Abriendo la norma
TOMO CLXIII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.201 FOLIO Nº 046/050 PROT. ELECT. JR101 348I.261
Río Gallegos, 24 de agosto de 2026.
La presente causa caratulada "G.A. S/ daño y amenazas" - Expte. Nº 93.492/25 - Apelación JR Nº 10294/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 92/98, obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez subrogante del Juzgado de Instrucción Nº 1, que en su punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado A.N.G. en orden al delito de “daños, amenazas, desobediencia reiterada, hurto en grado de tentativa y desobediencia, todos ellos en concurso real” (Arts. 55, 149 bis, 42 y 162, 183 239 del CP), y en el pto. III) trabó embargo por la suma de $2.000.000 (dos millones de pesos).
Que a fs. 100/103 vta. la defensa del procesado apeló aquella resolución, motivándola en esa misma ocasión; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 113 y no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
I. Que la defensa interpone formal recurso contra la resolución dictada en autos por considerar que el resolutorio ha construído el procesamiento sobre una valoración unilateral y fragmentaria, prescindiendo de un examen integral conforme las reglas de la sana crítica racional; y dado que la mera enumeración de pruebas no satisfacen el deber constitucional de fundamentación.
Señala que el magistrado confiere valor prácticamente absoluto al relato de la denunciante sin efectuar un examen comparativo con el resto de las constancias obrantes en la causa. Critica que las testimoniales incorporadas no constituyen testimonios directos de los hechos investigados, sino referencias obtenidas de la propia denunciante. Considera probado el hecho porque la víctima lo relata y entiende corroborado ese relato porque otras personas declaran que la víctima les contó lo mismo. En cuanto al delito de amenazas, expresa que las analiza globalmente, no distingue, no explica cuál constituye el anuncio concreto del mal, no determina cuál posee entidad intimidatoria suficiente.
Sobre la desobediencia, sostiene que no surge del auto el alcance exacto de la prohibición; si comprendía expresamente comunicaciones indirectas mediante aplicaciones electrónicas; ni la forma en que su asistido habría conocido tales alcances.
Entiende que no basta la mera realización material de una conducta; es indispensable demostrar que el imputado comprendió el contenido de la orden y decidió conscientemente incumplirla. Destaca que uno de los principales defectos del pronunciamiento consiste en haber conferido al relato de la denunciante una eficacia probatoria absoluta.
En cuanto a la desobediencia, manifiesta que no se configura por la mera constatación objetiva de una conducta aparentemente incompatible con la medida cautelar.
A su entender, la resolución tampoco individualiza cuál de los hechos atribuidos constituye cada uno de los incumplimientos que considera configurados; y no se analiza el contenido exacto de la resolución que impuso la medida, el alcance concreto de la prohibición, cuál era la finalidad del desplazamiento, si existió un acercamiento voluntario, si el contacto fue inevitable o causal, si efectivamente se produjo una vulneración material de la distancia fijada judicialmente. Sobre el delito de daño esgrime que aún cuando pudiera admitirse la existencia objetiva de daños materiales en el vehículo, ello no permite concluir automáticamente que tales deterioros hayan sido ocasionados dolosamente por su asistido.
Puntualiza que no se produjo prueba científica destinada a determinar la mecánica del impacto, la velocidad de desplazamiento, el ángulo de colisión, ni la compatibilidad de los daños observados con la hipótesis sostenida por la acusación.
Establece que el acta de inspección únicamente acredita la existencia de daños.
En su agravio Errónea configuración del delito de hurto en grado de tentativa, cuestiona que del propio relato efectuado en el auto de procesamiento surge que el teléfono fue recuperado prácticamente de inmediato y que según la hipótesis que surge del procesamiento, fue arrojado por el imputado al suelo. Es decir, que ni siquiera conforme la reconstrucción efectuada por el magistrado puede afirmarse la existencia de un desapoderamiento definitivo. Agrega que tampoco se explica cuál habría sido la finalidad perseguida por su asistido.
En otro de sus agravios sostiene una incorrecta utilización de la perspectiva de género, al entender que ello no autoriza a prescindir del análisis objetivo de la prueba; y mucho menos autoriza a invertir la carga de la prueba o a debilitar el principio de inocencia. Finalmente se agravia de una arbitrariedad del embargo resaltando que el resolutorio no desarrolla fundamento alguno que permita conocer el criterio seguido para arribar a dicho monto. La fijación del embargo aparece así sustentada exclusivamente en una cifra escogida arbitrariamente.
Quedan de esta forma plasmados los agravios de la recurrente.
Entrando en el análisis del agravio referido a una arbitrariedad del resolutorio, podemos mencionar que encontramos que el magistrado pondera detallada y fundadamente cada elemento de prueba, bajo los parámetros de la sana crítica racional, dando las razones sobre la adopción de la calificación jurídica asignada a los hechos como constitutiva de los delitos atribuidos, por lo cual descartamos cualquier alegación de arbitrariedad por parte del instructor en su auto de mérito.
En efecto, no se advierte que el a quo hubiera incurrido en arbitrariedad o falta de motivación, habida cuenta que se ha pronunciado conforme al derecho vigente y a las circunstancias probadas en la causa. Sobre este marco, interesa recordar que la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir sentencias equivocadas o que la parte estime tales según su criterio divergente, sino que atiende sólo a supuestos en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación (Fallos: 293:344, 274:462; 308:914; 313:62; 315:575), todo lo cual no se advierte en el caso. Por ello, cabe concluir que el pronunciamiento censurado ha sido sustentado razonablemente y el recurso sólo evidencia una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta (Fallos: 302:284; 304:415; entre tantos otros).(Balducci, Guido s/ recurso de casación” Registro nro: 927/23 - C.F.C.P.).
Coincidimos con el magistrado en la adecuación del presente caso en el marco normativo relativo a la violencia ejercida contra una mujer, en virtud de las características que resaltan de los hechos objeto de la presente denuncia, los que permiten encuadrarlos en dicho contexto de violencia.
En otras palabras, no podemos soslayar que del contenido de estos autos y el tenor de los hechos atribuidos al encartado, emerge claramente un contexto de violencia de género, en la modalidad de violencia doméstica cuya naturaleza impone al juzgador un posicionamiento especial desde el punto de vista probatorio. Así, se ha dicho jurisprudencialmente “el marco de una situación de “violencia doméstica” y “violencia de género” (...) obliga a los operadores judiciales a analizar el mismo con prudencia y en función a las obligaciones asumidas por la República Argentina, a través de instrumentos internacionales de rango constitucional, entre los que se destaca principalmente la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belén do Pará”), que describe a esa especie de violencia como constitutiva de “una violencia de los derechos humanos y libertades individuales” de las mujeres” (Corte Suprema de Justicia de San Miguel de Tucumán, recurso de casación, SENT Nº 1134, 15 de Agosto de 2017).-
Pero de igual manera es sostenido por la jurisprudencia, que “...La perspectiva de género no implica flexibilizar los estándares de prueba en orden al principio de inocencia, sino que implica un análisis integral que sopese el contexto de los hechos, las relaciones entre las partes y la prueba generada, sin perder de vista las desigualdades entre hombres y mujeres...” (Cita: TR LALEY AR/JUR/68242/2022).
De esta forma, no podemos concluir que la adopción de una perspectiva de género, a fin de erradicar estereotipos de género contra la mujer, y como reflejo ello del cumplimiento de la normativa vigente a nivel nacional e internacional, puedan significar una violación a principios constitucionales.
Dicho entendimiento es el que impone al juzgador un posicionamiento especial desde el punto de vista probatorio, lo que trae además como correlato una amplitud probatoria al momento de investigar hechos de violencia contra la mujer, las que por lo general ocurren fuera del registro de terceros, por lo que la palabra de la víctima y los indicios que emerjan de la investigación adquieren relevancia probatoria; debiendo ser ponderados en forma conjunta por los instructores a la luz de la sana crítica racional.
Criterio éste sostenido por esta Alzada en numerosas resoluciones, y en conocimiento de la recurrente.
Bajo esta perspectiva, consideramos válidamente fundados los argumentos del instructor dirigidos a adjudicar responsabilidad en la persona del incuso por las acciones atribuidas, en función de la etapa procesal en la que nos encontramos, donde no es requerida una certeza innegable, sino la ponderación de elementos de prueba que permitan arribar a una probabilidad de la ocurrencia de dichos hechos y la probable participación del imputado en los mismos. Así, en cuanto a la configuración del delito de amenazas consideramos desacertada la postura de la defensa al pretender que la resolución fragmente cada frase proferida.
La idoneidad de la amenaza debe definirse con estricta referencia al contexto de tiempo, modo y lugar, evaluando si las expresiones poseen aptitud para alarmar o amedrentar a la víctima en función de la asimetría de poder existente.
En el marco de la violencia de género, frases que para un observador ajeno podrían parecer exabruptos, adquieren una entidad intimidatoria suficiente al ser valoradas dentro de una dinámica de control y sometimiento previa.
Recordemos que en oportunidad de radicar su denuncia por la colisión con su rodado mientras se encontraba transitando en la vía pública junto a sus hijos, hace referencia a que ese mismo día habría recepcionado notificaciones de la billetera virtual de Mercado pago, sobre varias transferencias con términos amenazantes tales como “hoytehagomierda”, “conosinhijos”.
