Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXXIV – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8139 FOLIO Nº 180/183 PROT. ELECT. JRS1015I.231
Río Gallegos, 04 de octubre de 2023.-
La presente causa caratulada "G.B.O. S/ Lesiones Leves, Daño y Amenazas" - Expte. Nº 21.220/22 - Apelación/Causa JR Nº 7555/22, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 03/07 del presente incidente, obra glosada la resolución dictada por el Sr. Juez de Instrucción y Penal Juvenil Nº Uno con asiento en la localidad de El Calafate, que en su punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado BOG, en orden al delito de Lesiones Leves en concurso real con Daño (Arts. 89, 55 y 183 del C.P); en tanto que en el punto 2) trabó Embargo sobre los bienes del procesado hasta cubrir la suma de Pesos Treinta Mil ($ 30.000). Que a fs. 08/09vta., la defensa técnica oficial apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 13 (conf. código de validación fce9d329) y no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
Que la defensa argumentó que el auto dictado le causa a su defendido un gravamen irreparable.
I. Seguidamente se abordarán cada uno de los agravios por separado en el orden propuesto por la parte recurrente.
1. La defensa se agravia por considerar que su defendido ha sido procesado incorrectamente.
Indica que no existen constancias probatorias que, aún con el grado de probabilidad requerido, pudieran determinar su responsabilidad, y que el resolutorio tiene como elemento fundamental los dichos de la presunta damnificada, siendo ello insuficiente para tener por acreditado el hecho.
Que las lesiones certificadas tampoco son suficientes para acreditar el acaecimiento del hecho relatado y menos la participación de su asistido, argumentando que no se precisa la antigüedad de las supuestas lesiones, y que solo se limitan a detallar lo que ha referido la paciente.
Señala que el presente expediente es uno de los pocos que cuenta con testigos reales al momento del hecho, pero que los mismos fueron citados después del vencimiento del plazo para resolver (agrega que la indagatoria se realizó el 08/04/2022 y que los testigos fueron citados para los días 18 y 25 del corriente mes).
Que, a su criterio, se acredita la intensión de no contar con pruebas que pudieran tirar por la borda la hipótesis planteada por la denunciante y adoptada por la instrucción, en claro desmedro de los derechos y garantías en cabeza el imputado.
Plantea que el procedimiento instructivo se ha convertido en un formalismo previo para poder acusar y en consecuencia, culpabilizar, procesar o juzgar a una persona sindicada como presunto autor o sospechada de serlo, y que las garantías del debido proceso, la defensa en juicio y el principio de inocencia resultan gravemente afectados por un proceder en ese sentido. Daré inicio al desarrollo de este primer agravio indicando que, considero que los elementos probatorios resultarían ser suficientes para tener por acreditado el hecho y la responsabilidad del imputado. Así, contamos con la denuncia de la Sra. S., el certificado médico de la denunciante a fs. 07/vta., el acta de inspección ocular, entre otros, los que valorados armónicamente permiten formar un conglomerado indiciario acerca de la responsabilidad del mencionado. En este sentido, advierto que los dichos de la víctima guardan plena coincidencia con el certificado médico, expedido por la Dra. S. a fs. 04, en el que detalla “…hematoma y edema en ambas rodillas, hematoma en pierna izquierda región anterior, rasguños en ambos antebrazos, hematoma órbita izquierda (...) presenta caída de cabello en varios mechones…”, sindicando, la Sra. S., al imputado como autor de las mismas. Asimismo, los daños que precisa el acta de inspección ocular denotan la violencia que el imputado habría ejercido sobre ésta, pues, se advierte que luego de golpearla habría descargado su ira con el vehículo dañado.
En concordancia, toda vez que los elementos probatorios colectados no contienen contradicción alguna entre sí, sino que, por el contrario, son plenamente coherentes y coincidentes, permiten concluir en que no hay razón valedera para afirmar que no existiría sustento probatorio suficiente que involucre directamente al imputado con el hecho delictivo. Por si fuera poco, cabe citar el criterio asentado jurisprudencialmente al respecto: “…que no existe óbice alguno en tener por probado un determinado hecho o circunstancia, en virtud de un único testimonio, en la medida que no se verifique la presencia de alguna situación que provoque una merma en su credibilidad, o que el alcance otorgado en sus manifestaciones resulte arbitrario o absurdo…” (SCPBSAS, Causa P. 126.185, sentencia del 18/05/2016). Sin embargo, debo reiterar que para esta Alzada el auto recurrido no se sustenta en un testigo único o en una única prueba, sino que existe un conglomerado probatorio que, valorado en su integridad como lo hiciera el Juez a quo, permite argumentar -con el grado de probabilidad requerido- la responsabilidad del imputado en los hechos reprochados. Es de esta manera, que no se puede hacer lugar al agravio que cuestiona el procedimiento llevado adelante por la instrucción, en cuanto que no se han llamado a los testigos de manera previa al dictado de la resolución.
Se advierte que no surge de alguno de los artículos del CPP la obligatoriedad de acumular toda la prueba para dictar el auto de procesamiento, máxime, cuando evidenciamos que han sido ordenadas por la instrucción a fin de continuar con investigación (ver. fs. 21).
En este sentido no existe un perjuicio concreto que al imputado le irrogaría la recepción de los testimonios de forma posterior al procesamiento, más aún cuando existe evidencia probatoria que lo vincularía con la presente investigación. Contrariamente a lo argüido por la defensa, cree esta Alzada que la presente causa bien se encamina hacia lo dispuesto por el art. 329 del CPP: “...Cuando el juez hubiere dispuesto el procesamiento del imputado y estimare completa la instrucción, correrá vista sucesiva a la parte querellante y al agente fiscal por el término de seis (6) días…”. Es dable señalar “...La instrucción es sólo a los efectos de preparar el debate, que es donde se discutirá, en el contradictorio pleno el hecho y la responsabilidad del imputado…” (C.N.Crim. y Correc. Sala VI, 20/04/2006, "TATSCH, G. F.", c. 29.224, Jueces: Nocetti de Angeleri, Lucini, Bunge Campos (disidencia parcial). (Sec.: Williams), Rta: INTRANET, PJN. /// -; ; Penal; 29224; RC J 16740/99). Por añadidura, debo señalar que en la presente investigación tampoco se vislumbra ninguna solicitud por parte de la defensa en aras de producir prueba en contrario para mejorar la situación de su asistido, máxime conforme las facultades que le otorga el art. 190 del C.P.P.
Por todo lo expuesto, se considera que el Sr. Juez valoró cada una de las pruebas en concordancia con las formalidades exigidas del debido proceso, con lo cual no se advierte que el auto recurrido vulnere derechos ni garantías constitucionales como lo alega la defensa, motivo por el cual el presente agravio no tendrá acogida favorable.
2. Plantea la defensa, refiriéndose al delito de daños, que a los fines de la imputación delictiva debe probarse que la cosa, objeto del accionar ilícito, resulta ser de propiedad de otra persona, diferente a la del encartado.
Explica que debe probarse la propiedad del bien que se aduce ha sido menoscabado o destruido.
En tal sentido, señala que no existe prueba documental que permita acreditar la titularidad del bien que hubiera dañado y que ni siquiera se ha preocupado la instrucción por requerir a la denunciante la acreditación de tal extremo.
Que observando la cuestión traída a análisis relacionada con la pretensa atipicidad de la conducta endilgada al imputado respecto al delito de "daño", previsto en el Art. 183º del Código Penal, considero que el accionar del encartado configuraría el tipo penal en examen.
En efecto, surge de autos que el imputado habría arrojado piedras al parabrisas y vidrios laterales al vehículo del padrastro de la Sra. S, lo cual resulta ser coincidente con el acta de inspección ocular de fs. 09/vta., el cual expone: “...observándose el parabrisas trizado en su totalidad con un elemento (piedra), como así también se observa en el vidrio del lado izquierdo puerta del acompañante roto en su totalidad la misma fue provocada con un elemento (piedra) la cual se encuentra en el interior del rodado sobre la puerta trasera lado derecho, logrando visualizar dentro del habitáculo pedazos de cristales esparcidos…”. En consonancia podemos afirmar que “...la voluntad de dañar la cosa, con conocimiento de los elementos del tipo objetivo -conocimiento de la ajenidad de la cosa y del carácter dañoso de la acción desarrollada- llevó a la mayoría de la doctrina a concluir en un dolo directo con exclusión de las motivaciones particulares de su autor, y de toda conducta que por su negligencia o imprudencia devengan en un daño de la cosa ajena e incluso del dolo eventual…” (Mauricio Ernesto Macagno “Los daños simples y agravados” Asociación Pensamiento Penal- (pág. 19) cita a FIGARI, Rubén E., ob. cit., p. 660). En atención a la titularidad del bien, debo decir que, en principio, ésta habría quedado asentada mediante el acta de constatación de fs. 09/vta. y mediante las declaraciones testimoniales de la Sra. S. (fs. 06) y la Sra. R. (fs. 08) quienes habían aludido que el vehículo en cuestión es perteneciente al Sr. MAGP.
Asimismo, es dable recordar que en este estadio no se requiere la certeza, sino la prevalencia de elementos incriminantes, como es el caso que nos ocupa, por eso no quedan dudas que los elementos reseñados, alcanzan -al menos en esta etapa procesal- para acreditar el hecho, y la responsabilidad que “prima facie” le cabe al imputado en el mismo. En este sentido, se ha dicho: “El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio.”. (Clariá Olmedo, J.A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985. Pág. 612). Pues bien, entendemos que las pruebas reunidas hasta el momento detentan la idoneidad suficiente para traspasar la barrera del Art. 289 del C.P.P., motivo por el cual el presente agravio tampoco podrá prosperar.
3. Con relación al monto impuesto del Embargo la defensa expresa que no hay consideraciones ni constancias en autos que acrediten que una suma tan abultada (PESOS TREINTA MIL) sea la necesaria para garantizar la eventual pena pecuniaria y responsabilidad civil que pudieran caberle a su asistido (cfme. art 499 del CPP).
Que, los delitos de lesiones leves y el de daño no prevén, ni en el tipo ordinario o en el calificado, sanciones penales pena pecuniaria; circunstancia que debiera tener en cuenta a fin de morigerar la suma impuesta en concepto de embargo.
Asevera que el imputado, no posee ingresos que le permitan afrontar libremente el pago del monto referido, por lo que solicita que, en caso de que esta Alzada confirme el resolutorio apelado, se reduzca el quantum del embargo.
Al respecto debo decir que el monto fijado al disponer dicha medida y en atención al ilícito endilgado a BOG y su modalidad de comisión, la suma ordenada de Pesos Treinta Mil ($30.000) no aparece como irrazonable. En este aspecto, el Magistrado de Instrucción señaló, en los considerandos de fs. 40 vta., los rubros a garantizar mediante dicha medida precautoria. Así, debo decir que comparto el criterio seguido y los parámetros tenidos en cuenta por el Sr. Juez para la fijación de la medida precautoria como así también la cifra establecida por considerarla proporcionada y acorde a la entidad del delito investigado en autos. Así, confirmaré el monto de la medida de embargo decretada con respecto al incuso BOG.
II. Se recomienda a la instrucción tener en cuenta para sucesivos resolutorios, -como ya lo ha mencionado esta Alzada- valorar la particular situación de vulnerabilidad de la víctima, producto del contexto de violencia en que se produjeron los hechos investigados en sus relaciones interpersonales, que conforme la normativa vigente (la “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer” -Convención de Belem Do Para-, la Ley Nº 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres, etc.), las mujeres victimas de violencia gozan en el proceso judicial de un estándar de protección superior a fin de proteger su integridad.
III. Se solicita tener en cuenta la legibilidad de los expedientes que resulten enviados a esta Alzada mediante formato digital, pues, pese a que ello no impidió en este caso dar tratamiento a la causa, se advierte que determinadas hojas no eran del todo claras y en otras no se podía visualizar su contenido (fs. 02, 05, 52/54), caso contrario serán devueltas al juzgado de origen para su subsanación. Ello conforme circular Nº 001/23 con fecha 01 de septiembre de 2023.
IV. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
V. Comunicaciones: En virtud de la Acordada dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 03/07 del presente incidente, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. Hacer saber al Sr. Juez Titular del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº Uno de El Calafate, la recomendación y solicitud de los puntos II) y III) de los considerandos que anteceden.
3. Regístrese y notifíquese mediante SNE.
4. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected].
5. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
sm Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia