Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Morón · Causa 5980
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca el decisorio recurrido en cuanto se designa en el presente caso a la Sra. Curadora Oficial de Alienados zonal, debiéndose valorar en la instancia de origen otra alternativa de acuerdo con lo peticionado por la Asesoría.-
Sin costas de alzada atento a la naturaleza de la cuestion (art. 68, 2° del C.P.C.C.).-
“G. D. A. S/ CURATELA”
Causa Nº MO-5980-2018 R.S.93/2019 ///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 14 de Mayo de 2019, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores Jose Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda, para pronunciar sentencia interlocutoria en los autos caratulados: "G. D. A. S/ CURATELA", Causa Nº MO-5980-2018, habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO, dijo:
I. Antecedentes 1) Contra la resolución dictada a fs. 15/16 por la Sra. Jueza Titular del Juzgado de Familia N°5 Departamental se alzó vía electrónica la Sra. Curadora Oficial de Alienados, interponiendo recurso de apelación; siendo el mismo concedido en relación a fs. 20, presentado vía electrónica también el respectivo memorial.-
2. Arrivadas las presentes actuaciones a esta alzada, a fs. 35 pasan al acuerdo para su tratamiento.-
II. La solución desde la óptica del suscripto Planteada así la cuestión a resolver, considero necesario realizar una breve síntesis del trámite de la presente causa.-
A fs. 1 nos encontramos con un oficio proveniente del Tribunal en lo Criminal Nro. 1 Deptal., dirigido al Sr. Jefe de la Receptoría General de expedientes Departamental.- Mediante el mismo se informa que en la causa nro. 4551 seguida a D. A. G. (...) actualmente detenido en la Unidad Carcelaria nro. 39 -Ituzaingó-), a fin de poner en su conocimiento, en cumplimiento con lo dispuesto por los arts. 22 y 27 del Acuerdo nro. 2.840 de la S.C.J.B.A. que, en los autos de mención, con fecha 19 de diciembre de 2017 se condenó al nombrado a la pena de TRES AÑOS y SEIS MESES DE PRISION, ACCESORIAS LEGALES, COSTAS, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de ROBO CALIFICADO POR SU COMISIÓN EN POBLADO Y EN BANDA EN GRADO DE TENTATIVA, ROBO CALIFICADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO CUYA APTITUD PARA EL DISPARO NO HA PODIDO ACREDITARSE, TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL, TODOS EN CONCURSO REAL ENTRE SI. Asimismo, se practicó el cómputo de pena estableciéndose que la misma VENCERÁ EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.-
Es así que las presentes actuaciones pasan al Juzgado de Familia N°5 Departamental, remitiéndose a fs. 2 a la Asesoría de Incapaces a efectos de tomar la respectiva intervención.- En ese tránsito, la sra. Asesora de Incapaces hace saber a fs. 3 que habiendo tomado intervención, procedió a librar oficio a la unidad carcelaria en la cual se aloja el causante.
A fs. 5/7 encontramos la contestación a dicha diligencia, hemos de focalizar en el acta de fs. 6.
Allí el causante manifiesta no poseer bienes a su nombre por lo que no desea aportar datos de algún curador.- En este tránsito, cabe destacar que el ministerio pupilar mediante presentación electrónica código de referencia 234002832015003385, solicita al juzgado de origen se sortee un abogado de la lista oficial de peritos a los efectos de que lo represente al causante en el presente proceso.-
Ahora bien, cabe reparar que en el cuerpo del mencionado oficio que librara la Asesoría de incapaces a la unidad carcelaria, se le hacia saber que en caso de no suministrar los datos requeridos se procederá a solicitar gue tal designación recaiga en un abogado de la matrícula. Asimismo, deberá indicar si posee bienes registrables.
En ese contexto llegamos al decisorio de fs. 15/16.- Sabemos que dicha decisión generó el embate recursivo de la Sra. Curadora Oficial.-
El caso aquí planteado nos enfrenta ante un tema controvercial, el cual tiene diferentes aristas analizables, tal como lo destacara la propia recurrente en su memorial.- La primera de ellas, es la compatibilidad normativa entre el Código Penal y el Código Civil y Comercial Nacional.- Mientras que la segunda apunta directamente a la intervención de la Curadoría Oficial de Alienados Zonal.- Siendo este el tema central en el presente desarrollo.-
Veremos que el transito de la primera resulta indispensable para llegar a la solución de la segunda.- Comencemos.-
Vimos que la tramitación de las presentes actuaciones tiene su génesis en la letra del art. 12 del código penal, consecuentemente.-
La cual, textualmente reza "La reclusión y la prisión por más de tres años llevan como inherente la inhabilitación absoluta, por el tiempo de la condena, la que podrá durar hasta tres año más, si así lo resuelve el tribunal, de acuerdo con la índole de delito. Importan además la privación, mientras dure la pena, de la patria potestad, de la administración de los bienes y del derecho de disponer de ellos por acto entre vivo. El penado quedará sujeto a la curatela establecida por el Código Civil para los incapaces".-
El subrayado, marcara el punto de conflicto.-
Nuestro Superior Tribunal Provincial ha entendido recientemente que "la denominada curatela prevista en el artículo 12 del Código Penal no constituye técnicamente una pena accesoria, sino que se trata de una medida de carácter tuitivo y cautelar instaurada como consecuencia de una pena principal, en beneficio y no en perjuicio del penado" (Sup. Corte Bs. As., Rc 123052 fallo del 13/03/2019, "A. ,E. N. s/ Curatela", entre otros).-
Sabemos que, la redacción de dicha norma resultaba contemporánea a la vigencia del Código civil velezano y la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial Nacional el 1 de agosto del 2015, genera -sin dudas- un conflicto directo con la citada norma del Código Penal.-
El nuevo cuerpo normativo concibe un régimen jurídico más flexible y respetuoso de la autonomía del ser humano, cuando se trata de los alcances de su capacidad jurídica de obrar por sí mismo, alejándose del paradigma de Velez Sarfield, basado en la antinomia de persona capaz-incapaz.- Cabe destacar que el Código Civil y Comercial no incluye, dentro de las situaciones donde cabe la limitación de la capacidad de ejercicio, la del penado.-
Su art. 24 dice que "son incapaces de ejercicio: a)
la persona por nacer; b) la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente, con el alcance dispuesto en la Sección 2ª de este Capítulo; c) la persona declarada incapaz por sentencia judicial, en la extensión dispuesta en esa decisión".-
Focalicemos en este tránsito, en la redacción del art. 138, del CCyCN., dado que el mismo se ocupa puntualmente de la curatela.-
Así reza: "La curatela se rige por las reglas de la tutela no modificadas en esta Sección. La principal función del curador es la de cuidar a la persona y los bienes de la persona incapaz y tratar de que recupere su salud. Las rentas de los bines de la persona protegida deben ser destinadas preferentemente a ese fin".-
Por lo demás, es el art. 32 de ese cuerpo legal el que demarca en qué casos la persona ha de ser declarada incapaz: señalando que "por excepción, cuando la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado y el sistema de apoyos resulte ineficaz, el juez puede declarar la incapacidad y designar un curador".-
Desde mi óptica jurídica, considero que así queda evidenciado el contrapunto normativo.-
La doctrina, frente a este conflicto ha recientemente reflexionado que "siendo la capacidad y sus limitaciones una cuestión de orden público, entendemos que no cabe sostener la equiparación entre quien cumple una pena de determinada extensión temporal y quien, por un déficit mental, está en desigualdad de condiciones para interactuar por afectación de su discernimiento" (GIAVARINO, Magdalena B., "El instituto de la curatela en los penados", Temas de Derecho de Familia, Julio 2017, Errepar, p. 531).-
La Corte Suprema, por su parte, se ha inclinado por la constitucionalidad de las reglas del aludido art. 12 (Corte Sup., Recurso de hecho deducido por el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa “G. C., C. M. y otro s/robo con arma de fuego”, fallo del 11/5/2017, Erreius Cita digital IUSJU016292E).-
Y me detengo en este punto, para efectuar una aclaración metodológica.-
El tránsito hasta aquí cursado tiene como único objetivo contextualizar -tanto normativa como jurisprudencial y doctrinariamente- el puntual tema a resolver en las presentes actuaciones: la designación del Curador oficial de Alienados Zonal (arts. 260, 272 y ccdtes. del C.P.C.C.).-
Aclarado ello, he de continuar.-
Ese norte metodológico nos direcciona a la redacción del art. 109 de la ley 14.442.-
Sabemos que es la ley del Ministerio Público.-
Dicho artículo destaca que "El Curador General de Alienados y los Curadores Oficiales Zonales tendrán las funciones que emanan de la representación por el Código Civil para la curatela".-
La referencia concreta que se realiza en dicha norma al Código de fondo respecto de la curatela y teniendo en cuenta el espíritu concreto del CCyCN., me llevan a consideran que no resulta apropiada la designación del Curador Oficial de Alienados, dado que excedería sus funciones especificas en el nuevo ámbito normativo.-
Vemos así, que en el contexto actual la manda del art. 12 del Código Penal se puede satisfacer sin la necesidad de designar al Curador Oficial para el caso como el presente dado que es una función que entendemos ajena a sus funciona especifica.-
La mejor prueba de ello es que -en las presentes- el propio Asesor solicitó la designación de un abogado de la matricula como curador para el causante (fs. 5 y presentación electrónica del 7 de septiembre del 2018).-
De este modo, entiendo que la función del Curador Zonal está vinculada con las personas que padecen algún tipo de problema vinculado con su salud mental y que desbordaría su cometido el hacerlo actuar en situaciones como la de autos.- En este contexto y relacionádolo concretamente a las funciones del Curador Oficial entiendo que siendo la capacidad y sus limitaciones una cuestión de orden público, no cabe sostener la equiparación entre quien cumple una pena de determinada extensión temporal y quien, por un problema de salud mental, está en desigualdad de condiciones para interactuar por afectación de su discernimiento.-
El desarrollo hasta aquí expuesto me lleva a no coincidir con lo designación en el presente caso de la Sra. Curadora Oficial de Alienados, debiéndose valorar en la instancia de origen otra alternativa de acuerdo con lo peticionado por la Asesoría.-
Previo a concluir, debo destacar que al considerar improcedente la designación de la mentada curadora, quedan desplazadas las demás cuestiones introducidas.-
Con esos alcances, promoveré la revocación del fallo apelado.-
Ello sin costas atento a la naturaleza de la cuestión (art. 68, 2° del C.P.C.C.).-
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por LA NEGATIVA A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor JORDA, por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. Gallo.-
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
CONSIDERANDO: Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE REVOCA el decisorio recurrido en cuanto se designa en el presente caso a la Sra. Curadora Oficial de Alienados zonal, debiéndose valorar en la instancia de origen otra alternativa de acuerdo con lo peticionado por la Asesoría.-
Sin costas de alzada atento a la naturaleza de la cuestion (art. 68, 2° del C.P.C.C.).-
REGISTRESE. REMITASE encomendándose a la Instancia de Origen las pertinentes notificaciones.-
Dr. JOSÉ LUIS GALLO Dr. ROBERTO CAMILO JORDA Juez Juez Ante mí: Dr. GABRIEL HERNAN QUADRI Secretario de la Sala Segunda de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón
Fin de la sentencia