Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 24444-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, dejar sin efecto la sentencia apelada, y reenviar las actuaciones a fin de que se dicte un nuevo Alta en sistema: 29/12/2023 pronunciamiento en los términos del artículo 86, inciso b, de la ley 11.683, con costas al vencido (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nacion) 2) Dejar sin efecto la regulación de honorarios de fs. 1187 y vta. y declarar inoficioso el tratamiento de los recursos de apelación interpuestos contra las regulaciones de honorarios. 3) Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
14105/2022 FUNDACION SCHAPIRE EDITOR (TF 24444-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de diciembre de 2023.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que a fs. 1092/1100, el 27 de agosto de 2019, la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Fundación Schapire Editor y confirmó parcialmente las resoluciones n° 361/04, 362/04, 361/05, 362/05, 320/06, 321/06, 322/06 y 72/06 dictadas por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Palermo de la AFIP-DGI, mediante las cuales se había determinado de oficio el Impuesto a las Ganancias, el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, relativos a diversos períodos fiscales, así como también se habían aplicado las multas respectivas (cfr. fs. 1092 y vta.). Concretamente, revocó “los cargos vinculados al pago de alquileres y gastos de producción de Cablevisión”. Impuso las costas conforme los respectivos vencimientos.
En primer término efectuó una reseña de las consideraciones expuestas en los Informes Finales de Inspección.
Destacó que allí se había indicado que la contribuyente es una fundación creada en el año 1986, dedicada según sus estatutos a la promoción de actividades deportivas, culturales y artísticas, cuyos cierres de ejercicio estaban fijados para el mes de diciembre de cada año. Se había indicado que, si bien aquella era sujeto pasivo del Impuesto a las Ganancias, del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, no había presentado declaraciones juradas al considerarse eximida, en virtud de un reconocimiento exentivo, dentro de las previsiones del artículo 20, inciso f) de la Ley de Impuesto a las Ganancias, vigente desde el 29 de julio de 1986 hasta el 31 de diciembre de 1991 , cuyo reconocimiento y renovación le habían sido denegados.
Hizo referencia al objeto expresado en los estatutos de la Fundación, al origen de los fondos que conforman su patrimonio, así como también a las actividades y los ingresos registrados por aquélla. Con base en tales elementos, señaló que se había concluido en sede administrativa que los fondos de la Fundación se originaban en la venta de libros y publicaciones en una pequeña proporción y en las prestaciones de servicios de publicidad de empresas, anuncios y promociones de productos y canjes de publicidad emitidos en sus programas televisivos por señal de cable. En lo relativo a los egresos registrados en sus balances señaló que, según el informe final de Alta en sistema: 29/12/2023 inspección, se trataba de “gastos generales de administración o gastos específicos según el objeto de la fundación, advirtiéndose que éstos últimos responden en realidad a los servicios de publicidad que presta en sus distintos programas televisivos, por ende ajenos a los fines de bien común que dice promover en sus estatutos”.
Refirió que el Fisco había considerado que “se trata[ba] de una empresa de carácter negocial que debería utilizar para su funcionamiento una figura jurídica acorde a sus características, en lugar de la forma adoptada…”.
Indicó que, por tales razones, habían sido impugnadas las registraciones contables y se había determinado la materia imponible de los impuestos, dado que “el ente fiscal entendió que la actividad –prestación de servicios de publicidad- se encontraba alcanzada [por] el Impuesto a las Ganancias y [por el] Impuesto al Valor Agregado, correspondiendo también el ingreso del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta”.
Posteriormente, hizo referencia a que, con anterioridad a que se diera trámite al procedimiento de determinación de oficio precedentemente referido, le había sido denegado a la Fundación el reconocimiento de la exención mediante la Resolución n° 66/02 (DV PRR1), que fue confirmada por la Resolución n° 157/04 (DI RPAL). Contra tales resoluciones, la contribuyente había recurrido ante la justicia federal, circunstancia que dio lugar al inicio de la causa n° 16.063/04, caratulada “Fundación Schapire Editor c/AFIP-DGI s/DGI”, que había tramitado ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal n° 5, Secretaría n° 9 y; luego, ante la Sala IV de esta Cámara que, el 15 de mayo de 2014, hizo lugar al recurso de la Fundación, revocó la sentencia de la anterior instancia, hizo lugar a la demanda y declaró la nulidad de las Resoluciones n° 157/04 y 66/02, denegatorias de la exención. Puso énfasis en que la referida Sala “abordó únicamente una de las varias inconsistencias que según el Fisco se verifican en torno al comportamiento fiscal de la fundación (…) el cargo tratado por la Alzada se refiere a los pagos de alquileres realizados con motivo del inmueble ubicado en la calle Montevideo de esta Ciudad, respecto del cual convalidó lo sostenido por la recurrente en cuanto a que el mismo pertenece en un 70% a la entidad y el 30% restante al fundador, siendo por lo tanto procedentes los gastos de alquiler”. Además, también consideró que debía ser revocada la medida de las determinaciones relacionada con los gastos de “producción Cablevisión”, de conformidad con lo resuelto por la Sala IV de esta Cámara en la causa n° 16.063/04. Por ello, consideró que correspondía dejar sin efecto las resoluciones apeladas ante ese Tribunal, en lo relativo a esos aspectos.
Alta en sistema: 29/12/2023 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V En la sentencia aquí apelada, la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, afirmó que si bien mediante la sentencia dictada por la Sala IV de esta Cámara se habían dejado sin efecto las Resoluciones n° 66/02 y 157 /04, lo cierto es que se había efectuado un examen parcial de las razones expresadas por el Fisco al tiempo de denegar el tratamiento exentivo. Por ello, consideró que correspondía examinar las demás irregularidades que motivaron las resoluciones administrativas apeladas ante ese Tribunal Fiscal, ya que no habían recibido tratamiento específico por el tribunal de alzada en la causa previamente referida.
Al respecto, señaló que los diferentes agravios planteados por la parte actora, junto con las constancias documentales y demás prueba debían ser examinados a la luz de las normas del Impuesto a las Ganancias que permiten la deducción de gastos y reiteró que el ente fiscal había cuestionado el hecho de que la Fundación no hubiera declarado los ingresos originados en la prestación de servicios de publicidad. En particular, expresó que, según lo expuesto por el organismo recaudador en las resoluciones administrativas impugnadas, no se había dado la debida registración a tres automóviles en tanto la contribuyente expresó que le fueron donados y aquello no se había acreditado; no se había amortizado debidamente la compra de una cámara de video por un valor de 3.550 pesos sino que la contribuyente la había deducido en el mismo año de adquisición sin acompañar, además, la factura correspondiente; había sido impugnada la cuenta “deudores incobrables” ya que no se aportó documentación que acreditara que se cumpliera con los índices de incobrabilidad previstos; cuestionó que los comprobantes de retiro de fondos hayan estado a nombre del señor Schapire y no de la Fundación y que aquél no tuviera declarada otra fuente de ingresos diferente; se cuestionó además la cuenta gastos de farmacia en la medida en que se consideró que se trataba de gastos personales del señor Schapire; se cuestionó también que los comprobantes relativos a gastos de viaje hayan sido emitidos a nombre de terceros y no de la fundación; fueron reprochados los honorarios profesionales ya que no resultaba con claridad la tarea realizada ni la asignación a determinado programa televisivo y; finalmente, había considerado que la contribuyente no pudo justificar los gastos de “producción Cablevisión”.
Con base en tales consideraciones, la Sala D del Tribunal Fiscal concluyó que la recurrente carecía de una contabilidad ordenada y que la documentación acompañada durante la etapa de inspección “no reflejaba de manera fidedigna sus operaciones, sin que tampoco ante esta instancia haya incorporado nuevos elementos de prueba (…) que permitan efectuar un nuevo análisis al ya realizado por el ente fiscal”. En tal sentido, agregó que no bastaba lo expresado por la parte actora en orden a que se Alta en sistema: 29/12/2023 trataba de una entidad exenta, en la medida en que no se habían aportado elementos que permitieran desvirtuar las conclusiones del organismo fiscal, de modo que correspondía confirmar las determinaciones de oficio practicadas respecto del Impuesto a las Ganancias, a excepción del cargo vinculado con el pago de alquileres y gastos de “producción Cablevisión” de conformidad con lo resuelto por la Sala IV de esta Cámara en la causa n° 16.063/04, ya que aún habiendo contado formalmente con el reconocimiento exentivo, no cumplía con lo establecido en el artículo 20, inciso f) de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Posteriormente, hizo referencia a que el Fisco había considerado que la firma actora se hallaba obligada al pago del Impuesto al Valor Agregado como consecuencia de sus actividades como prestadora de servicios de publicidad, con fundamento en lo establecido en el artículo 3, punto 21, inciso j) de la ley de ese impuesto y que no había presentado las declaraciones correspondientes. Finalmente, y en la medida en que los agravios propuestos por la parte eran coincidentes con los expresados respecto del Impuesto a las Ganancias, es decir, que no se hallaba obligada al pago de ese impuesto, por estar exenta en su condición de Fundación, concluyó que no tenía virtualidad para descartar que se le exigiera el pago del Impuesto al Valor Agregado en la medida en que se había acreditado que presta servicios de publicidad y que percibe ingresos por dicha actividad.
Con relación al Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, concluyó que en la medida en que se había configurado el hecho imponible, resultaba adecuado que se le exigiera, al haberse omitido su pago. Como consecuencia, de todo lo expuesto, confirmó las determinaciones del Impuesto a las Ganancias, del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta y sus respectivos intereses, excepto en lo relativo al cargo vinculado con el pago de alquileres y gastos de “producción Cablevisión”, que revocó, con fundamento en lo resuelto por la Sala IV de esta Cámara.
Con relación a las multas que le fueron exigidas en los términos de lo establecido en los artículos 46 y 47 inciso e) de la Ley 11.683, concluyó que en la medida en que la contribuyente no había demostrado la ausencia del elemento subjetivo, al haber quedado acreditado que hizo valer una forma jurídica inadecuada a la práctica comercial que desarrollaba y ocultado la realidad económica, debían ser confirmadas.
Con relación a las multas fijadas en los términos de lo establecido en el artículo 45 de la Ley 11.683, destacó que en el caso se hallaba acreditada la omisión de pago de los impuestos, de manera que debían ser confirmadas dado que la parte actora no había invocado ninguna circunstancia que permitiera eximirla de dicho pago.
Alta en sistema: 29/12/2023 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Asimismo, a fs. 1187 y vta. fueron regulados los honorarios del Fisco, en la suma de 411.092 pesos por las actuaciones cumplidas en el carácter de patrocinante y en la suma de 164.437 pesos por las actuaciones como apoderado, respecto a las dos primeras etapas del pleito. Asimismo, fijó los honorarios relativos a la tercera etapa en 48,17 UMAs y 19,27 UMAs, por la actuación como patrocinante y apoderado del Fisco, respectivamente.
Por otra parte, fijó los honorarios relativos a las excepciones de previo y especial pronunciamiento, en 26.444 pesos y 10.578 pesos, por las actuaciones cumplidas por el patrocinio y apoderamiento del Fisco, respectivamente.
Aclaró que los referidos honorarios se hallaban a cargo de la parte actora, de conformidad con la manera en que fueron impuestas las costas.
Además, reguló los honorarios de la perito contadora Ana María Machuca en 2.000 pesos a cargo de la parte actora.
II. Que, contra esa sentencia, la parte actora apeló y fundó su recurso a fs. 1157/1173, que fue replicado a fs. 1210/1216. A fs. 1191 el Fisco apeló los honorarios regulados a su favor al considerarlos bajos y; por su parte, a fs. 1194, la actora apeló los honorarios fijados en favor del Fisco y de la perito, por considerarlos altos. La actora se agravia, fundamentalmente, de que el Tribunal Fiscal se haya apartado de lo resuelto en la causa n° 16.063/2004, caratulada “Fundación Schapire Editor c/AFIP-DGI s/DGI”, en el marco de la cual el 14 de mayo de 2014 la Sala IV de esta Cámara había declarado la nulidad de las resoluciones n° 66/02 (DV PRR1) y 157/04 (DI RPAL) mediante las cuales el organismo fiscal le había denegado a su parte la exención y sobre la base de las cuales la demandada había iniciado los procedimientos de determinación de oficio que culminaron con el dictado de las resoluciones apeladas en la presente causa. Afirma que tanto en la orden de intervención n° 584.525/4 como en las resoluciones determinativas se hizo referencia expresa a la existencia de dicha causa y; además, de los propios términos de las resoluciones apeladas resulta que se examinaron las mismas irregularidades que motivaron oportunamente la denegación de la renovación del certificado de exención y que; destaca, fueron declaradas nulas.
Repasa los diferentes aspectos que fueron considerados por el organismo fiscal al tiempo de denegar el reconocimiento exentivo, para poner de manifiesto que lo controvertido en la presente causa coincide con el objeto procesal ya controvertido y resuelto en la causa n° 16.063 /04, caratulada “Fundación Schapire Editor c/AFIP-DGI s/DGI”. Destaca que, en Alta en sistema: 29/12/2023 la sentencia dictada en la primera instancia, del 16 de abril de 2013, fueron examinadas las presuntas irregularidades respecto de las cuales se expresó “…que el fin de utilidad social que la norma exige para otorgar la exención impositiva de que se trata se encuentra cumplido, y que la pericia contable probó que la Fundación posee registrados ingresos y gastos relacionados con su objeto social (segundo párrafo, primera parte); que los aportes y participaciones para proyectos fundacionales, efectuados por distintas empresas –analizados por el perito- se aplican a la producción de sus programas televisivos y a la venta de libros, donaciones recibidas y canje publicitario, y que la impugnación de la AFIP relativa a la carencia de documentación de respaldo es refutada por el experto en forma concluyente cuando destaca que ‘los estados contables correspondientes a los ejercicios 1993 a 1999 poseen dictamen de auditoría sin salvedades o tambien denominado dictamen limpio, lo que significa que los datos obrantes en los estados contables cuentan con el debido respaldo documental y reflejan razonablemente la situación patrimonial y los resultados de los ejercicios cerrados…(i) informando que la actora ha exhibido documentación relativa a los ejercicios 1993-1999 –facturas tipo “C”, extractos bancarios, comprobantes de egresos…que en cuanto a la aplicación de los ingresos a la producción de programas televisivos, el origen de dichos ingresos y las condiciones de pago, la magistrada señala que la obtención de ganancias es indispensable para cualquier tipo de sociedad o entidad y con cita de un precedente de la Sala IV de V.E. (“Fundación Claretiana”, sentencia del 13-12-2007) concluye que debe ‘…tenerse por acreditado que la actora emplea los recursos obtenidos por los medios indicados a la aplicación del objeto fundacional’”.
Concretamente, y al tiempo de ser examinada la objeción relativa a las posibles ventajas lucrativas, directas o indirectas, en favor de los asociados, expresa que, en la causa ° 16.063/04, ya mencionada, el juez de la primera instancia consideró que la compraventa del inmueble sito en la calle Montevideo de esta ciudad y al pago de un alquiler por parte de la Fundación al señor Schapire, habían implicado una distribución de las ganancias en favor de los socios y aquello impedía otorgarle el tratamiento exentivo pretendido.
Destaca que ese último aspecto, es decir, la cuestión relacionada con la titularidad del inmueble y el pago del alquiler que constituyeron el fundamento con base en el cual se rechazó su demanda, fue apelada por su parte ante la Cámara, mientras que el Fisco se limitó a apelar la manera en que fueron impuestas las costas.
En tales condiciones, explica que la Sala IV de la Cámara, en su sentencia del 15 de mayo de 2014, se limitó a examinar la única objeción con base en la cual se había concluido en la anterior instancia que Alta en sistema: 29/12/2023 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V correspondía confirmar la denegación del tratamiento exentivo y que constituyó el objeto de su apelación. Por ende, y a contrario de lo que afirmó la Sala D del Tribunal Fiscal en la sentencia del 17 de agosto de 2019, aquí apelada, considera que no se advierte que en el caso se haya dado un tratamiento parcial por parte de la Alzada, sino que, precisamente, ese Tribunal se pronunció respetando los alcances de su jurisdicción sobre los únicos aspectos que le fueron apelados, mientras que los restantes quedaron consentidos. Refiere que en la sentencia dictada por la Sala IV, el 15 de mayo de 2014, se declaró la nulidad de las resoluciones n° 66/02 (DV PRR1) y 157/04 (DI RPAL) en tanto consideró que de las constancias agregadas a la causa resultaba que el inmueble en cuestión no era propiedad exclusiva de la Fundación de modo que el monto que aquella abonaba al señor Schapire por la porción que era de su propiedad pudo válidamente constituir un “alquiler” y no una “distribución de ingresos” que determinara la denegación de la exención pretendida.
Detalla que, a contrario de lo expresado por el Tribunal Fiscal, no hubo un tratamiento parcial por parte de la Cámara de las irregularidades señaladas por el Fisco para denegar el tratamiento exentivo sino que aquellas fueron examinadas en la primera instancia y las conclusiones arribadas, en sentido favorable a su parte, no fueron apeladas por el Fisco, de manera que se hallaban firmes y consentidas.
Con relación a los aspectos que el Tribunal Fiscal examinó al considerar que no fueron objeto de tratamiento en la causa n° 16.063 /04, caratulada “Fundación Schapire Editor c/AFIP-DGI s/DGI” detalla que; por el contrario, ya habían sido tratados en la primera instancia.
En cuanto al rubro “rodados”, pone de manifiesto que en la sentencia dictada en primera instancia se hizo referencia concreta a que el Fisco había cuestionado la situación contable de 3 rodados que su parte manifestó haber recibido en donación. Al respecto, y con referencia expresa a lo consignado en el informe pericial se había indicado que “…la actora cuenta con ingresos provenientes de aportes y participaciones para proyectos fundacionales, efectuados por empresas que se aplican a la producción de sus programas televisivos…y a la venta de libros, donaciones recibidas y canje publicitario…los datos obrantes en los estados contables cuentan con el debido respaldo documental y reflejan razonablemente la situación patrimonial y los resultados de los ejercicios cerrados” (el destacado es del original). Agrega que del relevamiento del informe pericial producido en la referida causa, que fue ofrecida ante la sede del Tribunal Fiscal como prueba instrumental, resulta que en el punto 6 se examinó específicamente el rubro “rodados”, mientras que el Tribunal Fiscal se limitó a reproducir las conclusiones que al respecto había expresado el Fisco en el informe final de inspección. Alta en sistema: 29/12/2023 En lo relativo a la compra de una cámara de video, que según consideró el Fisco, debió amortizarse en el plazo de 5 años y no deducirse en una única vez, refiere que no se dio un tratamiento concreto en la sentencia del Tribunal Fiscal, si no que se transcribió lo reprochado en sede administrativa. Al respecto, hace notar que lo afirmado por el Fisco es una verdad jurídica aparente ya que según resulta de la información aportada por la firma Viditec el 27 de junio de 2011, obrante a fs. 209 de autos, la cámara en cuestión tuvo una vida útil de un año, dada la obsolescencia tecnológica del producto. Por lo demás, y a todo evento, reitera lo expresado al tiempo de apelar ante el Tribunal Fiscal en orden a la carencia de significación impositiva, dado que el valor del bien fue de 3.550 pesos, además de que, a su modo de ver, se trata de resultados subjetivamente exentos.
Con relación al rubro “deudores incobrables” afirma que con independencia de la afirmación del Fisco en orden a que no se habría iniciado las gestiones de cobro pertinentes, lo cierto es que se trata de resultados subjetivamente exentos.
Respecto a los retiros realizados por el señor Schapire, los gastos de farmacia, de viaje y los honorarios profesionales que, según la AFIP, tuvieron como destino su objeto personal, pone de manifiesto que la sentencia del Tribunal Fiscal únicamente expresó que los comprobantes exhibidos no están vinculados a la actividad gravada ni identifican el nombre de la Fundación. Al respecto, destaca que no se tuvo en cuenta que ello fue examinado en la causa en trámite ante este fuero, en cuyo informe pericial, al que se atuvo el juez de la primera instancia, se hizo referencia concreta a que “…se verificó en los registros contables que el Sr. Miguel Schapire (fundador de la Fundación Schapire) mensualmente, y a partir del año 1998, se le abona en concepto de alquiler, la suma de $ 2000. Dicho importe no es pagado en efectivo por la actora al Sr. Miguel Schapire sino que se le acredita en su cuenta y con esos fondos la accionante efectúa pagos del señor Schapire por consumos realizados con la tarjeta de crédito Visa, tal como surge de la cuenta de movimiento contable denominada ‘Miguel Schapire’…” Refirió que a continuación, en el punto 5 del referido informe pericial se detallaron los saldos existentes entre la Fundación y el Sr. Schapire, al cierre de los ejercicios comprendidos entre 1993 y 1998, a lo que el perito añadió que, habiendo verificado los denominados ‘Estados de Evolución de los Fondos Sociales’, pudo concluir que “…la actora no efectuó ninguna distribución de sus fondos en beneficio personal de los fundadores, miembros del Consejo de Administración u otras autoridades responsables. Los fondos obtenidos por la actora, fueron aplicados a la consecución de su objetivo fundacional”. Es por ello que, según afirma, el juez de la primera instancia concluyó que “los datos obrantes en los estados contables cuentan con el Alta en sistema: 29/12/2023 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V debido respaldo documental y reflejan razonablemente la situación patrimonial y los resultados de los ejercicios”.
Agrega que esos gastos fueron aplicados a las actividades de la Fundación y al personal de la misma.
Con relación a la objeción señalada por la Sala D del Tribunal Fiscal, en la sentencia aquí apelada, relativa a que la Fundación “carece de una contabilidad ordenada y acorde a la forma jurídica adoptada para su funcionamiento” destaca que tal afirmación no se corresponde y resulta contraria con lo expresamente señalado en la sentencia de primera instancia de la causa ° 16.063/04 en tanto expresó que “los estados contables correspondientes a los ejercicios 1993 a 1999 poseen dictamen de auditoría sin salvedades o tambien denominado dictamen limpio, lo que significa que los datos obrantes en los estados contables cuentan con el debido respaldo documental y reflejan razonablemente la situación patrimonial y los resultados de los ejercicios cerrados…(i) informando que la actora ha exhibido documentación relativa a los ejercicios 1993-1999 –facturas tipo “C”, extractos bancarios, comprobantes de egresos…la opinión pericial es concluyente”. Por otra parte, y en cuanto a lo afirmado en la sentencia apelada en orden a que su parte no habría incorporado nuevos elementos de prueba que permitieran efectuar un examen diverso al realizado por el organismo fiscal; señala que se prescindió de considerar las constancias que resultaban del expediente judicial n° 16.063/04 que fue ofrecido por su parte como prueba instrumental en los presentes autos.
Por ello, concluye que si bien en la sentencia de la Sala D del Tribunal Fiscal apelada en la presente causa se tuvo en cuenta lo resuelto por la Sala IV, en la sentencia dictada el 15 de mayo de 2014, en la causa 16.063/04, en orden a la improcedencia de las objeciones vinculadas con los “gastos de producción Cablevisión” y a los alquileres del inmueble situado en la calle Montevideo, en ella se omitieron considerar los restantes aspectos que ya había sido planteados y resueltos en la sentencia de primera instancia recaída en esa causa, que habían sido consentidos por el Fisco, que se limitó a agraviarse acerca de la manera en que habían sido impuestas las costas. Finalmente, en lo relativo a los gastos de “producción Cablevisión”, así como en lo relacionado con los gastos de alquiler, no formula mayores consideraciones en la medida en que en la propia sentencia del Tribunal Fiscal se hizo lugar al recurso de la contribuyente sobre la base de lo resuelto por la Sala IV de esta Cámara en la causa n° 16.063/04.
Afirma que con relación al Impuesto al Valor Agregado, caben las mismas observaciones que las expresadas en orden al Impuesto a las Ganancias, lo que determina la improcedencia de su reclamo.
Alta en sistema: 29/12/2023 Manifiesta que, toda vez que los tributos reclamados resultan improcedentes, los intereses resarcitorios devienen inexigibles. En diferente orden de ideas, y en cuanto a las diversas multas que le fueron reclamadas respecto al Impuesto a las Ganancias correspondiente a los períodos fiscales comprendidos entre 1995 y 1998 (Resolución n° 362/04), como al Impuesto al Valor Agregado relativo a los períodos fiscales febrero a diciembre de 1999 (Resolución n° 072/06), al Impuesto a las Ganancias relativo al período fiscal 1999 (Resolución n° 361/05) y al Impuesto al Valor Agregado relativo a los períodos fiscales comprendidos entre enero y noviembre de 2000 (Resolución n° 362/05), afirma que la acción se hallaba prescripta.
Además, considera que las multas requeridas en relación con el Impuesto a las Ganancias correspondiente a los períodos fiscales comprendidos entre 2000 y 2004 y a la Ganancia Mínima Presunta de los períodos 2001, 2002 y 2003 y al Impuesto al Valor Agregado relativo a los períodos fiscales 12/2000, 1, 3 a 12/2001, 2, 4, 5, 7 a 12/2002 y 1, 3 a 12/2003 (Resoluciones n° 320, 321 y 322, todas del año 2006) deben ser revocadas en tanto no resultan exigibles, de conformidad con las razones expresadas, los impuestos cuya omisión de pago les fue reprochada.
III. Que, de manera preliminar, corresponde recordar que al tiempo de expresar agravios ante esta instancia, la parte actora solicitó que la presente causa fuera declarada conexa con la causa n° 16.063/04 que tramitó ante la Sala IV de esta Cámara.
El 22 de septiembre de 2022 esta Sala consideró que el planteo era improcedente en la medida en que “si bien en ambas causas habían estado involucradas las Resoluciones AFIP-DGI n° 66/02 (DV PRR1) y 157/04 (DI RPAL), lo cierto era que, por un lado, la sentencia dictada por la Sala IV de esta Cámara –en el marco de la causa N° 16.063/2004- se encontraba firme y pasada en autoridad de cosa juzgada; y, a su vez, de la sentencia dictada por el Tribunal Fiscal de la Nación que [es] apelada en los presentes autos, resultaba que: ‘[los] términos [de aquella sentencia de la Sala IV] han sido expresamente receptados en la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación apelada’”. Por ello, se estimó que no correspondía desplazar el tratamiento de la presente causa a la Sala IV, en tanto no existía posibilidad alguna de que fueran dictadas sentencias contradictorias. Además, y para el caso de que se considerara pertinente el examen del material probatorio agregado en la causa referida, aquél podía ser requerido ad effectum videndi (medida que fue ordenada por esta Sala el pasado 11 de julio de 2023 y cumplida el 2 de agosto de 2023).
Alta en sistema: 29/12/2023 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Ahora bien, el hecho de que, de conformidad con lo dictaminado por el Fiscal el 13 de abril de 2022, no se haya admitido el planteo de conexidad no puede ser interpretado de manera tal que implique prescindir de lo resuelto en la causa n° 16.063/2004, en la medida en que se trate de aspectos que ya hubieran sido objeto de controversia en la causa y se hallasen firmes y consentidos.
En tal sentido, corresponde recordar que en la causa n° 16.063/2004 la actora oportunamente cuestionó la legitimidad de las Resoluciones AFIP-DGI n° 66/02 (DV PRR1) y 157/04 (DI RPAL) mediante las cuales se le había rechazado el reconocimiento de la exención que, según el certificado respectivo, había vencido el 31 de diciembre de 1991, sobre la base diversas objeciones que motivaron, con posterioridad, el dictado de las resoluciones determinativas aquí recurridas.
En la sentencia dictada por la Sala D del Tribunal Fiscal apelada en la presente causa se hizo referencia expresa a que la decisión adoptada tomaba en consideración lo resuelto por la Sala IV de esta Cámara en la ya mencionada causa n° 16.063/04. Mas indicó que esta última únicamente tenía efectos sobre el contenido de las resoluciones determinativas en lo concerniente a los cargos vinculados con el pago de alquileres y gastos de “producción Cablevisión”. Ello, por considerar que en esa causa “la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal abordó únicamente una de las varias inconsistencias que según el Fisco Nacional se verifican en torno al comportamiento fiscal de la fundación, y que al no guardar correlación con las exigencias del art. 20 inc. f de la Ley de Impuesto a las Ganancias, le impiden gozar de la exención pretendida”. Sobre la base de esa interpretación, el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la medida de las determinaciones fundadas en las objeciones relativas al pago de alquileres y a los gastos de “producción Cablevisión” y examinó las restantes, en el entendimiento de que no habían sido objeto de tratamiento en la causa n° 16.063/04.
Tal como pone de manifiesto el apelante al expresar sus agravios, lo resuelto por la Sala D del Tribunal Fiscal, en oportunidad de dictar la sentencia recurrida en el presente caso, no tomó en consideración que las cuestiones examinadas por la Sala IV en la sentencia dictada el 15 de mayo de 2014 en la causa 16.603/2004 de esta Cámara se hallaron circunscriptas a la medida de las apelaciones deducidas por ambas partes (cfme. artículo 277 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Nótese que el examen de las restantes objeciones formuladas a la Fundación y relacionadas con la manera en que fueron contabilizados los tres automóviles, la compra de una cámara de video y la manera en que debió haber sido amortizada, la inclusión del rubro “deudores incobrables”, así como los retiros realizados por el señor Schapire, Alta en sistema: 29/12/2023 los gastos de farmacia, de viaje y los honorarios profesionales habían sido examinadas en la sentencia dictada por el juez de la primera instancia, el 16 de abril de 2013. Allí se tuvo en consideración el informe pericial agregado a dicha causa, cuyas conclusiones fueron parcialmente transcriptas como fundamento de la sentencia para concluir que, en lo que a esos rubros respecta, la Fundación había “emplea[do] los recursos obtenidos por los medios indicados en la aplicación del objeto fundacional” y que ello podía afirmarse en tanto los estados contables acompañados “cuentan con el debido respaldo documental y reflejan razonablemente la situación patrimonial y los resultados del ejercicio cerrado”.
Las conclusiones a las que llegó el juez de primera instancia en en cuanto a esos aspectos no fueron apeladas por el Fisco, quien oportunamente limitó sus agravios a la manera en que habían sido impuestas las costas. La elevación a la Sala IV se dio con motivo de ese recurso y; además, del interpuesto por la parte actora en lo relativo a las objeciones relacionadas con el pago de alquileres y los gastos de “producción Cablevisión”, el que tuvo acogida favorable en la Alzada, declarándose la nulidad de las Resoluciones AFIP-DGI n° 66/02 (DV PRR1) y 157/04 (DI RPAL).
Por ello, en el caso, la extensión de la cosa juzgada, debidamente concebida, necesariamente requería que la Sala D del Tribunal Fiscal, al tiempo de dictar la sentencia del 18 de agosto de 2019 tuviera en consideración no solamente lo resuelto por la Sala IV en la sentencia dictada el 15 de mayo de 2014 en la causa referida en lo relativo al pago de alquileres y a los gastos de “producción Cablevisión” sino, además, la sentencia dictada en la primera instancia y los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra ésta. Es decir, todas cuestiones controvertidas en la causa n° 16.603 /2004 sobre las cuales se había dictado la sentencia de primera instancia, tanto respecto a los rubros: rodados, la compra de una cámara de video y la manera en que debió haber sido amortizada, la inclusión del rubro “deudores incobrables”, así como los retiros realizados por el señor Schapire, los gastos de farmacia, de viaje y los honorarios profesionales así como también los tratados en la sentencia dictada por la Sala IV de esta Cámara, del 15 de mayo de 2021.
Al respecto, cabe tener presente que de conformidad con lo expresado en Fallos 344:1857, “[l]a cosa juzgada es uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro régimen constitucional y por ello, salvo en los supuestos excepcionales en los que se ha admitido la nulidad de un pronunciamiento judicial firme, no es susceptible de alteración ni aun por vía de la invocación de leyes de orden público toda vez que la estabilidad de las Alta en sistema: 29/12/2023 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V sentencias, en la medida en que constituye un presupuesto ineludible de seguridad jurídica, es también exigencia del orden público con jerarquía superior”. .
Por ello, y en las condiciones descriptas hasta aquí “[s]i bien es cierto que para establecer los límites de la cosa juzgada que emana de un fallo ha de atenderse primordialmente a su parte dispositiva, no lo es menos que, a esos fines, no puede prescindirse de sus motivaciones y, muy frecuentemente, es ineludible acudir a ellas” (Fallos 345:583). Al respecto, y tal como se indicó hasta aquí, la limitación asignada a la cosa juzgada, restringiéndola al contenido de la sentencia dictada por la Sala IV que únicamente examinó las objeciones relativas al pago de alquileres y a los gastos de “producción Cablevisión” prescindió de considerar que, más allá de que en la primera instancia había sido rechazada la demanda con base en las objeciones precedentemente referidas, lo cierto es también habían sido examinadas las restantes objeciones y; respecto de aquellas, el juez había concluido -con base en lo expresado en el informe pericial- que “la actora emplea los recursos obtenidos por los medios indicados a la aplicación del objeto fundacional”. Dichas conclusiones no fueron objeto de recurso por parte del Fisco, y, en consecuencia, habrían quedado firmes y consentidas, por lo que no resultaba posible volver a decidir nuevamente sobre ellas sin afectación del principio de la cosa juzgada; que exigía la valoración íntegra de lo actuado en la causa n° 16.603/2004, tanto de lo decidido en la primera como en la segunda instancia y dentro de los límites de los agravios respectivamente planteados por cada una de las partes, aspecto que no podía haber sido omitido y requería de una consideracion expresa.
Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto por la parte actora, declarar la nulidad de la sentencia apelada y reenviar las actuaciones a fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento, en los términos del artículo 86, inciso b, de la ley 11.683, de conformidad con lo expuesto en la presente.
IV. Que, en atención al modo en que se decide, se torna inoficioso el tratamiento de los restantes agravios así como de los recursos de apelación interpuestos por el Fisco y por la parte actora respecto de los honorarios regulados en la anterior instancia a favor de la representación fiscal y de la perito interviniente, los que se dejan sin efecto como consecuencia del presente pronunciamiento.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: 1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, dejar sin efecto la sentencia apelada, y reenviar las actuaciones a fin de que se dicte un nuevo Alta en sistema: 29/12/2023 pronunciamiento en los términos del artículo 86, inciso b, de la ley 11.683, con costas al vencido (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nacion) 2) Dejar sin efecto la regulación de honorarios de fs. 1187 y vta. y declarar inoficioso el tratamiento de los recursos de apelación interpuestos contra las regulaciones de honorarios. 3) Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.
Jorge F. Alemany Pablo Gallegos Fedriani Guillermo F. Treacy Alta en sistema: 29/12/2023
Fin de la sentencia