Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala III de Mar del Plata · Causa 185620
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por los fundamentos consignados en el precedente acuerdo y por mayoría:
I.) Se hace lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora y, en consecuencia, revocar la sentencia dictada en fecha 10-11-2025 y reconocer el derecho de S.E.A. a percibir una compensación económica en los términos de los arts. 441 y 442 del Código Civil y Comercial de la Nación.
II. Se Fija la compensación económica a favor de la actora en la suma de PESOS DIECIOCHO MILLONES CUATROSCIENTOS UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 44/100 ($18.401.185,44), que deberà abonarse en el plazo de 10 (diez) dìas de quedar firme la presente sentencia III) Se rechaza el recurso de apelación interpuesto por el demandado en materia de costas y se modifica el criterio de costas aplicado por la juez de origen, las que son impuestas al demandado vencido ( art 68 del C.P.C.C). V) Se imponen las costas de Alzada también al accionado vencido (art. 68 del CPCC). VI) Se Difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 14.967 VII.)
Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mar del Plata Expte. Nº 185620.
Autos: " A.S.E. c/ C.G.A s/ Compensación Económica"
Habiéndose practicado oportunamente en esta Sala Tercera de la Cámara de Apelación Civil y Comercial el sorteo prescripto por el artículo 263 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, del cual resultó el siguiente orden de votación: 1º) Dr. Rodrigo Hernán Cataldo, 2º) Dr. Roberto José Loustaunau y 3°) Ricardo Domingo Monterisi, se reúnen los Señores Magistrados en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos "A.S.E. c/ C.G.A s/ Compensación Económica" Acéptase la excusación formulada por el Señor Juez de Cámara, Dr. Alfredo Eduardo Méndez a mérito de la causal invocada (arts.30 y 32 del CPCC). Instruidos los miembros del Tribunal, surgen de autos los siguientes A N T E C E D E N T E S :
I.-La presente causa tiene origen en la demanda promovida por S.E.A contra G.A.C. en procura del reconocimiento de una compensación económica prevista en los arts. 441 y 442 del Código Civil y Comercial. La accionante sostuvo que mantuvo una relación matrimonial con el demandado desde el año 1992 hasta el divorcio decretado en noviembre de 2020, durante cuyo transcurso colaboró de manera permanente en la explotación de las ópticas familiares, asumió las tareas domésticas y de cuidado de las hijas comunes, y resignó oportunidades de desarrollo laboral y previsional propias.
Alegó que, tras la ruptura, quedó excluida de la actividad comercial que constituyó la principal fuente de ingresos familiares, careciendo de trabajo estable y de aportes previsionales suficientes, mientras el demandado continuó explotando el negocio. Con fundamento en ello reclamó una compensación económica por la suma de $ 4.500.000 o lo que en más o en menos resultara de la prueba producida.
Al contestar la demanda, el accionado solicitó su rechazo.
Sostuvo que la óptica había sido iniciada por él con anterioridad al matrimonio, que la participación de la actora en la actividad comercial fue meramente colaborativa y esporádica, y que no existía el desequilibrio económico invocado. Destacó que la accionante continuó habitando el inmueble que constituyó la vivienda familiar, percibía ingresos provenientes de actividades propias y de alquileres de inmuebles integrantes de la comunidad, y que al momento de la ruptura ambos contaban con un importante patrimonio conformado durante la vida matrimonial.
Dictada la sentencia de primera instancia en fecha 10-11-2025, la magistrada rechazó la acción de compensación económica. Consideró, en lo sustancial, que no se encontraba acreditado el presupuesto central previsto por el art. 441 del Código Civil y Comercial, esto es, la existencia de un desequilibrio económico manifiesto que implicara un empeoramiento de la situación de la actora como consecuencia del matrimonio y de su ruptura. Señaló que, al momento de iniciarse la vida en común, la accionante carecía de bienes registrables y que, tras la disolución del vínculo, resultó adjudicataria de diversos inmuebles en el marco de la liquidación del régimen patrimonial, desarrolló actividades económicas propias, percibió rentas locativas y contó con recursos patrimoniales suficientes. Entendió que las pruebas producidas demostraban una mejora, y no un deterioro, de su situación económica respecto de la existente al inicio del matrimonio.
Asimismo rechazó el beneficio de litigar sin gastos solicitado por la actora e impuso las costas en el orden causado.
