art.168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, resultó que debía ser observado el siguiente orden de votación: DR. TARABORRELLI- DR. PÉREZ CATELLA – DR. POSCA - resolviéndose plantear y votar las siguientes:
1. Cuestión: ¿corresponde decretar la deserción del recurso de la citada en garantía?
2. cuestión: ¿Es justa la resolución apelada?
3. cuestión: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JOSÉ
NICOLÁS TARABORRELLI, dijo:
I. Antecedentes del caso.
Con fecha 08/04/2020 la sentenciante de grado, resolvió: “Hacer lugar a la demanda entablada por Zulma Marcela Frutos por daños y perjuicios; en consecuencia, condenar Juan José y José Latorre a abonarle la suma de un millón cuatrocientos cincuenta mil ochocientos pesos ($ 1.450.800), en el término de diez (10) días. A dicha suma deberán adicionarse los intereses calculados conforme el considerando 6. 2. Imponer las costas a los demandados, quienes resulta vencida conforme el considerando 8 (art. 68 del C.P.C.C.). 3. Diferir la regulación de honorarios”.
Contra tal forma de decidir, apelaron la citada en garantía con fecha 10/04/2020, recurso que fuera concedido libremente con fecha 13/04/2020 y con fecha 14/04/2020 la parte actora, recurso que también fuera concedido libremente el día 15/04/2020.
Habiéndose elevado las actuaciones a esta instancia, conforme proveído de fecha 22/10/2019, se radicaron las presentes actuaciones ante esta Sala Primera con fecha 28/10/2020.
Por lo cual, una vez en condiciones con fecha 09/12/2020 se llamó a expresar agravios a los apelantes, cumpliendo con dicha carga procesal ambos mediante escritos electrónicos del 17/10/2020.
Corrido el pertinente traslado de ley con fecha 23/12/2020, atento al haberse tenido por presentada en legal tiempo y formas las fundamentaciones de los agravios de la parte actora y citada en garantía, con fecha 03/02/2021 contestó la parte accionante, dándose por decaído el derecho al resto de los litigantes, pasando los autos para sentencia y posterior sorteo orden de estudio.
II. El recurso de apelación y sus agravios II. a.-Agravios de la parte actora De los agravios expuestos por la parte actora, se observa que esta queja por: la tasa de interés. En efecto, expuso que la sentencia de primera instancia emitida por la Juez le ha dado la razón en un todo conforme la demanda, no así en la tasa aplicable al capital de condena, considero que es un error jurídico insoslayable la tasa aplicada en la sentencia recurrida, toda vez que, entiende que la misma resulta carente de todo sentido social y desajustado a la realidad. Que, tal decisorio judicial causa serios perjuicios al crédito de su parte, ya que dadas las condiciones inflacionarias actuales, los acreedores ven con el tiempo el licuamiento de sus deudas genuinas, en desmedro del patrimonio del acreedor.
Manifiesta la apelante que debemos tener en cuenta la fecha del hecho, la que data del 9 de noviembre de 2015, es decir, 5 años y un mes a la fecha de la presentación de estos agravios. Que no puede dejar de alegarse que, hoy en día, en materia económica, nos encontramos ante otra realidad, y esto no puede so pesar sobre quien ha estado conforme a Derecho, y ha sido vulnerado en su patrimonio por un evento ilícito y culpable de la demandada. Que la tasa que se expone en la sentencia en crisis, invita a no cancelar, para poder disolver la deuda por el solo paso del tiempo en desmedro del acreedor. Que por otro lado, expresamente el artículo 767 del nuevo CCC de la Nación otorga a los jueces la posibilidad de adecuar los intereses compensatorios; que claramente en el caso de marras no hubo una tasa convenida, toda vez que el hecho generador de responsabilidad proviene de un ilícito, es entonces cuando juega un papel central la tasa que deben aplicar los Magistrados, sin producir un desmedro en el deudor, pero sinatentar contra el patrimonio de la víctima de un evento dañoso, es decir, buscar coherencia.
Que la Magistrada de Primera Instancia, en la sentencia en crisis, comete una grave confusión entre intereses moratorios y compensatorios, con unos compenso la falta de uso de privación del capital, pero con los otros, dada la época actual, debe poder mantener el poder adquisitivo del dinero, y esto no es indexar –considera la apelante-, sino poder adquirir los mismos bienes o servicios que efectivamente perdió por el daño causado por la demandada. Que los fallos “Cabrera” (15/06/16), como “Vera, Juan Carlos contra Provincia de Buenos Aires. Daños y Perjuicios “; 3 de mayo de 2018, causa C 121.134 2 Nidera S.A contra Provincia de Buenos Aires. Daños y Perjuicios” emitidos por nuestro más alto Tribunal Bonaerense, y donde encuentra basamento la jueza de grado, han perdido vigencia, realidad y coherencia con la época actual.
Por lo cual, la parte actora, solicita un nuevo examen de la cuestión que nos permita advertir que la tasa fijada no debe ser aplicada para situaciones como la que se ventila en estos autos para compensar al acreeedor, para quien el costo del dinero es mucho más alto; por lo que considera que desde la fecha de acaecimiento del hecho 09/11/2015 y hasta el efectivo pago, correspondería aplicar una tasa mayor, toda vez que la misma solo juega en beneficio del deudor. Reitera que en forma alguna estaríamos indexando, puesto que todo tipo de indexación está prohibida por la Ley 23928 - mantenida actualmente por la ley 25561-, es decir, que para paliar los intereses a los que debió acudir la actora para abonar los gastos y las pérdidas que sufrió como consecuencia del siniestro cometido por exclusiva culpa de los demandados, ha debido soportar la tasa del 6%, mientras que actualmente, como es público y notorio en las entidades financieras superan el 70% anual ( CFT).
Cita la apelante el art. 768 y 771 del CCYN. Que desde el día del hecho el acreedor (víctima) se ha visto privado del capital al que tiene derecho, y que entonces se debe evaluar cuánto le hubiera costado el dinero si lo hubiera buscado en el mercado. Pero, además, advierte que la tasa debe ser importante, para evitar que el deudor moroso especule o se vea beneficiado por la demora del litigio, en desmedro de la víctima. En suma, esta parte entiende que debe admitirse el reclamo de elevación del porcentaje de las tasas de Interés pura fijado hasta la fecha de sentencia y la tasa activa duplicada desde la sentencia hasta su efectivo pago, por el índice que este Tribunal considere prudente, conforme realidad y valores vigentes.
II.a. Agravios de la citada en garantía De los agravios vertidos por esta parte, se infiere que la misma se agravia –en lo medular- por: a) responsabilidad: en primer lugar refiere la aseguradora que le agravia la responsabilidad absoluta inculcada a los demandados en la ocurrencia del hecho. Que la jueza de grado omite tener en cuenta lo manifestado por ésta parte en su contestación, y lo manifestado por la propia actora en su relato liminar. Que ha quedado demostrado, de acuerdo al relato de los testigos y la pericial mecánica que la accionante no caminaba por la calle, que es ancha, de acuerdo a lo declarado por el testigo Ríos, sino que lo hacía entre los vehículos estacionados. Que la propia accionante manifestó que "observó que el camión....conducido por el codemandado, José Latorre, que venía en sentido contrario a su desplazamiento, se fue cerrando hacia donde ella se encontraba...".
Que sin perjuicio de "observar" tal movimiento, que el demandado estaba realizando para estacionar en el lugar habilitado a tal fin, y que se encuentra demarcado, la accionante se colocó en la trayectoria, quedando al lado de un rodado "estacionado". Que ha quedado demostrado que la accionante, en lugar de caminar por el lugar más seguro, lo hacía entre vehículos estacionados y espacios en los que éstos se encontraban estacionando. Que la propia accionante manifiesta haber visto la maniobra que estaba realizando el camión, de estacionamiento, e igualmente continuó su trayectoria. Por lo cual, entiende dicha parte que no ha existido responsabilidad absoluta del demandado, existiendo interrupción del nexo causal, por la conducta asumida por la propia actora, por lo que solicita se revoque la sentencia de grado, rechazándose la demanda en todas sus partes, con costas; b) incapacidad psicofísica: que la Sra.
Juez de grado efectúa el cálculo sobre la base de la fórmula propuesta por el Dr. Hugo A. Acciarri. Que el cálculo, sobre un ingreso denunciado de $10.000 le arroja el guarismo de $2.247.418,07. Por lo cual, luego de citar jurisprudencia que entiende respaldatoria, refiere la aseguradora que de autos no surge que la accionante a pesar de las lesiones constatadas, se encuentre incapacitada de trabajar hasta la edad jubilatoria, que la presunta incapacidad alegada la haya llevado a perder sus fuentes de ingresos, ni que se vea incapacitada para actividad alguna. Que la aplicación lisa y llana del algoritmo establecido en la sentencia, lleva a una desmesura, tratándose sobre todo de una persona joven que continuó trabajando, tal como se viene sosteniendo y ha quedado demostrado en las actuaciones.
En suma, considera que corresponde revocarse la sentencia de grado, rechazándose el presente rubro sin más; c) consecuencias no patrimoniales: por otra parte, se agravia por el monto otorgado por dicho concepto. Que la jurisprudencia ha establecido que el presente rubro procede cuando se han afectado valores esenciales de la persona, como la autonomía o la capacidad de relacionarse con los demás, lo cual ocurre cuando existen lesiones gravísimas que realmente impiden el normal desenvolvimiento de la persona. Que la actora habría sufrido molestias menores como consecuencia del hecho. Que no se han acreditado las mentadas circunstancias personales de la actora, que merezcan el otorgamiento del monto que se estableció en rubros anteriores y que duplica lo reclamado por la propio accionante en su demanda.
Que no ha quedado demostrado, ni la propia accionante ha detallado, que haya efectuado tratamiento alguno, que se haya visto y/o vea imposibilitado de efectuar actividad alguna, ni ningún tratamiento injurioso, doloroso, etc. Por lo cual, solicita el rechazo del rubro o en su defecto, la reducción del mismo; d) Finalmente, se agravia esta parte en cuanto a los intereses establecidos en la sentencia, y el modo de computar los mismos. Que la totalidad de los montos establecidos, se encuentran actualizados al momento de su dictado, por lo que proceder a aplicar intereses desde la fecha del hecho, causa una indexación del crédito, además de un enriquecimiento sin causa. Que, fijar como fecha de mora, la fecha del accidente, sin atender a las particularidades del caso, cuando, conforme denuncia efectuada, la responsabilidad se encontraba discutida, conduciría a un enriquecimiento sin causa del acreedor, además de resultar un reconocimiento y premio a la eternización de las causas judiciales.
Que la doctrina, ha sostenido, a propósito del comentario al art. 773 del Código Civil y Comercial de la Nación, en referencia a las deudas nacidas de daños y perjuicios que "en el caso de las obligaciones de valor necesariamente se impone aplicar dos tasas diferentes: una desde que la obligación se hizo exigible hasta que se determinó el valor de la prestación y otra desde éste últimomomento hasta su pago..."; Que "La primera no debe contener escorias inflacionarias...la razón de ser de éstas últimas es, precisamente, compensar (por vía indirecta) la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, situación que no se presenta hasta el momento de la cuantificación, pues el monto de la obligación se determina de acuerdo al valor que ella reviste en dicho instante.
No hay depreciación alguna. La tasa de interés, pues, debe ser pura, pues de lo contrario se estaría mandando a pagar dos veces lo mismo, con el consiguiente enriquecimiento sin causa del acreedor... Una vez determinado el valor de la obligación, si es que usualmente se manda pagar tasa de interés moratorio que contengan escorias inflacionarias, éstas deben integrar dichas tasas...". En suma, solicita la aseguradora que los intereses se calculen al 6% anual desde la producción de los daños hasta la fecha del pronunciamiento de esta Excma. Cámara, conforme doctrina de la SCJBA.
LA SOLUCION
III. El pedido de deserción del recurso de apelación por la parte actora Previamente, por una cuestión metodológica, corresponde resolver el planteo que formula la parte accionante al contestar los agravios, solicitando la deserción del recurso de apelación interpuesto por la citada en garantía, toda vez que –según su opinión- no se ajusta a las prescripciones legales del artículo 260 y 261 del Cód. Proc.
Corresponde al respecto recordar que en atención a la necesidad de salvaguardar el principio de defensa en juicio (art. 18 CN), la facultad que acuerda el art. 266 del Cód. Procesal Civ. y Com. de la Nación (arts. 260 y 261 del CPCC de la provincia de Buenos Aires) debe ser utilizada con un criterio restrictivo; vale decir, acudir a ella cuando de una manera clara y acabada se opera una transgresión a la citada preceptiva legal. En este sentido, en la sustanciación del recurso de apelación el cumplimiento de sus requisitos debe ponderarse con tolerancia, mediante una interpretación amplia que los tenga por cumplidos aun ante la precariedad de la crítica del fallo apelado. En otras palabras, si la fundamentación cumple en cierta medida con las exigencias del art. 265 del Cód. Procesal Civ. y Com. de la Nación, según un criterio de amplia flexibilidad, cabe estimar que se ha satisfecho con la mentada carga procesal (conf. CNCiv. Sala B, in re “Hinckelmann c. Gutiérrez Guido Spano s/liq. de sociedad conyugal”, del 28/10/2005; íd., en autos “Menéndez v. Alberto Sargo S.R.L s/daños y perjuicios”, del 23/11/2005; id. CNCiv. Sala H, del 15/06/2005; esta Sala expte. N° 78.929/05).
En efecto, de la atenta lectura de la pieza de agravios que fuera presentada electrónicamente con fecha 17/12/2020 surge a todas luces y prima facie, desde la óptica puramente formal que dicho escrito que impugna el pronunciamiento de Primera Instancia, constituye una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que la apelante –desde su ángulo de visión subjetivo- considera equivocado. Por lo tanto, corresponde decretar el rechazo del pedido de deserción del recurso, por ajustarse la pieza cuestionada, desde la óptica técnico-formal y “prima facie” a las prescripciones legales del art. 260 y 261 del C.P.C.C. Máxime, el criterio en el que se encuentra enrolado esta Sala Primera del mínimo agravio.
Por las consideraciones legales expuestas, VOTO POR LA NEGATIVA Por análogos fundamentos el Doctor Pérez Catella y Posca también VOTAN POR LA NEGATIVA.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JOSE
NICOLAS TARABORRELLI, dijo:
Centrado los agravios que constituyen el marco cognoscitivo de esta Alzada, comenzaré a dar tratamiento a los mismos, dejando constancia que salvo disposición legal en contrario, los Jueces han de formar convicción respecto de la prueba haciendo mérito de las reglas de la sana crítica. No tendrán obligación de valorar expresamente en la sentencia cada medio de prueba producido, sino únicamente aquellos que fueron esenciales y decisivos para el fallo de la causa. (Art. 384 CPCC).
Del mismo modo, he de dejar aclarado que en el estudio y análisis de los agravios los jueces no están obligados a analizar todos y cada uno de los argumentos de las partes sino tan solo los que considere suficientes y decisivos para decidir el caso (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225).
IV. La responsabilidad civil derivada de los accidentes producidos por la circulación de automotores en perjuicio de un peatón, sobre la base de un micro-sistema jurídico integrado con un macro-sistema legal (C. C. y C.)
El hecho ilícito dañoso de autos fue el resultado de la intervención de un camión Isuzu Modelo NPR 70 dominio DEC 557, cuya titularidad a la fecha del hecho se encontraba en cabeza del codemandado Juan José Latorre y conducido en la emergencia por el codemandado José Latorre y un peatón, la Sra. Zulma Marcela Frutos, actora de autos, ocurrido el día 09/11/2015 en las inmediaciones del Mercado Central.
En la especie no está cuestionada la existencia del hecho ni la intervención de las partes, si la mecánica del accidente y por ello, la responsabilidad endilgada a los demandados. La citada en garantía, insiste que S.S. no ha tomado en cuenta la culpa de la víctima para graduar la responsabilidad.
Ahora bien, el Código Civil y Comercial de La Nación, dispone en el capítulo destinado a tratar la responsabilidad civil, en su artículo 1757 que: “Hecho de las cosas y actividades riesgosas. Toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. La responsabilidad es objetiva. No son eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención”. Del mismo modo, en cuanto a la legitimación pasiva determina que:
“Sujetos responsables. El dueño y el guardián son responsables concurrentes del daño causado por las cosas. Se considera guardián a quien ejerce, por sí o por terceros, el uso, la dirección y el control de la cosa, o a quien obtiene un provecho de ella. El dueño y el guardián no responden si prueban que la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o presunta. En caso de actividad riesgosa o peligrosa responde quien la realiza, se sirve u obtiene provecho de ella, por sí o por terceros, excepto lo dispuesto por la legislación especial”. (art. 1758). Como así también, en el artículo 1769 regula que: “Accidentes de tránsito. Los artículos referidos a la responsabilidad derivada de la intervención de cosas se aplican a los daños causados por la circulación de vehículos”. Es sabido que en el Código Civil –antes de la reforma 17711- no existía la responsabilidad por riesgo, como así tampoco ningún supuesto de responsabilidad objetiva. Ello fue así por la sencilla razón de que la sola idea de que nazca la obligación de resarcir el daño ocasionado sin la intervención de una conducta subjetivamente reprochable era inimaginable. Muchos años después, el supuesto ahora regulado en los arts. 1757 y 1758 CCyC fue uno de los puntos más trascendentes de la reforma instaurada al ordenamiento civil anterior por la reforma del año 1968 (ley 17.711), que modificó el art. 1113 de dicho cuerpo legal, e incorporó la responsabilidad objetiva en el ámbito extracontractual. En particular, la del dueño o guardián de una cosa viciosa o riesgosa por los daños ocasionados por el accionar de aquella, quien únicamente se eximía acreditando la ruptura del nexo causal o la pérdida de la guarda de la cosa. Más allá de ello, en la misma disposición se preveía la responsabilidad por los daños ocasionados “con” la cosa, supuesto en el cual se presume la culpa del agente. Sin perjuicio de que este último régimen de responsabilidad fue muy raramente aplicado por la jurisprudencia, lo cierto es que la distinción entre el daño ocasionado por el vicio o riesgo de la cosa, o con la cosa, se mantuvo vigente hasta la actualidad. (“Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado. T. IV Libro Tercero Artículos 1251 a 1881. Marisa Herrera - Gustavo Caramelo - Sebastián Picasso Directores. Infojus).
El primer caso previsto en el art. 1757 CCyC presupone el accionar de una cosa riesgosa o viciosa en la producción del daño. Al respecto, cabe recordar que las cosas pueden ser riesgosas: a) por su propia naturaleza, esto es, cuando, conforme a su estado natural, constituyen un peligro potencial para terceros; b) cuando la cosa, que no es peligrosa o riesgosa por su naturaleza, ve potenciada esa aptitud para generar daños por la propia conducta del responsable que multiplica,aumenta o potencia las posibilidades de dañosidad. En este último caso quedan comprendidos distintos supuestos, por ejemplo, aquel en que el daño es causado por el funcionamiento particular de la cosa (automóvil), o cuando el peligro nace del estado en que se encuentra (fusil cargado), o de la posición en que se localiza (madera transportada en un camión que cae sobre un automóvil al que precede en la ruta). (autores y ob. cits.)
En cuanto a las cosas viciosas, ellas son relevantes, a los fines previstos en la norma objeto de comentario, cuando, debido al defecto que presenta, la cosa tiene virtualidad suficiente para convertirse en una fuente potencial de riesgos para terceros. Es que el riesgo o contingencia del daño es la mera consecuencia o derivación del vicio propio de la cosa. Sobre el riesgo de la actividad, ella puede ser peligrosa por su naturaleza, es decir, con motivo de sus características intrínsecas o habituales, o por las circunstancias de su realización, es decir, por factores contingentes referidos a la manera de llevarlas a cabo. El primer supuesto se presenta, por ejemplo, por la explotación de la energía nuclear, que es siempre peligrosa, y susceptible de generar accidentes para terceros. En cuanto al segundo caso, se configura cuando existen factores contingentes referidos a la manera de llevar a cabo la actividad. Se trata de un riesgo accidental, que puede o no presentarse, según el caso. Se vincula con las circunstancias que son determinantes para la calificación riesgosa de la actividad desplegada, que se vinculan, principalmente, con los medios o elementos empleados para el despliegue de la actividad, que pueden y deben ser controlados por su titular. (autores y ob.cits.)
Del mismo modo, el art. 1757 CCyC consagra dos supuestos de responsabilidad distintos, que generan efectos similares. En primer término, regula la responsabilidad por el daño ocasionado por las cosas viciosas o riesgosas y; en segundo término, incluye en el mismo régimen el daño producido por las actividades peligrosas o riesgosas por su naturaleza. a) Responsabilidad por vicio o riesgo de la cosa. La primera nota distintiva de la disposición en estudio es que elimina la categoría de daños causados “con” las cosas que, como ya lo hemos adelantado, se encontraba prácticamente vacía de contenido, pues era de muy esporádica utilización por la jurisprudencia. El art. 1757 CCyC centra su campo de aplicación, entonces, en aquellos supuestos en que el daño es ocasionado por las cosas viciosas o riesgosas, es decir, los supuestos en que el perjuicio es producido por el hecho de la cosa, en los que esta interviene activamente en la producción del resultado.
Así las cosas, resulta de aplicación la disposición en comentario cuando el daño sea ocasionado por una cosa que, por su naturaleza, estado o modo de utilización engendra daños para terceros. Por otra parte, y como surge del artículo en comentario, la responsabilidad es, en estos casos, objetiva, es decir que la conducta subjetivamente reprochable del agente es irrelevante a los fines de imputarle responsabilidad. El factor de atribución aplicable es el riesgo. Por ende, para eximirse de responsabilidad el sindicado como responsable deberá acreditar la causa ajena, es decir, el hecho de la víctima, de untercero por el cual no debe responder o el caso fortuito o fuerza mayor (arts. 1722, 1729, 1730 y 1731 CCyC).
Partiendo de esa premisa, a la víctima le bastará con acreditar el contacto material entre el hecho de la cosa y el daño, para que surja la presunción de adecuación causal, es decir, que el accionar de la cosa viciosa o riesgosa fue la que, conforme el curso normal y ordinario de los acontecimientos, produjo el resultado. b) Los daños ocasionados por las actividades peligrosas. La disposición en análisis prevé también la responsabilidad objetiva por el daño ocasionado por las actividades riesgosas. Cabe recordar, sobre este último aspecto, que una actividad es riesgosa cuando, por su propia naturaleza o por las circunstancias de su realización, genera un riesgo o peligro para terceros. No es relevante la intervención de cosas en la realización de la actividad.
Con anterioridad a la reforma, estos supuestos eran considerados comprendidos en el supuesto previsto —por analogía— en el art. 1113, in fine, CC. En estos casos, quien realiza la actividad, se sirve u obtiene un provecho de ella (art. 1758 CCyC) debe resarcir el daño ocasionado.(autores y ob. .cits.).
Por otra parte, El art. 1757 CCyC dispone expresamente que la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad reputada riesgosa no funciona como una eximente del deber de responder. Este principio es fundamental pues, como es sabido, en general la utilización de cosas riesgosas por su naturaleza es admitida por el ordenamiento jurídico (por ejemplo, utilización de automotores). Por ende, la sola utilización de la cosa no es en sí mismo un hecho ilícito, pero se volverá tal cuando el accionar de esta última ocasione un daño a un tercero (art. 1717 CCyC). Lo mismo sucede en el caso de las actividades peligrosas, que muchas veces están autorizadas por la normativa aplicable. Tampoco podrá oponerse a la acción incoada por la víctima la adopción de las medidas de prevención necesarias para evitar la producción del daño. (autores y ob. cits).
Finalmente, en cuanto a la legitimación pasiva se consagra la responsabilidad del dueño o guardián de la cosa viciosa o riesgosa, al igual de lo que ocurría en el art. 1113, párr. 2 in fine, CC. En cuanto al dueño de la cosa que ocasiona el daño, es aquel que ostenta la titularidad de dominio, en los términos del art. 1941CCyC. Por ende, será dueño de una cosa mueble registrable quien cuente con la inscripción registral pertinente (art. 1892 CCyC), y en los casos de cosas muebles no registrables conforme a las reglas de la apropiación, establecidas en el art. 1947 CCyC..(“Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado. T. IV Libro Tercero Artículos 1251 a 1881. Marisa Herrera - Gustavo Caramelo - Sebastián Picasso Directores.
Infojus).(http://www.saij.gob.ar/docsf/codigocomentado/CCyC_Nacion_Comenta do_Tomo_IV.pdf).
De este modo, la responsabilidad civil derivada de accidentes producidos en estas circunstancias, en los que interviene una cosa riesgosa (camión de la parte demandada) se presenta como un microsistema jurídico regulado por la ley de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires Nro. 24449 (vigente a la fecha del hecho) integrado y armonizado legalmente con la aplicación de los arts.1719, 1724, 1729, 1733, 1749,1751, 1757, 1758, 1769 siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación.
Por otra parte, la Ley de Tránsito 24449 en su artículo39 reglamenta que: “b) En la vía pública, circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo o animal, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito” y el artículo 64 regula que: “Se considera accidente de tránsito todo hecho que produzca daño en personas o cosas como consecuencia de la circulación”. En la especie, las pautas vertebrales-jurídicas, serian –entre otras- las siguientes: a) se aplica la teoría del riesgo creado y las eximentes legales de liberación total o parcial son el hecho de la propia víctima o la de un tercero por quien el dueño o guardián no debería responder, el caso fortuito o la fuerza mayor y/o el uso de la cosa contra la voluntad presunta o expresa del su dueño o guardián (arts. 1729, 1730, 1731, 1733,1734, 1736, 1758 del Cód.
Civil y Comercial de la Nación.). Ergo la ruptura o interrupción del nexo causal entre el hecho de la cosa y el daño, o si se quiere, en otros términos, la existencia de una causa ajena al riesgo o vicio de la cosa; b) La carga o el “onus probandi“ de la prueba liberatoria le incumbe al accionado (sujeto pasivo-deudor), y resulta de interpretación restrictiva y la ausencia de su acreditación hace presumir que la pretensión resarcitoria del damnificado-acreedor debería prosperar; c) Se sienta el principio –en esta materia en especial- que en caso de duda: “In dubio pro-victima“ y que constituye una regla jurídica de hermenéutica o de interpretación fáctica y jurídica –aplicable para cada caso “in-concreto“- y que en los supuestos de casos de dudas, el juez se incline por la solución judicial más favorable para la víctima del daño, frente a la máquina de gran potencialidad dañosa, sea ciclista, conductor, dueño o guardián del vehículo protagonista del accidente de tránsito. d) Se aplica también la tesis de “Pichon Revie”, al exponer que: cuando más cosas riesgosas o peligrosas se introducen en la sociedad disminuye la seguridad pública, en perjuicio de las victimas del daño. e) Es obligación de los conductores evitar los accidentes o siniestros de tránsito, al considerar accidente de tránsito a todo hecho que produzca daño en personas o cosas como consecuencia de la circulación. f) Presunción a favor del peatón (art. art. 64 de la ley de la Ley 24.449), al regular que: “El peatón goza del beneficio de la duda y presunciones en su favor en tanto no incurra en graves violaciones a las reglas del tránsito”. g) Estacionamiento en playas.
Parques cerrados o garajes: Los usos y las buenas costumbres (art. 1 del C. C. y C.) indican que generalmente los lugares reservados para estacionamientos (cerrados o abiertos) se encuentran señalizados, es decir que mediante marcas indican los lugares o plazas en las que debe situarse cada vehículo. También indican los carriles de circulación que han de utilizarse, sea para entrar, circular o salir del estacionamiento. El vehículo que ingresa a ese lugar deberá hacerlo a reducida velocidad, desplazándose con cuidado, prudencia y pleno conocimiento de las cosas y con previsibilidad de las consecuencias (art. 1725 del C. C. y C.) y la circulación deberá realizarse a una distancia prudencial y necesaria de los rodados estacionados y de los que circulan también sean automotores y/o peatones.
Asimismo al realizar una maniobra en el estacionamiento debe ser, en la forma lo más correcta posible, siguiendo tales indicaciones a velocidad sumamente lenta y aprovechando el espacio que hubiera sido asignado a tal fin y ubicando el vehículo en el centro mismo. h) Finalmente ha sentenciado el Alto Tribunal Provincial que: Para que la culpa de la víctima opere como eximente total de responsabilidad del dueño o guardián de la cosa peligrosa, debe haber sido causa adecuada y exclusiva del daño. El obrar de la víctima debe ser culposo y resultar normalmente imprevisible e inevitable, y reunir condiciones de certeza, pues se trata de un hecho impeditivo cuya prueba incumbe a quien lo alega. De ello se deriva que debe responder el dueño o guardián de la cosa riesgosa o peligrosa si no demostró que la conducta de la víctima hubiese interrumpido el nexo causal entre el hecho y el daño provocado (SCBA Ac. 34056 del 5-8-86, Ac. 35683 del 16-12-86, Ac. 37661 del 22-12-87, Ac. 47215 del 14-7-92, Ac. 57505 del 10-7-96, Ac. 53574 del 4-4-95; CALZ, Sala I, Reg.
Sent. Def. 322/00).
Ahora bien, comenzando con el análisis de las pruebas aportadas a la causa bajo juzgamiento, observo que a fs. 31/48 obra glosada la demanda presentada por la Sra. Zulma Marcela Frutos, quien respecto a los hechos expuso que: “que el día 9 de noviembre de 2015, siendo aproximadamente las 07.00 hs, en momentos en que encontraba realizando compras en el mercado central, en el sector Frutihorticola Mayorista que está compuesto de 12 naves o pabellones cerrados y 6 pabellones semiabiertos, denominados como libres, desplazándome a pie por las calles del Fruto sentido hacia la calle Mercado del Espinetto, en dirección hacia el vehículo de mi propiedad que se encontraba estacionado y donde estaba esperándome mi marido, es cuando observo que el camión Isuzu modelo NPR70, con dominio colocado DEC 557, conducido por el codemandado José Latorre que venía en sentido contrario a mi desplazamiento, a velocidad moderada, pero su conductor dirigía su marcha en forma totalmente desatenta, no observado el riesgo que conllevaba circular por allí, ya que en el lugar, debido a la gran cantidad de camiones y vehículos que circulaban y la gente que se encuentran de compras, se debe tener muchísima prudencia y buen arte en la conducción, más si se trata de vehículos de gran porte. Así las cosas, el vehículo al circular se va cerrando hacia mi posición aprisionándome con su lateral derecho todo el cuerpo, aplastándome entre una combi que se encontraba estacionada, haciendo entre mi cuerpo el camión del demandado y la combi estacionada una especie de “rodillo””.
Por su parte, a fs. 108/115 contestó la demanda la letrada Cid, en los términos del art. 48 del CPCC, a favor de Juan José Latorre y José Latorre, la cual fuera posteriormente ratificada, según constancia de fs. 133/133 vta. y fs. 219.
En cuanto a los hechos, esta parte destacó que: “S.S. los hechos no han acontecido como se relata en demanda. En efecto mi representado circulaba el día denunciado por la arteria denunciada a muy baja velocidad. En momentos en que se encontraba efectuado un giro, la actora - quien circulaba con una gran caja en sus manos- intenta meterse entre el camión y los vehículos estacionados, cuando el Sr. Zerda- testigo presencial del siniestro que se ofrece por esta parte- le informa que no debería pasar por dicho lugar, ya que el espacio era reducido y la señora "no entraba". La actora hace caso omiso a lo informado, y se lanza a caminar entre el lateral del camión y la zona de vehículos estacionados. En ese momento mi representado detiene su marcha y la señora comienza a gritar que le habían aplastado el brazo. El supuesto aplastamiento habría sido entre el lateral del camión (la lona) y un vehículo estacionado. Es decir que la actora, en contra de lo que le informaron, caminando por una zona no habilitada para peatones, con cajas en sus brazos, se mete por entre el camión y el vehículo estacionado y ella misma presiona para pasar. Cuando se percata de que por su tamaño no podía hacerlo, le incrimina al conductor del camión de haberla aplastado, cuando éste estaba detenido”.
Asimismo, a fs. 125/132 contestó la demanda la citada en garantía, “Agrosalta Cooperativa de Seguros Limitada”, quien opuso la misma defensa que los demandados.
Del mismo modo, advierto que se ha iniciado a causa del accidente, una instrucción penal preparatoria Nro. 44872/15. Dicha causa penal se encuentra incorporada a las presentes actuaciones y por el principio de adquisición procesal prueba en contra o a favor de cualquiera de las partes. Es así que de la misma se vislumbra a fs. 1 la denuncia efectuada por la actora Frutos Zulma Marcela, quien expuso: “que la dicente posee un comercio de verduras, por lo que realiza compras por mayor dentro de ese predio. Que en el día de la fecha se hizo presente a realizar compras alrededor de las siete horas (…) con su pareja Marcelo David Álvarez, luego de realizar varias compras y siendo alrededor de las diez horas se dispuso a realizar la última en la libre número dos (…) que se retira caminando hacia su vehículo por la calle Del Fruto con sentido hacia la arteria Mercado del Espineto, donde de manera espontánea un camión con dominio colocado DEC-557 circulaba con sentido contrario, la aprisiona con otro vehículo que se encontraba estacionado, provocándole contusiones en su brazo izquierdo y en su pecho…”. A fs. 3 se observa la copia certificada de la atención recibida el día del hecho en el Policlínico Central de San Justo, en el cual se dejara constancia que: “09/11/2015, 10.15 hs., Frutos Zulma (…) si presenta lesiones macroscópicamente visibles de reciente data sobre la superficie corporal y/o impresión diagnostica primaria hematoma en antebrazo izquierdo + escoriaciones”, habiéndosele indicado como exámenes complementarios “rx de tórax frente, rx de antebrazo izquierdo Fy P, AINE + hielo local”, lugar del accidente, mercado central”.
Contamos también con el parte preventivo glosado a fs. 6, en el cual se dejó constancia de la ocurrencia del accidente denunciado por la actora, tal cual lo expuesto en su denuncia; a fs. 7 obra el acta de inspección ocular en el cual se habría constatado que: “se trata de una zona netamente comercial contando con un total de doce pabellones donde se acopia la mercadería ingresada al mercado. Que cada pabellón o nave se encuentra subdividido en cincuenta y cuatro puestos individuales donde se comercializan frutas y verduras. (…) que abocado a la investigación de autos es que me traslado y constituyo al lugar propio de los hechos, es decir la Del Frutos, sitio el cual resulta ser muy transitada los días de descarga (Lunes, miércoles y viernes), por personas a pie, automóvil particular y de transporte de verduras y hortalizas, es asfaltada con buena iluminación, al momento del suceso se encontraba despejado”, habiéndose acompañado a fs. 8 un croquis de dicho lugar del accidente, finalmente a fs. 10 se glosaron las copias fotográficas tomadas al camión de la parte demandada.
Por otra parte, en los autos principales, obra glosada la pericia mecánica que fuera presentada electrónicamente con fecha 27/11/2018, en la cual el perito Oscar H. Martino, determinó que: “En cuanto a la mecánica del accidente, el perito confeccionó un croquis ilustrativo sobre una foto del Google maps, donde se observa la forma de ocurrencia del hecho de autos, que en la foto del lugar se da idea de las características de la zona y del estado de las arterias donde ocurrió el siniestro.(…) Que el perito de acuerdo a los escritos de autos, puede decir que la actora se desplazaba por la calle interna de nombre Del Fruto abierta entre dos pabellones, en un momento dado la actora pasa cerca de una combi estacionada y un camión que se dirigía a la salida, se desconoce el motivo, por el cual se acerca a la actora y la aprieta contra la combi estacionada, aprisionándola y lesionándola. Que la calle Del Fruto que tiene dos sentidos de circulación y es lugar de estacionamiento de vehículos, camionetas y camiones que cargan y descargan mercaderías y zona de tránsito de los clientes que compran y se desplazan para buscar la mercadería que necesitan. Aunque existen dársenas de estacionamiento de vehículos, esta calle es muy transitada, tanto peatonal como vehicular. Maniobrar el camión entre tantos peatones y vehículos estacionados y en movimiento, puede provocar que el conductor demandado haya prestado atención a otros riesgos y la arrollo. (…) La calle Del Fruto tiene dos carriles y dársenas de estacionamientos para vehículos y camiones, por su puesto por ser una zona de mucho tránsito la velocidades recomendadas no deben superar los 20 Km/h”. Asimismo, conjuntamente a dicha pericia el experto acompañó un croquis de la posible mecánica del accidente, en la cual se vislumbra la forma en la cual el camión de la parte demandada habría apretado a la parte actora contra otro vehículo que se encontraba allí estacionado.
También, el experto efectuó explicaciones, es así que mediante presentación electrónica de fecha 11/03/2019, manifestó que en autos no existen elementos objetivos que permitan determinar con certeza la forma del accidente; exponiendo con fecha 8/04/2019 que tampoco existían elementos en autos que demuestren objetivamente la velocidad a la que transitaba el camión de la parte demandada: “respecto a la velocidad del automóvil embistente ya indico en su informe inicial que la velocidad de los vehículos en la zona donde ocurrió el accidente no debe exceder de 20 Km/h y que en cuanto velocidad que llevaba el vehículo embistente el perito no cuenta con elementos objetivos en los escrito de autos para determinar la misma”.
Adelanto que dicha experticia se ajusta a las prescripciones legales de los arts. 472 y 474 del Cód. Proc., por cuanto cuenta, con los aspectos preparatorios, estudios previos, análisis de los puntos de pericia y los fundamentos y su conclusión, constituye un dictamen con fuerza probatoria teniendo en consideración la competencia del perito, los principios científicos en que se funda y la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y demás pruebas y elementos de convicción que la causa ofrece.
Por otra parte, a fs. 207/208 contamos con el CD de la audiencia de vista de causa. En efecto, de la misma se desprende que declaró Fabián Ramón García ( AVC 15/11/2018, 12.30 hs.), quien fuera testigo presencial del accidente. Este expuso que conocía a la actora por el Mercado, que tenía un puesto de herrería y que la actora resultara ser su clienta. Que él se encontraba a unos 30/40 metros de distancia con la actora en el momento del hecho. Se encontraba en frente de la accionante y que al escuchar un grito se acerca y pudo observar que la Sra. Frutos estaba atrapada entre una camioneta y un camión. Que la camioneta era blanca (la estacionada) y el camión con estructura de fierro y lona. La Sra. Frutos era una verdulera que iba siempre y estaba apretada contra el camión. Estaba parada pero apretada entre ambos vehículos, como que el camión se pegó mucho a la camioneta y cuando ella pasaba la apretó. Se escuchaban gritos de “para para para”. Corrieron al camión y el esposo de la señora (accionante) se la llevó. No hay señalización, el lugar es libre para circular. No hay carteles para estacionar tampoco. No es un lugar para estacionar. Que tampoco había otro lugar para pasar, porque estaba el guardarraíl, la camioneta y luego dicha calle. Que todos van y vienen por dicho lugar. En el lugar no hay veredas, es una calle ancha. Del mismo modo, el testigo realiza un croquis del accidente en la pizarra que se encontraba en el lugar de la audiencia a los fines de dar una mejor explicación de la mecánica del accidente.
También declaró en dicha AVC (15/11/2018, 12.43 hs.) otro testigo de apellido Ríos, que refirió conocer a la actora de vista del Mercado Central. Que el presenció un accidente, no vio el impacto pero si la vio lesionada a la Sra. Zulma. Que cuando la ve tenía un brazo hinchado con un moretón. Que escucho el grito de la accionante. Que dicho testigo estaba en frente, trabajando alquilando carros para cargas y descargas. Que la Sra. estaba parada y la tenían sujetada, dolorida, el marido estaba con ella. Que el camión la encerró cuando una camioneta Trafic estaba estacionada. Que ella venia pasando, eso se comentaba en el lugar. Que él conoce a la actora porque ella le alquilaba carros. Que en el mercado central la circulación es igual para las personas, carros y vehículos automotores. No hay una senda peatonal. Que vio a la Sra. Frutos con su esposo, y que la vio lesionada.
Considero –a mi juicio- que dichos testimonios en su conjunto ostentan credibilidad y sinceridad, pues se aplica la regla de la libre apreciación del juez, a los efectos de evaluar la idoneidad subjetiva del testigo, apreciando judicialmente los testimonios bajo la óptica de la lógica y la experiencia. Resulta que a los efectos de su credibilidad todo depende de la idoneidad, moralidad, intelectualidad, verosimilitud, efectividad, concordancia, exposición, razón de sus dichos, etc. En nuestro caso, estos testimonios se encuentran corroborados por otros medios probatorios que le dan credibilidad, entre ellos la pericia técnica mecánica, las actuaciones penales (I.P.P anexada en autos como prueba instrumental), las constancias de asistencia médica hospitalaria, etc. (arts. 375, 384 y 456 del Cód. Proc.).
Por lo cual, juzgo que sus testimonios son creíbles y sus relatos de lo sucedido en el teatro de los hechos se encuentran corroborados y avalados por la prueba aportada en la causa. Como surge de la narración de los hechos producidas por sus testimonios, se advierte las explicaciones de las distintas secuelas sucesivas, enlazadas y conectadas unas con las otras, calificadas como verosímiles, lógicas y razonables. Por lo cual, no encuentro mérito para apartarme de las mismas.
Como puede observarse sin hesitación, llego a la convicción judicial de que ha quedado demostrada en autos, la falta imputable (la culpa), objetable y observable de la conducta antijurídica de la parte demandada (conductor del camión), que potenció el riesgo o peligrosidad de la caso dañadora (pues la culpa potencia al riesgo), quien el día 09/11/2015 en horas de la mañana circulando por la calle Del Fruto del Mercado Central a bordo de su vehículo marca Isuzu, modelo NPR70 dominio DEC-557, encierra a la parte actora Frutos Zulma quien estaba caminando por la misma arteria, entre dicho camión y una camioneta que se encontraba allí estacionada; ello conforme quedara acreditado por los diversos medios probatorios analizados en autos. Con lo cual se acredita la existencia del nexo de causalidad adecuada existente entre el hecho de la cosa riesgosa o peligrosa (vehículo de los demandados) y la consecuencia disvaliosa producida en la persona de la actora, como resultado dañoso, según el curso natural y ordinario de las cosas (arts. 1726, 1736, 1739 y concordantes del CCCN), y de conformidad con la experiencia de la vida diaria y/o las máximas de experiencia del Juez, toda vez que constituye el presente extremo legal un juicio, cuyos caracteres jurídicos son los siguientes: a) empírico, b) expost-facto, c) in-abstracto y d) probabilístico. Con lo cual, resulta que la responsabilidad civil objetiva se le atribuye al dueño o guardián del automotor colisionante (art. 1757, 1758 y 1769 del CCCN).
Toda vez que el juez al preguntarse: ¿Se encuentra acreditado el nexo de causalidad adecuado existente entre el acto ilícito generador y el daño causado a la salud de la actora?: La respuesta es que sí, se encuentra acreditado este extremo legal; y debe para ello el Magistrado, retrotraerse mentalmente en su pensamiento razonable, lógico y prudente, al día en que se produjo el accidente y ubicarse en el teatro o escenario de los hechos, recreando los mismos, demostrando y comprobando con los elementos probatorios incorporados en el juicio, que avalan la plataforma fáctica, que el hecho ilícito fue la causa adecuada, idónea y con aptitud suficiente para generar daños en la salud psicofísica de la actora, según el curso natural y ordinario de las cosas y la experiencia de la vida diaria y/o las máximas experiencia del Juez..
Es que el hecho de la víctima o de un tercero por quien no se responde, debe tener la aptitud suficiente para interrumpir o cortar el nexo de causalidad entre el hecho de la cosa y el perjuicio. Es que cuando la ley presume legalmente la responsabilidad civil, por el riesgo o vicio de la cosa peligrosa, la apreciación de la prueba sobre la intervención de una causa ajena (llámese la culpa o el hecho de la víctima o la culpa o el hecho de un tercero por quien no se debe responder, debe ser severa y concluyente, se requiere dar razones que no impliquen meras conjeturas, debe estar demostrada en forma clara y convincente.
De las constancias de autos, observo que la parte demandada no ha aportado elemento idóneo alguno tendiente a acreditar que la conducta de la propia víctima haya tenido incidencia, aunque sea concausal, en la producción del hecho ilícito. Los testigos propuestos han dado suficiente razón de sus dichos manifestando que el Mercado Central y más precisamente, el lugar donde se produjo el accidente no contiene señalización, ni senda peatonal y que el lugar de circulación es común para los peatones y automotores; como así también el perito mecánico, refirió que “Maniobrar el camión entre tantos peatones y vehículos estacionados y en movimiento, puede provocar que el conductor demandado haya prestado atención a otros riesgos y la arrollo”; por lo cual y no contando con otros elementos que logren acreditar la culpa de la propia víctima, considero que ha sido el conductor del vehículo de la parte demandada –camión- quien no ha logrado mantener el pleno dominio del rodado y estar atento a las contingencias del tránsito, además que para conducir este tipo de vehículos debe contar con licencia profesional y extremar al máximo el cumplimiento de los deberes de seguridad y con mayor razón en un lugar de tránsito vehicular y peatonal. Ninguna prueba han arrimado a la causa tendiente a desvirtuar lo acreditado por la parte actora.
Así las cosas, ha quedado demostrado con la plataforma de los hechos acreditados debidamente con los medios probatorios antes considerados, la responsabilidad total y absoluta de los demandados, puesto que no se ha logrado probar –a ver de este Sentenciante- el hecho de la víctima, ni el hecho de un tercero por el cual no deban responder, el caso fortuito o fuerza mayor, como una causa ajena para eximirse de responsabilidad (arts. 1729, 1730, 1731, 1733, 1734, 1736, 1757, 1758, 1769, del C.C.C.N. y art. 375 del CPCC). En suma, atento a la forma en como se resuelve este acápite de la sentencia, corresponde ahora dar tratamiento al resto de los agravios, bajo los siguientes sub-títulos.
V.-Incapacidad psicofísica sobreviniente Que el Código Civil y Comercial de la Nación en su título V denominado: Otras fuentes de las obligaciones”, regula a partir del artículo 1708 sobre la Responsabilidad Civil. Asimismo, y en lo que nos interesa, a partir del artículo 1737regla respecto del daño resarcible, disponiendo que: “Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de incidencia colectiva”. Del mismo modo, determina que “la indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chances. Incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida” (art. 1738). En su artículo siguiente, regula que para la procedencia de la indemnización debe existir un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente. La pérdida de chance es indemnizable en la medida en que su contingencia sea razonable y guarde una adecuada relación de causalidad con el hecho generador (art. 1739). En consecuencia, se determina que la reparación del daño debe ser plena. Conceptualmente, la indemnización de las consecuencias resarcibles es un mecanismo para colocar a la víctima del daño, jurídicamente hablando, en la misma situación a la que se encontraba antes del hecho dañoso, ni mejor, ni peor. Lo contrario, implicaría un enriquecimiento sin causa, sea para la víctima del daño (si recibe de más), o para el responsable (si es obligado a pagar de menos). (Ossola, A. Federico. “Responsabilidad Civil”. Ed. Abeledo-Perrot, págs. 229/230).
Como vemos, consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie. La víctima puede optar por el reintegro específico, excepto que sea parcial o totalmente imposible, excesivamente oneroso o abusivo, en cuyo caso se debe fijar en dinero. En el caso de daños derivados de la lesión del honor, la intimidad o la identidad personal, el juez puede, a pedido de parte, ordenar la publicación de la sentencia, o de sus partes pertinentes, a costa del responsable. (art. 1740).
Dicha norma no puede ser interpretada de manera literal porque es claro que en muchos casos el daño no puede ser plenamente resarcido. Piénsese en el caso del pianista destacado que pierde una mano; cualquier indemnización que se fije no podrá reparar plenamente el daño sufrido. La plenitud de la reparación debe ser considerada jurídicamente y no en el plano material. Lo que se procura es que sea lo más completa posible, que alcance la mayor adecuación entre el efectivo perjuicio sufrido y lo recibido a titulo resarcitorio. Respecto a lo que debe indemnizarse, hablamos de la pérdida o disminución del patrimonio (daño emergente), al lucro cesante y a la pérdida de chance. También se dispone que deben indemnizarse las consecuencias patrimoniales de daños que son extrapatrimoniales.
Por otra parte, para establecer la indemnización que corresponde fijar por lesiones o incapacidad física o psíquica que sufre una persona humana, el Código Civil y Comercial introduce una fórmula de matemática financiera que considera la actividad del damnificado y el tiempo razonable durante el cual puede realizar actividades productivas o económicas valorables.
En efecto, el artículo 1746 regula la: “Indemnización por lesiones o incapacidad física o psíquica. En caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades. Se presumen los gastos médicos, farmacéuticos y por transporte que resultan razonables en función de la índole de las lesiones o la incapacidad. En el supuesto de incapacidad permanente se debe indemnizar el daño, aunque el damnificado continúe ejerciendo una tarea remunerada. Esta indemnización procede aun cuando otra persona deba prestar alimentos al damnificado”. La fórmula matemática procura evitar la existencia de indemnizaciones muy diferentes frente a situaciones similares, considerándose para ello los ingresos de la víctima, el contenido patrimonial de labores que no se cobran (como la actividad del ama de casa) o de actividades sociales que dejará de realizar por la propia lesión o incapacidad. Asimismo, deberá considerar el tiempo durante el cual pudo hacer la actividad productiva, para lo cual podrá considerarse la edad necesaria para obtener la jubilación o la edad promedio de vida. Esta última es más alta, pero también parece más razonable desde que la actividad de la persona humana suele extenderse más allá de la jubilación. También deberá tenerse en cuenta el grado y tipo de incapacidad, recordando que los porcentajes de incapacidad física y psíquica no se suman, sino que deben armonizarse. Del mismo modo, deben indemnizarse los gastos que sean razonables con relación a la índole de la incapacidad o lesión, sin necesidad de aportar prueba directa de ellos. Claro está, se trata de una presunción iuris tantum que admite prueba en contrario de la accionada. Finalmente, debe recordarse que el daño puede ser superior a la ganancia que pueda obtenerse de la tarea remunerada. (Borda Alejandro, “Derecho Civil y Comercial, Obligaciones”. Ed. La Ley. Págs. 398/400).
Finalmente, respecto a la valuación del daño, importa traer a la memoria que valorar un daño significa medirlo, cuantificarlo. Se trata del valor de los perjuicios sufridos, para restituir a la víctima al estado anterior al hecho dañoso (en la medida de las posibilidades). En términos llanos, consiste en ponerle precio al perjuicio. Dicha valuación de la indemnización de daños podrá tener lugar por vía convencional, legal, judicial o arbitral. A los efectos de realizar una correcta valuación del daño será necesario discriminar diferentes variables que impactan en la reparación del daño, tales como el sexo, la edad, el estado civil, los estudios realizados, la profesión y/o empleo, la composición del núcleo familiar, etcétera, a lo que debe sumarse el dato clave consistente en el porcentaje de incapacidad física y/o psíquica sufrida por el sujeto. (Borda, Alejandro, op. cit., pág. 404). En cuanto a la extensión del resarcimiento, el art. 1726 del C. C. y C., dispone como regla, la indemnización de las consecuencias inmediatas y mediatas previsibles, consideradas bajo los postulados de la causalidad adecuada, salvo disposición legal en contrario. (Ossola, A. Federico. Op. cit. pág. 217).
Sin perjuicio de lo expuesto, considero que no puedo dejar de advertir que si bien se introduce para calcular la indemnización que le corresponderá a la víctima por lesiones o incapacidad física o psíquica, una fórmula de matemática financiera, esta Alzada se ha enrolado desde años en la teoría de considerar a la víctima en su totalidad “tesis de la inviolabilidad de la persona humana”, considerando el juzgador, de tal forma, a la salud en su cabal integridad, tratando de resarcir a la persona humana por la totalidad de los menoscabos que hayan afectado a la integridad material y espiritual que constituye. Por lo cual, los cálculos financieros matemáticos serán tenidos en cuenta como un elemento más para la cuantificación.
Bajo tales premisas, los cálculos que puedan realizarse por aplicación de una fórmula matemática financiera o cualquier otro tipo de sistema, de ninguna manera pueden atar al sentenciante a la hora de otorgar una indemnización, sino más bien servir como pauta orientadora más, a los fines de obtener una suma que pueda remediar en una suerte de equivalencia para hacer frente al menoscabo que la víctima de un daño sufra en su plenitud psicofísica. A mayor abundamiento, esta Alzada, ya se ha pronunciado, manifestando que: “Por otra parte, y a los fines de su cuantificación debo recordar que el derecho a la reparación del daño injustamente sufrido ha sido emplazado por la Corte Suprema de Justicia, en numerosos fallos, como un derecho constitucional que tiene fundamento en el principio “naeminemlaedere” del artículo 19 de la Constitución Nacional.
Así, a través de una interpretación extensiva del mencionado art. 19 CN, la Corte Suprema ha perfilado y complementado racionalmente las bases del derecho a no ser dañado y a obtener una justa y plena reparación (conf. causas “Santa Coloma”, Fallos, 308:1160 (LA LEY, 1979-D, 615 (35.292-S); “Ghünter”, Fallos 308:1118; “Luján”, Fallos 308:1109). Tales conceptos han sido consagrados en el art. 1740 del Código Civil y Comercial de la Nación, que se titula “reparación plena” y que el texto describe como “…la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie”. En este sentido los montos resarcitorios a la luz de lo dispuesto por el nuevo art. 1746 del CCC, adopta el método de capital humano, que expresan las fórmulas Vuotto o Marshall (conf.
Acciarri, H.A., “Fórmulas y herramientas para cuantificar indemnizaciones por incapacidad en el nuevo Código”, Revista La Ley del 15/7/2015). Es por ello que en cuanto a fórmulas matemáticas se refiere el artículo 1746 del Código fondo, es dable destacar que si bien la utilización de cálculos matemáticos o actuariales para cuantificar la indemnización constituye un instrumento destinado a dotar de mayor objetividad al sistema, existen variables que requieren interpretación en el caso concreto, vale decir, particularidades de la situación que no pueden ser encapsuladas en rígidas fórmulas matemáticas pues exigen una subjetiva ponderación, lo que permite recurrir a las fórmulas como un elemento más a considerar.
Como ha señalado con acierto Jorge Galdós (“Cuatro reglas sobre la cuantificación del daño patrimonial por incapacidad”, RCyS 2016-XII, tapa, Cita Online:
AR/DOC/3677/2016), la utilización de las denominadas fórmulas matemáticas no conduce a la aplicación automática e inexorable del resultado numérico al que se arribe, sino que constituyen un elemento más que no excluye a los otros parámetros provenientes de la sana crítica, la experiencia vital y el sentido común, pudiendo el apartarse el judicante de la cuantía matemática fundando los motivos o razones por los que se reduce o incrementa aquél monto”. “En este sentido conviene recordar que el art. 165 del CPCC, faculta a su vez los jueces a fijar el importe de los daños y perjuicios reclamados, ejerciendo esa aptitud conforme a las reglas de la sana crítica, con explicación de los fundamentos empleadas para arribar a la decisión. Sobre la base de estos contados artículos, los principales criterios jurisprudenciales vigentes para cuantificar las indemnizaciones por daños son los siguientes: 1) El prudente arbitrio judicial sobre la base de la sana crítica y las circunstancias particulares de cada víctima; 2) las matemáticas puras; 3) los baremos de incapacidad; 4) las circunstancias particulares de la víctima: la proyección que la lesión pueda tener sobre el futuro, sobre la base de la edad a la época del accidente, estado de salud, actividad habitual, condición social, familiar o económica”. “En este contexto, una fórmula, cualquier fórmula, en la redacción del art. 1746, solo es un punto de partida para la determinación integral del daño, conforme las pruebas arrimadas al juicio, y que el Juez deberá valorar con ajuste al principio general de reparación plena y los presupuestos de responsabilidad acreditados en el pleito. Criterio que en definitiva ha venido sosteniendo la CSJN, en los precedentes "Arostegui", "Aquino", "Díaz c. Vaspia" "Llosco" y otros fallos, sosteniendo que la Constitución Nacional dispone para los daños una indemnización plena o integral, las fórmulas pueden ser empleadas solamente como un punto de partida o marco referencial "mínimo".(Schick, Horacio Publicado en: DT 2014 (diciembre), 3248 Un nuevo viraje regresivo en materia de reparación de daños en general, con incidencia en los infortunios laborales: la tarifación del daño en materia de lesiones en el Código Civil y Comercial unificado)”.
“Del mismo modo, se ha señalado por parte de quienes redactaron el Código vigente que: “a fines de la cuantificación del daño por incapacidad, prevista en el art. 1746 del CCC, “la determinación del capital que genere rentas no está sindicada como la única modalidad de cuantificación, y mantienen vigor los criterios interpretativos que confieren al razonable arbitrio judicial la función correctora por excelencia para cuantificar daños.” (Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado, Dir. Lorenzetti, Ricardo Luis, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2015, t. VIII, pág. 527)” (“Romero Sierra Ana y otros c/ Vox 33 SRL y otros s/ Daños y Perjuicios” (causa nro. 5292/1) (04/09/2018), RSD Nro.: 206 /18 Folio Nro.: 1470, voto de mi colega Dr. Pérez Catella).
La Sra. Jueza Colega de la Instancia de origen, determino correctamente un capital, mediante una fórmula matemática que, invertido a determinada tasa de interés, dice S. S.: “… sea capaz de generar una renta igual a una proporción de ingresos de la víctima previos al accidente, con una deducción idéntica a la incapacidad que le afecta. Así la renta debe devengarse hasta que la víctima esté en condiciones de jubilarse o hasta el cese de su vida productiva (según la incapacidad temporaria o permanente), de modo que al cabo del lapso se extingan capital e intereses”.
Asimismo, describió en el capitulo pertinente de su pronunciamiento judicial, la fórmula matemática aplicable al presente “sub-judice” y explicó que el salario mínimo vital y móvil aplicable al caso, se multiplica por 13 meses, por el porcentaje de incapacidad psicofísico parcial y permanente. Además, aclaró que 6% es la tasa de interés admitida por el Superior Tribunal Provincial. Y sentenció que: “Así, al resultado obtenido se adiciona el monto del porcentaje que resulte de dividir el número 1.000 por el número de años de la actora al momento del hecho, y se obtiene entonces el monto total a indemnizar por la incapacidad sobreviniente”.
A mi juicio, acertadamente tomó en consideración la suma de veinte mil ochocientos setenta y cinco ($ 20.875,00) correspondiente al salario mínimo, vital y móvil, de acuerdo con Decreto 91/2020 y el Decreto 14/2020, pues no se aportó como elemento probatorio los ingresos mensuales que la actora percibía de su negocio, importe éste actualizado (art. 772 del C. C. y C.).
De este modo, a los efectos de la cuantificación económica o matemática del daño psicofísico y sobre la base de las variables desarrolladas y en función de las mismas, aplicó la fórmula de renta capitalizada de acuerdo al siguiente procedimiento matemático, a saber:
S. S. detalló esta fórmula:
“… ($ 20.875 x 13 x 21,375)= 966.713,44 + 247.880,71 (*)= 1.214.614,15” Aclarando lo siguiente: “(*) 1000/39 = 25,64 % 25,64 % de 966.773,44 = 247.880,71…”.-
En consecuencia, y de conformidad a la doctrina expuesta precedentemente, corresponde señalar las diferencias existentes entre el término: “valorar los daños a la persona humana”, del concepto: “cuantificar económicamente la lesión sobreviniente”.
Valorar el daño significa jurídicamente considerar y determinar la magnitud del mismo, su grado de incapacidad, sus características y su clasificación o calificación, etcétera; cuyos elementos serán tomados especialmente de todos los medios probatorios rendidos en autos, entre ellos la pericia producida por el médico forense, etcétera; sin dejar de lado el nexo causal existente entre el hecho y la consecuencia dañosa.
En cambio, y considerada esta primera etapa del daño, el juez pasa seguidamente a una segunda etapa: denominada de “la cuantificación aritmética o económica del daño a la persona”, en oportunidad de fijar el quantum resarcitorio por las lesiones producidas, liquidando un precio indemnizatorio y que en forma subsidiaria compensa y repone las cosas al estado anterior, dentro de un marco de un sistema económico capitalista.
En suma, dilucidada la cuestión expuesta precedentemente, a los efectos de fijar la suma indemnizatoria compensatoria de la incapacidad psicofísica sobreviniente, se tomarán en cuenta las siguientes pautas: edad de la víctima a la fecha del hecho, su situación socioeconómica, profesión u oficio, monto mensual de sus ingresos, estado de salud antes del accidente (que se presume optimo, salvo prueba en contrario), estado civil, grado de incapacidad atribuida, etcétera, todo ello sin perjuicio del auxilio que prestan las fórmulas matemáticas financieras, claro está, sin atarse rigurosamente a las mismas, por cuanto como se expuso precedentemente, se toman en cuenta otras circunstancias o aspectos que rodean el daño.
Por lo cual, en la especie corresponde someter a revisión judicial en esta Alzada las quejas expuestas por la parte accionada, todo ello con el fin u objeto de juzgar si el monto otorgado por el concepto de daño a la persona resulta justo y equitativo.
Ahora bien, continuando con la resolución del caso bajo juzgamiento, observo que el perito médico Ricardo Hermida, Legista y Traumatólogo, -con fecha 12/11/2018 y ratificado mediante presentación electrónica de fecha 30/12/2019- dijo en su experticia que: “De todos los elementos obrantes en autos, del examen anatómo-clínico-funcional y de los estudios complementarios realizados en la persona de la actora, se demostró que presenta secuela de hematoma de antebrazo izquierdo y de hernia umbilical. (…) Según referencia y documental, la actora denunció un accidente de tránsito el día 9/11/15, peatóncamión, siendo trasladada por su esposo al Policlínico Central San Justo donde le realizaron estudios y curaciones. Luego concurrió al Centro Médico San Alberto donde le diagnosticaron hernia umbilical producto del aprisionamiento y le indicaron cirugía. También se le diagnóstico traumatismo de antebrazo izquierdo, donde se aprecia hematoma, constando la atención en el policlínico Franchin. (…) La actora presenta una incapacidad, parcial y permanente, del 5% por hematoma (relación causal) y del 5% por hernia umbilical (relación de concausalidad obesidad), según el tratado de traumatología médico-legal de los Dres. Defilippis Novoa-Sagastume”. Por su parte, la sentenciante de grado, determinó que: “del 2,5 %, que fijo discrecionalmente por la secuela de hematoma por hernia umbilical, la que según el perito Hermida ha sido concausal con el accidente”, lo que ha devenido firme y consentido por la accionante.
Asimismo, con fecha 14/11/2018, presentó su experticia la perito psicóloga Yesica María López, quien determinó que: “Por todo lo que se ha narrado en este informe, con las conclusiones señaladas, se observa que la entrevistada exhibe a raíz del accidente declarado, una importante alteración, presentando un cuadro que confirma haber quedado afectado psíquicamente. Al momento del examen se evidencia la existencia de un cuadro psíquico descripto como Fobia Moderada. Estimo que el entrevistado presenta en la actualidad un porcentaje de incapacidad psicofísica del 15%, ya que el accidente intensificó características de su personalidad. Hay un sufrimiento psíquico originado en un suceso traumático inesperado para el sujeto, que provocó una alteración en su funcionamiento psíquico en las esferas afectivas, volitivas e intelectual, determinando una disminución de las capacidades previas al suceso.La magnitud de las secuelas es compatible con su afección emocional y el cuadro psicopatológico que presenta. Queda claro que de no haber ocurrido dicho acontecimiento y sus consecuencias, el entrevistado no estaría en esta situación.”
Ahora bien, es doctrina legal reiterada de esta Sala I, que integro con mis distinguidos colegas los Dres. Posca y Pérez Catella, que los porcentajes de incapacidad dictaminados por los expertos, constituyen una mera orientación para el magistrado que debe sentenciar y que ello no implica aferrarse técnicamente a esos porcentajes: En su consecuencia, probado el daño resarcible (sus cualidades, su calificación, su clasificación, su magnitud y alcance, sus caracteres jurídicos, etc.), seguidamente viene la etapa de cuantificación económica del mismo.
En efecto, esta Sala ha resuelto que: "Los porcentajes de incapacidad, o baremos de aplicación a otros fueros, no son sino uno y no el único elemento a ponderar para la justa indemnización pretendida". (CNCivil, Sala G, 24/9/99, "Miranda de Barca, Ana M. c/ Echeverría Antonio C. y otros s/ daños y perjuicios", cit. por H. Daray, op.cit,, pág. 39, nro. 40). Además no debe perderse de vista que: "En la incapacidad sobreviniente lo importante es la descripción y valoración de las lesiones y sus consecuencias, más que la exactitud de la disminución representada por un porcentual".(CNCivil,Sala F, 13/8/99, "Díaz, Norberto C. c/ Juárez, Luis D. s/ daños y perjuicios", cit. por H.Daray, op. cit. pág. 37, nro. 30).
Cabe recordar que los porcentajes de incapacidad determinados por los peritos constituyen una calificación genérica y abstracta cuya valoración corresponde a los jueces que han de considerar la trascendencia en el caso particular, es decir sus repercusiones en la faz productiva y de relación del damnificado. De allí que a diferencia del derecho laboral donde los módulos tienen otra trascendencia, en el ámbito de la responsabilidad civil inciden todas las facetas del individuo, especialmente la llamada vida de relación que comprende las distintas actividades, (laborales, deportivas, recreativa, sociales). En todas esas áreas es factible la pérdida de chances. Es decir, se califica con criterio amplio el daño vital y la integridad psicofísica.
(Esta Sala Primera In re: “DOMÍNGUEZ, Delmiro c/ EDENOR S.A., Emp.Distrib..y Comer. Norte S.A. s/ Daños y Perjuicios”, Causa Nº 707/1, rsd n17/07 sentencia del 22/03/07). Sentado ello, estimo que la pericia del Perito médico del Dr. Hermida, como así la experticia psicológica de la Lic. Yesica María López, se ajustan a las prescripciones legales de los arts. 472 y 474 del Cód. Proc., por cuanto cuentan, con los aspectos preparatorios, estudios previos, análisis de los puntos de pericia y los fundamentos y su conclusión, constituyen dictámenes con fuerza probatoria teniendo en consideración la competencia de los peritos, los principios científicos en que se fundan y la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y demás pruebas y elementos de convicción que la causa ofrece, entre ellas la causa penal Nro.: 44872/15, en la cual obra la copia certificada de la atención de la actora el día del hecho “09/11/2015, 10.15 hs, Frutos Zulma (…) Hematoma de antebrazo izquierdo + escoriaciones”, habiéndose ordenado diversos exámenes complementarios: rx tórax frente, rx antebrazo izquierdo f y p + AINE+ Hielo local”, la historia clínica de fs. 217/218, en el cual se dejó constancia que la actora habría sido atendida por un accidente de tránsito en el que se le habrían indicado una serie de estudios a causa de “dolor f izquierda.
Antec. Accidente en la vía púbica por aplastamiento de abdomen y brazo izquierdo entre dos camiones. Refiere que no cede el dolor en f izquierda…”, las manifestaciones de los testigos que habrían declarado en la audiencia de vista de causa que vieron a la actora entre ambos vehículos aprisionada y lesionada.
Por lo tanto, en virtud de la prueba “ut supra” destacada le otorgo pleno valor y fuerza probatoria a los dictámenes periciales psicofísicos incorporados en estas actuaciones.
El Dr. Jorge M. Galdós ha escrito una monografía jurídica intitulada: “Cuatro reglas sobre la cuantificación del daño patrimonial por incapacidad (el art. 1746 CCCN), (Pub. en portada (Columna de Opinión) en RCyS, Diciembre 2016, Cita: AR/DOC/3677/2016) y parafraseando el título y los lineamientos de un clásico trabajo de Mosset Iturrraspe para el daño moral, se propone enunciar brevemente las cuatro reglas vertebrales que -creemos- rigen la cuestión: “- Sí a la aplicación de las fórmulas matemáticas. -Sí a la aplicación de la fórmula que el juez elija fundadamente.- No a la aplicación automática y obligatoria del resultado matemático que arroje la fórmula.- Sí al arbitrio judicial para ponderar y evaluar la integridad del daño, conforme la singularidad del caso”.
En el mismo estudio sobre el tema de referencia –desde ya valioso a la hora de decidir- el Galdós indica que: “Estas fórmulas constituyen la vía instrumental que permiten la determinación orientativa del capital al que se refiere el art 1746 CCCN. Se erigen como un valioso parámetro o guía que no puede ser omitido por la judicatura a la hora de medir los daños por discapacidad física o psíquica. Empero, la utilización obligatoria de las denominadas fórmulas matemáticas no conduce a la aplicación automática e inexorable del resultado numérico al que se arribe; por ende cabe concluir que el referido imperativo legal debe ser interpretado como una herramienta de estimación ineludible para el juez, pero que no excluye a los otros parámetros, provenientes de la sana crítica, la experiencia vital y el sentido común, pudiendo apartarse de la cuantía matemática fundando los motivos o razones por los que se reduce o incrementa aquél monto.
Dicha cuantía matemática no es de acatamiento obligatorio y vinculante. A ello corresponde agregar que en esta etapa de implementación del Código Civil y Comercial se irán superando, mediante los aportes de la doctrina y la jurisprudencia, algunas cuestiones, sobre todo de técnica matemática en la utilización y aplicación de las fórmulas, porque -como dijimos- coexisten varias de ellas y la selección de las variables a considerar (por caso la edad de vida útil, la tasa de amortización) revela que la conclusión matemática podrá resultar muy variable. Si para el mismo supuesto de hecho se emplea una u otra fórmula o se computan una u otra variable (reiteramos, por caso, la edad máxima de la víctima, la tasa de amortización etc.), los resultados serán distintos y dispares.
Por eso no existe ni obligatoriedad de acudir a una específica y determinada fórmula ni de acatar la cuantía que arroje. La norma del art 1746 CCCN no dice que la indemnización "deberá ser calculada o fijada únicamente" sino que establece que "debe ser evaluada", lo que según el Diccionario significa que se debe "estimar, apreciar, calcular el valor de algo", lo que comprende la facultad judicial de emitir el juicio de ponderación conforme la singularidad del caso, la naturaleza y entidad del daño, las circunstancias existenciales de la víctima y la realidad económica. Creemos que mantienen vigencia las pautas interpretativas desarrolladas anteriormente en cuanto que el juzgador no está atado a pautas matemáticas inflexibles, fórmulas rígidas o cerradas, porcentajes de incapacidad herméticos o relaciones actuariales.
La referencia a un capital que genere rentas no es la única e infalible modalidad de determinación del "quantum" del daño por discapacidad permanente, física y psíquica, porque ésta comprende no sólo la capacidad laborativa o productiva, o sea la pérdida de ingresos o rentas por la afectación a la actividad productiva o económicamente valorable, sino que también contempla, conforme inveterada jurisprudencia, la capacidad vital o intrínseca de la persona, más allá de su idoneidad laboral o para generar ingresos, y el daño a la vida de relación, es decir la lesión de los aspectos de la personalidad vinculados con el ámbito social, doméstico, cultural y deportivo del damnificado.Es que tanto para el nuevo Código como para el viejo, el arbitrio judicial no es (ni debe ser) arbitrariedad porque se trata, en suma, de fundar razonablemente la cuantía de la indemnización, en el marco de la realidad circundante y la experiencia vital” (Galdós Jorge, op. cit.)
Por nuestra parte, como Juez de primer voto, debemos en primer término valorar judicialmente el daño causado en la salud de la actora, es decir clasificarlo o calificarlo: resulta ser una incapacidad psicofísica parcial y permanente que le genera un daño patrimonial; la naturaleza y la identidad del daño, son sus caracteres jurídicos: personal, es un daño presente, cierto y tiene actualidad a la hora de sentenciar; en cuando a su magnitud o extensión el perito médico le otorgó un 5% por hematoma (relación causal) y un 5% por hernia umbilical (en relación concausal por obesidad), habiendo esta última prosperado para la sentenciante de grado solo en un 2,5% de incapacidad y por otra parte, un 15% por incapacidad psicológica, todas estas (incapacidades) que sirven de orientación para el magistrado; hay que tener en cuenta que frente a este daño patrimonial por incapacidad: “el daño es la medida de su cuantificación económica o matemática”, dentro del contexto de un sistema económico capitalista; las condiciones personales de la víctima, su edad, ocupación, estado civil, su estado de salud antes de producirse el infortunio -es decir el factor concausal pre-existente-, su situación socio-económica, promedio de vida útil del hombre y demás circunstancias que rodean a dicho sujeto, etc. Luego viene la segunda etapa de cuantificación económica o matemática del daño, en donde el Juez liquida y fija el “quantum” indemnizatorio, a modo de compensación –reponiendo las cosas al estado anterior- con aplicación del sentido común, las reglas de la “sana critica” como metodología de apreciación judicial de los hechos y de las pruebas aportadas en el juicio, la experiencia de la vida diaria y/o las máximas de experiencia del Juez; y que al justipreciar el daño lo hará con razonabilidad, prudencia y equidad, aplicando las reglas de la lógica y del buen entendimiento humano.
En su consecuencia, considerando que la actora tenía a la fecha del accidente 39 años de edad, quien posee un negocio familiar “verdulería y almacén”, siendo su grupo familiar conformado por sus hijos y esposo, su condición socioeconómica (conforme surge del beneficio de litigar sin gastos que tengo ante mí vista y que corre por cuerda a estas actuacionesy declaraciones testimoniales brindadas en la AVC el día 15/11/2018), su estado de salud previo a la ocurrencia del accidente, el grado de incapacidad psicofísica parcial y permanente del 5% por hematoma (relación causal), un 5% por hernia umbilical (relacionado concausalmente por obesidad), habiendo esta última prosperado para la sentenciante de grado solo en un 2,5% de incapacidad (en virtud de dicha relación concausal) y un 15% por incapacidad psicológica, guardando dichas lesiones relación causal con el hecho de autos, según el curso natural y ordinario de las cosas, y la experiencia de la vida diaria y/o las máximas de experiencia del Juez (arts. 1726 y 1727 del C. C. y C.; 472 y 474 del Cód. Proc.), estimo justo, razonable, prudente y equitativo confirmar el monto otorgado por la Jueza de la Instancia de origen en la suma de Pesos UN MILLON DOSCIENTOS VEINTE MIL ($1.220.000,00) (art. 1737, 1738, 1739, 1740 y 1746 del Cód. Civ. Com., y 165, 375, 384, 456, del Cód. Proc.).
VI. Consecuencias no patrimoniales El artículo 1738 regula: “La indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chances. Incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida”. Asimismo, dicho cuerpo legal dispone en su artículo 1741 la: “Indemnización de las consecuencias no patrimoniales. Está legitimado para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales el damnificado directo. Si del hecho resulta su muerte o sufre gran discapacidad también tienen legitimación a título personal, según las circunstancias, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivían con aquél recibiendo trato familiar ostensible. La acción sólo se transmite a los sucesores universales del legitimado si es interpuesta por éste. El monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas”. Ahora bien, cuando comenzamos a tratar, conforme el texto del artículo, cuales son las consecuencias de las afecciones espirituales legítimas, antes denominado daño moral, debemos recordar que este perjuicio fue descripto como el menoscabo que sufre una persona en su bienestar psíquico sin que ese estado negativo o disvalioso sobreviniente (tristeza, dolor, amargura, inseguridad, angustia, etc.) llegue a configurar una situación patológica como consecuencia de la vulneración de un derecho o interés generado por un hecho antijurídico y reprochable. (Alterini, Jorge H. Código Civil y Comercial comentado. TVIII. Arts. 1738/1741, pág. 246).
El daño extrapatrimonial (o moral) es la modificación disvaliosa del espíritu de una persona, también productor (“consecuencia”) de la lesión a un interés extrapatrimonial, que reposa sobre un derecho de naturaleza patrimonial o extrapatrimonial; y que se traduce en un modo de estar de la persona distinto producto de ese hecho lesivo, y anímicamente perjudicial. (Ossola, op. cit. pàgs140).
Si bien en el CCyC no se lo define de manera explícita, en el art. 1741 se dispone respecto de la indemnización de las consecuencias no patrimoniales derivadas del suceso lesivo. Esta locución tiene una amplitud tal, que permite abarcar todas las repercusiones anímicamente perjudiciales derivadas de un suceso dañoso, se trae de un damnificado directo o indirecto, en tanto y en cuanto guarden adecuada relación de causalidad con el hecho y estén comprendidas en el elenco de las consecuencias indemnizables (art. 1726 CCyC). No cabe dudar que el daño moral comprende todas las consecuencias perjudiciales en las capacidades del entender, querer y sentir, derivadas de la lesión a intereses no patrimoniales, y que se traducen en un modo de estar diferente de aquél al que se hallaba el damnificado antes del hecho, como consecuencia de este, y anímicamente perjudicial. Así las cosas, son dos las operaciones que deben realizarse: en primer lugar, determinar la entidad cualitativa del daño moral (su “valoración”). Luego de ello, sigue lo más difícil: determinar su entidad cuantitativa (esto es, la cuantificación). (Ossola, op.cit. págs. 156).
En cuanto al monto de la indemnización, en el estado actual del Derecho Argentino, la determinación de la cuantía de la indemnización por daño moral constituye un problema de solución aleatoria y subjetiva, librado al criterio del juzgador. Ello es así, evidentemente, por la falta de correspondencia entre un perjuicio espiritual y el patrón dinerario con que se resarce. Pero, además, debido a que falta todo criterio normativo regulador, que establezca algunas pautas comunes, con lo cual el tema queda abandonado a la intuición, prudencia y discrecionalidad judicial.
Por otra parte, considero oportuno fijar pautas a efectos de contar con ciertos parámetros orientadores en la materia, a saber: edad de la reclamante, sexo, sus circunstancias personales, aspectos que hacen a la vida de relación, condición socio-económica, posibilidades de reinserción en el mercado laboral, gravedad del daño, repercusión de las secuelas en la vida de relación, como también la índole del hecho generador del daño, las circunstancias vividas y protagonizadas como consecuencia del hecho y los demás sufrimientos y padecimientos, etc. Como se observa todas estas pautas giran en torno a las víctimas y no alrededor del victimario pues la tendencia generalizada de la jurisprudencia apunta a la teoría resarcitoria que le da fundamento jurídico. Atento a las pautas vertidas, las circunstancias personales de la víctima mencionadas “ut supra” al tratar el resarcimiento de la incapacidad psicofísica, realizando un análisis de los elementos de prueba producidos en autos (pericia médica, psicológica, constancias de la causa penal y de atención clínica, testimoniales en AVC), las circunstancias en que se produjo el hecho que se ventila y considerando en su conjunto los padecimientos sufridos en su espíritu y paz, estimo que corresponde confirmar el monto otorgado en concepto de consecuencias no patrimoniales en la suma de pesos CIENTO CINCUENTA MIL ($150.000,00) a favor Frutos Zulma, la cual considero justa y equitativa, máxime cuando la accionante ha sometido la liquidación realizada en el escrito de inicio a lo que en más o en menos surja de la prueba a producirse. (art. 1738, 1741 CCCN y art. 165 CPCC).
VII. Cómputo de los intereses La reparación integral devenida por un daño causado resulta una deuda de valor que debe ser mantenida incólume hasta el momento de su liquidación en la sentencia. En éste aspecto, se ha señalado: “Las indemnizaciones de daños causados por hechos ilícitos han sido conceptuadas como deudas de valor. Estas se refieren a un valor abstracto constituido por bienes, que luego habría que medir en dinero: sin duda, el deudor solventará la deuda entregando dinero, que es común denominador de todos los bienes. Pero como él no era un deudor de dinero sino del valor correspondiente a los bienes en cuestión hasta tanto no se sobrevenga el acuerdo de partes, o la sentencia judicial que liquida la deuda y determina cual es la cantidad de dinero que deberá aquel satisfacer al acreedor, su obligación será una deuda de valor, que sólo pasará a ser una deuda de dinero luego de practicada esa determinación. Solo después de efectuada y consentida esa liquidación queda cristalizado el objeto debido y resulta convertida la deuda de valor en una deuda de dinero” (“Barone, Leonardo Rolando c/ Lamo José s/ Daños y Perjuicios”, CC0000 AZ 32498 RSD-62-91 S 7-6-1991, B1050017). A mayor abundamiento, la SCBA en los autos “Bi Launek S.A.A.C. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires”. Causa C.117.735 ha dicho que: “este Tribunal ha precisado que en los juicios de daños y perjuicios los jueces se hallan facultados para fijar el quantum indemnizatorio al momento de dictar sentencia (conf. arg. causas L. 77.503 y L. 75.346, ambas sents. Del 6-VI-2001; C. 101.107, sent. Del 23-III-2010; C.100.908, sent. Del 14-
VII-2010).
Del mismo modo, siendo que los intereses de la indemnización por un hecho ilícito se deben a partir del mismo, resulta irrelevante que el perjudicado haya o no desembolsado el dinero necesario para restañar algún perjuicio o para compensar alguna pérdida o deterioro, o bien que la taxatio de algún desmedro se sitúe con referencia a una fecha posterior a la del hecho que lo generó, pues como la indemnización será percibida tardíamente por el acreedor, éste debe ser resarcido por la indisponibilidad de ese capital desde la causación del daño; por ende, teniendo en mira la función retributiva que esos accesorios cumplen como contraprestación por el uso de un capital ajeno -pues su finalidad es mantener o restablecer un equilibrio patrimonial, con independencia del estado de mora del deudor- , su procedencia desde el instante mismo del siniestro es incuestionable, más allá de la iliquidez de la deuda. (CC0101 LP 248626 RSD-152-7 S 30/08/2007. Sansone, Viviana M. c/Tejeda, Laura M. s/Daños y Perjuicios. B101967).
Así las cosas, la citada en garantía, ha sostenido en su escrito de agravios, que: “cabe advertir que la totalidad de los montos establecidos en sentencia, se encuentran actualizados al momento de su dictado, por lo que proceder a aplicar intereses desde la fecha del hecho, causa una indexación del crédito, además de un enriquecimiento sin causa” (…) "en el caso de las obligaciones de valor necesariamente se impone aplicar dos tasas diferentes: una desde que la obligación se hizo exigible hasta que se determinó el valor de la prestación y otra desde éste último momento hasta su pago...". (…) "La primera no debe contener escorias inflacionarias (…) La tasa de interés, pues, debe ser pura” (…) Por ello y siguiendo los lineamientos del fallo citado, solicito que los intereses se calculen al 6% anual desde la producción de los daños hasta la fecha del pronunciamiento de esta Excma. Cámara, conforme doctrina de la SCJBA, (Fallos "Vera Juan Carlos" y "Nidera").”.
En consecuencia, atendiendo a los fundamentos “ut supra” expuestos, respecto desde cuando se deben los intereses en las indemnizaciones por hechos ilícitos, como así también, lo resuelto por la Sra. Juez de la instancia de grado, máxime las manifestaciones improcedentes vertidas por la aseguradora, considero que en la especie corresponde sin más rechazarse sus agravios, por no resultar ajustados a la doctrina legal de la SCBA.
Con respecto a los agravios de la parte actora, teniendo en cuenta también que la SCBA en los autos caratulados: "Paredes, Roberto Gabriel Horacio contra Transporte La Perlita S.A. y otros. Daños y perjuicios" C. 123.090, Ac. 2078, ha afirmado que: “… deviene aplicable la doctrina legal recientemente sentada por este Tribunal en materia de cálculo de intereses en casos de evaluaciones de deudas realizadas a valor real (causas C. 120.536, "Vera", sent. de 18-IV-2018 y C. 121.134, "Nidera", sent. de 3-V-2018), a la que adherí tras una nueva y circunstanciada reflexión, suscitada teniendo fundamentalmente en consideración las sobrevinientes vicisitudes de cada caso (doctr. arts. 163 inc. 6, 164, 165 y concs., CPCC), el ineludible contexto económico resultante en estos últimos años (art. 384 y concs., CPCC), el principio de reparación integral que campea ante daños derivados de hechos ilícitos (arg. arts. 1, 16, 17, 19, 31, 33, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.; arts. 1.069, 1.109 y concs., Cód.
Civ.; hoy 1.740, 1.746 y concs., Cód. Civ. y Com.), el carácter de deuda de cierto valor que cabe asignarle a las indemnizaciones fijadas con criterios de actualidad en momentos muy posteriores a la ocurrencia de los daños que resarcen (hoy arg. arts. 772 y 1.748, Cód. Civ. y Com.), y el principio de indemnización justa que limita todo posible enriquecimiento incausado que refleje una actitud contraria a los límites impuestos por la buena fe y la moral (conf. arts. 16, 21, 499, 502, 530, 907, 953, 1.071, 1.167 y concs., Cód. Civ.; ley 24.283; hoy, 9, 10, 1.794 y concs., Cód. Civ. y Com.).” (conf. causa cit.) y que “… para el cálculo de los intereses deberá aplicarse la ya mentada alícuota del 6% anual, la que corresponderá ser impuesta al crédito indemnizatorio desde la fecha del evento dañoso y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de los daños (conf. doctr. causas C. 120.536 y C. 121.134, cits.; arts. 622 y concs., Cód.
Civ.; 7, 772, 1.748 y concs., Cód. Civ. y Com.). De allí en más resultará aplicable la tasa de interés pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, hasta el efectivo pago (conf. arts. 7, 768 inc. "c", 770 y concs., Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y doctr. causas B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016; C. 119.176, "Cabrera" y L. 109.587, "Trofe", sents. de 15-VI-2016 y posteriores, dejando a salvo la opinión que adoptara en tales precedentes).” (conf. causa cit), poco trecho queda recorrer para advertirse que en la especie corresponde confirmarse la sentencia apelada, en cuanto dispuso que los intereses habrán de computarse desde la fecha en que se produjo el accidente 09/11/2015 (momento en que nace la obligación de resarcir el perjuicio causado), y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda –sentencia de cámara-, a la tasa de interés puro del 6% anual establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y de allí en más, la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos (conf.
Doctrina legal S.C.B.A “Cabrera” C. 119.176 sent. 15-5-2016, “Vera” C. nro.: 120.536 sent. 18/04/ 2018). Dicha forma de decidir, importa rechazar también todos los agravios de la parte actora, en virtud de que este Juzgador considera que debe estarse al criterio sostenido por nuestro Tribunal Superior Provincial.
Asimismo, y a los fines de dar mayor respuesta a la apelante, recientemente la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, con fecha 02/03/2021 en los autos caratulados: “Banegas Natalia A. c/ Bodo Fátima Liliana s/ Daños y Perjuicios”, en trámite ante este Tribunal, hizo lugar al recurso extraordinario oportunamente presentado y ordenó modificar la tasa de interés fijada por mayoría –tasa pasiva más alta- en la sentencia definitiva de fecha 10/10/2019 dictada por esta Sala Primera, debiendo estarse a la tasa pura del 6% anual.
VIII. Las costas de Alzada Atento al modo en cómo se resuelve la presente contienda judicial, estimo que las costas generadas en ésta Instancia recursiva deben ser impuestas a los demandados y a la citada en garantía en la medida de la contratación. Ello, por estricta aplicación del principio objetivo de la derrota. (art. 68 del C.P.C.C.).
Por las consideraciones legales, doctrinarias y jurisprudenciales expuestas, VOTO POR LA AFIRMATIVA.
Por análogos fundamentos el Doctor Pérez Catella y Posca también VOTAN POR LA AFIRMATIVA.
A LA TERCERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JOSÉ
NICOLÁS TARABORRELLI dijo:
Visto el Acuerdo que antecede, propongo a mis distinguidos colegas que:
1. SE RECHACE EL PEDIDO DE DESERCION DEL RECURSO de apelación de la citada en garantía; 2°) SE MODIFIQUE LA SENTENCIA APELADA de la siguiente manera: a)SE FIJE que los intereses habrán de computarse desde la fecha en que se produjo el accidente 09/11/2015 (momento en que nace la obligación de resarcir el perjuicio causado), y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda –sentencia de cámara-, a la tasa de interés puro del 6% anual establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y de allí en más, la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos. 3º) SE CONFIRME el resto de la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravios; 4°) SE IMPONGAN las costas generadas en esta instancia recursiva a la parte demandada vencida y su aseguradora –en la medida de la cobertura contratada-. (arts. 68 y 274 del C.P.C.C.).5°) SE DIFIERA la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.
ASI LO VOTO
Por análogos fundamentos, el Dr. Pérez Catella y Posca adhieren y VOTAN EN IGUAL SENTIDO.
Con lo que terminó el acuerdo que antecede, dictándose la siguiente:
CONSIDERANDO: Conforme la votación que instruye el Acuerdo que antecede este Tribunal
1º)
RECHAZAR EL PEDIDO DE DESERCION DEL RECURSO de apelación de la citada en garantía; 2°) MODIFICAR LA SENTENCIA APELADA de la siguiente manera: a) FIJAR que los intereses habrán de computarse desde la fecha en que se produjo el accidente 09/11/2015 (momento en que nace la obligación de resarcir el perjuicio causado), y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda –sentencia de cámara-, a la tasa de interés puro del 6% anual establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y de allí en más, la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos; 3º) CONFIRMAR el resto de la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravios; 4°) IMPONER las costas generadas en esta instancia recursiva a la parte demandada vencida y su aseguradora –en la medida de la cobertura contratada-. (arts. 68 y 274 del C.P.C.C.).5°) DIFERIR la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.
REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE.
Fin de la sentencia