Abriendo la norma
TOMO CLXII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.154 FOLIO Nº 091/093 PROT. ELECT. JR101 301I.261
Río Gallegos, 31 de julio de 2026.
La presente causa caratulada: “G.S.D. S/ ROBO”
Expte. Nº 29571/26, Apelación Nº 10228/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 81/88 vta., obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez titular del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de El Calafate, quien en el punto 1) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de S.D.G., en orden al delito de “robo agravado por haber causado lesiones graves” (art. 166 inc. 1º del Código Penal), y en el punto 5) ordenó el embargo de dinero o bienes del imputado por la suma de pesos tres millones ($ 3.000.000). Que a fs. 108/111, la defensa técnica apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 122 sostuvo el recurso y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que, a continuación, trataremos los agravios impetrados, en el orden propuesto en el escrito de apelación.
I. De los agravios: en primer término, la defensa sostiene que las pruebas en las que se funda el auto de procesamiento no configuran elementos de convicción suficientes o indicios vehementes para sostener que su defendido sea autor o participe responsable del hecho que le fuera impuesto.
En esa dirección, asegura que el auto vulnera el principio de inocencia.
Al respecto, advierte que no existen en el expediente constancias probatorias que, aun con el grado de probabilidad que reina en esta etapa, pudieran determinar la responsabilidad de su asistido por el delito perseguido, consecuentemente –a su criterio- no prueba su vinculación con el hecho investigado, y habría sido procesado incorrectamente por el delito de robo agravado por haber causado lesiones graves. En tal sentido, explica que el ilícito requiere la comunión de requisitos típicos objetivos y subjetivos que no se reúnen en autos.
En particular, resalta que los denunciantes no concuerdan en la cantidad de celulares faltantes, y refiere que tampoco existen elementos que den cuenta de que ese día había celular o dinero en la habitación, ni documentos que acrediten la titularidad de los mismos.
Destaca que en la indagatoria, su asistido brinda una explicación ajustada a parte de las pruebas recolectadas, al señalar que no sustrajo celulares, ni dinero. Más aun, aduce que no surge del expediente la existencia de celulares o dinero. Dice que de la declaración del vecino J.D.V. se desprende la relación previa entre las partes, y el contexto de consumo y comercialización. Refiere que la testigo E. expresa que supuestamente se debían dinero, y por ello B. le sustrajo un hipotético celular.
Siempre referido a las pruebas, resalta que el resultado del allanamiento ordenado arroja resultado negativo en relación a los celulares o dinero, hallándose en el domicilio, un celular marca Samsung de color azul, sin modelo visible, mientras que los celulares faltantes eran de color negro y de otras características, diferente al encontrado en el allanamiento. Asimismo, entiende que no puede hablarse de robo pues –a su criterio- el hecho no sucedió y, en todo caso, la sustracción ocurrió como algo casual, pues el sujeto activo no tuvo en mira ir al domicilio a robar, sino a comprar droga.
Explica que en el caso no hay apoderamiento de los objetos con fuerza en las cosas o en las personas, sino sólo lesiones en una pelea entre partes por consumo de drogas, según relata la Sra. E., cuando dice que el imputado pedía su celular y en ello, sustrae objetos.
Finalmente, cita doctrina en sostén de su planteo, y concluye que en el caso no estaría configurado el robo, pues no se determina la existencia de elementos típicos que requiere el delito.
Que, yendo al tratamiento de los agravios formulados por la defensa técnica, adelantamos, serán desestimados.
Así, en relación a la insuficiencia probatoria, entendemos, yerra la defensa al sostener que exista orfandad probatoria o que las pruebas resultan insuficientes para desvirtuar el principio de inocencia.
Al respecto, es sabido que en esta instancia del proceso, la resolución dictada por el juez de grado no requiere un grado de certeza apodíctica respecto a la culpabilidad del imputado, sino que basta con la confirmación inicial de la sospecha para orientar la causa hacia el juicio. Al respecto, la jurisprudencia tiene dicho que el procesamiento “… sólo requiere la estimación de la existencia de un hecho delictuoso y de la participación en él del procesado.” (CNPE; Sala A; 01/04/2016; R. S., E. s. Legajo de apelación; Rubinzal Online; 873/2012 RC J 1516/16).
Como señala de forma pacífica la doctrina: " el auto de procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados." (Clariá Olmedo, J.A., “Derecho Procesal Penal”, Ed. Lerner, Córdoba, 1985, pág. 612).
De modo que la labor del juez consiste en valorar la prueba indiciaria y testimonial de forma general, conjunta y armónica, a la luz de la sana crítica racional, y no de manera fragmentada o aislada intentando desacreditar cada elemento por separado.
Que, contrariamente a lo postulado por la defensa, consideramos suficientes los elementos valorados por el a quo para el dictado del procesamiento, toda vez que se acreditó la materialidad y presunta autoría del ilícito mediante las concordantes declaraciones testimoniales de la víctima, su pareja, y la pareja del imputado, de los cuales los dos primeros coincidieron en la violencia con la que se habría presentado el incuso en el domicilio de la víctima, que lo habría apuñalado y, supuestamente, habría sustraído del lugar teléfonos celulares y dinero. En el caso de la pareja del imputado –D.G.-, señaló que éste estuvo en el referido domicilio forcejeando con el damnificado.
Otro elemento relevante, lo constituye el hallazgo de una prenda con manchas rojizas en el domicilio del encartado y un (01) celular, que fueron secuestrados y receptados por el juzgado a fs. 70.
En este marco, el hecho de que el allanamiento haya arrojado un resultado negativo respecto a los celulares específicos o el dinero, o que el imputado brinde una versión exculpatoria centrada en que el episodio se redujo a una pelea casual por el consumo de estupefacientes, no resulta suficiente para desvirtuar el plexo incriminatorio si existen testimonios como los de la víctima -F.F.B.- y su pareja -C.M.E.-, que dan cuenta de que en ese mismo contexto existió una sustracción de objetos. Estos relatos, se suman al de un vecino –J.D.V.-, quien reconoce que el imputado visitaba ese domicilio, y lo identifica conduciendo una motocicleta roja.
Al respecto, se ha dicho: “ La recuperación de lo sustraído no obsta a la consumación del robo. ” (Cámara Nacional de Casación Penal, sala I; A., E. B. y otro; 04/06/2008; Cita: TR LALEY 70045910).
Así, las discrepancias en la prueba (tales como el elemento con el cual el incuso habría apuñalado a la víctima) no habilitan a descartar el hecho, siendo –eventualmente- el juicio oral la etapa plena para debatir su mérito.
Por otra parte, respecto al cuestionamiento referido a la adecuación típica y la ausencia de elementos constitutivos del delito de robo, como dijimos, la materialidad se encuentra en principio acreditada con los testimonios coincidentes de los damnificados y los elementos secuestrados.
Asimismo, es criterio reiterado e invariable de esta Alzada que la calificación legal no es pasible de revisión en esta instancia procesal (Apelaciones N° 8013/22, 7813/22, 8190/23, 8370/23, 8488/23, 9577/25 y, recientemente, 10.090/26; entre otras tantas). Ello así, toda vez que los hechos imputados son de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso, pudiendo dicha calificación jurídica variar al momento del requerimiento de elevación a juicio o en el debate mismo hasta el dictado de la sentencia, siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, a fines de no afectar el principio de congruencia. En virtud de lo expresado, este agravio debe ser rechazado.
II. Del embargo: por último, lo agravia el monto de embargo fijado, pues lo considera abultado. Advierte que para morigerar la suma impuesta, se debe tener en cuenta que el delito de robo no prevé en sus sanciones penales pena pecuniaria y, toda vez que a su asistido le resulta imposible el pago, pide su reducción.
En relación a este agravio, el planteo defensivo orientado a lograr la reducción de la medida cautelar por considerarla "abultada" y por la alegada imposibilidad de pago del imputado tampoco tendrá acogida favorable.
Cabe recordar que el Código adjetivo establece de manera imperativa en su artículo 499 que, al momento de decretar el procesamiento, el magistrado debe ordenar ineludiblemente el embargo de bienes del imputado. El propósito de esta medida no es actuar como una sanción anticipada, sino ser suficiente para "garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso -consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos- ". Contrariamente a lo argumentado por el recurrente, la jurisprudencia es pacífica al determinar que la situación económica del acusado o su carencia de patrimonio devienen irrelevantes a los fines de la cuantificación de la medida cautelar. Se ha sostenido en numerosos fallos que a los fines de establecer el monto del embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado. Finalmente, el hecho de que el delito enrostrado eventualmente no prevea pena pecuniaria en sus sanciones no es un eximente válido para reducir la suma impuesta, puesto que no deben soslayarse las obligaciones civiles derivadas del delito, relativas a la reposición de las cosas al estado anterior, la indemnización del daño causado y, fundamentalmente, el pago de las costas procesales.
Así, no advirtiéndose que el monto fijado sea irrazonable o desproporcionado frente a la gravedad penal de la figura de robo agravado por lesiones graves, corresponde rechazar también este cuestionamiento confirmando lo dispuesto por el juez de grado.
III. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
IV. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. a fs. 81/88 vta., por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(PB)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital.
CONSTE.-
Fin de la sentencia