Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2025-53087783-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar los actos apelados en todas sus partes, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 1.107.382 (pesos un millón ciento siete mil trescientos ochenta y dos) equivalente a 14,89 (catorce con 89/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $ 2.768.455 (pesos dos millones setecientos sesenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y cinco) equivalente a 37,22 (treinta y siete con 22/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en la etapa procesal cumplida en autos, conforme Ley 27.423, Resolución SGA N° 1687/2025 (05/08/2025) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017. Las sumas reguladas no incluyen el IVA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe firma conjunta Número: IF-2025-97720002-APN-VOCX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 3 de Septiembre de 2025 En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dras. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación) y Agustina O'Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación), para dictar sentencia en el EX-2025-53087783- -APN-SGAI#TFN,caratulado “FUOCO LUIS FERNANDO s/recurso de apelación”.
La Dra. Gómez dijo:
I. Mediante RE-2025-53087451-APN-SGAI#TFN, la actora interpone recurso de apelación contra las siguientes resoluciones dictadas el 24 de abril de 2025 por Dirección Regional Centro II de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Por la primera de ellas, se determinó de oficio el Impuesto a las Ganancias por los períodos 2020 y 2021, reclamando impuesto a ingresar más intereses y aplicando multa con sustento en los artículos 46 y 47 c) de la ley de procedimiento fiscal, equivalente a tres tantos del gravamen correspondiente al 2020 supuestamente evadido. Respecto al período 2021, se hizo reserva de aplicar sanciones en virtud de lo dispuesto por el régimen penal tributario (RE-2025-53087564-APN-SGAI#TFN).
En segundo lugar, se ajustó el Impuesto a las Ganancias- Salidas no Documentadas por los pagos efectuados durante los meses 09/2020, 11/2020, 01/2021, 02/2021, 04/2021, 06/2021 a 08/2021, intimando a ingresar la suma resultante más accesorios. En cuanto a los períodos 9 y 11/2020 se aplicó multa en los términos de los artículos 46 y 47 inc. c) de la ley 11.683, graduada en tres veces el tributo atribuido como dejado de ingresar. Por su parte, respecto a los restantes 01/2021, 02/2021, 04/2021 y 06/2021 a 08/2021, se difirió la imposición de sanción en virtud de lo previsto por la Ley Penal Tributaria (RE-2025-53087641-APN-SGAI#TFN).
Finalmente, luce en el RE-2025-53087698-APN-SGAI#TFN, acto por el cual se determinó el IVA por los períodos 9/2020 a 8/2021, reclamando tributo a abonar, liquidando intereses y aplicando multa por los períodos 9 a 11/2020, ello con el encuadre en los artículos 46 y 47 c) de la ley del rito fiscal. Cabe señalar que no se aplicó sanción respecto al período 12/2020 y, con relación a los períodos 1 a 8/2021, se hizo reserva de imponerla en atención a lo ordenado por el Régimen Penal Tributario.
El recurrente relata que su actividad es la de mantenimiento y reparación de los edificios tanto de la calle Bartolomé Mitre N° 1984 y Sarandí N°41, ambos de la CABA. Menciona que en el 2019 se encargó de los trabajos de ampliación y construcción sobre la terraza del 5to piso (230m2) del primer inmueble citado, mientras que hizo obras de refacción en el segundo.
Resalta que todos los materiales necesarios para las obras fueron facturados y los comprobantes bajados de la página de ARCA por su contadora, no existiendo indicios de duda al respecto. En ese sentido, trae a colación que constató la Base Apoc sin que figurasen los proveedores cuestionados, remarcando que es el Fisco es quien debe verificar si los contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales, presentan sus declaraciones juradas, denuncian sus actividades o mudan sus domicilios. El actor concluye que no corresponde que se le exija suplir la actividad de fiscalización y control que corresponde al organismo, invocando en todo momento su conducta diligente.
Pone de relieve que, además de no existir inconsistencias en la documentación de respaldo de las operaciones cuestionadas, el Fisco no explica las inconsistencias de los proveedores para la provisión de las prestaciones facturadas.
Sostiene que carece de base legal la pretensión del organismo de determinar Impuesto a las Ganancias prescindiendo del cómputo de los gastos, y la de determinar IVA objetando el cómputo de los créditos, cuando en este caso se comprobó la realización de las prestaciones facturadas. Asimismo, rechaza la imputación efectuada en Salidas no documentadas, en tanto entiende que las erogaciones de dinero no responden a “actos carentes de sinceridad”, por cuanto las operaciones existieron; y en esa línea, los proveedores están individualizados. En cuanto a las sanciones aplicadas, manifiesta que su actuación fue coherente en todo momento con la letra de la ley. Puntualiza que no está discutido que llevaba sus libros correctamente, que las operaciones estaban perfectamente registradas y que las retenciones impositivas fueron realizadas en todos los casos en que correspondían, lo que prueba que lejos estuvo de efectuar una declaración engañosa o una ocultación maliciosa. Acompaña prueba documental. Ofrece prueba informativa y testimonial. Hace reserva del caso federal. Solicita se revoquen los actos apelados, con costas.
II. A través del IF-2025-77789080-APN-DTD#JGM contesta traslado el Fisco Nacional. Pone de manifiesto respecto de los proveedores FMT Servicios S.A.S. y Servinmed S.R.L. que los mismos existen en la formalidad de la documentación pero de las distintas tareas realizadas no se advierte que se haya realizado las operaciones cuestionadas en los montos, periodos, pagos y sujetos involucrados, ni que haya verificado el verdadero beneficiario de los pagos. Señala que no resulta relevante que los proveedores no figurasen en la base APOC al momento de la fiscalización, pues su inserción es el resultado de un acabado proceso de fiscalización de dichos proveedores el que concluye con la inserción en esa base. A su vez, expone que tampoco es óbice que dichos proveedores cuenten con habilitación para emitir facturación o que eventualmente existan pues lo que se debe probar, y –según el organismo- no aconteció, es la materialidad de las operaciones con las personas, montos fechas, conceptos y pagos que formalmente quedaron instrumentadas.
Aduce que partiendo de la base que el contribuyente, no aportó prueba alguna que avale su posición, ni brindó explicaciones adicionales queda claro que los proveedores objetados no efectuaron las operaciones en cuestión y, en consecuencia, corresponde denegar valor probatorio a las facturas que respaldan las operaciones cuestionadas. En relación a las liquidaciones de accesorios, invoca que el recurrente no se agravió de ello ni tampoco y acreditó que la mora en el ingreso de sus obligaciones fiscales no le fuera imputable, correspondiendo su confirmación. Por último, con relación a las sanciones aplicadas, destaca que la utilización de facturas apócrifas obedeció a maniobras defraudatorias, precisando que se encuentran acreditados los elementos material y subjetivo requeridos para la configuración de la infracción del artículo 46 de la ley de rito que le fuera endilgada en los actos apelados. Se opone a la producción de prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se confirmen los actos apelados. Con costas.
III. Que mediante PV-2025-91157757-APN-VOCX#TFN se hizo lugar a la oposición del Fisco a la producción de prueba, lo que no fue cuestionado por el apelante.
Por PV-2025-97010606-APN-VOCX#TFN se elevó el expediente a conocimiento de la Sala “D”.
Finalmente, a través del IF-2025-97570369-APN-VOCX#TFN se dispuso poner autos para dictar sentencia.
IV. Surge de las constancias administrativas, que el contribuyente es una persona humana que declara como actividad principal “Instalaciones de gas, agua, sanitarios y climatización, con sus artefactos conexos”, cerrando sus ejercicios fiscales en el mes de diciembre de cada año. Que a través de las Órdenes de Intervención N°2.009.435 y N°2.130.759, y en uso de las atribuciones conferidas por la ley de procedimiento tributario, el organismo recaudador inició la fiscalización en relación al Impuesto a las Ganancias e IVA por los períodos 2020 y 2021.
Como consecuencia de tales tareas los actuantes observaron el cómputo de créditos fiscales y la deducción de gastos vinculados a supuestas operaciones por compra de materiales para obras de construcción concertadas con los proveedores FMT Servicios S.A.S. y Servinmed S.R.L., incluidos en la base de contribuyentes apócrifos por carecer de capacidad operativa, económica y/o financiera (vide operaciones consignadas en el papel de trabajo denominado “Detalle de comprobantes observados incluidos en Base de Proveedores No Confiables”, Cuerpo Principal IVA N°1 RE-2025-77783989-APN-DTD#JGM).
En tal sentido, surge del informe final de inspección (vide Cuerpo Principal IVA N°2, RE-2025-77784261-APN- DTD#JGM) que el aquí recurrente no aportó documentación respaldatoria de las compras efectuadas a sendos proveedores a excepción de las facturas emitidas electrónicamente, si bien oportunamente se requirió que acompañara remitos, órdenes de pago, recibos, constancias de retención, extractos bancarios, contratos celebrados y toda otra documentación que demuestre en forma indubitable la efectiva adquisición de los bienes y/prestación de servicio. En tal sentido, se constató en la base e-Fisco que el Sr. Fuoco no había efectuado retenciones ni a FMT Servicios S.A. ni a Servinmed S.R.L., al realizar los pagos invocados, contrariamente a lo sostenido por la parte actora en su recurso. Tampoco se aportaron constancias de traslado de los materiales, individualización de fletes, ni detalle de camiones utilizados a tales efectos Por último también, se desprende del informe de fiscalización que tanto FTM Servicios S.A.S. como Servinmed S.R.L. poseen un único y mismo empleado: el Sr. Sebastián Diego Tijera.
Cabe traer a colación que de los legajos correspondientes a dichos proveedores, se evidencia que en ambos casos los domicilios declarados correspondían a casas de familia, sin rastro alguno de actividad comercial. Asimismo, de la información colectada por el organismo recaudador respecto a ambas empresas se desprende que estuvieron inscripta y/o facturar en los períodos determinados numerosas y diversas actividades incluso disímiles entre sí (archivos anexos al IF-2025-77785601-APN-DTD#JGM, IF-2025-77785722-APN-DTD#JGM e IF-2025-
77785868-APN-DTD#JGM).
En virtud de estas inconsistencias, el Fisco impugnó el crédito fiscal en IVA y la deducción de gastos en el Impuesto a las Ganancias por estas operaciones, a la vez que determinó Salidas no documentadas sobre las erogaciones realizadas.
V. Es dable puntualizar que el Fisco tuvo en consideración los datos brindados por el propio Sr. Fuoco sobre la supuesta operatoria celebrada con FTM Servicios S.A.S. y Servinmed S.R.L. y luego, a través de las atribuciones conferidas por los arts. 33 y 35 de la ley de rito, colectó la información necesaria acerca de dichas empresas, para sustentar la evaluación de la situación de la recurrente en cuanto al cumplimiento de sus deberes fiscales. Por ello, no se advierte irregularidad o arbitrariedad alguna en tal labor, ni los ajustes se sustentan sobre presunciones, tal como lo asevera el organismo recaudador al contestar los agravios de la actora en su recurso (vide página 9, IF- 2025-77789080-APN-DTD#JGM)
Frente a este panorama resulta evidente que la demandante -en ejercicio de su derecho de contradicción y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 377 del C.P.C.C.N.- debe acreditar la veracidad de sus dichos, esto es, demostrar la sustantividad de las operaciones rechazadas por la inspección actuante, dado que las inconsistencias detectadas tienen entidad suficiente para poner seriamente en duda su real existencia (cfr. la Sala II de la CNACAF in re “Nigueiroa S.A.”, sentencia de fecha 21 de octubre de 2022 confirmando lo decidido por esta Sala “D” el 21 de diciembre de 2021).
Queda claro que ello no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto, sino por pruebas fehacientes en tal sentido (cfr. criterio expuesto por la Sala “B” de este Tribunal en anterior composición, in re “Pesquera San Nicolás” sentencia del 16/12/2005).
Corresponde destacar que no se trata de hacer cargo a la actora de los efectos de los incumplimientos detectados respecto de aquéllos, tal como se plantea en el recurso de apelación, sino que ante las circunstancias constatadas por la fiscalización, los documentos ofrecidos en sustento de la veracidad de las operaciones carecen de virtualidad para demostrarla y exigen de la utilización de otros medios probatorios para comprobar la existencia de las negociaciones (cfr. CNACAF, Sala II, in re “Toledo Pedro Roque (TF 29.171-I) c/ DGI”, sentencia del 29/11/2012).
La actora señala como punto central de su defensa el hecho de que los pretendidos proveedores fueron incluidos en la Base APOC con posterioridad a la fecha en que se habían realizado las operaciones cuestionadas. Debe ponerse de resalto que la mera consulta a los datos que surgen de la página web del organismo, esto es si estaban o no incluidos en la Base Apoc a la fecha de las operaciones, no valida por sí solo que los bienes y/o servicios facturados por ambos proveedores cuestionados hayan existido en realidad. En esta línea, no se requiere del contribuyente la demostración del cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de aquellos, sino la constatación de la efectiva realización de las operaciones por él denunciadas (cfr. CNACAF, Sala IV, in re “Pillado Cereales S.R.L.”, sentencia del 5 de marzo de 2024). Sentado ello, no puede soslayarse que la impugnación de las operaciones con FTM Servicios S.A.S. y Servinmed S.R.L. tiene que ver en la forma en que supuestamente desarrollaban su actividad comercial con la aquí recurrente (cfr. Sala I de la Alzada in re “Tropini y Salcedo S.A.”, sentencia del 19 de agosto de 2021).
VI. Atento la falta de ofrecimiento de prueba pericial contable y las objeciones planteadas por el Fisco en los actos determinativos, no se ha dilucidado debidamente el circuito de pagos con lo cual de ningún modo han quedado acreditadas las operaciones cuestionadas (cfr. Sala IV de la Alzada in re “Tecnobra S.A.”, sentencia del 15 de abril de 2014, que confirmó el criterio de esta juzgadora plasmado en el decisorio de fecha 17 de septiembre de 2012).
El recurrente tampoco ofreció prueba idónea para desvirtuar las impugnaciones de los actos determinativos, resaltando que mediante el PV-2025-91157757-APN-VOCX#TFN se admitió la oposición sobre tal cuestión formulada por el Fisco al contestar el recurso, providencia que no fuera cuestionada.
Asimismo, cabe recordar que la sola presentación de facturas cuya apariencia extrínseca no ofreciera reparos y el mero cumplimiento de los requisitos exigidos por las resoluciones aplicables, no resultan suficientes para que proceda el computo del crédito fiscal sino que para ello -y en vista de las singulares circunstancias configuradas, que permiten dudar seria y fundadamente sobre la veracidad de las transacciones que se atribuyen-, debe exigirse además que tales instrumentos se encuentren avalados por la existencia real y comprobable de las operaciones efectuadas (conf. criterio de la CNACAF, Sala III, causa ‘‘Calimboy S.A.” sentencia del 20 de mayo de 2010 y Sala IV, causa “Cargill S.A.C.I.” pronunciamiento del 7 de abril de 2011).
A ello se le suma, el criterio de esta juzgadora que la inscripción y/o facturación en numerosas y diversas actividades incluso disímiles, en contextos como el aquí planteado, constituye un indicio sobre la falta de materialidad de las operaciones impugnadas (cfr. “DT Logística S.A.”, sentencia del 25 de febrero de 2022, con base en el criterio de la Corte Suprema de Justicia in re Stop Car SA (TF 26815-I) c/DGI, sentencia del 21 de agosto de 2013).
Más allá de las inconsistencias señaladas por el Fisco al contestar el traslado sobre los agravios de la actora en el recurso (vg. cuando ésta hace alusión a la producción y comercialización de granos en la página 9 del escrito de inicio, siendo que no desarrolla esa actividad), lo cierto es que puntualmente en cuanto a la facturación cuestionada no se encuentran presentes en autos, pruebas y/o argumentos concretos contra las irregularidades detectadas por el Fisco Nacional. Tampoco se logró acreditar la veracidad de las negociaciones de manera concreta con relación a los proveedores objetados ni la existencia de éstos o su capacidad operativa para llevar a cabo las transacciones atribuidas; ello contrastado con los fundamentos expuestos en los actos cuestionados, respecto cada uno de los proveedores mencionados, donde se exhiben concretos y puntuales extremos de hecho que, en definitiva, no fueron debidamente desvirtuados (cfr. Sala II de la Alzada in re “JBS Argentina SA”, Considerando XIV, sentencia del 26 de noviembre de 2021).
Que, resulta pertinente recordar que, en lo que aquí interesa, el Cimero Tribunal al resolver la causa "Ferretti, Félix Eduardo" (sentencia del 10 de marzo de 2015) respecto a la procedencia del cómputo del crédito fiscal, expresó -en lo que aquí interesa- : "Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles ...". Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que aquí no se cumple, pues la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta adjudicadas.
En esta línea, atento no haberse demostrado la materialidad de las operaciones invocadas y tampoco haberse probado debidamente los costos incurridos, no corresponde la deducción de gastos efectuada por la apelante en el Impuesto a las Ganancias.
Por lo hasta aquí expuesto, resulta inaplicable al caso de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Bildown” (Fallos: 334:1854), ya en ese precedente no se debatió sobre la existencia y materialidad de las operaciones, mientras que en el caso concreto tal cuestión ha sido controvertida y la apelante ha omitido demostrar la veracidad de la operatoria que alegó haber realizado con los proveedores consignados en las facturas impugnadas (cfr. Sala IV de la Alzada, in re “Cagnoli S.A.”, sentencia del 24 de noviembre de 2016). Ello así, corresponde confirmar el ajuste sobre el cómputo del crédito fiscal de IVA como también admitir el criterio seguido por el ente fiscal para impugnar el gasto declarado por la actora en el Impuesto a las Ganancias.
VII. En este punto, corresponde resolver el ajuste practicado en la resolución determinativa de Salidas no documentadas.
Con la reforma operada por la ley 27.430 (B.O. 29 de diciembre de 2017), aplicable a los períodos determinados, el artículo 40 de la ley del Impuesto a las Ganancias quedó redactado de la siguiente manera “Cuando una erogación carezca de documentación o ésta encuadre como apócrifa, y no se pruebe por otros medios que por su naturaleza ha debido ser efectuada para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas, no se admitirá su deducción en el balance impositivo y además estará sujeta al pago de la tasa del treinta y cinco por ciento (35%) que se considerará definitivo en sustitución del impuesto que corresponda al beneficiario desconocido u oculto. A los efectos de la determinación de ese impuesto, el hecho imponible se considerará perfeccionado en la fecha en que se realice la erogación”.
La finalidad del instituto de Salidas no Documentadas es, conforme inveterada doctrina y jurisprudencia, poder gravar en cabeza del erogante, lo que presumiblemente es renta en cabeza del beneficiario del gasto y a quien, por determinadas circunstancias, no puede localizarse, para efectivizar su responsabilidad fiscal. En tal sentido, la Corte Suprema sentenció que "...lo que persigue el gravamen de que se trata es imponer una tasa máxima a quien efectúe erogaciones no documentadas; es decir que, ante la falta de individualización de los beneficiarios, a cuyo cargo debiera estar el pago del impuesto al rédito percibido, quien hace la erogación queda obligado a abonar sobre ella el tributo y debe hacerlo a título propio" (Radio Emisora Cultural SA, 9/11/2000).
La Sala IV de la Alzada sentenció en “Barragan Imaz SRL” y más recientemente en “Blue Films S.R.L” (sentencias del 25 de marzo de 2014 y 27 de septiembre de 2022, respectivamente): “Que, el instituto de las “salidas no documentadas” ha sido adoptado por el legislador para asegurar la íntegra percepción de la renta fiscal en una particular situación en la cual, ante la falta de individualización de los beneficiarios a cuyo cargo debiera estar el pago del impuesto percibido, quien hace la erogación queda obligado a abonar sobre ella el tributo y debe hacerlo a título propio (fallos: 323:3376).”
“Los elementos necesarios para la configuración del aludido instituto son los siguientes:
a) La necesaria existencia de una erogación, es decir una salida de dinero concreta.
b) La carencia de documentación de la erogación o que se encuentre documentada con elementos falsos. c) La presunción iuris tantum: ante el indicio de una comprobación de una erogación efectivamente realizada y la ausencia de documentación que la respalde, o que, de existir, se verifiquen en torno a ella vicios insanables se presume la configuración del instituto de salidas no documentadas, la que admite prueba en contrario”. En tal sentido, el Cimero Tribunal al resolver la causa “Red Hotelera Iberoamericana”, sentencia del 26 de agosto de 2003 (en especial Considerandos 18, 19, 20, 21 y 23 de dicho decisorio), pronunciándose en igual sentido dicho Tribunal con fecha 27 de septiembre de 2011 in re “Interbaires S.A. (TF 15.828-I) c/ DGI” donde se remite al dictamen de la Señora Procuradora Fiscal, Laura M. Monti, en su parte pertinente, dice que “.... ante la impugnación sustantiva del Fisco Nacional -quien imputa que las operaciones económicas y la documentación recibida por Interbaires S.A. carecen de sinceridad- el contribuyente debía probar por otros medios que tales erogaciones fueron realmente efectuadas para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas (arg. art. 37, ya citado)....”. Ello fue sostenido por el Máximo Tribunal en “Antu Aplicaciones Industriales Integradas SA (TF 20958-I)”, del 31 de julio de 2012; “Bolland y Cía. S.A. (TF 21122-I) c/ DGI”, del 21 de febrero de 2013 y “Epelco S.A. IECSA S.A. UTE (TF 21554-I)”, del 17 de septiembre de 2013.
En este orden de ideas, habiéndose en autos cuestionado la aptitud de las facturas para demostrar la causa de las operaciones –y erogaciones–, e individualizar a los verdaderos beneficiarios, se activa la pauta hermenéutica fijada por la Corte Suprema expuesta precedentemente (conf. Sala III de la CNACAF in re “Germaíz S.A. (TF 26512-I), sentencia del 11 de junio de 2019). Ello así, esta juzgadora considera que en virtud de la doctrina emanada de los fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la falencia de la documentación que respalda la erogación tiene la virtud de dar nacimiento a la obligación fiscal de pagar Salidas no documentadas. Del relato efectuado y la prueba producida por la actora, la actividad probatoria reseñada demostró que no fue posible establecer una vinculación entre quienes facturaron los servicios (en este caso FMT Servicios S.A.S. y Servinmed S.R.L.) y las operaciones descriptas en los comprobantes exhibidos como tampoco pudo establecerse con certeza el circuito económico de los pagos a esos proveedores.
Desde esa perspectiva, cabe concluir en que no se pudo establecer quienes fueron los verdaderos beneficiarios de dichas erogaciones (cfr. Sala I de la Alzada in re “Automotores Fispa S.A.”, sentencia del 9 de noviembre de 2023).
Para el pago de Salidas no documentadas, respecto a las erogaciones producidas a partir del 1 de marzo de 2019, se sustituyó la Resolución General AFIP 893/00 por la Resolución General AFIP 4433/2019. En tal sentido, el artículo 2 de esta norma indica que la determinación correspondiente se efectuará sobre la base de una declaración jurada confeccionada a través del servicio denominado “Salidas no Documentadas” disponible en el sitio Web institucional, debiendo informarse la fecha y el importe de cada erogación, entre otros. Asimismo el artículo 3 indica que la presentación de la declaración jurada e ingreso del saldo resultante, se efectuará por períodos mensuales y deberá cumplirse hasta el día 15 del mes inmediato siguiente, al período que se informa. En efecto, tal norma dispone “forma” y “plazo” del ingreso de Salidas no Documentadas dentro de las facultades reglamentarias correspondientes y sin exceso alguno, toda vez que no se establece ningún hecho imponible, el cual –atendiendo al principio de reserva de ley en materia tributaria- se encuentra definido por la ley del Impuesto a las Ganancias.
Por lo expuesto, corresponde confirmar el ajuste en Salidas no Documentadas respecto a las operaciones con los proveedores FMT Servicios S.A.S. y Servinmed S.R.L.
VIII. Que, sobre los intereses resarcitorios intimados, cabe recordar que éstos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias.
Que la Alzada tiene dicho que la ley de rito dispone la procedencia de un interés resarcitorio ante la falta de pago del gravamen sin necesidad de interpelación alguna, de modo tal que la sola falta de pago total o parcial de un gravamen, como en el presente, torna procedente la aplicación de este tipo de intereses. Tal consideración, basada en la literalidad de la norma -art. 37 de la ley de rito- permite descartar sin más los agravios expuestos por los recurrentes. (cfr. Sala V in re "Cuerolandia SACIF (TF 9740-I) c/ DGI", sentencia del 27/07/2005). Que en esta línea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado en autos “Citibank NA C/D.G.I” (sentencia del 1/06/2000), resolviendo que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias y que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del Código Civil queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales y externas al deudor que deben ser restrictivamente analizadas, resaltando que la imposición de intereses es ajena a la de las normas represivas, con lo cual debe descartarse la necesariedad del elemento culpa para su imposición.
Ello así, no acreditándose causal alguna que justifique la eximición de accesorios, corresponde confirmar las liquidaciones de intereses practicadas en los actos apelados.
IX. Que por último, corresponde dar tratamiento a las sanciones aplicadas con sustento en el artículo 46 de la ley de rito, esto es respecto al Impuesto a las Ganancias período 2020, Salidas no documentadas por los períodos 9 y 11/2020 e IVA períodos 9 a 11/2020.
En primer lugar, en cuanto a la procedencia de imponer sanciones por Salidas no Documentadas, cabe poner de resalto que virtud de los puntos precedentes, se resolvió que la actora efectuó erogaciones de dinero, correspondientes a operaciones cuya autenticidad no probó. Por lo tanto, en relación a las mismas, el ingreso del tributo debió efectuarse siguiendo la pauta temporal consagrada en las Resolución General AFIP 4433/2019 la que también prevé presentación de declaración jurada e información de fecha y el importe de cada erogación. Conforme lo ha señalado la Sala III de la CNACAF in re “Mueblería Torca S.A.”, sentencia del 14 de diciembre de 2023, cabe concluir que los elementos tipificantes exigidos en la faz infraccional de la ley 11.683 se han cumplido en autos; esto es “la omisión del pago de un impuesto” (el de las salidas no documentadas) mediante la falta de presentación de una declaración jurada (ello en virtud de lo dispuesto por la RG AFI 4433/2019 y la aplicación del art. 15 de la ley de procedimiento tributario).
Sentado ello, cabe recordar que sobre el art. 46 de la ley de rito, la Sala IV de la Alzada in re “MG Promociones SRL” (sentencia del 9/09/2014) ha dicho que: “... la configuración del ilícito tipificado en el art. 46 de la ley 11.683 requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de los siguientes tres elementos: a- la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b- un error de la víctima del ilícito; y cla existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito.”
Asimismo, el Fisco utiliza para justificar su encuadre el artículo 47 de ley 11.683. Allí se establecen presunciones legales “iuris tantum” tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Quiere decir que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consisten en que una vez que el Fisco ha probado que en el supuesto bajo examen se configura alguno de los casos previstos en el citado artículo, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación, y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa (conf. CNACAF -Sala V-, in re: “Beleza SA (TF 21382-I) c/ DGI”). En el caso concreto –según el Fisco- existió la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas en virtud del art. 47 inc. c) esto es que la inexactitud de los elementos documentales proveniente de una manifiesta disconformidad con las normas legales y reglamentarias que fueran aplicables al caso.
En esta línea, estimo pertinente traer a colación lo expuesto por la Sala V de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal al resolver la causa “Italiano, Antonio Alberto”, con fecha 12/02/2008, donde (voto del Dr. Alemany) se expuso que “En el precedente "Mazza, Generoso" la Corte inequívocamente expresó que las presunciones no pueden servir de fundamento de la culpabilidad del infractor debido a que la ley vigente al tiempo de los hechos no las establecía ni concretamente les asignaba dicho efecto, circunstancia que cambió con posterioridad al ser modificado el texto de los artículos 46 y 47 de la ley por la ley 23314... En segundo lugar, en razón de la heterogeneidad de las infracciones administrativas y de las consiguientes dificultades para establecer un régimen unitario para juzgar las conductas reprimidas por el derecho administrativo sancionador, tampoco corresponde excluir de plano la posibilidad de presumir la culpabilidad en base a hechos directos mediante un enlace preciso y fundado en una serie de indicios efectivamente probados.
Asimismo, en dicho precedente se expuso (voto del Dr. Morán) que “En lo que respecta a la causa "Montenegro", si bien al momento de acaecer el hecho imponible ya habían sido reincorporadas al texto de la ley 11683 las presunciones del citado artículo (conf. art. 19, L. 23314 - ADLA XLVI-B-1124-), no corresponde efectuar una aplicación mecánica del criterio allí expuesto. Siendo ésta una cuestión relacionada con el ámbito de la prueba, no puede ser ordenada con el carácter de un mandato ineludible. La fuerza vinculante de una presunción queda siempre al buen juicio del órgano que se encuentra en situación de aplicarla; de modo que podría optar por hacerlo siempre que entienda preservados los derechos fundamentales involucrados en el proceso” , para luego agregar que “...ello no puede interpretarse como una prohibición absoluta de aplicar las presunciones de dolo previstas en el citado artículo 47, en la medida en que éstas resulten intrínsecamente razonables, y se encuentren acreditados los hechos que determinan su aplicación.
Que, en un sentido acorde, esta Sala tiene dicho que la intención defraudatoria -indemostrable en cuanto estado psicológico condicionante de la voluntad del sujeto- "sólo puede evidenciarse mediante datos objetivos o manifestaciones externas que la pongan de manifiesto, que resultan ser aquellas a las que la ley atribuye ese significado..." ["Las Pirguas SRL (TF 24.592-I) c/DGI" – 31/8/2007]”. En igual sentido la Sala IV de la Alzada in re "Yuviet SA c/Dirección Gral. Impositiva" – 9/6/2005 Sentado ello, del juego armónico de los arts. 46 y 47 surge que debe acreditarse en forma clara y suficiente la intención de omitir el impuesto, es decir, la existencia de ardid, maniobra o engaño, y no solamente el resultado defraudatorio.
Corresponde, pues, al juez administrativo probar fehacientemente los hechos que determinan la aplicación de las presunciones, los que deberán ser ciertos y no meramente conjeturales.
En este caso concreto y en contraposición a lo sostenido por la recurrente, el Fisco ha demostrado a través de elementos de prueba asertivos y contundentes que mediante la inspección efectuada se detectó la utilización de comprobantes carentes de sinceridad, por las que computó tanto crédito fiscal en IVA como deducciones en el Impuesto a las Ganancias, todo ello manifiestamente distante de lo previsto por la normativa de esos gravámenes, conforme dan cuenta los ajustes practicados por el organismo recaudador.
Respecto a la determinación de Salidas no Documentadas, se torna evidente que no sólo el giro comercial desarrollado por la actora no tenía el respaldo documental suficiente sino que los comprobantes impugnados se utilizaban a los fines de evadir el pago de tributos, ello en franca contradicción con las normas tributarias aplicables al caso.
Por otro lado, no puede soslayarse que fue necesaria la fiscalización para descubrir la situación descripta, es decir constatar que tanto en el caso del IVA como del Impuesto a las Ganancias las declaraciones juradas presentadas no correspondían a la realidad y liquidar el impuesto en su justa medida y, a su vez, que se había generado el hecho imponible previsto legalmente para Salidas no Documentadas. (cfr. CNACAF, Sala II in re “Rasic Hermanos S.A. c/ Dirección General Impositivas/Recurso Directo de Organismo Externo”, sentencia del 18 de junio de 2020).
Finalmente, cabe destacar que la recurrente no acreditó ninguna circunstancia que la eximiera de responsabilidad por dichas inconsistencias (cfr. criterio de la Sala V de la Alzada in re “Proms S.A.”, sentencia del 2 de julio de 2019)
Ello así, considero que han concordado elementos suficientes para tener por configurado el ilícito previsto en el art. 46 de la ley de rito y atento los elementos expuestos en los actos determinativos y reproducidos en el presente, focalizando en la inexistencia de aporte de respaldo documental de las operaciones invocadas, debe concluirse que no existen en el caso concreto constancias que justifiquen una reducción de graduación para las sanciones aplicadas, correspondiendo su confirmación.
X. Por lo expuesto, voto por confirmar los actos apelados en todas sus partes, con costas.
La Dra. O'Donnell dijo:
Que adhiere al voto precedente.
|Del resultado de la votación que antecede, SE
1. Confirmar los actos apelados en todas sus partes, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 1.107.382 (pesos un millón ciento siete mil trescientos ochenta y dos) equivalente a 14,89 (catorce con 89/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $ 2.768.455 (pesos dos millones setecientos sesenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y cinco) equivalente a 37,22 (treinta y siete con 22/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en la etapa procesal cumplida en autos, conforme Ley 27.423, Resolución SGA N° 1687/2025 (05/08/2025) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017. Las sumas reguladas no incluyen el IVA.
Se hace constar que este pronunciamiento se emite con el voto coincidente de dos Vocales Titulares de la Sala “D” por encontrarse de licencia el Vocal de la 12a. Nominación (conf. art. 184 de la ley Nº 11.683 -t.o. en 1998 y sus modificaciones-.
Regístrese y notifíquese.
Date: 2025.09.03 12:38:41 -03:00 Date: 2025.09.03 12:49:31 -03:00 Agustina O'Donnell Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.09.03 12:49:32 -03:00
Fin de la sentencia