Contra dicho pronunciamiento, la actora interpuso recurso de apelación en fecha 18-11-2025, el que fue concedido libremente. En su expresión de agravios de fecha 12-2-2026, la accionante sostuvo, en síntesis, que la sentencia efectuó una errónea interpretación de los arts. 441 y 442 del Código Civil y Comercial al confundir la noción de desequilibrio económico con la mera situación patrimonial de los cónyuges. Afirmó que la magistrada valoró circunstancias posteriores a la ruptura, derivadas de la liquidación de la comunidad, cuando el análisis debía centrarse en la situación existente al momento del divorcio. Adujo que se omitió ponderar adecuadamente su dedicación al hogar, la crianza de las hijas y el trabajo desarrollado durante años en la óptica familiar sin autonomía económica ni aportes previsionales propios. Asimismo cuestionó que se hayan considerado como indicadores de ausencia de desequilibrio determinados bienes y mejoras cuya adquisición atribuye a una herencia paterna y a actos posteriores a la ruptura.
Sostuvo, además, que la sentencia confundió la compensación económica con la liquidación del régimen patrimonial matrimonial, efectuó una valoración fragmentaria de la prueba e introdujo exigencias no previstas legalmente, vinculadas a la acreditación de búsquedas laborales o frustraciones profesionales específicas.
Solicitó, en consecuencia, la revocación de la sentencia y el reconocimiento de la compensación reclamada.
Por su parte, en fecha 14-11-2025, el demandado interpuso recurso exclusivamente respecto de la imposición de costas. En su expresión de agravios de fecha 09-02-2026, se quejó de que la sentencia se hubiese apartado del principio objetivo de la derrota previsto por el art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial, sin expresar fundamentos suficientes que justifiquen la excepción aplicada.
Sostuvo que las razones invocadas por la magistrada, referidas a la complejidad probatoria y al análisis desarrollado en la causa, constituyen circunstancias comunes a cualquier litigio y no justifican eximir de costas a la parte vencida.
Solicitó, por ello, que se revoque el pronunciamiento en este aspecto y que las costas de la instancia de origen sean impuestas a la actora en su condición de vencida.
Cabe señalar que entre las mismas partes tramitó el expediente sobre liquidación del régimen patrimonial matrimonial ( Nro de expediente de en primera instancia 55.402-2021 y Nro de Expediente en la Alzada: 183.514), en cuyo marco se debatió la naturaleza jurídica del fondo de comercio vinculado a la actividad óptica desarrollada durante la vida en común. En dicha causa, la sentencia de primera instancia había calificado como ganancial el fondo de comercio denominado “Fabricación de Equipamiento Comercial e Instrumentos Ópticos y sus accesorios” y reconocido en favor de la actora un derecho de recompensa respecto de su explotación.
Sin embargo, al resolver los recursos de apelación deducidos por ambas partes, esta Cámara revocó dicho pronunciamiento y concluyó que el referido fondo de comercio constituía un bien propio del demandado, por haber iniciado su funcionamiento con anterioridad al comienzo de la comunidad de ganancias.
En ese marco, fue rechazado el derecho de recompensa reclamado por la actora. Se dejó expresamente señalado que las cuestiones vinculadas a las consecuencias económicas derivadas de la participación de la accionante en el desarrollo de dicha actividad comercial, durante la vida matrimonial, podían eventualmente ser analizadas en el marco de la acción autónoma de compensación económica promovida en estas actuaciones. En base a ello, los Señores Jueces resolvieron plantear y votar las siguientes C U E S T I O N E S :
1ª) ¿Es justa la sentencia de fecha 10-11-2025 ?
2ª)¿ Corresponde modificar el criterio de imposición de costas? 3ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. RODRIGO HERNÁN CATALDO DIJO:
I. Tratamiento del recurso de la actora.
El recurso prospera.
La cuestión sometida a revisión exige determinar si, a la luz de las constancias incorporadas a la causa, se encuentra acreditado el desequilibrio económico previsto por los arts. 441 y 442 del Código Civil y Comercial de la Nación como presupuesto para la procedencia de la compensación económica reclamada por la accionante.
Cabe recordar que dicho instituto no persigue la finalidad de igualar patrimonios ni de corregir los resultados derivados de la liquidación del régimen patrimonial matrimonial, sino compensar las consecuencias económicas desfavorables que la ruptura produce respecto de uno de los cónyuges cuando ésta genera un empeoramiento relevante de su situación en comparación con la mantenida durante la vida en común y con la conservada por el otro integrante de la pareja luego del cese de la convivencia.
Se ha señalado que para corroborar la presencia del mentado desequilibrio debe ponderarse la situación de ambos cónyuges o convivientes en dos momentos bien diferenciados: al " momento de la ruptura, que servirá para comparar las situaciones económicas vigentes hasta el instante con las posteriores, y el elemento personal, pues se trata de comparar las situaciones personales de cada uno a ese momento" (KRASNOW, Adriana (dir.) Tratado de Derecho de Familia, La Ley, Buenos Aires, 2015, t II, p. 514).
Sin duda, la valoración de las situaciones mencionadas habrá de realizarse en el contexto propio de cada familia y de las funciones que en ella asumiera cada integrante del matrimonio o unión convivencial. En efecto, son muchas las parejas en las que uno de sus integrantesgeneralmente la mujer- se dedica exclusivamente a las tarea de cuidado de los hijos y del hogar, relegando para ello su desarrollo personal y profesional- incluso colaborando en la actividad del otro- sin posibilidad alguna de invertir tiempo y dinero en su propia capacitación - aún teniendo una profesión u oficio - como así tampoco de obtener ingresos propios y/o de insertarse en el mercado laboral. (MALIZIA, Roberto, "Derecho Patrimonial en el ámbito del Derecho de Familia", Rubinzal Culzoni, 2da edic. actualizada, Tomo II, pág. 427).
Para pronunciarse sobre la existencia de este presupuesto sustancial -el desequilibrio económico- es necesario efectuar un razonamiento complejo, que exige una doble comparación: i) Interna de la pareja, que implica evaluar la situación económica de una de las partes frente a la otra. Este desequilibrio no es sólo cualitativo ni el excluyente reflejo de la composición de los patrimonios individuales. Incluye también, los bienes inmateriales y los potenciales de desarrollo (...) ii) El análisis temporal, que exige revisar la evolución patrimonial de cada parte antes de comenzar la convivencia, durante su transcurso al tiempo de la ruptura ( entendida como el momento en que cesa la vida en común), con una proyección razonable hacia el futuro.(MOLINA DE JUAN, Mariel. Compensación Económica, Sta. Fe, Rubinzal Culzoni, 2da edic. ampliada y actualizada 2023, Pág.187)
Desde esa perspectiva, asiste razón a la apelante cuando sostiene que la sentencia de grado efectuó una valoración inadecuada de las pautas legales aplicables, al centrar su análisis principalmente en la composición patrimonial que presentaba la actora varios años después del divorcio y luego de haberse producido la liquidación y adjudicación de los bienes integrantes de la comunidad.
En efecto, el pronunciamiento recurrido asignó particular relevancia a los inmuebles adjudicados a la accionante, a los ingresos provenientes de alquileres y a determinadas mejoras realizadas con posterioridad a la ruptura.
Sin embargo, tales circunstancias, aun cuando puedan constituir elementos a ponderar al momento de cuantificar una eventual compensación económica, no resultan por sí solas suficientes para descartar la existencia del desequilibrio cuya reparación se persigue. Ello es así, porque la compensación económica exige examinar las consecuencias patrimoniales derivadas de la ruptura matrimonial y la situación comparativa en la que quedaron los ex cónyuges como consecuencia de ella, sin que pueda confundirse dicho análisis con el resultado posterior de la liquidación de la comunidad o con acontecimientos económicos sobrevenidos varios años después de producido el quiebre del proyecto de vida común.
En tal sentido, se encuentra acreditado en autos que las partes contrajeron matrimonio en el año 1992, mantuvieron una vida en común durante más de veinticinco años y que la separación de hecho se produjo el 28 de septiembre de 2018, decretándose posteriormente el divorcio mediante sentencia dictada el 25 de noviembre de 2020.
También se encuentra demostrado que durante gran parte de la vida matrimonial la actora participó de la dinámica económica familiar vinculada a la explotación de la óptica desarrollada por el demandado, al tiempo que asumió tareas domésticas y de organización del grupo familiar que limitaron significativamente la construcción de una trayectoria laboral autónoma e independiente.
Surge de las constancias de la causa que, producida la ruptura, el demandado continuó desarrollando en forma exclusiva la actividad comercial vinculada a la óptica, mientras que la actora quedó excluida de dicha explotación y debió procurar nuevas fuentes de sustento mediante actividades económicas de menor escala, sin alcanzar una situación equivalente a la conservada por aquél.
La relevancia de esta circunstancia se torna aún más evidente si se la examina conjuntamente con lo resuelto por esta Cámara en el expediente sobre liquidación del régimen patrimonial matrimonial seguido entre las mismas partes. Allí se concluyó que el fondo de comercio vinculado a la actividad óptica constituía un bien propio del demandado y se descartó la existencia del derecho de recompensa reclamado por la accionante. Tal decisión, lejos de neutralizar el planteo efectuado en estas actuaciones, consolidó definitivamente una situación en la cual el demandado continuó aprovechando de manera exclusiva la principal actividad económica desarrollada durante la vida matrimonial, mientras que la actora quedó privada de toda participación en ella.
Precisamente, el desequilibrio económico invocado no radica en la titularidad del fondo de comercio, ni en la posibilidad de revisar la solución adoptada en el proceso liquidatorio, sino en las consecuencias patrimoniales concretas que derivaron de la ruptura para cada uno de los ex cónyuges. Dicho de otro modo, la circunstancia de que el fondo de comercio haya sido calificado como propio, no impide reconocer que la continuidad exclusiva de su explotación por parte del demandado constituyó un factor relevante en la configuración de la disparidad económica existente entre ambos luego del divorcio.
Por otro lado, tampoco puede compartirse la conclusión de la sentenciante en cuanto exige, en apariencia, la demostración de una situación de necesidad extrema, carencia absoluta de recursos o frustración profesional específica para admitir la procedencia del instituto. Ninguno de tales extremos constituye una exigencia legal derivada de los arts. 441 y 442 del CC y C.
Lo relevante es verificar si la ruptura produjo un empeoramiento significativo en las posibilidades económicas de uno de los cónyuges respecto del otro, circunstancia que, en el caso, aparece suficientemente acreditada a partir de la duración del matrimonio, la distribución de roles adoptada por las partes durante la convivencia, la participación de la actora en el proyecto económico familiar, su exclusión posterior de la actividad comercial y la continuidad de dicha explotación en cabeza exclusiva del demandado.
En consecuencia, valoradas integralmente las constancias de la causa conforme las reglas de la sana crítica, corresponde concluir que la sentencia apelada efectuó una interpretación restrictiva de los presupuestos legales de procedencia de la compensación económica y omitió ponderar adecuadamente circunstancias decisivas para la resolución del conflicto. Las pruebas producidas permiten tener por configurado un desequilibrio económico manifiesto derivado de la ruptura matrimonial susceptible de ser compensado en los términos de los arts. 441 y 442 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Por ello, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora y reconocer su derecho a percibir una compensación económica, cuya determinación cuantitativa será abordada seguidamente.
I.A) Pautas para la cuantificación de la Compensación Económica.
Reconocida la procedencia de la compensación económica reclamada, corresponde determinar las pautas que habrán de guiar su cuantificación.
Los arts. 442 y 525 del C.C.y C contemplan, respectivamente, las circunstancias que el juez deberá ponderar para determinar tanto la procedencia como el monto de la compensación económica. Sin embargo, tales pautas poseen carácter meramente orientador y no taxativo, pues la finalidad del instituto exige una valoración integral de las circunstancias particulares de cada caso.
En definitiva, de lo que se trata es de determinar cuáles fueron los roles asumidos por cada integrante de la pareja durante la vida en común y de qué manera dicha organización familiar incidió posteriormente en la situación económica y patrimonial de cada uno al momento del cese de la convivencia. Asimismo, corresponde establecer la modalidad de satisfacción de la compensación dentro del marco previsto por los arts. 441 y concordantes del Código Civil y Comercial.
Existe consenso doctrinario en señalar, que la finalidad central de la cuantificación de la compensación económica reside en corregir o remediar un desequilibrio injusto, que encuentra su razón de ser tanto en circunstancias pasadas como presentes, aunque proyecta sus efectos principalmente hacia el futuro.
La mirada hacia el futuro observa la situación en la que queda la parte perjudicada para proporcionarle las herramientas necesarias para impulsar su vida futura. Ello exige manejar proyecciones o probabilidades sobre ese futuro, de modo que la cuantía de la compensación está determinada por la vida que viene. (MOLINA DE JUAN, Mariel, Compensación Económica. Teoría y Práctica, Sta Fe, Rubinzal Culzoni,2023 págs. 315/316). Esta proyección futura adquiere singular relevancia en el caso de autos.
En efecto, la actora reclamó en su demanda la suma de $ 4.500.000 o lo que en más o en menos resultara de la prueba producida, e indicó que dicho monto se encontraba destinado a afrontar obligaciones previsionales y fiscales que le permitieran acceder a un beneficio jubilatorio. Sin embargo, esta pretensión no puede ser acogida en los términos en que fue formulada.
La compensación económica, no constituye una vía destinada a regularizar aportes previsionales omitidos, ni a trasladar al otro cónyuge el costo derivado de eventuales incumplimientos fiscales o previsionales producidos durante la vida matrimonial. Menos aún, puede la jurisdicción convalidar indirectamente situaciones de evasión previsional o tributaria, mediante la imposición al demandado del pago de moratorias destinadas a subsanar tales omisiones.
Tampoco puede perderse de vista, que los recursos económicos que pudieron derivarse de la falta de registración de aportes durante la vigencia de la comunidad, no beneficiaron exclusivamente al demandado, sino que integraron, en alguna medida, la economía familiar desarrollada durante décadas por ambas partes.
No obstante ello, la ausencia de una trayectoria previsional propia consolidada, constituye un dato objetivo de indudable relevancia para medir la entidad del desequilibrio económico acreditado en el caso.
Al respecto, no ha sido controvertido en autos, que la actora abandonó en forma definitiva su actividad docente (y su trabajo en el Hospital de Clínicas José de San Martín (UBA) de CABA) al contraer matrimonio en el año 1992 y trasladar su residencia a esta ciudad, resignando así la continuidad de una carrera laboral que razonablemente podría haber derivado, de mantenerse en el tiempo, en el acceso a un beneficio jubilatorio docente.
Por otro lado, al momento del dictado de la presente sentencia, la actora cuenta con cincuenta y cuatro años de edad y carece de una situación previsional consolidada, que le permita proyectar su retiro en condiciones equivalentes a las que, razonablemente, habría alcanzado de haber continuado desarrollando aquella actividad.
Comparto en este punto la opinión de Mizrahi, cuando sostiene que, si se sigue el criterio de la chance perdida con base en la causa adecuada, debe atenderse a la seriedad de la oportunidad frustrada, es decir, a la existencia de una marcada posibilidad, con visos de razonabilidad y fundabilidad, de haber obtenido el beneficio cuya pérdida se invoca, situación que aparece especialmente configurada cuando se acredita la renuncia al trabajo o el abandono de una actividad profesional consolidada (MIZRAHI, Mauricio L., Compensación económica. Pautas, cálculo, mutabilidad, acuerdos y caducidad, DFyP, noviembre de 2018, p. 36).
Desde luego, no se trata de equiparar la compensación económica a una indemnización de daños, ni se pretende reconocer el equivalente íntegro de una jubilación hipotética futura. Tampoco se procura reparar un lucro cesante ni una pérdida patrimonial determinada. Lo que se valora es la pérdida de una oportunidad previsional seria y objetivamente verificable derivada de la organización familiar adoptada por las partes durante más de veinticinco años de matrimonio.
Por ello, a los fines de cuantificar la compensación reconocida, considero razonable utilizar dicha oportunidad previsional frustrada como parámetro orientador, para dimensionar la magnitud económica del desequilibrio acreditado, sin que ello implique trasladar íntegramente al demandado el valor económico de una jubilación futura.
A su vez, dicho parámetro debe, necesariamente, ser corregido mediante la consideración de las restantes circunstancias acreditadas en la causa.
En tal sentido, corresponde ponderar que: a) la actora permaneció en el inmueble que constituyó la vivienda familiar, b) recibió una porción significativa de bienes en el proceso de liquidación de la comunidad, c) no resultó patrimonialmente perjudicada por dicha partición y d) actualmente obtiene ingresos provenientes de rentas locativas derivadas de algunos de los bienes adjudicados. Del mismo modo, debe considerarse que no se encuentra acreditada una situación de vulnerabilidad económica extrema ni de carencia absoluta de recursos.
Por el contrario, el desequilibrio reconocido en autos se vincula principalmente con i) la pérdida de oportunidades laborales y previsionales, ii) la exclusión de la principal actividad económica desarrollada durante la vida matrimonial y iii) la continuidad exclusiva de dicha explotación en cabeza del demandado.
Consecuentemente, la oportunidad previsional frustrada será utilizada únicamente como una pauta objetiva de referencia, cuya incidencia deberá ser moderada mediante un coeficiente corrector que refleje adecuadamente las particularidades del caso, evitando tanto una reparación insuficiente como una sobrecompensación incompatible con la naturaleza jurídica del instituto.
I.B).- Determinación del parámetro de referencia y cuantificación de la compensación económica.
Considero razonable tomar como pauta de referencia la expectativa previsional que, con un grado suficiente de probabilidad y razonabilidad, la actora pudo haber alcanzado de haber continuado desarrollando la actividad docente abandonada al inicio de la vida matrimonial.
A tales fines, se pondera que la jubilación docente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantiza, con carácter general, una prestación equivalente al ochenta y dos por ciento (82%) móvil de la remuneración correspondiente al cargo en actividad (datos obtenidos de la fuente: buenos aires.gob.ar/educacion/régimen-especial-jubilación-docente-junio-2023-2%20(2).pdf /).
Surge de la información consultada que las remuneraciones docentes actuales oscilan entre aproximadamente $863.095 mensuales para cargos de menor antigüedad y $2.403.350 para cargos de máxima trayectoria,(según la base de datos:
https://www.seduca.org.ar/paritaria-docente-19-de-enero-2026/). Sin embargo, no obran en autos elementos suficientes que permitan determinar con precisión el cargo desempeñado, la antigüedad alcanzada, la jornada cumplida ni el tiempo efectivo durante el cual la actora desarrolló dicha actividad docente.
En consecuencia, considero prudente adoptar como parámetro de referencia la remuneración correspondiente a la categoría de menor antigüedad informada para dicha actividad, cuyo valor asciende aproximadamente a $863.095 mensuales.
Corresponde aplicar sobre dicha suma, el porcentaje correspondiente al beneficio jubilatorio docente (82% móvil) y así se obtiene un haber previsional estimado de $707.738 mensuales.
Teniendo en consideración que los beneficios previsionales comprenden el sueldo anual complementario, corresponde proyectar trece (13) haberes anuales. De este modo, el ingreso previsional anual estimado asciende a $9.200.593.
Dado que la actora cuenta actualmente con cincuenta y cuatro (54) años de edad y que la expectativa de vida promedio actual de las mujeres alcanza los ochenta y dos (82) años (según datos estadísticos consultadosde:https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/poblacion/dosier_personas_ed ad_2022.pdf), puede estimarse, razonablemente, un período potencial de percepción jubilatoria cercano a los veinticinco (25) años, equivalente a trescientos veinticinco (325) meses (de acuerdo a la edad jubilatoria prevista para el régimen especial docente aplicable - 57 años según Ley 24.016 y Decreto 137/05-)
De tal modo, el valor económico total de la expectativa previsional frustrada, asciende a la suma de $230.014.818 ($9.200.593 x 25 años). Sin embargo, no considero que la totalidad de aquella oportunidad previsional deba ser trasladada al demandado, pues ello importaría desnaturalizar el instituto regulado por los arts. 441 y 442 del CCy C, transformándolo en un mecanismo resarcitorio ajeno a su finalidad. Por el contrario, el valor así obtenido debe ser necesariamente corregido mediante la ponderación de las restantes circunstancias verificadas en la causa.
Por ello, considero adecuado aplicar sobre el parámetro de referencia antes descripto, un coeficiente corrector del ocho por ciento (8%), que refleja, razonablemente, la incidencia que la pérdida de aquella posibilidad previsional, posee dentro del conjunto de circunstancias económicas, patrimoniales y familiares acreditadas en la causa. La aplicación de dicho corrector arroja una suma de $18.401.185,44, monto que estimo adecuado para cumplir la finalidad correctiva que inspira la compensación económica, guardando una razonable proporción con la magnitud del desequilibrio acreditado y evitando, al mismo tiempo, convertir el instituto en una herramienta de igualación patrimonial o de reparación integral de daños.
La controversia sometida a decisión versa, esencialmente, sobre la existencia misma del desequilibrio económico alegado por la accionante y sobre los parámetros jurídicos aplicables para su reparación, extremos respecto de los cuales la prueba producida en autos y los antecedentes obrantes en el expediente de liquidación del régimen patrimonial matrimonial suministran elementos suficientes para adoptar una decisión definitiva. En tales condiciones, razones de economía procesal, tutela judicial efectiva y duración razonable del proceso aconsejan que la Alzada ejerza plenamente la jurisdicción positiva que le compete y determine en esta instancia el monto de la compensación económica reconocida.(arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; arts. 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y arts. 34 inc. 5 ap. "e", 163 inc. 6, 266 y 273 del C.C.y C).
A fin de dotar de certeza al cumplimiento de la condena y determinar el momento a partir del cual la obligación resultará exigible, corresponde establecer que la compensación económica aquí reconocida deberá ser abonada dentro del plazo de diez (10) días de quedar firme la presente sentencia (arts. 34 inc. 5, 36 y 163 inc. 6, CPCC; arts. 865, 886 y concs., CCyC).
VOTO POR LA NEGATIVA.
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, EL SEÑOR JUEZ DR. ROBERTO JOSÉ LOUSTAUNAU DIJO:
Adhiero a los fundamentos desarrollados por el colega preopinante, en cuanto concluye que se encuentran reunidos en el caso los presupuestos que tornan procedente la compensación económica reclamada por la actora.
Disiento, sin embargo, respecto del criterio empleado para su cuantificación y, consecuentemente, del monto que se propone reconocer, por las razones que expondré a continuación.
Aún compartiendo el criterio conforme al cual, la compensación económica no procura sustituir íntegramente una jubilación hipotética, sino únicamente corregir el desequilibrio económico derivado de la ruptura matrimonial, entiendo adecuado identificar la compensación con el veinte por ciento (20%) de dicho haber previsional, porcentaje que refleja razonablemente la incidencia que la pérdida de aquella oportunidad laboral y previsional tuvo dentro del conjunto de circunstancias acreditadas en la causa, especialmente si se considera que la actora permaneció en el inmueble familiar, recibió una participación patrimonial favorable al liquidarse la comunidad y actualmente obtiene ingresos provenientes de rentas derivadas de algunos de los bienes adjudicados.
De este modo, el ingreso anual cuya pérdida de oportunidad se toma como pauta objetiva para la cuantificación asciende a $1.840.000. No obstante, aún resta determinar cuál es el capital que representa, en el presente, esa renta futura.
En este punto considero necesario efectuar una precisión metodológica.
Si la actora hubiera continuado desarrollando su carrera docente, ese ingreso previsional no habría sido percibido de una sola vez, sino mediante pagos periódicos distribuidos a lo largo de aproximadamente veinticinco (25) años, esto es, desde la edad jubilatoria prevista para el régimen especial docente (cincuenta y siete (57) años (art. 3, inc. a, Ley 24.016)) hasta el final de su expectativa razonable de vida -que estimo en 82 años- (de acuerdo a los indicadores explicados precedentemente) En cambio, la compensación económica reconocida en esta sentencia será satisfecha mediante un capital único.
Esa diferencia resulta determinante. Quien recibe hoy todo el capital puede disponer inmediatamente de él, invertirlo y obtener una renta durante los años venideros. Por el contrario, quien percibe una jubilación sólo recibe cada prestación cuando ésta se devenga.
Por ello, no sería económicamente correcto sumar simplemente todos los ingresos futuros y abonarlos íntegramente en el presente, pues ello implicaría otorgar un beneficio superior al realmente perdido y produciría un enriquecimiento sin causa que afectaría el derecho de propiedad del obligado (CSJN, Fallos: 300:860. "Medina, Sixto Librado c/ Lopez, Carlos" del 27-7-1978).
Con el objeto de evitar esa distorsión, considero adecuado utilizar una fórmula financiera de valor presente, análoga a la prevista por el art. 1746 del CCyC para la determinación del capital indemnizatorio por incapacidad sobreviniente. Desde luego, no porque la compensación económica participe de naturaleza resarcitoria, sino porque ambos supuestos presentan un problema económico común, que es convertir una renta futura en un capital único pagadero en el presente.
En otras palabras, la fórmula permite calcular cuál es el capital que, entregado hoy, resulta suficiente para generar durante los próximos veinticinco años una renta equivalente al veinte por ciento del haber jubilatorio tomado como referencia, agotándose al finalizar dicho período. De esa manera, la compensación cumple adecuadamente su finalidad correctiva sin exceder el desequilibrio económico cuya reparación persigue (art. 441 CCyC).
La fórmula utilizada puede expresarse del siguiente modo:
C = A × (1 - Vn) × (1/i): donde C representa el capital actual de la compensación; A representa el ingreso anual tomado como referencia ($1.840.000); V constituye el factor de descuento (1/1,06); n representa los veinticinco períodos anuales considerados; e i corresponde a la tasa pura de descuento, que estimo prudente fijar en el seis por ciento (6%) anual (se adjunta a la presente cuadro y gráfico explicativo de la fórmula de valor presente (VP) de una serie de ingresos futuros variables en formato pdf). Sustituyendo dichos valores en la fórmula indicada, el capital equivalente asciende a $23.512.351,58, monto que estimo adecuado para cumplir la finalidad correctiva que inspira la compensación económica, guardando una razonable proporción con la magnitud del desequilibrio acreditado y evitando, al mismo tiempo, convertir el instituto en una herramienta de igualación patrimonial o de reparación de daños.
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, EL SR. JUEZ DR. RICARDO MONTERISI DIJO:
Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto del Dr. Rodrigo Hernán Cataldo.
Así lo voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. RODRIGO HERNÁN CATALDO DIJO:
II. Recurso del demandado. Costas.
Resta analizar el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la imposición de costas efectuada en la sentencia de primera instancia.
Sostuvo el recurrente que la jueza de orígen se apartó indebidamente del principio objetivo de la derrota consagrado en el art. 68 del C.C.yC., sin expresar fundamentos suficientes que justificaran la distribución de las costas en el orden causado, pese al rechazo íntegro de la demanda.
El agravio no puede prosperar.
La cuestión planteada ha quedado sustancialmente desplazada como consecuencia de la solución adoptada al tratar el recurso de la actora. En efecto, la sentencia apelada ha sido revocada en cuanto rechazó la acción de compensación económica y se reconoció en esta instancia la procedencia del derecho invocado por la accionante. En tales condiciones, desaparece el presupuesto que sustentaba la pretensión recursiva del demandado, esto es, la existencia de una parte actora íntegramente vencida en el litigio.
Por el contrario, de conformidad con lo establecido por el art. 274 del C.P.C.C , debe también readecuarse la imposición de costas dispuesta en la anterior instancia, las que de acuerdo al principio objetivo de la derrota deben quedar a cargo del demandado vencido ( art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial.)
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
EL SEÑOR JUEZ DR. ROBERTO JOSÉ LOUSTAUNAU VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
EL SEÑOR JUEZ DR. RICARDO MONTERISI VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
A LA TERCERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. RODRIGO HERNÁN CATALDO DIJO:
Por lo expuesto entiendo que, por mayoría corresponde: I) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora y, en consecuencia, revocar la sentencia dictada en fecha 10-11-2025 y reconocer el derecho de S.E.A a percibir una compensación económica en los términos de los arts. 441 y 442 del Código Civil y Comercial de la Nación. II) Fijar la compensación económica a favor de la actora en la suma de PESOS DIECIOCHO MILLONES CUATROSCIENTOS UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 44/100 ($18.401.185,44) que deberá abonarse en el plazo de 10 (diez) días de quedar firme la presente sentencia III) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el demandado en materia de costas y modificar el criterio de costas aplicado por la juez de origen, las que corresponden sean impuestas al demandado vencido (art 68 del C.P.C.C).
IV. Imponer las costas de Alzada también al accionado vencido (art. 68 del CPCC). VI) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 14.967).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - S E N T E N C I A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por los fundamentos consignados en el precedente acuerdo y por mayoría:
I.) Se hace lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora y, en consecuencia, revocar la sentencia dictada en fecha 10-11-2025 y reconocer el derecho de S.E.A. a percibir una compensación económica en los términos de los arts. 441 y 442 del Código Civil y Comercial de la Nación.
II. Se Fija la compensación económica a favor de la actora en la suma de PESOS DIECIOCHO MILLONES CUATROSCIENTOS UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 44/100 ($18.401.185,44), que deberà abonarse en el plazo de 10 (diez) dìas de quedar firme la presente sentencia III) Se rechaza el recurso de apelación interpuesto por el demandado en materia de costas y se modifica el criterio de costas aplicado por la juez de origen, las que son impuestas al demandado vencido ( art 68 del C.P.C.C). V) Se imponen las costas de Alzada también al accionado vencido (art. 68 del CPCC). VI) Se Difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 14.967 VII.) Notifíquese la presente por el sistema SCBA). DEVUÉLVASE.
En la ciudad de Mar del Plata, se procede a continuación a la firma digital de la presente, conforme Ac. 3975 de la SCBA.
Fin de la sentencia