Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Necochea · Causa 13945
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaVISTOS Y CONSIDERANDO: Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo se resuelve 1. Revocar la sentencia homologatoria del 14/4/2023, declarándose la nulidad del convenio de fecha 6/11/2020; 2. Declarar la nulidad del testimonio brindado por la abogada N. P., remitiéndose la presente sentencia (con la reserva que las circunstancias del caso amerita) al Colegio de la Abogacía de Necochea para que investigue la presunta comisión de infracciones a la Ley 5177. 3. Instar a la Letrada a la formación en la temática de género y violencia contra las mujeres (Ley 27.499 “Micaela”) en pos de brindar un asesoramiento que resulte respetuoso de la normativa aplicable en la materia y garantice el adecuado servicio de la defensa técnica conforme los estándares de Derechos Humanos. 4. Oficiar al Colegio de la Abogacía Departamental para que en el marco de sus atribuciones legales (art. 19 y ccdtes. L. 5177), evalúe la eventual procedencia de implementar medidas dirigidas a la capacitación de sus colegiados/as conforme las pautas y estándares establecidos en la “Ley Micaela” en tanto operadores del sistema de justicia (Ley 27.499; Ley 15.134, art. 8 Convención de Belém Do Pará). 5. Exhortar al magistrado, Dr. XX, a que en lo sucesivo deberá cumplir con el mandato insoslayable de aplicar la perspectiva de género en las resoluciones que adopte a fin de garantizar la igualdad y el acceso a la justicia (cfr. consid. III.3); 6. …
(RGE:Identificacion en Receptoría )
Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial-Necochea En la ciudad de Necochea, a los 28 días del mes de diciembre de 2023, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, en acuerdo ordinario, a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: "G. B. A. J. C/ B. M. S. S/ HOMOLOGACION DE CONVENIO FAMILIA", Expte. 13.945, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal Civil y Comercial, resultó del mismo que el orden de votación debía ser el siguiente: Sra. Jueza Doctora Laura Alicia Bulesevich, Sra. Jueza Dra. Ana Clara Issin y Sr. Juez Doctor Fabián Marcelo Loiza.
El tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª ¿Se ajusta a Derecho la sentencia dictada el 14/04/2023?
2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA BULESEVICH DIJO:
I. La sentencia:
El 14 de abril de 2023 el Juez de XX dictó sentencia homologatoria del convenio de separación personal, cuidado personal, atribución del hogar familiar, régimen comunicacional y alimentos suscripto entre A. J. G. B. y M. B. (art. 308 del CPCC), rechazó el planteo de nulidad y la reconvención interpuesta por M. B. y le impuso las costas.
Ordenó -una vez firme la sentencia- libramiento de Mandamiento de entrega de posesión del inmueble sito en calle XX a favor de A. J. G. B., “bajo apercibimiento de ordenarse su lanzamiento con el auxilio de la fuera pública, dándose inmediata comunicación e intervención a la Municipalidad de XX notificando la existencia del presente fallo a efectos de que tome las medidas que estime corresponder por el supuesto caso de que la Sra. M. S. B. y su hija menor queden en situación de calle o se produzca algún riesgo, a través de los programas de apoyo habitacional con que cuente la Dirección de Acción Social del mencionado municipio local, librándose el oficio de estilo”.
Para arribar a su decisión el magistrado principió por destacar la autonomía de la voluntad como principio general del Derecho Civil, conceptualizándola como la libertad que tienen los individuos para autorregular sus intereses.
Enfatizó que las restricciones a tal autonomía sólo reconocen motivos imperiosos de orden público y se reducen a su mínima expresión. Afirmó: “la doctrina y jurisprudencia imperante - a la cual me adhiero - tienen sentado que del contrato no puede surgir injusticia alguna, dado que las obligaciones son asumidas libremente. Pongo de resalto la palabra "libremente" porque es aquí donde se encuentra en el caso de marras el meollo de la cuestión.” Continuó así su razonamiento sosteniendo que ante un convenio de partes su tarea homologatoria resultaba supletoria a lo decidido y se encontraba limitada a constatar que no existiera abuso o vicio en esa voluntad.
Expuso entonces que -analizadas detenidamente las pruebas- no encontró en el convenio ninguna cláusula manifiestamente abusiva que perjudicara a M. B.; considerando insuficientes como vicios de la voluntad las manifestaciones alegadas tanto en relación a su falta de entendimiento como respecto al desconocimiento de sus derechos.
Con escrutinio de la prueba testimonial ofrecida por el actor valoró principalmente la declaración de la abogada N. P. -con transcripción completa de su testimonio- en los siguientes términos: “según actas que corren agregadas en fecha 23/06/2022 surge que en todo momento la Sra. B. estuvo asesorada por dicha profesional quien textualmente dice: la testigo respondió que tuvo una relación profesional, abogada - cliente (con la Sra. B.). Dice que la Sra. B. acude a su estudio a consulta porque se estaba separando, aún convivía con el Sr. G. y quería saber de los efectos de la separación y por alimentos de su hija, régimen comunicacional, y cuidado personal, y atribución de la vivienda, todo lo que está en el convenio. La testigo dice que la Sra. B. tuvo un nivel de conocimiento completo y total, entendió todo, y además es una chica inteligente, en ese momento estudiaba una carrera terciaria en el Instituto Superior. La testigo dice que siempre estuvo de acuerdo con lo que se estaba negociando con el Dr. L. M. como abogado de A., ella como abogada cumplía sus directivas, era la Sra. B. que le decía lo que deseaba y le impartía sus pretensiones. Solo como abogada fue el nexo de acuerdo a lo que su clienta quería y luego hablaba con el Dr. M. y negociaba. El Convenio fue redactado por el Dr. L. M., incluso hubo dos, porque se reformó sobre la parte del régimen de comunicación. Luego el Dr. M. le envió el convenio en borrador por correo electrónico, ella citó a la Sra. B., se lo leyó y ahí le expresó que estaba de acuerdo porque era todo lo que ella había pedido. Es por eso que luego fueron a firmar el convenio al Estudio del Dr. M.. Aproximadamente estuvieron 10 días negociando principalmente sobre el porcentaje de los alimentos y sobre el tiempo de atribución de la vivienda. Cuando van a firmar, en ese momento había 4 ejemplares impresos de igual tenor que el Dr. M. había redactado; A. G. firmó antes y se había ido. El Dr M. leyó todo, punto por punto para que vieran que era igual al borrador que había enviado por correo y ahí la Sra. B. firmó porque estaba de acuerdo. A la pregunta octava que fue reformulada; para que diga el testigo de acuerdo a su percepción determine si la Sra. B. estuvo afectada por algún vicio de la voluntad al momento de la firma del convenio. La testigo dice que NO, siempre comprendió todo, las cláusulas eran claras, no había tecnicismo y todo de fácil comprensión. Al final manifiesta que su clienta estuvo debidamente asesorada".
Respecto al vicio de lesión el juez meritó: “NO existe el vicio de lesión alegado por la Sra. B.; ya que no se vislumbra ni se prueba ninguna ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada de parte del Sr G. (requisito objetivo), como así tampoco un estado de necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la supuesta lesionada (Sra. B.) y mucho menos explotación del supuesto lesionante (dos requisitos de tipo subjetivo)”.
Seguidamente concluyó afirmando: “COMO YA SE PUDO CONSTATAR en autos, AMBOS CONTARON CON ASESORAMIENTO LETRADO, estuvieron un buen tiempo negociando sobre los puntos del Convenio, nada se hizo en forma apresurada ni forzado; la Sra. B. contaba y cuenta con herramientas como para entender claramente lo que estaba firmando y su misma letrada (Dra. P.) expresó claramente que estuvo siempre asesorada, que nadie la indujo o la engañó y fue ella misma quien le daba las pautas de lo que quería plasmar en dicho convenio, según sus pretensiones. Y como lo tiene dicho la doctrina y jurisprudencia imperante la acción de nulidad por LESION sólo será procedente si - y solo si - se dan los tres elementos o requisitos, en forma excluyente”.
II. El recurso:
La decisión agravió a M. B. que presentó su expresión de agravios el 19/06/2023, los que fueron debidamente replicados mediante escrito del 10/07/2023.
En su impugnación solicitó se rechace la homologación del acuerdo del 06/11/2020 mediante la declaración de su nulidad -dejándose sin efecto el desalojo ordenado- y se haga lugar a la reconvención, mediante la atribución del uso de la vivienda familiar a favor de su hija hasta que se extinga la obligación alimentaria, con costas.
Desarrolló para ello cinco agravios encolumnados a solicitar la revocación de la sentencia, los que son necesarios describir detalladamente en función de la resolución que amerita el caso.
1. El primero de los agravios lo cimentó en la incompetencia del Juzgado de XX para entender en la materia.
2. En el segundo agravio expuesto bajo el título “Falta de perspectiva de género y grave afectación del interés superior de la niña colocándola en situación de calle” la apelante incardinó su apelación en la ausencia de valoración de la situación de violencia de género vivida por ella y su hija. Afirmó al respecto: “Los expedientes de violencia familiar de trámite por ante el propio Juzgado de XX –ofrecidos oportunamente como pruebano han sido siquiera mínimamente ponderados ni mencionados en los considerandos, siendo que el progenitor fue excluido del hogar por orden del propio magistrado ante la gravedad de los hechos denunciados por mi asistida y que motivaron la separación definitiva de la pareja”. Agregó así que: “En este contexto de violencia, de presiones, de desinformación, de desprotección y falta de asesoramiento legal eficaz fue que M. suscribió dicho convenio, desconociendo los verdaderos derechos que le asistían tanto a ella como a su hija. Como se expuso al contestar demanda, la letrada que la asesoraba en su momento le refirió que no tenía derecho alguno a permanecer en el inmueble porque este era un bien propio de A., razón que la persuadió de firmar tal acuerdo por entender no tenía otra alternativa”.
Con cita de un antecedente de nuestro máximo tribunal provincial destacó las vulnerabilidades del caso -derecho a la vivienda de la niña y progenitora víctima de violencia- precisando que “M. es una mujer joven, a cargo de una pequeña de 6 años, que no tiene trabajo estable ni cuenta con otra vivienda ni recursos económicos para alquilar -…- la decisión de dejarla a ella y su niña en situación de calle vulnera a las claras los principios protectorios que deben regir en la materia por mandato constitucional y no se muestra respetuosa de una tutela judicial efectiva, oportuna y eficaz”. Apoyando su queja en la normativa convencional finalizó su agravio expresando: “el magistrado no ha ponderado el contexto de violencia, de vulnerabilidad y desinformación en que indudablemente se encontraba M. al momento de suscribir el convenio, y ha dictado un resolutorio claramente regresivo en la materia, desde un horizonte netamente formalista o civilista del asunto sin comprender que las partes no estaban (ni están) en pie de igualdad, y por ende la voluntad de mi asistida a la firma se encontraba viciada y condicionada a esa realidad que atravesaba”.
3. a. En tercer lugar se agravió por no haberse tenido por acreditada la lesión denunciada, expresando que “se puede advertir sin mayores esfuerzos en el convenio una notable desproporción de las prestaciones, en tanto la explotación es evidente y ostensible, por lo que el vicio debe presumirse de conformidad con el Art. 332 del CCyC”.
Puso especial énfasis en la ventaja patrimonial evidente que representaba para el progenitor lo acordado en el convenio, en desmedro del derecho habitacional de su hija, que el magistrado desplazó expresamente por considerar la autonomía de la voluntad como paradigma infranqueable, sin advertir la limitación que impone la solidaridad familiar.
Alegó al respecto que: “…sólo en igualdad hay voluntad real y paritaria para convenir. La autonomía de la que se habla está limitada por la razonabilidad. Para vencer esa falta, es imprescindible profundizar en la argumentación. Me pregunto entonces ¿Es razonable M. haya aceptado libremente renunciar al derecho que le asiste de permanecer en la vivienda familiar para quedar en situación de calle? La respuesta cierra el interrogante. Es inadmisible que se le otorgue al papá el uso exclusivo y excluyente de la vivienda familiar, dejándose a la menor y su madre desamparadas, y sin siquiera se lo condene a garantizarles otro techo sustituto”.
3.b. Desarrolló dentro de este agravio, en un apartado especial, la solicitud de nulidad de la sentencia por valerse de un testimonio prohibido. Arguyó a esos fines que existió violación del secreto profesional por haberse recepcionado -en violación de garantías constitucionalesdeclaración testimonial a quien fuera su abogada patrocinante al momento de la suscripción del convenio, resaltando: “en el acto de la audiencia dejé expresa constancia por instrucciones de mi representada que la misma NO la relevaba del secreto profesional y que por lo tanto la testigo tenía prohibición de declarar en los términos del art. 58 inc 6 de la ley 5177, sin embargo el magistrado igualmente ha ordenado que la audiencia se lleve a cabo”.
Enderezó seguidamente su crítica a la valoración del magistrado “que se valió fundamentalmente de esa prueba ilegalmente incorporada al proceso para sostener que M. entendía lo que estaba firmando y que la renuncia que suscribió fue voluntaria”.
Sostuvo la ilicitud de esa prueba relacionándola con la obligación absoluta del secreto profesional del abogado, señalando que: “el juez no puede imponer la violación del mismo. Con todo ello quiero decir que si el magistrado impone al testigo (profesional) el deber de atestiguar relevándolo de su obligación de guardar secreto, colabora -sin duda alguna- en la producción de una prueba manifiestamente ilícita, por cuanto -desde una concepción restringida- permite la incorporación al proceso de información en franca violación a los derechos fundamentales de las personas, contenidos en la parte dogmática de nuestra Constitución Nacional (MIRANDA ESTRAMPES, F., El concepto de prueba ilícita y su tratamiento en el proceso penal, Bosch, 1.999, p. 30)”.
4. Como cuarto agravio enarboló la afectación de la obligación alimentaria y la violación del bloque normativo constitucional, tuitivo de los derechos de la infancia. Destacó las características de irrenunciabilidad e inalienabilidad de estos derechos, a la par que centralizó como prioritario el derecho humano fundamental de la niña a vivir en una vivienda digna. Refirió que la sentencia “torna inexigible, abstracta, y vacía de contenido la obligación alimentaria, lo que resulta inconvalidable”. Se agravió, asimismo, de la ausencia de consideración de los distintos supuestos de atribución del uso de la vivienda familiar que el art. 526 del CCyC contempla ante el cuidado de hijos o extrema necesidad de una vivienda y su imposibilidad para procurársela.
5. Su último agravio lo direccionó a la nulidad del acuerdo por falta de intervención del asesor al momento de su celebración. Finalmente efectuó la reserva del caso federal.
III. La solución:
Anticipo que propondré al acuerdo la revocación de la sentencia, declarando la nulidad del convenio y haciendo lugar a la reconvención solicitada, atribuyendo el uso de la vivienda familiar a la apelante y su hija, por los fundamentos que seguidamente paso a exponer.
El abordaje y la procedencia de algunos de los agravios generará el desplazamiento automático de otros, tales como el que versa sobre la incompetencia y aquel que discurre respecto a la intervención del asesor en la celebración del acuerdo.
III. 1. Antecedentes.
La solución que propicio parte de la valoración de varios ejes, meritados de acuerdo a los estándares probatorios que impone el enfoque de género. Ellos son: el contexto de violencia familiar en el que fue firmado el convenio (omitido en la sentencia) y que vició la voluntad de M. B. al momento de su suscripción, la nulidad del testimonio de quien fuera su abogada (prueba principal valorada en la sentencia para tener por válida su voluntad) y la especial situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la apelante junto con su hija, a los fines de la atribución de la vivienda (art. 526 del CCyC).
Esta decisión exige el análisis detenido y cronológico de los hechos que, contextualizados en el marco de las pruebas rendidas, terminan por integrar el plexo probatorio dirimente para arribar a la decisión que propongo al acuerdo.
III. 1. a. Expediente “B. S. M. c/ G. B. A. J. s/ Protección contra la violencia familiar”, expte. 12.761, de trámite ante el Juzgado de XX. El 22/10/2020 M. B., de 20 años, radicó denuncia de violencia familiar (Ley. 12.569) contra su ex conviviente, A. J. G. B., de 33 años, surgiendo de su relato: “La dicente manifiesta que estuvo en pareja con el sr. A. G. (33) desde el año 2014, que posee una hija en común R. (3) que desde hace 8 meses aproximadamente decidieron separarse pero vivir en la misma propiedad. Refiere que desde que se terminó la relación, A. la insulta verbalmente todos los días diciendo que quiere que se vaya de su casa. Sic “Sos una hija de puta…una vividora, mantenida, no servís para nada, sucia, que iba a mandar a las amigas de su novia para golpearme, entre otras cosas”…se siente vulnerable ante esta situación y teme por su integridad física. Por lo antes expuesto solicita prohibición de acercamiento a su favor con respecto a G. A.…”
Surge asimismo de la denuncia, consignados como datos de interés, que el tipo de violencia denunciada era psicológica y económica, con frecuencia diaria y en aumento durante los últimos dos meses, que el supuesto agresor tenía un consumo abusivo de alcohol y que la denunciante era asistida por la abogada N. P..
El 23 de octubre de 2020 el Juez de XX ordenó la exclusión del hogar del denunciado así como la prohibición de acercamiento, perímetro de exclusión de 200 mts., y el cese de los actos de perturbación o intimidación directa o indirecta con relación a la denunciante tanto de su domicilio particular como de su lugar de trabajo y/o cualquier lugar donde pudiera encontrarse. La medida también incluyó la prohibición de mantener contacto telefónico (mediante llamadas o bajo la modalidad de mensajes de texto) y/o informático (mail, redes sociales, etc) y/o cualquier otro acto de perturbación o intimidación que afecte la tranquilidad de la denunciante. Se hizo saber que en caso de incumplimiento, se daría inmediata intervención a la justicia penal para que se investigue la posible comisión del delito de desobediencia (art. 239 del Código Penal).
Las medidas preventivas se ordenaron por un plazo de 60 días y se le dio intervención al servicio local de protección y promoción de los derechos del niño y del adolescente solicitando la elaboración de un amplio informe en el domicilio de la denunciante.
En el acta de procedimiento de exclusión del hogar del denunciado realizada el 22/10/2020 se consignaron las siguientes manifestaciones de la denunciante “es habitual que G. ejerza violencia verbal contra la misma, insultándola que el mismo posee otra relación paralela con otra mujer, que el día de ayer discutió con el mismo ya que se enteró que la misma dispuso de asistencia legal para realizar la separación correspondiente”.
III. 1. b. El convenio: Posteriormente, el 6/11/2020, habiendo pasado 14 días de dictada la medida cautelar, las partes suscribieron un convenio titulado “Separación personal. Cuidado personal. Atribución sede hogar familiar. Régimen comunicacional. Alimentos. Renuncian compensación económica”. En sus cláusulas se estipuló:
- el cuidado personal de la menor a favor de la progenitora, con residencia principal y permanente de la niña en su domicilio (cláusula segunda);
- el uso de la vivienda que fuera sede del hogar familiar a M. B. y su hija por el plazo de un año y la atribución de la vivienda a A. G. B. al cabo de ese término, pactándose la mora de pleno derecho, sin necesidad de intimación previa (cláusula tercera);
- el régimen comunicacional de la niña, destacándose la vigencia de la medida cautelar dictada en el marco del expediente de violencia (expte. 12.761) (el resaltado me pertenece) (cláusula cuarta);
- la cuota de alimentos en un 20% de las remuneraciones percibidas por el alimentante por el plazo de un año, y en un 25% a partir de la restitución de la vivienda (cláusula quinta);
- a partir del reconocimiento de la titularidad exclusiva del sr. G. tanto de la vivienda como de sus muebles, útiles y enseres, la obligación de la sra. B. de su restitución al momento de entregar la vivienda (cláusula séptima); - la renuncia a reclamos judiciales por compensación económica (cláusula octava).
III. 1. c. La oposición a la homologación del convenio y la reconvención:
Intimadas las partes a reconocer las firmas del convenio (v. resolución del 21/12/2021) se presentó M. B. oponiéndose al pedido de homologación y planteando su nulidad absoluta por vicio de lesión (art. 332 del CCyC) y por poner en serio riesgo el derecho de habitación de su hija. Reconvino la demanda “solicitando se condene al actor atribuir el uso de la vivienda familiar sita en XX de la Ciudad de XX a favor de nuestra hija XX hasta que se extinga la obligación alimentaria, con costas” (v. presentación del 14/2/2022).
Sostuvo allí: “la convivencia finiquitó cuando tomé el valor de denunciar la violencia que estaba padeciendo, causa que tramitara ante este Juzgado y en la que se ordenó excluirlo del hogar.”
En ese escenario, respecto al asesoramiento legal recibido M. B. manifestó: “mi letrada de entonces se puso en tratativas conciliatorias con la contraparte y me expresó que al ser el inmueble un bien propio de A. no tenía derecho alguno a seguir viviendo en él, razón por la cual desconociendo los derechos que verdaderamente me asistían suscribí el 6 de noviembre de 2020 con total ignorancia el acuerdo cuya homologación ahora solicita la contraria”.
Puso especial énfasis en el carácter leonino de la cláusula por la cual se la priva de vivienda, destacando su situación de pobreza, la situación de calle a la que se vería inmersa con su pequeña hija y su ignorancia respecto a sus derechos al momento de suscribir el convenio (art. 526 del CCyC). Entre la prueba instrumental ofreció la causa de violencia de género.
III. 2. Perspectiva de género. Contexto de violencia.
En la tarea revisora que llevo a cabo me parece importante ahondar en la profundización del paradigma interpretativo del cual parto. El Código Civil y Comercial consagró la constitucionalización del derecho privado; de allí que el juez debe resolver los casos con un enfoque constitucional-convencional, efectuando una interpretación armónica, sistemática y coherente del ordenamiento jurídico, a través del mentado diálogo de fuentes (arts. 1, 2 y 3 del CCyC).
En un reciente y señero fallo de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, C. 124.589, “M. L. F. contra C. M. E. Acción de Compensación Económica”, sent. del 21/03/2022, JUBA B4502083, el Dr. Torres señaló en su voto: “Se dice que el derecho, como producto de los hombres, tendrá momentos en que sea insuficiente, en que no se baste así mismo. En estas ocasiones resulta muy necesaria la figura del juez capaz de hacer que el derecho cumpla su destino: alcanzar la justicia (Vial-Dumas, Manuel; Martínez Zorrilla, David; Pensando al juez, Marcial Pons, Madrid, 2019, pág. 47).
Para cumplir tal finalidad, el Código Civil y Comercial, a partir de los arts. 1 y 2, dota al ordenamiento jurídico interno de la elasticidad necesaria para que los jueces y juezas podamos encontrar aquellas soluciones que mejor se adapten al caso y permitan alcanzar y garantizar el valor justicia”. Pretendiendo llevar a cabo tal labor encuentro que la sentencia de la instancia no constituye una respuesta con criterio de justicia e igualdad. Paso a dar las razones de mi afirmación.
En primer lugar, el razonamiento judicial -divorciado del contexto de violencia en que la mujer denuncia haber estado inmersa- pretendiendo aplicar en abstracto el paradigma de la autonomía de la voluntad, presuponiendo deductivamente la libertad a partir de un enfoque jusprivativista; y que omite la valoración de la renuncia a los derechos que ha efectuado la mujer, resulta arbitrario y contrario a la normativa constitucional y convencional aplicable.
El razonamiento cuestionado invisibiliza, sin dudas, el marco de violencia, y esta omisión al momento de resolver conlleva un exceso formalismo normativista.
En efecto, "La importancia de razonar desde el contexto radica en que ello permite cambiar las percepciones acerca del mundo. Para encontrar la solución justa para el caso, es necesario situar el problema dentro del contexto de la red de significados sociales. Esto implica considerar las identidades históricas, culturales y sociales de las personas, lugares y cuestiones involucradas. Al ampliar el análisis, podemos comprender diferentes realidades y enfoques de pensamiento no consideradas en el derecho tradicional -...- Especialmente en las cuestiones relacionadas al género, no alcanza con analizar los hechos aisladamente del contexto estructural, social e individual determinado. Si se prescinde del contexto, en cualquier caso, los resultados pueden ser injustos. El método no implica que todos los elementos del contexto serán relevantes en la misma medida, sino que apunta a ampliar el campo de análisis. Sobre la base de la información disponible corresponde evaluar qué hechos, conductas o discursos entre los sujetos involucrados, y sus relaciones, resultan importantes para la comprensión integral del "evento focal" que se quiere comprender" (Custet Llambí, María Rita; La perspectiva de género en la argumentación jurídica, Ed. del Sur, CABA, 2023, p. 127).
Desde ese enfoque circunstanciado a las especiales particularidades de la causa, se expresó: “Si en virtud de las constancias de la causa existen indicadores de situaciones de violencia, se debe resolver con la prudencia necesaria para evitar profundizar la especial situación de vulnerabilidad de la mujer”. (Superior Tribunal de Justicia de La Pampa, Sala A, autos caratulados: “E., C. N. c/ M., L. M. s/ Compensación Económica”, sent. del 27/04/2023).
Es que, como ya hemos sostenido, la labor hermenéutica y axiológica en la apreciación de los hechos y las pruebas en los casos de violencia familiar debe estar informada de esta realidad imperante y circunstanciada -impregnada de aspectos fácticos, vinculares y sociales- que nos impone atender no sólo a los bienes jurídicos que resultan protegidos por las normas en juego sino, también, llevar adelante un abordaje transversal, diferenciado y consciente de las condiciones de vulnerabilidad de las personas involucradas (art. 75 inc. 23 CN). (esta Cámara Expte. 13.758, reg. elec. n° 93 (S) del 11/07/2023).
Sin dudas, "...valorar la prueba no es descomponer individualmente cada uno de los medios rendidos, investigando si por sí solos arrojan acabada convicción aislada. Antes bien, importa entrelazarlos acumulativamente con los restantes elaborando un plexo, un tejido de hechos que se compenetran recíprocamente. En este sentido tiene dicho la Corte Suprema de la Nación que no corresponde privilegiar ningún exceso ritual manifiesto en la interpretación o valoración peculiar de la prueba que pueda conducir a un fraccionamiento negativo, con el aislamiento de unos medios en relación a otros, restándole, a la sumatoria global, lo que el sentido de cada uno de ellos en particular les hace cobrar fuerza de convicción si están enlazados, en armonía totalizadora, con los restantes (‘Fallos’ 297:100, 'L.L.', 1977-B-494; 303:2080, causa W.118.XX, sent. del 27-VIII-1995)". (SCBA, C 116.677, sent. del 25/10/2017)
A través de esta valoración integral e interrelacional de la prueba, se obtiene un cuadro de situación que permite determinar la realidad vivencial en la que estaba inmersa M. al momento de suscribir el convenio, siendo la exposición a la violencia una circunstancia configurativa de su mayor vulnerabilidad y que inevitablemente tracciona la aplicación de la legislación en la materia, que resulta de orden público.
Es decir, el orden público compele al juez a aplicar el plexo normativo protectorio de la violencia contra la mujer, con la operatividad plena de sus postulados.
En este sentido “Lo que se impone es un mayor protagonismo a la jurisdicción y a sus colaboradores, ya que es allí cuando el contexto no permitió a esta mujer advertir que sus derechos eran vulnerados es cuando debió activarse la justicia como punto de equilibrio y asistirla. Es a esa clase de personas, aquellas a las que un determinado contexto o situación la torna vulnerable - en este caso una mujer- a la que nos convoca el derecho a proteger porque -por las razones que fuera y que no interesan a la jurisdicción- evidentemente no lo advierte por sus propios medios y encontrándose en inferioridad de condiciones es propensa a acoger propuestas irrazonables e injustas y hasta contrarias a la ley”. (Tribunal de Justicia de Corrientes, “G., A. B. c/ M. U. F. s/ divorcio vincular - Incidente de liquidación de la sociedad conyugal”, sent. del 29/06/2021, Cita:
TR LALEY AR/JUR/101631/2021).
Por ello, “Cabe destacar el papel fundamental que en nuestro ordenamiento jurídico interno ocupa la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Este instrumento robustece el principio de igualdad y no discriminación, resultando ser de orden público -salvo las excepciones allí contempladas- y de aplicación obligatoria para los jueces, pues resulta ser transversal de todo el ordenamiento jurídico interno (arts. 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 16, ley 26.485). De allí se extrae la importancia de contar con una justicia que ponga el énfasis en juzgar con perspectiva de género, obligada mirada que no solo está presente en esta ley sino también -con mucha fuerza- en el Código Civil y Comercial.” (SCBA, C 125.591, “O. M. c/ S. E. A. s/ Atribución vivienda familiar, reg. sent. del 24/05/2022).
En el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, Sala Primera, A.G. en J° M.S. C/ D. R. p/ nulidad p/consulta p/recurso extraordinario provincial, (sent. del 27/12/2019) en el que se confirmó la declaración de nulidad de una escritura pública por la violencia sufrida por la mujer en forma previa al otorgamiento del acto, se sostuvo al respecto: “La necesidad de analizar el caso concreto para verificar la posibilidad de la violencia de actuar como vicio de la voluntad que anule la libertad de decisión, debe cobrar aún mayor preponderancia en un caso de violencia contra la mujer”.
En dicho caso resultó medular el contexto de violencia al que estaba expuesta la mujer para la valoración de su voluntad. Allí se sostuvo “Como puede advertirse, la situación de violencia contra la mujer no es un hecho instantáneo que agota sus efectos en ese momento, sino que, por sus implicancias, puede impedir el ejercicio pleno de la libertad de la víctima con posterioridad a él, por lo que no puede analizarse el reconocimiento efectuado por la Sra. S.M. del carácter de bien propio de un inmueble adquirido por su esposo, que tiene como consecuencia excluir ese bien del patrimonio de la sociedad conyugal, como si fuera el reconocimiento voluntario efectuado por cualquier persona ante un escribano, sin ningún tipo de coerción externa -…- es innegable que la violencia siempre deja secuelas que influyen en la víctima, coartándole su libertad e independencia de criterio y acción frente al victimario”.
Resulta, por lo tanto, innegable que durante la vigencia de una medida cautelar otorgada a favor de la denunciante, en el marco de un proceso de violencia de género, debemos asumir que existe un contexto de violencia y consecuentemente, una situación de mayor fragilidad de la mujer. Máxime en el caso, si además se tiene en consideración que M. B. era menor de edad al inicio de la relación y de su maternidad, habiendo alcanzado los 20 años recién al tiempo de su separación y con una diferencia de 13 años respecto de su ex pareja. Esta cuestión, en consideración a la naturaleza de aquella etapa evolutiva y el período de la vida donde se comienza a transitar el pasaje de la adolescencia a la adultez, no puede en modo alguno pasar inadvertido.
III. 3. La nulidad del testimonio de la abogada. Violación del secreto profesional.
No puedo dejar de advertir con profundo asombro y preocupación que ha sido el propio testimonio de la letrada que asistió a M. B. durante el período que se encontraba vigente la medida cautelar por violencia familiar (se consignó su asesoramiento en la denuncia por violencia de género), el que ha sido valorado por el juez de manera principal y como fundamento esencial en contra de los derechos que la propia M. alega vulnerados. En esta ruta crítica que resulta el derrotero procesal en su punto más trascendente: “el de restauración de los intereses jurídicos lesionados”, y que exige la remoción de los obstáculos para garantizar la efectividad de los derechos a través de una adecuada tutela; M. B. debió enfrentarse a obstáculos erigidos por la propia judicatura, que valiéndose de lo que debiera ser un recurso para el acceso a la justicia lo ha utilizado -transgrediendose la obligación del secreto profesional (art. 58 inc. 6 de la Ley 5177)- en contra de la misma justiciable.
El art. 4 de la Ley 12.569 expresamente establece: “En todos los casos se resguardará a la víctima y observarán las disposiciones referidas al secreto profesional y al consentimiento informado”.
En las “Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad (Actualización aprobada en abril de 2018, Quito)” se establece como Regla 31 que: “Se promoverán acciones destinadas a garantizar la gratuidad y confidencialidad de los servicios de asistencia y apoyo técnico-jurídicos de calidad ágil y oportuna”. Por el contrario, me pregunto: ¿cómo podría garantizarse el acceso a la justicia con la confidencialidad que exige el secreto profesional -condición inexcusable y esencial de toda asistencia jurídica- a una mujer que denunció ser víctima de violencia, si la judicatura contara con la facultad de relevar del secreto profesional al abogado/a y valorar su testimonio en contra de los intereses de quien fue su asistida?
Lejos de consolidar el acceso a la justicia se construye una suerte de trampera legal, con proyecciones de acallamiento inimaginables, capaz de promover el silenciamiento de las víctimas. Y que en el caso se agrava aún más en función de la expresa oposición de M. B. -lo que será seguidamente analizado- pues no obstante su férrea resistencia, el magistrado de todas formas culminó, en los hechos, relevando a la letrada del secreto profesional, sin que se advierta la existencia de justa causa.
No se puede obviar que "Frente a conflictos entre particulares en los que haya antecedentes de conductas asimilables a violencia de género contra la mujer que es parte en el juicio los jueces deben duplicar la prudencia, poner sobre la lupa el principio de autonomía de la voluntad previsto en el Código Civil, asegurar que el/la abogado/a de la mujer que padece la situación de violencia realice realmente una defensa "genuina" de los intereses de su asistida y tener en especial consideración al momento de resolver una perspectiva de género acorde a los principios que prevé la Ley de Protección Integral a las Mujeres 26.485 "de orden público", nuestra Constitución Nacional y el ordenamiento internacional de derechos humanos." ("Autonomía de la voluntad y violencia de género ", Yankielewicz, Daniela L. y Olmo, Juan Pablo, Publicado en: DFyP 2014 (septiembre), 84, Cita Online: AR/DOC/2795/2014).
Estimo que el magistrado presumió, de manera equivocada, que si la letrada no hubiera prestado un asesoramiento y defensa técnica eficaz lo habría reconocido; porque, en efecto, la valoración judicial del testimonio estuvo encolumnada a acreditar una voluntad sin vicios, guiada por un adecuado asesoramiento legal.
Nótese que el letrado de la sra. B. se opone enfáticamente a la declaración de la Dra. P., consignándose en el acta: “Al Dr. S. expresa que por instrucciones de la Sra. B. deja constancia que la misma no releva del secreto profesional a su ex letrada patrocinante Dra P., como teniendo la misma prohibición de declarar en los términos del art. 58 inc 6 de la ley 5177”; no obstante el juez ordena que la audiencia se lleve a cabo, brindado la abogada una extensa declaración.
Sin embargo, sólo al momento que el letrado de la Sra. B. realiza la única repregunta: “Si alguna vez se le informó a M. B. que R. tenia el derecho a vivir en la vivienda hasta la mayoria de edad”… S.S. pregunta a la Dra P. si considera que violaría su derecho de secreto profesional al contestar, y la Dra. P. sin entrar en detalles para no caer en violación del secreto profesional, RESPONDE que sólo manifiesta que su clienta estuvo debidamente asesorada”.
Es decir, la letrada si bien se amparó en el secreto profesional, sin embargo, enfatizó a modo conclusivo que su clienta estuvo debidamente asesorada, brindando una respuesta que, a la postre y de manera indirecta, termina siendo afirmativa.
El secreto profesional encuentra el amparo y vinculación con normas de raigambre constitucional, como lo es el art. 18 que consagra la inviolabilidad de la defensa en juicio, garantía instrumental para el ejercicio del resto de las garantías constitucionales.
Sobre el particular ha de destacarse que “La Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "Rossi, Domingo Daniel s/enriquecimiento ilícito de funcionario público, resolución 330, L.XCIII" de fecha 22 de febrero de 2008, sostiene que la violación del secreto profesional tiene lugar cuando el hecho o documentación que pone de manifiesto el letrado le ha sido confiado por su cliente con motivo o en el ejercicio de su profesión de abogado.
A su vez, la posibilidad de relevar al profesional del deber de guardar el secreto profesional, debe ser objeto de un análisis estricto, dado que la consagración del referido "secreto profesional" obedece a la necesidad de protección de los importantes valores que se encuentran en juego (derecho a la intimidad, privacidad, defensa en juicio, entre otros), y que permite, precisamente en la naturaleza de la labor profesional, el ingreso a un ámbito de reserva como consecuencia del poder que le confiere el saber especializado del profesional interviniente" (Corte Suprema de Justicia de Tucumán, “Abdala, Martín Eugenio c/ Farall Jorge Daniel s/ cobro de honorarios”, 16 de Febrero de 2012, Nro. Interno: 23; Id SAIJ: FA12240003). Señala Falcón (“Tratado…” T II, p. 802 y ss.) que “El secreto profesional es el que conocen ciertas personas en virtud de su profesión, oficio o actividad, y como consecuencia del ejercicio de la misma, y llegan a dicho conocimiento exclusivamente en virtud de esa función. Por ello la ley permite su reserva, ya que la comunicación efectuada no fue dada para que se diera a conocer sino para que se reservara adecuadamente y se tomasen los recaudos pertinentes en relación con la situación planteada.” Conforme prescribe el art. 58 inc. 6° de la L. 5177 es obligación del abogado “Guardar secreto profesional respecto de los hechos que ha conocido con motivo del asunto que se le hubiere encomendado o consultado, con las salvedades establecidas por la Ley.”
A su turno las Normas de Ética Profesional (dictadas en función de las facultades propias del Colegio Profesional, conf. Art. 25 inc. 7° L. 5177) señalan que “El abogado debe guardar rigurosamente el secreto profesional.
I. La obligación de la reserva comprende las confidencias recibidas del cliente, las recibidas del adversario, las de los colegas, las que resulten de entrevistas para conciliar o realizar una transacción, y las hechas por terceros al abogado en razón de su ministerio. En la misma situación se encuentran los documentos confidenciales o íntimos entregados al abogado.
II. La obligación de guardar secreto es absoluta. El abogado no debe admitir que se le exima de ella por ninguna autoridad o persona, ni por los mismos confidentes. Ella da al abogado el derecho ante los jueces, de oponer el secreto profesional y de negarse a contestar las preguntas que lo expongan a violarlo.
III. Ningún asunto relativo a un secreto que se le confíe con motivo de su profesión, puede ser aceptado por el abogado sin consentimiento previo del confidente.”
Refiere la doctrina que “Es sabido que el abogado, como otros profesionales, está obligado y tiene el derecho a guardar secreto profesional. Existe (…) una obligación de callarse (frente al cliente) y un derecho al silencio (frente al juez). La primera configura el componente mayor (obligación de callarse); el segundo (el derecho al silencio) elimina su absolutez.” (Kemelmajer de Carlucci, Aída “Daños causados por abogados y procuradores” en : JA 1993-III-704 ap. III.f). Esa obligación se reporta más claramente cuando los intereses del cliente están en juego, tal como se da en el caso.
A su vez el derecho del profesional al silencio operaría frente al cuestionamiento de la propia actuación.
También señala la doctrina que “El abogado de una de las partes puede ser ofrecido como testigo por la otra parte, y está obligado a comparecer a declarar y comenzar a hacerlo, pues no puede negarse a ello hasta conocer las preguntas del respectivo interrogatorio. Pero una vez en la audiencia, cuando se le formule una pregunta sobre los hechos que conoce en razón de su profesión que esté comprendida entre aquellas protegidas por el secreto profesional, debe negarse a contestarla. Es que el derecho de defensa exige, para su mejor cumplimiento y garantía, la inviolabilidad del secreto confidencialmente comunicado.” (Fassi – Yañez “Código…” T. 3 p. 659, Astrea, 2002; en análogo sentido Highton – Areán “Código…” T. 8 p. 193, Hammurabi, 2007; Falcón, ob. cit. p. 803).
Retornando al caso que nos convoca, ninguna circunstancia hacía admisible la recepción sin reservas del testimonio de la abogada P., sin perjuicio que el juez no hizo enunciación alguna al respecto. No obstante, para fundar su decisión valoró la totalidad del testimonio en contra de los intereses de la reclamante y a favor de la contraparte.
Es que, se reitera, frente a la expresa oposición de la ex clienta -representada por su letrado-, a pesar de lo resuelto por el Juez en la audiencia, la letrada citada como testigo no debió declarar pues su testimonio, versando sobre la relación cliente-profesional se encuentra protegido para la recurrente por el secreto profesional, por lo que nunca su incumplimiento podría usarse en contra de sus legítimos intereses. De hecho, se llega al paroxismo procesal que implica la contradicción de ponderar los intereses de la abogada ofrecida como testigo y su facultad de sortear el secreto profesional, en pos responder a la pregunta dirigida a cuestionar la calidad de su asesoramiento en el marco de su intervención profesional. Va de suyo que la respuesta en sentido afirmativo salvaguarda su posible responsabilidad. Ello en tanto “la obligación del secreto profesional cede a las necesidades de la defensa personal del abogado” (Kemelmajer, ob. cit.). Sin embargo, ello contraviene los intereses de quien fuera su clienta, propiciando así una desafortunada controversia entre quienes fueran abogada/clienta.
Más allá de esta consideración, en modo alguno esa respuesta -única pasible de ser sostenida por fuera de la nulidad- permitiría desconocer el contexto de violencia en el que el convenio en cuestión fue firmado, ni descartar por sí sola la vulneración de la libertad que de tal contexto se desprende.
Por las consideraciones realizadas hasta aquí, por evidenciarse en el caso, la improcedencia del relevamiento de hecho del secreto profesional efectuado por el magistrado, en franca vulneración de los especialísimos derechos de la persona que fuera asistida -en el caso M. B-, propicio se declare la nulidad del testimonio brindado por la abogada N. P. (arts. 1, 2, 3 C.C.C., 34; 36; 253, 384, 426; 456 del CPCC).
Asimismo, deberá girarse la presente sentencia -con la reserva que las circunstancias del caso amerita- al Colegio de la Abogacía de Necochea para que investigue la presunta comisión de infracciones a la Ley 5177. Asimismo se insta a la letrada a la formación en la temática de género y violencia contra las mujeres (Ley 27.499 “Micaela”) en pos de brindar un asesoramiento que resulte respetuoso de la normativa aplicable en la materia y garantice el adecuado servicio de la defensa técnica conforme los estándares de Derechos Humanos.
En función de lo aquí considerado propongo al Acuerdo se oficie al Colegio de la Abogacía Departamental para que en el marco de sus atribuciones legales (art. 19 y ccdtes. L. 5177), evalúe la eventual procedencia de implementar medidas dirigidas a la capacitación de sus colegiados/as conforme las pautas y estándares establecidos en la “Ley Micaela” en tanto operadores del sistema de justicia (Ley 27.499; Ley 15.134, art. 8 Convención de Belém Do Pará). Pues no puede ignorarse que el ejercicio profesional de la abogacía si bien no configura el ejercicio de una función pública en sentido propio, tiene una particular relevancia publicística, pues el abogado es un auxiliar de la justicia y el buen funcionamiento de este poder del Estado interesa a toda la comunidad (Kemelmajer, A. ob. cit.) En el sentido que ha sido valorado, corresponde advertir al magistrado actuante que deberá observar estrictamente, la normativa de orden público y dimensionar el deber que la judicatura tiene -en el ámbito de su competencia específica- de remover obstáculos para la defensa de los derechos y acceso a la justicia de las mujeres víctimas de Violencia de Género, lo que es profusamente abordado, entre otros instrumentos, por la Recomendación nro. 33 de la CEDAW.
En mérito a ello, se exhorta al magistrado, Dr. XX, a que en lo sucesivo cumpla adecuadamente con el mandato insoslayable de aplicar la perspectiva de género en las resoluciones que adopte a fin de garantizar la igualdad y el acceso a la justicia (arts. 2, 3, 6 y 7 incs. "b", "d", "f" y "g", Convención de Belém do Pará; 3, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 24, CADH; Observación General 21, Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, párrs. 10, 12 y 17; Recomendación General 28, CEDAW, párr. 18; Recomendación nro. 33 CEDAW, Observaciones Finales de la CEDAW sobre Argentina del 16 de agosto de 2010, ptos. 23 y 24; art. 16 incs. "e", "i", ley 26.485)
III. 4. La imposibilidad de llevar a cabo mediaciones en escenarios de violencia.
En el marco de las leyes de protección de la violencia, ninguna de las medidas que debe ordenar el juez contempla la posibilidad de acuerdo alguno entre las partes, ya sea respecto de la vivienda, restitución e inventario de bienes, alimentos o cuidado (art. 7 ley 12.569; art. 26 inc. b de la ley 26.485). Incluso las citaciones se efectúan en audiencias separadas, bajo pena de nulidad, en días y horas distintas; quedando prohibidas las audiencias de mediación y conciliación (conf. arts. 11 de la Ley 12.569 y 28 de la Ley 26.485; en el mismo sentido Recomendación 33 de la CEDAW, punto 58. C).
Ello tiene su debida explicación, y es que “La mediación requiere, entre otros recaudos, que las partes estén en pie de igualdad, de manera tal que se construya un diálogo que posibilite una negociación en donde las personas que atraviesan el conflicto se encuentran en una posición de simetría.
Si se toma en cuenta lo expresado anteriormente, respecto de la nota saliente de la violencia de género, esto es, la relación de desigualdad y asimetría, en la que se encuentra culturalmente la mujer, que en el sistema patriarcal, es discriminada, y no ocupa un lugar de igualdad frente al género masculino, es imposible pensar en la viabilidad de una mediación, concebida como un instituto en donde dos sujetos iguales, dialogan, negocian y celebran acuerdos.
Como dice Marie France Irigoyen, el peligro de una mediación es subestimar la violencia y reducirla a un simple conflicto de una pareja, en la que las dos partes no son iguales, la relación es asimétrica. De un lado, hay un cónyuge o conviviente abusivo, y del otro, una mujer «que carga ella sola con la culpabilidad del fracaso de la relación». La psiquiatra francesa sostiene que los jueces están empezando a comprenderlo en los casos de violencia física explícita, pero no lo contemplan en suficiente medida cuando se trata de violencia perversa, en las que se dan las situaciones más intensas de dominio, que generan en la mujer un miedo que la paraliza y le impide expresarse libremente. Por lo tanto, durante la mediación, no se animará a manifestar lo que piensa, porque teme las represalias (Irigoyen Marie France. Mujeres maltratadas. Los mecanismos de la violencia en la pareja. Buenos Aires, Paidós, 2006, p. 163., 2006) (Galina Andrioli, Constanza; Mediación y violencia contra las mujeres; 24-jul-2018; Cita:
MJ-DOC-13632-AR | MJD13632).
En este contexto de violencia -durante la vigencia de la medida cautelar de prohibición de acercamiento y restricción- las manifestaciones de la propia denunciante deben cobrar mayor fuerza probatoria, principalmente porque versan sobre su ausencia de voluntad (arts. 6 ter de la ley 12.569, 16 Ley 26.485, art. 710 del CCyC, Cedaw Recom. 33 punto 25.a.4; Cedaw Recom. 35 punto 30.a).
Se vislumbra que la discusión de la vivienda fue central en la problemática familiar. Surge acreditado que la pareja, luego del quiebre de la relación, continuó viviendo en el mismo inmueble y de acuerdo a la denuncia efectuada por M. B., entre las agresiones verbales el denunciado le profería que “se vaya de su casa” (v. denuncia del 20/10/2020).
Del informe social realizado en el proceso “B. S. M. c/ G. B. A. G. s/ Alimentos”, surge que la actora “Refiere que no había internalizado que era víctima de violencia familiar, recibía constantemente maltrato psicológico, amenaza y menosprecio de parte de su ex pareja. A. no quería asimilar que la relación se había terminado, la hecha de la vivienda con su hija, sin importarle que dejaba a su hija en la calle.
Manifiesta que no ha cambiado nada, A. exige entre insultos y amenazas la devolución de la vivienda y electrodomésticos (cocina, heladera y lavarropa), pero no garantiza otra vivienda que cumpla con todos los requisitos habitaciones para su hija R.” (v. informe del 13/12/2021). Específicamente, cuando nos referimos a los términos de la violencia patrimonial o económica (Ley 26.485 art. 5 inc. 4), nos remitimos a aquella que se dirige a ocasionar un perjuicio en los recursos económicos de la mujer, a través de impedirle o destruirle los bienes muebles, o inmuebles que posea la mujer, como así también, limitarle los recursos o ingresos destinados a la satisfacción de sus necesidades, o la de sus hijos. Sobre el particular se ha sostenido que “El ejercicio de violencia económica en el ámbito de los vínculos de pareja por parte de los hombres hacia las mujeres puede presentarse en diversos escenarios… Una vez producida la separación, se constata con la falta de pago de cuota alimentaria en favor de los hijos; el ocultamiento u obstrucción de información respecto a la situación patrimonial para definir la extensión de dicha cuota; reclamos respecto al uso de la vivienda familiar” (Pellegrini, María Victoria, La violencia económica, el incumplimiento de la obligación alimentaria parental y la prescripción liberatoria Citas: TR LALEY AR/DOC/1223/2023).
En este marco normativo, que prohíbe la mediación y conciliación entre la mujer denunciante de violencia y el denunciado, no puede admitirse la validez de un acuerdo que ha sido sólida y persistentemente cuestionado por quien, a la postre, resultó perjudicada con la suscripción de aquél. Lo considerado, por su naturaleza, trasciende la calificación del vicio que afecta el acto que fuera postulada en la presentación del 14/2/2022, y habilita -sobre la plataforma fáctica que integró la controversia- el tratamiento de la nulidad articulada.
III. 5. La violencia como vicio de la voluntad.
Adviértase que en el convenio M. B. no sólo renuncia al reclamo por compensación económica sino que también renuncia a la vivienda y todos sus muebles, útiles y enseres, a pesar de no contar con vivienda propia ni recursos para procurársela. Esta particularidad revela que el convenio no le era provechoso porque tal desequilibrio no fue compensado con otros bienes, y tampoco puede estimarse compensado -en lo que a la vivienda se refiere- con el 5 % adicional en la cuota de alimentos, una vez restituido el inmueble. Esta evidente desigualdad, sin dudas, resulta ser un elemento más a fin de analizar el vicio que afecta al acto.
El acto voluntario es el ejecutado con discernimiento, intención y libertad (art. 260 del CCyC); por ello, ante la ausencia de alguno de estos tres elementos, la voluntad se ve afectada.
Es pertinente señalar que “La libertad es la posibilidad de elegir entre varias opciones, con ausencia de coacción externa. Aplicado este concepto al acto voluntario, la libertad es la posibilidad de elegir entre ejecutar o no el acto, sin coacción exterior (Rivera, Julio César, “Instituciones de Derecho Civil. Parte General, tomo II, pág. 468, Abeledo Perrot, Bs. As. 1997). En el caso de la violencia como vicio de la voluntad se condiciona y/o anula la libertad necesaria para el otorgamiento del acto, provocando la invalidez de la voluntad (art. 276 del CCyC). La nulidad se funda en la existencia de la violencia como vicio de la voluntad en el acto impugnado, por lo que resulta innecesario explayarse sobre los argumentos relativos al vicio de lesión, ni sus elementos, los que podrán servir como pautas o indicios a tener en cuenta para interpretar en el caso si la propia parte ha renunciado a sus derechos en forma perjudicial.
En el supuesto de la intimidación, “no es necesario que la amenaza sea explícita: en la noción quedan englobadas todas las formas de amenazas, las más recalcitrantes, como las más refinadas. Bien pueden configurarse mediante actitudes circunspectas, insinuantes o discretas, siempre que ellas provoquen en el destinatario "el temor fundado de sufrir un mal grave e inminente” (cfr. Tobías, José W., "El vicio de la intimidación", Sup. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Bs. As., 16/4/2015, 1, LL 2015-B,962, AR/DOC/362/2015).
De este modo, “probados los vicios de la voluntad, los acuerdos a los que se ha arribado pueden ser anulados no obstante la homologación judicial [-]. No se trata de una nulidad de actos procesales regida por las normas del proceso, sino de una ineficacia sustancial del acto o negocio jurídico regida por el derecho de fondo”. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala F, “P. F. c. P. L. D. s/ Nulidad. 11/08/2020. Cita: TR LALEY AR/JUR/36286/2020).
En el asunto que nos convoca el juez partiendo de la postura que, “del contrato no puede surgir injusticia alguna, dado que las obligaciones son asumidas libremente”, arribó a la siguiente conclusión “de la simple lectura del convenio NO ENCUENTRO ninguna cláusula manifiestamente abusiva y/o que perjudique notoriamente a una de las partes, ante la reconvención y pedido de nulidad presentado por la Sra. B.; este Juzgador se detuvo expresamente en las pruebas que debían demostrar acabadamente sus dichos; puesto que luego de un tiempo que se suscribió un convenio no es posible que con el sólo hecho de manifestar que el mismo fue suscripto sin entender y desconociendo sus derechos ya se pueda decir que exista vicio de su voluntad”.
Por el contrario, precisamente de la simple lectura del convenio, específicamente de la cláusula cuarta, resulta que: “Se deja constancia que al día de la fecha se encuentra vigente una medida dispuesta en autos caratulados: “B. S. M. c/ G. B. A. J. s/ Protección contra la violencia familiar”, Expte. n° 12.761 de trámite ante por el Juzgado de XX a cargo del Dr. XX, que determinó la exclusión del hogar del Sr. A. J. G. B. y la prohibición de acercamiento y perímetro de exclusión por 200 metros por un plazo de 60 días”, expediente de violencia al que no se hizo referencia, y que en modo alguno fue valorado al momento de la decisión.
Es decir, el sentenciante luego de manifestar haberse detenido expresamente en las pruebas que debían demostrar los dichos de la sra. B., no reparó en el expediente de violencia en el cual dictó la medida cautelar a favor de M. (ofrecido también como prueba) pero sí afincó gran parte de su valoración en el testimonio de quien fuera su abogada desde un inicio en la causa de violencia.
En el fallo citado del Tribunal Superior de Justicia de Corrientes -respecto a un caso de similares características en el que se anuló la escritura suscripta por la mujer que era abogada- se dijo: “la Sra. G., quien se ve obligada a recurrir a esta instancia extraordinaria ante la desestimación de sus fundamentos por las instancias ordinarias, que -adelanto- invocan dogmáticamente el respeto a la autonomía de la voluntad para obligarla a atenerse a los términos de un convenio que padece de graves vicios de nulidad, resolviendo la cuestión con un enfoque iusprivatista que no se ajusta al caso particular y soslayando el bloque constitucional y convencional que convoca a la jurisdicción a asumir una actitud proactiva ante situaciones de esta clase, en las que se deja entrever padecimientos de violencia de la clase que sea, a efectos de restablecer la necesaria igualdad que debería existir entre las partes.”
Más adelante se concluyó: “Como vimos, en ambas instancias se ha hecho hincapié en la autonomía de la voluntad y la doctrina de los propios actos, obligando a respetar un acuerdo nulo y con absoluta indiferencia a la situación de vulnerabilidad en que claramente estaba inmersa la incidentista y que por imperio de los instrumentos normativos que así lo disponen se la debió atender en procura de equilibrar una relación asimétrica de poder que culminó empeorando la situación de la víctima”.
Hilvanando el razonamiento central que vengo desarrollando desde el inicio de mi voto, concluyo asimismo que la voluntad de M. B. estuvo viciada por estar condicionada en su libertad con motivo de la intimidación que venía sufriendo, reflejada en su historial convivencial (art. 276 del CCyC).
III. 6. Los estereotipos normativos y su relación con la autonomía de la voluntad.
En el fallo dictado por la SCBA en la causa C. 124.589 -ya citado- el voto de la Dra. Kogan nos ilustra sobre la correcta aplicación de la normativa en casos de reclamos económicos efectuados por las mujeres y la atención que exige el trasfondo de desigualdad, en los siguientes términos: “el estudio de la causa permite observar que estamos frente a un reclamo económico por parte de una mujer que se encuentra dentro de una situación de desequilibrio estructural, donde debemos tener en consideración que las mujeres en general -por el solo hecho de serlo- se encuentran en una relación asimétrica respecto de los hombres en su capacidad económica, circunstancia que encuentra en gran medida su causa en tratos diferenciados en cuanto al nivel salarial en el mercado laboral, donde a su vez sufren las mayores tasas de desempleo.
Los datos expuestos son relevantes para mostrar el trasfondo de desigualdad existente en el plano laboral entre hombres y mujeres, que genera que esas desigualdades se reproduzcan y amplíen. Por ello, es preciso que en causas en las que se discutan situaciones económicas, como lo es la de una compensación en los términos del art. 525 del Código Civil y Comercial, se tenga en cuenta que resolver con perspectiva de género implica no limitarse a la aplicación neutral de las normas internas vigentes sino de hacerlo a la luz de la Constitución y de las convenciones, observándose la realidad en concreto y situándola en el contexto en que se desarrolla, para generar una tutela efectiva; proceder que omitió desplegar la Cámara.”
Considero que, en la sentencia analizada, la pretendida aplicación neutral de la norma parte de un estereotipo normativo que, destacando la primacía de la libertad de contratar, supone una igualdad de las partes que no es tal, porque omite ponderar la realidad vivencial alegada por M. B. No abrigo dudas que un análisis minucioso de la autonomía de la voluntad no puede escapar a los estereotipos, por las consecuencias que de ellos se derivan.
En la Recomendación 33 de la CEDAW, punto 26 se afirma: “Los estereotipos y los prejuicios de género en el sistema judicial tienen consecuencias de gran alcance para el pleno disfrute de los derechos humanos de las mujeres. El establecimiento de estereotipos afecta también a la credibilidad de las declaraciones, los argumentos y los testimonios de las mujeres, como partes y como testigos. Esos estereotipos pueden hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las apliquen en forma defectuosa”.
En tal sentido, resulta interesante el estudio de Federico Arena sobre estereotipos normativos, en el que sostiene: “Una concepción mínima es aquella que se limita a fijar, como condiciones necesarias y suficientes para la autonomía, el actuar siguiendo los propios deseos y creencias. Desde este punto de vista, la persona autónoma es simplemente un sujeto racional, que conociendo sus propios deseos actúa, sin interferencias, de modo instrumentalmente adecuado, sobre la base de sus propias creencias, para alcanzarlos. Este modo de entender al sujeto autónomo no tiene en cuenta la posibilidad de que los propios deseos y creencias sean consecuencia de un sistema de opresión que reduzca, precisamente, las aspiraciones de un amplio conjunto de personas y, además, no les ofrezca un conjunto de opciones valiosas entre las que elegir. En este sentido, no parece correcto considerar autónoma la decisión o acción de alguien que ha sido objeto de opresión o manipulación y que enfrenta un conjunto disvalioso de opciones, ya que los deseos y creencias a partir de los cuales esa persona actúa no son el resultado de un proceso reflexivo y libre, sino que han sido modelados por el contexto opresivo del que es víctima.
-…- cuando se advierte la incidencia del proceso de formación de deseos y creencias y de la calidad de las opciones en el ejercicio de la autonomía, ha de considerarse inevitablemente el conjunto de relaciones en las que la persona está inserta y que contribuyen a constituir esos deseos, creencias y opciones. El ideal de autonomía que surge de estas discusiones es por lo tanto más robusto”.
Y a modo conclusivo el autor expresa: “Así, la concepción de la autonomía que esté detrás de los reclamos contra los efectos perjudiciales de los estereotipos normativos ha de incorporar la capacidad de reflexionar e identificarse con las propias actitudes, deseos y creencias, en el contexto de las relaciones establecidas con los demás. Ello no quiere decir que la autonomía se vea afectada siempre que tales deseos y creencias sean el resultado de la socialización o de la pertenencia a un grupo. Tales procesos grupales acerca de los roles de cada persona no afectan la autonomía siempre que deseos, creencias y valores no resulten de la manipulación y siempre que los destinatarios hayan tenido la posibilidad de reflexionar sobre ellos y, en su caso, los hayan asumido como propios (Federico José Arena, Estereotipos normativos y autonomía personal, p. 196/197 en Manual sobre los efectos de los estereotipos en la impartición de justicia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 1° ed., febrero 2022).
Esta aplicación mecanicista de la norma, despojada del enfoque de derechos humanos, determinó un desalojo compulsivo que no pudo más que profundizar la violencia denunciada por M. B.. El desamparo es generado en esta oportunidad desde el mismo seno del proceso judicial por parte de operadores que lejos de acudir en su protección mediante una tutela jurisdiccional reforzada y diligente, revictimizan a la mujer a través de una intervención iatrogénica, precipitando lo que no puedo más que concebir como violencia indirecta por inobservancia de los preceptos legales (arts. 4 y 6 inc. b de la Ley 26485; Cedaw Recom. 28 punto 16).
IV. La reconvención. La atribución de la vivienda (art. 526 del CCyC):
La exclusión de M. B. y de su pequeña hija de la vivienda, despojadas incluso de los muebles, útiles y enseres que la componen, sin garantizarles el derecho habitacional, cuando se advierte que la progenitora no cuenta con vivienda propia ni recursos para procurársela (v. informe social del 13/12/2021 del expte. 13.053 -alimentos- e informe social del 05/07/2022 del expte. 13.051 -cuidado personal), contraviene el interés superior del niño, y su correcto dimensionamiento en el caso concreto a través de la perspectiva de infancia (arts. 526 y 706 inc. c del CCyC, 3 de la ley 26.061; art. 3 de la CDN, Opinión Consultiva OC 17/02)
“Es que el nuevo derecho no ignora que una de las manifestaciones más contundentes de la crisis social contemporánea, es la dificultad de miles de personas y de familias para acceder a una casa o conservar la que ocupan. Este escenario se potencia cuando involucra a las personas pertenecientes a los grupos más débiles de la comunidad, como las mujeres víctimas de violencia, los niños, niñas, adolescentes, los ancianos o las personas con discapacidad, pues son ellos quienes experimentan con mayor intensidad las consecuencias de su carencia. Por eso, aunque en muchas instituciones del CC y C se observa una considerable expansión de la autonomía personal, en este tema las normas son inderogables e indisponibles. No pueden ser dejadas de lado por acuerdo entre las partes” (Molina de Juan, Mariel F., Protección de la vivienda familiar, Publicado en: RCCyC 2015 (diciembre), 52 Cita: TR LALEY AR/DOC/4265/2015).
Surge acreditado del expediente de alimentos “B. S. M. c/ G. B. A. G. s/ Alimentos” Expte. 13.399, que por sentencia del 25/10/2022 quedó firme la cuota de alimentos fijada en la instancia en favor de la niña en la suma equivalente al 20% de los haberes que percibe A. G. B., en función de la deserción del agravio sobre la cuantificación (art. 260 del C.P.C.C.). Ese porcentaje a julio de 2023 ascendía a la suma de $ 48.109 (conforme oficio de la empleadora informado el 09/08/2023).
En relación al cuidado personal de la niña se dictó sentencia en la causa “B. S. M. c/ G. B. A. G. s/ Cuidado personal de hijos” Expte. 13.051, en la que el demandado se allanó al otorgamiento del cuidado personal unilateral de su hija a su progenitora.
Es decir, la nulidad del convenio que se propone al acuerdo no afecta la materia alimentaria ni el cuidado personal, aspectos que arriban firmes a la instancia.
Asimismo concluyo que la suma en concepto de alimentos no permite el acceso a una vivienda, si proyectamos los gastos de acuerdo al costo mensual de bienes, servicios y cuidado del mes de noviembre de 2023 correspondientes al índice de la canasta de crianza, el que a la fecha asciende a la suma de $ 209.001 en la franja etaria correspondiente a la niña (consultar en https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/canasta_crianza_12_23 5344D13649.pdf).
Además “...el derecho humano a (y sobre) la vivienda digna o vivienda adecuada se relaciona con la satisfacción de otros derechos humanos y, especialmente, con la protección integral de la familia y el respeto a la vida familiar...Esta interrelación, entre el derecho a la vivienda adecuada y la protección de la familia, nos lleva a considerar particularmente la especial vulnerabilidad en la que se encuentran algunos de sus miembros, quienes se ven mayormente afectados ante su carencia o posibilidad de pérdida, como son los...adultos mayores, las personas con discapacidad, las personas víctimas de violencia de género y doméstica,-...Para analizar estas situaciones especiales de vulnerabilidad y sus efectos jurídicos en relación con la protección de la vivienda es indispensable contar con una perspectiva de género, del cual se ha hecho cargo el CCC...” (Amezcua Martina Salituri, “Relaciones entre adultos- Protección del derecho a la vivienda familiar en las uniones convivenciales” Revista de Derecho privado y Comunitario, 2016-2, Derecho de familia II, Ed. Rubinzal Culzoni, p. 473).
La atribución del uso de la vivienda familiar a M. B. y su hija R. encuentra amparo normativo en el art. 526 del CCyC y se consolida como la respuesta más adecuada en orden a las particularidades de la causa. Ello por cuanto "El fundamento ontológico de la atribución de la vivienda lo constituye el principio de solidaridad familiar, cuyo objetivo esencial es procurar el resguardo de la parte que resulte más vulnerable ante el resquebrajamiento de la vida en común. En otras palabras, la atribución de la vivienda constituye un derecho a usar exclusivamente el inmueble que ha sido sede del hogar familiar durante la vida en común (conf. Assandri, Mónica - Scocozza, Romina, “La atribución de la vivienda ante el cese de la convivencia”, Thomson Reuters, La Ley, cita online: TR LALEY AR/DOC/311/2020).
La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, en la causa C. 125.591 (ya citada), en función de un recurso extraordinario relacionado a un proceso que tramitó ante esta Cámara, sostuvo: “Más allá de las circunstancias señaladas desde el plano de la técnica casatoria, involucrando la decisión derechos de una niña, D. -de cuatro años de edad-, sumado a los derechos de M., en tanto mujer denunciante víctima de violencia, corresponde señalar que la atribución de la vivienda familiar que adquiere firmeza con el rechazo del recurso que se propicia encuentra suficiente respaldo en las constancias objetivas de la causa (conf. doctr.C. 119.541, "R. C., N.", resol. de 25-II-2015; C. 120.229, "R., P.", resol. de 14-X-2015).
La interseccionalidad se analizó allí del siguiente modo: "Ante la doble ponderación de vulnerabilidades: el derecho a la vivienda de la hija menor de 18 años de edad y de la progenitora víctima de violencia, la perspectiva de género como marco de referencia (mujeres quienes, en los hechos y como consecuencia de los estereotipos de la cultura patriarcal, terminan ejerciendo los roles de cuidado y quienes sufren, también, mayor vulnerabilidad ante los distintos tipos de agresiones que se refuerzan con la violencia económica por falta de vivienda), es posible inferir que el reclamo de M. O. resulta razonable...". Tal apreciación permite identificar que la solución recaída en la instancia ordinaria es la que mejor se ajusta al interés superior de D. y, a la par, garantiza el resguardo de los derechos fundamentales de la actora.” La decisión también tuvo como faro la perspectiva de infancia. En tal sentido se afirmó: “El interés superior de los niños (art. 3.1, CDN), pauta que guía toda decisión que sobre ellos se tome, ha sido definido como "el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona y los bienes de un menor dado y, entre ellos, el que más conviene en una circunstancia histórica determinada, analizada en concreto, ya que no se concibe un interés del menor puramente abstracto, excluyendo toda consideración dogmática para atender exclusivamente a las circunstancias particulares que presenta cada caso" (conf. voto del doctor Pettigiani en Ac. 79.931, "A., K. E.", sent. de 22-X-2003. Ensimilar sentido C. 110.887, "N. N. o S., V.", sent. de 10-VII-2013; C. 102.719, "R., D. I.", sent. de 30-III-2010; C. 124.007, "L. o NN", sent. de 6-VII-2020). Asimismo, sabido es que la ley 26.061 enfatiza en su texto que "Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros" (art. 3, última parte, en un todo coherente con lo estipulado en el art. 3 CDN, art. 4, ley 13.298, art. 706 CCyC).”
De este modo se concluyó con un enfoque tuitivo que se expresó en los siguientes términos: “En el caso particular, el interés superior de D. se materializa en la necesidad de resguardo de sus derechos fundamentales, en especial el habitacional, volviendo las cosas al estadio anterior a la ruptura, la cual le resulta ajena y no debe generarle consecuencias negativas en cuanto a la extensión y garantía de sus derechos (conf. arts. 3 y cctes., ley 26.061; 4, ley 13.298; 639, 706 y cctes. CCyC; 3, CDN)”. Por las consideraciones y fundamentos desarrollados se propone hacer lugar a la reconvención, formulada, a la que se dio trámite y sustanciación (v. resolución del 22/2/2022) atribuyéndose el uso de la vivienda familiar a M. B. y su hija R. G. B., integrando en este aspecto la obligación alimentaria, tal como fue solicitado en la presentación del 14/2/2022 y merituado por este Tribunal al tiempo de dictarse sentencia en el marco de la causa nro. 13399. (arts. 526, 658, 659 y 706 inc. c del CCyC, 3 de la ley 26.061; art. 3, 27 de la CDN, Opinión Consultiva OC 17/02). Por las consideraciones expuestas, a la cuestión planteada voto por la NEGATIVA.
La Sra. Jueza doctor Issin votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
El Sr. Juez doctor Loiza votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA BULESEVICH DIJO:
Por las razones expuestas al votar la primera cuestión corresponde, conf. normativa, doctrina y jurisprudencia citadas: 1. Revocar la sentencia del 14/4/2023, declarándose la nulidad del convenio de fecha 6/11/2020; 2. Declarar la nulidad del testimonio brindado por la abogada N. P., remitiéndose la presente sentencia (con la reserva que las circunstancias del caso amerita) al Colegio de la Abogacía de Necochea para que investigue la presunta comisión de infracciones a la Ley 5177. 3. Instar a la Letrada a la formación en la temática de género y violencia contra las mujeres (Ley 27.499 “Micaela”) en pos de brindar un asesoramiento que resulte respetuoso de la normativa aplicable en la materia y garantice el adecuado servicio de la defensa técnica conforme los estándares de Derechos Humanos. 4. Oficiar al Colegio de la Abogacía Departamental para que en el marco de sus atribuciones legales (art. 19 y ccdtes. L. 5177), evalúe la eventual procedencia de implementar medidas dirigidas a la capacitación de sus colegiados/as conforme las pautas y estándares establecidos en la “Ley Micaela” en tanto operadores del sistema de justicia (Ley 27.499; Ley 15.134, art. 8 Convención de Belém Do Pará). 5. Exhortar al magistrado, Dr. XX, a que en lo sucesivo deberá cumplir con el mandato insoslayable de aplicar la perspectiva de género en las resoluciones que adopte a fin de garantizar la igualdad y el acceso a la justicia (cfr. consid. III.3); 6. Hacer lugar a la reconvención formulada, atribuyéndose el uso de la vivienda familiar a M. B. y su hija R. G. B. (cfr. consid. IV). 7. Costas de la instancia y de Alzada al vencido (art. 68 CPCC). La regulación de honorarios se difiere para la oportunidad en la que haya base firme a tal fin (art. 51 L. 14.967). 8. En atención a la naturaleza de la cuestión, los intereses en juego que ameritan la reserva del caso, procédase por Secretaria a mantener el presente trámite en estado privado, debiendo a los fines de realizarse las comunicaciones por vía automatizada, según corresponda.
ASI LO VOTO.
La Sra. Jueza doctor Issin votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la misma cuestión planteada el Sr. Juez doctor Loiza votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:
Necochea, 28 de diciembre de 2023.
VISTOS Y CONSIDERANDO: Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo se resuelve 1. Revocar la sentencia homologatoria del 14/4/2023, declarándose la nulidad del convenio de fecha 6/11/2020; 2. Declarar la nulidad del testimonio brindado por la abogada N. P., remitiéndose la presente sentencia (con la reserva que las circunstancias del caso amerita) al Colegio de la Abogacía de Necochea para que investigue la presunta comisión de infracciones a la Ley 5177. 3. Instar a la Letrada a la formación en la temática de género y violencia contra las mujeres (Ley 27.499 “Micaela”) en pos de brindar un asesoramiento que resulte respetuoso de la normativa aplicable en la materia y garantice el adecuado servicio de la defensa técnica conforme los estándares de Derechos Humanos. 4. Oficiar al Colegio de la Abogacía Departamental para que en el marco de sus atribuciones legales (art. 19 y ccdtes. L. 5177), evalúe la eventual procedencia de implementar medidas dirigidas a la capacitación de sus colegiados/as conforme las pautas y estándares establecidos en la “Ley Micaela” en tanto operadores del sistema de justicia (Ley 27.499; Ley 15.134, art. 8 Convención de Belém Do Pará). 5. Exhortar al magistrado, Dr. XX, a que en lo sucesivo deberá cumplir con el mandato insoslayable de aplicar la perspectiva de género en las resoluciones que adopte a fin de garantizar la igualdad y el acceso a la justicia (cfr. consid. III.3); 6. Hacer lugar a la reconvención formulada, atribuyéndose el uso de la vivienda familiar a M. B. y su hija R. G. B. (cfr. consid. IV). 7. Costas de la instancia y de Alzada al vencido (art. 68 CPCC). La regulación de honorarios se difiere para la oportunidad en la que haya base firme a tal fin (art. 51 L. 14.967). 8. En atención a la naturaleza de la cuestión, los intereses en juego que ameritan la reserva del caso, procédase por Secretaria a mantener el presente trámite en estado privado, debiendo a los fines pertinentes realizarse las comunicaciones por vía automatizada, según corresponda. Notifíquese mediante el depósito del presente en el domicilio electrónico constituido por las partes (art. 10 Ac. 4013 t. o. Ac. 4039 del 14/10/2021 SCBA):
Fin de la sentencia