Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 46939-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia(i)
Revocar la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación y, en consecuencia, confirmar la Resolución N° 75/2016 dictada por la Jefa (int.) de la Sección Determinaciones de Oficio a Cargo de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Neuquén de la DGI en cuanto determinó de oficio el Impuesto al Valor Agregado de los períodos enero de 2010 a octubre de 2011 y estableció el saldo a ingresar en concepto de gravamen con mas intereses resarcitorios, y revocarla en cuanto aplicó una multa; (ii) imponer las costas de ambas instancias por su orden (artículos 68, segundo párrafo, y 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación); y (iii) dejar sin efecto la regulación de los honorarios practicada en el punto resolutivo 2° de la sentencia apelada (confr. artículo 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) y declarar inoficioso emitir pronunciamiento respecto de la apelación “por altos”, interpuesta por la parte demandada.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
CAUSA N° 23460/2022 FUNDACION DIARIO NOTICIAS (TF
46939-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de octubre de 2022.- NAI Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Que a fs. 202/206vta. el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, resolvió revocar la Resolución N° 75/2016 dictada el 31/5/2016 por la Jefa (int.) de la Sección Determinaciones de Oficio a Cargo de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Neuquén de la DGI, por la cual: (i) se determinó de oficio el Impuesto al Valor Agregado de los períodos enero de 2010 a octubre de 2011; (ii) se estableció el saldo a ingresar en concepto de gravamen con mas intereses resarcitorios; y (iii) se aplicó una multa equivalente al 70% del tributo aludido como omitido, con sustento en el artículo 45 de la Ley N° 11.683. Finalmente, impuso las costas a la vencida. Para así decidir, puso de resalto que la cuestión a resolver consistía en determinar si en los períodos fiscales enero de 2010 a octubre de 2011 la Fundación gozaba de la exención en el impuesto al valor agregado por las ventas originadas en su actividad de restaurante en el espacio público ubicado a orillas del rio Negro cuya concesión le fuera adjudicada por la Municipalidad de Viedma. En este orden de ideas, puntualizó que la Fundación es una entidad civil sin fines de lucro que cuenta con personería jurídica, la cual se dedica a actividades educativas y de salud pública, específicamente al correcto uso del agua, el cual constituye uno de los recursos más importantes para la salud pública.
Así las cosas, consideró que si bien la parte actora había obtenido sus ingresos principalmente por los servicios de restaurante, el Fisco Nacional en ningún momento había cuestionado que dichos fondos hubieran tenido un destino diferente al previsto en el estatuto. En concordancia, destacó que la administración había reconocido que la Fundación había cumplido con los fines de su creación y por ende con las actividades correspondientes, aunque no se les había asignado el carácter de educativas o vinculadas a la salud pública que son las que la ley exime de gravamen.
En el voto disidente, el Vocal Martín expresó que no se trataba de un encuadre primario de la efectiva actividad desarrollada por la Fundación, sino que la cuestión debatida era respecto de una actividad secundaria y lejos del objeto de la entidad, pero que se buscaba vincularla o asociarla para que recibiera el mismo trato que la actividad principal.
Ello así, indicó que en la causa bajo analisis la actividad cuestionada no se encontraba relacionada directamente con el objeto de la Fundación, lo cual demostraba que no había un efectivo destino a la actividad principal. De este modo, entendió que no se había logrado demostrar que la Fundación Diario Noticias desarrollara la “actividad salud pública”, que fuera una actividad secundaria, que se tratara de un ingreso relacionado en forma directa con los fines específicos de la Institución y, que se hubiera demostrado el destino de los fondos de la actividad de restaurante. Por lo tanto, concluyó que la parte actora se encontraba al margen tanto del trato diferencial que otorga la Ley N° 16.656 como la prevista en el Artículo 7 inc. h) punto 6 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Asimismo, respecto a la multa aplicada, destacó que la misma debía ser confirmada atento a que se había cumplido con los requisitos del artículo 45 de la Ley N° 11.683.
II. Que, contra aquel pronunciamiento, la parte demandada interpuso recurso de apelación a fs. 214/215 y expresó agravios a fs. 225/235vta., los cuales no merecieron réplica de la contraria.
Asimismo, a fs. 207 la AFIP-DGI apeló la regulación de honorarios efectuada por considerarla elevada.
Así las cosas, la parte demandada en su apelación se agravia con respecto a la decisión de la mayoría de revocar la resolución del organismo fiscal y de la imposición de costas.
CAUSA N° 23460/2022 FUNDACION DIARIO NOTICIAS (TF
46939-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO En este sentido, aduce que a fin de que sea procedente la exención prevista en la Ley N° 16.656, la Fundación debería estar dedicada a la educación, a la asistencia social o a la salud pública.
En concordancia, sostiene que existió arbitrariedad por parte de la mayoría del Tribunal, al evaluar las constancias de la causa así como los testimonios acompañados por la parte actora, ya que la mencionada no logró acreditar que efectivamente realice actividades educativas.
Seguidamente, manifiesta que las actividades que desarrolla la Fundación son de interés social y de la comunidad en general, para la ciudad de Viedma, pero que no se verifica que realice asistencia social ni beneficencia alguna.
También, destaca que la parte actora no declaró como ingresos gravados los provenientes de los servicios de restaurante desde el período enero de 2010, fecha a partir de la cual dio inicio a dicha actividad comercial. Ello así, entiende que no se ajusta a derecho lo resuelto por la mayoría del Tribunal, ya que lo servicios de restaurante y cantina que desarrolla la fundación se encuentran alcanzados por el Impuesto al Valor Agregado según lo establecido en el artículo 3, apartado 1, inciso d, de la Ley N° 16.656.
Por otro lado, hace referencia al voto disidente del Vocal Martín y señala que respecto a la cita que realiza la mayoría del Tribunal del fallo de la Corte Suprema en autos “Club 20 de febrero”, el mismo no resulta aplicable al presente caso en tanto en el precedente individualizado el contribuyente había logrado probar que realizaba una actividad de las previstas en la Ley N° 16.656 para gozar de la exención, circunstancia que no ocurre en el caso. A su vez, en cuanto a los intereses resarcitorios liquidados, expresa que los mismos son procedentes debido a que la parte actora no cumplió con las obligaciones a su cargo, motivo por el cual los mismos deben computarse desde la mora de la mencionada. En cuanto a la sanción del artículo 45 de la Ley N° 11.683, sostiene que la misma es procedente atento a que la parte actora no presentó las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales enero de 2010 a octubre de 2011, omitiendo por lo tanto el ingreso del gravamen en su justa medida. En concordancia, sostiene que la conducta de la actora resulta subsumible en el artículo 45 de la ley de procedimiento fiscal, por verificarse la omisión de ingresar un importe de $80.168,22 por los períodos fiscales 01/2010 a 04/2010; de $366.099,50 por los períodos fiscales 05/2010 a 04/2011 y de $145.743,53 por los períodos fiscales 05/2011 a 10/2011 mediante la falta de presentación de declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado.
Finalmente, se agravia respecto de la imposición de costas, las cuales considera deben recaer sobre la parte actora.
III. Que, de manera preliminar, es necesario advertir que esta Sala no se encuentra obligada a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a consideración de la Alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (confr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus: “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/2008; “Multicanal S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986”, del 21/5/2009; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, del 21/10/2010; “CPACF- Inc Med (2-III-11) c/ BCRA- Comunicación ‘A’ 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/2011; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/ EN- DNM Disp 1207/11 –Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, del 25/8/2011, “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/2014, “Laham, Alberto Elías c/ DGI s/Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/2015; “Araujo Medina Alexander Javier CAUSA N° 23460/2022 FUNDACION DIARIO NOTICIAS (TF 46939-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/2018, “Cochería Tacuarí de Campos y CIA SCA – TF 33923-I c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo De Organismo Externo”, Causa N° 6068/2022, del 1/9/2022; entre otros).
IV. Que cabe recordar que el recurso previsto en el artículo 86 inciso b) de la Ley Nº 11.683 otorga carácter limitado a la revisión de esta Cámara, y que, por principio, queda excluido de ella el juicio del Tribunal Fiscal respecto de los extremos de hecho (confr. Fallos: 300:985, considerando 5; 326:2987, considerando 9; 328:3048, considerando 11; 332:357, considerando 8; 334:249, considerando 7; 336:1668, considerando 8; 338:169, considerando 6; 340:1513, disidencia del Highton de Nolasco y Rosenkrantz, considerando 15; “Tecpetrol SA (TF 27621-1) c/ DGI”, causa CAF 32366/2012/CS1 RO, del 12/9/2017, considerando 11; “Eurnekian, Eduardo (TF 18906-1) c/ DGI”, causa CAF 40457/2012/CS1 RO, del 23/11/2017, considerando 9; “ADM Argentina S.A. c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, causa CAF 29982/2017/1/RH1, del 28/10/2021, apartado III del dictamen fiscal al cual la Corte remite).
Ahora bien, sin perjuicio de ello, tal principio cede no sólo cuando se haya omitido sustanciar o incorporar al proceso determinados hechos o material probatorio conducente para resolver la cuestión en debate, sino ante supuestos de arbitrariedad en la apreciación de aquéllos. Por ello, se ha dicho que el recurso impetrado no da acceso a una instancia ordinaria que haga posible un nuevo pronunciamiento sobre la prueba y sobre la conclusión a la que dicho órgano jurisdiccional hubiera arribado al ponderarla, salvo supuestos de error manifiesto (cfr. esta Sala, in rebus: “CLK SA (TF 36588-I) c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 12.113/2021, del 9/8/2022; “Boccuti, Antonio Miguel c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 5.864/2014, del 6/11/2014; Sala V, in re: “Sullair Argentina S.A. (TF 24732-I) c/ DGI”, Causa Nº 35.379/10, del 21/3/2011).
V. Que, así las cosas, la cuestión a decidir radica en determinar si la Fundación Diario Noticias por las ventas generadas por su actividad de restaurante gozaba de la exención en el Impuesto al Valor Agregado, durante los períodos fiscales enero de 2010 a octubre de 2011.
Ello así, cabe señalar que el artículo 7 de la Ley N° 23.349 establece que “estarán exentas del impuesto establecido por la presente ley, las ventas, las locaciones indicadas en el inciso c) del artículo 3º y las importaciones definitivas que tengan por objeto las cosas muebles incluidas en este artículo y las locaciones y prestaciones comprendidas en el mismo, que se indican a continuación: (…) h) Las prestaciones y locaciones comprendidas en el apartado 21 del inciso e) del artículo 3º, que se indican a continuación: (…) 6) Los servicios prestados por las obras sociales creadas o reconocidas por normas legales nacionales o provinciales, por instituciones, entidades y asociaciones comprendidas en los incisos f), g) y m) del artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1986 y sus modificaciones, por instituciones políticas sin fines de lucro y legalmente reconocidas, y por los colegios y consejos profesionales, cuando tales servicios se relacionen en forma directa con sus fines específicos”.
Asimismo, el artículo 3º de la Ley N° 16.656 dispone lo siguiente incorporó a la Ley Nº 11.682 la siguiente previsión normativa: “Quedan exentas del pago del impuesto a los réditos y de todo otro impuesto nacional las entidades civiles sin fines de lucro con personería jurídica dedicadas a la educación, a la asistencia social y a la salud pública y los inmuebles de su propiedad utilizados para el desarrollo de sus actividades o para la promoción de recursos destinados al cumplimiento de sus fines”.
CAUSA N° 23460/2022 FUNDACION DIARIO NOTICIAS (TF
46939-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO En este orden de ideas, corresponde mencionar que, en el acta constitutiva de la Fundación Diario Noticias se determina que se constituye una entidad de bien público, bajo la forma de una fundación, la cual perseguirá fines de interés científico, deportivo, cultural, social, turístico y, recursos naturales y medioambiente. A su vez, se establece que la misma participará en programas y emprenderá todo tipo de acciones que contribuyan al conocimiento, desarrollo y progreso de la realidad social, política, económica, cultural y medioambiental, tanto en el ámbito regional como nacional y, que fortalecerá y promoverá el desarrollo socioeconómico sustentable de la región con medidas de acción concretas, pudiendo proyectar libremente sus actuaciones a fin de cumplir con su objeto (confr. fs. 3/4).
En este mismo sentido, el Estatuto de la Fundación Diario Noticias en su artículo 2° prevé que: “la Fundación perseguirá fines de interés científico, periodístico, deportivo, cultural, social y turístico relacionado con recursos naturales y medio ambiente (…) Participará en programas y emprenderá todo tipo de acciones que contribuyan al conocimiento, desarrollo y progreso de la realidad social, política, económica, periodística, cultural y medioambiental, tanto en el ámbito regional como nacional. Fortalecerá y promoverá el desarrollo socioeconómico sustentable de la región con medidas de acción concretas. La Fundación, según determine su Patronato, proyectará libremente sus actuaciones en la forma que considere más adecuada para el cumplimiento de su objeto y fines antes expresados. A la consecución de estos fines se encaminarán los planes de actuación y programas específicos que se emprendan por decisión del Patronato. Pueden consistir en acciones directas de la Fundación o en su participación en programas y acciones impulsadas por terceros. La Fundación proyectará su acción sobre la comunidad científica, periodística, deportiva, cultural, educativa y productiva en general” (confr. fs. 6/11).
VI. Que, así las cosas, resulta pertinente recordar que las exenciones impositivas deben resultar de la letra de la ley, de la indudable intención del legislador o de la necesaria implicancia de las normas que las establezcan, y fuera de esos casos corresponde la interpretación estricta de las cláusulas respectivas, que debe practicarse teniendo en cuenta el contexto general de las leyes y los fines que las informan, ya que la primera regla de interpretación es dar pleno efecto a la intención del legislador (confr. CSJN, Fallos 312:529, en igual sentido, esta Sala, in re: “Asociación Mendocina de Anestesiología (TF 22507-I) c/ DGI s/ Apelación”, Causa N° 17.896/2013, del 27/12/2013; y, ésta Cámara, Sala II, in re: “Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A. (T.F.: 4890-A)”, Causa N° 25.650, del 16/11/1995).
En concordancia, no puede perderse de vista que surge claramente de la letra de la ley que solamente se encuentran exentas del Impuesto al Valor Agradado aquellas entidades civiles sin fines de lucro cuya actividad este destinada a la educación, a la asistencia social y, a la salud pública (confr. artículo 3º de la Ley N° 16.656).
VII. Que, por lo tanto, a fin de determinar si la parte actora se encuentra exenta del pago del Impuesto al Valor Agregado, corresponde comprobar si la misma desarrolla actividades educativas, de asistencia social y/o de salud pública.
Así las cosas, es dable destacar que el Tribunal Fiscal –por mayoría– consideró que la Fundación realizaba actividades vinculadas a la educación sobre la importancia del uso correcto del agua y del medioambiente, por lo que se encontraba exenta del impuesto en cuestión.
CAUSA N° 23460/2022 FUNDACION DIARIO NOTICIAS (TF
46939-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Sin embargo, no surge expresamente del acta constitutiva ni del estatuto de la Fundación Diario Noticias que la misma tuviera por objeto la educación, la asistencia social y/o la salud pública. Por el contrario, en aquellos se determina que los fines de la Fundación son de interés científico, deportivo, cultural, social, turístico, de recursos naturales y medioambiente (confr. fs. 3/4 y 6/11).
Asimismo, la prueba aportada en el expediente administrativo no acredita que la actividad del restaurante de la Fundación tenga por objeto la educación, la asistencia social y/o la salud pública, por lo que pueda encontrarse exenta del pago del Impuesto al Valor Agregado.
En este orden de ideas, cabe señalar que a fs. 49/51 de las actuaciones administrativas n° 11454-88-2012 obra copia de la página web de la parte actora, en la cual se detalla la realización de una carrera internacional de aguas abiertas y se señala que “la realización de este evento no tiene fines de lucro, lo organiza la Fundación y un grupo de vecino comprometidos con el río, la ciudad, el deporte y con educar para generar conciencia sobre el cuidado del agua del río, creando una ‘Cultura del Agua’ que propicie en la sociedad el cuidado y uso responsable del agua para garantizar la sustentabilidad del recurso en la Patagonia”. A su vez, a fs. 68 consta copia de una noticia periodística mediante la cual se señala que “la Fundación Diario Noticias, en tanto Organizador de La Patagones Viedma, tiene entre sus metas formar conciencia en la población obre la valoración, cuidado y conservación del río como el más importante patrimonio natural de la región y, al mismo tiempo, estimular el aprendizaje de la natación y contribuir al desarrollo de los deportes acuáticos”.
También, a fs. 63/72 del expediente bajo análisis obran copias de diversas declaraciones testimoniales, mediante a las cuales se pretende acreditar que la Fundación tiene como objeto la educación.
No obstante, no puede perderse de vista que no solo dicho objeto no surge ni del acta constitutiva ni del estatuto de la parte actora. Además, la prueba producida en las actuaciones administrativas citadas en los párrafos que anteceden, de modo alguno demuestran que la actividad llevada a cabo por la Fundación a través del restaurante tenga por objeto la educación, la asistencia social y/o la salud pública.
Por lo tanto, cabe concluir que la actividad llevada a cabo por la Fundación Diario Noticias a través del restaurante no está incluida en la exención del artículo 3, inciso d, de la Ley N° 16.656.
VIII. Que, por otro lado, cabe precisar que no es aplicable al caso la doctrina de la Corte Suprema sentada en el precedente registrado en Fallos: 329:4007 “Club 20 de Febrero c/ Estado Nacional y/o AFIP s/ acción meramente declarativa - medida cautelar”, del 26/9/2006. En efecto, en aquel caso la Corte señaló que “… se encuentra fuera de discusión que el Club 20 de Febrero es una entidad civil sin fines de lucro, con personería jurídica, dedicada a la asistencia social. Al ser ello así, cabe concluir que la mencionada entidad se encuentra exenta de tributar dicho gravamen por los servicios de bar, restaurante, cantina, salón de té, confitería prestados en su sede social, así como por la locación de sus salones” (considerando 8°).
Conforme se desprende de la doctrina de la Corte, para poder –en este caso la Fundación– eximirse del gravamen, debe tener por objeto alguno de los supuestos previstos en el artículo 3, inciso d), de la Ley N° 16.656, es decir debe tener por fin la educación, la asistencia social y/o la salud pública. Sin embargo, tal y como se determinó en los párrafos precedentes, la parte actora no logró demostrar que la actividad del restaurante –por el cual la CAUSA N° 23460/2022 FUNDACION DIARIO NOTICIAS (TF 46939-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO demandada determinó de oficio su obligación en el Impuesto al Valor Agregado– fuera alguna de las previstas en la normativa.
De lo expuesto, se advierte que la doctrina de la Corte Suprema no resulta aplicable al caso, atento a que no se encuentra debidamente acreditado que la actividad de la Fundación Diario Noticias, tuviera por objeto la educación, la asistencia social y/o la salud pública.
Por todo lo expuesto, corresponde revocar la resolución del Tribunal Fiscal de la Nación que arribó a una solución opuesta en éste punto, y confirmar la Resolución N° 75/2016 de la Jefa (int.) de la Sección Determinaciones de Oficio a Cargo de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Neuquén de la DGI en cuanto determinó de oficio el Impuesto al Valor Agregado de los períodos enero de 2010 a octubre de 2011 y estableció el saldo a ingresar en concepto de gravamen con mas intereses resarcitorios.
IX. Que, en relación con la multa impuesta en la Resolución N° 75/2016 de la AFIP-DGI por la infracción al artículo 45 de la Ley N° 11.683, corresponde su revocación, toda vez que las particularidades de la causa permiten encuadrar la conducta del contribuyente en un error excusable.
En este sentido, cabe señalar que el artículo 45 de la Ley N° 11.683 establece: “el que omitiere el pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas, será sancionado con una multa graduable entre el cincuenta por ciento (50%) y el ciento por ciento (100%) del gravamen dejado de pagar, retener o percibir oportunamente, siempre que no corresponda la aplicación del artículo 46 y en tanto no exista error excusable”.
En concordancia, esta Cámara tiene dicho que “son causales de error excusable como eximente de culpabilidad los errores de interpretación de las leyes, las confusiones derivadas de fallos contradictorios y la mala redacción de sus disposiciones” (confr. esta Sala, in re: “Asociación Mendocina de Anestesiología (TF 22507-I)”, ya citado; y Sala V, in re: “Coviares S.A. (T.F. 15.647-I) c/D.G.I.”, Causa N° 25.420/00, del 4/3/2002). También, se sostuvo que el error excusable forma parte integrante del elemento subjetivo de la figura del artículo 45 de la Ley N° 11.683, la que no requiere para su constatación una prueba directa en cuanto a lo que el presunto infractor pudo haber interpretado en relación a las normas en juego. La excusabilidad del error, aun cuando no es un hecho externo a la persona, es una circunstancia que surge de la confrontación de las normas en juego y es esa valoración que puede llevar al juzgador a excusar la conducta del imputado (confr. Sala IV, “Ecohabitat SA (TF 22039-I) c/ D.G.I.”, Causa N° 32.047/04, del 7/5/2009).
Asimismo, esta Cámara ha exigido que “para que proceda el error excusable en la presentación de la declaración jurada —que de ser verificado importaría una causal eximente de la sanción a tenor de los términos en que viene redactado el art. 45 de la ley 11.683—, dicho error debe ser probado y, además, invocado en forma (no genérica), lo cual no ocurrió en el caso” (confr. Sala II, in re: “Microcomp S.A. (TF 20327-I) c/ DGI”, Causa N° 31.370/06, del 25/2/2010).
De conformidad con todo lo señalado, corresponde puntualizar que, para el caso que se confirmara la determinación del Impuesto al Valor Agregado, la parte actora invocó y fundó en su recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación la existencia de un error excusable sobre la materia (confr. fs. 150/151).
Ello así, cabe entender que la calidad de entidad inscripta ante la AFIP como exenta del Impuesto al Valor Agregado, según el artículo 7, inciso h), punto 6 de la Ley N° 23.349, pudo razonablemente hacerle interpretar a la parte actora ésta norma en el CAUSA N° 23460/2022 FUNDACION DIARIO NOTICIAS (TF 46939-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO sentido de que dicha exención abarcaba también los ingresos provenientes de la actividad del restaurante. Ello así, teniendo en cuenta que para determinar si un servicio está exento del Impuesto al Valor Agregado, el artículo 7, inciso h), punto 6 de la Ley N° 23.349 en los términos en que está redactado (“cuando tales servicios se relacionen en forma directa con sus fines específicos”) exige al operador jurídico efectuar valoraciones de circunstancias de hecho – confrontar el servicio con los fines de la entidad– que, en estos autos, bien pudieron hacerle creer a la parte actora que su servicio de restaurante estaba exenta, incurriendo así en un error excusable (confr. esta Sala in re: “Asociación Mendocina de Anestesiología (TF 22507- I)”, ya citado).
X. Que, en relación a las costas del proceso, cabe recordar que el principio general que rige en materia de costas dispone que la parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiese solicitado (artículo 68, primer párrafo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
De este modo, como pauta general, la norma mencionada consagra el principio rector en materia de costas, el cual encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota (confr. CSJN, Fallos: 323:3115; 325:3467), a través del cual se busca una reparación de los gastos necesarios efectuados por la parte que ha resultado vencedora en el pleito tendientes al reconocimiento de su derecho (confr. esta Sala, in rebus: “Gutkowski, Osvaldo Arturo c/ EN-AFIP s/ Dirección General Impositiva”, Causa N° 24937/2019, del 30/9/2022; “Fontana Nicastro SA de Contrucciones c/ EN-DNV s/ Proceso de conocimiento”, Causa Nº 37.283/2013, del 9/4/2019; “Cooperativa Telefónica de Grand Bourg y Pablo Nogues Serv. Publ. Urbanización y Serv. Soc. Asisitltda c/ EN-ENACOM s/ Proceso de Conocimiento”, Causa N° 15981/2017, del 17/2/2021; Sala II, in rebus: “September S.A. c/ Edesur S.A. - Resol. 997/06 s/ expropiación - servidumbre administrativa”, del 29/12/2010; “Pistorio, Adrián Alejandro c/ Mº Interior - P.F.A. s/ personal militar y civil de las FF.AA. y de Seg.”, del 2/10/2012; “Carranza Zavalía, José María c/ E.N. - Mº Defensa - E.M.G.E. s/ personal militar y civil de las FF.AA. y de Seg.”, del 20/12/2012; entre otros).
Sin embargo, debe destacarse que es posible reconocer excepciones a la regla del artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en las condiciones que se establecen en el segundo párrafo de la mentada norma, al facultarse a los jueces a eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, por decisión fundada (confr. CSJN, Fallos: 311:809 y 317:1640, entre otros), si se comprueba que el tema debatido en el juicio es discutible y de singular complejidad (confr. CSJN, Fallos 280:176, considerando 14 de la mayoría y 17 de la disidencia) o la cuestión es novedosa de tal modo que todo ello haya podido generar en la parte la creencia de que su pretensión era, al menos, opinable (confr. esta Sala, in rebus: “Juarez Cubillas Fernando c/ EN - M Justicia y otros s/ Daños y Perjuicios”, Causa Nº 39.646/2009, del 26/2/2019; “Paglilla, Alberto Mario c/ Gesualdi Dora Mariana y otros s/ Daños y Perjuicios”, Causa Nº 40976/13, del 14/6/2018; “Morales Silvia Mónica c/ EN – PEN – AFIP – Resol 3212/11 s/ amparo Ley 16.986”, Causa Nº 30.272/12, del 20/12/2012; y “Fontana Nicastro SA de Contrucciones”, ya citado).
Así las cosas, si bien la norma otorga al juez un margen de arbitrio, sólo se debe eximir de costas sobre la base de circunstancias objetivas y muy fundadas, ya que de acordarse con laxitud, la vencida resultaría ser en verdad una parcial vencedora, al imponer a la triunfante el sacrificio patrimonial constituido por el costo de la defensa de quien se vio obligado a litigar (confr. FENOCHIETTO, Carlos E. – ARAZI, Roland, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado con el Código CAUSA N° 23460/2022 FUNDACION DIARIO NOTICIAS (TF 46939-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, 2º ed. Actualizada, Astrea, Buenos Aires, 1993, t. I, pág. 279).
Es que al decidir cómo distribuir las costas, no puede perderse de vista que el triunfo en el tema central alrededor del cual giró la controversia debe reflejarse en la imposición de las costas, pues no se trata de castigar al perdedor sino de cargar al vencido las erogaciones que debió realizar su contraria (confr. CSJN, Fallos: 322:1.888; esta Sala, in re: “Fontana Nicastro SA de Contrucciones”, ya citado; Sala II, in re: “Tello, Néstor Oscar c/ Armada Argentina s/ personal militar y civil de las FF.AA. y de Seg.”, del 26/5/2011). En la especie, corresponde imponer las costas en el orden causado, debido a que teniendo en cuenta las particularidades y complejidad del caso, la parte perdidosa pudo actuar sobre la base de una convicción razonable acerca del derecho pretendido, lo que constituye una razón fundada para apartarse del principio general establecido en el artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (confr. esta Sala, in re: “Asociación Mendocina de Anestesiología (TF 22507-I)”, ya citado; y, en igual sentido, esta Cámara, Sala II, in re: “Guerrin, Miguel Alberto c/ U.B.A. s/ nulidad de resolución”, del 18/2/1993).
XI. Que, en atención a las particularidades del caso, las costas de Alzada también han de imponerse en el orden causado (confr. artículos 68, segundo párrafo, y 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Por las razones expuestas se RESUELVE: (i)
revocar la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación y, en consecuencia, confirmar la Resolución N° 75/2016 dictada por la Jefa (int.) de la Sección Determinaciones de Oficio a Cargo de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Neuquén de la DGI en cuanto determinó de oficio el Impuesto al Valor Agregado de los períodos enero de 2010 a octubre de 2011 y estableció el saldo a ingresar en concepto de gravamen con mas intereses resarcitorios, y revocarla en cuanto aplicó una multa; (ii) imponer las costas de ambas instancias por su orden (artículos 68, segundo párrafo, y 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación); y (iii) dejar sin efecto la regulación de los honorarios practicada en el punto resolutivo 2° de la sentencia apelada (confr. artículo 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) y declarar inoficioso emitir pronunciamiento respecto de la apelación “por altos”, interpuesta por la parte demandada.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNANDEZ CARLOS MANUEL GRECCO
Fin de la sentencia