Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción · Causa F-7142
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº: F-7142 Sentencia: 2766 Actor: FUENTES RANQUEHUE, Gilberto Demandada: PATAGONIA SUR S.A.
Objeto: ACCION DE PRESCRIPCION Fecha: 04-02-2019 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los 04 días del mes de Febrero de dos mil diecinueve, se reúnen los señores miembros de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos "FUENTES RANQUEHUE, GILBERTO C/ PATAGONIA SUR S.A. S/ ACCION DE PRESCRIPCION", Expte Nº 24.532 que tramita en el Juzgado de Primera Instancia Nº 1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la ciudad de Caleta Olivia, ingresados a esta instancia bajo el número 7142. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Dra. Griselda Isabel Bard, Dr. Humberto Eduardo Monelos y Dra. Connie Rossanna Naves para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Griselda Bard dijo:
I. A fs. 1/19 los Dres. Juan Alejandro Gauvron y Luis Roque Quintar en representación de Gilberto Segundo Fuentes Ranquehue promueven demanda por prescripción adquisitiva del dominio del automotor marca Dodge 2001, Dakota cabina simple, contra Patagonia Sur S.A.
Refieren que el actor adquirió de dicha concesionaria el vehículo referido, y que habiendo dado cumplimiento con la operatoria convenida, nunca se le entregó la documentación correspondiente. Agrega que con motivo de ello en el mes de noviembre de 2001 remite carta documento para reclamar la documentación pertinente para poder inscribir el vehículo en el Registro de la Propiedad Automotor, lo que no se pudo realizar por el incumplimiento de la concesionaria demandada. Continúa relatando que ante la conducta señalada también solicitó entrega de la documentación a la fábrica, quien tampoco pudo resolver la cuestión en forma favorable, ya que le requería la factura de compra, y el actor no contaba con dicha documentación. Agrega que Patagonia Sur S.A. se habría retirado de la ciudad de Comodoro Rivadavia, y que desconocen el nuevo domicilio por lo que requieren su citación por edictos. Ofrecen prueba y solicitan se admita la acción.-
II. A fs. 38 se presenta la Defensora Oficial contestando la intervención que se le habría dado en representación de Patagonia Sur S.A. A fs. 61/72 lo hace Mercedes Benz Argentina S.A.
A fs. 39 se dispone dar traslado de la demanda al domicilio social, lo que no se materializó nunca a lo largo del trámite habida cuenta que se libró cédula a Comodoro Rivadavia con resultado negativo.-
A fs. 103 se dictó el auto de apertura a pruebas y se proveyó la ofrecida, confeccionando los cuadernos correspondientes.-
A fs. 238/246 se dicta sentencia que desestima la excepción de falta de legitimación deducida por Mercedes Benz S.A., rechaza la demanda incoada, regula honorarios e impone las costas a la vencida.-
Contra la misma se alza la actora agregándose la expresión de agravios a fs. 270/271 que no son contestados por la demandada. Remitidos los autos a esta Cámara se dispone por Presidencia el orden de estudio, avocándome en consecuencia a votar en primer término.-
III. En sus agravios la parte actora entiende que existe un error en la subsunción jurídica del caso, y que debe resolverse el recurso conforme la nueva normativa aplicable a los bienes muebles registrables. Refiere que debe estarse a lo normado en los arts. 1899 y ss. del nuevo Código Civil, en materia de prescripción, y en tal sentido señala que la buena fe se encuentra suficientemente acreditada, así como la posesión ostensible y continua. Agrega que el actor de autos reúne todos los recaudos para poder obtener la adquisición por prescripción en tal sentido, ya que posee pacíficamente el vehículo desde el año 2001, que se trata de una cosa mueble registrable, no hurtada ni perdida, recibida de su anterior titular o cesionario. Continúa indicando que ambas demandadas dan cuenta de que se trata del mismo bien por el número de motor, chasis y modelo. Sostiene que la nueva normativa da una solución para usucapir vehículos que por diferentes razones no pueden circular por carecer de documentación como es el caso de autos, donde no puede localizarse el titular registral o la documentación del caso. En atención a dichos argumentos solicita se revoque la sentencia, se admita la acción y la inscripción del dominio del automotor que identifica. Los agravios no son contestados.-
IV. Delineados del modo expuesto los antecedentes del caso, el tema en sí consiste en determinar la posibilidad de que el actor de autos cuente efectivamente con la posibilidad de inscribir el vehículo, obtener la documentación y patentamiento, es decir perfeccionar su derecho real como consecuencia del paso del tiempo.-
Tal como se ha ocupado de detallar la Jueza de grado, estos bienes, tienen una regulación específica y un particular modo de transmisión ya que la legislación exige la tradición y la inscripción en el registro, cuestiones que en el presente no se encuentran controvertidas, como tampoco se encuentra en discusión el negocio a que alude el actor en su líbelo inicial, toda vez que el negocio jurídico existió, se entregó el vehículo acordado y se realizó su pago íntegramente. Todo ello debidamente acreditado en autos.-
En primer término debo admitir la propuesta en agravios con relación a la legislación aplicable y los principios a tener en cuenta para decidir en éstos. Es decir, el art. 7 del CCC expresamente contempla la excepción a la regla disponiendo que será de aplicación la norma más favorable al consumidor para el caso de las relaciones de consumo. Claramente la situación de hecho planteada en autos constituye una relación de consumo en los términos de la ley 24.240. Por tal razón la solución al caso propuesto habrá de perfilarse dentro del especial marco normativo que resulte más beneficioso para el consumidor en el caso. Por su parte la norma señalada define la relación de consumo como el vínculo que se establece con quien en forma profesional, aun ocasionalmente, produzca, importe, distribuya o comercialice cosas o preste servicios a consumidores o usuarios (LDC., arts. 2 y 3 ).
Y en su art. 10 bis dice: "Incumplimiento de la obligación. El incumplimiento de la oferta o del contrato por el proveedor, salvo caso fortuito o fuerza mayor, faculta al consumidor, a su libre elección a: a) Exigir el cumplimiento forzado de la obligación, siempre que ello fuera posible..." Además cabe recordar que para perfeccionar la venta de un automotor no basta con la entrega de la posesión sino que la adquisición del dominio requiere ineludiblemente el suministro de la documentación del automotor necesaria para efectuar el patentamiento (o su posterior transferencia). La transmisión del dominio de los automotores solo produce efectos entre las partes y con relación a terceros desde la fecha de su inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y para lograrla, no hay otro medio que el de acudir al mentado patentamiento del automotor (conf.
(Decreto ley 6582/58 , Decreto 1114/97 , ratificado por decreto-Ley nº 14.467 y las modificaciones introducidas por las leyes nº 25.232 , 25.345 y 25.677 y 26.348 ). Esta irregularidad, es decir la entrega de los vehículos sin la debida y/o completa documentación a los fines de su correcta inscripción en el Registro ha traído y trae actualmente innumerables inconvenientes para los consumidores de este tipo de bienes. El Código Civil y Comercial ha venido puntualmetne a contemplar este tipo de situaciones en el art. 1899 donde dice "...También adquiere el derecho real el que posee durante diez años una cosa mueble registrable, no hurtada ni perdida, que no inscribe a su nombre pero la recibe del titular registral o de su cesionario sucesivo, siempre que los elementos identificatorios que se prevén en el respectivo régimen especial sean coincidentes." En comentario a dicha norma se enseña puntualmente "...
La situación más común se presenta en el supuesto de automotores, ya que en ocasiones el comprador recibe la posesión del auto y paga el precio, pero no inscribe en el Registro, lo cual puede ocasionar diversos problemas. ...Para esta hipótesis particular, el artículo que se comenta establece un plazo especial de diez años para la usucapión larga." (Lorenzetti, Ricardo Luis, Código Civ. y Comerical de la Nación Comentado, T. IX, Ed. Rubinzal Culzoni-2015, pag. 68/69).- Es decir que este cambio legislativo modifica los principios tradicionales con respecto a la prescripción en materia de derechos reales y por tal motivo en el particular cambia la solución al caso. La prescripción como modo originario de adquirir derechos reales ha merecido innumerables argumentos por parte de la doctrina, pero finalmente el código de fondo parece hoy brindar una solución al caso, cuando se den los presupuestos necesarios.
Es decir, entiendo que la tradición se encuentra probada, asimismo la buena fe, la posesión por más de diez años y la suficiente identificación del bien por parte de quien era cesionario, en este caso el vendedor, tal como lo señala la propia fábrica al momento de contestar la acción. (arts. 1892, 1899, 1902, 1905 y ccs. CCC).- Cabe señalar que los estándares de interpretación en materia de consumo, imponen brindar a los usuarios y consumidores solución a los conflictos que se le presentan en dichas relaciones donde claramente se encuentran en diferentes condiciones de negociación. Es así que en este contexto habré de resolver el tema traído a decisión en miras a la justicia del caso, intentado dar un respuesta jurisdiccional al actor de autos quien se encuentra litigando hace más de diez años sin poder perfeccionar la inscripción inicial de su automotor.
En este orden de ideas y conforme lo exige el art. 1905 del CCC los diez años para que opere el derecho en cuestión se habrían cumplido en éstos el día 12 de julio de 2011.-
V. Por ello entiendo que corresponde admitir los agravios de la parte actora, y respondo por la negativa a la primer cuestión, proponiendo se revoque el punto II del fallo recurrido. como consecuencia de ello admitir la demanda y autorizar a Gilberto Fuentes Ranquehue a realizar la inscripción inicial del automotor Dodge modelo 2001, Dakota Cabina simple, base, motor Nro. X3805011, Chasis Nro. 937-HLNM 8X3805011; a cuyo fin habrá de librarse los recaudos que de estilo requiera la reglamentación del Registro de la Propiedada Automotor (Dec. 1114/97 y sus modif. Leyes Nros. 21.053, 21.338, 22.019, 22.130, 22.977, 23.077, 23.261, 24.673, 24.721, 25.232, 25.345 25.677 y 26.348). El trámite correspondiente se hará a costa de la demandada Patagonia Sur S.A. y se encuentra autorizado para el diligencimiento el Dr. Juan A. Gauvron y/o quien el nombrado designe con facultades suficientes.-
VI. Sin imposición de costas en esta instancia por no haber sido irrogadas (art. 68 CPCC).-
VII. Regulando los honorarios del Dr. Juan A. Gauvron por su labor en esta instancia, importancia del caso, trabajo realizado y resultado obtenido en la suma de cuatro mil pesos ($ 4000) (arts. 13 y 24 de la ley 3330).-
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
VIII. Que debo disentir con mi distinguida colega que entiendo llega a una solución de equidad (no se me escapa el brete en que se encuentra el actor) pero que no se ajusta a la legislación aplicable. Aclaro que pasaré por alto errores procesales que se produjeron en autos, que no fueron cuestionados en la instancia, motivo por el cual se trata de cuestiones precluidas.
En sus agravios el recurrente se limita a sostener que existió error de subsunción en la sentencia al no aplicar el nuevo Código Civil y Comercial, pero sin ingresar a un examen profundo como merece el tema, aunque suficiente para entender que existe crítica concreta y razonada que abre la instancia. Estamos ante un caso en que, para resolverlo, se debe recurrir a las normas de derecho transitorio para establecer el derecho aplicable. A la fecha de promoción de la demanda regía el Código Civil de Vélez Sarsfield. Cuando se dictó la sentencia había entrado en vigencia el Código Civil y Comercial, y la Sra. Jueza a quo entendió que en el conflicto sometido a su decisión faltaba buena fe en el actor por no existir inscripción registral.
Estamos ante una acción de prescripción y por ello entiendo que se deben manejar dos normas del Código Civil y Comercial: Me refiero como específica el art. 2537 y el último párrafo del art. 7 que establecen respectivamente: “ art. 7 Eficacia temporal. A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo.” Y art. 2537.
Modificación de los plazos por ley posterior. Los plazos de prescripción en curso al momento de entrada en vigencia de una nueva ley se rigen por la ley anterior. Sin embargo si por esa ley se requiere mayor tiempo que el que fijan las nuevas, quedan cumplidos una vez que transcurra el tiempo designado por las nuevas leyes, contado desde el día de su vigencia, excepto que el plazo fijado por la ley antigua finalice antes que el nuevo plazo contado a partir de la vigencia de la nueva ley, en cuyo plazo se mantiene el de la ley anterior.” Cabe preguntarse si el Código Civil y Comercial es una nueva ley supletoria más favorable al consumidor como establece el último párrafo del art. 7 arriba transcripto, de lo que no hay dudas, pero ello sería de aplicación, a mi juicio, si se hubiera demandado el cumplimiento de un contrato de compraventa.
Estamos de acuerdo que hubo una relación de consumo entre la demandada Patagonia Sur S.A. y el actor pero en autos el actor, con independencia de la alegada compra, promueve una acción de prescripción a fin de inscribir el dominio de un automotor y por ello se debe recurrir a las normas de derecho transitorio para determinar si hay ultraactividad del Código Civil o las de la nueva legislación civil y comercial. Si al momento que entra en vigencia la nueva ley ya esta ganada la prescripción por haberse completado el plazo de la ley anterior el deudor tiene un derecho adquirido la nueva ley no opera retroactivamente conforme al art. 7 del Código Civil y Comercial, toda vez que en esta hipótesis no hay problemas de derecho transitorio.
De la misma manera, si al 1º de agosto de 2015 el curso de la prescripción no se hubiera iniciado, se aplica la nueva ley por aplicación del citado art. 2537 del Código Civil y Comercial solución contenida también por el art. 7 del Código de Vélez Sarsfield.
Por aplicación del artículo 2537 del Código Civil y Comercial arriba transcripto, como explica Fulvio G. Santarelli en la obra colectiva “Código Civil y Comercial Comentado- Tratado Exegético” dirigida por Jorge Horacio Alterini, tenemos que: “Se trata de una norma de derecho transitorio que organiza la eficacia en el tiempo de las nuevas normas de prescripción, como asimismo, será aplicable a toda otra norma que a la materia se refiera. Esquemáticamente puede sintetizarse del siguiente modo: 1. Se preconiza la ultraactividad de la ley derogada, siempre y cuando: a) El plazo de prescripción se encuentra en curso, y b) el mismo finalice antes del que hubiera correspondido de aplicarse la nueva ley, computando esto último a partir de la entrada en vigencia de la misma, en el caso de la ley 26.994, el 1 de agosto de 2015. 2. a) Se aplica la nueva normativa, cuando: a) El plazo de prescripción todavía no haya comenzado a correr al momento de entrada en vigencia de la nueva norma, o b) el plazo de prescripción previsto en la nueva norma, computado en su totalidad a partir de su entrada en vigencia, sea menor al que resta por cumplirse según el plazo que prevé la norma anterior y que se viene aplicando.(obra citada, tomo XI, pág. 823).- Carlos A.
Parellada en otra obra colectiva dirigida por el Dr. Ricardo Luis Lorenzetti: “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado” abunda en la interpretación del art. 2537 de este cuerpo legal y explica que la solución es la misma que resultaba del art. 4051 del Código Civil rectamente interpretado a través de la interpretación de la Corte Nacional (obra citada, tomo XI páginas 251 a 260). El mismo autor amplía el desarrollo del tema del derecho transitorio en el tomo de actualización de la misma obra (tomo XII C pág. 584/588) y en la Revista de Derecho Privado y Comunitario de Rubinzal-Culzoni, tomo 2015–1 pág. 269/294. Sobre esta base fáctica mi distinguida colega la Dra. Bard expresa que el plazo de diez años se habría cumplido en estos el 12 de julio de 2011, para lo cual parte del documento fotocopiado de fs. 6 del 12 de julio de 2001 que es en realidad una nota de pedido siendo que conforme fs. 5 el vehículo fue entregado el 25/8/01 que sería congruente con su posición.
En realidad es una diferencia un poco más de un mes que no afecta su voto. Pero discrepo con ella, como anticipara, desde otro aspecto ya de fondo. Si entendemos aplicable la prescripción de 20 años del Código Civil al comienzo de la vigencia del Código Civil y Comercial no se había operado la prescripción, lo que ocurrirá por hipótesis, s. e. u o., el 25/8/21. Discrepo con mi distinguida colega en que tampoco se ha operado la prescripción por el transcurso de diez años (art. 1899 tercer párrafo del Código Civil y Comercial) que el plazo debe ser computado desde el comienzo de la vigencia del nuevo Código (1 de agosto de 2015) conforme lo determina expresamente el art. 2537 segundo párrafo, y no como ella lo hace.
Respecto de las costas entiendo que debe ser soportadas por la codemandada Patagonia Sur S.A. que con su acción trajo este dispendio de actividad jurisdiccional, valorando que la codemandada DAIMLERCHRYSLER S.A. dio instrucciones a un estudio jurídico para permitirle el patentamiento (ver fs. 14), el actor había expresado su voluntad de no querer demandarla (fs. 41) por cuanto esta Cámara solo indicó que “podría” ser parte interesada (art. 68 del CPCC).
Por estas razones entiendo que la sentencia ha llegado a un resultado ajustado a derecho y así lo propongo en disidencia al Acuerdo, convocando a la Dra. Naves para que dirima la disidencia.
A LA PRIMERA CUESTIÒN la Dra. Naves dijo:
IX. Que debo dirimir la disidencia planteada entre los jueces preopinantes, y al respecto entiendo que la redacción del Código civil y Comercial de la Nación obliga a dar una nueva mirada e interpretación a casos como el que se presenta en autos, donde la dificultad de perfeccionar el derecho con relación a los automotores se visualiza claramente. Así tengo presente que "El verdadero cambio copernicano del Código Civil y Comercial se da con respecto a la usucapión de los automotores «no inscriptos» a nombre del poseedor. El art. 1899 , sobre prescripción adquisitiva larga, dice que «si no existe justo título o buena fe, el plazo es de 20 años. No puede invocarse contra el adquirente la falta o nulidad del título o de su inscripción, ni la mala fe de su posesión. Y en esta parte, la innovación es que agrega la propuesta que había formulado el profesor Dr. Eduardo Molina Quiroga en la comisión de Derechos Reales de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil de Tucumán (2011) diciendo esto:«También adquiere el derecho real el que posee durante 10 (diez) años una cosa mueble registrable, no hurtada ni perdida, que no inscribe a su nombre pero la recibe del titular registral o de su cesionario sucesivo, siempre que los elementos identificatorios que se prevén en el respectivo régimen especial sean coincidentes». Usucapión de automotores en el Código Civil y Comercial de la Nación" (De Rosas, Pablo E. 8-nov-2016, Cita: MJ-DOC-10362-AR | MJD10362).- Por esta nueva concepción entiendo que en éstos se verifica la exigencia del art. 1900 - posesión ostensible y continua- y del art. 1902 sobre justo título y buena fe. Lo que sumado a las pruebas rendidas en autos, la relación de consumo que requiere de una tutela especial y la actitud desplegada en el proceso por partes de las demandadas, tornan viable los agravios vertidos en éstos. Por tal razón adhiero al voto de la Dra. Bard.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
X. De conformidad con las razones expuestas al responder a la anterior cuestión, propongo a mis colegas en el Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Admitir los agravios de la parte actora y revocar el punto II del fallo recurrido. 2º) Disponiendo la inscripción del automotor en la forma detallada en el considerando V.- 3º) Sin imposición de costas en la instancia por no haber sido irrogadas. 4º) Regular los honorarios del Dr. Juan A. Gauvron por su labor en esta instancia, importancia del caso, trabajo realizado y resultado obtenido en la suma de cuatro mil pesos ( $ 4000) (arts. 13 y 24 de la ley 3330). 5º) Notifíquese. Regístrese. Oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
XI. Que en función de las razones expuestas al responder a la primera cuestión, propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Rechazar los agravios expresados por el recurrente. 2º) Confirmar la sentencia en crisis en lo que fuera materia de agravios con costas a la parte actora como vencida (art. 68 del CPCC) y regular los honorarios en la instancia del Dr. Juan Alejandro Gauvron como letrado apoderado del actor en la suma de dos mil quinientos pesos ($2.500) (arts. 13; 19; 24 y concordantes de la ley 3330) a la que se deberá agregar la alícuota del IVA según corresponda a su situación tributaria. 3º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. A LA SEGUNDA CUESTIÓN LA Dra. Naves dijo:
XII. Por la forma en que me he expedido a la primera cuestión comparto la propuesta formulada por la Dra. Bard.-
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
CALETA OLIVIA, 04 de Febrero de 2018.-
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, citas legales y jurisprudenciales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial por mayoría F A L L A:
1. Admitir los agravios de la parte actora y revocar el punto II del fallo recurrido.-
2. Disponer la inscripción del automotor en la forma detallada en el considerando V.-
3. Sin imposición de costas en la instancia por no haber sido irrogadas.-
4. Regular los honorarios del Dr. Juan A. Gauvron por su labor en esta instancia, importancia del caso, trabajo realizado y resultado obtenido en la suma de cuatro mil pesos ( $ 4000) (arts. 13 y 24 de la ley 3330).
5. Notifíquese. Regístrese. Oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.FDO. Humberto Eduardo Monelos -Juez de Cámara-, Griselda I. Bard -Jueza de Cámara-, Connie R. Naves -Jueza de Cámara-Presidente-.
Ante Mi: Carolina M. Lima -Secretaria de Cámara Protocolización: A201001S.191 Tomo: XC Sentencia: 2766 Folio Nº: 042/048 Secretaria: 1
Fin de la sentencia