Más allá de la violencia física y verbal que la denunciante manifestó venir padeciendo desde tiempo atrás por parte del imputado, corresponde ponderar los términos empleados por este último en el contexto en que habrían sido proferidos.
En ese marco, y atendiendo al contexto de violencia referido por la damnificada, se advierte, que las expresiones atribuidas a G. y dirigidas contra D. podrían resultar subsumibles en el tipo penal que fuera oportunamente atribuido al imputado, sin perjuicio de la valoración integral de los elementos de prueba incorporados a las actuaciones. Consideramos que con tales términos se encuentra debidamente configurado el tipo penal, conteniendo la amenaza vertida, las características de anunciar un mal grave, injusto, posible, con idoneidad para amedrentar, al inferir temor suficiente, teniendo en consideración que fueron a posteriori del accionar violento del imputado hacia la denunciante.
Con respecto al delito de amenazas, la jurisprudencia ha dicho que “...es necesario que las amenazas puedan ser tomadas en serio tanto por la víctima como por un observador objetivo, no solamente en el sentido literal del alcance de la agresión, sino en el sentido genérico de la agresión física y el de ocasionar algún mal grave...” (Trib. Oral Crim. Nº 9, 12/5/1997, `Tomaso, Juan´ citado en Horacio J. Romero Villanueva, en su “Código Penal de la Nación y Legislación complementaria”, Tercera edición ampliada y actualizada, Abeledo Perrot, pág. 565).
En cuanto a los agravios introducidos por la recurrente referidos al delito de desobediencia, debemos señalar en primer término, que consideramos que la manda judicial cuyo incumplimiento se atribuye al imputado resulta por demás detallada en cuanto a su alcance, toda vez que la prohibición expresada por el Juez de Familia, refiere expresamente la prohibición de todo tipo de comunicación entre las partes.
Como así también, obra glosada en autos, copia de la notificación cursada al imputado respecto de las medidas dispuestas, así como el acta de constatación y las secuencias fotográficas de las transferencias remitidas por su defendido, elementos que, valorados de manera conjunta, permiten tener por debidamente acreditados tanto el conocimiento de la orden judicial como su posterior inobservancia. Es de esta forma, que debemos disentir con la recurrente en tanto se encuentran debidamente alcanzados los extremos objetivos y subjetivos requeridos por la figura penal de desobediencia, sin que los argumentos invocados por la defensa logren conmover las conclusiones alcanzadas.
Encontramos desacertados los requerimientos y supuestos de la defensa para el alcance de los elementos del tipo penal, considerándolos como un mero intento de eludir la responsabilidad de su defendido sobre los hechos que se le imputan, sin mayor contundencia objetiva ni probatoria.
Por lo demás, se advierte que los planteos formulados por la asistencia técnica, no constituyen cuestionamientos de entidad suficiente que permitan desvirtuar la plataforma fáctica y probatoria ponderada, ni demostrar la existencia de un déficit de tipicidad que justifique apartarse de la conclusión adoptada.
Este criterio tuvo su acogida por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, revocando la sentencia de la sala penal F., N y otra p.ss.aa. s/lesiones calificadas,etc., 14/11/2012; Publicado en: JA 2013-I; JA 2013-01-02 , 91; LLO Cita online: AR/JUR/59074/2012 : La Cámara de Acusación sobreseyó al imputado en orden al delito de desobediencia a la autoridad por atipicidad de la conducta, en el marco de una causa por violencia familiar donde se le había dictado órdenes de prohibición de acercamiento y de restricción de mantener contacto con la víctima. El Máximo Tribunal Cordobés, sostuvo que la desobediencia a la orden de restricción de contacto dictada por el órgano judicial en un caso de violencia familiar encuadra dentro del delito de desobediencia a la autoridad, pues existe un destinatario determinado a quien la autoridad pública competente le notificó una prohibición y su incumplimiento lesiona el bien jurídico protegido por la norma, esto es, el compromiso expresamente asumido por la administración de justicia para erradicar y sancionar los hechos de violencia intra familiar. (TR LALEY AR/JUR/47309/2013).
Compartimos el criterio mayoritario sostenido por la jurisprudencia, en el sentido que: “...la desobediencia a las órdenes de restricción dictadas por los órganos judiciales en casos de violencia familiar y bajo la normativa (ley 9283 -Provincia de Córdoba-) encuadran bajo la figura penal del delito de desobediencia a la autoridad (art. 239, CP), pues existe un destinatario determinado a quien la autoridad pública competente le notificó una prohibición, cuyo incumplimiento lesiona el bien jurídico protegido -el compromiso expresamente asumido por la administración de justicia, como parte del Estado, para erradicar y sancionar los hechos de violencia intrafamiliar-, máxime cuando estas órdenes son impartidas con el fin de hacer cesar conductas que denuncian violencia y para prevenir o evitar que éstas se reiteren poniendo en peligro, la vida, la salud o la integridad psicofísica de la víctima...”. (Trib. Sup. Córdoba, Sala Penal, 14/11/2012, “F., N. y otra”). Y de parte de esta Alzada, en apelaciones tales como:
7888/22 y 8197/23.
Del agravio referido al delito de daño y la ausencia de prueba científica, cabe recordar que para el dictado de un procesamiento no se requiere la "certeza apodíctica" propia de una condena, sino un juicio de probabilidad. En casos que se enmarcan en contextos de violencia, el dolo de dañar se infiere del accionar violento desplegado lo cual dota de verosimilitud al relato de la denunciante. Asimismo, la falta de informes técnicos no invalida el procesamiento si existen indicios suficientes, como el acta de inspección ocular y secuencias fotográficas que resultan coincidentes con la descripción fáctica de la víctima.
El magistrado tiene la prerrogativa de seleccionar las pruebas conducentes, y la reconstrucción histórica puede basarse en la valoración conjunta y armónica del plexo probatorio.
En cuanto a la postura de la defensa relativa a una errónea configuración del delito de hurto, entendemos que se encontraría prima facie configurado el mismo.
Si bien no se produjo el desapoderamiento definitivo, el incuso dirigió acciones tendientes al apoderamiento del teléfono celular, el que se viera interrumpido por el accionar de la damnificada de perseguirlo.
La doctrina es conteste en señalar que la tentativa se configura cuando el autor inicia la ejecución del tipo penal mediante actos idóneos e inequívocos, aun cuando el resultado no se consume por circunstancias ajenas a su voluntad (conf. art. 42 CP; Núñez, Ricardo C., Tratado de Derecho Penal; Donna, Edgardo A., Derecho Penal. Parte Especial).
En tanto la jurisprudencia ha manifestado que “...no existe en el caso concreto un desistimiento voluntario por parte del imputado ya que, en efecto, la consumación del desapoderamiento se vio frustrada por una causa ajena a la mera voluntad de S. P. En particular, el haber sido detectado por O. mientras sustraía el teléfono, sumado a la rápida acción de la damnificada tendiente a recuperar el objeto frustró la consumación del ilícito que S. ya había comenzado a ejecutar. No se observa en modo alguno un desistimiento voluntario que conduzca a adoptar la solución propuesta por la asistencia técnica del acusado. La explicación del impugnante referida a que su defendido podría haber realizado otras acciones para continuar con el apoderamiento —huir con el celular o “forcejear” para retenerlo—, no demuestran que el imputado devolvió el celular, ni abandonó su accionar de forma voluntaria. En todo caso, puede sostenerse que la reacción de O. resultó lo suficientemente eficaz para frustrar el hurto por su celeridad y es por ello que el hurto que comenzó a ejecutar S. quedó en grado de tentativa, como correctamente lo calificó el tribunal de juicio. [-](TR LALEY AR/JUR/6302/2019).
Esta Alzada tiene asentado que la consumación —o en este caso el comienzo de ejecución— se produce desde el momento en que el autor retira el bien de la esfera de custodia de su titular con ánimo de disponer de él. (vr. apelaciones nº 10015/26, 10254/26). La circunstancia de que el objeto haya sido restituido, hallado poco después o arrojado por el imputado ante la intervención de terceros no purga la antijuridicidad de la acción inicial. El breve lapso de tiempo no es determinante por sí solo, sino la conducta de comportarse como dueño del bien ajeno, consolidándose la posibilidad de ejercer actos de disposición aunque sea momentáneamente.
Respecto al agravio referido al embargo, entendemos que la instrucción señaló los rubros a garantizar mediante dicha medida precautoria.
Debemos decir que compartimos el criterio seguido y los parámetros tenidos en cuenta para la fijación de la medida precautoria como así también la cifra establecida por considerarla proporcionada y acorde a la entidad del delito investigado en autos.
Por ello, entiendo que el cuadro probatorio existente permite, por el momento, superar positivamente los cuestionamientos esgrimidos, de conformidad a los elementos de cargo aunados a la causa y que fueran debidamente merituados, a la luz de la sana crítica racional, en forma conjunta, y con perspectiva de género, motivo por el cual corresponde confirmar el auto de procesamiento en su integridad.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 92/98, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGÍSTRESE Y NOTÍFIQUESE mediante SNE.
3. Firme que sea REMíTASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
ycm Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia