Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 114042203-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
6544/2024 “FUNDEMAP SA (TF 114042203-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, junio de 2024.
VISTOS; Y CONSIDERANDO:
1. Que, por resolución del 16/6/23, el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, confirmó la resolución AD ROSA 411/22, recaída en la actuación SIGEA 19144-8119- 2019, en cuanto había denegado la devolución de la suma abonada en concepto de derechos de exportación, en los términos del decreto 793/18 y con relación a los permisos de embarque 18052EC01009637U, 18052EC01009869E, 18052EC01010065H, 18052EC01010307G, 18052EC01010543X, 18052EC01010701E, 18052EC01011033D, 18052EC01011276M y 18052EC01011623X.
Por empezar, dividió los permisos de embarque en 2 grupos, teniendo en cuenta la previsión del artículo 726 del Código Aduanero. Por un lado, individualizó aquellos oficializados con anterioridad al 4/12/18 (fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467): 18052EC01009637U (oficializado el 25/10/18), 18052EC01009869E (oficializado el 1/11/18), 18052EC01010065H (oficializado el 7/11/18), 18052EC01010307G (oficializado el 14/11/18), 18052EC01010543X (oficializado el 21/11/18) y 18052EC01010701E (oficializado el 26/11/18). Por el otro, identificó aquellos que fueron registrados con posterioridad a la fecha indicada: 18052EC01011033D (oficializado el 5/12/18), 18052EC01011276M (oficializado el 11/12/18) y 18052EC01011623X (oficializado el 19/12/18).
Con respecto al primer grupo, la mayoría consideró aplicable la doctrina del acuerdo plenario del 26/4/22, dictado en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020-24600163-APNSGASAD#TFN). Sobre esa base, resolvió que no le correspondía examinar la validez constitucional del decreto 793/18.
Añadió que los propios términos del artículo 3º del plenario limitaban su aplicación a aquellas operaciones de exportación registradas entre el 4/9/18 y el 4/12/18. Por consiguiente, en lo que respecta al segundo grupo de permisos de embarque, estimó inaplicable la referida doctrina plenaria y concluyó que no existían dudas respecto de la plena validez constitucional del derecho de exportación establecido por el decreto 793/18, en tanto aquél había sido ratificado a la fecha de registro de las operaciones por el artículo 82 de la ley 27.467.
Finalmente, distribuyó las costas por su orden porque entendió la actora pudo tener motivos para litigar como lo hizo, fundándose en la Constitución Nacional y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. pp. 526-536 de la versión digital del expediente TF 114042203-A, remitida con el oficio del 9/5/24).
2. Que, disconforme, la actora interpuso y fundó apelación el 25/7/23, que se concedió el 13/9/23 y fue replicada el 6/10/23 (v. pp. 547-560, 569 y 573-602, expte. cit.). Principalmente, sostuvo que debían revisarse las conclusiones del organismo jurisdiccional porque se apartaban del principio de legalidad en materia tributaria, tal como fue entendido por la Corte en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388).
3. Que, por otra parte, el Fisco Nacional interpuso y fundó apelación con respecto a la condena en costas el 10/7/23; la cual se concedió el 13/9/23 y no fue replicada por su contraria (v. pp. 542-545 y 569, expte. cit.).
En síntesis, sostuvo que no concurrían motivos suficientes para apartarse del principio general de la derrota en materia de costas.
4. Que, el 22/5/24, dictaminó el Fiscal General sobre la competencia de la Cámara, la admisibilidad formal del recurso y el planteo de inconstitucionalidad formulado por la actora.
5. Que las cuestiones planteadas han sido examinadas por este Tribunal en la causa 20415/21 “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 24619189-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 31/5/22; a cuyos fundamentos —en cuanto resulte pertinente— se remite por razones de brevedad.
En esos términos, corresponde admitir parcialmente los agravios de la parte actora, revocar la resolución del 16/6/23, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en el artículo 1° del decreto 793/18 por el período comprendido CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 6544/2024 “FUNDEMAP SA (TF 114042203-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO entre su fecha de entrada en vigor (BO 04/09/18) y hasta el 4/12/18 —momento en que cobró vigencia la ley 27.467 que otorgó rango legal a su contenido—, y admitir la devolución del importe en pesos abonado por tal concepto, únicamente, con relación a las destinaciones de exportación 18052EC01009637U (oficializado el 25/10/18), 18052EC01009869E (oficializado el 1/11/18), 18052EC01010065H (oficializado el 7/11/18), 18052EC01010307G (oficializado el 14/11/18), 18052EC01010543X (oficializado el 21/11/18), 18052EC01010701E (oficializado el 26/11/18) (v. p. 112 y ss., expte. cit.); más los intereses previstos en el artículo 811 del Código Aduanero. Por el contrario, con relación a los permisos de embarque 18052EC01011033D (oficializado el 5/12/18), 18052EC01011276M (oficializado el 11/12/18) y 18052EC01011623X (oficializado el 19/12/18), corresponde estar a lo dispuesto en el artículo 726 del Código Aduanero y ponderar que, al momento de su registro, la ley 27.467 ya se encontraba vigente y había conferido rango de ley al contenido del decreto 793/18; como adecuadamente lo señaló el Tribunal Fiscal de la Nación. Por lo demás, no se advierte que este argumento haya sido materia especial de agravios. Todo lo cual conduce al rechazo de la solicitud de devolución a este respecto. ASÍ SE RESUELVE.
6. Que, en cuanto a la moneda en que deberá llevarse a cabo la devolución, corresponde aplicar la doctrina del Máximo Tribunal en la causa C.1242.XLIX “Cencosud SA (TF 29535-A) c/ DGA”, sentencia del 15/5/14, y estar a los importes efectivamente abonados en pesos que surgen de las actuaciones administrativas (cfr. esta Sala, causa 39315/11 “SA La Hispano Argentina Curtiembre y Charol”, resol. del 15/12/15; entre otras). ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
7. Que, dado el modo en que se decide, las costas de ambas instancias se imponen al demandado, sustancialmente vencido (arg. arts. 1163 y 1182 del CA; y arts. 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN); lo que, a su vez, torna insustancial examinar el recurso del Fisco. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
8. Que resta tratar la solicitud de diferimiento de pago de la tasa de justicia formulada por el demandado (v. escrito del 20/5/24).
Al respecto, el artículo 2° de la acordada 66/90 de la Corte federal establece que, cuando el Estado Nacional debe integrar dicho tributo antes de que quede firme la sentencia de condena, el pago podrá ser diferido para el año correspondiente al siguiente ejercicio financiero, a fin de que pueda ser previsto en el presupuesto respectivo. Tal postergación en el pago no excluye que este Tribunal cuente con los medios necesarios para el control de su cumplimiento.
En consecuencia, corresponde hacer lugar al pedido y diferir el pago de la tasa de justicia por la suma de $2.350 (v. proveído del 9/5/24, punto V); debiendo el apoderado fiscal acreditar, dentro de los 15 días, las medidas adoptadas por su superioridad para la inclusión del crédito en el presupuesto correspondiente. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE. Regístrese, notifíquese ––a las partes y a la Fiscalía General–– y pasen los autos al Representante del Fisco para que se expida sobre la liquidación y el pago de la tasa de justicia efectuados por la parte actora (arg. pto. 10, in fine, ac. CSJN 20/92).
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia