Abriendo la norma
TOMO CLXIV – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.325 FOLIO Nº 196/199 PROT. ELECT. JR101 473I.261
Río Gallegos, 16 de octubre de 2026.-
La presente causa caratulada: “G.Y.D. S/ Denuncia” - Expte. Nº 28176/25 - Apelación Nº 10353/26, venidos a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 24/vta. del presente incidente, obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de la localidad de El Calafate por el que en su punto 1º) rechazó el planteo de nulidad impetrada por la defensa del Sr. C.D.B. contra el decreto de fecha 14 de abril de 2026.
A fs. 28/31, la defensa apeló dicho auto -motivándolo-, recurso que fuera sostenido a fs. 43, habiendo presentado el memorial del art. 437 de CPP a fs. 47/56. Que a fs. 34/36 se agregó el dictamen emitido por la Fiscalía ante las Excmas. Cámaras de la Primera Circunscripción Judicial; en consecuencia quedan los presentes autos en condiciones para ser resueltos;
I. Seguidamente se abordarán los agravios propuestos por la parte recurrente.
La defensa de C.D.B. interpone recurso de apelación contra la resolución del 17 de junio de 2026, que rechazó la nulidad planteada respecto del decreto del 14 de abril de 2026, mediante el cual se dispuso la prohibición de ingreso de su asistido al Hospital SAMIC, solicitando que se revoque dicha resolución y se declare la nulidad del decreto cautelar. Como primer agravio, la defensa sostiene que la medida cautelar carece de motivación adecuada, pues se limitó a prohibir el ingreso de B. al hospital en virtud de lo solicitado por la querella, sin expresar las razones propias del órgano judicial. Señala que no se identificaron ni evaluaron los extremos fácticos y jurídicos que justificaban la restricción, tales como el peligro en la demora o el riesgo procesal, ni los elementos de convicción que sustentaban su necesidad, y considera que ello infringe el artículo 116 del CPP, que exige motivar las decisiones judiciales bajo pena de nulidad, y el artículo 499 2º párrafo, que, según invoca, permite adoptar medidas cautelares anteriores al procesamiento únicamente cuando se acreditan peligro en la demora y suficientes indicios de procedencia. Añade asimismo, que la resolución apelada (fs. 24) no subsanó esa omisión, puesto que se limitó a afirmar genéricamente que los fundamentos de la parte querellante habían sido analizados y receptados, sin que en el decreto originario constara un examen concreto del caso, de las evidencias o del peligro procesal que se pretendía evitar. Afirma que esa falta de fundamentación vulnera el debido proceso y la defensa en juicio, al impedir conocer las razones legales de la restricción, y configura un supuesto de arbitrariedad por no constituir una derivación razonada del derecho vigente aplicado a las circunstancias de la causa. Como segundo agravio, la defensa alega que la prohibición de ingreso al Hospital SAMIC afecta directamente el derecho de B. a trabajar y ejercer su profesión lícita, reconocido por el artículo 14 de la Constitución Nacional, así como su derecho de defensa, contemplado en el artículo 18, dado que fue adoptada in audita parte y sin justificación suficiente.
Explica que su asistido es investigador del CONICET y desarrolla su labor científica en las instalaciones del hospital, a través de la Unidad de Conocimiento Traslacional Hospitalaria Patagónica -UCTHP-, cuya sede se encuentra allí. También cuestiona que el juez haya considerado que B. estaba desvinculado del establecimiento, señalando que esa desvinculación se circunscribe a la relación laboral administrativa con el ente hospitalario y no comprende su actividad científica. Destaca que la documentación acompañada al plantear la nulidad -designación como investigador, constancias de toma de posesión y recibos de haberes, entre otros elementosacredita el desarrollo de esa actividad en el lugar. Por ello, sostiene que la restricción recae sobre su ámbito habitual de trabajo, le impide realizar sus investigaciones y le ocasiona un perjuicio cierto, anulando de hecho el ejercicio de su actividad lícita.
De igual modo, señala que el juez no identificó un interés público concreto ni una amenaza procesal que justificara la medida, y que tampoco invocó peligro concreto, arguyendo únicamente una posible afectación del normal funcionamiento del hospital, como razón de conveniencia administrativa para excluir a B. de los espacios donde desarrollaba su labor científica. Concluye el recurrente que la medida resulta irrazonable y desproporcionada, pues no es idónea ni necesaria para asegurar el normal desarrollo del proceso y, en cambio, lesiona severamente el derecho al trabajo y el libre acceso al lugar de ejercicio profesional.
Finalmente, como tercer agravio, plantea error en la aplicación del estándar de nulidad por ausencia de perjuicio concreto.
Cuestiona la defensa que la resolución haya rechazado la nulidad por no haberse demostrado un perjuicio concreto, real y comprobable, en los términos del artículo 158 del CPP.
Que, si bien la regla general exige acreditar perjuicio para declarar nulidades relativas, existen vicios graves frente a los cuales el propio ordenamiento presume ese perjuicio por su afectación a garantías básicas.
Siguiendo esta línea, entiende que la falta de motivación constituye uno de esos supuestos, porque el artículo 116 del CPP impone la fundamentación bajo sanción expresa de nulidad y porque la omisión de razones lesiona, por sí misma, la defensa en juicio y priva a las partes de controlar la legalidad de la decisión, configurando un vicio sustancial insusceptible de convalidación.
Expresa que la ausencia de fundamentos en una resolución que debía estar motivada ocasiona por sí sola un perjuicio jurídico irreparable, al impedir conocer las razones del pronunciamiento y afectar la transparencia y el control de la actividad judicial, e invoca los artículos 18 y 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, concluyendo que el a quo incurrió en error al exigir un perjuicio adicional, distinto de la propia violación del deber de motivar, cuando la ley considera esa omisión fundamento suficiente para la nulidad.
En consecuencia, solicita que se revoque la resolución apelada y se declare la nulidad de la medida cautelar del 14 de abril de 2026, disponiéndose el levantamiento inmediato de la prohibición de ingreso impuesta a B., con costas.
Quedan así las cuestiones planteadas para ser resueltas.
Frente a los tres agravios esgrimidos por la defensa técnica del imputado C.D.B., corresponde confirmar íntegramente la resolución que rechazó la nulidad articulada, ratificando la plena validez legal y procesal del decreto cautelar de fecha 14 de abril de 2026.
Así, en relación con el primer agravio, enfocado en la alegada falta de motivación del decreto y la supuesta vulneración de las exigencias constitucionales y del artículo 116 del CPP, cabe precisar que el acto jurisdiccional impugnado se encuentra debidamente motivado mediante el instituto de la fundamentación por remisión, tal como lo señaló el Agente Fiscal a fs 21vta. del presente incidente, indicando: “... que la motivación de los actos jurisdiccionales no exige necesariamente una reproducción textual o autónoma de los fundamentos ya desarrollados por las partes, resultando jurídicamente válida la denominada fundamentación por remisión, en virtud de la cual el órgano decisor hace propios los argumentos contenidos en la petición que recepta. En tales supuestos, la fundamentación de la resolución surge de una lectura integral del acto jurisdiccional conjuntamente con la presentación a la cual éste remite expresamente…”.
Es preciso subrayar, que la querella solicitó la prohibición de ingreso y permanencia de B. en el Hospital SAMIC por cuanto, pese a haber sido cesanteado y debidamente notificado, continuaba ingresando sin autorización. Señaló que esa conducta generaba preocupación entre el personal y las autoridades, afectaba el normal funcionamiento del servicio y representaba un riesgo para la seguridad institucional, ante posibles interferencias en las actividades hospitalarias y situaciones de conflicto con el personal. Ante ello, consideró necesaria la adopción inmediata de una medida preventiva destinada a evitar nuevos ingresos indebidos, preservar el orden institucional y resguardar la seguridad del personal, los pacientes y las demás personas que concurren al establecimiento.
Por otra parte, la invocación que efectúa la defensa del artículo 499 del CPP resulta enteramente improcedente para desvirtuar la validez del acto, en tanto dicho precepto normativo rige de manera específica para el régimen cautelar de índole patrimonial (embargo preventivo) y no resulta aplicable como estándar de validez para las medidas de coerción o de restricción personal y de protección de la investigación. Respecto del segundo agravio, referido a la supuesta vulneración del derecho a trabajar (art. 14 de la CN) y a la alegada falta de ponderación de la situación del encartado en el Hospital SAMIC, corresponde señalar que, conforme lo dictaminado por la Sra. Agente Fiscal de Primera Instancia, Dra. NM, y lo considerado por el magistrado de origen, surge de la resolución del Consejo de Administración del Hospital SAMIC de El Calafate (obrante a fs. 65/66 del expte. principal) que el imputado ya había sido cesanteado de dicha institución con anterioridad al dictado de la medida cuestionada; y, en consecuencia, la prohibición de ingreso a los sectores de uso exclusivo del personal autorizado fue acertadamente dispuesta y resulta proporcional, dado que la presencia del encartado en dichas áreas, sin vínculo laboral ni autorización de acceso, genera un riesgo potencial para el normal funcionamiento del nosocomio.
En tales condiciones, la restricción no impide el ejercicio de una actividad laboral vigente en la institución, sino que limita el acceso a sectores reservados a quienes se encuentran habilitados para ingresar.
Por otro lado, la restricción ordenada no reviste un carácter genérico ni le prohíbe al causante ejercer su profesión en otros ámbitos, sino que circunscribe la prohibición únicamente a las dependencias internas, accesos y sectores de uso exclusivo de personal autorizado, preservando los espacios de uso público (como el Sector SUM del nosocomio) y tutelando adecuadamente tanto el derecho al trabajo como el orden institucional. En lo relativo al tercer agravio, en el cual la representación técnica cuestiona la exigencia de un perjuicio concreto corresponde acoger los fundamentos expresados por la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones, quien en su dictamen subrayó con firmeza que no alcanza con señalar un pretendido error para pedir que se anule una decisión judicial, sino que resulta indispensable demostrar qué perjuicio concreto produjo y por qué la tacha de nulidad es el único medio necesario para repararlo.
Así, la Sra. Fiscal dictaminó a fs. 36: “.... los agravios desarrollados evidencian una discrepancia con la necesidad, alcance y proporcionalidad de la cautelar, pero no permiten advertir la existencia de un defecto procesal de entidad suficiente para provocar la invalidez del acto, ni una afectación concreta e irreparable de las garantías constitucionales invocadas…”.
Que, de las constancias de la causa surge que la defensa pretende utilizar el incidente de nulidad como una vía oblicua para reabrir el debate sobre el mérito de una medida que previamente intentó cuestionar mediante un recurso de apelación considerado incorrecto; advirtiendose que la nulidad no puede ser utilizada como remedio sustitutivo de los recursos ordinarios ni como un mero canal de disconformidad con lo resuelto por el órgano jurisdiccional.
Siguiendo esta línea, al no haberse demostrado un gravamen real -toda vez que la restricción solo abarca zonas internas reservadas y el encartado ya no cuenta con relación laboral con la entidad-, la alegada nulidad carece del requisito sustancial de trascendencia.
Finalmente, es dable mencionar que el rechazo del planteo se alinea de manera estricta con la jurisprudencia consolidada en materia de nulidades procesales, habiendose establecido: “...las nulidades sólo serán admisibles cuando se hubiera acreditado que, de la violación de las formas del proceso ha derivado en perjuicio concreto para la parte que las articula. Por tal razón es que no pueden dictarse en el solo interés de la ley o para satisfacer pruritos formales, carentes de interés práctico. Para ser receptadas deben importar, entonces, efectivo perjuicio a la parte que la impetra, por cuanto el proceso no es otra cosa que actividad que, garantizando el debido proceso legal, se encamina en la búsqueda de la verdad real (...) (Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán "in re": "Titos Daniel Ignacio s/infracción a la ley 23.737")...” (INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.- DR. G.Q.N. S/ SOLICITA NULIDAD” Expte. Nº D-18337/2025-1, Apelación Nº 10.209/26, T: CLXII, R: Nº 10.158, F: Nº 101/104, Río Gallegos, 04 de agosto de 2026).
De esta forma, la invalidez de los actos procesales no puede declararse en el solo interés de la ley ni para satisfacer un formalismo vacío, exigiéndose de forma ineludible la acreditación fehaciente de que la irregularidad conmovió de modo efectivo las garantías del debido proceso o la defensa en juicio. En efecto, esta Alzada -siguiendo los postulados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- ha venido sosteniendo en numerosas resoluciones (apelaciones nros. 6770/20, 6916/21, 7643/22, 7729/22, entre otras) que, en materia de nulidades procesales, prima un criterio de interpretación restrictiva, y sólo cabe anular las actuaciones cuando el vicio afecte un derecho o interés legítimo y cause un perjuicio irreparable; y ante la inexistencia de un vicio de esa magnitud, corresponde ratificar en todos sus términos la resolución venida en apelación.
II. La defensa del imputado C.D.B. formula reserva del recurso de casación y extraordinario federal, lo que se tendrá presente para el momento procesal oportuno.
III. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
VI. Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo al correo electrónico [email protected], a sus efectos.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, y en mi carácter de Juez de Recursos,
1°)-CONFIRMAR el auto de fs. 24/vta., en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.-
2. TENER PRESENTE las reservas de los recursos de Casación y Federal.-
3º) - REGÍSTRESE Y NOTÍFIQUESE mediante SNE.-
4º)-Firme que sea REMíTASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected]
SM
Suscripto y registrado por el Dr. Carlos E. Arenillas –Juez Subrogante-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia