Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 18287918-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, revocar parcialmente la sentencia apelada, únicamente con respecto a la deducibilidad de los gastos por parte de la sociedad civil G. Breuer (cfr. Considerandos X a XII).
2Rechazar el recurso de apelación deducido por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios (cfr. Considerando XIII).
3Imponer las costas del proceso en el orden causado (cfr. Considerando XV).
4Dejar sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas por el TFN. Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/25 de esta Cámara.
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CAF 1348/2025/CA1; G BREUER (TF 18287918-I) Y OTRO c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de octubre de 2025.- PDP Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Que por sentencia del 6/5/24 el Tribunal Fiscal de la Nación –en adelante “TFN”–, por mayoría, resolvió confirmar los actos apelados, en cuanto determinaron de oficio el impuesto, liquidaron los intereses y aplicaron la multa, reduciendo esta última a su mínimo legal. Impuso las costas a la vencida, salvo en la proporción en que se redujo la multa, que las distribuyó por su orden Luego de señalar que a través de la resolución 30/19 (DV DEOBE) se impugnaron las declaraciones juradas –en adelante, “DDJJ”– presentadas por G. Breuer Sociedad Civil –en lo sucesivo, “G. Breuer”–, correspondientes al impuesto a las ganancias –“IG”–, períodos fiscales 2012 y 2013, y que por medio de la resolución 34/19 (DV DEOBE) se hizo lo propio con relación a las DDJJ presentadas por el Sr. Martin Guerrico, en el mismo gravamen y períodos fiscales, determinándose de oficio resultado final –ganancia– de fuente argentina, señaló que en la causa se acumularon los dos expedientes en curso.
Reseñó las expresiones esgrimidas por las partes contendientes en sus respectivas presentaciones y describió que la cuestión que correspondía resolverse versaba sobre la procedencia de la regla del prorrateo de gastos no vinculados con las rentas gravadas, que oportunamente habían sido declaradas por la sociedad civil; asimismo, la impugnación de los gastos vinculados directamente con las rentas exentas, respecto de los cuales la recurrente había aplicado el coeficiente de prorrateo determinado por la fiscalización.
Explicó la labor de la fiscalización y el contenido de las actuaciones administrativas que precedieron a los ajustes, mencionando que G. Breuer es una sociedad civil inscripta en la actividad de “Servicios profesionales NCP”, cuya fecha de cierre de ejercicio es el 30 de junio de cada año.
Destacó que la fiscalización observó que la sociedad no había efectuado el prorrateo de gastos previsto en la ley del gravamen, aun cuando había obtenido ingresos gravados y exentos. Precisó que estos últimos se produjeron a raíz de la venta de títulos y acciones, y por diferencias de cambio positivas derivadas de facturas emitidas en moneda extranjera a agentes del exterior.
Expresó que dichos ingresos se consideran exentos, en virtud de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nacional, en el caso “Paracha, Jorge Daniel c/ DGI s/ recurso”, del 2/9/14.
Señaló que oportunamente el Sr. Guerrico había afirmado que la firma no prorrateó los gastos, debido a que no poseía rentas exentas por considerar, debido a que todos sus gastos se relacionaron con la actividad gravada. Es decir, las rentas exentas no habían generado gastos. Mencionó que, a pesar de ello, la fiscalización advirtió que había registrado los resultados netos, deduciendo los gastos directamente relacionados con dicha operatoria, tales como aranceles, derechos de mercado y de bolsa.
Indicó que, posteriormente, habiendo presentado la sociedad las DDJJ rectificativas, reconoció que: “…podría considerarse que existen algunos gastos realizados durante dichos periodos fiscales que se encuentran directamente vinculados con las diferencias de cambio reflejadas en la contabilidad…”, aplicando el coeficiente de prorrateo sobre los conceptos relacionados como renta exenta por la inspección. Al respecto, destacó que, si bien dicho coeficiente de prorrateo fue el calculado por la fiscalización, correspondería ser aplicado sobre la totalidad de los gastos operativos que no pueden asignarse a la actividad gravada o no gravada, menos los gastos relacionados directamente con la renta exenta.
Afirmó que, de acuerdo con la fiscalización, la firma había declarado ingresos gravados y exentos, pero sin prorratear los gastos, motivo por el cual procedió a hacerlo, ajustando los gastos directos afectados a la ganancia. De tal tarea habrían surgido deducciones CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 1348/2025/CA1; G BREUER (TF 18287918-I) Y OTRO c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO improcedentes en los períodos 2012 y 2013, declarando un resultado impositivo asignable a los socios en defecto.
Una vez descripto el cuadro, aseveró que no formaba parte del debate la aplicación del precedente “Paracha, Jorge Daniel” del Alto Tribunal; el carácter de renta exenta de los ingresos en concepto de diferencias de cambio y resultado de títulos públicos, ni su cuantía. Transcribió los artículos 17 y 80 de la ley del gravamen (20.628, t.o. en 1997), y el artículo 117 del decreto reglamentario. Afirmó que las rentas exentas exteriorizadas por la sociedad – que surgieron de las diferencias de cambio positivas y de la venta de títulos públicos–, denotaron una permanencia en el tiempo y una cuantía de relativa importancia, de lo cual se desprendía que, la pretensión de la sociedad y del socio, en el sentido de que no correspondería atribuir gastos a rentas de carácter incidental, no resultaría procedente.
De allí que no procedería la aplicación del coeficiente de prorrateo calculado por la inspección, sobre los conceptos que se consideraron directamente relacionados con renta exenta.
Explicó que, de acuerdo con la posición fiscal, el mencionado coeficiente –calculado relacionando los ingresos exentos con la totalidad de las ganancias gravadas, exentas y no gravadas–, debería aplicarse sobre la totalidad de los gastos que no pueden asignarse en forma lineal a la actividad gravada o exenta, menos los gastos relacionados directamente con la renta exenta.
Sostuvo que las rentas exentas en trato no se habrían producido por la prestación de sus servicios profesionales, sino por transacciones de compraventa de títulos valores, con el producido de las cobranzas de aquellos servicios, en el caso, de la venta de títulos y las diferencias de cambio positivas proveniente de créditos por servicios facturados en moneda extranjera, que se revalorizaron.
Afirmó que, los gastos directos vinculados a un tipo de renta, se asignan a las mismas, correspondiendo –o no– su cómputo, según si fueren gravadas, no gravadas o exentas. No obstante –prosiguió–, si los gastos no pueden ser asignados a un tipo de rentas en particular – confluyendo actividades que produzcan rentas gravadas, no gravadas y exentas–, necesariamente deben prorratearse.
Aseveró que, en el caso particular, correspondía prorratear los gastos que no podían atribuirse directamente a los distintos tipos de rentas. Sentado ello, expuso que ninguna de las actoras arrimó elementos de prueba hábiles para desvirtuar el ajuste fiscal.
En otro orden, declaró que el Sr. Guerrico presentó un agravio particular referido al modo en el cual el organismo calculó los pagos a cuenta del impuesto en concepto de retenciones sufridas, respecto de la participación en los resultados impositivos (cfr. artículo 73 del decreto reglamentario de la ley del gravamen y artículo 9° de la RG –AFIP- 830); al respecto, sostuvo que tampoco en este extremo se arrimó algún elemento que permitiera derribar la posición fiscal.
Posteriormente se abocó al tratamiento del planteo de “inconstitucionalidad parcial”, planteado por las recurrentes respecto de la Acordada 1/19 (TFN), por la cual se puso en marcha el “Expediente Electrónico Jurisdiccional”.
Luego de citar al decreto 561/16, la resolución E 95/17 del Ministerio de Modernización y la Resolución 2018-73-APN- SECMA#MM, de la Secretaría de Modernización Administrativa – referidas a la utilización del módulo Expediente Electrónico (EE), del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE)–, destacó que el planteo era hipotético y de carácter general, ante una eventualidad de mal funcionamiento del sistema, recordando que la ley 11.683 (art. 200) prevé la utilización de expedientes electrónicos, documentos electrónicos, firmas electrónicas, firmas digitales, comunicaciones electrónicas y domicilio fiscal electrónico, en todas las presentaciones, comunicaciones y procedimientos establecidos en dicha ley, con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales, de conformidad con los lineamientos que fije el Poder Ejecutivo.
En orden a todo ello, rechazó el planteo.
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CAF 1348/2025/CA1; G BREUER (TF 18287918-I) Y OTRO c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Por último, se refirió a la multa aplicada al Sr. Guerrico, en los términos del artículo 45 de la ley de rito fiscal, graduada en un 70% del gravamen dejado de ingresar.
Expuso los componentes que hacen a la configuración del tipo infraccional y destacó que el actor cometió una conducta que se subsumiría en el concepto de culpa, sólo pudiendo desvirtuarlo a través de la prueba de la existencia de un error excusable, lo cual no hizo. A pesar de ello, en lo referido al quantum de la sanción aplicada, al no hallar en autos la presencia de antecedentes sumariales, resolvió reducirla al mínimo legal previsto en el tipo infraccional. Por otro lado, el voto de la minoría, en prieta síntesis, sostuvo que, conforme surgía del informe final de inspección, la renta obtenida por la sociedad había provenido de una sola fuente productora, que era la prestación de servicios en el país y en el exterior; de ahí que no se evidenciaba una operatoria bursátil diversa al objeto específico de la sociedad.
Sostuvo que el resultado obtenido por la venta de los títulos estaba dado por la metodología utilizada para ingresar divisas al país, o bien por las diferencias de cambio originadas en las revaluaciones de facturas de los agentes del exterior.
Por ello, aseveró que los gastos indirectos o de estructura, como los gastos operativos, de administración, dirección y similares, propios de la sociedad, son incurridos con independencia de la obtención de rentas exentas, por lo cual no debieran prorratearse.
En cuanto al cómputo de los pagos a cuenta por parte del Sr. Guerrico, adhirió al voto de la mayoría.
II. Que contra dicha sentencia se alzan conjuntamente la sociedad G. Breuer y el Sr. Guerrico, por un lado, y la representación fiscal, por el otro, interponiendo los recursos de apelación el 25/6/24, siendo concedidos a través del punto 4° de la resolución del 12/7/24. El memorial de las actoras fue presentado el 29/7/24 y el de la demandada el 30/7/24, las contestaciones fueron presentadas los días 4/2/25 y 23/12/24, respectivamente.
El 1/4/25 se pasaron los autos a resolver.
III. Que en su memorial, la parte actora –que, como se dijo, incluye a G. Breuer y el Sr. Guerrico– expone los antecedentes que encierra el caso de autos, y señala que el núcleo del debate se ciñe a la procedencia de la aplicación del mecanismo del “prorrateo de gastos”, previsto en el primer párrafo in fine del artículo 80 de la ley del gravamen. Explica que el fisco nacional ha incorporado “artificialmente” otra fuente de ingresos distinta a la que obtiene la sociedad civil, atribuida a los resultados exentos del pago del impuesto, provenientes de las diferencias de cambio y de los resultados de la venta de títulos. Declara que si bien el acto de determinación de oficio no profundizó en detalles, del informe final de inspección surge la existencia de dos cuentas de gastos –“Honorarios de Agentes del Exterior” y “Egresos Operativos” (conformada por sueldos, gastos de mantenimiento de oficina y gastos generales, tales como gastos de computación, de comunicaciones, de franqueo, de papelería y útiles de escritorio, suscripciones)–, a cuyo respecto se determinó un incremento de la base de cálculo del resultado de la sociedad, con impacto en la diferencia de impuesto en cabeza del socio Guerrico.
Destaca que le causa agravio el voto de la mayoría del TFN, ya que omitió analizar los planteos oportunamente formulados, llevando a cabo una interpretación errónea de la norma jurídica involucrada. Practica una exégesis del artículo 80 de la LIG, aseverando que la tesis fiscal se sustentó en la presunta existencia de dos fuentes productoras de rentas, siendo que una de ellas produjo ingresos exentos. Bajo tal premisa –explica–, surgiría la necesidad de llevar a cabo un prorrateo de gastos, respecto de los que no pudieren atribuirse a una fuente particular.
Critica dicho temperamento, aduciendo que el requisito para la aplicación de ese criterio, viene dado por la previa comprobación de la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 1348/2025/CA1; G BREUER (TF 18287918-I) Y OTRO c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO presencia de gastos que no pueden ser atribuidos a una fuente productora de renta.
Sostiene asimismo que se ha valorado arbitrariamente la prueba obrante en la causa, ya que las resoluciones apeladas ante el TFN se habían apartado de las conclusiones impresas en el informe final de inspección, sin aportar ninguna referencia probatoria.
Sobre el particular, indica que en los recursos de apelación ante dicho tribunal, tanto la sociedad civil como el socio Guerrico, hicieron saber que la fiscalización había mencionado que la renta provenía de una sola fuente productora.
Destaca que, contrariamente a ello, el voto minoritario reconoció que las rentas eran generadas por una única fuente.
En ese mismo orden de exposiciones, pone de resalto que el voto mayoritario adolece de ambigüedad, formulando referencias tangenciales en busca de argumentos para convalidar los actos apelados. Cuestiona los actos administrativos y el voto de la mayoría del TFN, al reconocer una actividad financiera especial, únicamente a partir de la circunstancia de no haber transferido los fondos por un medio bancario.
Desconoce que G. Breuer se dedicara a la compraventa de títulos valores, de manera adicional a su actividad profesional. Menciona que no existe ninguna diferencia sustancial entre el mecanismo empleado para el ingreso de fondos provenientes del cobro de honorarios, con su alternativa de la transferencia bancaria, con liquidación de divisas al tipo de cambio oficial.
Destaca también que se ha valorado arbitrariamente la prueba obrante en el expediente, centralmente en cuanto a la presentación de las DDJJ rectificativas.
Explica que la rectificación tuvo por objeto evitar una contienda innecesaria, computando ciertos gastos que se podrían considerar directamente vinculados a la negociación de títulos públicos. Empero –destaca–, en la litis se discute otra cosa.
Dice que la sentencia apelada se limitó a reproducir los términos fijados por la norma legal en trato, mas sin preguntarse si los gastos que fueron concretamente señalados en el informe final de inspección, podían ser calificados como “gastos que abarcan las actividades de la sociedad en su conjunto, que no puedan ser asignados a un tipo de rentas en particular”.
Señala que el TFN no ha llevado a cabo una tarea intelectual respecto de los denominados “gastos comunes”, definido por la doctrina – que cita– del siguiente modo: “son gastos comunes a ambas clases de ganancias los que no pueden ser identificados, en medida exacta, con una u otra de ellas, o provocados por sus fuentes”. Por ello, asevera que en el caso de autos, debe estarse a lo indicado por la misma doctrina, en el sentido de que: “el principal elemento de juicio para dilucidar si un gasto está vinculado, o no, con una dada ganancia, es el de saber si se hubiera evitado en caso de no existir esa ganancia, o si se vio aumentado por haber existido: una empresa percibe incidentalmente una renta de títulos, comprados con excedentes transitorios de fondos, y esa renta está exenta de impuesto; no cabe atribuir a tal ganancia parte alguna de los gastos de estructura de la empresa, porque esa inversión transitoria no es susceptible de aumentar ni disminuir dichos gastos”.
Acusa que la sentencia apelada no indagó la naturaleza de los pretendidos gastos comunes.
Sostiene que tribunal de grado no estableció racionalmente cuál podría haber sido la influencia de los “egresos operativos” del estudio, para la generación de una diferencia de cambio producida en virtud de una operación de revalorización contable, o para la generación de un resultado generado por el mecanismo de ingreso de los honorarios cobrados en el exterior.
Por todo lo expuesto, peticiona que se revoque íntegramente la sentencia apelada, dejándose sin efecto de manera íntegra los actos administrativos oportunamente recurridos.
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CAF 1348/2025/CA1; G BREUER (TF 18287918-I) Y OTRO c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Cita jurisprudencia y doctrina, mantiene la reserva del caso federal y solicita que se revoque la sentencia apelada, con costas.
IV. Que, de su lado, la demandada se agravia en orden a la reducción del quantum de la multa impuesta al contribuyente Guerrico. Destaca que la sentencia apelada efectuó una arbitraria interpretación de la normativa aplicada y un análisis parcializado de la prueba producida.
Señala que, si bien es cierto que de las constancias del expediente no surge la existencia de antecedentes sumariales del encartado, el TFN erró al sostener que no se llevó a cabo una merituación concreta de los hechos que condujeron al juez administrativo a graduar la multa en un 70% del impuesto omitido. Ello así, indica que en el Dictamen Jurídico N° 040/2019 (DV JUGN), emitido por el Departamento Legal Grandes Contribuyentes Nacionales, se expuso que: “… correspondiendo aplicar la sanción allí prevista conforme las pautas de graduación establecidas en el Anexo II punto 1.1 de la Instrucción General N° 6/2007 (AFIP), esto es en principio, el 70% del gravamen omitido…”.
Acusa que el tribunal realizó una valoración parcial y arbitraria del acto apelado, dado que el juez administrativo hizo mérito expreso de los hechos y circunstancias que lo llevaron graduar la multa en el 70% del impuesto omitido.
Afirma además que la decisión del tribunal reporta una interpretación arbitraria del artículo 45 de la ley 11.683, ya que el artículo 49 prevé la reducción de pleno derecho, al mínimo legal, para los responsables que consintieran la determinación de oficio y no fueren reincidentes en la comisión de las infracciones.
En otro orden, se agravia también por el modo en que fueron impuestas las costas con respecto a la proporción de la multa reducida, argumentando que su parte no ha resultado vencida.
Sostiene que, de tal modo, se ha apartado indebidamente del principio de la derrota que gobierna la materia.
Niega que la previsión contenida en el último párrafo del artículo 184 de la ley de rito fiscal sea óbice a lo que sostiene, toda vez que ese precepto nada dice con relación a la reducción de las multas. Cita jurisprudencia y doctrina, mantiene la reserva del caso federal y solicita que se revoque la sentencia apelada en lo que es materia de agravios, con costas.
V. Que previo a ingresar al tratamiento de los agravios descriptos, es importante recordar que esta Alzada no se encuentra obligada a seguir a los recurrentes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a su consideración, sino tan sólo aquéllas que resulten conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN, Fallos: 258:304, 262:222, 265:301, 272:225, 278:271, 291:390, 297:140; 301:970; esta Sala, “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/08; “MULTICANAL S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986", del 21/5/09; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, del 21/10/10; “CPACF- INC MED (2-III-11) c/ BCRA- Comunicación “A” 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/11; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/ EN- DNM Disp 1207/11 – Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, del 25/8/11, “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/14, “Laham, Alberto Elías c/DGI s/Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/15; “Golden Penaut Argentina c/DGI s/Recurso directo de organismo externo”, Causa CAF 72680/2018, del 2/7/19; esta Sala —en su actual integración—, causa CAF 49.932/2015/CA2, “D´Alessandro, Jorge Héctor (TF 33405-I) c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 2/5/24).
VI. Asimismo, corresponde rememorar que el recurso previsto en el artículo 86 inciso b) de la ley 11.683 otorga carácter limitado a la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 1348/2025/CA1; G BREUER (TF 18287918-I) Y OTRO c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO revisión de esta Cámara, y que, por principio, queda excluido de ella el juicio del Tribunal Fiscal respecto de los extremos de hecho (cfr. CSJN, Fallos: 300:985).
Así pues, “…lo que se encuentra sometido a conocimiento de este tribunal consiste, primeramente, en verificar si se evidencian deficiencias manifiestas en la valoración efectuadas por dicho tribunal. Puesto que, cuando lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación se apoya en la ponderada valoración del conjunto de elementos probatorios incorporados en el proceso (arg. CSJN, Fallos: 332:357), sólo cabe confirmar la decisión recurrida (CSJN, Fallos: 326:2987 y 334:249)” (cfr. esta Cámara, Sala III, “La Luguenze SRL (TF 31.645-I) c/ DGI”, Causa Nº 27409/12 del 31/10/12; “Lanusse, Josefina Milagros (TF 34.584-I) c/DGI”, Causa Nº 4502/14 del 29/9/14; “Frigorífico Pilcomayo SRL (TF 24.222-I) c/DGI”, Causa Nº 18124/16 del 14/9/17; “Nobleza Piccardo SAICYF (TF 33113-I) c/DGI”, Causa Nº 83620/16, del 16/10/18;
“Establecimiento Agropecuario Las Tres Marías SA (TF 40.985-I) c/DGI”, Causa Nº 72673/18, del 7/5/19, entre otros; esta Sala –en su actual integración–, Causa CAF 47840/2023/CA1, “Sol Frut SA (TF 79199011-I) c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 9/5/24).
VII. Que, previo a iniciar el análisis del caso elevado a consideración, resulta imprescindible mencionar que, con posterioridad a que se diera inicio a esta causa en instancia del TFN, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto 824/19, a través del cual reordenó el texto de la ley de impuesto a las ganancias (ley 20.628), alterándose su numeral. Así pues, los entonces artículos 17, 20, 49, 50 y 80 correspondiente al texto ordenado en 1997, pasaron a ser los artículos 23, 26, 53, 54 y 83 del texto ordenado en 2019, respectivamente.
Pues bien, teniendo presente que las partes contendientes y el tribunal de grado se han referido al numeral del texto ordenado en 1997, aquí se hará lo propio, a fin de evitar innecesarios equívocos.
VIII. Que, de inicio, en la causa se han llevado a cabo dos tareas fiscalizadoras diversas, que a la postre derivaron en el dictado de las resoluciones 30/19 y 34/19 (DV DEOBE). La primera tuvo por sujeto a la sociedad civil G. Breuer, la segunda al Sr. Guerrico.
Así pues, por un lado, en el marco de la orden de intervención 1.621.307, se auditó a la sociedad civil, la cual tiene por actividad principal la prestación de “Servicios Profesionales NCP”, y en cuyo marco explota un estudio jurídico destinado a la obtención de patentes de invención, diseños y modelos industriales, marcas de fábrica y de comercio, y demás derechos de propiedad industrial. Entre sus socios, se encuentra el Sr. Guerrico.
En el informe final de inspección se lee que, a partir de noviembre de 2011, la sociedad civil comenzó a efectuar operaciones de compra-venta de títulos públicos “contra cable” en dólares, a través de un agente de bolsa. En concreto, compraba los títulos en el exterior, debitándose los valores correspondientes directamente de la cuenta que poseía fuera del país, y al día siguiente los vendía en la plaza local, depositándose el obtenido en un banco del país. El origen de los fondos correspondía al cobro de facturas de clientes del exterior.
En el mismo informe se indica que, el 28/11/11, comenzaron a regir medidas oficiales que restringieron el mercado de cambios, obligando a liquidar en el mercado de cambios las exportaciones de servicios; la medida alcanzaba a las exportaciones de servicios prestados por residentes.
La fiscalización sostuvo que las operaciones realizadas por G. Breuer cumplieron con las formalidades para encuadrarlas en la estructura jurídica de compra-venta de títulos públicos argentinos, sin advertirse que tuviera por finalidad la conservación de los títulos con expectativas de cotización en alza para su posterior venta.
Prosiguiendo con este desarrollo, la fiscalización argumentó que la obtención de dichos rendimientos, que estaban exentos en el IG, impactó en el tratamiento de los gastos por parte de la sociedad civil. En lo específico, consideró que debían retraerse la parte de los gastos CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 1348/2025/CA1; G BREUER (TF 18287918-I) Y OTRO c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO correspondientes a las rentas exentas, sea a través de su imputación directa o mediante el proceso del prorrateo de gastos.
Por ello, estimó el coeficiente de gastos vinculado con los períodos fiscales 2012 y 2013, resolviendo la sociedad civil presentar las DDJJ rectificativas de dichos períodos fiscales, sin perjuicio de manifestar su disconformidad con el criterio fiscal. Ello motivó el rechazo de la fiscalización –dado el modo en el cual la sociedad aplicó los coeficientes–, dando lugar al dictado de la vista que promovió el procedimiento de determinación de oficio, y finalmente la resolución 30/2019 (DV DEOBE) (antecedentes administrativos, IO 1.621.307, fs. 231/245, 267, 312, 368/371 y 408/423).
Ahora bien, siendo que el IG correspondiente a G. Breuer es afrontado por sus socios –por tratarse de una “sociedad transparente” (LIG, art. 50)–, la fiscalización también llevó a cabo sus labores propias en cabeza de uno de los socios de la sociedad, bajo la orden de intervención 1.039.473.
En ésta se adoptaron los elementos descriptos recientemente, sumado a que el socio Guerrico habría computado erróneamente las retenciones y percepciones provenientes de la sociedad, en atención a su participación.
De manera semejante al de G. Breuer, el socio Guerrico presentó DDJJ rectificativas en disconformidad con el criterio fiscal, dictando el juez administrativo la vista que dio lugar al procedimiento de determinación de oficio, culminado con el dictado de la resolución 34/2019 (DV DEOBE) (Informe final de inspección; antecedentes OI 1.039.473, fs. 4455/4459, 4461, 4516/4519 y 4562/4580).
La resolución 30/2019 (DV DEOBE), que impugnó las DDJJ- IG-2012-2013 presentadas por G. Breuer, determinó de oficio el resultado neto final del impuesto atribuible a los socios. La resolución 34/19 (DV DEOBE), impugnó las DDJJ-IG-2012-2013 presentadas por el socio Guerrico, intimándolo al pago del gravamen –tanto en orden a su participación en los resultados de G. Breuer, como a raíz del ajuste realizado en el cómputo de las retenciones y percepciones–, los intereses resarcitorios y la multa aplicada en los términos del artículo 45 de la ley 11.683, graduada en el 70% del impuesto omitido. Ambas resoluciones fueron apeladas ante el TFN.
Iniciado el curso de los procesos contenciosos en la órbita del TFN, el 22/8/22 se resolvió acumular ambas actuaciones.
IX. Que, de lo sucintamente descripto, de consuno con las argumentaciones esgrimidas por las partes en sus respectivas presentaciones, se desprende que las cuestiones que a esta Alzada le corresponde atender, son las siguientes:
(a) Si se ajusta a derecho el ajuste practicado por el fisco nacional, respecto de los gastos deducidos por la sociedad civil G. Brauer; ello, de suyo, impacta en la obligación tributaria en cabeza del socio Guerrico.
(b) La reducción del quantum de la multa impuesta al Sr. Guerrico.
(c) En su caso, la reliquidación de la deuda.
(d) El régimen de las costas del proceso.
(e) Las apelaciones interpuestas contra las regulaciones de honorarios practicadas por el TFN.
Por el contrario, no forma parte de esta investigación –por no haber sido materia de agravios–, el ajuste practicado en cabeza del Sr. Guerrico, respecto del cómputo de las retenciones y percepciones; la aplicación de la multa en cabeza de este último, ni tampoco lo concerniente al planteo de inconstitucionalidad parcial oportunamente articulado por la parte actora, que fuera rechazado por el tribunal de grado.
X. Que, en función de lo enunciado en el considerando precedente, corresponde comenzar con el primero de los asuntos enunciados.
Las posiciones asumidas por las partes se reducen a lo siguiente:
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Para el fisco nacional, la sociedad obtuvo ingresos gravados y exentos; estos últimos provenientes de las operaciones de compra-venta de títulos valores y diferencias de cambio positivas. Esta circunstancia activaría la necesidad de diferenciar los gastos deducibles de los no deducibles. Esta tesis fue convalidada por la mayoría del TFN. Vale agregar que no se encuentra en discusión que la sociedad civil obtiene rentas gravadas de la cuarta categoría (LIG, art. 49) y rentas exentas (LIG, art. 20).
Al sustentarse cada una de las posturas descriptas, se invocaron los artículos 17 y 80 de la ley del impuesto, referidos al cálculo que permite arribar a la renta neta.
Los preceptos establecen lo siguiente: “Para establecer la ganancia neta se restarán de la ganancia bruta los gastos necesarios para obtenerla o, en su caso, mantener y conservar la fuente, cuya deducción admita esta ley, en la forma que la misma disponga” (art. 17). Por su parte: “Los gastos cuya deducción admite esta ley, con las restricciones expresas contenidas en ella, son los efectuados para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas por este impuesto y se restarán de las ganancias producidas por la fuente que las origina. Cuando los gastos se efectúen con el objeto de obtener, mantener y conservar ganancias gravadas, exentas y/o no gravadas, generadas por distintas fuentes productoras, la deducción se hará de las ganancias brutas que produce cada una de ellas en la parte o proporción respectiva. Cuando medien razones prácticas, y siempre que con ello no se altere el monto del impuesto a pagar, se admitirá que el total de uno o más gastos se deduzca de una de las fuentes productoras” (art. 80).
XI. Que, en rigor, luce evidente que el núcleo del diferendo no se ubica en la interpretación de los preceptos descriptos, sino en la subsunción del caso de autos en sus términos.
Es decir, la letra de la ley de gravamen no ofrece dificultades, lo que provoca la discordia es la calificación de los hechos.
En efecto, las partes contienden acerca de si las ganancias percibidas por la sociedad civil –gravada y exenta–, repercuten en el régimen de deducibilidad de los gastos necesarios para obtenerlas, de conformidad con lo prescripto en el plexo normativo.
Lo expuesto permite comprender que, en sentido estricto, la investigación debe focalizarse en las operaciones económicas involucradas, como también en las características propias del sujeto que las realizó.
XII. Que las partes son contestes en que G. Breuer, en ejercicio de su actividad, prestó servicios a sujetos no residentes, obteniendo por ello retribuciones en moneda extranjera, en el exterior.
A partir de noviembre de 2011 comenzó a ingresar esos valores al país, a través de una operatoria bursátil que le reportó dos clases de beneficios: uno, derivado de la propia operación de compra-venta de títulos, y otro, por las diferencias de cambio positivas en el valor de las monedas.
Descripto así el cuadro, denota relevancia el hecho de que las operaciones bursátiles realizadas por la sociedad tuvieron por finalidad el ingreso al país del producido de su actividad profesional, desarrollada en el exterior, sin perjuicio de que ello le reportara algún beneficio adicional. Es que, siendo que la sociedad tiene su sede en el país, torna natural y necesario que ingrese los valores generados en el exterior, por su actividad profesional.
Nótese que, si la sociedad no llevara a cabo dicha tarea, las ganancias no ingresarían a la plaza local, lo cual, fácil es colegir, afectaría su funcionamiento y la consecuente obtención de rentas (arg. de CSJN, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 1348/2025/CA1; G BREUER (TF 18287918-I) Y OTRO c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO “Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Loma Negra CIASA c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, del 27/8/24, Considerando 7°).
En suma, a partir de este razonamiento se colige que asiste razón a las apelantes, al predicar que los gastos de la sociedad se vinculan con una única fuente productora de rentas. De ello se sigue que los gastos incurridos para ingresar las retribuciones obtenidas en el extranjero, producto de la actividad que conforma el objeto de la sociedad civil, al revestir el carácter de necesarios, deben ser deducidos de la renta bruta percibida (cfr., LIG, arts. 17 y 80).
Refuerza este entendimiento la circunstancia de que la sociedad actora comenzó a realizar la operatoria en trato, a partir de la implementación de medidas restrictivas en el mercado de cambios, sumado a que la compra y venta de los títulos se materializara con sólo un día de diferencia; ello permite comprender que el objeto no fue especulativo, sino operativo.
Por todo lo hasta aquí expuesto, se concluye que, asistiendo razón a las actoras, los gastos relacionados con las operaciones de ingreso de valores al país –objeto ajuste en autos–, deben ser incluidos en el cálculo de la ganancia neta sujeta a impuesto, como gastos deducibles. Esto equivale decir que se revoca la sentencia en este particular aspecto. En mérito de lo que se resuelve, tornase innecesario examinar si dichos gastos debían imputarse directamente a las rentas exentas, o bien a través del régimen del prorrateo, que también enfrentó a las partes.
XIII. Que, en cuanto a la reducción de la multa impuesta por el fisco nacional al Sr. Guerrico –punto (b) del Considerando X–, se estima que los agravios de la demandada no introducen ningún argumento idóneo para apartarse de lo resuelto por el TFN.
En efecto, las expresiones denotan tan sólo una disconformidad con aquél criterio, desatendiendo el mandato impreso por el legislador en el artículo 265 del CPCCN, el cual determina que el escrito de expresión de agravios debe contener una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que se considere equivocada, trasluciendo una exposición técnica y jurídica, dotada de un análisis serio, razonado y crítico de la resolución apelada, idónea para conmoverla (v. esta Sala, in re “Fleitas, Juan Avelino y otros c/ EN-M. Seguridad-GN s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.”, Causa CAF 45090/2015, del 14/5/19; “Edesa SA c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, Causa CAF 62055/2019, del 3/3/21; “Wintershall SA (TF 31510-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, Causa CAF 5262/2023, del 3/8/23 y “Tenk SA (TF 110109100-I) c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, Causa CAF 2030/2023/CA2, del 5/12/24, entre otros).
Sobre el particular, la mera referencia y transcripción de un dictamen jurídico, emitido por un área de ARCA, no alcanzan para cumplimentar la manda legal descripta.
Por lo expuesto en este espacio, corresponde confirmar la sentencia apelada, en cuanto redujo el quantum de la multa aplicada al Sr. Guerrico.
XIV. Que, teniendo en cuenta el modo en que aquí se resuelve, corresponderá practicar una reliquidación de la deuda que recae en cabeza del Sr. Guerrico, la cual deberá incluir el IG-2012-2013, únicamente en la parte correspondiente a las retenciones y percepciones ajustadas, con más los intereses resarcitorios y la multa aplicada, en sus valores proporcionales.
Para ello, el TFN deberá adoptar las medidas del caso, conforme con lo normado en el artículo 187 de la ley 11.683.
XV. Que, en cuanto a las costas del proceso, corresponde imponer las de ambas instancias en el orden causado, atendiendo a los vencimientos parciales y mutuos en las cuestiones tratadas en el pleito (cfr. arts. 68, segundo párrafo y 71 del CPCCN).
XVI. Que por último, en orden a las regulaciones de honorarios practicadas por el TFN los días 12/7/24 y 6/9/24, que fueron apeladas por la actora; atento al modo en que se resuelve, corresponde dejarlas sin CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 1348/2025/CA1; G BREUER (TF 18287918-I) Y OTRO c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO efecto sin efecto, tornándose inoficioso el tratamiento de los agravios de la apelante.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: 1°) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, revocar parcialmente la sentencia apelada, únicamente con respecto a la deducibilidad de los gastos por parte de la sociedad civil G. Breuer (cfr. Considerandos X a XII). 2°) Rechazar el recurso de apelación deducido por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios (cfr. Considerando XIII). 3°) Imponer las costas del proceso en el orden causado (cfr. Considerando XV). 4°) Dejar sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas por el TFN. Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/25 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia