Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaEn virtud de lo expuesto, debemos revocar el auto apelado.
II. Perspectiva de derechos:
TOMO CXXXII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8542 FOLIO Nº 143/146 PROT. ELECT. JR101158I.242
Río Gallegos,03 de abril de 2024.
La presente causa caratulada “G.D.L.M. S/ DCIA. AMENAZAS” Expte. Nº 17755/19, Apelación Nº 8079/23, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 282/292 vta., obra glosado el auto dictado por la otrora Sra. Jueza titular del Juzgado de Instrucción Nº Tres de Río Gallegos, quien en el punto 1) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de D.E.L., en orden al delito de “amenazas coactivas” (arts. 45 y 149 bis del Código Penal). Que a fs. 297/300 la defensa técnica apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 307 sostuvo el recurso y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que, en líneas generales, agravió a la defensa la presunta orfandad probatoria con que se habría dictado el auto aquí apelado.
En particular, sostuvo que el pronunciamiento no ha realizado un lógico tratamiento de la cuestión planteada, y –a su juicio- carece de fundamentos para sostener su postura. En tal sentido, observó allí una valoración errónea o parcializada de la prueba incorporada.
En dicho carril argumentativo, señaló que el análisis de los indicios y las presunciones fueron realizados únicamente en perjuicio de su representado.
Asimismo, aseguró que no encuentran acreditados en autos los elementos mínimos constitutivos de la figura penal bajo análisis.
Al respecto, postuló que la prueba reunida resulta insuficiente para atribuir a su asistido la responsabilidad penal como autor material de delito de amenazas coactivas, precisamente, en virtud de la ausencia de testigos presenciales e imparciales que corroboren este extremo de la imputación. A su criterio, la única fuente de prueba que se verifica son los dichos del damnificado. Por otro lado, cuestionó que se desacredite el descargo de su defendido. Allí, señaló que su declaración es un elemento fundamental y debe ser merituada en forma objetiva, sin menospreciar los puntos que ayuden al nombrado a fundar su versión de los hechos. Concretamente, calificó de parcial y tendenciosa la interpretación que se dio de la versión de los hechos brindada por el imputado. Criticó que la magistrada se basara en los dichos del denunciante para establecer a quién correspondía la voz de la llamada telefónica. Entendió que el damnificado debió aportar los datos filiatorios de las personas que le mencionaron que la voz del audio era la de su asistido, dado que del informe del Cuerpo Pericial de Informática y Telecomunicaciones del Poder Judicial no surge dato alguno acerca de la autoría del ilícito, inclusive destacó que no se pudo realizar la comparación, debido a que la muestra no cuenta con las características necesarias para ese tipo de estudio. Bajo esos lineamientos, concluyó que no se halla acreditada la responsabilidad criminal de su pupilo, pues el resolutorio se apoya en suposiciones e hipótesis que no fueron probadas, pese a las intervenciones telefónicas realizadas. En tal sentido, advirtió orfandad probatoria ante la inexistencia de prueba objetiva que corrobore los términos vertidos por el damnificado.
Por ello, pidió se revoque el pronunciamiento atacado en relación al delito imputado, y se disponga el sobreseimiento de su defendido.
Quedan así planteadas las cuestiones a resolver.
I. Que, analizados los agravios expresados por la defensa, adelantamos, obtendrán favorable acogida.
En primer término, debemos recordar que el auto que aquí revisamos contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de los imputados en este, tratándose pues de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio (Clariá Olmedo, J.A., “Derecho Procesal Penal”, Ed. Lerner, Córdoba, 1985, pág. 612). Bajo estas premisas, pese a la profusa actividad investigativa desplegada por la instrucción –y aun frente al grado de precariedad que caracteriza esta instancia-, advertimos, no se logró acreditar en autos la presunta autoría del encartado en los hechos que fueran enrostrados en el acto de declaración indagatoria. En este aspecto, acierta la defensa al señalar que los elementos valorados por la instrucción resultan insuficientes a esos fines.
Que, en el auto atacado, la magistrada advirtió que analizaría los extremos de materialidad y autoría de manera conjunta, pues los elementos probatorios serían los mismos. En dicha labor, transcribió la denuncia y su ampliación.
Así, en lo medular del relato, analizando los dos primeros hechos, consideró que el imputado permaneció en la camioneta mientras M.V. descendió a hablar con sus empleados.
En el resolutorio, valoró que el denunciante dijo sentir temor por las acciones de J.; R.; H.; A. y V. (ver fs. 284 vta. –tercer párrafo). Y ello es relevante, pues nótese que no enumeró dentro de estas personas al imputado.
Por otro lado, la denuncia resulta confusa, pues describe los hechos precisamente a la inversa de cómo fueron imputados al encartado en su acto de defensa, dado que el denunciante dijo que en primer lugar el incuso se apersonó junto a otro sujeto en la oficinas de su empresa ubicadas en la ciudad de Río Gallegos, en tanto después se dirigieron a su chacra. Sin embargo, de las filmaciones glosadas a fs. 09/11, surge que fue al revés. En otro pasaje, también valorado por la jueza, el pretenso damnificado dijo haber visto a algunas personas merodeando el colegio al que concurren sus hijos, (v.gr. nombró a R.L.C.), mas allí no señaló al imputado.
En la ampliación de la declaración del denunciante, indicó que otras personas que habrían escuchado la conversación, dijeron que podría tratarse de alguno de los hermanos L.C., sin embargo, no individualizaron con precisión al incuso como autor del hecho.
Allí, también vinculó a la camioneta que se acercó a la chacra, con la que poseen “los L.C.”, pese a ello, otra vez no señala al imputado amenazando a alguien.
Otro de los elementos considerados por la jueza para establecer prima facie materialidad y autoría del hecho, fue el informe de la División Investigaciones de Río Gallegos (fs. 148/158), empero, allí no se advierte que el número de abonado del celular asignado por los investigadores al imputado a fs. 152 (terminado en 9102), se hubiera comunicado con el denunciante para consumar la amenaza, dado que simplemente se logró identificar dicho número, a raíz de una llamada que habría efectuado la “concesionaria VW”. En particular, respecto del episodio ocurrido en la chacra de propiedad del damnificado el día 30/07/2019, no se logró determinar si el imputado fue el que finalmente bajó del rodado e ingresó a la chacra, o el que permaneció dentro del vehículo, pues el testigo -M.E.G.- no aportó sus nombres, limitándose simplemente a describirlo (fs. 63/63 vta.). Lo propio aconteció con el hecho ocurrido en las oficinas de propiedad del damnificado, donde dos de sus empleados -A.A.V. y E.O.G.- (fs. 64/65 y 66/67), dijeron haber recibido la visita de un sujeto, que alertaba acerca de una deuda que mantenía su jefe; aunque -según expusieron-, el individuo fue tranquilo, amable y habló de buena manera. A criterio de la jueza, estos relatos confirmarían lo expuesto por el damnificado en su denuncia, sin embargo, esta alzada no advierte que los nombrados señalaran al imputado como autor de un hecho delictivo.
A los mismos fines, la jueza valoró la declaración testimonial de J.P.C. (fs. 74 vta.), pese a ello, este testigo sindicó a M.V. como autor, no al encausado.
En idéntico sentido, se ponderó la conversación transcripta de dos personas de género masculino (audio 10 - fs. 152), aunque este dialogo –en principio- no tiene vinculación con el imputado en autos, pues ninguno de los abonados le pertenecería, según el detalle aportado por los investigadores a fs. 151. Por último, ya adentrándose en el análisis de la autoría del delito amenazas coactivas (fs. 290 -tercer párrafo-), la jueza entendió como incriminante respecto del imputado, la circunstancia de ser titular registral de la camioneta en que M.V. se habría trasladado hasta la chacra de propiedad del damnificado. Allí, también concluyó que el incuso resultaría autor del ilícito, en virtud del relato del testigo G., quien dijo que otra persona de sexo masculino se mantuvo a bordo de la camioneta. Finalizando, la Sra. Instructora tuvo en cuenta los dichos del denunciante, cuando señaló que el imputado habría merodeado el establecimiento educativo al que concurren los hijos del damnificado, no obstante, en dicha ampliación no sindicó al imputado, sino a R.L.C.
Que, a la luz del repaso efectuado, se advierte sin demasiado esfuerzo, que ninguno de los elementos probatorios valorados por la jueza, logra conectar al imputado con las presuntas amenazas coactivas que habría recibido el damnificado.
Así, acierta la defensa al señalar que se valoraron erróneamente dichos elementos, precisamente, en perjuicio de su asistido, sin recalar que -en su defensa- el imputado declaró prácticamente lo mismo que se observa en las cámaras de seguridad, vale decir, que efectivamente no descendió del rodado el día de los hechos. En tanto, respecto de la amenaza receptada por vía telefónica, ésta no fue realizada desde el número de abonado del imputado, y los únicos elementos para inculparlo serían los dichos de los allegados al damnificado. Ahora bien, sin pretender agotar todos los supuestos, en casos como el que nos ocupa, a título de ejemplo, se ha dispuesto el procesamiento de los imputados habiendo acreditado -en esta instancia- que el incuso remitía correos electrónicos amenazantes para obligar a la víctima a contratar en relación de dependencia. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, sala II; 05/02/2018; D., C. C. s/ procesamiento y embargo; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/2217/2018). En idéntico sentido, se confirmó el procesamiento de otro imputado, tras comprobar objetivamente que dejaba mensajes amenazantes en un contestador automático del teléfono de la víctima. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala IV; 20/10/2014; M., R. E. s/ procesamiento; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/56986/2014). Por último, a partir de una serie de elementos probatorios, tales como declaraciones testimoniales y filmaciones, se decretó el procesamiento de unas personas, a raíz de las amenazas coactivas que recibiera el presidente y empleados de una firma, que lograron intimidar a las víctimas al punto tal de obstruir sus decisiones. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala IV; 15/04/2014; C., D. A. y otros s/ procesamiento y embargo; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/30026/2014). Del repaso efectuado, se advierte claramente la diferencia existente entre los elementos valorados en uno y otro caso, y lo que se logró acreditar en el legajo.
En tal sentido, vemos que en autos, se tuvo en cuenta los dichos de la víctima, sus empleados y allegados, es decir, sin testigos de los que pueda afirmarse categóricamente imparcialidad.
En tanto los registros fílmicos y las intervenciones telefónicas no arrojaron resultados que incriminen al imputado, pues no se lo observa amenazando a los empleados del damnificado, y en el caso de la comunicación telefónica, no se logró determinar que el imputado fuera autor de la misma.
En virtud de lo expuesto, debemos revocar el auto apelado.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. REVOCAR el auto glosado a fs. 282/292 vta., por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(PB)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital.- CONSTE.-
Fin de la sentencia