Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXXXIII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8608 FOLIO Nº 180/183 PROT. ELECT. JR101224I.242
Río Gallegos, 22 de abril de 2024.-
La presente causa caratulada "G.Y. S/ Dcia. Pta. Inf. Ley 26485, Lesiones y Amenazas" - Expte. Nº G-15.742/22 - Apelación/Causa JR Nº 8328/23, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 76/84vta., obra glosada la resolución dictada por la Sra. Jueza del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil con asiento en la localidad de Río Turbio, que en su punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado CFG en orden al delito de “Lesiones Leves Doblemente Agravadas por mediar violencia de género y por haber mantenido una relación de pareja y Amenazas” (Art. 89, en función del arts. 92, 80, inc. 1 y 11, y 149 bis primer párrafo del CP - en aplicación de la ley 26.485 y 24632 en concurso real entre si en función del art. 55 del CP). Que a fs. 87/91vta., la defensa técnica oficial apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 97 y no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
I. Que la defensa argumentó que el auto dictado le causa a su defendido un gravamen irreparable.
1. Se agravia la defensa por considerar que el procesamiento es arbitrario e ilegal, ya que a su criterio, los fundamentos demuestran que su defendido no ha sido autor responsable de la lesión que aquí se investiga.
Señala contradicciones de la denunciante, indicando que en su denuncia en sede policial manifestó haber estado en el interior de su vivienda, puntualmente en el patio y que el imputado la habría agredido de manera verbal y luego físicamente, prohibiéndole acercarse a su hijo, que posterior la empujó, la hizo caer golpeándose con el portón de su casa en la pierna izquierda. Y que en la declaración testimonial en sede judicial dijo: “...cuando llegué me quedé en la entrada, ahí se acercó mi hijo y estuvimos hablando un ratito…”, cuestionando la defensa si la denunciante estuvo o no dentro de la vivienda. Menciona que el descargo de su defendido en la ampliación de la declaración indagatoria no ha sido tenido en cuenta en lo más mínimo.
Explica el recurrente que la denunciante no ingresó al domicilio, sino que se quedo atrás de la reja y que tuvo contacto con A, pese a manifestar la a quo que éste le impedía ver a su hijo en común y que la denunciante en sede judicial reconoció haber tenido contacto con su hijo.
Que si discutieron, pero que luego de ver y conversar con su hijo, la misma quiso ingresar por la puerta y que se lo impidió tomándola del hombro izquierdo y no la dejó ingresar porque después no se quiere retirar y que ésta lo amenaza sobre el cuidado de su hijo.
Explica que su versión es coincidente con la de la vecina, la Sra. MRM, quien también reconoció que madre e hijo tuvieron contacto ese día atrás de la reja y que jamás ingresó a la vivienda, y cita un fragmento de tal declaración: “ …la chica agarró el picaporte de la reja y ahí F la agarra del brazo y la saca para afuera y puso llave al portón y se puso a hablar por teléfono…”, asimismo “...no vi que la hubiera agredido, solo vi que la agarró del brazo y la sacó cerca de la reja y después puso llave al portón…”, indicando que la a quo no ha tenido en cuenta y que la única testigo presencial no solamente no afirma la existencia de un golpe sino que por el contrario lo niega. Dice el apelante que la supuesta lesión no fue por un acto de su defendido ni por los sucesos acontecidos el día 24 de marzo, ya que la misma jamás se cayó o se tropezó en la vivienda.
Refiere que es falaz que la denunciante haya iniciado las acciones en el Juzgado de Familia por el cuidado de su hijo, dado que quien las inició fue el imputado, con fecha 28/06/21, y señala que el presente suceso viene de la mano de toda una situación familiar conflictiva que lleva más de dos años, y que la a quo pudo haber corroborado lo mendaz de la denunciante si hubiera requerido tales actuaciones.
2. Plantea la defensa que la a quo ha considerado de manera parcial las pruebas obrantes, considerando que las mismas fueron escasas y no suficientes para comprender la situación que rodeaba a las partes.
Ejemplifica, que no se indagó si el remis que trasladó a la Sra. YG, habría permanecido en el domicilio o se habría retirado, como tampoco se hicieron lugar a la pruebas ofrecidas por esta parte al momento de prestar declaración indagatoria, para al menos corroborar si eran verídicos los dichos del imputado, como el viaje de la denunciante o incorporar la denuncia archivada por impedimento de contacto con el menor, o citar como testigo a la psicóloga particular de éste, con quien asiste el imputado desde julio de 2021. Que sin perjuicio de ello, se centrará en la incorrecta valoración de las pruebas, específicamente a la declaración de MRM quien negó haber visto que el imputado provoque la lesión a la denunciante, lo que la a quo no consideró, no respetando el principio in dubio pro reo.
Cuestiona el certificado médico de fs. 04, indicando que la médico profesional al ser consultada sobre las mismas dijo: “...carácter leve de antigua data, más o menos entre 24 y 48 horas…”, y explica que si el hecho ocurrió el 24 de marzo de 2022 el certificado es de fecha 28 del mismo mes y que la lesión data de entre 24 y 48 hs. desde que la misma fue revisada, mal podría imputarse a su defendido dado que los tiempos no concuerdan. Dice que no desconoce la lesión de la denunciante, pero sí desconoce que sea producto de aquella discusión que las partes han tenido y que hayan provenido de una acción u omisión del imputado, y cuestiona la aseveración del a quo de cuestiones que son contrarias a las mismas pruebas que la misma ordenó. Entiende el recurrente que analizadas las pruebas, surge que la testigo negó un hecho de agresión por parte del imputado a la denunciante, y que el certificado médico identifica una lesión que no se condice con los tiempos aquí denunciados, por lo que sólo una interpretación errónea y arbitraria de la prueba puede sostener un procesamiento como el atacado.
3. Respecto al delito de amenazas indica que se le imputa con la sola aseveración de la denunciante, quien manifestó que supuestamente le habría dicho “...donde te vea te voy a hacer mierda y donde te vea con alguien igual…”, lo que generó que la misma se sienta amedrentada, afirmando la defensa que ello es totalmente falaz y que jamás se dirigió así a la denunciante.
Que, los conflictos y la reticencia de su hijo de ver a su mamá son derivados de que, luego de separados, al asistir al domicilio de ésta se encontraba con su nueva pareja por lo que la misma se negaba a verlo, cuestionando qué tipo de amedrentamiento podría sufrir la víctima si ya tenían conocimiento de que estaba en pareja, desde hace aproximadamente un año de esa denuncia.
Explica que no tendrían razón de ser esos dichos, pues, en la práctica ya habrían sucedido y pese a ello no ha tenido reacción alguna ni con la denunciante ni con la pareja actual de ella.
Agrega que lo informado por la Lic. MC mal podría tenerse en cuenta o considerarse a fin de acreditar dicho delito, ya que, no existieron conductas de control y amenazas con quitarle al niño, pues, explica que en la realidad fue la denunciante quien se retiró del hogar de manera voluntaria y cuando surgió el hecho de que su hijo la vio con la nueva pareja, y que ésta, poco hizo para intentar acercarse o restablecer el vínculo. Con ello quiere decir que no hizo falta ejercer conductas de control y amenazas para con la denunciante, dado que jamás se ocupó de solucionar los conflictos que se generaron en aquel momento, menos aún intentó adquirir las herramientas para un régimen de comunicación. Que tampoco puede ser considerado como una especie de control o amenaza, que mientras madre e hijo merendaban en un espacio público el imputado se encontraba estacionado fuera del local, porque como se cita ello fue acordado por intermedio de los abogados de ambas partes, explicando que no fue decisión exclusiva de CFG, ni tampoco con ánimo de persuadir, infundir miedo o amedrentar a la denunciante, sino que el fin era que tenga el debido contacto con su hijo. Por todo lo expuesto, solicita en el punto 5) IV) se declare nulo el auto o en su defecto, se revoque la resolución recurrida.
Ingresando al tratamiento de los agravios expresados por la defensa, adelanto que los mismos tendrán favorable acogida.
Adentrándonos al tratamiento de los agravios relativos al auto de procesamiento, vemos que la defensa cuestiona la valoración de las pruebas efectuada por la Sra. Instructora para sostener la imputación, indicando que ha considerado de manera parcial las pruebas obrantes, pues no tuvo en cuenta que la única testigo presencial negó la existencia de un golpe por parte del imputado, y que el certificado médico identifica una lesión que no se condice con los tiempos denunciados. En efecto, de la lectura del auto apelado surge que la Sra. Jueza tuvo en consideración únicamente el relato de la Sra. MRM, el cual, coincide plenamente con los dichos de la víctima. Esto es, la damnificada llega al domicilio del imputado y luego de unos minutos de permanecer fuera del patio -atrás de la reja- habría intentado ingresar a dicha propiedad, momento en que el imputado lo impide, prohibiendo la entrada. Ahora bien, surge del relato de la testigo, quien fuera la vecina, que el imputado la habría tomado del brazo, la sacó hacia afuera y cerró la reja con llave, pudiendo ésta haber observado la situación desde su domicilio, explicando en su declaración que vive cruzando la calle en diagonal a la casa del imputado y que pudo observar bien la situación porque no hay árboles en medio.
Así, surge de la ratificación de su declaración a fs. 34/vta.: “... la chica agarró el picaporte de la reja y ahí F la agarró del brazo y la sacó para afuera, y puso llave al portón y se puso a hablar por teléfono. Recuerdo que la chica le dejó un regalito al nene en la reja y se fue caminando…”. Al consultarle si pudo observar la agresión dijo: “...yo solamente vi que F la agarró del brazo y la corrió de la reja (...) no vi que la hubiera agredido, sólo vi que la agarro del brazo y la sacó de cerca de la reja y después puso llave al portón…”. Es dable destacar que la vecina relató los hechos observados en dos oportunidades diferentes -en sede policial el 30/03/22 y en sede judicial el 27/04/22- sin incurrir en contradicción. Por otro lado, también resulta cuestionable el certificado médico agregado a fs. 04, el cual fue llevado a cabo el día 28/03/2022 -cuatro días después de ocurrido el hecho- habiendo certificado la Dra. PG “...hematoma de antigua data en rodilla izquierda (...) entre 24 y 48 horas…”, es decir, uno o dos días de producidas, cuando el hecho habría acaecido cuatro días atrás de dicha certificación. Que, dichos elementos de prueba se contraponen a la versión que habría brindado la víctima, y frente a esto, tampoco encuentran sustento probatorio las presuntas amenazas denunciadas, pues los dichos de la damnificada, no se respaldarían por el momento con otro elemento de juicio.
En consecuencia, esta Alzada considera que no se recabó en autos, prueba directa que permita atribuir al imputado la responsabilidad por el hecho descripto; desprendiéndose que la Instrucción no efectuó la valoración de los elementos probatorios con arreglo a las reglas de la sana crítica racional conforme establece el art. 199 del CPP.
Recordemos que, en la apreciación y valoración de las pruebas, el juez está sometido a un método de tipo crítico, siéndole exigible un análisis razonado, exhaustivo y restrictivo, cuando la situación así lo requiera, actividad que aquí -según atinadamente advirtió la defensa- se realizó de manera parcial.
Siendo así, esta alzada entiende que se debe estar a lo dispuesto por el art. 292 del CPP, vale decir, al dictado de la falta de mérito para procesar o sobreseer. Al respecto, en cuanto a su alcance, se ha dicho que se trata de: “… un pronunciamiento intermedio, de alcance dubitativo, entre el procesamiento y el sobreseimiento. Pero desde el punto de vista formal, se muestra como un mérito desincriminador y provisional del periodo instructorio, con respecto al indagado como imputado y al hecho que se le atribuye…” (Clariá Olmedo, Jorge; "Derecho Procesal Penal"; Ed. Rubinzal Culzoni Editores; T. II; pág. 507). En cuanto a los requisitos que autorizan a su dictado, la doctrina mayoritaria entiende que procede en aquellas situaciones en las que no existen elementos suficientes, es decir: “...Hay una duda que lleva a desincriminar "por ahora y sin perjuicio...” (Chiappini, Julio O.; “La duda en el proceso penal”; Cita: TR LALEY 0003/012732).
Así, corresponde revocar el procesamiento apelado, omitiéndose, en consecuencia, el tratamiento de los restantes puntos del escrito recursivo, por devenir abstractos ante la tesitura adoptada en esta sede.
II. Formula reserva del caso federal: La defensa hace expresa mención de acudir en Casación ante el TSJ si la pretensión aquí desarrollada fuera denegada vulnerando así mandatos constituciones.
III. Para finalizar, cabe aclarar que, más allá de la revocación aquí decidida, no se apartará a la Sra. Jueza de su intervención en estos autos. En ese sentido, y teniendo en cuenta que el apartamiento de los jueces es una medida de extrema gravedad institucional, por cuanto son taxativas las causales de excusación/recusación previstas en nuestro digesto procesal, y más aún en el entendimiento de la prevalencia que deben esgrimir las garantías constitucionales del/la Juez/a natural y el principio de especialidad en la Magistratura, entiendo que no corresponde apartar a la Jueza de la causa, quien deberá seguir al frente de la instrucción de la presente causa. Sin perjuicio de ello, corresponde poner en conocimiento de la Secretaría de Superintendencia y Jurisprudencia del Excmo. Tribunal de Justicia de la provincia lo aquí decidido, remitiendo copia de la presente resolución a través del sne.
IV. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
V. Comunicaciones: En virtud de la Acordada dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. REVOCAR el auto de fs. 76/84 vta., en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.-
2. TENER PRESENTE la reserva efectuada por la defensa del imputado.
4. OFÍCIESE a la Secretaría de Superintendencia y Jurisprudencia del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz comunicando lo dispuesto en los considerandos que anteceden. Al tal fin remítase copia de la presente.
5. Firme que sea REMíTASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected]
sm Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia