Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 30.398-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N°183/2007, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo de Furlong Incoming S.A. en la siguiente forma:
A) Por la primera y segunda etapa, en las sumas de $32.841 por la representación procesal y $50.526 por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, conforme a lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
B) Por la tercera etapa, en la suma de $16.420 equivalente a 0.21 UMA por la representación procesal y de $25.263, equivalente a 0,33 UMA por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, conforme a lo dispuesto por por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423.
3Regular los honoraios del Contador Público Carlos Alberto Louit por su actuación como perito designado a propuesta del Fisco Nacional en la suma de $49.262 teniendo en consideración las pautas establecidas por el decreto-ley Nº 16.638/57.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe firma conjunta Número: IF-2025-100733741-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 10 de Septiembre de 2025 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación) y la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) para resolver el Expediente N° 30.398-I caratulado “Furlong Incoming S.A. s/ recurso de apelación”.
La Dra. O’Donnell dijo:
I. Furlong Incoming S.A. interpone el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra la Resolución N°183/07 dictada por la División Revisión y Recursos I de la Dirección Regional Palermo de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos, en la que se determina de oficio su obligación en el impuesto al valor agregado de los períodos fiscales diciembre 2001, enero y abril del 2002, y luego de impugnar los saldos a su favor se estableció un saldo de impuesto a ingresar, más intereses resarcitorios. En dicho acto además se le aplicó una multa de defraudación (art. 46 y 47 inc b) ley 11.683) por el periodo fiscal enero 2002.
En su presentación ante este Tribunal, explica que durante la inspección cumplió en debida forma lo requerido, colaborando en todo momento y brindando la ayuda necesaria a los efectos de facilitar el trabajo de los inspectores actuantes. Reitera que actuó en buena fe siguiendo los preceptos comerciales vigentes y que tomó la mayor cantidad de recaudos previo a realizar la transacción.
Sostiene que el ente recaudador pretende sancionarlo aunque nada tiene que ver con facturas apócrifas, por lo que tilda de arbitrario su proceder y agrega que se ha puesto en una postura cómoda pero poco ajustada a derecho, siendo que en vez de perseguir al verdadero culpable de manejos comerciales contrarios a la ley, arremete contra la empresa que ha actuado bajo los preceptos incuestionables de la ley. Entiende que el ajuste es absolutamente improcedente por cuanto no existen hechos imputables a la sociedad que permitan sostener que las operaciones no se realizaron, sino escasos indicios carentes de sustento factito como jurídico. Afirma que por los periodos fiscalizados tenía las declaraciones juradas correspondientes a los impuestos verificados debidamente presentadas y abonadas, y que la inspección no verificó diferencias con relación a los montos de débito y créditos mensuales consignados en dichas declaraciones.
Se agravia de que no pudo producir toda la prueba que ha ofrecido en la instancia administrativa, lo que considera contrario a la ley, ya que viola el debido proceso adjetivo y la dejó en una situación de desventaja, lo que tilda de arbitrario y meramente dilatorio.
Por último, en relación a la multa aplicada también considera que existen elementos certeros que acreditan su buena fe, lo que imposibilita el encuadre doloso de su conducta, por lo que solicita se descarte la figura intencional del art. 46 de la ley, por lo que considera improcedente la presunción establecida en el inc. b) del art. 47, reitera nuevamente que no actuó de forma negligente y mucho menos imprudente, manifestando que su conducta en todo momento se ha ajustado a derecho y que ha tomado los debidos recaudos previos a la prestación del servicio y que en todo momento prestó la debida colaboración en la fiscalización practicada.
Aporta prueba documental y ofrece la producción de prueba informativa, pericial contable y testimonial, y solicita, en consecuencia, que se revoque la Resolución, con costas.
II. A fs. 132/141 el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso, solicitando que se confirme el acto, también con costas.
III. A fs. 149 se abrió la causa a prueba, donde se hizo lugar a la prueba informativa dirigida a la Municipalidad de Pigue, Prov. de Buenos Aires, a la ex Administración Federal de Ingresos Públicos, a la Secretaria de Turismo, al Sr. Néstor E. Fiorido, a Ayme Turismo de Nestor E. Fiorido, al Banco Credicoop, al Gran Hotel Pigue, y a Nortur S.R.L, y se rechazó la prueba testimonial por innecesaria. Asimismo, se intimó a Furlong Incoming S.A. a que proponga perito de su parte. A fs. 150/152 la recurrente interpone recurso de revocatoria contra el auto que rechazó la prueba testimonial ofrecida. A fs.185 se hace lugar a dicho recurso solamente por el testigo propuesto, el Sr. Eduardo D. Metzler, y se intima a que se denuncie su domicilio al efecto de fijar la audiencia testimonial. Finalmente, a fs. 200 se hace lugar a la prueba pericial contable, y se ordena el libramiento del oficio por Secretaria Letrada a la Agencia de Coronel Suarez, Provincia de Buenos Aires, de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos a efectos de que se tome declaración testimonial al Sr. Eduardo D. Metzler, acompañándose el correspondiente interrogatorio. A fs. 152 contesta el Banco Credicoop informando que el Sr. Eduardo Daniel Metzler es titular de una cuenta corriente y que dicha cuenta fue acreedora de una transferencia interbancaria por la suma de $28.912 el 27 de marzo de 2002; por su parte, Nortur S.R.L. informa a fs. 157 que ha brindado los servicios de traslado de pasajeros desde el Hotel Panamericano de Capital Federal al Hotel Pigue Provincia de Buenos Aires ida y vuelta. A fs.171 contesta la ex Administración Federal de Ingresos Públicos que adjunta los datos referenciales del Sr. Néstor E. Fiorido, lo mismo hace la Secretaria de Turismo a fs.177 informando que la empresa Ayme Viajes y Turismo cuyo titular es el Sr. Néstor Esteban Fiorido se encuentra inscripta desde el 1 de julio de 1999. A fs. 183 la Municipalidad de Pigue informa que la empresa Ayme Turismo de Nestor Fiorido ya no se encuentra inscripta en dicho municipio.
A fs. 296 se intimó a Furlong Incoming S.A. a que en el término de 5 días arbitre los medios necesarios para la producción del resto de la prueba informativa, bajo apercibimiento de dar por decaído el derecho a producirla, intimación que se reiteró a fs.304 y que ante el incumplimiento se hizo efectiva a fs.310. A fs. 225 obra la declaración testimonial del Sr. Eduardo Daniel Metzler donde el testigo manifiesta que en su carácter de representante de la firma Ayme Turismo de Nestor E. Fiorido ha prestado servicios a la firma Furlong Incoming S.R.L. en la fecha abril-mayo 2002; agrega que el servicio prestado fue el de recepción en la localidad de Pigue y zona, incluyendo hotelería, gastronomía y traslados. A fs. 246/247 obra presentado el informe pericial contable en el que los expertos informan que no existen objeciones en las cuestiones formales de los libros comerciales, y que la empresa ha llevado la debida registración de las operaciones con la firma Ayme Turismo de Nestor Fiorido; además, que lo declarado en el impuesto al valor agregado en el periodo fiscal abril 2002 coincide con lo registrado en los libros de comercio. Por último, ambos peritos destacan que las registraciones en el libro diario se hicieron en forma detallada y no como asientos resúmenes, por lo que la facturas se encuentran registradas.
Por medio de la PV-2024-133051135-VOCXI#TFN se clausura el período probatorio y el 25 de junio se eleva el Expediente a la Sala. Luego se ponen los autos a alegar, ejerciendo su derecho ambas partes.
Por último, a través del IF-2025-99900295-APN-VOCXI#TFN quedan en estado para dictar sentencia.
IV. Corresponde entonces resolver sobre la legitimidad de la Resolución N°183/07.
Surge de los Considerandos de dicho acto que luego de sustanciarse el procedimiento de fiscalización a Furlong Incoming S.R.L., se impugnaron las operaciones con un proveedor que fue calificado de apócrifo, Ayme Turismo de Néstor Esteban Fiorido.
Para ello se tuvo en cuenta que de la consulta a la base de datos se detectó que una de las facturas, la “A” N°0002- 00000225 emitida el 25 de abril de 2002, tenía un CAI -N°99111065246981- improcedente ya que ese CAI correspondía a un rango de facturas autorizado para otro lote de facturas que vencían el 2 de diciembre de 2000, es decir antes de la fecha de la emisión de la factura en cuestión. Ello, sumado a que el titular de la imprenta al ser circularizado manifestó que la última autorización de trabajo de impresión correspondiente a Néstor E. Fiorido abarcaba las facturas “A” 0002- 00000101 a 0002-00000150. Se tuvo en cuenta también que el Sr. Néstor E. Fiorido manifestó a la fiscalización que la actividad principal que desarrollaba era el transporte para turismo y si bien ratificó la operación realizada con Furlong Incoming S.R.L., aclaró que la organización, realización y cobro del evento estuvo a cargo del Sr. Eduardo D. Metzler, que se ocupaba de las relaciones publicas, de organizar los tours y conseguir clientes para la agencia. Dijo en dicha oportunidad, asimismo, que a cambio el Sr. Metzler le abonaba aproximadamente $400 mensuales por figurar como titular.
En cuanto a los pagos, la fiscalización constato que los mismos fueron realizados en la cuenta corriente en pesos del Sr. Eduardo D. Metzler, que poseía en el Banco Credicoop Cooperativo Ltda.
Por esas razones se impugnaron los créditos fiscales computados por Furlong Incoming S.A en los periodos fiscales diciembre de 2001, febrero y abril de 2002, por lo que le correspondía, en el derecho de contradicción que la ley procesal le acuerda ejercer, demostrar la realidad de las operaciones con el proveedor objetado.
Ello así, toda vez que ante ajustes como el que aquí se analiza resulta de aplicación la interpretación realizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de las disposiciones del art. 12 de la ley del gravamen en la causa “Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/ DGI”, del 10 de marzo de 2015, entre muchas otras, al sostener: "Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles...".
Similares consideraciones hizo en “ADM Argentina S.A.” del 10 de marzo de 2015 y en “Molinos Río de la Plata S.A.” del 25 de agosto de 2015, ente muchos otros.
Lo explica la Cámara que ejerce como alzada de este Tribunal cuando dice que “…el contribuyente debe acreditar fehacientemente la real existencia de las operaciones realizadas y a su vez, para que se pueda computar el crédito fiscal, es necesaria la existencia de la generación de un débito fiscal en la etapa anterior por esa misma operación para el vendedor, locador o prestador, pues se supone que el contribuyente puede tomar en cuenta el crédito así constituido por haber abonado el Impuesto al Valor Agregado en la etapa anterior (conf. esta Sala, in re “Molinos Río de La Plata SA c/ EN- AFIP DGI- Resol. 227/06 39/06 (GC) s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 14/08/12)” – conf. “Avital S.A.”, del 24.2.2022, entre otras-.
Resulta así claro que la ley del gravamen subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto del prestador del servicio o del vendedor de los bienes, extremo que es el que corresponde analizar aquí, en orden a determinar si fue realmente el proveedor impugnado el que efectivamente presto el servicio; por ende, si le asiste a la recurrente el derecho a computar el crédito fiscal de los comprobantes fiscales extendidos por este.
En el caso, las pruebas rendidas a tal fin no son suficientes, ya que con ellas no demostró que efectivamente fue el proveedor impugnado el que prestó los servicios destallados en los comprobantes fiscales. Así, el informe pericial contable que da cuenta de la documentación y registración de las operaciones, mas no de su real existencia, es decir, que no surge de dichos elementos que el prestador de los servicios fue realmente el que aparece en dichos comprobantes que es lo que determina el cómputo del crédito fiscal en el impuesto al valor agregado.
Lo mismo ocurre con la prueba informativa.
De la contestación del Banco Credicoop, se desprende que el Sr. Eduardo Daniel Metzler era titular de una cuenta corriente y que dicha cuenta recibió una transferencia interbancaria de $28.912 el 27 de marzo de 2002. Por su parte, Nortur S.R.L. informó que brindó los servicios de traslado de pasajeros solicitado por Furlong Incoming S.A. desde el Hotel Panamericano de Capital Federal al Hotel Pigue Provincia de Buenos Aires.
En cuanto a la prueba testimonial, de la declaración del Sr. Eduardo Daniel Metzler, además que él mismo al declarar reconoce tener un interés directo en el juicio que tramita en este Expediente, no surge claro que fue el proveedor impugnado el que efectivamente prestó los servicios, ya que de su manifestación se desprende que lo hizo él a través del proveedor cuestionado; sin perjuicio que no acredita fehacientemente el vínculo con el proveedor, vgr. intermediario, ni tampoco respalda sus dichos con documentación. Nada dice tampoco de las declaraciones del Sr. Florido en cuanto a que figuraba como titular de Ayme Tursimo a cambio de dinero.
Se advierte así que a pesar de las pruebas producidas por Furlong Incoming S.A. no se ha logrado probar la realidad de los servicios prestados por el proveedor impugnado, ya que no aportó elementos para considerar la realidad económica de las transacciones objetadas, es decir, que no surge de allí que el proveedor fue realmente el que aparece en dichos comprobantes que, como ya se dijo, es lo que determina el cómputo del crédito fiscal según el art. 12 de la ley del gravamen y la jurisprudencia que ha interpretado dicha disposición.
No puede soslayarse además que respecto del proveedor investigado el Fisco Nacional puso en evidencia una serie de irregularidades, esencialmente que en una de las facturas el CAI ingresado había sido autorizado para un lote anterior de facturas, sumado a lo manifestado por el propio Sr. Néstor E. Fiorido, en cuanto a que el Sr. Eduardo D. Metzler era el encargado de las relaciones publicas, de organizar los tours y conseguir clientes para la agencia y a cambio de ello le pagaba aproximadamente $400 mensuales por figurar como titular.
Lo expuesto es suficiente para confirmar la pretensión fiscal notificada en la Resolución recurrida, tanto en cuanto al capital como los intereses intimados en ella, con costas.
VI.Por último, respecto de la sanción de defraudación aplicada en la Resolución por el periodo fiscal enero 2002, que es el único período que arrojó impuesto a ingresar, con sustento en el art. 46 y valiéndose de la presunción de dolo establecida en el art. 47, inc. b) de la ley 11.683, no existe dudas que se encuentran configurados los elementos objetivo y subjetivo que permiten confirmar el encuadramiento de la conducta en dicha figura infraccional.
En el caso de autos, se le imputa a Furlong Incoming S.A. haber computado créditos fiscales improcedentes, originados en facturación tildada de apócrifa, por operaciones que no logró probar en la forma exigida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al fallar en la causa “Stop Car S.A.”, sentencia del 21 de agosto de 2013, entre otras, por lo que ante la omisión de acreditar una realidad fáctica diferente debe tenerse por configurado el elemento objetivo del tipo. Respecto al elemento subjetivo, el juez administrativo se valió de la presunción que contempla el inc. b) del art. 47 de la misma ley, considerando que la declaración jurada contenía datos inexactos que implicaron una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible y, en este sentido, era también de resorte de la recurrente proponer y ofrecer pruebas en contrario de su culpabilidad, por lo que al no haberlo hecho los agravios formulados, como ya se dijo, huérfanos de probanza, deben ser desestimados.
Para terminar, cabe recordar el criterio en esta materia, tal lo que la Excma. Cámara pusiera de manifiesto al fallar en “Desartex S.A.”, del 18 de julio de 2019, es que “…la figura de la defraudación –tipificada en el artículo 46 de la Ley Nº 11.683– requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Ello, en la medida en que no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error en la víctima de defraudación (in rebus “Carlos Romero Hijos y Cía. S.A.”, del 02/05/05; y “Sacks, Santiago (TF 20.669-I) c/ DGI”, del 15/09/10).- Por otro lado, el citado artículo 47 incorpora diferentes presunciones legales “iuris tantum” por las que se invierte la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto significa que, como consecuencia de estas presunciones, una vez que el Fisco ha probado que en el supuesto bajo examen se configura alguno de los casos previstos en el citado artículo, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación, y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa (esta Sala in re: “Beleza SA (TF 21.382-I) c/ DGI”, del 24/06/05; Sala III in re: “Andechaga Jorge Luis (TF 25.401-I) c/ DGI”, del 15/04/09; y Sala IV in re: “Garnero Víctor Hugo (TF 24.331-I9 c/ DGI”, del 30/07/09)”. Y que, “…ante el hecho de que se consignaron datos en las declaraciones juradas que incidieron sobre la determinación de la materia imponible (inc. b] del art. 47 de la Ley Nº 11.683), es aplicable en el caso la presunción de que existió una conducta dolosa por parte de la contribuyente.- A partir de ello, es posible concluir que las declaraciones juradas inexactas presentadas por el contribuyente tuvo una grave incidencia en la determinación de la materia imponible y, por su parte, la actora no acreditó ninguna circunstancia que la eximiera de responsabilidad por dicha inexactitud (esta Sala, in re “Agro Beef S.R.L” cit.).- En consecuencia, la sanción impuesta posee fundamento fáctico y jurídico suficiente (arts. 46 y 47 inc. b] de la Ley Nº 11.683)”.
Por lo expresado, no existe razón para dejar sin efecto la pena que según la ley es la que corresponde a dicha conducta que es la prevista en el art. 46 de la ley 11.683.
Por lo expuesto, corresponde confirmar en todas sus partes la Resolución N°183/07, con costas.
La Dra. Gómez dijo:
Que adhiere al voto precedente.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución N°183/2007, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo de Furlong Incoming S.A. en la siguiente forma:
a) Por la primera y segunda etapa, en las sumas de $32.841 por la representación procesal y $50.526 por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, conforme a lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
b) Por la tercera etapa, en la suma de $16.420 equivalente a 0.21 UMA por la representación procesal y de $25.263, equivalente a 0,33 UMA por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, conforme a lo dispuesto por por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423.
3. Regular los honoraios del Contador Público Carlos Alberto Louit por su actuación como perito designado a propuesta del Fisco Nacional en la suma de $49.262 teniendo en consideración las pautas establecidas por el decreto-ley Nº 16.638/57.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Se hace constar que esta sentencia se emite con el voto coincidente de dos Vocales Titulares de esta Sala por encontrarse en uso de licencia el Vocal Titular de la 12° Nominación (conf. art. 184 de la ley 11.183).
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2025.09.10 14:39:22 -03:00 Date: 2025.09.10 16:19:31 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.09.10 16:19:32 -03:00
Fin de la sentencia