Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 29.658-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución N°186/2010, dictada en las actuaciones N° 12424-81-2006 por el Sr. Administrador de la Aduana de San Juan.
2Costas a la vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-20363777-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 24 de Febrero de 2023 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados: “FUNDACIÓN HORIZONTE c/ D.G.A. s/recurso de apelación”, expediente Nº 29.658-A, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. A fs. 90/99, se presenta la firma Fundación Horizonte e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 186/2010, dictada en las actuaciones N° 12424-81-2006 por el Sr. Administrador de la Aduana de San Juan, mediante la cual se la intima a abonar la suma de $130.233,13 en concepto de multa y $130.233,13 en concepto de tributos por encontrarse incursa en la infracción tipificada por el art. 965, inc. b) del CA, con el fundamento de no haber cumplido con la condición que motivó el otorgamiento de la exención tributaria. Plantea la nulidad del procedimiento administrativo al considerar que existió una violación a las garantías del debido proceso y la defensa en juicio. Ello, por cuanto el servicio aduanero clausuró la etapa del período probatorio y, con posterioridad a los alegatos presentados por la firma, produjo nueva prueba y la adjuntó a las actuaciones.
Destaca que la aduana omitió pronunciarse al momento de resolver respecto de prueba acompañada a las actuaciones y de incongruencias detectadas en el procedimiento. Cita la Disposición 49/98 como normativa aplicable al caso y efectúa una serie de consideraciones con relación a la misma. Explica que la fundación es beneficiaria de la exención tributaria prevista en el art. 17 de la Ley 23.871, relativa a la importación para consumo de mercaderías en carácter de donación. Expresa que el cumplimiento del régimen de comprobación de destino que se le imputa solamente procede cuando el donante haya condicionado la donación a un uso determinado de la mercadería por el plazo que expresamente contare en el certificado de donación, lo cual no ocurrió en el caso de marras.
Menciona que el donante extranjero no puso esa condición y que requerirla más allá de lo que la norma específica requiere es ilegal, arbitrario y atenta contra el propio sistema legal diseñado al respecto. Advierte que la fundación cumplimentó todas las normas requeridas por parte de la Administración de Aduanas, citando la Resolución N° 14/2005, mediante la cual la aduana levantó la medida de interdicción sin derecho a uso que pesaba sobre la mercadería en cuestión atento a que la firma había cumplimentado la totalidad de los requerimientos aduaneros solicitados. Establece que todo se debe a un error interpretativo que fue cometido por la misma aduana en sumarios administrativos previos, donde se estableció que el estampillado se había dispuesto como condición previa a la disposición, en virtud del destino de la mercadería que el imputado había manifestado, la cual sería la comercialización, y que esta no se relacionaba con la exención de los impuestos aduaneros, la que correspondía según las actuaciones administrativas acompañadas.
En dicha Resolución, se continuó diciendo que la conducta reprochada era la donación, y no la venta de la mercadería interdicta, siendo que la donación no se enmarca en la condición de estampillado, y por ello tampoco encuadra en la conducta prohibida al imputado. Se agravia al entender que la sanción impuesta se basa en suposiciones sin fundamentación, ya que la mercadería fue donada en vez de haber sido comercializada como la firma lo había declarado. Impugna la multa y los tributos reclamados. Finalmente ofrece prueba y solicita se revoque la Resolución.
II. A fs. 111/120, el representante del organismo fiscal solicita el rechazo de la apelación planteada por la actora. Hace una breve reseña de los hechos. Luego de efectuar una negativa genérica, menciona que la firma utilizó un beneficio en forma indebida, ya que, en virtud de haberse comprometido a “comercializar” las mercaderías importadas, se le permitió gozar de la exención de las exigencias tributarias otorgadas a las fundaciones sin fines de lucro, y posteriormente se comprobó que se había donado gran parte de la mercadería a la Asociación Argentina Natural, desviando así a la mercadería de su destino final declarado. Explica que la Asociación Argentina Natural, receptora de la mayor parte de la mercadería importada, no tiene ningún tipo de documentación que avale y/o prueba la recepción, como tampoco documentos que puedan probar su posterior entrega a entidades que recibieron la mercadería. Establece que las infracciones revisten un carácter objetivo, es decir, que acreditados los extremos requeridos por la norma, se tiene por configurada la infracción, sin que sea necesario considerar el elemento culposo. Concluye al decir que se pudo verificar que la entidad investigada efectuó operaciones de importación con fines de donación, destinando las mercaderías hacia otros puntos del país, sin que se haya cumplido con el destino comprometido por la mercadería y sin que se haya producido su distribución para lugares carenciados dentro del ámbito provincial, por lo que la firma incumplió con las obligaciones que condicionaron el otorgamiento del régimen previsto en la Disposición N° 49/98. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se rechace la apelación interpuesta, con costas.
III. De lo expuesto, corresponde examinar como primera cuestión el planteo de nulidad opuesto por la apelante, fundamentado en la violación de la garantía del debido proceso y la defensa en juicio. Al respecto, es dable recordar que la admisión de la prueba en instancia de apelación resulta ser compatible y adecuada en aras de la seguridad jurídica y la legalidad, preservando la integridad del derecho de defensa en juicio previsto por los arts. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siendo que, en tal sentido, siempre se deben aplicar, en debida forma, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 CN). De ello se desprende que la actora ha tenido en esta instancia amplia posibilidad de defender sus derechos y solicitar las pruebas que considerara de su interés, sin haber hecho uso de dichas facultades. Al haber existido la posibilidad de subsanar esa restricción ante este Tribunal, la nulidad planteada por la apelante no puede prosperar.
IV. Sentado lo anterior, la cuestión de fondo a resolver radica en decidir si la sindicada como responsable ha cometido la infracción prevista en el art. 965, inc. b) del CA. Para ello, debemos remitirnos en primer lugar a la normativa aquí cuestionada. La Disposición N° 49/98, en cuanto regula la importación de mercaderías en carácter de donación con la exención tributaria prevista en la Ley 23.871, establece que el servicio aduanero requerirá el cumplimiento del régimen de comprobación de destino únicamente cuando el donante haya condicionado la donación a un uso determinado de la mercadería por un plazo que expresamente constare en el certificado de donación o, de no haberse establecido, durante un plazo de tres (3) años previstos en el art. 672 del CA.
De la compulsa de las actuaciones no parece estar controvertido que dicho requisito no se encuentra cumplido en autos, ya que el donante (la empresa Vesser LTDA, proveniente de Chile) no estableció ningún uso específico para la mercadería en trato. Queda entonces claro que la firma actuó dentro del marco legal vigente a la fecha de la operación realizada, teniendo en cuenta que la comprobación de destino instada por el servicio aduanero carecía de validez al no ajustarse a la normativa aplicable. Contrariamente a lo mencionado ut supra, la Resolución obrante a fs. 66 establece que, dado que la firma declaró que el destino de la mercadería sería para su comercialización, correspondía generar una orden de intervención a los efectos que la Sección Fiscalización Externa realice la correspondiente comprobación de destino de la mercadería, poniendo énfasis en controlar la correcta emisión de comprobantes y registración conforme a normas vigentes, para el caso de venta en el mercado interno.
Ello, a los fines de realizar constataciones para verificar la veracidad de las ventas declaradas y constatar que el producido de las ventas haya sido destinado a algún fin inherente al objeto social de la fundación o que las utilidades no hayan sido distribuidas, conforme el estatuto social de la firma. Dicha intervención excedía totalmente las facultades del servicio aduanero, teniendo en cuenta que la Disposición N° 49/98 establecía claramente los requisitos a ser cumplidos para exigir a la apelante la comprobación de destino de la mercadería donada. Más aún, teniendo en cuenta la naturaleza penal de las infracciones aduaneras, a los efectos de la condena, deben existir necesariamente los hechos constitutivos de la infracción que conforman el tipo infraccional, no pudiendo reprimirse meras sospechas, como se intenta en el presente caso.
Por todo lo esbozado precedentemente, considero que no se encuentran reunidos los elementos en la causa que acrediten la configuración de la infracción tipificada en el art. 965 inc. b), que se le imputa a la actora, por lo que corresponde revocar la Resolución apelada.
Por todo ello, voto por:
1. Revocar la Resolución N°186/2010, dictada en las actuaciones N° 12424-81-2006 por el Sr. Administrador de la Aduana de San Juan.
2. Costas a la vencida.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE
1. Revocar la Resolución N°186/2010, dictada en las actuaciones N° 12424-81-2006 por el Sr. Administrador de la Aduana de San Juan.
2. Costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2023.02.23 16:42:12 ART Date: 2023.02.23 22:37:37 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.02.24 11:43:16 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.02.24 11:43:50 -03:00
Fin de la sentencia